Sentencia 2008-00222 de junio 7 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente:

Alberto Yepes Barreiro

Bogotá, D.C., siete (7) de junio de dos mil dieciocho (2018).

Rad.: 25000-23-24-000-2008-00222-01

Actora: Perfume y Fragancia Ltda.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho. Fallo de segunda instancia

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia dictada el 31 de mayo de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en descongestión, en los términos del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión Nº 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las secciones Primera y Quinta de esta corporación.

2. Actos demandados.

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de (i) la Resolución Nº 03-070-213-636-1-3141 del 20 de junio 2007, proferida por la División de Fiscalización Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá, que ordenó el decomiso de una mercancía de propiedad de la demandante, (ii) la Nº 03-172-193-601-001623 del 27 de diciembre de 2007, dictada por la División Jurídica Aduanera de la misma Administración Especial, que resolvió negativamente el recurso de reconsideración interpuesto contra la anterior y (iii) la Nº 03-172-193-605-000090 del 25 de enero de 2008, que revocó parcialmente, de oficio, lo dispuesto en la Resolución Nº 03-172-193-601-001623.

3. Problema jurídico.

Conforme a lo expuesto, corresponde a la Sala establecer si los actos demandados fueron expedidos con desconocimiento de las normas superiores, tanto constitucionales como legales, en las que debían fundarse y a los principios de buena fe, eficacia y justicia.

4. Caso concreto.

4.1. De la obligación aduanera.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 2685 de 1999 (Estatuto Aduanero), en el régimen de importación, la obligación aduanera nace por la introducción de la mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional, y comprende la presentación de la Declaración de Importación, el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar, así como la obligación de obtener y conservar los documentos que soportan la operación, presentarlos cuando los requieran las autoridades aduaneras, atender las solicitudes de información y pruebas y, en general, cumplir con las exigencias, requisitos y condiciones establecidas en las normas correspondientes. 

Por su parte, el artículo 3 ib., establece que son responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía. De igual manera, son responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, el agente de carga internacional, el depositario, intermediario y el declarante.

Ahora bien, el artículo 469 de la misma compilación otorga a la DIAN plena competencia para adelantar las investigaciones y desarrollar los controles necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas aduaneras, simultáneamente al desarrollo de las operaciones de comercio exterior, o mediante la fiscalización posterior que se puede llevar a cabo para verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, o integralmente, para verificar también el cumplimiento de las obligaciones tributarias y cambiarias de competencia de la entidad. (Se subraya).

Dentro de las facultades de fiscalización y control con que cuenta la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, esta podrá, entre otras cosas, Verificar la exactitud de las declaraciones, documentos soporte u otros informes, cuando lo considere necesario para establecer la ocurrencia de hechos que impliquen un menor monto de la obligación tributaria aduanera o la inobservancia de los procedimientos aduaneros”. Así lo dispone el artículo 470 literal c) del Estatuto en mención.

En el marco del proceso de fiscalización y la posterior apertura de la investigación aduanera, el artículo 471 ib. determina que en la actuación administrativa aduanera se permiten todos los medios de prueba. Adicionalmente, precisa que le son aplicables los procedimientos y principios establecidos en el Código de Procedimiento Civil, Código de Procedimiento Penal y el estatuto tributario, especialmente en lo dispuesto en los artículos 742 a 749, y en los términos que a continuación se transcriben:

ART. 471.—Pruebas en la investigación aduanera. Para la determinación, práctica y valoración de las pruebas serán admisibles todos los medios de prueba y la aplicación de todos los procedimientos y principios consagrados para el efecto, en el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Penal, Código Nacional de Policía y especialmente en los artículos 742 a 749 y demás disposiciones concordantes del estatuto tributario”.

Como se observa, la voluntad del legislador fue que tanto la DIAN como el administrado, objeto de investigación o fiscalización aduanera, pudieran presentar cualquier medio de prueba para acreditar su dicho. Adicionalmente, indicó a qué normas debía remitirse de manera supletoria para dilucidar aspectos relacionados con los principios y el procedimiento.

5.2. Del procedimiento administrativo aduanero adelantado en el caso.

En el caso concreto se tiene que la sociedad demandante, Perfume y Fragancia, tiene por objeto social, entre otras actividades, “A. LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS DE PERFUMERÍA, ROPA, BIENES DE CONSUMO, ARTÍCULOS DE OFICINA, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS, TEXTILES, ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y ASESORÍAS EN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES Y TODO LO RELACIONADO CON EL UNIVERSO ARANCELARIO. (...)”.

En ejercicio de su actividad, Perfume y fragancia introdujo al país la mercancía consistente en textiles, descrita en las declaraciones de importación con autoadhesivos Nos. 072412600511110 y 23030033213907 del 11 de marzo de 2004, 01095030642378 y 01095030642360 del 13 de abril de 2005, 010920705556347 del 21 de abril de 2005, 050160600739757 del 26 de mayo de 2005, 01018050559368 del 14 de febrero de 2006, 078422804416766 del 26 de mayo de 2006, 23815012107794 del 6 de diciembre de 2006, 07500260207537, 07500260207583 y 07500260207609 del 24 de enero de 2007 y 07500260207537 del 14 de febrero de 2007, por intermedio de la sociedad Carnavales y Cía. Ltda.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 469 ib., en ejercicio de su facultad de fiscalización, funcionarios de la DIAN ordenaron, mediante Acta Nº 834-0302 FISCA del 23 de abril de 2007, la aprehensión de la mercancía importada, por encontrarse incursa en la causal 1.6 del artículo 502 del Estatuto Aduanero, porque no tenía respaldo en las declaraciones de importación (fls. 13 a 16, cdno. antec.).

El 24 de abril de 2007, la DIAN practicó diligencia de reconocimiento y avalúo de la mercancía, la almacenó en el depósito Almagrario S.A. de Bosa (fls. 17 a 19, cdno. antec.), se agrupó en siete ítems y se le asignó un valor de COP$ 871.609.263.

El 23 de abril de 2007 el laboratorio de la subdirección técnica aduanera de la DIAN efectuó un análisis químico de los textiles decomisados, complementado el 24 de abril de 2007, con un reporte de laboratorio, en el que se fijan las subpartidas correspondientes a los mismos.

El 20 de junio de 2007, el jefe de la división de fiscalización de la DIAN, mediante Resolución Nº 03-070-213-636-1-3141, decomisó en favor de la nación la mercancía aprehendida (fls. 91-117).

En efecto, la DIAN ordenó el decomiso definitivo de la mercancía porque no se encontraba amparada en las declaraciones de importación que presuntamente la respaldaban. Sobre el particular, expuso:

“(...) este despacho encuentra que la aprehensión de la mercancía está llamada a prosperar, toda vez que en la diligencia de verificación no fueron aportados documentos soporten con valor probatorio que acrediten el legal ingreso al territorio aduanero nacional, acorde con lo establecido en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, modificado parcialmente por el artículo 48 del Decreto 1232 de 2001 y modificado parcialmente por el artículo 6º del Decreto 1161 de 2002. 

El Despacho encuentra que en las Declaraciones de Importación con autoadhesivos Nos. 05016060739757 del 26 de mayo de 2005, 23815012107794 del 06 de diciembre de 2006, 0750026020207537 del 24 de enero de 2007, 07500260207506 del 24 de enero de 2007, 23830013469002 del 30 de enero de 2007, 07241260051110 del 14 de febrero de 2007, 072412600811103 del 14 de febrero de 2007, 01092030591017 del 04 de mayo de 2005, 23231013223641 del 8 de julio de 2005, 23231013118650 del 01 de junio de 2005, 07500260207512 del 24 de enero de 2007, 075800260207690 del 24 de enero de 2007, 07500260207576 del 24 de enero de 2007, 23231015258302 del 26 de febrero de 2007, 01018050559375 del 14 de febrero de 2006, 01018050559368 del 14 de febrero de 2006, 07241260051128 del 14 de febrero de 2007, 23231012728115 del 28 de diciembre de 2004, allegadas con ocasión al acta de aprehensión, por el señor FRANCISCO JAVIER CEPEDA LIZARAZO, luego de ser cotejadas con la mercancía aprehendida en el acta de aprehensión Nº 0834-0302 FISCA del 23 de abril de 2007 y reconocida y avaluada en el documento de ingreso, inventario y avalúos de mercancías aprehendidas Nº 39032112609 del 2007, con el cual el subdirector técnico aduanero de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en respuesta al oficio de la referencia, se evidencia que la mercancía encartada en esta investigación difiere significativamente de la descrita en las referidas declaraciones de importación, razón por la cual fue procedente la aprehensión de la mercancía y en esta instancia procesal su consecuente decomiso. (Subraya la Sala).

Inconforme, la demandante presentó recurso de reconsideración, insistiendo en que la mercancía se encontraba amparada en las siguientes declaraciones de importación:

1. El ítem 1 está debidamente nacionalizado según la declaración de importación Nº 0501660739757 del 26 de mayo de 2005 y 01095030642378 del 13 de abril de 2005.

2. El ítem 2 se ampara con la declaración de importación Nº 23815012107794 de diciembre 6 de 2006 según factura NO. 0006 del 24 de abril de 2007 de Kippling y declaración de importación Nº 07500260207537 del 24 de enero de 2007.

3. El ítem 3 fue nacionalizado con la declaración de importación Nº 07241260051103 de febrero 14 de 2007, 072412600511110 y 23030033213907 de marzo 11 de 2004.

4. El ítem 4 se encuentra amparado en la declaración Nº 07500260207537 del 24 de enero de 2007 y 07500260207583 del 24 de enero de 2007, 07500260207609 del 24 de enero de 2007 y 078422804416766.

5. El ítem 5 fue nacionalizado con la declaración de importación Nº 010920705556347 del 21 de abril de 2005.

6. El ítem 6 está amparado con la declaración de importación Nº 01095030642360 del 13 de abril de 2005.

7. El ítem 7 se encuentra amparado en la declaración de Nº 01018050559368 del 14 de febrero de 2006.

El 24 de octubre de 2007, mediante Auto Nº 03-072-193-101-001328 (fls. 120-122), la DIAN suspendió por un período de dos meses el término para resolver el recurso de reconsideración y ordenó la práctica de las siguientes pruebas:

— Una diligencia de inspección administrativa en las instalaciones de la sociedad Perfume y Fragancia Ltda., que incluía la verificación de la información contable, cambiaria y cualquier otra necesaria para la presente investigación administrativa.

— La verificación, junto con la empresa vendedora, de la factura de compra anexada al memorial mediante el que se objetó el acta de aprehensión.

— La verificación en el sistema informático de la DIAN de todas y cada una de las declaraciones de importación aportadas por el recurrente.

El 29 de octubre de 2007, el representante legal de la sociedad Carnavales y Cía. Ltda., también accionista de la sociedad Perfume y Fragancia, pidió la revocatoria directa de la resolución mencionada, porque, a su juicio, existen aspectos relevantes que permiten individualizar la mercancía, como la serie, clase, calidad, marca, cantidad, entre otros. (fls. 123 a 127).

Con ocasión de la solicitud de revocatoria directa, la DIAN, mediante Auto Nº 03-072-193-101-001394 del 13 de noviembre de 2007 (fls. 179 a 181) decretó, como prueba adicional, la práctica de una visita de inspección administrativa en las instalaciones de Carnavales y Cía. Ltda., que incluye la verificación de la información contable, cambiaria y cualquier otra necesaria para la investigación.

Mediante Resolución 03-172-193-601-001623 del 27 de diciembre de 2007, la DIAN resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por la sociedad demandante, de la siguiente manera:

ART. PRIMERO: MODIFÍCASE la Resolución Nº 03-070-213-636-1-003141 del 20 de junio de 2007, el cual quedará así: 

ART. PRIMERO: ORDÉNASE EL DECOMISO a favor de la nación, de la mercancía consignada en los siguientes ítems: 2 parcialmente (12.932 DE 33.771 METROS CUADRADOS), 3, 4 parcialmente (48.833 DE 74.588 METROS CUADRADOS), por valor de SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE. ($ 661.908.726.), por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. 

ART. SEGUNDO: ENTRÉGUESE al señor GERARDO ANTONIO CEPEDA LIZARAZO, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 19.436.162, expedida en Bogotá, en calidad de representante legal de la sociedad CARNAVALES Y CÍA. LTDA., y/o a quien haga sus veces, parcialmente la mercancía, la consignada en los siguientes ítems: (1, 2 parcialmente (20.839 DE 33.771 METROS CUADRADOS), 4 parcialmente (7.356 DE 22.798 METROS CUADRADOS), 7 parcialmente (7.356 DE 22.798 METROS CUADRADOS), por valor de DOSCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE. ($ 209.700.537) por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

(...)”

El 25 de enero de 2008, la DIAN expidió la Resolución Nº 000090, por la cual revocó parcialmente de oficio la Resolución Nº 03-172-193-601-001623 del 27 de diciembre de 2007, en el siguiente sentido:

“ART. PRIMERO: REVÓCASE parcialmente de oficio la Resolución Nº 03-072-193-601-00623 del 27 de diciembre de 2007, con el fin de precisar que para todos los efectos legales, tanto en la parte considerativa como en los artículos primero y segundo de la parte resolutiva, el valor de la mercancía sobre la cual se confirmó el decomiso a favor de la nación corresponde a: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS ($ 563.175.408); y el valor de la mercancía objeto de entrega corresponde a: TRESCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES KIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 308.433.855), por las razones expuestas. 

ART. SEGUNDO: Las demás partes de la Resolución Nº 03-072-193-601-001623 del 27 de diciembre de 2007, permanecerán iguales. 

(...)”. 

Posteriormente, en respuesta a la solicitud de revocatoria directa, la DIAN modificó la Resolución Nº 000090, mediante la Resolución Nº 000098, en el siguiente sentido:

ART. PRIMERO: MODIFÍCASE la Resolución Nº 03-070-213-636-1-003141 del 20 de junio de 2007, modificada por la 03-072-193-601-001623 del 27 de diciembre de 2007, revocada parcialmente de oficio, por la Resolución 03-072-193-605-000090 del 25 de enero de 2008, el cual quedará así: 

ART. PRIMERO: ORDÉNASE EL DECOMISO a favor de la nación, de la mercancía consignada en los siguientes ítems del DIIAM Nº 39032112609 del 24 de abril de 2007: del Nº 2/8.553 metros cuadrados; del Nº 3/31.390 metros cuadrados, y del Nº 7/ 15.442 metros cuadrados, por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 545.624.376), por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENTRÉGUESE al señor GERARDO ANTONIO CEPEDA LIZARAZO, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 19.436.162, expedida en Bogotá, en calidad de representante legal de la sociedad CARNAVALES Y CÍA. LTDA., y/o a quien haga sus veces, parcialmente la mercancía consignada en el ítem Nº 2 del DIIAM Nº 39032112609, consistente en 4.379 metros cuadrados de textiles, por valor de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y DOS PESOS ($ 17.551.032), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

(...)”. 

5.3. Motivos de inconformidad de Perfume y Fragancia.

En el caso concreto, pese a que la actora en el escrito de la demanda presentó amplios cargos contra los actos acusados, en el recurso de apelación se limitó a manifestar tres aspectos fundamentales: (i) La cantidad de muestras tomadas para la prueba de merceología y el resultado de la misma; (ii) la violación al principio de la buena fe y (iii) que las mercancías encontraban respaldo en las declaraciones de importación.

A continuación, la Sala estudiará estos tres aspectos desde la perspectiva de las causales de nulidad establecidas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

5.3.1. La actora consideró que la violación a la norma superior se encuentra configurada por la transgresión del artículo 29 de la Constitución Política —debido proceso— así como de los artículos 2º, 6º y 90 de la misma norma superior, en la medida en que la prueba merceológica practicada por la DIAN no se ajustó al manual de toma de muestras, según se deduce del acta de aprehensión.

Más que una violación a las normas superiores en que debió fundarse el acto administrativo, la Sala advierte que el vicio atribuido al acto demandado es el de la expedición irregular, originado en la violación del debido proceso.

Sobre el particular, la Sala considera que, en efecto, en el ámbito de la actuación administrativa, resulta aplicable el principio constitucional y derecho fundamental al debido proceso (art. 29), garantía necesaria para equilibrar la relación autoridad - libertad, relación que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente.

ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa.

iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem.

Conviene precisar que no toda irregularidad constituye causal de invalidez de los actos administrativos. Para que prospere la causal de nulidad por expedición irregular es necesario que la irregularidad atribuida sea grave, pues, en principio, en virtud de la eficacia, hay anormalidades que pueden sanearse por la propia administración, o entenderse saneadas, si no fueron alegadas. Esto, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.(9)

Adicional a todo lo dicho, para que se configure la violación al derecho fundamental al debido proceso también es menester que se haya afectado de manera relevante alguna de las garantías que componen ese derecho, esto es, el núcleo esencial del mismo, esto es: juez natural, defensa o forma.

Descendiendo al caso concreto, la violación del artículo 29 de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2º, 6º y 90 de la misma Carta, encuentra sustento, a juicio de la actora, en que la prueba merceológica fue realizada sin ajustarse a los requerimientos técnicos y, agregó que debió efectuarse una nueva prueba, con el objeto de constatar que, en efecto, la mercancía encontraba respaldo en las declaraciones de importación presentadas.

Lo primero que precisa la Sala es que la merceología “es la ciencia que estudia la naturaleza u origen, composición o función de todas las cosas muebles susceptibles o no de comercio y conforme a ella, su clasificación, encargándose también del conocimiento de las impurezas y falsificaciones, y de los métodos para reconocerlas”(10).

También es la disciplina que estudia las características de las mercancías ya sea por su origen o por función. Por lo tanto, estudia las mercancías desde su forma de obtención, producción, transformación, elaboración, uso y presentación en el mercado, hasta para qué fueron hechos(11).

Con el objeto de determinar que la mercancía declarada por la demandante era correspondiente con la hallada en su domicilio, la DIAN ordenó la práctica de una prueba de merceología sobre los textiles incautados, cuyo resultado concluyó en que la declarada era parcialmente coincidente con la incautada, razón por la que se ordenó la devolución de la que efectivamente encontró respaldo en dichas declaraciones.

Ahora bien, al analizar los argumentos expuestos por la demandante, en cuanto a que la prueba de merceología se basó en solo 5 muestras de 2.700 rollos de tela, contra el porcentaje mínimo exigido en los requerimientos técnicos para su práctica, la Sala advierte que el estudio de las telas aprehendidas se efectuó sobre 10 muestras por cada lote de tela (8), esto es sobre 80 muestras, de las que se identificó el aspecto, ancho, gramaje, peso lineal, tipo de tejido, construcción, acabado y porcentaje de composición.

Adicionalmente, como ya se relató en el capítulo de los hechos probados, a raíz del recurso de reconsideración interpuesto por la demandante y de la solicitud de revocatoria directa presentada por Carnavales y Cía. Ltda., la DIAN dispuso la toma de nuevas muestras, como puede verse en el Acta Nº 834-0302 Fisca de 23 de abril de 2007(12), de manera que se obtuvieron 8 modelos de cada uno de los tejidos incautados.

En relación con el argumento encaminado a cuestionar que la DIAN no cumplió con los parámetros para realizar la prueba merceológica, la Sala advierte que la actora no definió claramente qué parámetros fueron desconocidos. Simplemente se limitó a decir que el número de muestras no fue suficiente sin indicar los requerimientos técnicos omitidos por la división de laboratorio de la subdivisión técnica aduanera, al analizar las muestras de los textiles.

En cuanto a que no se tuvieron en cuenta los lineamientos señalados por la norma ICONTEC 2513 para la práctica de la prueba tantas veces mencionada, la parte actora se limitó a decir que existían parámetros de tolerancia para tejido plano en cuanto al ancho, gramaje, la composición, el cumplimiento del diseño especificado del tejido, la distribución de colores, pero de dicha descripción la Sala no puede deducir la expedición irregular endilgada a los actos acusados, habida cuenta de que la misma no respalda las diferencias halladas entre las telas amparadas en la declaración y los resultados obtenidos en el análisis químico.

Y si bien la demandante aportó un “Manual de toma de muestras” de la división de laboratorio de la DIAN, en el que hizo referencia al primer examen de merceología efectuado a las telas aprehendidas, del mismo y de las pruebas que aparecen en el expediente sólo puede concluirse que, en efecto, se tomaron 10 muestras correspondientes a cada tipo de textil incautado, lo que desvirtúa la insuficiencia de muestras alegada.

En consecuencia, la Sala considera que la demandante no logró desvirtuar la insuficiencia probatoria atribuida a la merceología practicada, razón por la que se confirma la decisión de primera instancia en este aspecto.

5.3.2. De la violación del principio de la buena fe, alegada por el demandante, la Sala hará las siguientes precisiones:

El artículo 83 de la Constitución Política establece que ‘las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas’. Al interpretar ese precepto, en la Sentencia T-532 de 1995, la Corte Constitucional advirtió lo siguiente:

‘Cuando la Constitución exige que las actuaciones de los particulares y de las autoridades se ciñan a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas, consagra un postulado que obliga a las entidades y a los servidores públicos a revisar radicalmente la posición que tradicionalmente han venido observando ante el ciudadano, marcada por la prevención y la mala voluntad.  

Tal principio exige de gobernantes y gobernados el compromiso de obrar honesta y desprevenidamente, en el marco de unas relaciones de mutua confianza, de tal manera que, sometidos todos al orden jurídico y dispuestos a cumplir sus disposiciones con rectitud, no haya motivo alguno de recelo.  

La norma en mención no obliga tan solo al particular sino que se aplica con igual severidad al servidor público, que ni puede presumir la mala fe de la persona respecto de la cual cumple su función, ni le es permitido, en lo que toca con sus propios deberes, asumir actitudes engañosas o incorrectas'.  

Como se ve, la buena fe es un principio que rige las actuaciones de los particulares y de la administración y obliga a actuar de manera leal, clara y transparente, esto es, sin el ánimo de sacar provecho injustificado de la contraparte y guiados siempre por la idea de mutua confianza.

Descendiendo al caso concreto, la Sala no advierte la violación del principio de buena fe de la sociedad importadora, por cuanto, no se probó, a lo largo de la actuación, que la mercancía declarada coincidía con la que la DIAN tuvo a la vista.

No existe prueba tampoco de que la administración, con su proceder, hubiera sacado un provecho injustificado en su favor, pues simplemente se limitó a adelantar el procedimiento establecido en las normas legales y reglamentarias en materia aduanera, con el objeto de determinar la legal y correcta introducción de la mercancía extranjera al país. No obstante, el demandante no logró desacreditar la legalidad de la actuación.

5.3.3. Adicionalmente, la Sala considera que la DIAN sí tuvo en cuenta las declaraciones de importación presentadas por la contribuyente, al punto que ordenó la devolución parcial de la mercancía que sí encontraba respaldo en las mismas. Incluso, antes y después de la solicitud de la revocatoria directa corrigió su propia actuación ajustando el valor de la mercancía objeto de decomiso y entregando la mercadería debidamente declarada al importador.

No obstante, se advierte que, según consta en el acta de hechos Nº 2374 del 19 de abril de 2007 (fls. 7-9, cdno. antec), para efectuar la aprehensión de la mercancía, los funcionarios de la DIAN se hicieron presentes en el domicilio de la sociedad y realizaron un inventario de la mercancía encontrada (textiles y calcetines para hombre). A continuación solicitaron las declaraciones de importación que las soportaban. En respuesta, el representante legal de la sociedad manifestó que los elementos incautados se encontraban en el local en calidad de almacenamiento o depósito, sin aportar algún contrato o documento soporte de que la mercancía se encontraba en esa calidad.

A lo anterior se suma que el demandante tiene la carga de probar que, en efecto, la DIAN erró al considerar que la mercancía que tenía a la vista era distinta en condiciones y características de la que fue declarada, pero no lo hizo. Simplemente, se limitó a expresar consideraciones subjetivas sin exponer el nexo de causalidad entre sus afirmaciones respecto de la actuación desplegada y el contenido de las normas que consideró violadas, argumentos que podían llevar al juez de instancia a declarar la nulidad de los actos acusados.

Finalmente, la Sala considera que si bien la actora reiteradamente aseveró que la mercancía estaba debidamente declarada, lo cierto es que no se encontraron méritos suficientes para respaldar su dicho. De ahí que la Administración decomisara la mercancía de su propiedad, por encontrarse incursa en la causal 1.6 del artículo 502 del Estatuto Aduanero.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

1. CONFÍRMASE la sentencia del 31 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en Descongestión, por las razones expuestas.

2. RECONÓCESE personería a los abogados Jorge Enrique Guzmán Guzmán y Carlos Orlando Saavedra T., para actuar como apoderados de la DIAN en los términos del poder conferido en el folio 38 del cuaderno de apelaciones.

3. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Rocío Araújo Oñate, Presidente—Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez—Carlos Enrique Moreno Rubio—Alberto Yepes Barreiro».

9 En ese sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia del 16 octubre de 2014, Rad. 25000-23-27-000-2011-00089-01 (19611). Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. Como vocera del Fideicomiso Lote Montoya. Demandado: Distrito Capital De Bogotá.

10 https://comintercolombia.wordpress.com/nomenclatura-arancelaria/

11 Ib.

12 Fls. 190-195, cdno. Nº 1.