Sentencia 2008-00234/41950 de agosto 1 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA - SUBSECCION A

Rad.: 63001-23-31-000-2008-00234-01(41950)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Referencia: Acción de reparación directa

Actor: Luis Esteban Téllez Téllez y otro

Demandado: Nación - Rama judicial

Tema: Privación injusta de la libertad - Reiteración jurisprudencial.

Bogotá, D.C., primero de agosto de dos mil dieciséis.

En virtud de la prelación dispuesta por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en Acta del 25 de abril de 2013 y comoquiera que la presente providencia comporta la reiteración de la jurisprudencia en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, resuelve la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío el 7 de abril de 2011, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos (se transcribe de forma literal):

“Primero. DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa y culpa de terceros propuesta por la Nación – Rama judicial – Dirección ejecutiva de administración judicial.

Segundo. Declárase a la Nación – Rama judicial – Dirección de administración judicial, administrativamente responsable de los daños causados a los demandantes como consecuencia de la privación de la libertad de que fue objeto el señor Luis Esteban Téllez Téllez sufrida entre el 13 de febrero de 2008 y el 12 de mayo de 2008, según lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Como consecuencia de la declaración anterior se condena a la Nación – Rama judicial con cargo al presupuesto de la Dirección de administración judicial – a pagar por concepto de perjuicios materiales, a favor del señor Luis Esteban Téllez Téllez la suma de un millón novecientos cuarenta y un mil quinientos cincuenta pesos ($ 1.941.550).

Cuarto. Condenar a la Nación – Rama judicial con cargo al presupuesto de la Dirección de administración judicial – a pagar por concepto de perjuicios morales los siguientes valores:

Luis Esteban Téllez TéllezDoce (12) SMLMV
Luis Alfredo Téllez TéllezSeis (6) SMLMV
Flor Delia Ruíz OsorioSeis (6) SMLMV
Jesica Alejandra Téllez TéllezSeis (6) SMLMV
Nubia Téllez TéllezTres (3) SMLMV
Nelson Miguel Téllez TéllezTres (3) SMLMV
Jesús Antonio Téllez TéllezTres (3) SMLMV
Luz Myriam Téllez TéllezTres (3) SMLMV
Ana Emilsa Téllez TéllezTres (3) SMLMV
Domingo Alirio Téllez TéllezTres (3) SMLMV

Quinto. Condenar a la Nación – Rama judicial con cargo al presupuesto de la Dirección de administración judicial – a pagar por concepto de daño a la vida de relación a favor del señor Luis Esteban Téllez Téllez una suma equivalente a cinco (5) SMLMV.

Sexto. Ordenar publicar esta providencia en un sitio visible del Juzgado de Control de Garantías de Calarcá (Q) por el término de tres (3) meses.

Séptimo. Negar las demás pretensiones formuladas por la parte accionante”.

I. Antecedentes

Mediante escrito presentado el 1 de diciembre de 2008(1), los señores Luis Esteban Téllez Téllez quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor de edad Jésica Alejandra Téllez Ruíz, Flor Delia Ruíz Osorio, Luis Alfredo Téllez Téllez, Nubia Téllez Téllez, Nelson Miguel Téllez Téllez, Jesús Antonio Téllez Téllez, Luz Myriam Téllez Téllez, Ana Emilza Téllez Téllez, Domingo Alirio Téllez Téllez y Favionel Téllez Téllez, a través de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – rama judicial, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Luis Esteban Téllez Téllez en un proceso penal adelantado en su contra por el delito de “acto sexual con menor de 14 años”.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se condenara a la entidad demandada a pagar una indemnización por concepto de perjuicios morales en los siguientes montos de dinero:

DemandanteMonto
Luis Esteban Téllez Téllez200 SMLMV
Flor Delia Ruíz Osorio100 SMLMV
Jésica Alejandra Téllez Ruíz100 SMLMV
Luis Alfredo Téllez Téllez100 SMLMV
Nubia Téllez Téllez100 SMLMV
Nelson Miguel Téllez Téllez100 SMLMV
Jesús Antonio Téllez Téllez100 SMLMV
Luz Myriam Téllez Téllez100 SMLMV
Ana Emilza Téllez Téllez100 SMLMV
Domingo Alirio Téllez Téllez100 SMLMV
Favionel Téllez Téllez100 SMLMV

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante la suma de $ 1´602.227 a favor de la víctima directa.

Por concepto del perjuicio que denominó “daños a la vida de relación” se reclamó la suma equivalente a 100 SMLMV para todos y cada uno de los demandantes.

Los fundamentos fácticos(2) de sus pretensiones se pueden sintetizar de la siguiente manera:

Hacia las 11 de la mañana del 13 de marzo de 2008, el señor Luis Esteban Téllez Téllez fue detenido por miembros del CTI, cuando se encontraba desempeñando sus labores en la finca ubicada en la vereda la Floresta, jurisdicción del municipio de Calarcá (Quindío), donde se desempeñaba como mayordomo, imputándole la conducta punible de actos sexuales con menor de 14 años.

A pesar de que en el interrogatorio el imputado claramente manifestó que no tenía nada que ver con los cargos que se le imputaban fue detenido y, solo hasta el 12 de mayo de 2008 el Juzgado Único Penal de Calarcá Quindío decretó la preclusión de la investigación a su favor.

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Quindío el 22 de enero de 2009(3), providencia que se notificó en legal forma a la entidad demandada(4) y al Ministerio Público(5).

La Fiscalía General de la Nación, en su contestación, adujo que la privación de la libertad de que fue víctima el señor Téllez “obedeció, principalmente a los elementos probatorios y evidencia física inicialmente presentada por la Fiscalía y que encartaban al señor LUIS ESTEBAN, de haber cometido la conducta típica”.

Presentó como excepción la de culpa de terceros, al considerar que las únicas responsables fueron aquellas personas que vincularon al demandante al proceso penal(6).

Mediante auto de 3 de diciembre de 2009(7), se abrió el proceso a pruebas y, una vez concluido el término probatorio, mediante proveído de 27 de julio de 2010(8) se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto de fondo.

En esta oportunidad las partes(9) reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación, respectivamente; por su parte el Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

I.I. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Quindío profirió sentencia el 7 de abril de 2011(10), mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los términos transcritos al inicio de esta providencia.

Tras hacer un recuento de las disposiciones legales y jurisprudenciales sobre la responsabilidad extracontractual del Estado frente al tema objeto de la controversia, el juzgador a quo estimó que se configuraron los presupuestos para la indemnización a cargo de la rama judicial, para lo cual puntualizó (se transcribe de forma literal):

“La rama judicial al decretar la medida de aseguramiento y mantenerla vigente hasta el momento en que la Fiscalía impetró la preclusión, le causó al señor Téllez Téllez un daño antijurídico, esto es, que no estaba obligado a soportar. La investigación debió encausarse desde un principio a establecer la veracidad de la versión de la supuesta ofendida y no sacrificar la libertad del imputado hasta tanto ello se estableciera con claridad.

El Estado, a través de sus agentes, no logró desvirtuar la presunción de inocencia del prenombrado dentro del proceso penal que se adelantó y durante el cual fue sometido a una restricción de su libertad, para al final ser absuelto de los cargos imputados. Tal medida restrictiva de la libertad configuró, se insiste, un daño antijurídico y por ende en fuente de responsabilidad del Estado.

Es preciso advertir, como atrás se dijo, que la imputación del daño está en cabeza del Estado y específicamente en cabeza de la persona jurídica Nación – Rama judicial, los perjuicios que deben ser reparados lo han de ser con cargo al presupuesto de la dirección ejecutiva de administración judicial, organismo convocado por el demandante para responder la demanda y que representa a la Nación tratándose de la actuación de los jueces”.

II. Los recursos de apelación

1. El recurso de apelación de la parte demandante

La parte demandante refirió varios motivos de inconformidad así:

“El quantum de reconocimiento realizado por perjuicios morales a los demandantes.

El no reconocimiento de daños a la vida de relación sufridos por los demandantes con la privación injusta de la libertad del señor Luis Esteban Téllez Téllez.

El no haber reconocido indemnización por perjuicios morales para el señor Favionel Téllez Téllez.

El no haber extendido el reconocimiento de perjuicios materiales a 8.75% meses tal y como lo ha manifestado el Consejo de Estado en sus providencias”.

En relación con el reconocimiento del perjuicio moral adujo que “para que exista resarcimiento del daño este debe ser integral, esto es, que exista una correspondencia entre el perjuicio causado y la indemnización reconocida” y agregó que “ha sido exiguo el reconocimiento por perjuicios morales hecho por el Tribunal Administrativo del Quindío, (…) tanto para su compañera permanente, como su hija y padre se les debe reconocer igual indemnización que al directamente perjudicado, y además se presume que los perjuicios que sufren los parientes próximos, en este caso padre, cónyuge, hija y hermanos, afectan la vida familiar, social y económica y con la indemnización aquí reconocida no se está resarciendo el perjuicio sufrido por estos”.

En cuanto a lo atinente al perjuicio que denominó “a la vida de relación”, consideró que el reconocido a la víctima directa había sido muy bajo y que además debía ser reconocido a todos los demás demandantes porque “tal situación afectó el buen nombre de la familia Téllez Téllez, quienes han sufrido la estigmatización de ser familiares de una persona tildada de delincuente”.

En lo que tiene que ver con el reconocimiento de la indemnización a favor del señor Favionel Téllez Téllez, manifestó que en la demanda solicitó oficiar a la Registraduría de Albanía para que fuera remitido el registro civil de nacimiento del demandante, que aunque la prueba fue decretada nunca llegó al proceso, sin que dicha omisión le pudiera ser imputada.

Finalmente, en relación con el no reconocimiento del lapso que una persona tarda en volverse a ubicar laboralmente manifestó que se encuentra plenamente demostrado que el señor Téllez tardó más de un año después de haber salido del centro de reclusión para conseguir un nuevo trabajo(11).

2. El recurso de apelación de la rama judicial.

La rama judicial insiste en que la actuación en el proceso penal se surtió de conformidad con la Constitución Política, las disposiciones sustanciales y procesales vigentes para la época, agregó que no entiende por qué fue condenada si la actuación de los jueces obedecen a solicitudes que en tal sentido hace el ente instructor(12).

3. El trámite de segunda instancia.

Las impugnaciones formuladas oportunamente por las partes fueron admitidas por auto del 28 de septiembre de 2011(13). Posteriormente, mediante proveído del 3 de febrero de 2012(14) se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo.

En esta oportunidad procesal la parte demandante(15) ratificó los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.

II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón de los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío el 7 de abril de 2011, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación(16).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

En concordancia con lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984(17), en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—(18).

En el asunto sub examine la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en los daños que se alegaron sufridos por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad del señor Luis Esteban Téllez Téllez, supuestamente ocurrida entre el 13 de febrero y el 12 de marzo de 2008(19), fecha en la que obtuvo la libertad ante la decisión proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá.

Ahora bien, se advierte que en el caudal probatorio no obra la correspondiente constancia de ejecutoria de la providencia que absolvió al ahora demandante, por lo tanto, sin perjuicio de la pauta jurisprudencial antes anotada, el término de caducidad se contabilizará a partir de la fecha en que se adoptó la referida decisión.

En este orden de ideas, se encuentra que la demanda de la referencia se presentó dentro los dos años siguientes al hecho que da origen a la alegada responsabilidad del ente demandado, dado que la providencia que declaró la preclusión de la investigación y la extinción de la acción penal se dictó el 12 de mayo de 2008 y la demanda se formuló el 1 de diciembre de esa misma anualidad.

3. Lo probado en el proceso.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente demostrados en este proceso los siguientes hechos:

• Que contra el señor Luis Esteban Téllez Téllez se inició investigación penal, por el presunto delito de acceso carnal violento en menor de catorce años.

• Que el 13 de febrero de 2008 la Juez Segunda Penal Municipal de Calarcá (Quindío), impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario al considerar que “se obtuvieron los motivos razonablemente fundados para afectar con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario al imputado por el delito de acto sexual con menor de catorce años agravado”(20).

• Que mediante providencia del 12 de mayo de 2008 el Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá, declaró la preclusión de la investigación y la extinción de la acción penal del proceso que se seguía contra el señor Téllez Téllez, decisión que fue sustentada de la siguiente forma (se transcribe de forma literal):

“En forma inicial y ante la ausencia de los nuevos elementos presentados por la fiscalía se tuvo al señor Luis Esteban Téllez Téllez como el presunto autor del delito de actos sexuales con menor de catorce años, por cuanto la menor es menor a esta edad y efectivamente un gran trabajo se obtuvo por parte de expertos peritos, médicos, sicólogos, siquiatras, todos los peritos necesarios para ayudar en la investigación, para poder determinar si efectivamente esta declaración de la menor reunía todos los requisitos necesarios para poder determinarse de la misma que efectivamente si habían sucedidos estos hechos. Se recurrió también al examen del médico legista experto en esta materia quien determinó en forma conclusiva y determinante que la menor no presentaba ningún signo de maniobras eróticas externas, ni muchos menos internas, ya que no había sido desflora, presentaba su himen en forma perfecta, por lo tanto no presentaba ningún signo del que se está acusando al señor Luis Esteban Téllez Tellez. Se cuenta además, con las declaraciones de los peritos que como dijo evaluaron en forma exhaustiva la declaración de la menor lográndose determinar de que en la misma existían incoherencias sustanciales tanto así que empezó señalando a una persona como autora de estos actos, para después determinar de que había sido otra persona dando su nombre completo como Uriel Botero, dueño de la finca el Diamante donde trabajaban su familia. Ante estos nuevos hechos efectivamente fue escuchada la menor por los peritos pertinentes los sicólogos y siquiatras, donde se sostiene en esta declaración determinando de que efectivamente dijo que era el señor Luis Esteban Téllez Téllez por un temor hacia el patrón quien no solo la tenía amenazada a ella sino a su familia, por estas razones el padre de la menor en forma muy diligente escuchó a la niña en estos mismos comentarios, escuchó donde nuevamente le decía papá el señor Luis Esteban Téllez Téllez no fue la persona que me tocó, que me bajo los interiores, sino que fue otra persona el señor Uriel Botero, actos que a su vez le fueron corroborados días después por la madre de la menor quien sin haber tenido contacto con la niña ya que el padre se la había traído y al hacerle la misma pregunta la misma señora le contestó en el mismo sentido. Ante esta situación la ley ha sido muy clara y concisa al determinar que en estos eventos opera la figura de la preclusión cuando en el transcurso de la investigación se puede determinar de que efectivamente se dan unas causales que si se dan debe solicitarle inmediatamente la terminación del proceso por existir una duda tal que la misma no puede desvirtuarse y únicamente esa duda va a favorecer a la persona que está siendo imputada de un delito. Vemos en este evento y como todos lo sabemos que la fiscalía por ser esta una justicia rogada es la única que puede determinar y analizar si en determinado momento existe mérito suficiente para iniciar un juicio o no existe ese mérito suficiente para llevar a juicio porque sabe sin lugar a dudas que al presentarse todos estos actos que nos acaba de mencionar va a obtener un rotundo fracaso en el juicio y lo más probable es que ante esa duda grande que se presenta con esta serie de contradicciones y de nuevos señalamientos la sentencia va a ser, sería de carácter absolutorio. Entonces la fiscalía previendo esa situación, previendo esas circunstancias de no poner en movimiento al aparato judicial, desgastando tiempo, desgastando muchas situaciones que pueden generar esa absolución es que ha solicitado entonces esa preclusión teniendo además en cuenta que la persona que se encuentra imputada esta privada de su libertad.

Por estas razones entonces considera el despacho de que efectivamente en el presente evento si bien es cierto inicialmente se inició contundentemente la investigación contra determinada persona y ante la manifestación hecha por la menor, hoy en día se encuentra duda suficientemente grande que a juicio del despacho, no está la Fiscalía en capacidad de desvirtuar, ni mucho menos hacer determinar al Juez de que es responsable el señor Luis Esteban Téllez Téllez.

Por estas razones entonces considera el despacho de que la solicitud de la Fiscalía es plenamente valida, esta ajusta dentro de las causales del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal como es la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia en cabeza del señor Luis Esteban Téllez Téllez, por estas razones entonces se ordena la preclusión de esta investigación en favor del señor Luis Esteban Téllez Téllez como consecuencia del mismo se declara extinguida la acción penal que se iniciara en su contra y contera se ordena el archivo definitivo de estas diligencias, como consecuencia inmediata de esta decisión se ordena su libertad inmediata por existir mérito más que suficiente para ello”(21) (Se destaca).

• Que el señor Luis Esteban Téllez Téllez permaneció recluido en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Calarcá, del 13 de febrero al 12 de mayo de 2008(22).

Ahora bien, al entrar a valorar los elementos de acreditación obrantes en el proceso, ha de decirse que se encuentra suficientemente demostrado en el presente caso que el señor Luis Esteban Téllez Téllez fue privado físicamente de su libertad durante el término comprendido entre el 13 de febrero de 2008 y el 12 de mayo de la misma anualidad(23).

De conformidad con las consideraciones expuestas por el juez penal, resulta claro que la decisión proferida en favor del demandante tuvo como fundamento la ausencia de intervención del imputado en el hecho, con lo cual se configura una de las situaciones que el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 contemplaba como presupuesto para la indemnización de perjuicios por la privación injusta de la libertad —no cometió el delito. 

En tales condiciones, es evidente que la privación de la libertad del señor Téllez Téllez configuró para los accionantes un verdadero daño antijurídico, toda vez que no se hallaba en la obligación legal de soportar la limitación a la libertad a él impuesta en razón de las decisiones adoptadas por la rama judicial, todo lo cual comprometió la responsabilidad del Estado, en aplicación de lo previsto en el artículo 90 de la Carta Política. 

La Sala reitera en esta oportunidad uno de los argumentos expuestos en la sentencia del 4 diciembre de 2006(24), en el sentido de que no se puede exonerar al Estado de responsabilidad cuando, a pesar de haberse dictado una medida de detención con el lleno de los requisitos que exige la ley para el efecto, se profiere posteriormente una sentencia absolutoria en la cual se establece, finalmente, que no existe la certeza necesaria para privar de la libertad al sindicado. 

Esta sola circunstancia constituye un evento determinante de privación injusta de la libertad, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fue vinculado el ahora demandante, siempre mantuvo intacta la presunción constitucional de inocencia que lo amparaba y que el Estado, a través de la entidad ahora demandada, jamás desvirtuó. 

Sobre el particular, debe decirse que en casos como este no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues una decisión de la administración de justicia, en cabeza de la rama judicial, determinó que el señor Téllez Téllez debía padecer la limitación de su libertad hasta que se precluyó la investigación penal a su favor, en cambio, a la entidad demandada le correspondía demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario(25)

Con fundamento en lo anterior, se confirmará la sentencia apelada en lo que tiene que ver con la declaratoria de responsabilidad de la Nación — rama judicial.

4. Indemnización de perjuicios.

4.1. Perjuicios morales.

Uno de los motivos de inconformidad de la parte demandante en relación con la sentencia de primera instancia lo hizo consistir en el quantum del perjuicio moral reconocido por el tribunal de primera instancia, el que consideró muy bajo, para lo cual adujo que el resarcimiento del perjuicio debía ser integral y que en el presente asunto no lo era, por cuanto no había correspondencia entre el perjuicio causado y la indemnización reconocida.

El Tribunal Administrativo de primera instancia reconoció las siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicios morales (se transcribe de forma literal):

“Así las cosas, acudiendo al principio de equidad que tiene el fallador para ejercer su arbitrio judicial en relación con la fijación de este tipo de perjuicios inmateriales, no se concederá por este concepto el monto solicitado en la demanda (100 SMLMV), que corresponde a un perjuicio normal reconocido por el Consejo de Estado cuando se sufre la MUERTE de un ser querido, sino una cifra inferior, equivalente a DOCE (12) SMLMV, que corresponde al período que tuvo que padecer privado de la libertad.

Para el padre, compañera e hija, se reconocerán SEIS (6) SMLMV para cada uno, y para los hermanos TRES (3) SMLMV para cada uno, salvo respecto de FAVIONEL TÉLLEZ TÉLLEZ frente al cual no se acompañó prueba del parentesco”(26).

La jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha manifestado que, en casos de privación injusta de la libertad, la simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos ha sufrido un daño antijurídico, como el que se juzga en el presente caso, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(27) y con base en las máximas de la experiencia, resulta suficiente para inferir que tanto el peticionario como los integrantes de su familia han padecido el perjuicio moral por cuya reparación se demanda.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia respecto de la indemnización de perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad y, en consecuencia, estableció los siguientes parámetros para calcular la referida indemnización(28):

Reparación del daño moral en caso de privación injusta de la libertad
 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad.Víctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el primer grado de consanguinidad.Parientes en el segundo grado de consanguinidad.Parientes en el tercer grado de consanguinidad.Parientes en el cuarto grado de consanguinidad y afines hasta el segundo grado.Terceros damnificados.
Término de privación injusta en meses. 50% del monto de la víctima directa.35% del monto de la víctima directa.25% del monto de la víctima directa.15% del monto de la víctima directa.
SMLMV
Superior a 18 meses10050352515
Superior a 12 meses e inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 9 meses e inferior a 128040282012
Superior a 6 meses e inferior a 9703524,517,510,5
Superior a 3 meses e inferior a 6502517,512,57,5
Superior a 1 mes e inferior a 33517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1 mes157,55,253,752,25

Así las cosas, teniendo en cuenta que el señor Luis Esteban Téllez Téllez fue privado injustamente de la libertad por espacio de dos (2) meses y veintinueve (29) días(29) y que el padecimiento moral que dicha medida le produjo a él y a sus familiares debe ser resarcido, se les reconocerán los siguientes valores por este concepto:

DemandanteValor
Luis Esteban Téllez Téllez (Víctima directa)35 SMLMV
Jesica Alejandra Téllez Ruiz (Hija)(30)35 SMLMV
Flor Delia Ruíz Osorio (Compañera permanente)(31)35 SMLMV
Luis Alfredo Téllez Téllez (Hermano)(32)17.5 SMLMV
Nubia Téllez Tellez (Hermana)(33)17.5 SMLMV
Nelson Miguel Téllez Téllez (Hermano)(34)17.5 SMLMV
Jesús Antonio Téllez Téllez (Hermano)(35)17.5 SMLMV
Luz Myriam Téllez Téllez (Hermana)(36)17,5 SMLMV
Ana Emilsa Téllez Téllez (Hermana)(37)17.5 SMLMV
Domingo Alirio Téllez Téllez (Hermano)(38)17.5 SMLMV

Ahora bien, otro de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación consiste en la negativa a reconocer perjuicios morales a favor del señor Favionel Téllez Téllez, pues, alega la parte actora que al momento de demandar solicitó oficiar a la Registraduría de Albania para que fuera remitido el registro civil de nacimiento del mencionado demandante y, que aunque la prueba fue decretada, nunca llegó al proceso, situación que no le resultaba imputable.

Revisado el expediente se encuentra que, tal como lo afirma el impugnante, la prueba fue solicitada y decretada, a pesar de ello el Registrador Municipal de Albania (Santander) informó mediante comunicación del 12 de marzo de 2010, que el registro correspondiente a “Favionel no fue encontrado en los archivos”(39).

Luego, la parte demandante aportó el registro civil de nacimiento de Favionel Téllez Téllez con el escrito de impugnación de la sentencia dictada en primera instancia y esta Corporación, mediante providencia del 9 de diciembre de 2011(40), negó tenerlo como prueba en segunda instancia, por cuanto no reunía los requisitos exigidos por el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, decisión que cobró firmeza jurídica ante la ausencia de recurso en su contra.

Por lo expuesto la Sala confirmará la negativa en relación con el reconocimiento del perjuicio moral a favor de Favionel Téllez Téllez.

4.2. Daño a bienes constitucionalmente protegidos al honor y buen nombre(41). 

La parte demandante solicitó en el libelo el reconocimiento de indemnización por el perjuicio que denominó “daño a la vida de relación”, para todos y cada uno de los demandantes.

Por su parte el a quo reconoció por dicho perjuicio la suma equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales a favor de la víctima directa y negó dicho reconocimiento para todos los demás demandantes en el entendido de que “no se probó la afectación de su vida individual de relación”.

Inconforme con lo decidido, la parte actora solicitó el incremento del reconocimiento hecho y, además, que se hiciera extensivo a todos los demandantes, puesto que la privación de la libertad sufrida por el señor Luis Esteban Téllez Téllez “afectó el buen nombre de la familia”.

Resulta necesario recordar que en reciente pronunciamiento el Consejo de Estado precisó que la afectación o vulneración de derechos o bienes protegidos convencional o constitucionalmente, como lo son los derechos a tener una familia, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros, cuando se trata de alteraciones que perjudican la calidad de vida de las personas -fuera de los daños corporales o daño a la salud-, son susceptibles de ser protegidos por vía judicial. De modo que quienes los sufren tienen derecho a su reparación integral mediante la adopción de medidas no pecuniarias a favor de la víctima y sus familiares más cercanos y, excepcionalmente, cuando dicha medida no sea procedente, al reconocimiento de una indemnización de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes exclusivamente a favor de la víctima directa(42).

Dichos perjuicios, como los demás, pueden acreditarse a través de cualquier medio probatorio e incluso pueden darse por demostrados en consideración a las circunstancias particulares del caso, relacionadas con la afectación grave de algún derecho constitucionalmente protegido.

Así las cosas, debe entenderse entonces que la pretensión formulada en la demanda encuadra en lo que hoy la jurisprudencia de esta misma Sala reconoce o identifica como parte de los bienes constitucionalmente protegidos, los cuales evidentemente resultaron afectados con la medida impuesta al ahora demandante, razón por la cual, en el presente caso, se encuentra que dicha vulneración se concretó en punto al artículo 21 de la Constitución Política, que hace referencia al derecho a la honra y al buen nombre.

En relación con el reproche social de que fue objeto el demandante, el declarante Ernesto Aguirre, manifestó lo siguiente (se transcribe de manera textual):

“(…) cualquiera puede imaginarse de ser una persona de bien a ser un violador, eso peor que ser ladrón y eso le generó muchos problemas a él en cuanto a la parte laboral”(43).

A su turno, el señor Orlando Álvarez Calderón sostuvo que:

“(…) lo acusaron por violación de su hijastra xxx, el estuvo en la cárcel, perdió el trabajo, su esposa también perdió el trabajo que tenía”(44).

En este sentido, al observar que los derechos a la honra y al buen nombre del investigado se vieron afectados en razón de su vinculación al proceso penal y además que, en lo que tiene que ver con este tema es apelante único, ya que su impugnación iba dirigida al aumento pecuniario de la indemnización reconocida, la Sala confirmará el reconocimiento que se le hizo en primera instancia.

En relación con el reconocimiento de este perjuicio a los demás demandantes, la Sala se permite recordar que, tal como se dejó explicado al inicio, quienes sufren este tipo de perjuicios tienen derecho a su reparación integral mediante la adopción de medidas no pecuniarias y solo excepcionalmente, si se considera que estas no son procedentes, se acudirá a la medida pecuniaria.

Se encuentra que el tribunal de primera instancia dictó la medida no pecuniaria, decisión que no fue debatida por ninguna de las partes, por lo que esta Sala no entrará a estudiar el tema y pronunciarse sobre el mismo, además resulta necesario dejar claro que en esta oportunidad la Sala no encuentra mérito para hacer extensivo el reconocimiento pecuniario a los familiares de la víctima directa, porque como se dijo este tipo de perjuicios se consideran integralmente protegidos mediante la adopción de medidas no pecuniarias, como sucede en este caso.

4.3. Perjuicios materiales.

4.3.1. Lucro cesante.

En lo atinente al reconocimiento de dicha indemnización, el demandante solicita se realice nuevamente su liquidación, en esta ocasión, incluyendo el reconocimiento del período de 8.75 meses que, según las estadísticas, una persona tarda en volverse a ubicar laboralmente una vez recobra su libertad.

Dentro del plenario se encuentra plenamente probado que el señor Luis Esteban Téllez Téllez se encontraba laborando en una finca para el momento en que fue privado de su libertad, además, que después de recobrar su libertad no le fue posible vincularse nuevamente hasta pasados algunos meses.

En relación con el tema el señor Orlando Álvarez Calderón manifestó que “él —Luis Esteban Téllez T.— estuvo en la cárcel, por 3 meses, el perdió el trabajo que tenía, su esposa también perdió el trabajo que tenía, (…), luego él salió de la cárcel y duró sin empleo como unos 8 meses” y agregó que para el momento en que fue detenido la víctima “laboraba en la finca La Zulia, vereda la Floresta de Calarcá, él administraba la finca”(45).

Así mismo el señor Ernesto Aguirre dijo que Luis Esteban “(…) se empleó en la finca la Zulia, (…), en esa estaba cuando lo detuvieron supuestamente la fiscalía”, luego agregó que “duró 8 meses sin poder ubicarse”(46).

Así las cosas se encuentra demostrado que para el momento en que fue detenido el señor Luis Esteban Téllez T., se encontraba laborando en una finca de la región y que después de que recobró su libertad duró algunos meses para poder reubicarse laboralmente, por lo que habría lugar a reconocerle el tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, para lo cual la Sala se valdrá de la información ofrecida por el observatorio laboral y ocupacional colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.75 meses)(47).

De lo anterior se colige que el señor Luis Esteban Téllez T., como consecuencia cierta y directa de la privación de la libertad de que fue objeto, dejó de percibir los salarios y prestaciones sociales correspondientes a la labor que desempeñaba, por un total de 11,72 meses.

Así las cosas, sería procedente cuantificar la indemnización con base en el salario mínimo actual (689.455), suma a la que le será adicionada el 25% por prestaciones sociales (861.819), lo anterior debido a que la actualización del salario mínimo de 2008(48) resulta ser menor al devengado en la actualidad.

Ahora bien, para la liquidación del lucro cesante se aplicará la fórmula actuarial adoptada por la corporación:

S = Ra (1+ i)n – 1

_____________

i

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o base de liquidación que equivale a $ 861.919

i= Interés puro o técnico: 0.004867.

n= Número de meses que comprende el período indemnizable, esto es 11,72 meses.

Al reemplazar, se tiene:

S = $ 861.919 (1+ 0.004867)11,72 – 1

_____________________

0.004867

S = $ 10´369.415

A pesar de lo anterior encuentra la Sala que la parte demandante en el libelo decidió limitar su pretensión, correspondiente a la indemnización por lucro cesante, a la suma de $ 1.602.227.

Frente a este punto la Sala encuentra pertinente resaltar lo dispuesto por el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 38 del Decreto 2304 de 1989, el cual dispone lo siguiente:

“Artículo 170.—Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los organismos de lo contencioso administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar estas”.

Por su parte, el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º numeral 135 del Decreto 2282 de 1989, es del siguiente tenor:

“Artículo 305.—Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando este no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio”.

De esta manera, el reconocimiento de una condena no solicitada en la demanda constituiría un fallo extra petita, lo cual violaría el aludido principio de congruencia de las sentencias que debe inspirar y dirigir la actuación de los jueces de la República.

También resulta pertinente resaltar que el juez de la causa se encuentra limitado tanto por la causa petendi como por el petitum de la demanda, excepto en el marco de las comúnmente denominadas acciones constitucionales, puesto que, tal como lo ha afirmado la jurisprudencia de esta Corporación, “en materia de acciones constitucionales protectoras de derechos como los colectivos, por ejemplo, las pretensiones de la parte actora no atan al juzgador quien, de conformidad con lo acreditado en el expediente está en la libertad de impartir las órdenes que, a su parecer, resulten más apropiadas e idóneas para el cometido final de protección y restablecimiento de los derechos colectivos amenazados o conculcados”(49).

Por lo anterior la Sala considera que lo procedente, en este evento, es actualizar la suma solicitada como indemnización del perjuicio material en la demanda, de conformidad con la siguiente fórmula:

Ra = R Índice final (junio 2016)

_________________________

Índice inicial (diciembre 2008)(50)

Ra = 1.602.227 132.58

_______

100

Ra= $ 2´124.233

5. Condena en costas

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío el 7 de abril de 2011, la cual quedará así:

1. DECLARAR responsable a la Nación – Dirección ejecutiva de administración judicial, por la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor Luis Esteban Téllez Téllez.

2. Como consecuencia de la declaración anterior CONDENAR a la Nación – Dirección ejecutiva de administración judicial, a pagar las siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicios morales:

DemandanteValor
Luis Esteban Téllez Téllez (Víctima directa)35 SMLMV
Jesica Alejandra Téllez Ruiz (Hija)35 SMLMV
Flor Delia Ruíz Osorio (Compañera permanente)35 SMLMV
Luis Alfredo Téllez Téllez (Hermano)17.5 SMLMV
Nubia Téllez Téllez (Hermana)17.5 SMLMV
Nelson Miguel Téllez Téllez (Hermano) 17.5 SMLMV
Jesús Antonio Téllez Téllez (Hermano)17.5 SMLMV
Luz Myriam Téllez Téllez (Hermana)17,5 SMLMV
Ana Emilsa Téllez Téllez (Hermana)17.5 SMLMV
Domingo Alirio Téllez Téllez (Hermano)17.5 SMLMV

3. CONDENAR a la Nación – Dirección ejecutiva de administración judicial, a pagar por perjuicios materiales a favor de Luis Esteban Téllez Téllez, la suma de dos millones ciento veinticuatro mil doscientos treinta y tres pesos m/cte ($ 2.124.233).

4. CONDENAR a la Nación – Dirección ejecutiva de administración judicial a pagar al señor Luis Esteban Téllez Téllez la suma equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales, por concepto de reparación de bienes constitucionalmente protegidos. Ordenar publicar esta providencia en un sitio visible del Juzgado de Control de Garantías de Calarcá (Quindío) por el término de tres (3) meses.

5. Negar las demás pretensiones de la demanda.

6. Dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Decreto 1 de 1984 —Código Contencioso Administrativo—, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 114 del Código de Procedimiento Civil.

7. Sin condena en costas.

8. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Hernán Andrade Rincón—Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

1 Folios 1 a 22 del Cuaderno 1.

2 Folios 14 a 16 del Cuaderno 1.

3 Folios 33 y 34 del Cdno. 1.

4 Fue notificada el 24 de abril de 2009, folio 39 del Cdno. 1.

5 El 26 de enero de 2009 folio 34 vto. del Cdno. 1.

6 Folios 41 a 47 del Cdno. 1.

7 Folios 62 a 64 del Cdno. 1.

8 Folio 82 del Cdno. 1.

9 Folios 83 a 100 del Cdno. 1.

10 Folios110 a 126 del Cdno. 3.

11 Folios 138 a 149 del Cdno. 3.

12 Folios 128 a 134 del Cdno. 3.

13 Folio 165 del Cdno. 3.

14 Folio 170 del Cdno. 3.

15 Folios 171 a 174 del Cdno. 3.

16 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

17 Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

18 Al respecto consultar, por ejemplo, Sentencia del 14 de febrero de 2002. Exp: 13.622. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez. Dicho criterio ha sido reiterado por la Subsección en sentencia de 11 de agosto de 2011, Exp: 21801, así como por la Sección en auto de 19 de julio de 2010, Rad.: 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410), Consejero Ponente (E): Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

19 Según certificación expedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC.

20 Folio 51 del Cdno. 2.

21 Según audio que reposa a folio 11 del Cdno. 2.

22 Folio 12 del Cdno. 2.

23 Tal como se dejó consignado con antelación, según certificación expedida por el Establecimiento Penitenciario de Medina Seguridad y Carcelario de Calarcá, folio 12 del Cdno. 2 y manifestación realizada en la audiencia preliminar celebrada el 13 de febrero de 2008, folios 45 a 48 del Cdno. 2.

24 Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Mauricio Fajardo Gómez, Exp.: 13168.

25 Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Exp. 17.517 y del 15 de abril de 2010, Exp. 18.284, entre otras.

26 Folio 124del Cdno. 3.

27 “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

28 Consejo de Estado, sección tercera. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Exp. 36.149. Actor: José Delgado Sanguino y otros.

29 El señor Luis Esteba Téllez Téllez fue capturado el 13 de febrero de 2008.

30 Registro civil de nacimiento folio 23 del Cdno. 1.

31 Testimonio de los señores Orlando Álvarez Calderón, María Consuelo Otálvaro Monroy, Ernesto Aguirre y Lucelly Ruiz Osorio, folios 24 a 29 del Cdno. 2 dan cuenta de que la señora Flor Delia Ruiz Osorio es la compañera permanente del señor Luis Esteban Téllez Téllez.

32 Registro civil de nacimiento Folio 25 del Cdno.1.

33 Registro civil de nacimiento Folio 24 del Cdno.1.

34 Registro civil de nacimiento Folio 33 del Cdno. 2.

35 Registro civil de nacimiento Folio 36 del Cdno. 2.

36 Registro civil de nacimiento Folio 32 del Cdno. 2.

37 Registro civil de nacimiento Folio 34 del Cdno. 2.

38 Registro civil de nacimiento Folio 35 del Cdno. 2.

39 Folio 31 del Cdno. 2.

40 Folios 167 y 168 del Cdno. 3.

41 Consultar sentencia de 10 de septiembre de 2014. Expediente 36.798.

42 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 2001-00731 (26251), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

43 Folios 27 y 28 del Cdno. 2.

44 Folios 24 al 26 del Cdno. 2.

45 Folios 24 y 25 del Cdno. 2.

46 Folios 27 y 28 del Cdno. 2.

47 Cfr. Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, «Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003», en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA - Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22.

48 Ra = 461.500 132.58 Ra= $ 651.952
_______
93,85

49 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 5 de julio de 2007, Exp. AP-099, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

50 Fecha de presentación de la demanda.