Sentencia 2008-00234 de julio 22 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 170012331000200800234-01

Consejera Ponente (E):

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Pérdida de investidura de concejal

Actor: Francisco Javier Franco Torres

Demandado: Eudoro Ocampo González

Bogotá, D.C., veintidós de julio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

A. Competencia.

De conformidad con el parágrafo 2º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y el artículo 1º numeral 5º del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003, por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado, expedido por la Sala Plena de la corporación, corresponde a esta Sección decidir la apelación de los fallos sobre pérdida de investidura de los diputados, concejales y ediles; por ello esta Sala conoce del recurso de apelación interpuesto por el concejal demandado, del municipio de Aguadas, señor Eudoro Ocampo González.

B. Causal endilgada y marco normativo que rige el caso.

El demandante solicita la pérdida de la investidura del concejal del municipio de Aguadas, porque considera que violó el régimen de conflicto de intereses, comoquiera que participó en las discusiones y aprobación del Acuerdo Municipal 15 del 24 de mayo de 2006, por medio del cual se modificó el Acuerdo 46 del 29 de diciembre de 2005.

Sobre la pérdida de investidura de los concejales por violación al régimen de conflicto de intereses, la Ley 136 de 1994, dispuso lo siguiente:

“ART. 55.—Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su investidura por:

1. La aceptación o desempeño de un cargo público, de conformidad con el artículo 291 de la Constitución Política, salvo que medie renuncia previa, caso en el cual deberá informar al presidente del concejo o en su receso al alcalde sobre este hecho.

2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses.

3. Por indebida destinación de dineros públicos.

4. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.

La pérdida de la investidura será decretada por el tribunal de lo contencioso administrativo de la respectiva jurisdicción, siguiendo el procedimiento establecido para los congresistas, en lo que corresponda” (resalta la Sala).

“ART. 70.—Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas (resalta la Sala).

(…).

La Ley 617 de 2000 señaló:

“ART. 48.—Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.

(...).

6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley.

(…)” (subraya la Sala).

C. Jurisprudencia sobre el conflicto de intereses.

En relación con el conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura de concejal, ha dicho esta corporación:

“La jurisprudencia de esta corporación ha precisado en múltiples oportunidades el alcance de lo que se entiende por ‘conflicto de intereses’, señalando que el sentido que expresa el ‘conflicto de intereses’ se refiere a situación de carácter particular, estrictamente personal en la que tenga interés el congresista —en este caso el concejal— que signifique aprovechamiento personal de su investidura.

Debe existir entonces, como lo dice la norma, un interés directo en la aprobación de determinado proyecto buscando un favorecimiento personal o de alguna de las personas indicadas en la disposición legal. Este aprovechamiento de la investidura para procurar la aprobación de un determinado proyecto en beneficio personal, constituye una causal de pérdida de la misma si se tiene en cuenta que la institución de la pérdida de investidura tiene precisamente por objeto la “moralización y legitimación de la institución política de representación popular”(1).

En relación con el interés directo ha expresado:

“De tales disposiciones (art. 48, L. 617/2000; art. 70, L. 136/94) se desprende que el interés que puede generar conflicto con el asunto de que se trate debe ser directo, tal como lo advierte el Ministerio Público, es decir que el efecto que la decisión pueda tener en las personas nombradas sea inmediato, sin consideración a circunstancias o elementos externos a la decisión; que se produzca de forma especial respecto de ellas, es decir, particular y concreta, sea en su beneficio o en su perjuicio; y que no se manifieste el impedimento en cualquiera de las dos etapas del trámite del proyecto, es decir, en la de debate o en la de votación(2).

Mediante sentencia del 11 de noviembre de 2006 la Sección señaló que la existencia de un interés no es en sí mismo censurable, pues a nadie escapa el hecho de que los diputados o concejales, dado el mandato que les fue conferido por sus electores, tengan siempre un interés en su actuación, pero que lo reprochable es que estos cuando participan en una decisión de su competencia, derive un interés personal y particular y no cumplan con la obligación que se les impone, de declararse impedidos para participar en el asunto(3).

Sobre el conflicto de intereses la Sala Plena, refiriéndose a la pérdida de investidura de congresista, en sentencia aplicable al caso sub judice, ha expresado:

“En la actividad política, dentro de un estado democrático, está siempre de por medio un interés, así, los electores acuden a las urnas y depositan un determinado voto con el interés de que su elegido se preocupe por su comunidad, la mejore y se comprometa activamente en el logro del bien común; por su parte, el elegido por voluntad pública, una vez ejerce su función, tiene por interés llevar a cabo el mandato dentro de los conceptos de justicia y bien común y realizar así el cumplimiento de los fines para los cuales fue elegido, despojándose de intereses particulares y familiares, dejando de lado el interés egoísta que en la toma de decisiones propias de su encargo, pudiera tener. Este es el ejercicio sano de la política. En este contexto, el conflicto de intereses comporta un conflicto psicológico interno que se presenta en la persona que tiene que tomar una decisión y está frente a dos alternativas incompatibles que chocan entre sí, las que atañen a sus necesidades propias y las que pertenecen a la organización o comunidad que representa, solo que la persona debe elegir siempre sobreponiéndose al interés particular. Como conclusión de lo anteriormente expuesto, se puede puntualizar que la causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto de intereses tiene ocurrencia cuando en la persona de un congresista (en este caso de un concejal) exista un interés directo, particular y actual, de carácter moral o económico, en la decisión de uno de los asuntos sometidos a su consideración, de la que le genere a él o a sus familiares o socios, un beneficio de carácter real, y no obstante estar en esa situación, no se declare impedido de participar en los debates o votaciones respectivas”(4) (resalta la Sala).

D. Caso concreto.

El problema jurídico consiste en establecer, en primer lugar, si en efecto, como lo afirma el demandante y lo manifiesta el tribunal administrativo contrario a lo que expresa el demandado, el Acuerdo 15 del 24 de mayo de 2002, suprimió el impuesto de industria y comercio para la actividad comercial de carnicero que había sido creado por el Acuerdo 46 del 29 de diciembre de 2005; de ser así, la Sala entraría a examinar si el demandado, participó en las deliberaciones y en la votación del Acuerdo 15 de 2006 y si le asistía un interés directo, caso en el cual debió haberse declarado impedido en sus discusiones y aprobación.

Para dilucidar lo anterior, la Sala hará un recuento de los acuerdos relacionados con el tema de los tributos o impuestos municipales que se aprobaron antes de la expedición del Acuerdo 15 de 2006.

— A folio 24 del cuaderno 2 - pruebas de la parte demandante, reposa copia del Acuerdo 19 del 9 de marzo de 1993 “por el cual se expide el Código de Rentas del municipio de Aguadas, Caldas, y se dictan otras disposiciones”, que contiene las reglas generales sobre administración, liquidación, percepción, cobro y control de gravámenes, impuestos y demás recursos que constituyen las rentas municipales.

El citado código, también denominado estatuto de impuestos municipales, está organizado por capítulos que se refieren a los diferentes gravámenes, entre otros: impuesto predial unificado, degüello de ganado mayor y menor (capítulo III), impuesto de industria y comercio y de avisos y tableros (capítulo IV).

El capítulo III, en su artículo 9º, define el impuesto de “degüello de ganado mayor y menor, como el valor que se cobra por cada cabeza de ganado, caprinos, ovinos y porcinos que se sacrifiquen dentro de la jurisdicción municipal” y su parágrafo dispone que en la misma facturación que se le hace al contribuyente, se deben cancelar los impuestos correspondientes a báscula, matadero municipal y plaza de mercado, estipulados en el mismo acuerdo, en sus capítulos XVIII y XIX.

El capítulo IV del acuerdo en comento, que como ya se dijo, se refiere al impuesto de industria y comercio, en su artículo 34 que fija las tarifas, dispone en el parágrafo III “las carnicerías pagarán solo el impuesto de degüello, matadero y báscula”, lo que en otras palabras quiere decir que no pagan el impuesto de industria y comercio.

— A folio 82 del cuaderno de pruebas del demandante, se encuentra copia del Acuerdo 46 del 29 de diciembre de 2005 “estatuto de rentas y tributos”. Entre los impuestos indirectos se encuentran, el de industria y comercio (capítulo III), degüello de ganado mayor y degüello de ganado menor.

El capítulo III “impuesto de industria y comercio” en su artículo 55, se refiere a las actividades no gravadas con el impuesto de industria y comercio, entre las cuales no se encuentra la actividad de carnicero y, en el artículo 61 “clasificación de las actividades gravadas con el impuesto de industria y comercio y sus complementarios y tarifas”, en el aparte de las actividades económicas incluyó en el ítem 20205 el “comercio al por menor de carnes (incluye aves del corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados, de lo cual se concluye que el Acuerdo 46 en comento, sí gravó con el impuesto de industria y comercio las carnicerías, que antes no existía.

El capítulo VI del Acuerdo 46 de 2005 que se viene analizando, se refiere al impuesto de degüello de ganado mayor y menor, matadero y báscula que se define en el artículo 115 como el sacrificio de ganado mayor o menor tales como el porcino, ovino, caprino y demás especies menores de ganado que se realice en la jurisdicción del municipio y/o se sacrifiquen en lugares distintos y las carnes se transporten para su consumo en su jurisdicción.

De lo anterior se colige, se repite, que el Acuerdo 46 de 2005 creó el impuesto de industria y comercio para la actividad comercial de carnicería, que antes no existía, luego el certificado expedido por la Secretaría de Hacienda el 2 de octubre de 2008 (fl. 7 y ss. cdno. 3), en la parte que dice que la actividad de las carnicerías existía desde antes de la expedición de este acuerdo, es inconsistente en lo que a este punto se refiere.

Es importante anotar que el estatuto de rentas y tributos - Acuerdo 46 de 2005, está contenido en 237 páginas, su contenido es extenso (fls. 82 a 318), consta de cuatro libros, de los cuales el segundo “de las rentas y las tarifas”, se refiere en cada capítulo a los diferentes impuestos o gravámenes, discriminando la naturaleza de cada uno, el periodo y la base gravable, el sujeto pasivo, las tarifas y aspectos específicos de cada impuesto, entre los cuales se encuentran: el predial unificado, de circulación y tránsito, industria y comercio (capítulo III), espectáculo público, avisos y tableros y publicidad exterior visual, apertura y/o inscripción de establecimientos públicos, impuesto de degüello de ganado mayor y menor, matadero y báscula (capítulo VI), rifas, juegos de suerte y/o azar permitidos, expedición de la delineación, transporte de hidrocarburos, asignación de nomenclatura, ocupación o rotura de vías y utilización de bienes y espacio público, expedición de paz y salvos y otros certificados, etc.

— El Acuerdo 15 del 24 de mayo de 2006, que se encuentra a folio 69 del cuaderno 2 “por medio del cual se modifican algunos artículos del Acuerdo 46 del 29 de diciembre de 2005”, en su artículo 5º acordó:

“Modificar el artículo 61 del Acuerdo 46 del 29 de diciembre de 2005 estatuto de rentas y tributos del municipio de Aguadas, Caldas, adicionando varias clasificaciones de actividades comerciales(5) y un segundo parágrafo, el cual quedará de la siguiente manera...”.

El parágrafo que se aumentó, se refiere al impuesto de industria y comercio para los establecimientos de comercio abiertos al público que tengan mesa de billar o video juegos. Como puede observarse, este artículo modificó el Acuerdo 46 para adicionar e incluir algunas actividades que debían pagar el impuesto de industria y comercio y no se observa que, en los artículos relacionados con el impuesto de industria y comercio, se hubiera excluido de este gravamen a la actividad económica denominada comercio al por menor de carnes o carnicerías, creado mediante el artículo 55 ítem 20205 del Acuerdo 46 de 2005.

Sin embargo, el artículo 11 del Acuerdo 15 que se viene comentando, según lo afirma el actor, suprimió el impuesto de industria y comercio para la actividad de comercio de carne. Dice el citado artículo:

“ART. 11.—Modificar el artículo 118 del Acuerdo 46 del 29 de diciembre de 2005 estatuto de rentas y tributos del municipio de Aguadas, Caldas, el cual quedará de la siguiente manera: Por degüello de ganado mayor se cobrará un impuesto equivalente al setenta por ciento (70%) del salario mínimo diario legal vigente, por cada semoviente sacrificado.

Por degüello de ganado menor se cobrará un impuesto equivalente al setenta por ciento (70%) del salario mínimo diario legal vigente, por cada semoviente sacrificado.

Las carnicerías solo pagarán un impuesto de degüello, matadero y báscula”.

La modificación al artículo 118 del Acuerdo 46 de 2005, consistió en agregar la parte resaltada, que antes no existía y cuyo efecto, al tenor del certificado anteriormente señalado, expedido por la secretaría de hacienda del municipio de Aguadas el 2 de octubre de 2008, fue que, con esta modificación introducida por el artículo 11 del Acuerdo 15 de 2006, “Los carniceros del municipio de Aguadas (Caldas) solo tienen la obligación de cancelar los impuestos de degüello, matadero y báscula, sin que paguen impuesto de industria y comercio por dicha actividad comercial”, redacción que es la misma que existía en vigencia del Acuerdo 19 de 1993. Es claro que lo expuesto corrobora que ese fue el espíritu de la norma, se repite, suprimir este último impuesto para los carniceros.

A la prueba anterior, se suma, la certificación de la secretaría de hacienda, de fecha 1º de agosto de 2008 (fls. 15 y 16 del exp.), en el cual señala que el artículo 118 del Acuerdo 46 de 2005, fue modificado agregándose la leyenda “las carnicerías sólo pagarán el impuesto de degüello, matadero y báscula” y que se han identificado los establecimientos de comercio que vienen funcionando como carnicerías, en total 29, que no aparecen inscritos como contribuyentes del impuesto de industria y comercio, entre los cuales aparece el del concejal demandado Eudoro Ocampo con cédula Nº 4335304, dirección carrera 6ª Nº 5-40. Si alega que este impuesto de industria y comercio no fue suprimido por el Acuerdo 15 de 2006, se pregunta la Sala, por qué el concejal no lo pagaba al igual que los otros carniceros que aparecen en la relación; además en la contestación de la demanda afirmó que este impuesto nunca ha existido, por lo que sus argumentos son inconsistentes.

Prueba de que el demandado no pagaba el impuesto, se encuentra en el oficio SH-15000-338 del 2 de octubre de 2008 (fl. 320), en el cual se señala que al revisar los archivos no hay evidencias de que el señor Eudoro Ocampo González, haya cancelado el impuesto de industria y comercio por su actividad comercial como carnicero.

Visto que en efecto, el Acuerdo 15 de 2006, sí suprimió el impuesto de industria y comercio para la actividad de carniceros, la sala entrará a examinar si con su conducta, el demandado incurrió en conflicto de intereses.

Para la Sala la supresión mediante el Acuerdo 15 de 2006 del impuesto de industria y comercio para las carnicerías, sí favorecía los intereses personales del demandado, de manera directa y concreta, pues no se trata de una exención que afecte a la ciudadanía en general, sino a un gremio específico al que pertenecen 29 carnicerías, del que hacía parte el concejal como él mismo lo afirma y como lo hace constar la secretaría de hacienda del municipio de Aguadas, en documento que obra a folios 15 y 16 del cuaderno principal; con la disposición en comento el concejal dejaba de ser sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio, lo cual le favorecía a él y a otras personas, pero no a la ciudadanía en general.

La calidad de concejal del demandado, para el periodo 2004-2007 está probada con los documentos autenticados que reposan a folios 31 a 36 del expediente y mediante la constancia de fecha 30 de septiembre de 2008 que obra a folio 6 del cuaderno de pruebas 2, en la cual se informa que en ese momento ejercía como concejal, pero además es de tener en cuenta que lo es desde el año de 1982, con una interrupción de solo un periodo, como él lo reconoce en la contestación de la demanda.

Entonces debe la Sala examinar, si de conformidad con las actas de las sesiones en las que se discutió el Acuerdo 15 de 2006, si el concejal demandado, de quien ya se observó que tenía un interés directo, particular y concreto, porque de aprobarse la supresión del impuesto de industria y comercio para las carnicerías, ello le implicaba un beneficio a él y a unas pocas personas del municipio, puso de presente su impedimento en el debate y en la votación del proyecto con el que podía surgir el conflicto de intereses.

En este caso se examina el comportamiento del demandado frente a los deberes y responsabilidades que como concejal le fueron encomendadas por la Constitución Política y la ley para tomar decisiones en interés general, teniendo en cuenta que debido a ciertas circunstancias, ese interés general se puede ver afectado por circunstancias personales que no permiten actuar imparcial y objetivamente, por lo cual se debe declarar impedido para no incurrir en la violación del régimen del conflicto de intereses.

De las actas de las sesiones en las que se discutió el proyecto de Acuerdo 11, “Por medio del cual se modifican algunos artículos del Acuerdo 46 de diciembre 29 de 2005” que concluyó con la aprobación del Acuerdo 15 de 2006 y de las certificaciones de la secretaría general del concejo municipal, se observa que:

— Acta 11 del 23 de febrero de 2006 (fl. 17 del cdno. ppal.), señala que el presidente y ponente del Proyecto Nº 11 de 2006 lo puso a consideración de la corporación, para su aprobación en primer debate, que fue aprobado por mayoría absoluta, sin ninguna modificación y que el concejal Eudoro Ocampo González votó en blanco, así como otros 3 concejales; no se observa participación activa ni ningún impedimento presentado por el demandado.

— Acta Nº 29 del 17 de mayo de 2006 (fl. 18 ídem), se presenta el proyecto de Acuerdo 11 para segundo debate, en el cual se observa que hubo participación activa por parte del demandado en algunos temas, pero no sobre el asunto del impuesto de industria y comercio a las carnicerías, sino que dijo de manera general sobre los impuestos que “es preferible tener un código de rentas y una tasa de impuestos acomodada que garantice el recaudo a que hoy o mañana se vayan los comerciantes”.

Esta acta deja constancia, entre otras, de que el artículo 11 del proyecto, modifica el artículo 118 del Acuerdo 46 de 2005, en el sentido de que “las carnicerías sólo pagarán el impuesto de degüello, matadero y báscula” y más adelante dice que todos los artículos “fueron ampliamente debatidos, analizados y aclarados cuando se presentaron inquietudes entre todos los honorables concejales”. Cuando el proyecto se presentó para aprobación en segundo debate, el concejal demandado guardó silencio en la deliberación y se deja constancia de que finalmente se aprobó el acuerdo por mayoría absoluta y que dos concejales, entre los que no se encuentra el demandado votaron en blanco; no hay constancia de que el concejal se hubiera declarado impedido para participar en el tema en cuestión. El acta fue suscrita por el presidente y la secretaria del concejo municipal.

— Mediante Oficio del 30 de septiembre de 2008, la misma secretaria del concejo municipal, en respuesta a una solicitud del tribunal administrativo, expresó que:

“El señor Eudoro Ocampo González, participó en la discusión y votación de los acuerdos 46 del 29 de diciembre de 2005 y 15 del 24 de mayo de 2006, así: ... y en el Acuerdo 15 en la comisión su voto fue en blanco y en la plenaria se retiró de la sesión”.

— Mediante oficio de la misma fecha, la secretaria, en respuesta a una comunicación del tribunal, informó que:

“El voto del señor Eudoro Ocampo González en la deliberación y votación del Acuerdo 15 del 24 de mayo de 2006, fue así: en la deliberación no se presentaron votaciones y en la aprobación del acuerdo no participó porque se había retirado de la sesión.

... el voto del señor Eudoro Ocampo González, en la deliberación del primer debate de la comisión según el Acta 11 del 23 de febrero de 2006, fue en blanco.

De lo anterior se colige que en efecto el concejal demandado participó en las sesiones, con lo cual por tener la actividad comercial de carnicería, no le era dable actuar en forma imparcial y objetiva, por lo que debió alegar el conflicto de intereses y no lo hizo.

Es importante anotar que si bien el Acuerdo 46 de 2005, era extenso y complejo, el Acuerdo 15 de 2006 que modificó el anterior, era puntual en ciertos asuntos, entre ellos, el que suprimió el impuesto de industria y comercio para los carniceros, luego era difícil que esta modificación pasara desapercibida, más aún cuando en el acta se afirma que fue ampliamente conocido por los concejales y allí estaba presente el demandado.

En un caso similar, en sentencia que cita el actor, del 4 de mayo de 2001, radicado 20003812-01 (6799), C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Sala decretó la pérdida de investidura de la concejal demandada, cuya actividad era la de matarife y expendedora de carne de ganado, porque en ejercicio de sus atribuciones, participó, deliberó y aprobó un acuerdo municipal que disminuyó las tarifas del impuesto de degüello de ganado. Refiriéndose a asuntos que no afectan a la ciudadanía en general, dijo la sección:

“Ahora bien, estima la Sala que la situación de la demandada no encaja dentro del supuesto antes señalado, esto es, que su interés se confunde con el de la colectividad en general, dentro del cual obviamente deben incluirse a los demás concejales, pues no puede predicarse dicha generalidad en una actividad comercial tan específica, como lo es el sacrificio de vacunos y el expendio de carnes.

No puede afirmarse, por ende, que la gran mayoría de los concejales y de la población de Yaguará (Huila) está dedicada a tal actividad y, por lo mismo, no cabe afirmar que por esa circunstancia el interés de todos sea uno solo. Por el contrario, generalmente, a esa clase de actividades se dedican unos pocos”.

En cuanto, a la inconformidad del actor, porque no se le aclaró en la primera instancia si el conflicto de interés que se le atribuía en torno a la participación y votación del Acuerdo 46 de 2005 o al Nº 15 de 2006, o de ambos, se tiene que la providencia del 26 de noviembre de 2008, por medio de la cual el tribunal administrativo negó la solicitud que presentó de aclaración y adición de la sentencia, explicó el a quo que no podía analizarse de manera aislada la participación del concejal demandado en la discusión y aprobación del Acuerdo 15 del 24 de mayo de 2006 sin tener en cuenta el Acuerdo 46 de 2005, como en efecto también se ha hecho en esta instancia.

En todo caso, el haberse probado que el concejal demandado incurrió en causal de pérdida de investidura por incurrir en conflicto de intereses, al no haberse declarado impedido para participar en la discusión del Acuerdo 15 de 2006, es razón suficiente para que la Sala confirme la sentencia apelada, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada de fecha 28 de octubre de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que decretó la pérdida de investidura de concejal del municipio de Aguadas, Caldas, al señor Eudoro Ocampo González.

OFÍCIESE a la Procuraduría General de la Nación con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 174 de la Ley 734 de 2002.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día de hoy».

(1) Sentencia del 13 de diciembre de 2001. Radicado 2001-0608(7521). M.P. Olga Inés Navarrete.

(2) Sentencia del 18 de abril de 2002. Radicado 2001-1534-01(7746). C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.

(3) Radicado 2005-03429, C.P. Dra. Martha Sofía Sanz Tobón.

(4) Sentencia del 9 de noviembre de 2004, radicado 2003-0584 (PI).

Ver sentencias AC-11116 de 17 de octubre de 2000. Sala Plena. Ponente: Mario Alario Méndez. Actor: Luis Andrés Penagos Villegas; PI-044 de 02/09/03. Ponente: Roberto Medina López. Actor: Daniel Alfonso Reyes Fernández. Claudia Blum de B., y PI-0130 de 20 de noviembre de 2001. Ponente: Germán Rodríguez Villamizar. Actor: Rubiel Orlando Espinosa Triana. Demandado: Lorenzo Rivera Hernández.

(5) Las actividades comerciales adicionadas fueron: fabricación de prendas de vestir de piel, talleres de sombreros, almacenes de sombreros, expendio de gas propano, talleres de electricidad y cerrajería, actividades de entretenimiento, zapaterías, video juegos y actividades de los bancos diferentes a la banca central.