Sentencia 2008-00237 de julio 15 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. 5440531030012008-00237-01

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

Bogotá, D.C., quince de julio de dos mil trece

Aprobado en Sala de cinco marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. Aminta Bonilla viuda de Mojica pretende adquirir para sí, por prescripción extraordinaria, el dominio del predio denominado San Nicolasito, identificado por su ubicación y linderos en la demanda.

2. La sentencia impugnada confirmó la desestimación de esa reclamación, por cuanto consideró, por una parte, que la cesión de los gananciales y del derecho de herencia efectuada por la actora a favor de José Manuel Pedraza Moreno interrumpió la prescripción; y, por la otra, que el inmueble a usucapir no fue singularizado.

Es del caso precisar que el fracaso de la reivindicación no hace parte de la presente discusión extraordinaria, toda vez que los reconvinientes se abstuvieron de formular reproche alguno.

3. El censor ataca esa decisión por la vía directa y la indirecta. Al respecto expone:

a) En la primera plantea que la interrupción de la usucapión no opera por la venta de los aludidos derechos, porque el ordenamiento jurídico solo contempla dos formas de ocurrencia de ese fenómeno: la natural y la civil, las que se producen por situaciones distintas. Así, la inicial acaece por la imposibilidad de explotar la cosa, ya sea por la pérdida de la posesión al entrar en ella otra persona o cuando sin haber pasado a otras manos se ha hecho imposible su ejercicio, y la otra se genera por la formulación de una demanda encaminada a eliminar la posesión del bien.

b) En el segundo cargo denuncia la indebida apreciación del libelo, su contestación y de varias pruebas, por cuanto, a su juicio, evidencian, por un lado, la singularidad del inmueble en disputa y, por el otro, la ilicitud de la causa de la mentada cesión, por lo que el juzgador debió decretar de oficio la nulidad absoluta de la misma.

4. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos de los demás, por la posesión de las mismas, sin que los últimos se hayan ejercido durante un tiempo determinado y concurriendo ciertos requisitos legales (C.C. art. 2512).

La de índole adquisitiva presupone la calidad de poseedor material del usucapiente, a quien se le reconoce el derecho real por haberse comportado como señor y dueño del bien durante el término fijado por la ley en función de la especie de posesión detentada: si regular, esto es, con justo título y buena fe, o irregular, cuando falta uno de tales elementos (arts. 2518 y 764 ibíd.).

Por tanto, la clase de señorío ejercido determina el tipo de prescripción que es viable invocar para obtener la declaración de propiedad, pues, según sea regular o irregular será la ordinaria o extraordinaria, respectivamente, requiriendo entonces un lapso igual o superior al fijado en la normatividad que rige el tema —Leyes 50 de 1936 y 791 de 2002— y que sea aplicable al caso, según lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.

Y tratándose de la extraordinaria su configuración requiere la concurrencia de los elementos siguientes: “1º. Posesión material en el usucapiente; 2º. Que la cosa haya sido poseída, como mínimo, durante veinte años; 3º. Que la posesión se haya verificado de manera pública e ininterrumpida; y 4º. Que la cosa o derecho sobre la cual se ejerce —claro está— sea susceptible de adquirirse por usucapión” (sent. cas. civ., nov. 19/2001, Exp. 6406).

5. En principio, toda persona que deriva de otra la posesión la comienza de nuevo y debe mantenerla, realizando actos de señorío, durante el tiempo necesario para usucapir, pues, “la posesión del sucesor principia en él, y no adquiere la de su antecesor”. Sin embargo, si pretende usucapirlo y no ha completado el tiempo requerido, bien puede añadir la posesión de su predecesor a la suya para consumar una prescripción adquisitiva —ordinaria o extraordinaria—. Para hacerlo deberá probar, entre otros aspectos, su condición de sucesor a título universal o singular, mostrando cómo pasó a él la de su predecesor (arts. 778 y 2521 ejusdem). Así como también los actos concretos, ciertos y evidentes de señorío que este último haya ejecutado durante el tiempo respectivo.

Sobre el particular, la Corte explicó que “con fundamento en la preceptiva de los artículos 778 y 2521 del Código Civil, (...) la adjunción de posesiones es factible cuando se reúnen ciertas condiciones, entre las cuales hace al caso destacar aquella que dice relación con el vínculo útil para fusionar las diversas posesiones de las que quiere valerse el usucapiente” y, tras reseñar varias decisiones en que fue expuesto ese criterio, concluyó que “en todo tiempo, pues, se habla de la necesidad de entroncar las diversas posesiones mediante un título, ya universal, ora singular” (sent. cas. civ., jul. 5/2007, Exp. 1998-00358-01).

Ha dicho también la Sala que “dentro del conjunto de exigencias que deben conjugarse para hacer posible la agregación de posesiones descuella, (...), el relativo a la cabal demostración de la posesión ininterrumpida ejercida tanto por el demandante, como por su antecesor” (sent. cas. civ., sep. 21/2001, Exp. 5881, citada en el fallo de nov. 18/2004, Exp. 7276).

6. Tratándose de una comunidad deviene ope legis la coposesión, por lo que el poder de hecho es ejercido por todos los comuneros o uno de ellos en nombre de los demás. No obstante, puede acontecer que en la última hipótesis sufra una mutación porque quien lo detenta desconozca los derechos de los otros condueños, creyéndose y mostrándose con su actuar como propietario único y con exclusión de aquellos. En este evento cuando cumpla el requerimiento temporal de la prescripción extraordinaria está facultado para promover la declaración de pertenencia. Claro está, siempre que la explotación económica no se hubiere producido por acuerdo con el resto de copropietarios o por disposición de autoridad judicial o del administrador (CPC art. 407).

De ahí que la posesión que habilita al comunero para prescribir es aquella que revela inequívocamente que la ejecuta a título individual, exclusivo, autónomo, independiente y con prescindencia de los restantes condóminos, sin que tenga que ver con su calidad de coposeedor.

En punto del tema, esta corporación precisó: “la comunidad también puede tener manifestación cabal en el hecho de la posesión, dando lugar al fenómeno de la coposesión, caso en el cual lo natural es que la posesión se ejerza bien por todos los comuneros, o por un administrador en nombre de todos, pero en todo caso, de modo compartido y no exclusivo, por estar frente a una ‘posesión de comunero’. Desde luego, como con claridad lo ha advertido la jurisprudencia, que tratándose de la ‘posesión de comunero’ su utilidad es ‘pro indiviso’, es decir, para la misma comunidad, porque para admitir la mutación de una ‘posesión de comunero’ por la de ‘poseedor exclusivo’, es necesario que el comunero ejerza una posesión personal, autónoma o independiente, y por ende excluyente de la comunidad” (sent. cas. civ., oct. 29/2001 —Exp. 5800—, reiterada en el fallo de abr. 15/2009 - Exp. 1997-02885-01, entre otros).

Y también precisó la Corte que “la posesión del comunero, apta para prescribir, ha de estar muy bien caracterizada, en el sentido de que, por fuera de entrañar los elementos esenciales a toda posesión, tales como el desconocimiento del derecho ajeno y el transcurso del tiempo, es preciso que se desvirtúe la coposesión de los demás copartícipes. Desde este punto de vista la exclusividad que a toda posesión caracteriza sube de punto, si se quiere; así, debe comportar, sin ningún género de duda, signos evidentes de tal trascendencia que no quede resquicio alguno por donde pueda colarse la ambigüedad o la equivocidad’, mediante actos reiterados de posesión, exteriorizados, como en otra ocasión se dijo, ‘con la inequívoca significación de que el comunero en trance de adquirir para sí por prescripción, los ejecutó con carácter exclusivamente propio y personal, desconociendo por añadidura el derecho a poseer del que también son titulares ‘pro indiviso’ los demás copartícipes sobre el bien común...” (sent. cas. civ. mayo 2/90, reiterada en la emitida en abr. 15/2009, Exp. 1997-02885-01).

7. La posesión útil para consumar la prescripción adquisitiva del dominio es aquella que no ha sufrido interrupción alguna, porque esta detiene su curso e inutiliza el tiempo transcurrido con anterioridad. Dicho fenómeno jurídico es de carácter natural o civil, conforme lo señala el artículo 2522 de la citada codificación.

Sobre la interrupción es del caso hacer las breves precisiones que a continuación se enuncian.

a) La natural opera cuando para quien se proclama propietario de la cosa se ha hecho imposible ejecutar los actos posesorios, ya sea a causa de una situación externa permanente, como por ejemplo la inundación de la heredad, o porque otra persona entró a detentar la cosa con ánimo de señor y dueño (art. 2523 ibíd.).

El supuesto inicial apareja el descuento obligatorio del tiempo de subsistencia de tal situación, pero una vez cesa continúa el señorío del poseedor, dado que se considera que mantuvo en su poder el bien. Y en la otra hipótesis, por el contrario, se pierde todo el tiempo del poderío anterior, a menos que quien lo detentaba inicialmente lo recobre legalmente. En este caso se entiende que no ha existido interrupción en su contra.

Sobre el particular, la Sala tiene decantado que el artículo 2523 ibídem “contempla dos hipótesis diversas, a saber: (...) En la primera, el respectivo bien no pasa a otras manos, sino que, manteniéndose en las del poseedor, este no puede ejercer sobre él actos positivos de señorío pues por una causa externa, con características de permanencia, ‘[l]a posesión se ha hecho físicamente imposible’ (Gómez R. José J. Bienes. pág. 453) y, por ende, el tiempo en que subsista tal situación, no se computa a su favor. (...) En el segundo supuesto, por el contrario, el poseedor pierde la posesión de la cosa ‘por haber entrado en ella otra persona’, lo que al tiempo traduce que esta segunda forma de interrupción natural requiere no solo que el original poseedor no continúe con la detentación del bien de que se trate, sino que, adicionalmente, es indispensable que quien lo haya tomado entre en posesión del mismo. Por tanto, para que opere esta forma de interrupción natural, es necesario que el nuevo detentador de la cosa la tenga bajo su poder de hecho y con el ánimo o la intencionalidad de hacerla propia o de exteriorizar respecto de ella el ejercicio del derecho real que aspira consolidar, esto es, con ánimo de señor o dueño (C.C. art. 762). Solo en ese supuesto es que, por una parte, puede hablarse de la pérdida de la posesión para quien la ejercía en principio...” (sent. cas. civ., jul. 13/2009, Exp. 1999-01248-01).

b) La de índole civil acaece con la formulación de una demanda encaminada a hacer perder la posesión, siempre y cuando la notificación del auto admisorio se surta dentro del término indicado por el legislador.

Claro está, que esa interrupción tiene eficacia en tanto el juicio en que se disputa la posesión culmine con sentencia estimatoria, de ahí que la Corte puntualizó que “en los términos de los artículos 2522 y 2523 del Código Civil, esta [la interrupción] solo se presenta de manera civil o natural, la primera cuando se pierde por decisión judicial...” (sent. cas. civ., ago. 25/2011, Exp. 2003-05008-01).

Refiriéndose al fenómeno en comento, la Sala sostuvo: “no puede pretenderse que cualquier demanda relacionada con el bien objeto de la prescripción, conlleve la interrupción del término para prescribir. La demanda debe estar referida a la posesión, debe estar encaminada a eliminar la posesión del bien y por ende a destruir una de las condiciones necesarias para que por ministerio de la ley tenga lugar la prescripción adquisitiva; en otros términos, la demanda debe pretender convencer al presunto poseedor de que su actuación sobre el bien riñe con los derechos de quien entabla la condigna pretensión restitutoria, criterio por cierto acogido por la doctrina jurisprudencial al decir esta Corte que ‘La demanda susceptible de obrar la interrupción civil de la prescripción, es la que versa sobre la acción que se trata de prescribir y no de una demanda cualquiera. Sin duda, la demanda judicial y el recurso judicial de que tratan los artículos 2539 y 2524 del Código Civil, como medios de interrumpir la prescripción negativa o la positiva, respectivamente, han de guardar estrecha y directa correlación con la acción que el prescribiente esquiva, o con el derecho que se quiere conservar por su dueño contra el prescribiente’...” (sent. cas. civ., mar. 7/95, Exp. 4232, criterio reiterado en el fallo de nov. 13/2001, Exp. 6265, entre otros).

8. En el plenario están acreditados los siguientes hechos con incidencia en la decisión que se está adoptando.

a) Que en el libelo presentado el 11 de octubre de 2004, Aminta Bonilla viuda de Mojica reclamó para sí la declaración de pertenencia de la totalidad del fundo San Nicolasito, ubicado en la calle 7 A Nº 11B-332 del corregimiento La Parada de Villa de Rosario, Norte de Santander, con un área de tres hectáreas e identificado por los linderos consignados en las súplicas del escrito introductor (fls. 9-13, cdno. 1).

b) Que dicha heredad la compró Luis Enrique Mojica Silva a Víctor Iván Torres Castro y otros, mediante escritura pública 2091 de 18 de septiembre de 1989 (fl. 2 vuelto, cdno. 1).

c) Que la actora y Mojica Silva contrajeron matrimonio el 8 de diciembre de 1971, y el último falleció el 17 de agosto de 1991 (fls. 127-128, cdno. 1).

d) Que la demandante transfirió a José Manuel Pedraza Moreno, a título oneroso, los gananciales que le pudieren corresponder sobre el terreno en mención, por medio de la escritura pública 3944 de 24 de noviembre de 1994 (fls. 2, cdno. 1; 10-12, cdno. 5).

e) Que Javier y Luis Enrique Mojica Bonilla enajenaron a Pedraza Moreno los derechos herenciales de su padre Luis Enrique Mojica Silva, radicados en la citada finca (fls. 3, cdno. 1; 12-15, cdno. 5).

f) Que en la referida sucesión se adjudicó el predio en litigio al cesionario en un cincuenta por ciento (50%) más dos décimas partes (2/10); a Yolimar, Luz Dary y Viviana Mojica Bonilla en cuotas equivalentes a una décima parte (1/10) para cada una, según sentencia aprobatoria de la partición emitida el 28 de marzo de 1996 e inscrita en la matrícula inmobiliaria (fl. 3, cdno. 1).

g) Que Yolimar Mojica Bonilla murió el 8 de marzo de 1997 (fl. 18, cdno. 1).

h) Que la accionante cedió a José Manuel Pedraza Moreno la cuota herencial que le pudiese ser asignada en el susodicho bien en la sucesión de Yolimar Mojica Bonilla, mediante el instrumento público Nº 965 de 7 de mayo de 1999 (fl. 3 vto, cdno. 1; fls. 18-19, cdno. 5).

i) Que la usucapiente no entregó el inmueble al cesionario, aunque en los referidos instrumentos públicos expresó haberlo hecho y continuó detentándolo materialmente, ejecutando actos tales como vivir en él, pagar los servicios, realizar construcciones, arrendar y cultivar parte del lote (fls. 55 al 61, 65-68, cdno. 7; fls. 4-7, cdno. 9).

j) Que Luis Enrique Bonilla Mojica habita una de las edificaciones allí existentes, según consta en la inspección judicial (fls. 50-54, cdno. 7).

9. En los negocios jurídicos que, a juicio del ad quem, interrumpieron la prescripción adquisitiva, la usucapiente transfirió a título de venta a José Manuel Pedraza Moreno los derechos y acciones que en su condición de cónyuge y heredera le podían corresponder en las sucesiones de Luis Enrique Mojica Silva y Yolimar Mojica Bonilla, por concepto de gananciales y herencia, respectivamente, vinculados al predio materia de la usucapión reclamada.

El objeto de tales cesiones fueron los derechos inherentes a la calidad de consorte y asignataria invocada por Aminta sobre una universalidad jurídica, esto es, la masa social y herencial, de la cual hace parte el referido bien. Así se deduce de la naturaleza de esa clase de convención, respecto de la cual la Corte ha explicado que “cuando uno o varios o todos los herederos venden sus derechos hereditarios en una especie de sucesión, se ha de entender que venden el derecho de herencia que a cada uno pertenece, el derecho de suceder, el derecho anexo a la calidad de heredero, y no otro u otros derechos” (sent. cas. civ., abr. 9/40).

Tan así es que la compra de derechos y acciones en una sucesión y la de gananciales no da al adquirente ni le transfiere dominio de las cosas que específicamente se hayan afectado a esa negociación, sino la aptitud, la personería, como cesionario del vendedor, para hacer efectivos los derechos que a este le pudieren tocar. Es en la partición donde estos se concretan, y por eso puede correr el comprador la contingencia de haber negociado algo ajeno si no le fuere adjudicado en la partición. De ahí que el vendedor solo responde de su calidad de heredero o de cónyuge sobreviviente, en su caso, pero no más.

La muerte de uno de los esposos apareja la disolución de la sociedad conyugal (C.C. art. 1820 en armonía con el art. 152 ibíd.), generándose una “comunidad universal” integrada por los bienes muebles e inmuebles, los derechos incorporales y las obligaciones que tengan el carácter de sociales, conforme lo normado en el capítulo II del título XXII del libro IV de la citada codificación. Ella es una entidad respecto de la cual “ninguno de los consortes, obrando por sí solo, ‘puede ejecutar ningún acto de enajenación sin colocarse en la situación jurídica de quien vende cosa ajena, de cuyo dominio es único titular la sociedad conyugal ilíquida” (sent. cas. civ., jul. 27/45, reiterada en el fallo de mar. 30/2006, Exp. 15829).

Ocurre lo mismo con la herencia, la que no es cosa distinta que el conjunto de haberes y pasivos dejados por el causante, y mientras no se liquide forma una “comunidad universal” entre los herederos. Así lo ha reiterado la jurisprudencia al sostener que “Es una comunidad sui generis sobre la universalidad de los bienes del causante, cuya representación en estado de indivisión corresponde a todos los herederos” (sent. cas. civ., jun. 19/50).

Esas comunidades universales están sujetas en cada uno de sus bienes al fenómeno de la coposesión, evento en que esta es ejercida, en forma compartida y no exclusiva, por todos los copartícipes o por un administrador en su nombre; no obstante, esa calidad de comunero puede mutarse en la hipótesis en que este ejerza los actos de señor y dueño en forma personal, autónoma o independiente, repudiando los derechos de los demás, vale decir, con absoluto desconocimiento de los derechos de los otros comuneros, situación que lo habilita para reclamar la prescripción adquisitiva del dominio.

Es claro, entonces, que la actora en las aludidas convenciones reconoció que el predio San Nicolasito pertenecía a una comunidad, de la cual ella era copartícipe, de ahí que si venía ejerciendo posesión sobre el mismo con esto desvirtuó que lo hiciera con carácter excluyente de los demás comuneros para ese entonces, esto es, para la época en que ajustó dichos contratos.

De modo, pues, que la prescribiente para ese momento no se consideraba dueña exclusiva —animus domini— ni tenía la intención de hacerse a esa propiedad —animus remsibi habendi—. Incluso, el derecho de gananciales cedido se concretó en cabeza del cesionario Pedraza Moreno en la partición de la sucesión de Luis Enrique Mojica Silva, aprobada mediante la sentencia de 28 de marzo de 1996, inscrita en el registro inmobiliario respectivo.

10. Lo analizado torna irrelevante el cargo, en cuanto que así la usucapiente con posterioridad a las aludidas convenciones hubiere mutado el ánimo posesorio creyéndose y actuando como señora y dueña exclusiva del fundo, desconociendo los derechos de los coasignatarios, lo cierto es que no se han cumplido los veinte años de posesión requeridos para el buen suceso de la prescripción extraordinaria invocada y, por ende, la pertenencia está indefectiblemente llamada al fracaso. Además, aquí no es aplicable la reducción del término establecido para esta especie de prescripción en el artículo 1º de la Ley 791 de 2002 (10 años).

Y es que “cuando se invoca la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio como fundamento de la declaración judicial de pertenencia sobre bienes que por su naturaleza misma no están excluidos de ser ganados por dicho modo, al prescribiente corresponde acreditar plenamente la posesión pública y pacífica del bien de que se trate (mueble o inmueble) por tiempo no inferior a los veinte años ininterrumpidos” (sent. cas. civ., mar. 16/98, Exp. 4990).

11. Las cosas son de esa manera porque, por una parte, la actora reclama la usucapión de todo el fundo para sí, y esta presupone un señorío exclusivo sobre el mismo, ignorando los derechos de los otros copartícipes; y, por la otra, ni siquiera desde la cesión inicial, esto es, la de gananciales, efectuada el 24 de noviembre de 1994, hasta el 11 de octubre de 2004, fecha en que fue presentado el escrito introductor de este litigio, ha transcurrido el referido término.

Adicionalmente, el fenómeno previsto en el artículo 778 del Código Civil, invocado por la actora, es improcedente, porque la sumatoria allí autorizada presupone la existencia de dos posesiones: la iniciada por el sucesor y la de su antecesor, y, como quedó dicho, Aminta Bonilla ejerció el poder de hecho sobre el predio San Nicolasito para la comunidad y no para sí; por tanto, no hay una posesión propia a la que pueda añadir la de su consorte.

12. Ni aún en la hipótesis de que a la usucapiente, en su condición de cónyuge, le hubiese sido adjudicado el bien, en las condiciones de que era titular su consorte al momento del deceso, hubiera operado la agregación pretendida, porque tal fenómeno únicamente tiene cabida para ligar actos posesorios ejercidos con el propósito de adquirir el dominio por prescripción, y en este caso el causante era dueño inscrito, esto es, tenía a la par el título y el señorío, sin que estuviera a la expectativa de consolidar tal derecho.

Mojica Silva entró a detentar materialmente el fundo hacía[sic] 1975, en virtud de la promesa de venta celebrada con Víctor Torres (fls. 55-58, 65-68) y se hizo dueño el 18 de septiembre de 1989, mediante la compraventa contenida en la escritura 2091, debidamente registrada. Esta calidad la conservó hasta cuando murió, esto es, el 17 de agosto de 1991. Siendo ello así, el esposo de la actora ejerció la posesión como propietario y no como un tercero con el ánimo de serlo.

De ahí que ocurrido su óbito lo que era susceptible de liquidación en la sociedad conyugal conformada con Aminta Bonilla y de distribución para sus herederos era el predio, mas no la posesión sobre él, la cual estaba aneja al mismo.

Bajo esas consideraciones, si no puede añadirse una posesión de un propietario inscrito para la prescripción extraordinaria reclamada, significa que en este caso la calidad invocada por la demandante no deriva de un poseedor anterior, sino que surgió de sus propios actos de señora y dueña, posteriores al fallecimiento de su cónyuge con exclusión de los demás comuneros.

13. En torno a la segunda acusación, se tiene:

a) No es necesario entrar a examinarla, porque, si como atrás quedó definido no se cumple el requisito concerniente con el tiempo mínimo para el buen suceso de la pertenencia reclamada, de nada valdría que, ciertamente, se estableciera que hubo una equivocación determinante en la alinderación del inmueble disputado. Ello no haría más que ratificar el fracaso del indicado pedimento.

b) Además, de poderse superar este obstáculo, y si se concluyera con certeza que sí hubo error del ad quem, el mismo carecería de trascendencia, ya que, se reitera, no tendría ni los alcances ni la virtualidad para subsanar la falencia detectada.

Sobre este requerimiento, la Corte ha explicado que “en sede casacional, los errores no solo deben ser evidentes, sino también trascendentes, lo que significa que el recurrente debe acreditar que el yerro ‘fue determinante en relación con la decisión judicial que se combate’ (cas. civ. oct. 27/2000; Exp. 5395), ‘hasta el punto de que su verificación en el recurso, conduzca por necesidad a la infirmación del fallo con el fin de restablecer por este medio la legalidad sustancial quebrantada’ (CCLII, pág. 631), de donde se colige que si la equivocación es irrelevante, ‘la Corte no debe ocuparse del examen de los errores delatados, dada su inocuidad’ (CCXLIX., pág. 1605)” (sent. cas. civ., mar. 26/2001 —Exp. 5823—, criterio reiterado en el fallo de 21 de enero de 2013 —Exp. 2002-00358 01—, entre otros).

c) Por último, el segmento del ataque que alude a que el sentenciador de segundo grado, por abstenerse de declarar de oficio la nulidad absoluta de las negociaciones relativas a la cesión de los derechos de herencia y de gananciales, procedió equivocadamente, constituye una desviación de la causal primera de casación escogida, puesto que para un cuestionamiento de esa índole debe acudirse a la segunda por configurar una inconsonancia.

Ello es así, porque el principio de la congruencia delimita el ámbito del poder decisorio del juzgador, reclamando una absoluta correspondencia entre lo resuelto y lo planteado por las partes como objeto de controversia, sin perjuicio de las facultades oficiosas conferidas por el ordenamiento jurídico (CPC art. 305).

Y cuando infringe esa directriz incurre en un yerro de procedimiento para cuya enmienda el legislador erigió la causal segunda de casación, consistente en “no estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio”.

En punto del tema, la Corte asentó: “... la actividad que cumple el funcionario investido de la potestad de administrar justicia, está regulada por cuatro vectores cuya conjugación delinean o delimitan la misma: 1) las pretensiones de la demanda; 2) los hechos que la sustentan; 3) las excepciones invocadas por el demandado (cuando así lo exige la ley); y, 4) las excepciones que debe declarar de oficio. Y, por supuesto, cuando el agente del Estado quebranta esos hitos, incursiona en predios que destellan un exceso de poder o un defecto del mismo; algunas veces, en la medida en que decide sobre cuestiones no pedidas o más allá de lo solicitado o cuando deja de resolver sobre las pretensiones o excepciones aducidas; tal vicio [incongruencia], se estructura, igualmente, cuando el sentenciador desdeña pronunciarse sobre aspectos no enarbolados por las partes, pero que, por disposición legal, debían ser objeto de decisión oficiosa” (sent. cas. civ., dic.16/2010, Exp. 1997-11835-01).

14. Ante la improsperidad del recurso de casación se impone condenar en costas al impugnante, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 375 ibídem, las cuales deberá liquidar la secretaría, incluyendo por concepto de agencias en derecho el valor que aquí se fijará, para lo que se tiene en cuenta que hubo réplica.

Decisión

En mérito de las anteriores consideraciones, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 6 de julio de 2011, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dentro del proceso ordinario de la referencia.

Se condena en costas del recurso de casación al recurrente. Por concepto de agencias en derecho inclúyase la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000).

Notifíquese y devuélvase».