Sentencia 2008-00239 de noviembre 29 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 250002327000200800239-01

Número interno: 18308

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquería

Demandado: UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Bogotá, D.C., veintinueve de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala decide si son nulas las resoluciones 310642007000054 del 14 de agosto de 2007 y 310662007000007 del 16 de mayo de 2008, mediante las que la DIAN formuló liquidación oficial de revisión sobre la declaración del IVA presentada por Productos Naturales de la Sabana S.A. por el segundo bimestre del año 2005.

En concreto, y conforme con el recurso de apelación, la Sala definirá si el producto denominado “Purocampo” se encuentra excluido del IVA.

Previamente a resolver, la Sala pone de presente que mediante sentencias del 1º, 12 y 22 de marzo y 14 de agosto de 2012(3), se pronunció frente a fundamentos fácticos y jurídicos similares a los que invocó la parte actora en este proceso, pero referidos a la pretensión de nulidad de los actos administrativos que determinaron oficialmente el impuesto de otros periodos del mismo año, por lo que se reiterarán los argumentos y el análisis que en aquella oportunidad se efectuó para la solución del presente asunto.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada por las siguientes razones:

1. Exclusión del impuesto sobre las ventas.

Para resolver, es necesario tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 420 y 424 del estatuto tributario:

“ART. 420.—Hechos sobre los que recae el impuesto. El impuesto a las ventas se aplicará sobre:

a. Las ventas de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidas expresamente.

(...).

ART. 424.—Bienes que no causan el impuesto. Artículo modificado por el artículo 30 de la Ley 788 de 2002. Los siguientes bienes se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto a las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria Nandina vigente:

(...).

19.01. Bienestarina”.

(...).

De acuerdo con el artículo 420 del estatuto tributario, tratándose de la enajenación de bienes corporales muebles, están gravados, salvo que la ley de manera expresa los excluya.

En ese sentido, el artículo 424, ibídem, conforme con la modificación del artículo 30 de la Ley 788 de 2002, vigente para el período en discusión, hace una relación taxativa de los bienes excluidos del IVA, y utiliza para ese fin la nomenclatura arancelaria común del sistema armonizado de designación y clasificación arancelaria de mercancías, en la que se incluyó el producto denominado “Bienestarina”, que el legislador ubicó en la partida 19.01.

Conforme los antecedentes legislativos de la Ley 788 de 2002, esta exclusión resultó de la propuesta inicial de no gravar, de la partida 19.01, las preparaciones alimenticias de harina, almidón y fécula(4). Los debates en la Cámara de Representantes y en el Senado dieron como resultado que estas preparaciones quedaran gravadas con una tarifa del 7% y que únicamente estuviera excluido del IVA el producto denominado “Bienestarina”(5).

Desde esta perspectiva, es claro que la finalidad del legislador, al crear este beneficio tributario, ha sido la de cobijar un bien que pertenece a la partida arancelaria 19.01, pues, de otra manera, no habría especificado el producto que estaba excluido del impuesto.

Así las cosas, no cabe realizar una interpretación en cuanto a las partidas o subpartidas arancelarias del arancel de aduanas, puesto que no se excluyó una nomenclatura arancelaria o la composición o materia de un producto, sino un bien específico.

Por tanto, cuando la norma excluye del impuesto al bien ubicado en la partida 19.01 denominado “Bienestarina”, debe entenderse que solo este producto goza del beneficio tributario, dado que, en este caso, se menciona la nomenclatura arancelaria, únicamente, como referente para identificar la posición en la que se clasificaría en el arancel de aduanas.

Es importante precisar que en materia de beneficios tributarios, la interpretación de la ley es restrictiva, lo que impide extender el beneficio a la totalidad de los bienes que conforman la partida 19.01, puesto que, en virtud del principio de legalidad, la exclusión se concreta a lo expresamente señalado en la ley.

Por tanto, independientemente de que el producto denominado “Purocampo” se ubique en la partida arancelaria 19.01, no está excluido del IVA, pues el único bien que goza de este beneficio tributario, en lo que se refiere a la partida arancelaria 19.01, es la “Bienestarina”.

El establecimiento de este beneficio fiscal hace parte de las facultades de configuración normativa que tiene el Congreso de la República, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150-12(6) y 338(7) de la Constitución Política, la que debe respetar los criterios de justicia, equidad e igualdad.

En el caso concreto, no puede sostenerse que el legislador contravino los preceptos constitucionales referidos al establecer el beneficio respecto a la “Bienestarina”, por cuanto, dada la especial destinación de este producto, sí existen razones que justifiquen un trato diferente, sobre la base de un criterio objetivo y razonable.

En consecuencia, no existe un trato discriminatorio frente al producto denominado “Purocampo”, toda vez que los beneficios fiscales son creados por el legislador en atención a una política tributaria, y están orientados por las conveniencias de la economía, actividad estatal y demás circunstancias socioeconómicas que ameritan el establecimiento de dichas medidas.

Tampoco es acertado afirmar que al gravarse con el IVA al producto denominado “Purocampo” se afecta el mínimo vital de la población más vulnerable, dado que este producto no es la única preparación alimenticia que se encuentra en el mercado, en el que existe gran variedad de productos y precios, y en el que puede escoger el consumidor de acuerdo con su capacidad económica.

En cuanto a las funciones legales asignadas a la DIAN en materia de clasificación arancelaria, no es procedente emitir un pronunciamiento dado que los actos acusados no clasifican arancelariamente el producto, sino que establecen el tratamiento tributario que le corresponde en el impuesto sobre las ventas. Además, que esta clasificación arancelaria no tiene injerencia para resolver el presente asunto, dado que la ley es clara en señalar el bien que se encuentra excluido del impuesto, que no comprende el producto que fabrica la parte actora.

Así, en razón a que el producto denominado “Purocampo” no goza del tratamiento preferencial alegado por la parte actora, se encuentra gravado con el IVA. En ese orden de ideas, es irrelevante determinar qué entidad es la competente para clasificar arancelariamente los productos, aspecto que, por lo demás, ya fue dilucidado por esta sección, al ratificar que el objeto misional de cada una de las entidades es distinto, pues mientras la primera (Invima) clasifica el producto con el fin de expedir el correspondiente registro sanitario, la segunda (DIAN) lo hace con el fin de determinar la subpartida arancelaria en la que está incluido dicho producto. Así lo expresó al estudiar la legalidad de la Circular 24 de 2005(8).

Finalmente, la parte actora manifestó que había solicitado a la DIAN la clasificación arancelaria de cinco fórmulas diferentes, que podían ser consideradas como el producto denominado “Purocampo”, y que cuatro de estas muestras fueron clasificadas en la partida 04.04 y una en la partida 19.01.

Al respecto, la Sala observa que si bien hay varias clasificaciones arancelarias de los mismos productos, no hay un análisis del producto denominado “Bienestarina”, en aras de determinar si su composición coincidía con la del producto denominado “Purocampo”, a efectos de analizar si, en esos casos, tales productos pueden recibir el mismo tratamiento de exclusión del IVA. Como no hay forma de hacer ese análisis, la Sala, simplemente, concluye que el producto “Purocampo” no está excluido del gravamen.

Por las razones expuestas, se confirmará la decisión recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

RECONÓCESE personería a la abogada Patricia del Pilar Romero Angulo para actuar en representación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en los términos del poder que le fue otorgado.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase».

(3) Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta en las siguientes sentencias. I) 1º de marzo de 2012. M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Radicación: 25000-23-27-000-2008-90245-01. Número interno: 18094. Actor: Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquería. Demandado: DIAN. II). 12 de marzo de 2012, C.P. William Giraldo Giraldo. Número de referencia: 250002327000200800242 01. Número interno: 18095. Actor: Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquería. Demandado: DIAN. iii) 22 de marzo de 2012, C.P. William Giraldo Giraldo. Radicación: 25000-23-27-000-2007-00220-01. Número interno: 18048. Actor: Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquería. Demandado: DIAN. iv) 16 de agosto de 2012, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Radicación: 250002327000200800237-01. Número interno: 18127. Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquería S.A. Demandado: DIAN.

(4) Gaceta del Congreso 536, nov. 22/2002. Ponencia para primer debate Cámara de Representantes. Pág. 12.

(5) Gaceta del Congreso 614, dic. 18/2002. Texto aprobado en primer debate.

(6) Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley.

(7) En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. (...)

(8) Sentencia 15558 del 11 de junio de 2009. Sección Cuarta C. de E.