Sentencia 2008-00244 de junio 30 de 2010

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 660011102000200800244 01/ 1577 F

Aprobado según Acta 79 de la misma fecha

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Bogotá, D.C., treinta de junio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer de las decisiones proferidas en primera instancia por los consejos seccionales de la judicatura, Sala Disciplinaria, en relación con las investigaciones adelantadas contra funcionarios, de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3º de la Carta Política y 112, numeral 4º de la Ley 270 de 1996.

2. Cuestión previa. El trámite impartido al proceso.

Debemos empezar por manifestar que si bien el Seccional realizó un esfuerzo para allegar todas las pruebas que le permitieron proferir cargos en contra del doctor Jorge Humberto Gartner López, en calidad de Juez Tercero Administrativo de Pereira, por su presunta incursión en las faltas descritas en el numeral 5º del artículo 151 y numeral 18 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002; imputación calificada como gravísima en la modalidad dolosa, de conformidad con el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002; el procedimiento desarrollado a partir del pliego de cargos no fue el adecuado, según lo normado en el artículo 175 ibidem.

Lo anterior plantearía a la Sala un primer asunto a ser resuelto, previo al análisis de fondo del asunto, a saber, si el adelantamiento del disciplinario contra el doctor Gartner López, pese a la calificación de la falta imputada como falta gravísima en los términos del artículo 48, numeral 17 de la Ley 734 de 2002, mediante el procedimiento ordinario, y no por el verbal establecido en el título XI, capítulo primero del CDU, según lo ordena el artículo 175 ibidem, en su inciso segundo(1), es constitutivo de causal de nulidad, o si dicha situación, siendo irregular, no comporta la entidad suficiente para invalidar lo actuado.

A este respecto, debe la Sala señalar, en primer término, que conforme a lo estipulado en el artículo 143 de la citada ley disciplinaria, son causales de nulidad las consagradas expresamente en dicho canon, a saber: i) La falta de competencia del funcionario que profirió el fallo; ii) La violación del derecho de defensa del investigado; y, iii) La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. El mismo precepto, en su parágrafo único, remite a los principios orientadores de la declaratoria de nulidad y su convalidación, previstos en el Código de Procedimiento Penal.

Para el caso que nos ocupa, habrá de descartarse de plano la primera causal, pues no cabe duda que conforme a lo ordenado por el artículo 256 de la Carta Política, corresponde “al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo con la ley... 3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial...” (resalta la Sala), en concordancia con el artículo 114. De la Ley 270 de 1996.

Por otra parte, en cuanto a la segunda causal de nulidad aludida en el artículo 143 del CDU, una simple lectura a todo el expediente llevado en contra del disciplinable permite establecer sin hesitación alguna, que al doctor Gartner López le fueron respetadas todas las garantías inherentes al debido proceso, con participación activa del encartado desde el inicio de la indagación preliminar hasta la formulación de pliego de cargos, cuando hizo la manifestación de renunciar a cualquier ejercicio defensivo en la primera instancia. Luego, ninguna afectación se ha dado al derecho de defensa del disciplinable. Y, finalmente, en lo tocante a la causal tercera, debe destacarse que solo las irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso, tienen la entidad suficiente para invalidar lo actuado, de manera que una irregularidad procesal, en principio, no sería suficiente para imponer la medida de saneamiento en referencia, salvo que tal situación suponga un desconocimiento de las garantías propias del derecho de defensa.

Lo anterior es así, en primer término, porque, por principio general, las normas de procedimiento per se ni perjudican ni favorecen a los sujetos procesales, siendo ellas de orden público y de aplicación inmediata. Y, en segundo lugar, porque como bien lo destacó la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad del inciso segundo del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, “Una lectura atenta de los antecedentes de la Ley 734 de 2002 ponen de presente que fue la voluntad del Congreso de la República impregnar de una mayor celeridad los trámites disciplinarios, pero bajo determinadas condiciones”. Para arribar a tal conclusión, la máxima guardiana de nuestro orden constitucional recordó los antecedentes legislativos de la norma, de los cuales extrajo las siguientes consideraciones:

“En la época actual, en que la celeridad es elemento esencial de la eficacia, es preciso que los órganos de control cuenten con herramientas legales ágiles y dinámicas que permitan dar respuestas oportunas, cuando todavía la sociedad resiente la conducta irregular del funcionario o el daño acusado, y no cinco años después cuando la sanción ha perdido tanto la pertinencia como sus efectos reparadores. Este es el criterio que orienta e inspira el procedimiento disciplinario previsto en el último libro del proyecto. Por esta razón, se creó un procedimiento verbal simplificado a la realización de una audiencia dentro de los dos días siguientes a la verificación de la situación de flagrancia o al conocimiento del hecho; es aplicable por el jefe inmediato cuando la falta sea leve o cuando el servidor público sea sorprendido en flagrancia o confiese la autoría de una falta grave o gravísima”(2)”.

Concluyó, además, la Corte Constitucional que el establecimiento del proceso verbal para determinados casos de faltas gravísimas, amén de las otras situaciones previstas en el inciso primero del artículo en comento, no vulnera el derecho a la igualdad, no solo porque ese tratamiento desigual responde a la libertad de configuración del legislativo sobre la materia, sino también porque

“... la naturaleza especial de algunas faltas gravísimas justifican que el legislador haya establecido para las mismas el trámite verbal y no el ordinario. En efecto, todas ellas tienen un denominador común: se trata de faltas relacionadas con el servicio o la función, con el manejo de la hacienda pública y de los recursos públicos o con la contratación estatal, cuya característica principal es que por tratarse de conductas que no ameritan un extenso debate probatorio como el señalado en el proceso ordinario ya que al momento de valorar sobre la decisión de apertura de la investigación están dados todos los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos y citar a audiencia”(3).

Adviértase, entonces, que si como lo recordó la Corte Constitucional, el propósito del Legislador al consagrar un procedimiento verbal para los casos previstos en el artículo 175 de la Ley 734 de 2002, era el de propender por una respuesta ágil, oportuna y eficaz del Estado en el ejercicio del ius puniendi cuando se trata de atender situaciones en que, por ejemplo como la que aquí interesa las faltas están relacionadas con el servicio o función, predicar la nulidad de la actuación cuando se ha seguido el proceso ordinario en lugar del verbal, resultaría contrario no solo a esa finalidad sino también a los principios constitucionales de eficacia, economía y celeridad (C. P., art. 209), máxime cuando en el adelantamiento del proceso consagrado como norma general (es decir, el ordinario), el juzgador disciplinario ha sido asaz cuidadoso y celoso en el respeto de las garantías del derecho de defensa y del debido proceso, amén de garante de los principios rectores de la ley disciplinaria (título I, del libro primero de la normativa en cita.

Pero, adicionalmente, cualquier pretensión de nulidad de lo actuado por desatención al proceso ordinario previsto como norma general, para que se rehaga la actuación por los ritos del proceso especial, cuando se insiste ninguna afectación sustancial se ha dado, fracturaría ostensiblemente el principio contenido y descrito en el artículo 12 del CDU; esto es, el de celeridad de la actuación disciplinaria.

Corolario de lo dicho hasta este momento, es que ninguna causal de nulidad de advierte y que, en consecuencia, es procedente ahondar en el estudio del tema debatido.

3. Estudio de fondo del asunto.

3.1. Contexto general. Conforme a los planteamientos del Ministerio Público en el recurso de alzada, corresponde ahora determinar si acertó o no el a quo al proferir sentencia absolutoria a favor del doctor Jorge Humberto Gartner López, en su condición de Juez Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, a quien se le habían formulado cargos por la posible incursión en la falta a los deberes establecidos en el numeral 18 del artículo 153 y numeral 5º del artículo 151 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, al consagrarse como obispo de la Iglesia Católica Apostólica tradicional, dignidad que resultaría incompatible con el ejercicio del cargo de Juez Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, y en ejercicio de sus labores sacerdotales, al haber oficiado misas, contrariando el deber de dedicación exclusiva a las funciones judiciales.

Previo a abordar el análisis del material probatorio allegado al plenario, la Sala parte del principio según el cual, la manifestación de la potestad sancionadora del Estado, se concreta en la posibilidad de desplegar un control disciplinario sobre sus servidores, dada la especial sujeción de estos al Estado, en razón de la relación jurídica surgida por la atribución de una función jurisdiccional. De esta manera se pretende que el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades se realice dentro de una ética del servicio público, con sujeción a los principios de moralidad, eficacia y eficiencia que deben caracterizar sus actuaciones.

En este orden de ideas, en el derecho disciplinario funcional, la falta siempre supone la existencia de un deber, cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento trae como consecuencia la respuesta represiva del Estado.

De lo anterior se deduce que lo que genera el reproche del Estado al servidor judicial no es propiamente la voluntad de lesionar intereses jurídicos tutelados, sino los comportamientos que impliquen cumplimiento incompleto y defectuoso de los deberes de cuidado y eficiencia que se le encomiendan.

Es así como el artículo 196 de la ley 734 de 2002, define la falta disciplinaria, en los siguientes términos:

ART. 196.—Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la ley estatutaria de la administración de justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código”.

Resulta en consecuencia imperioso analizar si en su actuar funcional, el doctor Jorge Humberto Gartner López en su condición de Juez Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, incurrió en las conductas por las cuales se le corrió pliego de cargos y de las cuales fue luego absuelto, en la providencia que es objeto de apelación.

Las faltas disciplinarias por las cuales el a quo formuló el pliego de cargos fueron las descritas en el numeral 1º del artículo 153, el parágrafo 1º y el numeral 5º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996. Normas cuyo tenor literal es el siguiente:

ART.153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

(...).

18. Dedicarse exclusivamente a la función judicial, con la excepción prevista en el parágrafo 2º del artículo 151”.

ART.151.—Incompatibilidades para ejercer cargos en la rama judicial. Además de las previsiones de la Constitución Política, el ejercicio de cargos en la rama judicial es incompatible con...

(...).

5. El desempeño de ministerio cualquier culto religioso.

PAR. 1º—Estas prohibiciones se extienden a quienes se hallen en uso de licencia.” (negrilla no original).

La situación fáctica que constituye fundamento de las faltas imputadas, consistió en primer término, en que el funcionario incumplió el deber de respetar la Constitución y la ley (L. 270/96, arts. 151.5 y 153.18); en concordancia con el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, al haberse ordenado —siendo juez de la República— como obispo de la Iglesia Católica tradicional, y en condición de tal, haber ejercido ministerio religioso al celebrar eucaristías a sabiendas que con su actuar infringía las normas antes mencionadas.

En efecto, en la providencia del 24 de junio de 2009, que contiene el pliego de cargos, con ponencia del magistrado Jorge Isaac Posada Hernández, se consignó:

“[U]na cosa es la libertad religiosa y de culto en el sentido de poder asistir a las reuniones y ceremonias que sus ministros convoquen o celebren, actividad perfectamente garantizada por nuestra Carta Política como derecho fundamental de todas las personas, y otra cosa es el ejercicio mismo del ministerio, en sus diferentes aspectos, como por ejemplo, celebrando o presidiendo la celebración de la correspondientes ceremonias, situación esta que es la que prohíbe la norma arriba señalada.

Esta prohibición se da sin importar si con ello se pierde o no tiempo de que se debe emplear en el ejercicio de la función jurisdiccional, al igual que sucede con respecto a la incompatibilidad del numeral primero de la misma norma, pues de lo contrario, no tendría razón de ser el parágrafo primero del mismo artículo, que extiende las prohibiciones a quienes se hallen en uso de licencia”.

Destacó en aquella oportunidad el Seccional de instancia lo siguiente:

“[B]asta que el funcionario judicial de manera consciente y voluntaria ejerza el ministerio frente a la comunidad, hecho con el cual se puede presentar conflictos de intereses y falta de objetividad al momento de tramitar y decidir en justicia los asuntos que esa comunidad pone en sus manos, confiando en su imparcialidad e independencia, comprometiendo con ello de manera seria el desempeño de las funciones que la Constitución y la ley le ha asignado a cada uno de los jueces de la República”.

Se imputó la comisión de la falta gravísima conforme a lo preceptuado en el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, imputación que se formuló a título de dolo “por cuanto es evidente que el doctor Jorge Humberto Gartner López, sabía que su comportamiento era atentatorio tanto contra el régimen de incompatibilidades, como el de los deberes como funcionario judicial, régimen que era ostensible que conocía, no ha alegado lo contrario, y sin embargo quiso y actuó de manera contraria”.

Ahora bien, analizado el acervo probatorio obrante en la foliatura, y a la luz de lo expuesto por el disciplinable en su versión libre (tanto en la escrita rendida dentro de la indagación preliminar, como en la verbal vertida en la etapa de investigación, se tiene establecido con plena certeza lo siguiente:

a). El doctor Jorge Humberto Gartner López, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 10.105.214 de Pereira, fue nombrado como Juez Tercero Administrativo del Circuito de Pereira mediante Resolución 021 del 2 de mayo de 2006, nombramiento que fue confirmado con Resolución 030 del 23 de mayo de 2006; tomando posesión del cargo según Acta 075 del 01 de junio de 2006, e inscrito en el escalafón de jueces de la República de la carrera judicial a través de la Resolución 37 de 21 de febrero de 2007 (fls. 41 a 51).

b). Estando en ejercicio del referido cargo, el doctor Gartner López fue ordenado obispo de la Iglesia Católica tradicional, con sede en Brasil, según reconoce el propio disciplinable en su escrito de versión arrimado al expediente el 7 de julio de 2008 (fls. 26 al 31), al afirmar que “... el suscrito fue ordenado obispo de la Iglesia Católica Apostólica tradicional, dependiendo del patriarcado en cabeza de monseñor Paulo Ferreira da Silva con sede en Río de Janeiro (Brasil), y no de la Iglesia Católica Romana ni de ninguno de sus jerarcas”. Así lo demuestra el disciplinable con las documentales allegadas como anexo de su escrito, entre las cuales se destaca el acta de ordenación episcopal con fecha 31 de diciembre de 2007, el mandato apostólico y la certificación de validez de la sucesión apostólica (fls. 35 al 38). Cabe destacar que, según consta en el Oficio 2131 del 20 de agosto de 2008, del Vicepresidente del Tribunal Administrativo de Risaralda, dicha corporación “... no ha concedido autorización para ejercer como Obispo de la Iglesia Católica Apostólica tradicional, ni se le ha concedido permiso para dichos efectos (fl. 65)

c). El aquí disciplinable, en la versión escrita aludida, afirma ser consciente “de los límites que traza la Constitución y la ley para el ejercicio del ministerio sacerdotal” y por eso —dice— sus actuaciones se ciñen a ellas, conforme a los alcances que la Corte Constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, le han dado al artículo 19 de la Carta Política, sobre libertades religiosa y de cultos.

d) En el ejercicio del ministerio religioso por parte del funcionario disciplinado, celebró dos misas, una en el barrio La Unión, de la ciudad de Pereira, el día domingo 29 de junio de 2008, a las 2:00 p.m. (fl. 151) y la otra en el mes de julio del mismo año, como acción de gracias por la graduación de unos especialistas en la Universidad Libre de Pereira, aunque el disciplinable aclaró que esta última no fue celebrada en la universidad sino en la parroquia, lo cual encuentra respaldo en la certificación expedida por dicha institución, en el sentido de que no existe allí registro de pagos efectuados al doctor Gartner López por concepto de misas, como tampoco se encuentra solicitud para que el mismo oficie actos religiosos en ese centro de estudios superiores (fl. 66).

e). Según los testimonios rendidos por los señores obispos de la Iglesia Católica Tradicional Rubiel Antonio Clavijo Gañán y Rubén Darío López Cardona, del sacerdote de la misma, Efrén de Jesús Henao Henao y de los sacerdotes católicos anglicanos José Manuel Martínez Zuluaga y Julio César Bolívar Carvajal (fls. 120 al 130), las celebraciones eucarísticas oficiadas por el aquí disciplinable no generaban para este ninguna remuneración, en atención a que el referido ministerio les impone a sus miembros el ser auto sostenibles, esto es, que quien ejerce tal actividad debe proveerse su subsistencia por otros medios.

f).Según constancia expedida por el presbítero Adalberto Montoya Echeverry, coordinador del área de la salud, de la vicaría de Pastoral Social de la Diócesis de Pereira (documento allegado al expediente por el propio disciplinable), el doctor Jorge Humberto Gartner López colabora con las actividades pastorales y litúrgicas en la parroquia del espíritu santo. Adicionalmente, realiza las siguientes actividades:

“(...).

Además de la celebración de la sagrada eucaristía, la administración de los divinos sacramentos, tiene a su cargo uno de los grupos del proceso diocesano de nueva evangelización (Prodine), y la atención sacerdotal y cuidado del ancianato oficial del municipio de Dosquebradas, perteneciente a la jurisdicción de la parroquia.

(...)”.

g). El doctor Gartner López presentó renuncia a sus funciones como obispo de la Iglesia Católica tradicional, en correo electrónico dirigido al Patriarca de dicha iglesia, señor Paulo Ferreira Da Silva, donde se hace referencia a la Sentencia C-037 de 1996, de la Corte Constitucional, y se destaca:

“Aunque considero, salvo criterio en contrario, que he respetado cabalmente los condicionamientos de la Corte, actualmente por denuncia de carácter disciplinario que hiciera el honorable Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda en mi contra, por dicho ejercicio ministerial, debo comprender e interpretar que según el criterio de esa alta corporación, la que es mi superior funcional como juez, no se debe involucrar las dos condiciones.

(...)” (fl. 107).

Cabe destacar que no obra constancia en la foliatura de que tal renuncia le haya sido aceptada al funcionario disciplinable.

3.2. Las faltas imputadas. Teniendo en cuenta los cargos que le fueron formulados al disciplinable, para mayor claridad la Sala se ocupará del análisis de ellos en forma separada.

3.2.1. El incumplimiento del deber previsto en el artículo 153.18 de la ley estatutaria de administración de justicia.

Lo primero que se hace necesario advertir es que, según se desprende del auto de cargos, pese a que en el mismo se hace alusión a los actos litúrgicos celebrados por el disciplinable, según la relación efectuada en la noticia disciplinaria, lo cierto es que el seccional de instancia estructuró la imputación jurídica de la conducta desplegada por el doctor Jorge Humberto Gartner López, a partir del mismo supuesto fáctico, a saber, que el servidor judicial, al haberse ordenado como obispo de la Iglesia Católica tradicional, incumplió el deber descrito en el artículo 153.18 de la ley estatutaria de administración de Justicia, que le imponía dedicarse exclusivamente a la función judicial, al tiempo que adecuó su comportamiento a la falta descrita en el artículo 48.17 de la Ley 734 de 2002, al haber actuado a sabiendas de estar incurso en la incompatibilidad descrita en el artículo 151.5 de la primera ley mencionada.

Sin embargo, encuentra esta Sala que, salvo la mención que se hizo de las dos eucaristías celebradas por el encartado, y de las cuales se estableció en el plenario que fueron oficiadas en horario ajeno al establecido para los servidores de la rama judicial, ningún otro soporte fáctico se aprecia, que permita adverar que el funcionario trasgredió el deber aludido en el artículo 153.18 de la Ley 270 de 1996, pues no se insinúa siquiera una actividad propia del ejercicio religioso dentro de la jornada laboral. Sin embargo, no puede decirse que esta conducta se subsuma en la otra falta imputada, esto es, la adecuación al tipo disciplinario descrito en el artículo 48.17 de la Ley 734 de 2002, por haber actuado el servidor judicial a sabiendas de estar incurso en la incompatibilidad descrita en el artículo 151.5 de la Ley 270 de 1996, puesto que, como se verá, se trata de comportamientos diferentes que si bien pueden coincidir, por ejemplo, cuando quien desarrolla funciones judiciales, al mismo tiempo ejerce la actividad u oficio prohibidos por el último precepto citado, en horarios coincidentes con el establecido para la prestación del servicio de administración de justicia; también puede suceder que esa coincidencia no se dé, por ejemplo, cuando el servidor judicial en situación de incompatibilidad desarrolla las labores propias de la otra profesión u oficio en jornada distinta a la de la función pública o, incluso, en uso de una licencia no remunerada.

En el caso que nos ocupa, lo que advierte la Sala es que respecto de la imputación de la falta al deber previsto en el artículo 153.18 de la ley estatutaria de la administración de justicia, no existe material probatorio que permitan estructurar fácticamente el cargo, pues —se insiste— las únicas referencias a la realización de actividades propias del ministerio religioso, tuvieron ocurrencia por fuera de la jornada laboral de los jueces de la República.

En ese contexto, habrá de confirmarse la sentencia de primer grado, en cuanto absolvió del cargo citado al doctor Jorge Humberto Gartner López, en su condición de Juez Tercero Administrativo del Circuito de Pereira.

3.3.2. La incompatibilidad prevista en el artículo 151.5 de la Ley 270 de 1996 y la falta gravísima prevista en el artículo 48.17 de la Ley 734 de 2002. Tal como se expuso en acápite anterior, la imputación por esta falta se estructuró fácticamente por cuanto el doctor Jorge Humberto Gartner López, siendo Juez Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, fue ordenado Obispo de la Iglesia Católica tradicional, con sede en Brasil, ministerio religioso incompatible con la función judicial según los términos del artículo 151.5 de la ley estatutaria de la administración de justicia, y, pese a ello, continuó actuando como juez de la República, comportamiento que está tipificado como falta disciplinaria gravísima (L. 734/2002, art. 48.17).

Los hechos expuestos en precedencia permiten concluir que, desde el punto de vista objetivo de la falta, no cabe duda de que el doctor Gartner López, se encuentra inmerso en la conducta imputada.

Sobre tal aspecto objetivo de la falta no hay discusión, puesto que el mismo disciplinable aceptó desde un comienzo que, siendo juez de la República, fue ordenado como obispo de la pluricitada Iglesia; y así lo corrobora no solo la prueba documental allegada por el mismo, sino también la testimonial recaudada, aunque tanto los dos obispos, como los presbíteros que rindieron declaración coinciden en aseverar que por sus ministerios no reciben remuneración, en razón de la auto sostenibilidad que los caracteriza.

La discusión sobre este aspecto se centra en el elemento subjetivo, como quiera que el disciplinable siempre ha sostenido que la gestión del ministerio religioso no interfiere en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, pues siempre se ha guiado por los lineamientos jurisprudenciales de la máxima autoridad en lo contencioso administrativo. Incluso, en la copia de la comunicación enviada por e-mail, el 14 de octubre de 2008, al Patriarca de dicha iglesia, señor Paulo Ferreira Da Silva, al presentar renuncia a la dignidad episcopal, hace referencia a la Sentencia C-037 de 1996, de la Corte Constitucional, aduciendo que la máxima guardiana de la Constitución, al avalar la incompatibilidad prevista en el artículo 151.5 de la ley estatutaria de la administración de justicia, lo hizo bajo el entendido de que la misma solo se configura cuando se afectan la objetividad e imparcialidad, se incurre en conflicto de intereses, o se afectan el orden público o la salubridad pública.

En ese orden de ideas, conviene retomar el análisis que hizo la Corte Constitucional en la referida sentencia de constitucionalidad de la ley estatutaria de la administración de justicia. En ella, sobre el punto específico de la incompatibilidad que aquí interesa, expresó dicho tribunal:

“Ahora bien, las causales de incompatibilidad que plantea la norma bajo examen son constitucionales, bajo el entendido de que, como se explicará para cada caso, todas ellas deben comprometer seriamente el desempeño de las funciones asignadas a cada uno de los servidores judiciales. Así, los numerales 1º y 5º, que se constituyen en un desarrollo de lo dispuesto en los artículos 127 y 128 del estatuto superior, establecen el ejercicio de una serie de cargos que por razones obvias de conflicto de intereses y de pérdida de objetividad impiden el ejercicio de la cabal administración de justicia”(4).

Como se ve, contrario a lo sostenido por el disciplinable, lo que dijo la Corte Constitucional fue que i) Todas las causales de incompatibilidad previstas en el artículo 151 del citado estatuto son constitucionales, bajo el entendido de que ellas deben comprometer seriamente el desempeño de las funciones asignadas a los servidores judiciales, y, ii) el ejercicio de los cargos a que aluden los numerales 1º y 5º por razones obvias de conflicto de intereses y de pérdida de objetividad impiden el ejercicio de la cabal administración de justicia. Con otras palabras, la Corte no encontró necesario siquiera efectuar un análisis ontológico o teleológico de las causales de incompatibilidad contenidas en los numerales 1º y 5º (y este último es el caso que hoy concita la atención de la Sala), pues de suyo las mismas suponen conflicto de intereses y pérdida de la objetividad, pues no de otra manera podría entenderse la expresión empleada por el alto tribunal “por obvias razones”.

Pero, adicionalmente, debe entenderse que así lo quiso el legislador al consagrar, incluso, en el parágrafo primero del citado artículo, que dichas prohibiciones se extienden a quienes se hallen en uso de licencia.

Lo anterior permite concluir que, para la configuración de la causal de incompatibilidad que nos atañe, no se requiere ni la demostración de una concreta afectación del servicio, puesto que, como se recordará, al tenor de lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 734 de 2002, la falta disciplinaria es antijurídica cuando se afecta un deber funcional sin justificación alguna, sin que sea necesaria una afectación material de un derecho; ni hace falta que quien incurre en la causal de incompatibilidad perciba remuneración en el ejercicio (para nuestro caso) del ministerio religioso.

Ahora bien, en cuanto concierne al elemento subjetivo de la falta que se viene analizando, es claro que el mismo funcionario manifiesta que al momento de ordenarse como obispo de la Iglesia Católica tradicional con sede en Brasil, era consciente de los límites establecidos en la Constitución y la Ley frente al ejercicio del ministerio sacerdotal; es decir, conocía la existencia de la incompatibilidad, aunque en el transcurso del proceso disciplinario trató de justificarse aduciendo que sus actuaciones como ministro religioso encuentran respaldo en jurisprudencia de la Corte Constitucional y en los tratados internacionales, suscritos y ratificados por Colombia sobre las libertades religiosa y de culto, tratando de confundir a la Sala de instancia en cuanto a los alcances que la Corte Constitucional le dio a la incompatibilidad y los que tanto la norma superior contenida en el artículo 19 de la Carta Política, sobre reconocimiento de las libertades de culto y religiosa, que pertenecen a la esfera privada del individuo, como las normas supranacionales que forman bloque de constitucionalidad con nuestro ordenamiento en lo atinente a las mismas libertades.

En ese orden de ideas, se impone concluir que el doctor Jorge Humberto Gartner López, con conocimiento de la prohibición legal estatutaria, libre y voluntariamente incurrió en ella, adecuando de esa manera su comportamiento al tipo disciplinario imputado, descrito en el artículo 48, numeral 17 de la Ley 734 de 2002 como falta gravísima, pues actuó como Juez Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, estando incurso en la incompatibilidad descrita en el numeral 5º del artículo 151 de la ley estatutaria de la administración de justicia.

Ha de decirse, en cuanto atañe a la forma de culpabilidad, que la Sala de instancia, al formular este cargo contra el disciplinable, hizo la imputación a título de dolo, en atención a que el funcionario tenía pleno conocimiento de la existencia de la incompatibilidad prevista en la norma estatutaria y de manera consciente y voluntaria dirigió su actuación hacia la descripción típica de la falta endilgada, al seguir actuando como juez pese a encontrarse incurso en la situación legalmente prohibida.

Debe precisar la Sala que desde el punto de vista jurídico-punitivo se entiende por culpabilidad el juicio de exigibilidad por virtud del cual se le imputa al actor la realización de un hecho punible (disciplinario para el caso), pues dadas las condiciones de todo imperantes al momento de la comisión, se encontraba en condiciones de orientar su conducta conforme con los requerimientos exigibles por el orden jurídico y no se condujo de ese modo.

De lo anterior se colige, que es culpable quien tiene la posibilidad de comprender los postulados normativos y conducirse conforme a ellos.

En nuestro ordenamiento disciplinario se halla proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, por lo que las faltas solamente son sancionables a título de dolo o culpa(5), lo cual implica la capacidad de autodeterminación del individuo conforme a las normas que el derecho le impone en un espacio y tiempo concretos.

Encuentra la Sala que dentro del presente asunto, el funcionario procesado como Juez 3º Administrativo del Circuito de Pereira, era conocedor de la norma prohibitiva contenida en el artículo 151.5 de la Ley 270 de 1996, y sabía que su ordenación como Obispo de la Iglesia Católica tradicional no era otra cosa que el ejercicio de ministerio religioso; pero, pese a ese conocimiento, decidió mantener las dos calidades, esto es, la de servidor judicial y ministro de culto religioso. Solo cuando fue activada la jurisdicción disciplinaria en su contra trató de acomodar a su caso la interpretación que la Corte Constitucional le había dado a la norma en cita, bajo un ardid consistente en confundir la incompatibilidad con la función judicial —que, por esencia, es una limitación legítima al ejercicio de funciones públicas, atendiendo a un criterio teleológico en aras de la moralidad pública y de la imparcialidad de los servidores judiciales— con el ejercicio de libertades fundamentales como las religiosa y de cultos, que el Estado les reconoce indistintamente a todos los ciudadanos.

Tanto es así, que estando en curso la acción disciplinaria, trató de poner fin a la irregular conducta, mediante el envío por e-mail de su renuncia a la dignidad episcopal que ostentaba.

Lo anterior significa, sin lugar a dudas, que el disciplinable tuvo conocimiento completo de la controversia que su conducta generaba y de los elementos que la conformaban, entre los cuales se encontraban el desconocimiento de los diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional, respecto del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, y a sabiendas de ello, decidió ordenarse obispo de la Iglesia Católica tradicional, manteniendo el ejercicio de las funciones inherentes al cargo de juez de la República.

Es claro entonces, que pese a todo lo anteriormente señalado el doctor Jorge Humberto Gartner López, dolosamente orientó su conducta de manera clara, inequívoca y deliberada a realizar dos actividades legalmente incompatibles, a saber, las de juez de la República y obispo de la Iglesia Católica tradicional, incurriendo, con lo cual adecuó su comportamiento al tipo disciplinario descrito en el artículo 48.17 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 196 ibidem y 151.5 de la ley estatutaria de la administración de justicia.

Dosificación de la sanción

Teniendo en cuenta que la imputación formulada al disciplinable fue por la comisión de una falta gravísima, en los términos ya reseñados, y que dicha imputación se le hizo a título de dolo, la sanción a imponer es la prevista en el artículo 44, numeral 1º, de la Ley 734 de 2002, pues este canon consagra que para las faltas gravísimas dolosas, la sanción que corresponde es la destitución e inhabilidad general.

En cuanto a la inhabilidad general, teniendo en cuenta los criterios para fijarla, establecidos en el artículo 47, numeral 1º de la misma ley disciplinaria, y, puntualmente, al grave daño que se le ocasiona a la administración de justicia con la conducta desplegada por el servidor judicial, como quiera que las incompatibilidades están previstas en la ley como un mecanismo orientado a preservar no solo la imparcialidad de los jueces y magistrados, sino también a generar en la ciudadanía un nivel óptimo de confianza en la noble misión de administrar justicia; al conocimiento que el funcionario tenía de la ilicitud de su proceder; y a que la decisión del disciplinable de poner fin a la reprochable conducta, solo se vino a dar a consecuencia del inicio de la acción disciplinaria; se establecerá en diez años dicha inhabilidad para ejercer cargos y funciones públicas.

Por último, debe recordarse que, conforme a lo dispuesto en el artículo 45, numeral 1º, literal d), la sanción que se impondrá de destitución e inhabilidad general de diez años para el ejercicio de cargos y funciones públicas conlleva la exclusión del escalafón en la carrera judicial del doctor Jorge Humberto Gartner López.

Como consecuencia de todo lo anterior, se REVOCARÁ parcialmente la sentencia del 11 de diciembre de 2009, proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional del Judicatura de Risaralda, mediante la cual ABSOLVIÓ al doctor Jorge Humberto Gartner López, de los cargos imputados, para en su lugar, confirmar la absolución respecto de la falta atribuida, consistente en el incumplimiento del deber previsto en el artículo 153.18 de la Ley 270 de 1996; y declarar disciplinariamente responsable, al doctor Jorge Humberto Gartner López, en su condición de Juez Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, como autor a título de dolo de la falta gravísima prevista en el artículo 48.17 de la Ley 734 de 2002, al haber actuado como juez de la República a sabiendas de estar incurso en la causal de incompatibilidad prevista en el artículo 151.5 de la Ley 270 de 1996; y, como consecuencia de ello, se le impondrá la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de diez años.

Otras determinaciones

1. En relación con el yerro en que incurrió el seccional de instancia al tramitar las presentes diligencias, por el procedimiento equivocado, sea esta la oportunidad, para hacer un llamado de atención a los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, con el fin de estar atentos frente al procedimiento a seguir en los asuntos puestos a su consideración.

2. Teniendo en cuenta que en su escrito de descargos (fl. 186), el disciplinado Jorge H Gartner López, puso en consideración de la Sala de primera instancia la columna de opinión publicada en el Diario La Tarde el 3 de julio de 2008 y que en dicha columna se denuncian presuntas irregularidades cometidas por los magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda, en particular por el magistrado Carlos Arturo Jaramillo; por secretaría judicial de la Sala se expedirán las copias respectivas, para los fines pertinentes.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR parcialmente la sentencia absolutoria proferida el 11 de diciembre de 2009 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, dentro del disciplinario adelantado en contra del doctor Jorge Humberto Gartner López, en su condición de Juez Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, para en su lugar:

A. CONFIRMAR el fallo absolutorio a favor del funcionario investigado respecto de la falta imputada en el pliego de cargos, consistente en el incumplimiento del deber previsto en el artículo 153, numeral 18 de la Ley 270 de 1996, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

B. declarar disciplinariamente responsable, al doctor Jorge Humberto Gartner López, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.105.214 de Pereira, en su condición de Juez Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, como autor a título de dolo de la falta gravísima prevista en el artículo 48.17 de la Ley 734 de 2002, al haber actuado como juez de la República a sabiendas de estar incurso en la causal de incompatibilidad prevista en el artículo 151.5 de la Ley 270 de 1996, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

C. Como consecuencia de lo anterior, IMPONER SANCIÓN DE DESTITUCIÓN e inhabilidad general por el término de diez años, al doctor Jorge Humberto Gartner López, identificado con la cédula de ciudadanía 10.105.214 de Pereira, en su condición de Juez Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, conforme a las consideraciones anteriores.

2. Notifíquese esta decisión al disciplinable, informándole que contra ella no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en los artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, comuníquese a la oficina de registro y control de la Procuraduría General de la Nación, a las Presidencias de las salas administrativas del Consejo Superior de la Judicatura y Seccional de la Judicatura de Risaralda y al Tribunal Administrativo de Risaralda, conforme a lo dispuesto en el artículo 220 y 221 de la Ley 734 de 2002.

4. Por secretaría Judicial de la Sala expídanse las copias anunciadas en el acápite “OTRAS DETERMINACIONES” de esta sentencia.

5. devuélvase el expediente al seccional de origen para lo de su cargo.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».

Magistrados: Julia Emma Garzón de Gómez Presidenta—Henry Villarraga Oliveros—José Ovidio Claros Polanco—Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora—Jorge Armando Otálora Gómez—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucía Olarte Áviila. Secretaria judicial.

(1) “ART. 175.—Aplicación del procedimiento verbal. El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve.

También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2º, 4º, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley.

(…)” (resalta la Sala).

(2) Gaceta del Congreso 291 del 27 de julio de 2000, Senado de la República, Proyecto de Ley 19 de 2000, pág. 24. Cita de la Corte Constitucional en la Sentencia C-1076 de 2002.

(3) Corte Constitucional, Sentencia C-1076 de 2002, expedientes D-3954 y D-3955 (acumulados), demanda de inconstitucionalidad, entre otros, contra el artículo 175, inciso 2º de la Ley 734 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández, 5 de diciembre de 2002 (negrilla no original).

(4) Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996, Expediente P.E.-008

Revisión constitucional del proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “estatutaria de la administración de justicia”, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, 5 de febrero de 1996 (negrilla no original).

(5) Artículo 13, Ley 734 de 2002.