Sentencia 2008-00253 de noviembre 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil catorce (2014).

Ref.: 760012331000200800253 01

Rad.: 19419

Actor: Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia, COOMEVA.

Demandado: UAE-DIAN

EXTRACTOS: «VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Asunto preliminar.

La consejera Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez manifestó impedimento para conocer del presente proceso, con fundamento en el numeral 12 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, debido a que en la liquidación oficial de revisión y la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, demandados, se citó como fundamento de la actuación administrativa, el Concepto Nº 016133 de 2002, que suscribió cuando fungía en el cargo de jefe de la oficina jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Sobre la causal de impedimento prevista en el artículo 150-12 del Código de Procedimiento Civil(1) se ha pronunciado con anterioridad esta Sala(2), en el sentido de que la misma no se configura para el caso de las interpretaciones jurídicas que emite el juez, extraproceso, puesto que esos conceptos se realizan de manera abstracta sin que se analice el caso particular y concreto.

No obstante lo anterior, la Sala señaló, que sí se comprometen los atributos de imparcialidad e independencia, intrínsecos en la labor judicial, cuando la interpretación jurídica vertida en el concepto oficial debe ser valorada por el funcionario judicial que, como funcionario público dictó el concepto, para resolver una consulta de carácter general sobre la interpretación de las norma tributarias(3).

En este caso, la interpretación jurídica contenida en el concepto oficial será objeto de valoración por el funcionario judicial, por cuanto el mismo está contenido en la actuación administrativa demandada.

Por lo anterior, para la Sala se configura la causal de impedimento prevista en el numeral 1º del artículo 160 del Código Contencioso Administrativo, pues, la Dra. Carmen Teresa Ortiz deberá analizar, el concepto cuya expedición participó.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala encuentra probado el impedimento manifestado. En consecuencia, lo aceptará; y como existe quórum decisorio, no se ordenará el sorteo de conjueces.

2. Asunto de fondo.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 15 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró la nulidad del requerimiento especial Nº 050632006000042 del 18 de abril de 2006, de la liquidación oficial de revisión Nº 050642006000088 del 21 de diciembre de 2006 y, de la Resolución Nº 050662007000014 del 11 de octubre de 2007.

2.1. Cuestión previa.

La Sala advierte que no es procedente la declaratoria de nulidad del requerimiento especial Nº 050632006000042 del 18 de abril de 2006, toda vez que es un acto de simple trámite que no crea una situación jurídica de carácter particular, en tanto se limita a proponer las modificaciones que la administración pretende efectuar a la liquidación privada. Por tanto, atendiendo a su naturaleza de acto preparatorio, no es objeto de control jurisdiccional.

En ese sentido, la Sala revocará la declaratoria de nulidad del requerimiento especial ordenada en la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se declarará inhibida para proferir una decisión de fondo en relación con dicho acto.

3. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer si en la determinación del impuesto sobre la renta a cargo de Coomeva por el año 2003, es procedente la deducción del gravamen a los movimientos financieros en la suma de $ 1.884.668.000 y, del impuesto para preservar la seguridad democrática por $ 605.992.000.

4. Caso concreto.

4.1. Procedencia de los egresos por gravamen a los movimientos financieros y seguridad democrática.

4.1.1. La sección se ha pronunciado sobre el asunto objeto de controversia, tal y como pasa a exponerse(4).

4.1.2. Como se precisó en aquella oportunidad, el procedimiento para determinar el beneficio neto o excedente, se encuentra previsto en las normas que consagran el régimen tributario especial(5), y conforme con el mismo, tratándose de los egresos de las cooperativas, procederán los que constituyan costo o gasto y tengan relación de causalidad con los ingresos, y los que no teniendo relación de causalidad con los ingresos, o que no sean necesarios y proporcionados de acuerdo con las demás actividades comerciales de la cooperativa, sean realizados de conformidad con lo previsto en la legislación cooperativa.

4.1.3. En ese entendido, no resulta procedente que la administración hubiere rechazado como egreso el gravamen a los movimientos financieros y el impuesto para preservar la seguridad democrática con fundamento en los artículos 872 del Estatuto Tributario(6) y 11 del Decreto 1838 de 2002(7), pues estas entidades se rigen por la legislación cooperativa.

4.1.4. En la normativa que regula las cooperativas, se encuentra el plan único de cuentas, establecido en la Resolución 1515 de 2001 de la Superintendencia de Economía Solidaria.

En esa regulación se establece el pago de impuestos obligatorio a favor del Estado, diferentes a los de renta y complementarios, como gastos de ventas de la clase 5, grupo 52, código 5215 y concretamente, el impuesto del 3 por mil(8) en la cuenta 521575(9).

4.1.5. Con fundamento en esa norma, la Sala señaló que el gravamen a los movimientos financieros es un gasto ocasionado en el desarrollo del objeto social de estas entidades, razón por la cual es realizado conforme con la normativa de las cooperativas y, en tal sentido, es un egreso procedente para determinar el beneficio neto o excedente por la vigencia discutida(10).

4.1.6. La citada norma contable, a su vez, prevé en la cuenta 5110 “gastos generales”, que registra los gastos ocasionados o causados por la entidad por concepto de la realización de funciones administrativas generales y otras que le son complementarias al desarrollo de su objeto social.

4.1.7. Al respecto, la Sala ha considerado que entre estos gastos, se encuentran los de origen legal, como el impuesto para preservar la seguridad democrática, en tanto este constituye una erogación en la incurre la entidad de manera complementaria a su objeto social.

De conformidad con lo expuesto, para determinar el beneficio neto se deben restar de los ingresos, los gastos o egresos contables, esto es, los relacionados con el funcionamiento de la cooperativa y los que tienen origen legal, como los impuestos, pues sólo así se determina el excedente contable real, es decir, el que refleja la realidad económica de la entidad.

4.1.8. De acuerdo con lo anterior, y comoquiera que el impuesto para preservar la seguridad democrática es un gasto en que incurre la entidad, debe restarse de los ingresos de la cooperativa para determinar el beneficio neto real, que la actora debe destinar de acuerdo con la legislación cooperativa.

4.1.9. En consecuencia, el gravamen a los movimientos financieros y el impuesto a la seguridad democrática constituyen unos egresos procedentes para determinar el beneficio neto por la vigencia discutida.

5. Conclusión.

5.1. En resumen, se declara la procedencia: i) de los egresos por gravamen a los movimientos financieros y por el impuesto para preservar la seguridad democrática.

5.2. En consecuencia, se confirma la decisión del tribunal de declarar la nulidad de los actos acusados, pero la Sala modificará la sentencia apelada en el sentido de declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo respecto del requerimiento especial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. ACÉPTESE el impedimento manifestado por la Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. En consecuencia, queda separada del conocimiento del presente proceso.

2. MODIFÍCASE el numeral 1º de la sentencia del 15 de diciembre de 2011 dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el sentido de declarase inhibida la Sala para proferir una decisión de fondo en relación con el requerimiento especial Nº 050632006000042 de abril 18 de 2006.

3. CONFÍRMASE en lo demás la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

Consejeros: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Presidente—Martha Teresa Briceño de Valencia—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

1 “12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en éste como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo”.

2 Autos del 13 de septiembre de 2012, Exp. 18058, del 10 de marzo de 2011, Exp. 16476, y del 16 de junio de 2011, Exp. 17180.

3 Ibídem.

4 Sentencia del 17 de septiembre de 2014, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Exp. 18990 y del 29 de noviembre de 2012, C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Exp. 18137, del 12 de mayo de 2010, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, Exp. 17081, y del 26 de noviembre de 2009, C.P. Dr. William Giraldo Giraldo, Exp. 16612.

5 Artículos 19 y 356 a 364 del Estatuto Tributario, 4º del Decreto 124 de 1997, 4º del Decreto 1514 de 1998,

6 Artículo 872. Tarifa del GMF. (...) En ningún caso este valor será deducible de la renta bruta de los contribuyentes.

7 Artículo 11. No deducibilidad del impuesto sobre la renta. En ningún caso el valor cancelado por concepto del impuesto a que se refiere el presente decreto será deducible o descontable del impuesto sobre la renta.

8 El artículo 1º de la Ley 633 de 2000 creó como un nuevo impuesto, a partir del 1º de enero de 2001, el gravamen a los movimientos financieros, a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman.

9 Según la descripción del PUC, la cuenta 52 —gastos de ventas— comprende “los gastos ocasionados en el desarrollo principal del objeto social de la entidad y se registran, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión de ventas encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad de ventas de la entidad incluyendo básicamente la incurridas en las áreas ejecutiva, de distribución, mercadeo, comercialización, promoción, publicidad y ventas. Se clasifican bajo los conceptos de gastos de personal, honorarios, impuestos, arrendamientos, contribuciones y afiliaciones, seguros, servicios, provisiones, entre otros”.

10 La Sala ha sostenido que el gravamen a los movimientos financieros constituye un egreso procedente para las cooperativas. Sentencias del 29 de noviembre de 2012, C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Exp. 18137, del 12 de mayo de 2010, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, Exp. 17081, y del 26 de noviembre de 2009, C.P. Dr. William Giraldo Giraldo, Exp. 16612.