Sentencia 2008-00261 de junio 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2008-00261-01 [19271]

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Demandante: Avícola Rinmos Ltda. (NIT. 832008574-0).

Demandada: DIAN

Asunto: Impuesto de renta y complementarios - año gravable 2003.

Bogotá, D.C., seis de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la DIAN, corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de la liquidación oficial de revisión del impuesto de renta y complementarios correspondiente al año gravable 2003, a cargo de la sociedad Avícola Rinmos Ltda. y de la resolución que decidió el recurso de reconsideración interpuesto contra la misma.

La litis se centra en determinar si la notificación del requerimiento especial 40190001 proferido el 5 de abril de 2006 se ajustó a derecho o, si por el contrario, se produjo con vulneración de los derechos al debido proceso y de defensa.

Al respecto se considera lo siguiente:

Uno de los contenidos del derecho fundamental al debido proceso es el principio de publicidad(11). La notificación busca que el interesado tenga conocimiento de los actos emanados de las autoridades, con el fin de dar cumplimiento al principio de publicidad al que deben someterse todas las actuaciones judiciales o administrativas y permitirle a quienes resulten afectados con la decisión que la controviertan a través de los recursos establecidos por la ley(12).

En desarrollo del principio de publicidad de las actuaciones administrativas contenido en el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo, las entidades administrativas están obligadas a dar a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones señaladas en la ley de acuerdo al acto administrativo de que se trate. En ese sentido, la Sala se ha pronunciado así:

“En el caso de las notificaciones previstas para los actos de carácter particular, ellas tienen por objeto, poner en conocimiento del interesado las decisiones que en ejercicio de alguna de las actuaciones administrativas previstas en el artículo 4º del Código Contencioso Administrativo, expidan los funcionarios investidos de función administrativa; pero esa notificación por los medios legales establecidos, debe efectuarse dentro del término señalado legalmente para proferir la decisión. De manera que al vencimiento de este, la persona a quien va dirigida tenga pleno conocimiento de su contenido y certeza del momento a partir del cual pueda hacer uso de los recursos administrativos señalados en cada caso, cuando estos procedan”(13).

La forma de efectuar la notificación debe ser la adecuada para que se cumpla con su finalidad, encaminada a que el administrado conozca verdaderamente los actos administrativos y pueda ejercer los medios de defensa pertinentes.

Ahora bien, en materia tributaria, el artículo 563 del estatuto tributario dispone que “la notificación de las actuaciones de la administración tributaria deberá efectuarse a la dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, según el caso, o mediante formato oficial de cambio de dirección; la antigua dirección continuará siendo válida durante los tres (3) meses siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva dirección informada (...)” (negrillas fuera de texto).

A su vez, el artículo 565 estatuto tributario, vigente para la época de los hechos,(14) prevé que los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias, emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, debían notificarse por correo o personalmente.

Cuando la notificación se realiza por correo, de acuerdo con el artículo 566 estatuto tributario(15) “se practicará mediante entrega de una copia del acto correspondiente a la dirección informada por el contribuyente a la administración”. En relación con esta dirección debe tenerse en cuenta que puede corresponder, según lo previsto en el artículo 563 del estatuto tributario, a la que informe el contribuyente en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, o en formato oficial de cambio de dirección.

Igualmente, la normativa tributaria establece la posibilidad de notificar los actos expedidos durante el proceso de determinación y discusión del tributo a la dirección procesal, esto es, la informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, para ese específico proceso, por lo tanto, es obligatorio para la administración notificarle a esta dirección las actuaciones correspondientes, pues el artículo 564 estatuto tributario indica expresamente que la administración “deberá” hacer la notificación a dicha dirección.

Ahora bien, para el análisis del caso concreto, la Sala advierte que de la revisión de los antecedentes administrativos se establece lo siguiente:

— El 6 de abril de 2004, Avícola Rinmos Ltda. presentó declaración de renta y complementarios por el año gravable 2003, en la que informó como dirección “La Unión Fómeque”(16).

— El 5 de abril de 2006, la administración profirió requerimiento especial 0401-90001,(17) el cual fue notificado por correo certificado el 6 de abril de 2006 y fue recibido por la señora Ana Bertilda Torres Rincón en la dirección “vereda La Unión Fómeque”, según consta en el acuse de recibo de Adpostal 43469(18).

— El 6 de abril de 2006, el representante legal de la sociedad Avícola Rinmos Ltda. presentó un escrito ante la DIAN,(19) solicitando que se le otorgara un plazo de diez días hábiles para dar repuesta al requerimiento ordinario 320632005000488(20) e informando que la dirección para notificaciones de las actuaciones surtidas por la administración era la carrera 75 Nº 24 D 19 segundo piso, en la ciudad de Bogotá.

— Oficio 80532215-051 del 2 de febrero de 2007,(21) por el que el jefe del Grupo de Notificaciones de la Administración de Personas Naturales de la DIAN remite al jefe del Grupo Interno Determinaciones Oficiales de la entidad, “copia del acuse de recibo correo certificado Ad-postal 43469 donde figura como notificado el requerimiento especial 0401-900001 del 5 de abril de 2006 proferido por la división de fiscalización de esta administración”.

— Declaración extraproceso rendida por la señora Ana Bertilda Torres Rincón ante el notario único de Fómeque el 10 de junio de 2006, en la que expresó(22):

“... que el día seis de abril vino un joven a la tienda donde resido y me entregó unos documentos en un sobre que eran para Avícola Rinmos Ltda. que es la empresa de mi hijo Pascual Rincón, y que queda como a dos kilómetros del casco urbano, yo puse el sobre un mostrador y se me olvido entregarlo, como a los ocho días o más vi el sobre y me acorde que era para mi hijo y se lo entregué, porque ellos como viven en la finca, a mí se me olvida dar razones y entregar los papeles, eso fue el seis de abril del presente año como en horas de la mañana, y yo firmé un recibido” (negrillas fuera de texto).

— El contribuyente se opuso a la modificación propuesta por la DIAN en el requerimiento especial y radicó la respuesta el 6 de julio de 2006(23) en la que manifestó motivos de inconformidad por la forma en que fue notificado el requerimiento y respecto de las modificaciones propuestas a la liquidación privada.

— El 3 de octubre de 2006, la DIAN profirió la ampliación al requerimiento especial, que fue notificada el 4 de octubre de 2006 por correo certificado en la carrera 75 Nº 24 D-19, segundo piso, según planilla 7804 y fue recibida por el señor José A. Monroy, según consta en el acuse de recibo de correo certificado 150233(24).

— El 14 de junio de 2007, la administración profirió la liquidación oficial de revisión 320642007000020,(25) por medio de la cual se modificó la declaración de renta y complementarios del año gravable 2003, la que fue notificada el 19 de junio de 2007 por correo certificado en la carrera 75 Nº 24 D-19, segundo piso, según planilla 4882 y fue recibido por la señora Diana Zabala(26).

— El 18 de junio de 2008, la administración profirió la Resolución 900001, mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto el 13 de agosto de 2007(27). Decisión que fue notificada el 1º de julio de 2008 al señor Yohan Ricardo Quevedo Montaña, persona autorizada para tal fin(28).

De acuerdo con lo anterior, se observa que en sede administrativa, el contribuyente, en la declaración del impuesto de renta y complementarios del año gravable 2003, informó como dirección para notificaciones La Unión - Fómeque, idéntica dirección a la que suministró en el registro único tributario - RUT(29).

De conformidad con las pruebas allegadas al expediente, es claro que el requerimiento especial 0377975 expedido el 5 de abril de 2006 por la administración tributaria fue notificado por correo certificado en la vereda La Unión - Fómeque y fue recibido por la señora Ana Bertilda Torres, madre del representante legal de la actora, el 6 de abril de la misma anualidad, según se acredita con el acuse de recibo 43469 de Adpostal.

No obstante, de acuerdo con la declaración extrajuicio rendida por la señora Torres Rincón ante la Notaría Única de Fómeque, la notificación fue realizada en un establecimiento de comercio (tienda), que corresponde a un lugar diferente al sitio donde está ubicada la actora, situación que no fue controvertida por la DIAN.

En esas condiciones, si bien en el sub examine podría configurarse una notificación irregular, no es procedente anular por esa sola circunstancia la actuación surtida por la demandada, como lo solicita la actora en los cargos de la demanda porque, como lo ha indicado la Sala, la falta de notificación o la notificación irregular de los actos administrativos, no es causal de nulidad de los mismos, sino un requisito de eficacia y oponibilidad(30).

Así lo ha expuesto la Sala:

“Ahora bien, aunque la notificación del acto sancionatorio fue irregular y violó el debido proceso, tal circunstancia no tiene entidad suficiente para anular la sanción, pues, en últimas, la actora pudo controvertirla. A su vez, la falta o indebida notificación del acto definitivo, no es per se causal de nulidad del mismo. La violación del debido proceso como motivo de nulidad (CCA, art. 84) se refiere a la formación del acto, no a su falta de notificación, lo que genera inoponibilidad”(31).

En efecto, en el caso concreto, la situación antes descrita no constituyó un impedimento para que la actora pudiera conocer el contenido del acto previo y ejercer su derecho de defensa pues, como se demostró, dio respuesta oportuna al requerimiento, el 6 de julio de 2006, es decir, dentro del término de 3 meses contados a partir de la notificación(32) (abr. 6/2006), razón por la cual fue tenida en cuenta por la demandada en el proceso en sede administrativa.

En todo caso, resulta necesario precisar que la notificación por correo de las actuaciones de la administración tributaria deberá efectuarse en la dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 563 del estatuto tributario, pero sin que la norma exija que deba notificarse directamente al representante legal de la sociedad, como lo sostuvo el tribunal, pues como lo alega la recurrente, en este caso, se trata de una notificación por correo y no de una notificación personal, esta última prevista en el artículo 569 estatuto tributario y que no es la procedente en el sub examine.

Ahora bien, en la misma fecha en que fue notificado el requerimiento especial (abr. 6/2006), radicó un oficio ante la DIAN, en el que suministró como dirección para que se surtieran las notificaciones, la calle 75 Nº 24 D 19 de la ciudad de Bogotá, razón por la que la administración notificó en dicha dirección las actuaciones administrativas posteriores, tales como, la ampliación al requerimiento especial, la liquidación oficial de revisión y la resolución que resolvió el recurso de reconsideración.

La mencionada dirección no resulta aplicable a la situación objeto de estudio, porque para el momento de la expedición(33) y notificación(34) del requerimiento especial, la vereda La Unión - Fómeque era la dirección para notificaciones informada por el contribuyente en la declaración privada y en el registro único tributario - RUT.

De otra parte, la Sala advierte que, contrario a lo estimado por el a quo, resulta relevante, en este caso, que la notificación cumplió con su finalidad, toda vez que la actora conoció del contenido del requerimiento especial y pudo contestarlo oportunamente, lo que implica que no hubo vulneración al derecho al debido proceso por parte de la DIAN como lo invoca la demandante en el libelo inicial.

El hecho de que no esté probada la fecha exacta en que la demandante conoció el requerimiento especial, es decir, si fue notificado dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar,(35) no le resta validez a la notificación que, como se advirtió, en este caso se realizó por conducta concluyente y de esta forma el contribuyente conoció el requerimiento especial y lo contestó oportunamente.

En esas condiciones, la Sala insiste en que la sola irregularidad de la notificación no constituye causal de nulidad de los actos administrativos, por las razones antes expuestas, máxime si se evidenció que a pesar de ello la demandante pudo ejercer su derecho de defensa, que es la finalidad a la que apunta la publicidad del acto.

Finalmente, resulta oportuno reiterar el criterio de la Sala en el sentido de que cuando los contribuyentes informan direcciones rurales “es un hecho conocido que no hay servicio de correo hasta el predio, por lo tanto es deber de la persona recoger en la oficina de Adpostal en la cabecera municipal la correspondencia”(36).

En consecuencia, prospera el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, por tal motivo, se revocará la decisión del tribunal para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 15 de septiembre de 2011 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. En su lugar,

2. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

RECONÓCESE personería a la doctora Carmen Adela Cruz Molina como apoderada de la DIAN en los términos del poder que obra a folio 194.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

(11) Corte Constitucional, Sentencia C-1114 del 25 de noviembre de 2003. M.P. Jaime Córdova Triviño.

(12) Corte Constitucional. Sentencia C-929 de septiembre 6 de 2005.; Consejo de Estado, sentencia de 26 de octubre de 2006, Expediente 15182.

(13) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 30 de enero de 2003, Expediente 13096, M.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié.

(14) Esta disposición fue modificada por el artículo 45 de la Ley 1111 del 27 de diciembre de 2006.

(15) Norma derogada por el artículo 78 de la Ley 1111 del 27 de diciembre de 2006.

(16) Folio 3, cuaderno anexo 1.

(17) Folios 661 a 677, cuaderno anexo 5.

(18) Folio 861, cuaderno anexo 6.

(19) Folio 687, cuaderno anexo 5.

(20) Folios 68 a 70, cuaderno anexo 1. Respecto de esta notificación obra constancia de haberse recibido la notificación el 30 de diciembre de 2005 según certificación de Adpostal 144578, (fl. 71, c.a.).

(21) Folios 858 a 861, cuaderno anexo 6.

(22) Folio 79, cuaderno principal.

(23) Folios 714 a 716, cuaderno anexo 5.

(24) Folios 739 a 756 y 776 a 777, cuaderno anexo 6.

(25) Folios 922 a 959, cuaderno anexo 7.

(26) Folios 960, cuaderno anexo 7.

(27) Folios 970 a 979, cuaderno anexo 7.

(28) Folios 9 a 38, cuaderno principal.

(29) Folio 962, cuaderno anexo 7.

(30) Sentencias de 6 de marzo de 2008, Expediente 15586 y de 26 de noviembre de 2009, Expediente 17295. C.P. Dr. Héctor J. Romero Díaz; y del 12 de mayo de 2010, Expediente 16534, M.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(31) Sentencia del 6 de abril del 2008, Expediente 15411, M.P. Héctor J. Romero Díaz.

(32) Artículo 707, estatuto tributario.

(33) 5 de abril de 2006.

(34) 6 de abril de 2006.

(35) Artículo 705, estatuto tributario.

(36) En este sentido se ha pronunciado la Sala en reiteradas oportunidades: Sentencia del 23 de agosto de 1996, Expediente 7759, M.P. Delio Gómez Leyva, reiterada en el fallo del 2 de julio de 1999, Expediente 9234, sentencia de diciembre 1º de 1994, Expediente 6095, M.P. Consuelo Sarria O., sentencia del 24 de octubre de 2002, Expediente 13041, M.P. Ligia López Díaz, entre muchas otras.