Sentencia 2008-00272 de agosto 3 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicado: 19001 11 02 000 2008 00272 02

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Aprobado según Acta 075 de la misma fecha.

Ref.: Disciplinario contra el Juez Promiscuo de Familia de Caloto (Cauca).

Vistos

Bogotá, D.C., tres de agosto de dos mil once.

Negada la ponencia presentada por el doctor Henry Villarraga Oliveros(1), procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado, contra el fallo de fecha 29 de septiembre del año 2010, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca(2), resolvió sancionar suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un mes e inhabilidad especial para ejercer función pública durante el mismo lapso al doctor Manuel Andrés Silva Iragorri, en su condición de Juez Promiscuo de Familia de Caloto (Cauca), tras hallarlo responsable de incurrir en falta a los deberes funcionales previstos en los numerales 5º, 7º y 8º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996.

Síntesis fáctica

Ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca compareció la señora Yamile Rada Rubio, con el fin de interponer queja disciplinaria contra el Juez Promiscuo de Familia de Caloto por haber trasladado a su hijo, a quien se le seguía un proceso por lesiones personales con arma blanca, al instituto Toribío Maya, en donde dice se encuentra encerrado, en lugar de concederle la custodia del menor a su progenitora, siéndole negados los permisos para visitarlo, decisiones que se tomaron en el referido despacho sin la presencia del señor juez, quien es una persona difícil de ubicar, pues “uno va a buscarlo y son las 10:00 o 10:30 de la mañana y él aún no ha llegado”.

Actuación procesal

1. Con fundamento en la queja antes referida, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, en proveído de fecha 18 de julio de 2008 resolvió, atendiendo lo señalado en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, avocar el conocimiento de las presentes diligencias y abrir indagación preliminar en contra de Juez Promiscuo de Familia de Caloto (Cauca), a efectos de los cual ordenó la práctica de las siguientes pruebas (fls. 6 y 7 c.o.):

— Oficiar a la dirección ejecutiva de administración judicial a fin de que informara quién se encontraba desempeñando el cargo de Juez Promiscuo de Familia de Caloto (Cauca) y remitiera copia de los actos de nombramiento y posesión, así como constancia del salario devengado para el año 2008.

— Solicitar al Juzgado Promiscuo de Caloto (Cauca) la remisión de copia íntegra y auténtica de toda la actuación surtida en el proceso adelantado contra el menor Duván Esleider Gasca Rada, hijo de la quejosa.

— Notificar al titular del precitado juzgado y al Ministerio Público de la anterior decisión.

2. Identificado e individualizado el funcionario judicial que intervino en la conducta presumiblemente constitutiva de falta disciplinaria, procedió el magistrado instructor a ordenar la apertura de la investigación en contra del doctor Manuel Andrés Silva Iragorri en su calidad de Juez Promiscuo de Familia de Caloto (Cauca), y dispuso solicitar al Tribunal Superior de Popayán informar si al referido funcionario se le concedieron permisos o comisiones durante los días 23 de junio, 1º de julio, 25 de julio y 14 de octubre de 2008 (fl. 43).

3. Analizado en conjunto el material probatorio aportado dentro del periodo de indagación preliminar, el a quo profirió auto de fecha 15 de julio de 2009 en el cual, decidió formular pliego de cargos en contra del doctor Manuel Andrés Silva Iragorri, en su calidad de Juez Promiscuo de Familia de Caloto (Cauca), por haber presuntamente infringido sus deberes profesionales contenidos en los artículos 153 numeral 5º y 154 numeral 2º de la Ley 270 de 1996, conductas calificadas como graves y cometidas a título de dolo.

La imputación fáctica consistió en el hecho de no atender personalmente el asunto puesto a su consideración, esto es, el proceso tramitado en contra del menor Duván Sleider Gasca Rada, a pesar de conocer su obligación de hacerlo, ausentándose del despacho sin contar con autorización de sus superiores los días 23 de junio, 1º de julio, 25 de julio y 14 de octubre de 2008, con lo que afectó el esencial servicio de la administración de justicia en sus principios de celeridad, eficacia y transparencia, y permitiendo que el secretario del despacho procediera a adelantar las diligencias inherentes a dicho asunto en su ausencia, quien ordenó la apertura de la investigación formal contra el menor, dirigió la diligencia de exposición y entrevista privada y dispuso declararlo provisionalmente responsable de la comisión de la conducta irregular de lesiones personales, imponiéndole como medida de protección provisional la de ubicarlo durante sesenta días en el Centro de Formación Juvenil Toribío Maya de la ciudad de Popayán (fls. 60 a 71).

4. En providencia del 15 de octubre de 2009, la Sala a quo consideró necesario hacer una modificación de la calificación jurídica realizada con anterioridad para en lugar de imputar la falta al deber contenido en el artículo 154 numeral 2º de la Ley 270 de 1996, endilgarle la inobservancia de los deberes funcionales establecidos en los numerales 7º y 8º del artículo 153 ibídem, por cuanto la conducta que se investiga pudo haber configurado una situación de incumplimiento del horario de trabajo, mas no un abandono del cargo.

Así las cosas, la acusación contra el Juez Promiscuo de Familia de Caloto tiene que ver con un presunto incumplimiento a los deberes funcionales de que tratan los numerales 5º, 7º y 8º del artículo 153 ejúsdem, infracciones calificadas como graves y presumiblemente cometidas a título de dolo.

5. En escrito de fecha 11 de diciembre de 2009 (fls. 130 a 132) el disciplinado informó que para los días 23 de junio, 1º de julio, 25 de julio y 14 de octubre de 2008 se encontraba en capacitación en los juzgados penales de la ciudad de Cali con ocasión de la entrada en vigencia del sistema de responsabilidad penal para adolescentes (L. 1098/2006) con autorización verbal de sus superiores. El 1º de julio de ese año, indicó, la Policía puso a disposición de su despacho al menor Duván Sleider Gasca Rada por haber presuntamente incurrido en el delito de lesiones personales contra tres personas, por lo que al recibir la noticia vía telefónica de parte del secretario del juzgado, procedió a darle instrucciones de cómo proceder durante el lapso que este se demorase en trasladarse hasta el despacho. Presentó igualmente solicitud de práctica de pruebas de las cuales algunas fueron denegadas en auto del 27 de enero de 2010 contra el cual se interpuso recurso de apelación que desató esta superioridad en decisión del 14 de abril del mismo año, confirmando en su integridad la providencia atacada.

6. Mediante auto del 12 de julio de 2010 se dispuso dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 92 numeral 8º de la Ley 734 de 2002 y en consecuencia, correr traslado a las partes para que presentaran alegatos.

6.1. La Procuraduría 153 Judicial II en materia penal presentó escrito de fecha 24 de agosto de 2010 en el que consideró que el investigado no se sustrajo de la realización personal de las tareas que tuvo a su cargo, en tanto “NO corresponde al titular de un despacho ejercer todos y cada uno de los trámites que se adelanten en desarrollo de su competencia funcional, comoquiera que para ello, se cuenta con los empleados adscritos a cada juzgado, que por órdenes del titular, ejercen las tareas que son en principio establecidas en cabeza del mismo…” (el énfasis es original).

Indicó además que no es posible observar en la actitud del investigado una conducta grave y a título de dolo, pues no se advierte ninguna afectación funcional debido a que su ausencia en el despacho se debió precisamente a la necesidad de capacitarse para enfrentar los retos del nuevo sistema, lo cual resulta acorde con el artículo 53 superior que autoriza la capacitación y el adiestramiento como principio fundamental del derecho del trabajo.

La providencia objeto de recurso

Mediante proveído del 29 de septiembre del año 2010, la Sala a quo resolvió sancionar con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad para ejercer función pública por el término de un mes al doctor Manuel Andrés Silva Iragorri, en su condición de Juez Promiscuo de Familia de Caloto, tras hallarlo responsable de incurrir en falta a los deberes funcionales previstos en los numerales 5º, 7º y 8º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 y dispuso compulsar copias de la actuación a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán.

Lo anterior por cuanto encontró demostrado que los días 23 de junio, 1º de julio, 25 de julio y 14 de octubre de 2008 el funcionario abandonó sus labores sin autorización previa de sus superiores, de lo cual se evidencia una omisión a los deberes que le imponen cumplir con el horario de trabajo y dedicar el tiempo laboral al desempeño de las funciones a su cargo, sin que pueda justificarse su actuación con una supuesta autorización verbal de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, pues el trámite pertinente era presentar la solicitud de permiso remunerado por escrito, según las disposiciones de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.

Tampoco admitió como excusa el hecho de encontrarse el investigado en la búsqueda de una capacitación que le permitiera enfrentar con profesionalismo el nuevo sistema de responsabilidad penal para adolescentes, puesto que para ello la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca programó cursos de capacitación en octubre y diciembre, calificando como apresurada la actuación del disciplinado.

En lo atinente a la diligencia del 1º de julio de 2008, día en que pusieron a disposición del despacho al menor Duván Sleider Gasca Rada, el a quo consideró que no eran aceptables las exculpaciones presentadas por el investigado en el sentido de haber dado instrucciones expresas al secretario del juzgado para que tomara las decisiones pertinentes, debido a que si bien tiene la facultad de delegar algunas de las funciones en sus empleados, hay otras que son indelegables, siendo la resolución de la situación jurídica del menor una de ellas “puesto que los asuntos que se ventilen contra los menores infractores deben estar rodeados de un más intenso respeto a las garantías fundamentales y nadie más llamado a preservar las mismas que el director del juzgado...”.

Las conductas fueron calificadas a título de dolo por tener conocimiento de la sus deberes legales, no obstante lo cual decidió de manera voluntaria, consciente y autónoma apartarse del cumplimiento de los mismos.

La apelación

El sancionado interpuso dentro del término legal concedido para ello, recurso de apelación contra la anterior determinación, solicitando la revocatoria de la misma, reiterando los argumentos defensivos que expuso a lo largo del trámite procesal, al afirmar que según la información dada por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca en una reunión con todos los jueces municipales, de menores, promiscuos de familia y la sala civil familia laboral del Tribunal Superior de Popayán, cada uno de los funcionarios debía buscar la forma de procurar los conocimientos y obtener la preparación necesaria para la entrada en vigencia del nuevo sistema, pues no había recursos económicos para realizar las correspondientes capacitaciones.

Dijo que su ausencia en el despacho no generó ningún perjuicio o daño a la prestación del servicio, pues por el contrario, el objetivo fue presenciar las audiencias que sus colegas de Cali venían realizando con el fin de obtener las herramientas necesarias para enfrentar los retos del nuevo sistema de responsabilidad penal para adolescentes, por lo que la conducta carece de ilicitud sustancial.

Afirmó que en su proceder confluye una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria contenida en el numeral 4º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002 que se configura cuando la actuación sea realizada por salvar derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad, pues entraron en colisión el derecho a capacitarse frente al deber funcional de cumplir el horario de trabajo y de desempeñar las funciones del cargo.

Consideraciones de la Sala

De conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política y 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para desatar los recursos de apelación que se formulen dentro de los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales.

Procede entonces esta superioridad a pronunciarse sobre la investigación disciplinaria seguida al doctor Manuel Andrés Silva Iragorri, Juez Promiscuo de Familia de Caloto (Cauca), quien se ausentó de su lugar de trabajo por algunas horas los días 23 de junio, 1º de julio, 25 de julio y 14 de octubre de 2008, y habiendo sido puesto a disposición de su despacho el menor Duván Sleider Gasca Rada por haber presuntamente cometido el ilícito de lesiones personales con arma blanca, el secretario del despacho debió asumir la dirección de las diligencias y la toma las decisiones pertinentes, actuaciones por las cuales se le formularon cargos al juez tras considerar que pudo haber incurrido en un desconocimiento de los deberes contenidos en los numerales 5º, 7º y 8º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, cuyo texto se transcribe:

“ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

(…)

5. Realizar personalmente las tareas que les sean confiadas y responder del uso de la autoridad que les haya sido otorgada o de la ejecución de las órdenes que puede impartir, sin que en ningún caso quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la que corresponda a sus subordinados.

(…)

7. Observar estrictamente el horario de trabajo así como los términos fijados para atender los distintos asuntos y diligencias.

8. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario del trabajo al desempeño de las funciones que les han sido encomendadas (…)”.

De entrada debe anunciar esta Sala que la providencia objeto de estudio será modificada, toda vez que se advierte la necesidad de subsumir la falta al deber contenido en el numeral 8º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en aquella referente a la inobservancia de las disposiciones del numeral 7º artículo 153 ibídem, no obstante lo cual la sanción se mantendrá incólume, por las razones que se exponen a continuación.

Es verdad admitida por el disciplinado y acreditada con los medios de convicción allegados al plenario que los días 23 de junio, 1º de julio, 25 de julio y 14 de octubre de 2008 el doctor Silva Iragorri se ausentó de su despacho, con el fin de presenciar las audiencias y verificar el funcionamiento interno del Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cali, según certificaciones expedidas por el citado despacho y que reposan en el expediente (fls. 29 a 32), en donde se venía dando aplicación a la Ley de Responsabilidad Penal para Adolescentes que entraría a regir en la jurisdicción del disciplinado próximamente, encontrándose así debidamente demostrada la comisión objetiva de la conducta, por lo que procede esta colegiatura al correspondiente análisis de la responsabilidad subjetiva del implicado.

Afirma el investigado según la información proveniente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, no había suficientes recursos económicos para programar capacitaciones tendientes a darles a conocer el procedimiento establecido por la Ley 1098 de 2006 que entraría a regir próximamente en esa jurisdicción, por lo que cada funcionario debía procurar su propia capacitación, debido a lo cual decidió solicitar a sus compañeros de Cali, quienes venían aplicando desde hacía algún tiempo el referido procedimiento, le permitieran presenciar las audiencias, solicitando para ello la autorización de sus superiores de manera verbal.

Ante tales manifestaciones, la Sala de instancia procedió a remitir solicitud al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán y a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca para que informaran si al doctor Silva Iragorri le fueron concedidos permisos durante las fechas en que se comprobó su ausencia en el despacho judicial, entidades que dieron respuesta en sentido negativo, informando además que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla organizó un curso de capacitación sobre el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en el Hotel Sochagota del municipio de Paipa (Boyacá) del 8 al 11 de octubre de 2008, al que asistieron entre otros funcionarios, el Juez Promiscuo de Familia de Caloto (fls. 53, 57 y 157 a 158), lo que desvirtúa sus manifestaciones en torno a que no se programaron capacitaciones por ausencia de recursos económicos.

Así, los motivos que tuvo el implicado para ausentarse de su despacho en horas laborales, tienen un fundamento académico, loable y meritorio, en tanto fue en procura de obtener mejores conocimientos para enfrentar los nuevos retos del sistema de responsabilidad penal para adolescentes; sin embargo, no podía el funcionario dejar de lado las labores diarias de su trabajo, por lo que debía solicitar autorización de sus superiores, lo que no ocurrió en la forma debida, pues lo pertinente era realizar el trámite establecido en el artículo 144 de la Ley 270 de 1996, esto es, presentar solicitud escrita ante el superior jerárquico, máxime cuando sí tuvo la oportunidad de asistir a la capacitación programada por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

No es de recibo el argumento esgrimido por el disciplinado en su escrito de apelación, en el sentido de que debe darse aplicación al mandato del artículo 28 numeral 4º de la Ley 734 de 2002 sobre la exclusión de responsabilidad en los casos en que se esté frente a la necesidad de salvar un derecho propio o ajeno, en razón a lo cual deba ceder el cumplimiento del deber, circunstancia que el encartado considera se configura en el presente asunto por estar en colisión el derecho a capacitarse frente al deber funcional de cumplir el horario de trabajo y de desempeñar las funciones del cargo.

Como se dijo, la misión de entrar en la búsqueda de los conocimientos y habilidades que permitan enfrentar de mejor y más eficiente forma los constantes retos a los que los funcionarios nos vemos diariamente avocados es una tarea loable y meritoria; sin embargo, no por ello pueden dejarse de lado los deberes que la ley impone a los administradores de justicia, pues para ello se establecieron los mecanismos tendientes a obtener los permisos correspondientes para adelantar estudios o buscar la manera de obtener tales conocimientos.

No se trata entonces de que el investigado deba renunciar a su necesidad de mejorar sus conocimientos para atender los casos que son puestos a su consideración, sino de que lo realice de conformidad con el procedimiento establecido para ello y sin descuidar los demás deberes que la ley le impone.

Así las cosas, advierte esta superioridad que los elementos de la responsabilidad del togado (objetivo y subjetivo) en el incumplimiento del deber de observar estrictamente el horario de trabajo (L. 270/96, art. 153, num. 7º), se encuentran debidamente acreditados, pues se ausentó de su despacho sin ninguna justificación válida.

Ahora bien, tal conducta es igualmente constitutiva de la infracción al deber contenido en el artículo 153 numeral 8º de la Ley 270 de 1996, lo que no implica que pueda sancionarse al disciplinado por incurrir en ambas faltas, pues se estaría transgrediendo con ello el principio del non bis in idem, es decir, que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma conducta.

Debido a lo anterior, esta falta debe ser subsumida en aquella que hace relación con la omisión al deber contenido en el numeral 7º del artículo 153 ibídem, tal como se dirá en la parte resolutiva de esta providencia.

Por otra parte, en lo atinente al deber de realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, coinciden igualmente las consideraciones de esta colegiatura con las de la Sala de instancia en el sentido de hallar disciplinariamente responsable al encartado de incurrir en una omisión a tal obligación legal.

Es claro que frente a la cantidad de actuaciones que deben realizarse al interior de un despacho judicial, el titular del mismo debe delegar en sus empleados algunas tareas, limitándose él a dirigirlas y verificar su cumplimiento; sin embargo, existen ciertas labores que tienen el carácter de indelegables debido a la trascendencia de los hechos y la importancia de los derechos que se encuentran en riesgo, como ocurre en el caso de marras en donde la cuestión que se debatía tenía que ver con el derecho de libertad de un menor de edad, sujeto de especial protección en la constitución, a quien deben dársele la mayor cantidad de garantías procesales posibles, por lo que el juez debía asumir directamente tal gestión.

En este caso, sucedió que el 1º de julio de 2008, estando el disciplinado en los juzgados de Cali en busca de la mencionada capacitación para la entrada en vigencia del nuevo sistema de responsabilidad penal para adolescentes, fue puesto a disposición de su despacho el menor Duván Esleider Gasca Rada por haber presuntamente incurrido en el delito de lesiones personales, circunstancia ante la cual el secretario del juzgado, Andrés Felipe López Gómez, procedió a comunicarse vía telefónica con el aquí investigado, quien le dio instrucciones sobre cómo proceder (diligencia de testimonio rendida por el señor López Gómez fl. 187 a 188).

Según lo anterior, procedió el secretario a adelantar la diligencia de exposición y entrevista privada del menor, y dispuso declararlo provisionalmente responsable de la comisión del mencionado delito, imponiéndole como medida de protección provisional la de ubicarlo durante sesenta días en el Centro de Formación Juvenil Toribío Maya de la ciudad de Popayán.

Al respecto se advierte entonces que, en primer lugar, el doctor Silva Iragorri no tenía por qué encontrarse ausente de su lugar de trabajo, tal como se indicó líneas arriba, y en segundo lugar, no es válida ni aceptable la justificación presentada en el sentido de que dio claras instrucciones al secretario sobre cómo actuar, pues tratándose de un asunto tan delicado, su comportamiento debió ser el de dirigirse de manera inmediata al despacho y apersonarse de las diligencias que se debían tramitar.

No puede ser justificación entonces, haber recurrido a las facilidades de la tecnología para dar indicaciones sobre la forma de dirigir una diligencia que debía realizar de manera personal, ni puede admitirse el argumento de no haber ilicitud sustancial en su conducta, pues el funcionario debía observar las características del menor, analizar su entorno y las circunstancias que rodearon los hechos por los cuales se le capturó y fue puesto a disposición de su despacho, para lo cual era necesario que presenciara de manera directa y sin intermediarios la diligencia de entrevista privada, lo que le daría las herramientas necesarias para adoptar las medidas más convenientes y que de mejor manera, protegieran los derechos del menor.

De ello se sigue que la falta fue efectivamente cometida, sin encontrarse razón alguna que justifique tal comportamiento, por lo que será confirmada la declaratoria de responsabilidad del encartado en lo atinente a la infracción del deber contenido en el numeral 5º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996.

Por último, debe decirse que dada la modalidad de las conductas investigadas, esto es, dolosas en tanto que el ejecutor de las mismas conocía de antemano sus deberes y a pesar de ello decidió conscientemente apartarse de ellos, la naturaleza esencial del servicio y el grado de perturbación del mismo que se considera de especial relevancia en tanto se trata de la protección de los derechos y garantías de un menor, por lo que las funciones desempeñadas adquieren especial importancia, más aún tratándose de la definición de la libertad o no del mismo como consecuencia de la conducta presuntamente constitutiva del delito de lesiones personales, se considera que la calificación del a quo en el sentido de ser graves, es acertada, por lo que la sanción será confirmada.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. MODIFICAR el proveído de fecha 29 de septiembre de 2010, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, en el sentido de SUBSUMIR la falta al deber contenido en el numeral 8º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 en aquella referente a la inobservancia de la obligación establecida en el numeral 7º del artículo 153 ibídem, de conformidad con las motivaciones expresados en esta providencia.

2. CONFIRMAR la sanción suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un (1) mes e inhabilidad especial para ejercer función pública durante el mismo lapso al doctor Manuel Andrés Silva Iragorri, en su condición de Juez Promiscuo de Familia de Caloto (Cauca), como autor responsable de incurrir en falta a los deberes funcionales previstos en los numerales 5º y 7º del artículo 153 de la Ley 732 de 2002.

3. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

4. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Henry Villarraga Oliveros, Presidente—José Ovidio Claros Polanco, Vicepresidente—Julia Emma Garzón de Gómez—Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora—Jorge Armando Otálora Gómez—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

(1) Sala 47 del 18 de mayo de 2011.

(2) Conformaron la Sala los magistrados Gerardo Julián Velasco Ordóñez (ponente) y Javier Andrade González.