Sentencia 2008-00275/39718 de noviembre 20 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA - SUBSECCION C

Rad.: 47001-23-31-000-2008-00275-01 (39.718)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Actor: Ricardo Elberto Carrillo Cifuentes y otros

Demandado: Nación —rama judicial—, Superintendencia de Notariado y Registro

Referencia: Acción de reparación directa (Sentencia)

Tema: Descriptor: Responsabilidad del Estado por la prestación del servicio registral y de la administración de justicia. Restrictor. Falla del servicio. Principio de la no reformatio in pejus

Bogotá, D.C., veinte de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

3.1. Sobre los presupuestos materiales de la Sentencia de mérito.

3.1.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la Nación - rama judicial y Superintendencia de Notariado y Registro, ya que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, y el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(16).

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en sede contencioso administrativo por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, el recurso de apelación se entiende interpuesto en lo que es desfavorable al apelante y en caso de que sea apelante único, el ad quem, no podrá hacer más gravosa su situación, principio al que se le ha denominado de la non reformatio in pejus.

En el presente caso el recurso de apelación contra la sentencia de instancia fue formulado por las entidades demandadas, integrantes del extremo pasivo de la relación jurídico procesal, por lo que la sala encuentra restringida su competencia por tal principio y no podrá hacerse más gravosa su situación.

3.1.2. Vigencia de la acción.

Ahora bien, el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa “caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.”.

Para la sala, carece de fundamento la excepción de caducidad propuesta por la Superintendencia de Notariado y Registro, puesto que lo cierto es que la omisión endilgada a la oficina de registro de instrumentos públicos, consistente en no inscribir la afectación a vivienda familiar del inmueble, produjo el daño que fundamenta las pretensiones de la parte actora el día en que se registró el embargo ordenado por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Santa Marta, mediante auto del 28 de mayo de 2003, y se extendió hasta el 31 de julio de 2006, fecha en que fue entregado el bien a los demandantes, luego de que se levantara el embargo y secuestro(17).

Luego, la acción estuvo vigente hasta el 1º de agosto de 2008, esto es, hasta dos años después al día siguiente al de la entrega del inmueble, y su ejercicio fue oportuno habida cuenta que la demanda se presentó el 27 de junio de 2008, esto es, dos meses y cuatro días antes del vencimiento del término legal para el ejercicio de la acción.

3.1.3. Legitimación para la causa.

Según el hecho primero de la demanda, los señores Ricardo Carrillo Cifuentes y Luz Teresa Zamora Duque “adquirieron por compraventa” el inmueble ubicado en el kilómetro 79 vía Barranquilla - Santa Marta, identificado con matricula inmobiliaria Nº 080-7466.

Comoquiera que han venido al proceso aduciendo su condición de propietarios de dicho inmueble, la sala encuentra que únicamente se encuentra legitimado en la causa por activa en calidad de propietario, el señor Ricardo Carrillo Cifuentes, pues de acuerdo a la escritura pública Nº 1387 del 19 de mayo de 2000, otorgada por la Notaría Tercera del Circulo de Santa Marta(18), y al certificado de matrícula inmobiliaria Nº 080-7466(19), es este quien figura como comprador del bien inmueble. Ahora, en cuanto a la señora Luz Teresa Zamora Duque, está legitimada en su condición de cónyuge, con sociedad vigente, tal y como constan en la escritura de compra-venta.

Igualmente, existe legitimación en la causa de hecho por pasiva, tanto en la Nación, pues, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Santa Marta, es órgano perteneciente a la rama judicial del Poder Público; como en la Superintendencia de Notariado y Registro, persona jurídica(20) que también fue demanda en el proceso, pues a estos le son imputados los actos y omisiones en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones, y es a ellos a quienes corresponde el ejercicio del derecho de defensa y contradicción.

3.2. Sobre la prueba de los hechos.

A partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que este sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.

La parte demandante, dentro del relato que ofrece en el libelo introductorio como sustento fáctico de sus pretensiones, hace relación a estos dos elementos, para presentar, de un lado, el daño sufrido, su extensión, intensidad y modalidades, y de otro, las actuaciones u omisiones que endilga a las demandadas y en cuya virtud les imputa la responsabilidad que pide, sea declarada en esta sentencia. En torno a estos dos elementos gravita la carga probatoria que esa parte soportaba, y por tanto, el estudio de los hechos probados lo hará la sala en dos grandes apartes, a saber: hechos relativos al daño, y hechos relativos a la imputación.

3.2.1. Sobre la prueba de los hechos relativos al daño.

El daño, entendido como el atentado material contra una cosa o persona, lo hace consistir la parte demandante en el deterioro y la minusvalía de su inmueble luego del embargo y secuestro de que fue objeto, así como en las erogaciones que tuvieron que realizar con ocasión de su reparación y reemplazo provisional, y en la congoja sufrida a consecuencia de estas circunstancias adversas que debieron afrontar y que no estaban obligados a sufrir, conforme a derecho.

Los hechos en los que concretó la parte actora este daño, pretende acreditarlos de la siguiente manera:

3.2.1.1. Daños al inmueble de propiedad del señor Ricardo Carrillo Cifuentes, con las siguientes pruebas:

• Escritura pública de compraventa Nº 1387 del 19 de mayo de 2000, otorgada por la Notaría Tercera del Circulo de Santa Marta en la cual se consigna la venta del bien inmueble identificado con matricula inmobiliaria Nº 080-7466 ubicado en el kilómetro 79 de la Vía Barranquilla - Santa Marta. En esta aparece como vendedor la sociedad De la Hoz Santoya & Cia S. en C.S. y comprador el señor Ricardo Elberto Carrillo Cifuentes, además en la nota de la cláusula sexta se consignó: “este inmueble queda afectado a vivienda familiar por ministerio de la Ley doscientos cincuenta y ocho (258) de mil novecientos noventa y seis (1996). Presente la señora Luz Teresa Zamora Duque, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 38.229.398 expedida en Ibagué en su calidad de cónyuge del comprador manifiesta que consiente la hipoteca que hace su cónyuge a favor del Instituto de Seguros Sociales”(21).

• Certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria Nº 080-7466, de la oficina de registro de instrumentos públicos de Santa Marta del 10 de junio de 2001, en el que se registran con fecha del 26 de mayo de 2000 las anotaciones números 4 y 5 relativas a la compraventa del punto anterior y la hipoteca respectiva(22).

• Acta de diligencia de secuestro con fecha 19 de febrero de 2004 llevada a cabo por la inspección permanente de policía Rodadero Santa Marta. En esta se consignó:

“(…) observa el señor Inspector que no se hizo presente a la diligencia el señor Víctor Deluque Diazgranados el cual fue designado secuestre por el comitente, por lo que en el acto de acuerdo a las facultades que le otorga el art. 682 de la Ley 794 del 2003 nombra al señor Rolando Rodríguez se corrije (sic) lo subrayado por Ávila Rodríguez, el cual encontrándose presente exhibió su Licencia de Auxiliares de la Justicia Nº 12 546.584 expedida por el C.S. de la J., (…) “una vez dentro del inmueble del inmueble, el señor Inspector, en asocio del señor secuestre, hacen un inventario físico del inmueble a secuestrar así: se trata de un lote de terreno con cerramiento alto en muro de bloque con puerta de acceso en hierro portón asegurado con candado sobre el lote en la parte central del mismo selevanta (sic) una construcción de dos, pisos la cual se encuentra totalmente cerrada y asegurada dejándose en el mismo estado en que se encuentra constatándose por las ventanas que se encuentra la casa totalmente desocupara (sic) y deshabitada , en la parte exterior de la misma casa encontramos una piscina o alberca pequeña un cuarto de servicio externo, un lavadero en la parte de atrás de la casa, bien inmueble que el inspector declara legalmente secuestrado, el cual hace entrega real y material al señor secuestre (…)(23)”.

• Acta de diligencia de entrega del bien de fecha 31 de julio de 2006.

“(…) ordena la entrega del bien inmueble distinguido con el número de matrícula inmobiliaria Nº 080-7466 de propiedad del demandado seño Ricardo E. Carrillo Cifuente y De Luz Teresa Zamora Duque. El inmueble objeto de la querella se encuentra ubicafdo (sic) en el kilómetro 79 vía de ciénaga Santa Marta. En este estado de la diligencia la suscrita inspectora se traslada al bien antes identificado, en asocio de su auxiliar administrativo, y en compañía de la señora Luz Teresa Zamora Duque, quiens e (sic) identifica con cédula de ciudadanía Nº 38.229.398 de Ibagué, acto seguido la suscrita Inspectora deja constancia que ubicados en el bien se observa en su entrada principal un portón en material de hierro, en mal estado de conservación y sin ninguna clase de candado, ingresamos al bien y se puede observar el bien en estado de deterioro , por suciedad, barro, bolsas plásticas, se pudo observar que la puerta de acceso a la vivienda se encontraba sin el cerrojo puesto solo estaba ajustada, entremos al interior de la vivienda y se deja constancia que las paredes, pisos, techo, puertas y ventanas se encuentran en mal estado de conservación, y deterioro, el inmueble cuenta con cuatro habitaciones en el primer piso, una de ellas según la señora Luz Teresa, se le quitaron el closet, los baños están en mal estado y las cerámicas rotas y manchadas, faltan algunos accesorios del baño y cristales de las ventanas, en el segundo piso se encuentra sala, comedor, balcones y cocina, todo en mal estado de conservación, existe una habitación con baño interno con fuga de agua, presenta humedad las paredes y el cielo razo (sic) está totalmente dañado, en el patio existe una piscina en mal estado llena de lodo, ratas, sapos, e inseptos (sic), basura, piedras, y palos, todo enmontado y sucio. En este estado de la diligencia la suscrita inspectora de policía la paz deja constancia que la vivienda se encuentra sola y desocupada y sin seguridad en el portón y puertas, y hace entrega del bien a la señora Luz Teresa Zamora Duque, quien la recibe y manifiesta que procederé a limpiar el bien y que la casa se encontraba desvalijada y se hurtaron acometidas eléctricas y acometidas de agua potable, el transformador de energía eléctrica, planta de la piscina, la motobomba, las herramientas de la casa, sin un closet que había en una de las habitaciones de abajo el cual era en madera, la manguera, ventanas, y cajas de baldosas una colección de disco, una vajilla de barro de 40 piezas que se encontraba en el garaje, se la robaron y la casa la encontré en un estado deplorable y en un mal estado de conservación e higiene. (…)(24)”.

3.2.1.2. Sobre el perjuicio material en la modalidad de daño emergente.

Como prueba de este perjuicio, dentro del trámite de la primera instancia fue practicado un dictamen pericial, en el cual se determinó el valor total para la reparación y habilitación del inmueble(25).

Al momento de liquidar los perjuicios, en caso de acceder a las pretensiones de la demanda, estudiará el valor probatorio de este dictamen.

3.3.2. Sobre la imputación.

La imputación o atribuibilidad del daño en un proceso que nos permite dilucidar si este puede ser imputado a la o las entidades demandadas, no solo en el orden natural o fáctico, sino en el orden jurídico. En esa línea de acción, en el orden fáctico procede verificar, si el daño puede ser objetivamente atribuido (en el plano material) a la acción u omisión de aquellas o de alguna de ellas, al tanto que en el plano jurídico procede la constatación de la existencia de fundamentos para atribuirles la obligación del resarcimiento.

Para una adecuada imputación fáctica, pasa la Sala a relacionar las pruebas decretadas y practicadas dentro del proceso con el fin de acreditar la relación de causalidad existente entre las acciones y omisiones reprochadas a la demandada, y el daño que refieren los actores, haber sufrido:

• Auto del 15 de mayo de 2003 proferido dentro del proceso Nº 2003-123, mediante el cual el Juzgado Sexto Civil Municipal de Santa Marta repuso el auto de fecha 7 de abril de 2003 y en su lugar libró mandamiento de pago contra Ricardo Carrillo y Luz Teresa Zamora Duque a favor de la entidad ejecutante Banco Comercial y de Ahorros S.A. Conavi por la suma de $ 12.677.493.97(26).

• Providencia del 28 de mayo de 2003 en la que el Juzgado Sexto Civil Municipal de Santa Marta decretó el embargo y secuestro del inmueble de “propiedad de los demandados Ricardo Carrillo y Luz Teresa Zamora Duque, identificado con la matrícula inmobiliaria Nº 080-7466”, además se ofició al registrador de instrumentos públicos la inscripción del embargo(27).

• Auto del 22 de julio de 2003 en el cual el referido juzgado decretó el secuestro del inmueble de propiedad de Ricardo Carrillo identificado con matricula inmobiliaria Nº 080-7466, nombró al señor Víctor Deluque Diazgranados como secuestre y comisionó al inspector de policía de la Paz para que llevara a cabo la diligencia de secuestro(28).

• Acta de diligencia de secuestro, con fecha 19 de febrero de 2004, llevada a cabo por la Inspección Permanente de Policía Rodadero Santa(29)”.

• Oficio JDJ 1477 del 4 de junio de 2004, por medio de la cual el jefe de la división jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro comunicó al Juzgado Sexto Civil Municipal de Santa Marta que “mediante auto del 4 de junio de 2004, esta oficina inició de oficio Actuación Administrativa tendiente a corregir el folio de matrícula inmobiliaria Nº 080-7466, en relación con la inscripción de la afectación a vivienda familiar, en el orden cronológico correspondiente.

Lo anterior se debe a que la oficina omitió registrar la Afectación a Vivienda Familiar constituida mediante la escritura pública 1387 de 19-05-2000, de la Notaria 3ª de Santa Marta a favor de Luz Teresa Zamora Duque”(30).

• Sentencia del 16 de diciembre de 2004 proferida por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Santa Marta en la que ordenó seguir adelante la ejecución en contra de Ricardo Carrillo Cifuentes y Luz Tereza Zamora Duque, y el remate de los bienes embargados(31).

• Escrito del 30 de enero de 2005 suscrito por Rolando Avila Rodríguez como secuestre, en el cual rindió cuentas se su actuación y manifestó:

“en mi calidad de secuestre que fui hasta el 14 de febrero del 2005 dentro del proceso referenciado, rindo cuenta definitiva de mi actuación y gestión como tal del inmueble ubicado en el kilómetro 17 de la vía a Barranquilla, requerimiento hecho por ese despacho mediante marconigrama del 25 de enero de 2006 para lo cual pongo en consideración de las partes los siguientes hechos.

Posteriormente efectuada la diligencia de secuestre ordenada por el Juzgado Sexto Civil Municipal y en vista que el bien inmueble en mención se encuentra fuera del perímetro urbano de la ciudad, procedí a instalar en el bien al señor Eduardo Giraldo Acevedo con C.C. 12.531.287 de Santa Marta en calidad de tenedor del inmueble y en el cual el arreglo que se hizo fue: de que el señor Eduardo Giraldo cambiaba su estadía en el inmueble por la del cuido y vigilancia del mismo ya que dicha viviendo como lo dije anteriormente no podía quedar sola puesto que en poco tiempo iba a ser desvalijada por personas ajenas al mismo.

Debo igualmente informar que durante el tiempo que estuve al frente del citado inmueble efectué por lo menos 4 visitas mensuales al mismo.

En lo que se relaciona al estado de conservación este presenta de igual forma a que se encontró al momento de practicar la medida cautelar de secuestro.

En ese orden de ideas informa el despacho que no tengo cuentas algunas que entregar puesto que no hubo ningún beneficio económico del bien secuestrado”(32).

• Escrito del 11 de febrero de 2005 en el cual los señores Ricardo Carrillo Cifuentes y Luz Teresa Zamora Duque, por intermedio de apoderado judicial, propusieron incidente de nulidad absoluta dentro del proceso ejecutivo que cursaba ante el Juzgado Sexto Civil Municipal de Santa Marta, en el que solicitaron el levantamiento del embargo y secuestro que aquejaba el bien inmueble identificado con matricula Nº 080-7466 por estar afectado a vivienda familiar(33).

• Auto del 3 de junio de 2005 en el cual el Juzgado Sexto Civil Municipal de Santa Marta ofició al Registrador de Instrumentos Públicos de la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de que allegara la decisión adoptada dentro de la actuación administrativa de corrección de folio de matrícula inmobiliaria Nº 080-7466, en relación a la afectación a vivienda familiar(34).

• Resolución 92 del 25 de agosto de 2005, mediante la cual el Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Santa Marta ordenó corregir el folio de matrícula Nº 080-7466 en el sentido de inscribir la afectación a vivienda familiar constituida por la escritura pública del 19 de mayo del 2000 como anotación Nº 6, además ordenó enviar copia de la respectiva resolución al Juez Sexto Civil Municipal de Santa Marta(35).

• Auto del 4 de noviembre de 2005 en el cual el Juzgado Sexto Civil Municipal de Santa Marta negó la nulidad deprecada, pero ordenó levantar la medida cautelar que recae sobre el inmueble de matrícula inmobiliaria Nº 080-7466 ordenada en providencia del 28 de mayo de 2003(36).

• Auto del 19 de enero de 2006 en el cual el Juzgado Sexto Civil Municipal de Santa Marta repuso en parte el auto del numeral anterior, y adicionó los siguientes numerales: “CUARTO: Por secretaría OFÍCIESE a la oficina de instrumentos públicos para que efectúe la correspondiente anotación del levantamiento de la medida cautelar respecto del inmueble con matrícula inmobiliaria Nº 080-7466. QUINTO: Cítese para el día 30 de enero del año en curso a las 8:20 a.m. al señor secuestre Rolando Avila R. para (sic) rinda cuenta de la administración del bien que le fue entregado el 19 de febrero de 2004. Y para que haga entrega del inmueble a la parte demandada en este proceso debidamente inventariado y en el mismo estado en que se encontraba, la parte demandada deberá venir a recibirlo o a través de su apoderada. (…)”(37).

• Acta de diligencia de entrega del bien de fecha 31 de julio de 2006 por medio de la cual se “(…) ordena la entrega del bien inmueble distinguido con el número de matrícula inmobiliaria Nº 080-7466 de propiedad del demandado seño Ricardo E. Carrillo Cifuente y De Luz Teresa Zamora Duque. El inmueble objeto de la querella se encuentra ubicafdo (sic) en el kilómetro 79 vía de ciénaga Santa Marta. En este estado de la diligencia la suscrita inspectora se traslada al bien antes identificado, en asocio de su auxiliar administrativo, y en compañía de la señora Luz Teresa Zamora Duque , quiens e (sic) identifica con cédula de ciudadanía Nº 38.229.398 de Ibagué, acto seguido la suscrita Inspectora deja constancia quer ubicados en el bien se observa en su entrada principal un portón en material de hierro, en mal estado de conservación y sin ninguna clase de candado, ingresamos al bien y se puede observar el bien en estado de deterioro , por suciedad, barro, bolsas plásticas, se pudo observar que la puerta de acceso a la vivienda se encontraba sin el cerrojo puesto solo estaba ajustada, entremos al interior de la vivienda y se deja constancia que las paredes, pisos, techo, puertas y ventanas se encuentran en mal estado de conservación, y deterioro, el inmueble cuenta con cuatro habitaciones en el primer piso, una de ellas según la señora Luz Teresa, se le quitaron el closet, los baños están en mal estado y las cerámicas rotas y manchadas, faltan algunos accesorios del baño y cristales de las ventanas, en el segundo piso se encuentra sala, comedor, balcones y cocina, todo en mal estado de conservación, existe una habitación con baño interno con fuga de agua, presenta humedad las paredes y el cielo razo (sic) está totalmente dañado, en el patio existe una piscina en mal estado llena de lodo, ratas, sapos, e inseptos (sic), basura, piedras, y palos, todo enmontado y sucio. En este estado de la diligencia la suscrita inspectora de policía la paz deja constancia que la vivienda se encuentra sola y desocupada y sin seguridad en el portón y puertas, y hace entrega del bien a la señora Luz Teresa Zamora Duque, quien la recibe y manifiesta que procederé a limpiar el bien y que la casa se encontraba desvalijada y se hurtaron acometidas eléctricas y acometidas de agua potable, el transformador de energía eléctrica, planta de la psicina (sic), la motobomba, las herramientas de la casa, sin un closet que había en una de las habitaciones de abajo el cual era en madera, la manguera, ventanas, y cajas de baldosas una colección de disco, una vajilla de barro de 40 piezas que se encontraba en el garaje, se la robaron y la casa la encontré en un estado deplorable y en un mal estado de conservación e higiene. (…)(38)”.

3.3. Problemas jurídicos.

Corresponde a la sala dilucidar, como problemas jurídicos, los siguientes:

• ¿Es imputable a la Nación —Superintendencia de Notariado y Registro—, el daño causado por el embargo de un inmueble adquirido con afectación a vivienda familiar, merced a la omisión en el registro de tal afectación?

• ¿Es imputable a la Nación —rama judicial— el daño causado al bien embargado y secuestrado, durante el tiempo en que estuvo bajo la custodia del secuestre designado?

• En tal caso, resulta relevante, para efectos de la imputación, entrar a establecer que se encuentre probado el primer elemento de la responsabilidad, como es el daño antijurídico que la parte ha concretado en el deterioro del bien inmueble que fue objeto de la medida cautelar, fijada sin que previamente se hubiese exigido al demandante prestar caución para garantía del pago de la indemnización de los perjuicios que llegare a ocasionar con esta y sin que se le hubiese exigido el secuestre que prestara caución por el incumplimiento de sus deberes o por la indebida administración de los bienes a su cargo, medida que fue impuesta por no haberse realizado la anotación en el registro de instrumentos públicos, la afectación a vivienda familiar?

3.4. Análisis de la Sala sobre la responsabilidad.

La parte demandante está acusando la existencia de un daño antijurídico con fundamento en dos actuaciones a saber:

a) la omisión de la oficina de registro de instrumentos públicos por no haber realizado la inscripción de la afectación a vivienda familiar,

b) la omisión del Juzgado Sexto Civil Municipal de Santa Marta al no pedir la constitución de una póliza específica para cubrir los perjuicios que se pudieran generar con la medida cautelar ordenada dentro de proceso ejecutivo singular seguido por el Banco Conavi S.A., contra los señores Ricardo Carrillo Cifuentes y Luz Teresa Zamora Duque, además de no haber realizado el seguimiento respectivo al secuestre que se le hizo la entrega del bien inmueble (auxiliar de la justicia), con el fin de verificar el cumplimento de sus funciones.

Esta corporación estudiara, primero, la configuración y existencia del daño antijurídico, para luego, en caso de encontrar que este se encuentra probado, determinar si es imputable a la Superintendencia de Notariado y Registro, a la Nación representada por la rama judicial, o a ambas entidades.

3.4.1. El daño antijurídico.

El primer elemento que se debe observar en el análisis de la responsabilidad, es la existencia del daño, el cual, además, de ser cierto y determinado —o determinable—, debe ser antijurídico; de allí la máxima “sin daño no hay responsabilidad” y solo ante su acreditación hay lugar a explorar la posibilidad de su imputación al Estado.

En este sentido el Consejo de Estado se ha pronunciado, en los siguientes términos:

[P]orque a términos del art. 90 de la Constitución Política vigente, es más adecuado que el juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la sala, sugiere que, en lógica estricta, el juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.

Con anterioridad, el examen judicial de estas controversias, por lo general, enfocaba inicialmente la comisión de una falla del servicio, conducta consecuente con el concepto de daño que tradicionalmente se había venido manejando, según el cual la antijuridicidad del daño se deducía de la ilicitud de la causa.”(39).

Con posterioridad, sobre el mismo aspecto dijo:

“Como lo ha señalado la sala en ocasiones anteriores, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, es la existencia del daño, puesto que si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.

En efecto, en sentencias proferidas (…) se ha señalado tal circunstancia precisándose (…) que “es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado (…)” y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado”(40).

Ahora bien, de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación, el daño antijurídico ha sido definido como la lesión, menoscabo, perjuicio o detrimento, patrimonial o extra patrimonial, de los bienes o derechos de los cuales el titular no tiene el deber jurídico de soportar.

De manera que en cada juicio de responsabilidad extracontractual del Estado, en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, le corresponde al demandante acreditar o demostrar cada uno de los elementos constitutivos del daño antijurídico, esto es i) la lesión patrimonial o extra patrimonial del bien jurídico del cual es titular; ii) que no se encuentre en el deber jurídico de soportar la lesión o el menoscabo —antijuridicidad—.

Así las cosas, la sola inferencia o afirmación en la demanda acerca de la ocurrencia de un daño, no resulta suficiente para tenerlo como acreditado, en la medida en que resulta necesario e indispensable que el demandante respalde tales afirmaciones con el material probatorio idóneo y suficiente para su comprobación en el proceso.

En cuanto al daño antijurídico, en este caso se hace consistir en el embargo, y en el deterioro que sufrió el bien inmueble de propiedad del demandante durante el tiempo en que estuvo bajo la administración del secuestre.

Tal inmueble fue adquirido mediante Escritura pública de compraventa Nº 1387 del 19 de mayo de 2000, otorgada por la Notaría Tercera del Circulo de Santa Marta en la cual se consignó la venta del bien inmueble identificado con matricula inmobiliaria Nº 080-7466 ubicado en el kilómetro 79 de la Vía Barranquilla - Santa Marta, en la que aparece como vendedor la sociedad De la Hoz Santoya & Cia S. en C.S. y comprador el señor Ricardo Elberto Carrillo Cifuentes, y se hizo constar, en la nota de la cláusula sexta, lo siguiente: “este inmueble queda afectado a vivienda familiar por Ministerio de la Ley doscientos cincuenta y ocho (258) de mil novecientos noventa y seis (1996)”(41), por tener sociedad conyugal vigente con la señora Luz teresa Zamora.

Pues bien, la sala evidencia en el certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria Nº 080-7466, de la oficina de registro de instrumentos públicos de Santa Marta del 10 de junio de 2001, en el que se registran con fecha del 26 de mayo de 2000 las anotaciones números 4 y 5 relativas a la compraventa del punto anterior y la hipoteca respectiva(42), que no reposa la anotación de afectación a vivienda familiar. Tal anotación se consigna solo hasta que se profiere la Resolución 92 del 25 de agosto de 2005, mediante la cual el Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Santa Marta ordenó corregir el folio de matrícula Nº 080-7466 en el sentido de inscribir la afectación a vivienda familiar constituida por la escritura pública del 19 de mayo del 2000 como anotación Nº 6, y ordenó enviar copia de la respectiva resolución al Juez Sexto Civil Municipal de Santa Marta(43). Para ese momento ya se había realizado el embargo y secuestro del bien inmueble, dentro del proceso ejecutivo singular seguido ante el Juzgado Sexto Civil Municipal de Santa Marta, instaurado por el Banco Conavi S.A. contra los señores Ricardo Carrillo Cifuentes y Luz Teresa Zamora Duque.

Ahora, para probar el daño, obran como prueba unas fotografías(44), y las actas de secuestro y entrega del bien inmueble, levantadas por la inspección permanente de policía Rodadero Santa Marta, que fuera comisionada para tal fin.

En cuanto a las fotografías aportadas con la demanda en original y que según se afirma, corresponden al bien inmueble que sufrió el deterior a manos del secuestre, no serán valoradas, pues en principio carecen por sí mismas de mérito probatorio, puesto que solo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las cuales no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron captadas, ya que al carecer de reconocimiento o ratificación no pueden ser cotejadas con otros medios de prueba allegados al proceso.

En cuanto al acta de diligencia de entrega de fecha 31 de julio de 2006(45), en la que se consignó el estado de deterioro en el que para ese momento se encontraba el inmueble, da cuenta precisamente de que levantada la medida de embargo y cuando se hizo la entrega del inmueble a sus propietarios, este se encontraba en mal estado; sin embargo, no es posible establecer en qué condiciones se encontraba bien cuando fue secuestrado y se hizo entrega real y material al auxiliar de justicia, pues como consta en el acta de diligencia de secuestro con fecha 19 de febrero de 2004 llevada a cabo por la inspección permanente de policía Rodadero Santa Marta, el inmueble se encontraba deshabitado y desocupado, por lo que para acceder a la propiedad debió llamar un cerrajero que abrió el candado del portón de ingreso, y una vez dentro, el inspector lo describió así: “(…) un lote de terreno con cerramiento alto en muro de bloque con puerta de acceso en hierro portón asegurado con candado sobre el lote en la parte central del mismo selevanta (sic) una construcción de dos, pisos la cual se encuentra totalmente cerrada y asegurada dejándose en el mismo estado en que se encuentra constatándose por las ventanas que se encuentra la casa totalmente desocupara (sic) y deshabitada, en la parte exterior de la misma casa encontramos una piscina o alberca pequeña un cuarto de servicio externo, un lavadero en la parte de atrás de la casa, bien inmueble que el inspector declara legalmente secuestrado, el cual hace entrega real y material al señor secuestre, quien lo recibe en el estado en que se encuentra.”. Se itera, en tales circunstancias, resulta imposible establecer cuál era el estado en que se encontraba este inmueble al momento en que le fue entregado al secuestre, dificultad que tampoco puede ser superada con el auxilio de otros medios de prueba, pues la orfandad probatoria en tal sentido, es absoluta.

Por lo anterior, la sala considera que no está probado el daño aducido por el actor, que se concreta en el presunto deterioro del bien inmueble sobre el que pesó la medida cautelar.

Ahora bien, el a quo consideró probado el perjuicio ocasionado a los actores, pues en su sentir se les cercenó su derecho a usar, gozar y disponer de su propiedad. No obstante, como quedó consignado en el acta de entrega del bien al secuestre, para el momento de la diligencia el inmueble se encontraba totalmente desocupado y deshabitado, lo que necesariamente conduce a concluir que desde antes, sin que se pueda determinar desde cuándo, sus propietarios, por decisión propia o circunstancias distintas al secuestro del bien, no le estaban dando uso al inmueble. Por lo demás, en lo que al goce y a la disposición de la propiedad se refiere, en primer lugar, la parte demandante no hizo alusión alguna en la demanda, a que hubiese pretendido arrendarla, enajenarla o realizar cualquiera otra actuación propia de quien ostenta este derecho real. De igual manera, tampoco obra prueba alguna que permita establecer que dicho daño se configuró, por lo que se itera, no es de recibo para la sala la inferencia que realizó la primera instancia sobre la prueba del daño.

En esos términos, al no encontrase configurado el primer elemento de la responsabilidad —daño antijurídico—, no es posible acometer el estudio de la imputación, lo que lleva a la sala a revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, fechada siete (7) de julio de dos mil diez (2010), que accedió a las pretensiones de la demanda.

3.6. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que concedió las pretensiones de la demanda, fechada siete (7) de julio de dos mil diez (2010), de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, Exp.: 2008-00009. En este sentido véase también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 9 de diciembre de 2010, Exp.: 39085; auto de 21 de octubre de 2009, Exp.: 36913; y auto de 28 de marzo de 2012, Exp.: 42864.

17 Sobre este tema Cfr. Consejo de Estado, Sección tercera, Sentencia de 19/08/2012, Expediente 25000-23-26-000-2001-00997-01.

18 Según copia simple obrante a fls. 18 - 22, cdno. 1.

19 Según copia simple obrante a fls. 76 - 77, cdno. 1.

20 La Ley 1ª de 19 de enero de 1962 “por la cual se fijan derechos notariales y se dictan otras disposiciones”, erigió a la SNR en persona jurídica. Dejó ser parte integrante del Ministerio de Justicia y se convirtió en una entidad independiente. Con similares términos reiteró el establecimiento de las Secciones anteriores y sus funciones.

21 Según copia simple obrante a fls. 18 - 22, cdno. 1.

22 Según copia simple obrante a fls. 76 - 77, cdno. 1.

23 Según copia autentica del acta onbrante a fl. 15. cdno. 3.

24 Según copia simple obrante a fl. 93.

25 Fls. 420 - 425, cdno. 1.

26 Según copia simple obrante a fl. 39, cdno. 1.

27 Según copia simple obrante a fl. 72, cdno. 1.

28 Según copia simple obrante a fl. 78, cdno. 1.

29 Según copia autentica del acta onbrante a fl. 15., cdno. 3.

30 Según copia auténtica obrante a fls. 26 - 28, cdno. 3.

31 Según copia simple obrante a fls. 115 a 118, cdno. 1.

32 Según copia auténtica fl. 69, cdno. 3.

33 Según copia auténtica del escrito obrante a fls. 2 - 5, cdno. 3.

34 Según copia auténtica fl. 39, cdno. 3.

35 Según copia autentica obrante a fls. 54 - 55, cdno. 3.

36 Según copia auténtica obrante a fls. 56 - 58, cdno. 3.

37 (sic).

38 Según copia simple obrante a fl. 93.

39 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de septiembre de 1993. Expediente Nº 6144. M.P.: Juan de Dios Montes.

40 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2002. Expediente Nº 12625. M.P.: Germán Rodríguez Villamizar.

41 Según copia simple obrante a fls. 18 - 22, cdno. 1.

42 Según copia simple obrante a fls. 76 - 77, cdno. 1.

43 Según copia autentica obrante a fls. 54 - 55, cdno. 3.

44 Fls. 192 a 226, cdno. ppal.

45 “(…) ordena la entrega del bien inmueble distinguido con el número de matrícula inmobiliaria Nº 080-7466 de propiedad del demandado seño Ricardo E. Carrillo Cifuente y De Luz Teresa Zamora Duque. El inmueble objeto de la querella se encuentra ubicafdo (sic) en el kilómetro 79 vía de ciénaga Santa Marta. En este estado de la diligencia la suscrita inspectora se traslada al bien antes identificado, en asocio de su auxiliar administrativo, y en compañía de la señora Luz Teresa Zamora Duque , quiens e (sic) identifica con cédula de ciudadanía Nº 38.229.398 de Ibagué, acto seguido la suscrita inspectora deja constancia que ubicados en el bien se observa en su entrada principal un portón en material de hierro, en mal estado de conservación y sin ninguna clase de candado, ingresamos al bien y se puede observar el bien en estado de deterioro , por suciedad, barro, bolsas plásticas, se pudo observar que la puerta de acceso a la vivienda se encontraba sin el cerrojo puesto solo estaba ajustada, entremos al interior de la vivienda y se deja constancia que las paredes, pisos, techo, puertas y ventanas se encuentran en mal estado de conservación, y deterioro, el inmueble cuenta con cuatro habitaciones en el primer piso, una de ellas según la señora Luz Teresa, se le quitaron el closet, los baños están en mal estado y las cerámicas rotas y manchadas, faltan algunos accesorios del baño y cristales de las ventanas, en el segundo piso se encuentra sala, comedor, balcones y cocina, todo en mal estado de conservación, existe una habitación con baño interno con fuga de agua, presenta humedad las paredes y el cielo razo (sic) está totalmente dañado, en el patio existe una piscina en mal estado llena de lodo, ratas, sapos, e inseptos (sic), basura, piedras, y palos, todo enmontado y sucio. En este estado de la diligencia la suscrita inspectora de policía la paz deja constancia que la vivienda se encuentra sola y desocupada y sin seguridad en el portón y puertas, y hace entrega del bien a la señora Luz Teresa Zamora Duque, quien la recibe y manifiesta que procederé a limpiar el bien y que la casa se encontraba desvalijada y se hurtaron acometidas eléctricas y acometidas de agua potable, el transformador de energía eléctrica, planta de la piscina, la motobomba, las herramientas de la casa, sin un closet que había en una de las habitaciones de abajo el cual era en madera, la manguera, ventanas, y cajas de baldosas una colección de disco, una vajilla de barro de 40 piezas que se encontraba en el garaje, se la robaron y la casa la encontré en un estado deplorable y en un mal estado de conservación e higiene. (…)”.