Sentencia 2008-00282 de julio 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 130012331000200800282 01 (19073)

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Actor: Gloria Maritza Mendieta Tamayo

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Bogotá, D.C., diez de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Administración de Impuestos de Cartagena impuso a la actora sanción por no enviar la información en medios magnéticos correspondiente al año gravable 2003, en los términos del artículo 651 del estatuto tributario.

El argumento del recurso de apelación se reduce a manifestar que la DIAN no demostró que el actuar de la demandante causara perjuicio, con fundamento en cierta sentencia de esta Sección.

Sobre la información de que se trata, la Sala observa:

El artículo 651 del estatuto tributario tipifica la sanción a imponer a los contribuyentes obligados a suministrar información tributaria y a aquellos a los que la administración les ha solicitado informaciones o pruebas, cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias:

• Cuando no suministren la información, y/o pruebas, dentro del plazo en que deben hacerlo.

• Cuando entreguen la información con errores.

• Cuando suministren información distinta a la que se les pide.

Al tenor de la misma norma, la cuantificación de la sanción se rige por los siguientes parámetros:

1. Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo extemporáneamente.

2. Hasta del 0.5% de los ingresos netos cuando no sea posible establecer la base para tasarla, o la información no tuviere cuantía. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o a la última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

Así mismo, el legislador previó la reducción de la sanción, en la siguiente forma:

“(…).

La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma determinada según lo previsto en el literal a), si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.

En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción de que trata el literal b). Una vez notificada la liquidación sólo serán aceptados los factores citados en el literal b), que sean probados plenamente” (resalta la Sala).

Caso concreto

La Resolución de la DIAN 8961 de 28 de diciembre de 2003 estableció el grupo de personas naturales, personas jurídicas y demás entidades que debían suministrar, en el año gravable 2003, la información a que se refieren los literales a, e, f, h, i y k del artículo 631 del estatuto tributario, señalando los formatos y especificaciones técnicas del medio magnético para la correspondiente presentación y fijó los plazos para la entrega. En el artículo 1º dispuso lo siguiente:

“Sujetos obligados e información a suministrar.

Las personas naturales, personas jurídicas y demás entidades, que se relacionan a continuación y que en el último día del año gravable 2.002 hubieren poseído un patrimonio bruto superior a tres mil trescientos sesenta y ocho millones ochocientos mil pesos ($ 3.368.800.000), o cuando los ingresos brutos de dicho año hubieren sido superiores a seis mil setecientos treinta y siete millones setecientos mil pesos ($ 6.737.700.000), deberán presentar por el año gravable 2.003 la siguiente información en medio magnético:

(…)”.

Acorde con el artículo 18 de la misma resolución, la fecha límite de entrega de la información, para los contribuyentes cuyo último dígito de NIT fuera 8, era el 14 de abril del 2004.

La señora Gloria Maritza Mendieta Tamayo, identificada con el NIT. 41.664.348 presentó, el 5 de mayo de 2003, la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año 2002(8), en la que registró un patrimonio bruto de $ 3.628.193.000. Teniendo en cuenta ese valor, la contribuyente estaba obligada a suministrar la información prevista en el artículo 1º de la Resolución 8961 de 28 de diciembre de 2003; como no cumplió con esa obligación, la división de fiscalización tributaria de la Administración de Impuestos de Cartagena profirió, el 11 de septiembre de 2006, el pliego de cargos 060632006000138 en el que propuso la imposición de la sanción correspondiente.

La contribuyente dio respuesta al pliego de cargos mediante escrito radicado en la Administración de Impuestos de Cartagena el 20 de octubre de 2006, señalando que no estaba obligada a suministrar la información. Ante la renuencia de la contribuyente, la división de liquidación de la misma administración procedió a imponerle la sanción por la suma de $ 191.831.000, resultante de aplicar el 5%, previsto en el literal a) del artículo 651 del estatuto tributario, sobre el valor de $ 3.836.618.000, resultante de la sumatoria de los conceptos registrados en la declaración de renta correspondiente al año gravable 2003, respecto de los cuales no se suministró la información.

Según lo expuesto, para la Sala, la demandante estaba obligada a suministrar la información en medios magnéticos, por haber reportado en el año 2002 un patrimonio bruto superior al tope establecido en la Resolución 8961 de 2003, cuyo incumplimiento generó la sanción consagrada en el artículo 651 del estatuto tributario.

En efecto, el artículo 1º de la resolución mencionada determinó que las personas naturales, las personas jurídicas y demás entidades, que en el último día del año gravable 2002 hubieren poseído un patrimonio bruto superior a $ 3.368.800.000, debían presentar por el año gravable 2003 la información allí referida, que corresponde a la exigida por la administración.

Sostiene la actora, y obra prueba de ello en el expediente, que el 19 de agosto del año 2011 presentó la información solicitada; es decir, siete (7) años, cuatro (4) meses y cinco (5) días después de la fecha límite establecida en el artículo 18 de la Resolución 8961(9).

En consecuencia no puede pretender la actora, con base en documentos aportados en esta instancia, que se declare la nulidad de una decisión administrativa suscitada por la omisión en que incurrió en el año 2003, omisión que fue aceptada por la misma contribuyente y así provocar de la autoridad judicial un fallo favorable a sus pretensiones, con base en una apelación que adolece de argumentos.

De otra parte, advierte la Sala que en la sentencia transcrita en el recurso de apelación se efectúan consideraciones que resultan aplicables al caso sometido a estudio. Es así como se expone que, en ese caso, se debió graduar la sanción porque el contribuyente, así fuera extemporáneamente, cumplió parcialmente con su deber de informar en medios magnéticos. En ese proceso el pliego de cargos fue proferido el 30 de enero de 2002 y la información fue suministrada parcialmente, el 1º de marzo de 2002, es decir, dos meses después.

No puede pregonarse la misma diligencia en la actividad de la contribuyente en el caso que nos ocupa, pues el pliego de cargos es de fecha 11 de septiembre de 2006 y la información fue presentada el 19 de agosto de 2011, es decir, cinco (5) años después, cuando ya se había proferido la sentencia de primera instancia.

Aduce la actora que la sanción ha debido graduarse pues el hecho de no haber presentado la información no le causó ningún daño a la administración.

Ha sostenido la Sala(10) que “la prolongación en el tiempo de la omisión sancionada, constituye por sí sola un factor de entorpecimiento en el oportuno ejercicio de las facultades de fiscalización y control para la correcta determinación de los tributos y sanciones, y, en esa medida, puede considerarse potencialmente generadora de daño para el fisco, en cuanto afecta su labor recaudatoria, con claros efectos negativos frente al haber de las arcas públicas sobre cuya protección recae un interés general” .

Es por eso que tampoco resulta aplicable al caso lo expuesto en la Sentencia C-160 de 1998, que creó un condicionamiento para la imposición de la sanción cuando la información se suministre con errores o no corresponda a lo solicitado, consistente en demostrar la causación de un perjuicio con la comisión de la conducta sancionable, lo que excluye el mismo análisis cuando la conducta sancionada consiste en no suministrar la información dentro del plazo establecido, hecho que, de suyo, causa un perjuicio a la Administración pues le impide ejercer sus labores de fiscalización.

De acuerdo con lo antes expuesto era procedente que la administración sancionara a la contribuyente omisa y tasara el monto de la sanción sobre los valores registrados en la declaración privada del impuesto sobre la renta.

Como se ha señalado, el único cargo expuesto en el recurso de apelación tiene que ver con el perjuicio ocasionado a la entidad administrativa, con ocasión de la conducta omisiva de la contribuyente, razón por la cual es ese el único punto sobre el que se pronunciará esta corporación.

“Resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”(11).

Este principio, como explica Calamandrei, significa que “en apelación, el nuevo examen del juez de segundo grado se ejercita sólo en cuanto las partes lo provoquen con su gravamen; en apelación, lo mismo que en primer grado, la mirada del juez se halla limitada, por decirlo así, por la mirilla del principio dispositivo, y no está en condiciones de ver sino lo que las partes colocan dentro del campo visual contemplado desde esta estrecha abertura”.

De otra parte, esta Sala(12) ha advertido que el artículo 651 del estatuto tributario no distingue el tipo de errores que tipifican infracción administrativa; por lo tanto, si las inconsistencias formales no permiten acceder a la información solicitada, es válido que se sancionen si con ello se obstaculiza la labor de fiscalización de la autoridad tributaria(13). En este sentido, si se reconoce que la presentación de la información con errores, ocasiona un daño al Estado, con mayor razón se debe aceptar que no presentarla perjudica la administración, no le permite cumplir con sus funciones de fiscalización, ocasiona un daño al Estado, que se debe sancionar conforme con lo establecido en el artículo 651 del estatuto tributario.

Por las anteriores consideraciones, se procederá a confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 24 de junio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por Gloria Maritza Mendieta Tamayo contra la DIAN.

2. Reconócese personería para actuar como apoderado de la DIAN a la abogada Sandra Liliana Cadavid Ortiz, conforme al memorial visible en el folio 289 del cuaderno 2.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.»

(8) Folio 165.

(9) Folio 252 a 257, cuaderno principal.

(10) Sentencia 18362 de 2012, C.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(11) Sentencia 16306 del 10 de febrero de 2011, C.P. Dr. Hernán Andrade Rincón.

(12) Sentencia 18269 del 9 de mayo de 2013, C.P Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(13) Sentencia 17121 del 3 de junio de 2010, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.