Sentencia 2008-00294 de abril 6 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 200011102000200800294 01

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Aprobado según Acta de Sala 35

Bogotá, D.C., seis de abril de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 256-3 de la Constitución Política, 112-4 y parágrafo 1º de la Ley 270 de 1996, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para conocer y resolver en grado jurisdiccional de consulta de las decisiones proferidas en primera instancia por las salas homólogas de los consejos seccionales existentes en el país, cuando fueren desfavorables a los procesados y éstas no hayan sido apeladas, como en el caso sometido a consideración, mediante el cual el doctor Carlos Arturo Padilla Ortíz, Juez Promiscuo del Circuito de Aguachica, fue sancionado con un mes de suspensión en el cargo, y ante la imposibilidad de aplicar la sanción por desvinculación del funcionario, se convirtió a multa de un salario mínimo legal mensual vigente.

2. Requisitos para sancionar.

Para proferir fallo sancionatorio se requiere de existencia de prueba que conduzca a la certeza de la tipicidad de la falta atribuida y de la responsabilidad del disciplinable, conforme las voces del artículo 142 de la Ley 734 de 2002.

2.1. Existencia objetiva de la conducta y adecuación típica.

La materialidad u objetividad de la falta endilgada al doctor Carlos Arturo Padilla Ortíz, en su calidad de Juez Promiscuo del Circuito de Aguachica, está demostrada con las pruebas legal y oportunamente allegadas al expediente disciplinario, como son: El proceso penal por homicidio culposo adelantado contra la señora Dioselina Ramírez Osorio, siendo víctima la ciudadana Nohora Mantilla Rueda. Investigación penal que la Fiscalía calificó el 3 de diciembre de 2002 y confirmó el 10 de noviembre de 2003 el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cesar. El despacho del juez investigado avocó conocimiento el 4 de diciembre de 2003, fijó fecha para audiencia pública y sólo hasta el 24 de agosto de 2006 logró celebrar audiencia pública.

De igual manera, los elementos probatorios ilustran la existencia de maniobras dilatorias reiteradas por parte de los defensores de la acusada en las audiencias que se pretendían instalar, sin que el juez haya exigido acreditar los soportes probatorios respectivos en cada caso.

Que no obstante todo lo anterior, el juez se tomó el tiempo para resolver a favor de la procesada una solicitud de permiso para salir del país el 13 de noviembre de 2007, sin tener en cuenta que ésta, estaba sujeta a la imposición de una pena privativa de la libertad y el pago de una multa o pago para hacerse acreedora a los beneficios existentes; estudio que se desprende se debió verificar en la sentencia.

De lo anterior se infiere claramente que el funcionario encartado vulneró el deber previsto en el numeral 2º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, citado en el pliego de cargos y la sentencia, el cual señala:

“ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

(...).

2. Desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo”.

Con esta reseña, se tiene por demostrada la incursión del doctor Carlos Arturo Padilla Ortíz, Juez Promiscuo del Circuito de Aguachica en falta disciplinaria en forma objetiva, en tanto pasó por alto términos que por orden constitucional se tornan en imperativos e ineludibles para los funcionarios judiciales (L. 600/2000 vigente para la época de los hechos, arts. 142 y 410), desarrollados en el pliego de cargos y en la sentencia, en tanto se tiene reglamentado en forma expresa, (i) que el funcionario “debe evitar la lentitud procesal, sancionando y rechazando de plano las maniobras dilatorias (...)” y debe (ii) justificar que en el despacho de los asuntos puestos a su conocimiento, no incidió la indiligencia o descuido, en detrimento de los intereses de los sujetos procesales.

2.2. Antijuridicidad.

El incumpliendo de los referidos deberes específicos le marca al sancionador la pauta para determinar la antijuridicidad de la conducta que se cuestiona vía disciplinaria, de allí que no es entonces el desconocimiento simplemente formal de ese deber el origen de la falta disciplinaria, debe ser esa infracción del orden sustancial como lo exige el artículo 5º del actual CDU; por tanto la violación al deber en el cual incursionó el investigado, previsto en el artículo 153-2, es catalogada como falta disciplinaria, conforme las voces del artículo 196 de la Ley 734 de 2002, con lo cual se hace merecedor del juicio de reproche ético, garantizándose de esta manera el cumplimiento de los fines del Estado en relación con la conducta de los servidores públicos, norma acorde con lo que realmente es la ilicitud sustancial que se maneja en un derecho sancionador como el disciplinario.

En desarrollo del contenido de los anteriores presupuestos, el comportamiento del investigado constituye ilicitud sustancial, la afrenta al deber que tenía de conocer los términos que mandaba la ley para resolver el caso puesto de presente; los elementos probatorios advierten que si tuvo tiempo para resolver una solicitud de la acusada de salir del país, con mayor razón le era exigible agotar la decisión de fondo en la que debió debatirse tal petición, más aún, cuando en ese momento el asunto de homicidio culposo, estaba próximo a cumplir cuatro años de haber llegado a etapa de juzgamiento; de allí que su actuar, lo haya desplegado asumiendo las responsabilidades que ello le generaría, al violentar el derecho que le asistía a los perjudicados con el homicidio culposo.

De otra parte, bajo la premisa que la norma exige para la comisión de la conducta, en el sentido que esta a su vez se realice sin justa causa, procedemos a examinar si la actuación del funcionario judicial se halla o no justificada.

En efecto, para que se pueda hablar de falta reprochable disciplinariamente, ha de analizarse si se está frente a una conducta que subjetivamente involucre referentes propios de tener en cuenta con miras a excluir responsabilidad, o mejor, que permita afirmar la existencia de causal excluyente, a fin de no caer en la proscrita responsabilidad objetiva.

En aplicación de ese presupuesto, un primer aspecto a analizar en el sub examine, es que el inculpado desconoció de plano, que una vez se celebró la audiencia pública, a menos que se trate de libertad, de la detención del acusado, de la variación jurídica provisional o de la práctica de pruebas(4); el juez podrá diferir para la sentencia todas las demás decisiones; más aún, cuando en el asunto sometido a estudio, el permiso para salir del país al tenor de lo dispuesto en el artículo 410 de la Ley 600 de 2000 es de aquellas situaciones que puede afectar sustancialmente el trámite e intereses de los perjudicados.

Un segundo aspecto, es que el término de la precitada norma enrostrada en el pliego de cargos y en la sentencia 15 días para dictar sentencia, es de aquellos que por diversas circunstancias el funcionario bien puede dentro del principio de razonabilidad de los términos judiciales llegar a dilatar, pero que en el caso en estudio se ha vulnerado sin ningún rigor ni justificación, en tanto el investigado se abstuvo de dictar sentencia, para si, pronunciarse frente a un permiso de la procesada para salir del País, que tal como obra en los elementos probatorios recaudados, se efectúo en desmedro de los derechos de las partes interesadas en el proceso y en franca contradicción con lo previsto en el artículo 410 de la Ley 600 de 2000.

En ese entendido, demorar como lo hizo el investigado la solución del caso, dejando de lado el imperativo legal y la obligatoriedad de pronunciarse en forma inmediata sobre los derechos a él puestos de presente como vulnerados (más aún, cuando el asunto se trató de homicidio culposo), constituye una afrenta al debido proceso y de paso al cumplimiento de la función judicial encargada.

En ese orden de ideas, no existió justificación alguna frente al actuar del disciplinado, en descuidar el pronunciamiento de fondo a través de la sentencia, para dentro del mismo término, ocuparse de un permiso a la acusada para salir del país, en desmedro de los principios de imparcialidad y en directa afrenta a los derechos de los demás sujetos procesales.

2.3. Culpabilidad.

Ahora, en cuanto a la calificación deducida por el a quo de la culpabilidad a título de culpa grave, la misma corresponde a lo demostrado en autos, en tanto el investigado desplegó su conducta en forma negligente y sin justificación al desatender los derroteros que le marcaban las normas procesales en el ámbito penal; dejando de proferir una sentencia que estaba obligado a dictar en un término razonable, más aún cuando tuvo el tiempo suficiente para analizar el permiso solicitado por la acusada para salir del País, cuando el mismo tiempo lo pudo invertir para proferir decisión de fondo y con ello garantizar los derechos de víctimas y perjudicados con el homicidio culposo y valorar en dicho momento procesal la posibilidad de otorgar el precitado permiso.

En ese entendido, concluye la Sala que su comportamiento se ajustó a los parámetros de la culpa, por su desidia en cumplir los parámetros legales que el cargo le imponía, desconociendo con ello los principios y garantías de celeridad e imparcialidad que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional.

Así las cosas, el seccional al individualizar la falta y dosificar la sanción tuvo en cuenta los criterios previsto en el artículo 13, 42 y 43 de la Ley 734 de 2002, en la medida que el investigado faltó al deber de cuidado que su cargo le imponía y que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y en la medida que los deberes infringidos direccionan el ejercicio de la administración de justicia, los cuales se convierten así mismo en postulados reguladores de conductas mínimas que deben ser acatadas en todos momento por los funcionarios judiciales; situación que adquiere mayor relevancia, cuando en el asunto puesto al conocimiento del investigado, le imponía ejercer juicios de valor frente al homicidio culposo de una ciudadana; de allí que el a quo la haya calificado como grave atendiendo la perturbación, la naturaleza esencial del servicio y en general a las relaciones especiales de sujeción que el disciplinado estaba obligado a cumplir.

Son los anteriores argumentos suficientes para enrostrarle al disciplinado, un comportamiento típico en razón de la infracción al deber objetivo de cuidado, porque era un resultado que siendo previsible no lo previó.

3. Dosimetría de la sanción a imponer.

En cuanto al reproche deducido, lo cierto es que el a quo tuvo en cuenta los parámetros dados por los artículo 44-3, 46 y 47 de la Ley 734 de 2002, que prevé para las faltas graves culposas la sanción de suspensión, y esta no podrá ser inferior a un mes, ni superior a doce meses, y la impuesta en el caso de autos, dados los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad previstos en la ley disciplinaria, se encuentra ajustada a la gravedad y circunstancia de los hechos investigados, sobre todo que con el proceder del funcionario judicial investigado que afectó indudablemente la función de administrar justicia.

Finalmente, considera esta Superioridad que debe conservarse la valoración que hizo al respecto la primera instancia, al dosificar la suspensión de un (1) mes en el ejercicio del cargo al doctor Carlos Arturo Padilla Ortíz, Juez Promiscuo del Circuito de Aguachica; la cual e convirtió a multa en su equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente para el año 2007 —fecha del hecho— teniendo en cuenta que el sancionado no funge como funcionario judicial en la actualidad.

Las mencionadas razones, que encuentran sustento en normas constitucionales y legales, en la jurisprudencia de ésta corporación y en la doctrina constitucional, son suficientes para concluir que se confirmará integralmente la providencia objeto de consulta, toda vez que la misma reflejó con acierto la realidad probatoria allegada al paginario, al igual que la responsabilidad del aquejado frente a los cargos irrogados

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR integralmente la sentencia consultada, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, sancionó con suspensión de un (1) mes en el ejercicio del cargo al doctor Carlos Arturo Padilla Ortíz, Juez Promiscuo del Circuito de Aguachica, tras encontrarlo responsable de incurrir en la violación del deber previsto en el numeral 2º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, constitutiva de falta disciplinaria, según los lineamientos del artículo 196 de la Ley 734 de 2002, convertida a multa de un salario mínimo legal mensual vigente para el año 2007, en atención que el sancionado no funge como funcionario judicial, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

2. COMUNICAR la sanción a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a la Procuraduría General de la Nación y a la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, tal como se dispuso en la parte considerativa de esta providencia

3. REMÍTASE el expediente a la colegiatura de instancia.

Notifíquese y cúmplase».

(4) Ley 600 de 2000. Artículo 410.