Sentencia 2008-00299 de mayo 9 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Ref.: Expediente 500012331000200800299 01

Número interno: 2281-2012

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez (e)

Actor: Ismael Malaver Márquez

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., nueve de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El problema jurídico

Consiste en determinar si el señor Ismael Malaver Márquez es beneficiario del régimen especial aplicable a los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y si como consecuencia de ello, tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación, con inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

Actos acusados

Resolución LMAC 34380 de 18 de julio de 2006, proferida por la asesora de la gerencia general, grupo servidores públicos de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, por medio de la cual se reliquidó la pensión de vejez del señor Ismael Malaver Márquez (fls. 16 a 21).

Acto ficto presunto, derivado del silencio administrativo negativo, con ocasión a la falta de respuesta al derecho de petición radicado el 9 de mayo de 2007 ante Cajanal EICE (fls. 22 a 24).

De lo probado en el proceso

De conformidad con la Resolución 25959 de 24 de diciembre de 2003 que reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez, el señor Ismael Malaver Márquez nació el 10 de agosto de 1955 (fl. 13).

Cajanal por medio de la Resolución 25959 de 24 de diciembre de 2003, le reconoció pensión de vejez, efectiva a partir del 1º de junio de 2002. La liquidación se efectuó con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 8 años y 2 meses, esto es, entre el 1º de abril de 1994 y el 30 de diciembre de 2002, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuantía de $ 715.914.87 (fls. 12 a 15).

La entidad demandada mediante Resolución LMAC 34380 de 18 de julio de 2006, reliquidó la pensión de vejez del actor, teniendo en cuenta la asignación básica y bonificación por servicios, elevando su cuantía a $ 1.033.786.79, con efectividad a partir del 1º de junio de 2005 (fls. 16 a 21).

El 9 de mayo de 2007, el demandante solicitó ante la entidad demandada la revisión de las resoluciones antes relacionadas con el fin de que se diera aplicación al Decreto 1933 de 1989 y al artículo 4º del Decreto 1835 de 1994, normas aplicables a los funcionarios del DAS, petición que a la fecha no ha sido resuelta (fls. 22 a 24).

El 13 de septiembre de 2006, el coordinador grupo administrativo de personal del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, certificó que el señor Malaver Márquez estuvo vinculado a la Entidad desde el 26 de abril de 1982 hasta el 25 de noviembre de 2005, para un total de 23 años, 7 meses, y su retiro ocurrió por declaratoria de insubsistencia del cargo de detective especializado 206-16 a partir del 26 de noviembre de 2005, mediante Resolución 2130 de 23 de noviembre de 2005 (fl. 25).

A folio 26 el pagador del Departamento Administrativo de Seguridad DAS seccional Meta, certificó los salarios y prestaciones devengados por el demandante durante los años 2004 y 2005.

Análisis de la Sala

Normas aplicables para el reconocimiento pensional

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 preceptúa:

“ART. 36.—Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.

(...)”.

La incorporación de los servidores públicos al Sistema de Seguridad Social se hizo mediante Decreto 691 de 1994 estableciendo en sus artículos 1º, literal a), 2º y 5º:

“ART. 1º—Incorporación de servidores públicos. Incorpórase al Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 a los siguientes servidores públicos:

a) Los servidores públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal o distrital, así como de sus Entidades descentralizadas;

ART. 2º—Vigencia del Sistema General de Pensiones para los Servidores Públicos. El Sistema General de Pensiones contenido en la Ley 100 de 1993, comenzará a regir para los servidores públicos del orden nacional incorporados mediante el artículo 1º de este decreto, el 1º de abril de 1994.

El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos departamentales, municipales y distritales, y de sus Entidades descentralizadas, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1995, en la fecha en que así lo determine el respectivo gobernador o alcalde. La entrada en vigencia podrá hacerse de manera gradual para determinados servidores públicos teniendo en cuenta entre otros factores, la capacidad económica del organismo o entidad territorial y las proyecciones actuariales.

(...).

ART. 5º—Los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo para su salud, se entienden incorporados al Sistema General de Pensiones, pero les aplicarán las condiciones especiales que para cada caso se determinen”.

De acuerdo con las anteriores preceptivas las personas que al entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones tuvieran 15 años de servicio cotizados, o 35 años de edad para las mujeres o 40 años de edad para los hombres, tendrán derecho a que se les reconozca la pensión teniendo en cuenta la edad, tiempo de servicios cotizados y monto de la pensión consagrados en el régimen anterior al que se encontraban afiliados al 1º de abril de 1994, fecha de vigencia del sistema de pensiones.

Al señor Ismael Malaver Márquez no le era aplicable el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues a la fecha de entrada en vigencia de dicha ley, 1º de abril de 1994, contaba con 38 años de edad, pues nació el 10 de agosto de 1955 (fl. 13), y un tiempo de servicio de 12 años y 25 días.

Pese a lo anterior corresponde a la Sala determinar si el actor es beneficiario del régimen de actividades de alto riesgo establecido para los servidores públicos, teniendo en cuenta que el cargo desempeñado era el de detective especializado 206-16, dependiente de la dirección general operativa del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

Actividades de alto riesgo

La Ley 100 de 1993, en su artículo 140, dispuso que el Gobierno Nacional, de conformidad con la Ley 4ª de 1992, expediría el régimen relacionado con las actividades de alto riesgo, con el siguiente tenor literal:

“Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De conformidad con la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.

El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad”.

El Gobierno Nacional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el ordinal 11 del artículo 189 y los literales e) y f) del ordinal 19 del artículo 150 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 140 de la Ley 100 de 1993, expidió el Decreto 1835 de 1994 para reglamentar las actividades de alto riesgo de los servidores públicos, estableciendo en los artículos 1º y 2º:

“ART. 1º—Campo de aplicación. El Sistema General de Pensiones contenido en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios se aplica a los servidores públicos de todos los niveles, de conformidad con el Decreto 691 de 1994. Igualmente les son aplicables las normas consagradas en los decretos 1281 de 1994 y 1295 de 1994.

(...).

PAR.—El régimen de pensiones especial solo le será aplicable a los servidores públicos a los que se refiere este decreto, siempre que permanezcan afiliados al régimen solidario de prima media con prestación definida.

Cuando estos servidores se afilien voluntariamente al régimen de ahorro individual con solidaridad se regirán por las normas propias de este, salvo en lo que respecta al monto de las cotizaciones que se regirán por lo dispuesto en el presente decreto.

ART. 2º—En desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993, solo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:

En el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS: personal de detectives en sus distintos grados y denominaciones de especializado, profesional y agente.

(...)”.

El legislador quiso darle un tratamiento pensional especial a los servidores que laboran en actividades catalogadas como de alto riesgo debido al peligro que implica el desarrollo de sus funciones y, por lo tanto, estableció unas condiciones más favorables para el otorgamiento de la pensión de vejez.

El artículo 3º ibídem señaló los requisitos para la obtención de la pensión de vejez en los siguientes términos:

“Los servidores públicos que ingresen a partir de la vigencia del presente decreto, a las actividades previstas en los numerales 1º y 5º del artículo 2º, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando cumplan los siguientes requisitos:

1) 55 años de edad.

2) 1.000 semanas de cotización especial en las actividades citadas en el inciso 1º de este artículo.

La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá en un año por cada sesenta (60) semanas de cotización especial, adicionales a las primeras 1000 semanas, sin que dicha edad pueda ser inferior a 50 años.

PAR. 1º—A los servidores públicos de las entidades de que trata este capítulo, se les reconocerá el tiempo de servicio prestado a las fuerzas armadas.

PAR. 2º—Los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio Público que laboren en los cuerpos de seguridad de estas entidades les será aplicable lo dispuesto en este capítulo”.

El artículo 4º del decreto en mención, en el capítulo ii, sobre actividades de alto riesgo para unos servidores públicos del Departamento Administrativo de Seguridad y los Cuerpos de Bomberos, corregido por el artículo 1º del Decreto 898 de 1996, establece un régimen de transición para los empleados que desempeñaban esas actividades con anterioridad a la fecha de expedición de la norma, 4 de agosto de 1994. Su tenor literal es el siguiente:

“Los funcionarios de las entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las actividades descritas en los numerales 1º y 5º del artículo 2º, de este decreto, que estuviesen vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número de semanas cotizadas y el monto de esta pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.

Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador”.

Si bien es cierto, el Decreto 1835 de 1994, fue revocado por el Decreto 2090 de 2003, “por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades", también lo es que esta última normatividad no es aplicable al caso del actor pues su derecho pensional fue consolidado con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto, esto es el 25 de abril de 2002.

De lo anterior, se concluye que al personal de detectives, en sus diferentes grados y denominaciones de especialista, profesional y agente, que estuvieran vinculados con anterioridad a la vigencia del Decreto 1835 de 1994, 4 de agosto de 1994, se les respetan los derechos establecidos en las normas vigentes expedidas con anterioridad a la Ley 100 de 1993.

Así las cosas, el actor es beneficiario del régimen de transición previsto para los empleados que desempeñan actividades de alto riesgo, razón por la cual el régimen pensional aplicable es el que regía con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del Decreto, pues el cargo de Detective que desempeñó desde el 13 de agosto de 1980 es considerado como de alto riesgo.

Régimen especial de los funcionarios del DAS

El artículo 1º del Decreto 1047 de 1978 preceptúa:

“Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o discontinuos las funciones de dactilocopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad, y que hayan aprobado el curso de formación en dactiloscopia impartido por el instituto correspondiente de dicho departamento tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación cualquiera sea su edad”.

Este decreto exige como requisito para adquirir el status de pensionado haber prestado 20 años de servicios continuos o discontinuos y tener cualquier edad.

El artículo 10 del Decreto 1933 de 1989 estableció que las normas generales sobre pensión de jubilación previstas para los empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación previstas para los empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad.

Los empleados que cumplan funciones de dactilocopistas en los cargos de detective agente, profesional o especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia de jubilación, por el Decreto-Ley 1047 de 1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al personal de detectives en sus distintos grados y denominaciones”.

La parte inicial del inciso segundo de esta norma se refiere a una clase de detectives (agente, profesional y especializado) según la labor especial que ejecutan y al final dispone el mismo derecho para estos (en sus distintos grados y denominaciones) sin precisar otra clase de función, pero indudablemente se refiere a otra clase de detectives diferentes a los primeros, es decir aquellos que dentro de la entidad se dedican a la función específica de su empleo. Este personal también está sometido a situaciones de alto riesgo (por actividades de peligro) y por lo tanto fue tenido en cuenta por el legislador de manera privilegiada en el ámbito pensional.

El Decreto 1047 de 1978, en sus artículos 1º y 2º, establece:

“ART. 1º—Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o discontinuos las funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad y que hayan aprobado el curso de formación en dactiloscopia impartido por el instituto correspondiente de dicho departamento, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación cualquiera sea su edad.

ART. 2º—Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el artículo anterior y que permanezcan al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad por un término no menor de 18 años continuos en el desempeño de funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir 50 años de edad, siempre que para esta época fueren funcionarios de ese departamento”.

El demandante es beneficiario de este régimen especial por haber prestado sus servicios personales al DAS en forma continua desde el 26 de abril de 1982, en los cargos de detective, por lo que adquirió el status pensional el 13 de agosto de 2000, fecha en que cumplió 20 años de servicio (fl. 16).

Liquidación pensional

Como el régimen especial de pensiones aplicable a los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, no estableció el monto de la pensión de jubilación, por remisión expresa del artículo 1º del Decreto 1933 de 1989, se deberá acudir a las normas de carácter general.

La norma en mención preceptúa:

“Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad, tendrán derecho a las prestaciones sociales previstas para las entidades de la administración pública del orden nacional en los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1968, 1045 de 1978, 451 de 1984 artículo 3º y en los que los adicionan, modifican, reforman o complementan y, además, a las que este decreto establece”.

De conformidad con lo anterior, la norma aplicable para determinar el monto de la pensión del actor es el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969, que prescribe:

“Cuantía de la pensión. El valor de la pensión mensual vitalicia de jubilación será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidos en el último año de servicios por el empleado oficial que haya adquirido el status jurídico de jubilado, por reunir los requisitos señalados por la ley para tal fin”.

Respecto de los factores salariales que deben incluirse en la liquidación pensional el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989 establece:

“Factores para la liquidación de cesantía y pensiones. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad se tendrán en cuenta para su liquidación, los siguientes factores:

a) La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo.

b) Los incrementos por antigüedad.

c) Bonificación por servicios prestados.

d) La prima de servicios.

e) El subsidio de alimentación.

f) El auxilio de transporte.

g) La prima de navidad.

h) Los gastos de representación.

i) Los viáticos que reciban los funcionarios en comisión, dentro o fuera del país, cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta (180) días en el último año de servicio,

j) La prima de vacaciones”.

Según la certificación expedida por el pagador de la seccional Meta del Departamento Administrativo de Seguridad, el demandante devengó durante el año anterior a aquel en que adquirió el status de pensionado, comprendido entre octubre de 2004 y octubre de 2005, asignación básica, bonificación por servicios y primas de clima, riesgos, vacaciones, servicios, técnica y navidad (fl. 26).

La prima de riesgo no puede ser incluida en la liquidación de la pensión porque, de conformidad con lo consagrado por el Decreto 2646 de 1994, tal prestación no constituye factor salarial.

Los artículos 1º y 4º de la norma en cita prescriben:

“ART. 1º—Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad que desempeñen cargos de detective especializado, detective profesional, detective agente, criminalístico especializado, criminalístico profesional, criminalístico técnico y los conductores tendrán derecho a percibir mensualmente y con carácter permanente una prima especial de riesgo equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) de su asignación básica mensual”.

(...).

ART. 4º—La prima a que se refiere el presente decreto no constituye factor salarial y no podrá percibirse simultáneamente con la prima de que trata el artículo 2º del Decreto 1933 de 1989 y el Decreto 132 de 1994”.

De acuerdo con lo probado en el proceso, Cajanal al liquidarle la pensión de jubilación, solo tuvo en cuenta los factores de asignación básica y bonificación por servicios, sin incluir en esta las primas de clima, riesgo, técnica, servicios, vacaciones y navidad, factores estos señalados por la misma entidad demandada en la certificación de 14 de septiembre de 2006 allegada al proceso (fl. 26).

Atendiendo lo anterior, el a quo ordenó la reliquidación pensional con todo lo devengado en el último año, pero excluyó las primas de riesgo, clima y técnica, por lo que procede el despacho a determinar sí estas deben incluirse en la referida liquidación.

Frente a la prima de clima, el artículo 3º del Decreto-Ley 1933 del 28 de agosto de 1989(2), señala:

“(...).

Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad radicados en forma permanente en poblaciones o lugares cuyo clima o condiciones ambientales puedan deteriorar su salud física, tendrán derecho al reconocimiento y pago de una prima mensual de clima equivalente al diez (10%) de su asignación básica.

El jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, mediante resoluciones refrendadas por el Ministerio de Salud, señalara las poblaciones o lugares a que se refiere el inciso anterior y la fecha de iniciación del pago de la prima, así como la de cesación del mismo pago”.

A través de la Resolución 564 del 5 de marzo de 1990, el Jefe del Departamento Administrativo de Seguridad fijó las poblaciones o lugares cuyo clima o condiciones ambientales puedan deteriorar la salud física del empleado para efectos del reconocimiento de la prima de clima, en los siguientes términos:

“ART. 1º—Determinar los efectos del artículo 3º del Decreto-Ley 1933 de 1989, los siguientes lugares o poblaciones, donde funcionan sedes seccionales, seccionales, grupos, puestos operativos, patrullas, unidades especiales, adscritos a las reparticiones que en cada caso se indican, así

(...).

j. Seccional Meta (...).

ART. 2º—... Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad que presten sus servicios permanentemente en las diferentes dependencias de las sedes seccionales, grupos, puestos operativos, patrullas o unidades especiales debidamente constituidas, que funcionen en las poblaciones o lugares determinados en el artículo anterior, tendrán derecho al reconocimiento y pago de la prima de clima establecida en el artículo 3º del Decreto-Ley 1933 de 1989.

En igual forma tendrán derecho a la prima de clima: el jefe de sección, los profesionales administrativos y los criminalísticos (químicos), asignados en forma permanente al laboratorio forense”.

Como quiera que el legislador señaló expresamente las poblaciones o lugares cuyo clima o condiciones ambientales puedan deteriorar la salud física de los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad, en el presente caso, este factor debe ser incluido en la reliquidación pensional, pues no solo la percibió en el último año de servicios (fl. 26), sino que la disposición en comento se encuentra vigente y como el actor laboró en la seccional Meta, tiene derecho a percibir la prima de clima de conformidad con el literal j) de la Resolución 584 de 5 de marzo de 1990.

Respecto a la prima técnica, el literal b) del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, dispone que este beneficio debe ser incluido como factor salarial para efectos de la liquidación pensional, norma que resulta extensiva al empleado por expresa disposición del Decreto 1933 de 1989, artículo 1º y de las demás normas que lo modifican, adicionan o complementan, en donde se indicó que los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, tienen derecho a las prestaciones sociales previstas para los empleados de las entidades de la administración pública del orden nacional.

Al respecto, es preciso señalar los artículos 1º y 4º de la norma en cita que prescriben:

“ART. 1º—Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad que desempeñen cargos de detective especializado, detective profesional, detective agente, criminalístico especializado, criminalístico profesional, criminalístico técnico y los conductores tendrán derecho a percibir mensualmente y con carácter permanente una prima especial de riesgo equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) de su asignación básica mensual”.

(...).

ART. 4º—La prima a que se refiere el presente decreto no constituye factor salarial y no podrá percibirse simultáneamente con la prima de que trata el artículo 2º del Decreto 1933 de 1989 y el Decreto 132 de 1994”.

La Sala comparte la posición del a quo, en el sentido de que no se podrá incluir en la reliquidación de la pensión la prima de riesgo, toda vez que de conformidad con lo consagrado por el Decreto 2646 de 1994, tal prestación no constituye factor salarial.

En virtud de lo anterior, el actor tiene derecho a que las primas de clima y técnica, sean incluidas dentro de la reliquidación pensional, pues estas, le fueron pagadas durante el último año en que prestó sus servicios.

De conformidad con lo expuesto, el actor tiene derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación a partir del 13 de agosto de 2000, en cuantía equivalente al 75% de los factores devengados durante el último año de servicios, condicionada al retiro definitivo del mismo. La liquidación pensional se hará incluyendo como factores salariales los devengados durante el año anterior a aquel en que adquirió el status pensional, esto es, asignación básica, bonificación por servicios y primas de navidad, vacaciones, servicios, clima y técnica, excluyendo la prima de riesgo por las razones ya anotadas.

Por las anteriores consideraciones, el proveído impugnado que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda será adicionado, en el sentido de incluir las primas de clima y técnica, como factores salariales para liquidar la pensión de jubilación del actor.

Decisión

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase la Sentencia de 29 de junio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda incoada por Ismael Malaver Márquez contra la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal y negó la inclusión de la prima de riesgo.

Adiciónase el numeral cuarto de la parte resolutiva de la referida providencia, en el sentido de incluir en la reliquidación de la pensión del actor la prima de clima y la prima técnica de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Reconócese personería a la abogada Sandra Milena Insuasty Osorio, identificada con C.C. 52.656.751 de Villeta y T.P. 187.956 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en Liquidación, en los términos y para los efectos, conferidos en el poder obrante a folio 162 del expediente.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(2) Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad.