Sentencia 2008-00306 de noviembre 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 05001 2331 000 2008 00306 01

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Banco de Occidente S.A.

Demandado: ESE Rafael Uribe Uribe en liquidación

Bogotá, D.C., veintisiete de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «XI. Consideraciones

Advierte la Sala que el problema jurídico gira en torno a dilucidar dos aspectos: el primero, si la Fiduprevisora S.A. tenía o no competencia para otorgar válidamente poder a un tercero a efectos de que llevara a cabo todo el proceso de liquidación, y el segundo, resolver, si hay lugar a ello, si la calificación en quinto orden del crédito a favor del Banco De Occidente S.A., se ajustó al ordenamiento jurídico.

No obstante, es menester resolver la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa formulada por el procurador delegado ante esta Sección.

11.1. Excepción por indebido agotamiento de la vía gubernativa.

El agente del Ministerio Público solicitó que se emitiera una decisión inhibitoria por indebido agotamiento de la vía gubernativa, pues la falta de competencia aducida en la demanda no fue expuesta en la actuación administrativa ni cuando el actor interpuso el recurso de reposición.

Pues bien, debe esta Sala recordarle al delegado de la Procuraduría General de la Nación que esta postura ha sido ya modificada en varios fallos de esta Sección y de la Sala Plena, en los que se ha dispuesto que no es necesario que el demandante aduzca los mismos hechos o argumentos invocados en sede administrativa para que pueda acudir legítimamente ante la jurisdicción, pues ello equivaldría a un desconocimiento del derecho de acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

Es por ello, que la omisión que advierte el Ministerio Público no hace que se produzca una decisión inhibitoria por no haberse agotado debidamente la vía gubernativa.

Así se ha pronunciado la jurisprudencia de lo contencioso administrativo en esta materia, (Sent. dic. 11/2006, M.P. Martha Sofía Sanz Tobón, Exp. 2001-00413):

“En primer lugar en relación con el agotamiento de la vía gubernativa, la Sala reitera la jurisprudencia expresada en diferentes sentencias(4) en cuanto ha considerado que es procedente alegar causales de nulidad nuevas, no planteadas inicialmente en sede administrativa, porque si lo que la ley pretendiera al acudir ante la jurisdicción contenciosa fuera la reproducción de los argumentos expuestos en la vía gubernativa exigiría copia de los recursos interpuestos en lugar de exigir la demanda con los requisitos del Código Contencioso Administrativo, por lo tanto la Sala se referirá a todos los cargos esgrimidos por el actor.

Lo antes dicho porque unos son las causales de revocabilidad de un acto administrativo y otras las de anulación, en donde estas últimas pueden ser propuestas ante esta jurisdicción contenciosa”.

En un fallo más reciente, esta Sala recogió la anterior tesis jurisprudencial:

“La jurisprudencia igualmente ha acuñado la figura del debido o indebido agotamiento de la vía gubernativa, como una forma de delimitar la comprensión material o sustancial de ese presupuesto de la acción en comento, la cual aparece unificada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación en sentencia de 6 de agosto de 1991, Exp. S-145, C.P. Dra. Clara Forero de Castro, con el siguiente alcance:

‘Ese control administrativo es obligatorio, como se desprende del artículo 135 del Código Contencioso Administrativo y debe ser también real y efectivo.

Por esa razón, el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo establece requisitos que deben cumplir los recurrentes, cuya finalidad es la de hacer posible y eficaz el control por parte de la administración.

Dispone entonces el mencionado artículo, que los recursos se interpongan por escrito, dentro del término legal, personalmente por el interesado o su apoderado, y que sean sustentados ‘con la expresión concreta de los motivos de inconformidad’.

En resumen, lo que se busca con esta última exigencia para el agotamiento obligatorio de la vía gubernativa es que ante los jueces no se inicien conflictos no planteados previamente a la administración

La identidad debe darse entre el asunto que fue objeto de revisión y análisis por parte de los funcionarios administrativos y el que finalmente se somete a juzgamiento en la jurisdicción. Es decir, en lo solicitado y no en los argumentos para hacer la petición.

No quiere ello decir, que sea imposible exponer ante la jurisdicción argumentos nuevos para defender la misma pretensión, siempre que por este medio no se cambie la petición que se hizo por vía gubernativa’.

En ese orden, según la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo hay indebido agotamiento cuando se plantean asuntos o se hacen peticiones o solicitudes no formuladas en la vía gubernativa, respecto de las cuales no se cumpliría con ese presupuesto procesal; pero es viable plantear argumentos nuevos o mejores argumentos, y así se ha acogido por las diferentes secciones, v.gr. en las consideraciones expuestas por la Sección Cuarta en sentencia de 17 de marzo de 2005, Exp. 14113, C.P., Dra. María Inés Ortiz Barbosa, así:

‘(...) no existe ninguna limitación para que ante la jurisdicción puedan aducirse nuevos y mejores argumentos a los expuestos en vía gubernativa como causal de nulidad de los actos administrativos cuya legalidad se impugna. En efecto, (...) las causales de nulidad son las consagradas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, para todos los actos administrativos, y su invocación no está condicionada a que se hubieren alegado en la vía gubernativa. De donde se deduce la posibilidad de alegar causales nuevas no planteadas inicialmente, pues el examen de legalidad del acto acusado debe concretarse en los fundamentos de derecho expuestos en la demanda, los que a su turno deben corresponder a cualquiera de las causales de nulidad contempladas en el segundo inciso del artículo 84 (...)’.

Articulando los planteamientos de esa tesis jurisprudencial, se observa que ella tendría relevancia o aplicabilidad en el caso de que el agotamiento se haya dado por la decisión expresa o presunta de los recursos interpuestos que procedan, y no en los eventos en los que el acto no es susceptible de recurso o solo lo es del recurso de reposición y este se deja de interponer, por cuanto únicamente en tales situaciones se podrá establecer la eventual identificación entre lo solicitado en la vía gubernativa y lo propuesto en la demanda que se instaure en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho”(5) (resaltado fuera de texto).

En esa misma providencia la Sala vio la necesidad de rectificar la tesis ampliándola de la siguiente manera:

“Dada la trascendencia de la tesis jurisprudencial a la que se ha hecho alusión, con fundamento en el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de que goza toda persona en Colombia, esta Sala considera necesario que ella sea reexaminada por la Sala Plena Contenciosa en una oportunidad que lo amerite, a la luz del contexto jurídico del actual ordenamiento jurídico colombiano y, en especial, del concerniente a la actuación administrativa y al agotamiento de la vía gubernativa, de la cual emerge que las decisiones del procedimiento administrativo (actuación administrativa y vía gubernativa) tienen un objeto delimitado cual es el de resolver las cuestiones que se planteen en el mismo, tanto en su inicio como en su decurso, pudiéndose observar que en la vía gubernativa se deben resolver no solo las formuladas en el recurso, esto es, en los motivos de inconformidad, sino también los que aparezcan por causa del recurso, aunque no hubieren sido planteadas antes.

Por lo tanto, convendría considerar que más que de solicitudes, se trata de resolver cuestiones, esto es, ‘asunto o materia en general’ según una de las varias acepciones de la palabra cuestión, que al efecto pueden ser planteadas por el peticionario, por el obligado a cumplir un deber legal o por la autoridad de manera oficiosa y el correspondiente interesado, así como por terceros en todas esas eventualidades.

Igualmente, las consideraciones expuestas son coincidentes con el principio de congruencia consagrado en los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:

‘ART. 35.—Adopción de decisiones. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares.

En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite’.

De igual forma, la decisión de los recursos que se llegaren a interponer y que por lo mismo agota la vía gubernativa, está regulada en los aspectos atrás anotados en el artículo 59 ibídem, que a la letra reza:

‘ART. 59.—Contenido de la decisión. Concluido el término para practicar pruebas, y sin necesidad de auto que así lo declare, deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia, si es del caso.

La decisión resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes’.

Con este segundo inciso resulta pertinente el artículo 52 ibídem en tanto prevé que la interposición de los recursos debe ser motivada, al señalar que:

‘Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, y sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad, y con indicación del nombre del recurrente’.

Pues bien, lo que se exige del administrado al interponer los recursos procedentes contra una decisión de la administración es que exprese los ‘motivos de inconformidad’ que tenga en relación con aquella, sin que para ello deba recurrir a una técnica jurídica determinada, entre otras razones, por cuanto para ejercitar la vía gubernativa no se requiere actuar mediante apoderado. Es factible, entonces, que el recurrente plantee algunos motivos de inconformidad en el recurso, pero que esos no sean los únicos pertinentes para impugnar el acto, circunstancia que podrá ser superada al momento de ejercitar la acción judicial correspondiente.

Por lo tanto, ayudaría a una mejor adecuación de la jurisprudencia sobre el tema a la normativa constitucional y legal pertinente en cuanto hace al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, dejar de lado el impreciso concepto de ‘hechos nuevos no planteados en la vía gubernativa’, toda vez que los hechos hacen parte de las razones que dan origen o sirven de fundamento a tales cuestiones, y como tal pasan a constituir parte de los fundamentos de la argumentación, por cuanto argumentar jurídicamente es aducir razones de hecho y/o de derecho, es esgrimir hechos y normas jurídicas para demostrar una tesis o la validez de la solución de una determinada cuestión de relevancia jurídica, de donde al ser admisible plantear mejores o nuevos argumentos, como lo tiene sentado la jurisprudencia, es por contera admisible plantear hechos nuevos en tanto están llamados a ser fundamento o parte de esos argumentos.

Así como en los actos administrativos se distingue el objeto o contenido, que es el asunto o la materia de que trata la decisión contenida en él, y los motivos o causa, que vienen a ser las razones de hecho y/o de derecho que determinan o sirven de fundamento a esa decisión, en lo que concierne al peticionario o recurrente también son distinguibles los asuntos o cuestiones objeto de sus peticiones y los hechos y normas que le sirven de fundamento a estas.

Luego habría que concluir que sí es posible plantear o aducir en la demanda hechos nuevos no referenciados en la vía gubernativa, sobre la base de que tanto la vía gubernativa como la acción judicial son instrumentos garantistas consagrados en favor del administrado. Que si bien el recurrente pudo haber omitido algún motivo de inconformidad en la vía gubernativa, jurídicamente no existe razón para que no lo pueda formular en la demanda ante la Jurisdicción Contenciosa, instancia en la cual la Administración contará igualmente con todas las garantías para defender su decisión.

En fin, cuando el artículo 63 del Código Contencioso Administrativo dispone como una de las formas de agotamiento de la vía gubernativa ‘Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido’, mal puede el aplicador de la norma interpretar que los ‘hechos’ aludidos por el recurrente deberán ser los mismos que indefectiblemente deba aludir en la demanda ante el juez del conocimiento, sobre todo por cuanto con dicha interpretación se restringen las garantías del administrado antes referidas y, por ende, se vulneran los derechos fundamentales de acceso a la justicia y del debido proceso, tanto administrativo como judicial.

De todos modos, en este caso la actora no ha planteado cuestión, asunto o solicitud nueva, según la jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa de esta corporación, sino razones de derecho distintas a las esgrimidas en sede administrativa para impugnar la legalidad del acto administrativo enjuiciado, lo cual es totalmente legítimo utilizar por la accionante”.

La Sección Cuarta también ha admitido esta tesis, citando para ello una sentencia de la Sala Plena:

“Ahora bien, la procedencia o no de plantear nuevos hechos de inconformidad por vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, es un tema que la jurisprudencia(6) ha precisado por vía de interpretación, y en esta forma, se estructuró la tesis según la cual ‘Los hechos que se presentan en la vía gubernativa imponen el marco de la demanda ante la jurisdicción no siendo viable aceptar nuevos hechos, aunque si mejores argumentos de derecho’.

Quiere decir lo anterior, que debe existir identidad en la pretensión sometida a consideración de los funcionarios administrativos y la que se somete a juzgamiento ante los tribunales contencioso administrativos, sin perjuicio de que el actor pueda traer nuevos o mejores argumentos de derecho.

Esta tesis que también se ha admitido a nivel de Sala Plena(7), ha venido evolucionando, especialmente en lo que hace a las causales de nulidad, en donde la Sección, teniendo en cuenta las causales de nulidad generales contra los actos administrativos previstas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo ha indicado tal y como lo puso de manifiesto el tribunal, que es procedente alegar causales de nulidad nuevas, no planteadas inicialmente, en razón a que el examen de legalidad del acto acusado debe concretarse a los fundamentos de derecho expuestos en la demanda, los que a su turno deben concretarse a las causales de nulidad contempladas en el inciso 2º del citado artículo 84. más aún si se tiene en cuenta que se puede prescindir del recurso de reconsideración cuando se ha atendido en debida forma el requerimiento especial (par., art. 720, E.T.)”(8).

Bajo tales premisas, es claro para la Sala que la excepción propuesta por el Ministerio Público no tiene vocación de prosperidad, razón por la cual se procederá a hacer el estudio del cargo de falta la competencia.

11.2. Actos demandados.

“Empresa social del Estado RAFAEL URIBE URIBE en liquidación

Resolución ROA 29-07 del 21 de agosto de 2007

‘Por la cual se decide sobre la reclamación presentada oportunamente por el Banco de Occidente S.A. al proceso liquidatorio de la ESE Rafael Uribe Uribe en liquidación’.

El apoderado general liquidador de la empresa social del Estado Rafael Uribe Uribe en liquidación

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las que le confiere el Decreto-Ley 254 de 2000 modificado por la Ley 1105 de 2006, el estatuto orgánico del sistema financiero, la Ley 510 de 1999; el Decreto 2211 de 2004; el artículo 68 de la Ley 715 de 2001; el Decreto 1015 de 2002; el Decreto 1922 de 1994, el Decreto 736 de 2005, el Decreto 405 de Febrero 14 de 2007 y demás normas concordantes, y el poder general protocolizado por el liquidador Fiduciaria La Previsora S.A. contenido en la escritura pública Nº 5956 del 27 de abril de 2007 en la Notaría Veintinueve del Círculo de Bogotá y,

Considerando:

(...).

Capítulo segundo: competencia del apoderado general liquidador:

2.1.Que el artículo 4º del Decreto 405 de 2007 designó como liquidador de la empresa social del Estado RAFAEL URIBE URIBE en liquidación a la Fiduciaria La Previsora S.A., (en adelante Fiduprevisora S.A.).

2.2.Que en la Notaría 29 del círculo de Bogotá mediante la escritura pública Nº 5956 de fecha 27 de abril de 2007 el doctor Nelson Rodolfo Amaya Correa, representante legal de Fiduprevisora S.A., otorgó poder general amplio y suficiente a Reynel Fernando Bedoya Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.492.768 expedida en Bucaramanga para que en nombre y representación de la Fiduciaria La Previsora S.A. ejecute los actos y contratos inherentes a la liquidación de la ESE Rafael Uribe Uribe, conforme al Decreto 405 de 2007 y por las normas aplicables al régimen de liquidación de entidades públicas del orden nacional.

2.3.Que en cumplimiento del artículo 24 del Decreto-Ley 254 de 2000 y el artículo 26 del Decreto 2211 de 2004, es competencia del liquidador decidir sobre las reclamaciones presentadas oportunamente, mediante resolución motivada en la que se determinarán los bienes que integran la masa de liquidación y los que están excluidos de ella; las reclamaciones aceptadas y rechazadas con relación a las sumas y bienes excluidos de la masa de liquidación, y su orden de restitución; y los créditos aceptados y rechazados contra la masa de liquidación, su cuantía y prelación de pagos.

2.4.Que de conformidad con el numeral primero del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004, el liquidador está facultado para decidir sobre las reclamaciones que se hubieren presentado oportunamente mediante actos administrativos independientes, facultad que ejercerá con el fin de garantiza la observancia de los principios establecidos en el artículo 293 del estatuto orgánico del sistema financiero (en adelanta Eoff) ordena que el proceso de liquidación debe ser gradual y rápido; el artículo 3º del Código contencioso Administrativo (en adelante CCA) establece el principio de economía y celeridad en actuaciones administrativas, pronunciándose en la presente resolución sobre la reclamación presentada oportunamente por el Banco de Occidente al proceso liquidatorio de la ESE Rafael Uribe Uribe en liquidación.

(...).

Resuelve

Primero: Aceptar como un crédito del quinto orden, con cargo a la masa de la liquidación, a favor del Banco de Occidente S.A. la reclamación oportuna radicada por la suma de $ 6.251.697.427, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presenta acto administrativo.

Segundo: Notificar la presente resolución mediante edicto que se fijar por el término de diez (10) días hábiles en la sede principal de empresa social del Estado Rafael Uribe Uribe en liquidación (...).

(...)”.

“Empresa social del Estado Rafael Uribe Uribe en liquidación

Resolución RPO 56-07 del 26 de octubre de 2007

‘Por la cual se resuelve el recurso de reposición presentado por la (Sic) Banco de Occidente S.A. NIT 890300279 contra la Resolución ROA 2907 del veintiuno (21) de agosto de 2007, expedida dentro del proceso de liquidación la empresa social del Estado Uribe Uribe en liquidación (sic)’.

El apoderado general liquidador de la empresa social del Estado Rafael Uribe Uribe en liquidación

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las que le confiere el Decreto-Ley 254 de 2000 modificado por la Ley 1105 de 2006, el estatuto orgánico del sistema financiero, la Ley 510 de 1999; el Decreto 2211 de 2004; el artículo 68 de la Ley 715 de 2001; el Decreto 1015 de 2002; el Decreto 1922 de 1994, el Decreto 736 de 2005, el Decreto 405 de Febrero 14 de 2007 y demás normas concordantes, y el poder general protocolizado por el liquidador Fiduciaria La Previsora S.A. contenido en la escritura pública Nº 5956 del 27 de abril de 2007 en la Notaría Veintinueve del Círculo de Bogotá y,

Resuelve:

Primero: Reconocer personería jurídica al apoderado Fernando Francisco Obregón Achavarria identificado con cédula de ciudadanía número 15.346.950 de Sabaneta (Antioquia) y portadora (sic) de la tarjeta profesional 61.079 del CSJ para actuar como apoderado del acreedor Banco de Occidente S.A. NIT 890.300.279.

Segundo: Rechazar la petición de calificar el crédito correspondiente al contrato de empréstito del 9 de noviembre de 2006, suscrito entre el reclamante y la ESE Rafael Uribe Uribe (hoy en liquidación), por la suma de seis mil doscientos cincuenta y un millones seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos veintisiete pesos M/CTE. ($6.251.697.427) como crédito de segundo orden dentro de la masa de la liquidación.

(...)”.

11.3. Falta de competencia.

11.3.1. Planteamiento.

Considera el memorialista que al haber sido designada a la Fiduciaria La Previsora S.A. como liquidadora de la ESE Rafael Uribe Uribe por medio del Decreto 405 de 2007, es decir, para que adelantara todos los actos relativos a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de crédito y en general, los que por su naturaleza constituyan el ejercicio de funciones administrativas, no podía su representante legal conceder poder alguno a un tercero, en este caso al señor Reynel Fernando Bedoya para que desempeñara tales funciones.

Lo anterior, por cuanto se trata de un cargo que solo podía ser designado por el Presidente de la República, al tenor de lo que dispone el artículo 5º de la Ley 1105 de 2006, sin que para ello el representante legal de la Fiduciaria La Previsora S.A. tuviese expresas facultades.

11.3.2. Contexto normativo.

Pues bien, tal actuación constituye el objeto de controversia en lo que a este cargo se refiere, razón por la que habrá de estudiarse la naturaleza de las actuaciones de quien fue designado como liquidador de una entidad pública, en este caso, Fiduprevisora S.A., a la luz de las disposiciones que rigen la materia.

a. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero numeral séptimo de la Ley 573 de 2000, mediante el cual se revistió de facultades extraordinarias al Presidente de la República para “Dictar el régimen para la liquidación y disolución de las entidades públicas del orden nacional”, el Gobierno Nacional expidió el Decreto-Ley 254 de 2000, por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional.

b. Dicho decreto fue modificado por la Ley 1105 de 2006, vigente para el momento en que se liquidó la ESE demandada, razón por la que resulta aplicable al caso que nos ocupa.

El artículo primero de esta norma determinó su ámbito de aplicación, circunscribiéndolo a las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional, sobre las que se haya ordenado la supresión y liquidación, dentro de las cuales, como se verá, se encuentran las empresas sociales del Estado:

“ART. 1º—El artículo 1º del Decreto-Ley 254 de 2000 quedará así:

‘ART. 1º—Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional, respecto de las cuales se haya ordenado su supresión o disolución. La liquidación de las sociedades públicas, las sociedades de economía mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social y las empresas sociales del Estado, se sujetarán a esta ley.

Los vacíos del presente régimen de liquidación se llenarán con el estatuto orgánico del sistema financiero y las normas que lo desarrollan.

Aquellas que por su naturaleza tengan un régimen propio de liquidación, contenido en normas especiales, una vez decretada su supresión o disolución realizarán su liquidación con sujeción a dichas normas.

PAR. 1º—Las entidades territoriales y sus descentralizadas, cuando decidan suprimir o disolver y liquidar una entidad pública de dicho nivel, se regirán por las disposiciones de esta ley, adaptando su procedimiento a la organización y condiciones de cada una de ellas, de ser necesario, en el acto que ordene la liquidación.

PAR. 2º—Las entidades de orden territorial que se encuentren en proceso de liquidación a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, podrán acogerse en lo pertinente a lo dispuesto en la presente ley’” (resaltado fuera de texto).

c. Así mismo, en aplicación del artículo 2(9) del Decreto 250 de 2000 que en esta parte no fue modificado por la Ley 1105 de 2006, el Presidente de la República designó a la Fiduprevisora S.A. como liquidadora en el acto que ordenó la liquidación.

11.2.3. Análisis del caso.

A efectos de resolver el citado cargo es preciso traer a colación la disposición a partir de la cual el Banco de Occidente S.A. funda el cargo de falta de competencia, es decir, lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 1150 de 2006 en consonancia con el 4º del Decreto 405 de 2007 que son del siguiente tenor:

Ley 1150 de 2006.

“ART. 5º—El artículo 5º del Decreto-Ley 25 de 2000 quedará así:

‘ART. 5º—Del liquidador. El liquidador será de libre designación y remoción del Presidente de la República; estará sujeto al mismo régimen de requisitos para el desempeño del cargo, inhabilidades, incompatibilidades, responsabilidades y demás disposiciones previstas para el representante legal de la respectiva entidad pública en liquidación.

Sin perjuicio de lo anterior, podrá ser designado como liquidador quien se haya desempeñado como miembro de la junta directiva o gerente o representante legal de la respectiva entidad o en las que hagan parte del sector administrativo al que aquella pertenece.

El Presidente de la República fijará la remuneración y régimen de prestaciones de los liquidadores teniendo en cuenta los objetivos y criterios señalados en la Ley 4ª de 1992 y el cumplimiento de las metas fijadas para el desarrollo de la liquidación”.

Decreto 405 de 2007.

“ART. 4º—Dirección de la liquidación. El Liquidador de la empresa social del Estado Rafael Uribe Uribe, será Fiduciaria La Previsora S.A., Fiduprevisora S.A., quien deberá suscribir el correspondiente contrato con el Ministerio de la Protección Social, el cual se pagará con cargo a los recursos de la entidad en liquidación”.

Es claro entonces, que el Presidente de la República en cumplimiento de lo que ordena el artículo 5º de la Ley 1105 de 2006 designó a la Fiduprevisora S.A. como liquidadora de la ESE Rafael Uribe Uribe.

11.2.3.1. Ahora, de la lectura de los hechos de la demanda, supuestos fácticos estos aceptados por la demandada, se desprende que el representante legal de la liquidadora confirió poder general al señor Reynel Fernando Bedoya para adelantar el proceso de liquidación, según consta en el numeral segundo de la escritura pública Nº 5956 del 27 de abril de 2007, otorgada en la Notaría 29 del círculo de Bogotá D.C., vista a folio 22 vuelto:

“Segundo: Que por medio del presente instrumento confiere poder general, amplio y suficiente a Reynel Fernando Bedoya Rodríguez, identificado con cedula de ciudadanía número 91.492.768, colombiano de nacimiento, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá D.C., para que en nombre y representación de Fiduciaria La Previsora S.A., ejecute los actos y contratos inherentes a la declaración subsiguiente en desarrollo de la liquidación de la ESE Rafael Uribe Uribe hoy en liquidación, a partir del día 27 de abril de 2007.

Tercero: Que el apoderado general arriba indicado desarrollará todos los actos y contratos tendientes a la liquidación de la ESS (sic) Rafael Uribe Uribe, en liquidación y tendrá como funciones y facultades del liquidador contempladas en las siguientes normas a las cuales se hace remisión expresa y por lo tanto constituyen el límite del mandato conferido así: a) Decreto-Ley 254 de 2000 y las normas que lo complementen, modifican o adicionan, y aquellas normas a las cuales remite el citado decreto; b). Ley 1105 de 2006; c) Decreto 405 del 14 de febrero de 2007 y las normas que lo complementen, modifiquen y adicionen y aquellas normas a las cuales remite. d) Decreto 1750 de 2003; e) Demás normas pertinentes y concordantes.

Cuarto: Que el apoderado queda además investido de todas las facultades legales y operativas, derivadas de las normas precedente citadas y que sean inherentes al desarrollo del mandato conferido y responderá de su ejerció en los términos que establece al mandatario.

Quinto: Que el apodera recibirá como remuneración por gestión adelantada, la que se fije con la empresa de servicios temporales que para tal efecto haya contratado la fiduciaria en su calidad de liquidador o aquella que se determine según la naturaleza del contrato que lo vincule.

Sexto: Además de las atribuciones mencionadas, el apoderado general tendrá en el ejercicio de sus funciones, las siguientes facultades específicas, sin perjuicio de las generales señaladas anteriormente:

a) Autorizar el desplazamiento de los funcionarios que presten el servicio a la ESE Rafael Uribe Uribe, en liquidación cuando las necesidades así lo aconsejen.

b) suscribir los actos y contratos de la ESE Rafael Uribe Uribe, en liquidación, de conformidad con las atribuciones otorgadas, sin perjuicio de los límites señalados en el Decreto 405 del 14 de febrero de 2007, y demás normas que lo complementen, modifiquen o adicionen.

c) Otorgar poderes especiales para la defensa y representación judicial y/o extrajudicial, administrativa o gubernativa de la ESE Rafael Uribe Uribe, en liquidación. Lo anterior, sin perjuicio de los poderes generales otorgados por el mandante a otros apoderados.

d) El apoderado aquí constituido deberá dentro de los cinco primeros días de cada mes, rendir informes a la presidencia de la Fiduciaria La Previsora S.A, de todas y cada una de las gestiones y actividades relacionadas con la liquidación de la ESE Rafael Uribe Uribe, en liquidación y con el presente mandato, el cual deberá contener, entre otras cosas, la relación de los actos y contratos suscritos, señalando la cuantía de los mismos cuando sea el caso; el objeto del mismo y la justificación o motivación que tuvo en cuenta para su celebración.

e) Llevar a cabo, organizar, coordinar y llevar control de las gestiones adelantadas ante los entes de control informando oportuna y objetivamente al mandante; asistir o delegar la asistencia a reuniones y proyectos adelantados, los informes además deberán contener toda la información relevante al proceso de liquidación de la ESE Rafael Uribe Uribe, en liquidación, sin perjuicio del apoyo que puedan brindarle las personas que laboran y se desempeñan en dicha entidad.

f) Asistir a las citaciones convocadas por el Honorable Congreso de la República para tratar el asunto relacionado con la liquidación de la ESE Rafael Uribe Uribe, en liquidación.

g) Todas las demás funciones y facultades establecidas para el liquidador en el Decreto 405 del 14 de febrero de 2007, por el cual se suprime y se ordena la liquidación de la ESE Rafael Uribe Uribe, en liquidación.

Séptimo: Adicional a las funciones y facultades que por medio del presente poder general se otorga al mandatario, el apoderado general queda además investido, para que en nombre y representación de la ESE Rafael Uribe Uribe, en liquidación, de respuesta a derechos de petición, se notifique, conteste y comparezca ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales para representar a dicha entidad en liquidación en todo tipo de asuntos legales y procesos judiciales, en especial las acciones de tutela, los procesos de carácter laboral, y en los interrogatorios de parte de la misma índole, en los que sea parte o se encuentre vinculada, con la facultad expresa para conciliar y declarar en nombre de dicha entidad.

Este apoderamiento se extiende para el ejercicio de las facultades y funciones señaladas en este punto, cuando el demandado o accionado sea Fiduciaria La Previsora S.A por cuestiones relacionadas relativas a la liquidación de la ESE Rafael Uribe Uribe, en liquidación.

PAR.—Mediante el presente poder se otorgan todas las facultades inherentes a la representación y en especial las de transigir, desistir y recibir, observando las limitaciones de la ley”.

11.2.3.2. Pues bien, revisadas las facultades de las que está revestido el liquidador al tenor de lo que disponen los artículos 3º, 4º y 6º de la Ley 1150 de 2006 se desprende que la competencia del mismo es reglada(10), habida cuenta del carácter de la función que desempeña, que por ser administrativa se ciñe a los mandatos que para el efecto dispone el régimen de los servidores públicos y se enmarca en la actividad que despliegan.

Es aún más clara la anterior aseveración, si se tiene en cuenta el artículo séptimo de la Ley 1105, pues allí expresamente se advierte que los actos relativos a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos son expedidos en ejercicio de funciones administrativas, y por lo tanto las decisiones que se profieran sobre el particular son actos administrativos:

“ART. 7º—De los actos del liquidador. <Artículo modificado por el artículo 7º de la Ley 1105 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Los actos del liquidador relativos a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y en general, los que por su naturaleza constituyan ejercicio de funciones administrativas, constituyen actos administrativos y serán objeto de control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los actos administrativos del liquidador gozan de presunción de legalidad y su impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no suspenderá en ningún caso el procedimiento de liquidación.

Sin perjuicio del trámite preferente que debe dar a las acciones instituidas por la Constitución Política, la jurisdicción de lo contencioso administrativo dará prelación al trámite y decisión de los procesos en los cuales sea parte una entidad pública en liquidación.

Los jueces laborales deberán adelantar los procesos tendientes a obtener permiso para despedir a un trabajador amparado con fuero sindical, de las entidades que se encuentren en liquidación, dentro de los términos establecidos en la ley y con prelación a cualquier asunto de naturaleza diferente, con excepción de la acción de tutela. El incumplimiento de esta disposición será causal de mala conducta.

Contra los actos administrativos del liquidador únicamente procederá el recurso de reposición; contra los actos de trámite, preparatorios, de impulso o ejecución del procedimiento no procederá recurso alguno.

El liquidador podrá revocar directamente los actos administrativos en los términos del Código Contencioso Administrativo y demás normas legales” (resaltado fuera de texto).

En tal escenario, cuando por medio de las resoluciones 29-07 del 21 de agosto de 2009 y 056-07 del 26 de octubre de 2007 el liquidador de la ESE demandada aceptó como crédito de quinto orden la reclamación radicada por el Banco de Occidente S.A., desarrolló una función administrativa, función esta que le fue asignada por la ley al liquidador (Fiduprevsora), y por contera, esas decisiones constituyen actos administrativos.

11.2.3.3. Así las cosas, no podía el representante legal de Fiduprevisora constituir un apoderado para que adelantara la liquidación pues, por un lado, no existe en el ordenamiento jurídico disposición alguna que lo habilite a ello, y por otro, de argüirse que la figura aplicable es la de delegación de una función administrativa a un particular (descentralización por colaboración), la misma solo es posible efectuarla cuando medien los requisitos previstos en los artículos 110 a 114 de la Ley 489 de 1998 ninguno de los cuales aparece acreditado en el plenario(11). El artículo 111 previene lo siguiente:

“ART. 111.—Requisitos y procedimientos de los actos administrativos y convenios para conferir funciones administrativas a particulares. Las entidades o autoridades administrativas podrán conferir el ejercicio de funciones administrativas a particulares, bajo las condiciones de que trata el artículo anterior, cumpliendo los requisitos y observando el procedimiento que se describe a continuación:

1. Expedición de acto administrativo, decreto ejecutivo, en el caso de ministerios o departamentos administrativos o de acto de la junta o consejo directivo, en el caso de las entidades descentralizadas, que será sometido a la aprobación del Presidente de la República, o por delegación del mismo, de los ministros o directores de departamento administrativo, mediante el cual determine:

a. Las funciones específicas que encomendará a los particulares;

b. Las calidades y requisitos que deben reunir las entidades o personas privadas;

c. Las condiciones del ejercicio de las funciones;

d. La forma de remuneración, si fuera el caso;

La duración del encargo y las garantías que deben prestar los particulares con el fin de asegurar la observancia y la aplicación de los principios que conforme a la Constitución Política y a la ley gobiernan el ejercicio de las funciones administrativas.

2. La celebración de convenio, si fuere el caso, cuyo plazo de ejecución será de cinco (5) años y para cuya celebración la entidad o autoridad deberá:

Elaborar un pliego o términos de referencia, con fundamento en el acto administrativo expedido y formular convocatoria pública para el efecto teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 80 de 1993 para la contratación por parte de entidades estatales.

Pactar en el convenio las cláusulas excepcionales previstas en la Ley 80 de 1993 y normas complementarias, una vez seleccionado el particular al cual se conferirá el ejercicio de las funciones administrativas”.

Debe tenerse presente que conforme lo ha expuesto la Corte Constitucional(12), criterio que ha sido reiterado por esta jurisdicción, la posibilidad de que un particular desempeñe funciones administrativas no se equipara en modo alguno a la posibilidad de vaciar de contenido la competencia que se otorga, en cuanto no es factible que el particular reemplace totalmente a la autoridad pública en el ejercicio de las funciones que le son propias. O lo que es igual, el despojo absoluto de la materia de su competencia.

11.2.3.3.1. En atención a las anteriores consideraciones, es claro para la Sala que cuando el representante legal de la Fiduprevisora S.A. le otorgó poder general a un tercero, Reynel Fernando Bedoya Rodríguez, para adelantar todo el proceso de liquidación de la ESE Rafael Uribe Uribe entregó de manera completa su competencia al punto que terminó reemplazando la labor de liquidación que le fuese encomendada por el Presidente de la República en el Decreto 405 de 2007.

11.2.3.4. Finalmente, observa esta Sala que aun advirtiendo lo que preceptúa el inciso segundo del artículo primero de la Ley 1105 de 2006, en el que claramente se lee que cuando quiera que existan vacíos en el proceso de liquidación, estos serán resueltos conforme a las normas del estatuto orgánico del sistema financiero, consultado su texto no se encuentra norma alguna que habilite al liquidador de una entidad a conferir poder general a un tercero para que lleve a cabo el proceso de liquidación, o lo que es lo mismo, a desprenderse de la función administrativa que le fue encomendada:

“ART. 295.—Régimen aplicable al liquidador y al contralor.

1. Naturaleza de las funciones del liquidador. El liquidador designado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras o por los acreedores reconocidos, ejercerá funciones públicas administrativas transitorias, sin perjuicio de la aplicabilidad de las reglas del derecho privado a los actos de gestión que deba ejecutar durante el proceso de liquidación.

PAR.—Cuando el liquidador sea designado por la asamblea de accionistas convocada según lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 300 del presente estatuto, no tendrá funciones públicas administrativas y por consiguiente únicamente ejercerá las funciones y facultades que le atribuyan los estatutos sociales de la respectiva entidad y el Código de Comercio.

2.Naturaleza de los actos del liquidador. Las impugnaciones y objeciones que se originen en las decisiones del liquidador relativas a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y, en general, las que por su naturaleza constituyan actos administrativos, corresponderá dirimirlas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los actos administrativos del liquidador gozan de presunción de legalidad y su impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no suspenderá en ningún caso el proceso liquidatorio.

Contra los actos administrativos del liquidador únicamente procederá el recurso de reposición; contra los actos de trámite, preparatorios, de impulso o ejecución del proceso, no procederá recurso alguno.

Las decisiones sobre aceptación, rechazo, calificación o graduación de créditos, quedarán ejecutoriadas respecto de cada crédito salvo que contra ellas se interponga recurso. En consecuencia, si se encuentran en firme los inventarios, el liquidador podrá fijar inmediatamente fechas para el pago de tales créditos. Lo anterior, sin perjuicio de resolver los recursos interpuestos en relación con otros créditos y de la obligación de constituir provisión para su pago en el evento de ser aceptados.

El liquidador podrá revocar directamente los actos administrativos que expida en los términos y condiciones previstas en el Código Contencioso Administrativo, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

(...).

9. Facultades y deberes del liquidador. El liquidador designado por el director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras tendrá la guarda y administración de los bienes que se encuentren en poder de la intervenida, de la masa de la liquidación o excluidos de ella y, además, los siguientes deberes y facultades:

a. Actuar como representante legal de la intervenida;

b. Ejecutar los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de una liquidación rápida y progresiva;

c. Adelantar durante todo el curso de la liquidación el recaudo de los dineros y la recuperación de los activos que por cualquier concepto deban ingresar a la masa de la liquidación, para lo cual podrá ofrecer incentivos por la denuncia de la existencia y entrega de tales activos;

d. Administrar la masa de la liquidación con las responsabilidades de un secuestre judicial;

e. Velar por la adecuada conservación de los bienes de la intervenida, adoptando las medidas necesarias para mantener los activos en adecuadas condiciones de seguridad física y ejerciendo las acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto;

f. Continuar con la contabilidad de la entidad intervenida en libros debidamente registrados; en caso de no ser posible, proveer su reconstrucción e iniciar la contabilidad de la liquidación;

g. Presentar cuentas comprobadas de su gestión, al separarse del cargo, al cierre de cada año calendario y en cualquier tiempo a solicitud de una mayoría de acreedores que representen no menos de la mitad de los créditos reconocidos;

h. Ejecutar todos los actos y efectuar todos los gastos que a su juicio sean necesarios para la conservación de los activos y archivos de la intervenida;

i. Celebrar todos los actos y contratos requeridos para el debido desarrollo de la liquidación, incluidos los negocios o encargos fiduciarios que faciliten su adelantamiento, restituir bienes recibidos en prenda, cancelar hipotecas y representar a la entidad en las sociedades en que sea socia o accionista, así como transigir, comprometer, compensar o desistir, judicial o extrajudicialmente, siempre que no se afecte la igualdad de los acreedores de acuerdo con la ley;

j. Realizar los castigos de activos que resulten pertinentes;

k.Vender, sin necesidad de que el peritazgo sea judicial, los activos de la entidad intervenida;

l.Pagar con los recursos pertenecientes a la intervenida todos los gastos de la liquidación;

m. Dar por terminados los contratos de trabajo de empleados cuyo servicio no requiera, y conservar o contratar los que sean necesarios para el debido adelantamiento de la liquidación;

n.Bajo su responsabilidad promover las acciones de responsabilidad civil o penales que correspondan, contra los administradores, directores, revisores fiscales y funcionarios de la intervenida;

o.Propiciar acuerdos cuyo objeto consista en la continuación por un nuevo fiduciario de la gestión orientada a alcanzar las finalidades previstas en los contratos fiduciarios celebrados por la entidad intervenida, antes de efectuar las restituciones a los fideicomitentes a que haya lugar, y

p.Destinar recursos de la liquidación al pago de la desvalorización monetaria que hubieren podido sufrir las acreencias que debieron sujetarse al proceso liquidatorio”.

Teniendo claras las presentes consideraciones, resulta imperiosa la declaración de nulidad de los actos acusados, como quiera que el señor Reynel Bedoya Rodríguez actuó sin competencia al calificar el crédito del Banco de Occidente S.A. como de quinto de orden.

11.3. Restablecimiento del derecho.

En relación con la solicitud del restablecimiento del derecho contenida en el petitum, relacionada con la necesidad de clasificar el crédito del Banco de Occidente S.A. como de segundo orden y no como de quinto orden, tal y como se dispuso en los actos censurados, debe esta Sala despacharla en forma desfavorable, por cuanto, no es posible adelantar el estudio del orden de prelación de una decisión que es nula por ser expedida por funcionario incompetente.

En tal orden, la decisión de restablecimiento será la de que la calificación del crédito sea expedida por funcionario competente, esto es por el liquidador designado por el Presidente de la República, mediante Decreto 405 de 2007, la Fiduciaria La Previsora S.A. - Fiduprevisora S.A.

FALLA:

1. DECRÉTASE la nulidad de las resoluciones ROA 029-07 del 21 de agosto de 2009 y 056-07 del 26 de octubre de 2007 proferidas por el apoderado general de la Fiduprevisora S.A., señor Reynel Fernando Bedoya Rodríguez.

2. A título de restablecimiento del derecho se ORDENA que el acto administrativo relacionado con la liquidación del crédito del Banco de Occidente S.A. sea expedido por el representante legal de la Fiduciaria La Previsora S.A.

3. NIÉGANSE las demás pretensiones.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 27 de noviembre de 2014».

(4) Sentencia de 29 de octubre de 1999, C.P. Dr. Delio Gómez Leyva, Exp. 9557. Sentencia del 3 de marzo de 2005, C.P. María Claudia Rojas Lasso, Ref. 200100418-01.

(5) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 20 de septiembre de 2007, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Rad. 1995-12217.

(6) Sentencias del 23 de marzo de 2000, Exp. 5658, C.P. Dr. Juan Alberto Polo Figueroa; del 20 de octubre de 2000, Exp. 10665, C.P. Dr. Daniel Manrique G., y del 23 de febrero de 1996, Exp. 7262, C.P. Dr. Delio Gómez Leyva.

(7) Sentencia del 6 de agosto de 1990, Exp. –145, C.P. Clara Forero de Castro.

(8) Consejo de Estado, Sección cuarta, sentencia del 24 de julio de 2003, Proceso Número 2000-01471, M.P. Ligia López Díaz.

(9) “ART. 2º—Iniciación del proceso de liquidación. El proceso de liquidación se inicia una vez ordenada la supresión o disolución de una de las entidades a las cuales se refiere el artículo 1º del presente decreto. El acto que ordene la supresión o liquidación dispondrá lo relacionado con las situaciones a que se refiere el parágrafo primero del artículo 52 de la Ley 489 de 1998. Así mismo, en dicho acto o posteriormente, podrá disponerse que la liquidación sea realizada por otra entidad estatal que tenga dicho objeto. Igualmente podrá establecerse que la liquidación se realice por una entidad fiduciaria contratada para tal fin o contratarse con una de dichas entidades la administración y enajenación de los activos.

La expedición del acto de liquidación conlleva:

a) La designación del Liquidador por parte del Presidente de la República (...)” (resaltado fuera de texto).

(10) “ART. 3º—El artículo 3º del Decreto-Ley 254 de 2000 quedará así:

“ART. 3º—La dirección de la liquidación estará a cargo de un liquidador. En el acto que ordene la supresión o disolución de la entidad, podrá preverse:

a) La existencia de una junta asesora, si es del caso, integrada por las personas y con las funciones que en dicho acto, o en uno posterior que lo adicione o modifique, se señalen, y

b) La existencia de un revisor fiscal, cuando así se disponga, que tendrá las mismas calidades y funciones establecidas para este cargo en el Capítulo VII, Título I, Libro Segundo del Código de Comercio.

“ART. 4º—El artículo 4º del Decreto-Ley 254 de 2000 quedará así:

“ART. 4º—Competencia del liquidador. Es competencia del liquidador adelantar bajo su inmediata dirección y responsabilidad el procedimiento de liquidación de la entidad pública del orden nacional para la cual sea designado.

El liquidador podrá contratar personas especializadas para la realización de las diversas actividades propias del proceso de liquidación.

“ART. 6º—El artículo 6º del Decreto-Ley254 de 2000 quedará así:

“ART. 6º—Funciones del liquidador. Son funciones del liquidador las siguientes:

a) Actuar como representante legal de la entidad en liquidación;

b) Responder por la guarda y administración de los bienes y haberes que se encuentren en cabeza de la entidad en liquidación, adoptando las medidas necesarias para mantener los activos en adecuadas condiciones de seguridad física y ejerciendo las acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto;

c) Informar a los organismos de veeduría y control del inicio del proceso de liquidación;

d) Dar aviso a los jueces de la República del inicio del proceso de liquidación, con el fin de que terminen los procesos ejecutivos en curso contra la entidad, advirtiendo que deben acumularse al proceso de liquidación y que no se podrá continuar ninguna otra clase de proceso contra la entidad sin que se notifique personalmente al liquidador;

e) Dar aviso a los registradores de instrumentos públicos, autoridades de tránsito y transportes y cámaras de comercio, para que den cumplimiento a lo dispuesto en el literal d) del artículo 2º del presente decreto, y para que dentro de los treinta (30) días siguientes a que se inicie la liquidación informen al liquidador sobre la existencia de folios en los que la institución en liquidación figure como titular de bienes o de cualquier clase de derechos;

f) Ejecutar los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de una liquidación rápida y efectiva;

g) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la entidad y cuando sea del caso presentarlo al ministro o director de departamento administrativo, al cual esté adscrita o vinculada la entidad pública en liquidación, para su aprobación y trámite correspondiente;

h) Adelantar las gestiones necesarias para el cobro de los créditos a favor de la entidad;

i) Continuar con la contabilidad de la entidad;

j) Celebrar los actos y contratos requeridos para el debido desarrollo de la liquidación y representar a la entidad en las sociedades, asociaciones y entidades en que sea socia o accionista;

k) Transigir, conciliar, comprometer, compensar o desistir, judicial o extrajudicialmente, en los procesos y reclamaciones que se presenten dentro de la liquidación, cuando sea del caso, y atendiendo las reglas sobre prelación de créditos establecidas en el presente decreto;

l) Promover, en los casos previstos por la ley,, las acciones disciplinarias, contenciosas, civiles o penales necesarias contra los servidores públicos, personas o instituciones que hayan participado en el manejo de los bienes y haberes de la entidad en liquidación;

m) Rendir informe mensual de su gestión y los demás que se le soliciten;

n) Presentar el informe final general de las actividades realizadas en el ejercicio de su encargo;

o) Velar porque se dé cumplimiento al principio de publicidad dentro del proceso de liquidación;

p) Las demás que le sean asignadas en el decreto de nombramiento o que sean propias de su encargo.

PAR. 1º—En el ejercicio de las funciones de que tratan los literales j) y k) del presente artículo, se requerirá previamente de apropiación y disponibilidad presupuestal.

PAR. 2º—El liquidador designado deberá presentar dentro de un término máximo de 3 meses contados a partir de su posesión un informe sobre el estado en que recibe la entidad suprimida o disuelta, especialmente sobre las condiciones de la contabilidad general, los documentos que conforman el archivo y la relación y estado de los bienes.

El liquidador enviará a la Contraloría General de la República copia del informe correspondiente, para los efectos relacionados con su responsabilidad como liquidador”.

(11) Baste citar el artículo 111, que establece los presupuestos para que tal forma de descentralización no carezca de validez, y vistos los antecedentes de los actos enjuiciados no obra constancia del acto administrativo que determine las funciones específicas que serán encomendadas al particular, las calidades y requisitos que debe reunir el particular, las condiciones para su ejercicio, la forma de remuneración y la duración del encargo y tampoco existe evidencia de la celebración de un convenio con el particular mediante un procedimiento de convocatoria pública:

(12) Sentencia C 866 de 1999.