Sentencia 2008-00310 de diciembre 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Rad.: 760012331000200800310-01

Núm. Int.: 19236

Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Sociedad Fiduciaria del Pacífico S.A. Fidupacífico S.A. en liquidación

Demandado: Municipio de Palmira (Valle).

Fallo

Bogotá, D.C., doce de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «3. Consideraciones de la Sala

Le corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Fiduciaria del Pacífico S.A. Fidupacífico S.A. en liquidación contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle, que anuló parcialmente los actos administrativos demandados.

Previo a resolver el asunto de fondo, la Sala hace las siguientes precisiones:

Delimitación de la litis:

La Resolución 3 del 6 de marzo de 2007 [acto demandado], que resolvió las excepciones contra el mandamiento de pago 718 del 24 de enero de 2006, da cuenta de que el demandante propuso las siguientes excepciones:

(i) pago efectivo del impuesto por los años 2004 y 2006 y (ii) prescripción de la acción de cobro.

En el recurso de reposición, la demandante insistió en que se declararan probadas las excepciones de prescripción y pago. Pero, agregó la excepción que llamó “falta de vinculación de deudores solidarios”7. Como hechos adicionales, la demandante cuestionó la liquidación de aforo. También cuestionó el embargo que le hizo el municipio.

En la Resolución 27 del 28 de septiembre de 2007, que confirmó en reposición la Resolución 3, el municipio demandado, además de referirse a las excepciones propuestas inicialmente contra el mandamiento de pago, se refirió a los cuestionamientos hechos contra la liquidación de aforo, a la excepción que llamó “falta de vinculación de los deudores solidarios” y al embargo que hizo el municipio. Estos cuestionamientos también fueron resueltos de manera desfavorable a la empresa demandante. También se aprecia que el municipio omitió pronunciarse sobre la excepción de pago efectivo.

En la demanda, la parte actora insistió en todos los cuestionamientos hechos en el escrito de excepciones y en el recurso de reposición que interpuso contra la Resolución 3 de 2007, salvo el referido a la excepción de pago efectivo.

El tribunal anuló parcialmente los actos acusados pues, accedió a que debía reducirse el embargo decretado y, por tanto, ordenó al municipio de Palmira tomar las medidas cautelares “cumpliendo para tales efectos con los mandatos de ley, especialmente lo dispuesto en los artículos 837, 838 y concordantes del E.T.”. Este punto, por lo tanto, no será tratado puesto que fue fallado favorablemente, y, por ende, no apelado por la demandante.

En el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, la demandante insistió en que se configuraron las excepciones controvertidas en la actuación administrativa. Valga precisar que en el recurso de apelación también alegó que pagó parcialmente la obligación, pero, para el efecto, invocó argumentos distintos a los que habían fundamentado la excepción de pago que propuso contra el mandamiento de pago, que estaban referidos a la identificación del predio objeto del impuesto predial. En consecuencia, la Sala se limitará a verificar si está probado el pago por valor de $151.529.642 imputable al impuesto debido, como se alegó en el recurso de apelación.

Adicionalmente, los cuestionamientos que hizo contra la liquidación de aforo los propuso como fundamento de la excepción de falta de título ejecutivo8. Agregó también, la causal de nulidad por falta de competencia temporal por la presunta expedición extemporánea de la Resolución 27 de 2007.

Frente a los cuestionamientos hechos contra la liquidación de aforo, se precisa que el artículo 829-1 del estatuto tributario dispone que en el procedimiento administrativo de cobro coactivo no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa.

No obstante lo anterior, para efectos de resolver la excepción de prescripción y precisar a partir de qué fecha se cuenta el plazo previsto para el efecto, para la Sala es determinante para tomar la decisión, definir si la Resolución 2372 del 18 de abril de 2005 es, en realidad, una liquidación de aforo del impuesto predial a cargo de Fidupacífico S.A. Para el efecto, necesariamente deberá referirse a alguno de los cuestionamientos que hizo la demandante, en especial, el referido al hecho de que el estatuto tributario del municipio de Palmira no consagra la obligación de presentar la liquidación privada del impuesto predial.

Ahora bien, respecto de la causal de nulidad por falta de competencia temporal por el hecho de que el municipio de Palmira habría decidido extemporáneamente el recurso de reposición que interpuso contra el acto que resolvió las excepciones, la Sala tampoco se pronunciará puesto que no fue propuesto en la demanda.

En cuanto a la excepción que el demandante denominó “falta de vinculación de los deudores solidarios”, la Sala considera que, en realidad, no está proponiendo ninguna excepción de las previstas en el artículo 831 del E.T., como pasa a explicarse.

El artículo 831 del estatuto tributario enlista las excepciones que proceden contra el mandamiento de pago, a saber: i) el pago efectivo; ii) la existencia de acuerdo de pago; iii) la falta de ejecutoria del título; iv) la perdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo; v) la interposición de demandas de restablecimiento del derecho o proceso de revisión de impuestos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; vi) la prescripción de la acción de cobro y, vii) la falta de título ejecutivo.

Adicionalmente, el parágrafo del artículo 831 prevé que contra el mandamiento de pago que vincule deudores solidarios proceden, además, las excepciones de calidad de deudor solidario y la de indebida tasación del monto de la deuda.

En el caso concreto, está probado que el municipio de Palmira decidió vincular al proceso de cobro coactivo, mediante la notificación del mandamiento de pago 718 del 24 de enero de 2006, únicamente a Fidupacífico, en calidad de deudor principal de la obligación tributaria debida. En esa calidad, está legitimado para proponer las excepciones de los numerales 1 a 7 del artículo 831 E.T. No está facultado para proponer las excepciones previstas en el parágrafo del artículo 831 E.T. porque no fue vinculado en la condición de deudor solidario.

En ese orden de ideas, es procedente declarar no probada la excepción que el demandante denominó “falta de vinculación de los deudores solidarios” porque los hechos que alegó no se subsumen en los presupuestos previstos en el artículo 831 del E.T.

No obstante lo anterior, es menester precisar que el demandante parece interpretar que el municipio de Palmira tenía la obligación de vincular al proceso de cobro coactivo a otras personas, sin desconocer, eso sí, que ostenta la condición de deudor principal. Concretamente, alegó que el municipio de Palmira debió vincular al proceso de cobro coactivo a los herederos del señor Gustavo Adolfo Garcés, que, según dijo, es el propietario del predio que administró la demandante por encargo fiduciario y respecto del que se cobra el impuesto predial objeto de la litis.

En ese contexto, la Sala analizará el cargo propuesto pero no a título de excepción.

Aclarado lo anterior, y en los términos del recurso de apelación, se decidirá, respecto de todas las obligaciones fiscales de los años 1997 a 2004 si se encuentra probada la excepción de prescripción. Y, respecto de las obligaciones fiscales que se declaren no prescritas, la Sala analizará: (i) si se encuentra probada la excepción por pago parcial y (ii) si son nulos los actos demandados por el hecho de que el municipio de Palmira decidió no vincular a los herederos del señor Gustavo Adolfo Garcés en el proceso de cobro coactivo que se inició en contra de la demandante. Para el efecto, se parte de los siguientes hechos probados:

3.1. Hechos del caso.

Para resolver, se parte de los siguientes hechos probados:

— Mediante la Resolución 2372 del 18 de abril de 2005, el Municipio de Palmira liquidó de aforo el impuesto predial a cargo de Fidupacífico S.A. así:

Vigencia fiscalAvalúo catastralTTarifaImpuesto predialSobretasa ambientalSobretasa bomberosGobierno NacionalFacturaTotal
1997855.583.000R0.016013.689.3281.283.372004.40014.977.100
1998922.476.000R0.016015.879.6161.488.712238.19205.60017.612.120
19991086.761.000R0.016017.388.1761.630.140521.64406.40019.546.360
20001086.761.000R0.015516.844.7921.630.140505.34006.80018.987.072
20011086.761.000R0.015516.844.7921.630.140505.34007.60018.987.872
20021059.507.000R0.015516.422.3561.589.260492.66808.40018.512.684
20031096.590.0000R0.015016.448.8481.644.884493.46408.80018.595.996
20041099.770.000R0.015016.496.5481.649.652494.89609.60018.560.696

En la parte considerativa de la resolución señaló:

“2. Que el impuesto predial unificado, se cobra a todo propietario de un bien raíz ubicado en el Municipio de Palmira (Valle), con base en los avalúos señalados para cada vigencia fiscal por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi autoridad catastral competente pára (sic) tal efecto, y en las tarifas fijadas en los Acuerdos Municipales correspondientes.

3. Que es obligación de los sujetos pasivos del impuesto predial unificado, efectuar el pago correspondiente a cada vigencia fiscal, dentro de los plazos señalados por la administración municipal. Que los intereses de mora de la obligación tributaria comienzan a contarse por cada día calendario de retardo en el pago hasta cuando se cancele la obligación, a la tasa de interés tributaria vigente en la fecha de la cancelación”.

— El 24 de enero de 2006, el Municipio de Palmira libró el Mandamiento de Pago 718 del 24 de enero de 2006, por las obligaciones contenidas en la Liquidación Oficial de Aforo 2372 de 2005, que se notificó personalmente al representante legal de Fidupacífico S.A. [demandante] el día 12 de junio de 20069.

— El 29 de septiembre de 2006, el Municipio de Palmira profirió la Resolución 10, mediante la cual declaró no probadas las excepciones de pago y prescripción de la acción de cobro, formuladas por la demandante en contra del mandamiento de pago, y ordenó seguir adelante con la ejecución y remate de bienes10.

— Mediante la Resolución 1 del 30 de enero de 2007, el Municipio de Palmira revocó de oficio la Resolución 10 del 29 de septiembre de 200611.

— El 6 de marzo de 2007, el municipio profirió la Resolución 3, que declaró no probadas las excepciones de pago y prescripción de la acción de cobro contra el mandamiento de pago 718 de 200612

— El 28 de septiembre de 2007, el Municipio de Palmira profirió la Resolución 27, que confirmó en reposición la Resolución 3 del 6 de marzo de 200713.

3.2. Excepción de prescripción. Obligaciones de los años 1997 a 2004.

Para resolver el caso, la Sala reiterará lo dicho en la sentencia proferida por la Sala el día 28 de agosto de 201414.

El artículo 817 del estatuto tributario, en la versión vigente antes y después de la Ley 788 de 2002, señala lo siguiente:

Artículo 817 del E.T. texto originalArtículo 86 de la Ley 788 de 2002.
Término de la prescripción. La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles. Los mayores valores u obligaciones determinados en actos administrativos, en el mismo término, contado a partir de la fecha de su ejecutoria.
La prescripción podrá decretarse de oficio o a solicitud del deudor.
Término de prescripción de la acción de cobro. La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:
1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas extemporánea.
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión”.
(negrilla fuera de texto)

Según lo visto anteriormente, el impuesto predial liquidado en la Resolución 2372 de 2005 corresponde a los años 1997 a 2004. El Municipio de Palmira lo liquidó con fundamento en el Acuerdo 83 de 1999 (Estatuto Único Tributario Municipal).

En el expediente no reposa la copia del Acuerdo 83 de 1999, ni de las disposiciones que regulan el impuesto predial en el Municipio de Palmira. Por tanto, no es posible verificar la forma en que el municipio reguló el proceso de administración y recaudo del impuesto predial, por los años objeto de cobro, con el fin de establecer si la normativa territorial exigía o no la presentación de una declaración tributaria, o si el municipio se encargaba de liquidar el impuesto.

Del análisis de la parte considerativa de la Resolución 2372 de 2005 se desprende que la demandante estaba obligada a pagar el impuesto predial dentro de los plazos señalados por ese municipio, y que ante dicha omisión procedía a liquidarlo oficialmente. Sin embargo, en ninguna parte de dicho acto, ni en el expediente administrativo, aparece prueba alguna de los plazos fijados por el Municipio para cada año gravable.

Ahora bien, en el escrito de contestación de la demanda, el apoderado del Municipio de Palmira, indicó lo siguiente:

“Las liquidaciones de aforo que se expiden para la determinación del impuesto predial, liquidaciones que según la parte demandante no son aplicables para este tributo, debo manifestar que el Municipio de Palmira el impuesto predial no se encuentra reglamentado a través del autoavalúo con declaración privada y liquidación de impuesto por parte del contribuyente”.

Lo anterior es relevante para decidir cómo se cuenta el plazo de 5 años de prescripción de la acción de cobro, puesto que si el contribuyente tiene la obligación de declarar y no declara, lo pertinente es que el municipio adelante el procedimiento de liquidación de aforo para liquidar el impuesto y el previsto para imponer la sanción por no declarar. En estos casos, el plazo para liquidar de aforo y cobrar coactivamente esa liquidación es de 5 años, pero se contabilizan de manera distinta.

En efecto, de conformidad con el artículo 717 del Estatuto Tributario15, el municipio tendría 5 años para liquidar de aforo contados a partir del vencimiento del plazo señalado para declarar, y 5 años para cobrar coactivamente a partir de la ejecutoria de la liquidación de aforo.

En cambio, si el contribuyente no está obligado a declarar porque es el municipio el que liquida oficialmente el impuesto, esa liquidación se rige por los plazos de causación del impuesto, que para el caso del impuesto predial es anual. En otras palabras, al municipio le asiste el deber de liquidar el impuesto por cada año causado y fijar la fecha de pago para que, a partir de ese momento, se cuente el plazo de prescripción de la acción de cobro.

Puesto de presente lo anterior, la Sala considera que, en realidad, mediante la Resolución 2372 de 2005 el municipio de Palmira, parte demandada, pretendió subsanar el hecho de haber omitido liquidar año tras año el impuesto predial que se causó en cabeza de Fidupacífico en liquidación o incluso, de no haberlos cobrado, pues según dijo la demandante, el municipio demandando había expedido los correspondientes recibos de pago.

En todo caso, independientemente del procedimiento administrativo que haya seguido para el efecto, lo cierto es que la parte actora no controvirtió la Resolución 2372 en la vía gubernativa y, además, perdió la oportunidad para hacerlo en sede judicial, en virtud de que dejó vencer los plazos para interponer la demanda, hecho que no fue controvertido por la demandante en el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle objeto de revisión. En consecuencia, es un hecho cierto y no discutido que la Resolución 2372 de 2005 se encuentra ejecutoriada.

Precisamente por eso, el Municipio de Palmira alegó, en el escrito de contestación de la demanda, que el plazo de prescripción de la acción de cobro debía contarse a partir de la ejecutoria de la Resolución 2372 citada.

La Sala considera que ese plazo se debe contar a partir del momento en que la obligación se hizo exigible, por las siguientes razones:

• Obligaciones fiscales de los años 1997 a 2002.

Para las obligaciones fiscales de los años 1997 a 2002, la norma aplicable al caso concreto era el texto original del artículo 817 del estatuto tributario que, como se vio, fijó la regla general de que el plazo de cinco años de prescripción de la acción de cobro se contaba a partir de la fecha en que la obligación se hizo exigible. De manera que, las obligaciones fiscales de los años 1997 a 2002 prescribían, respectivamente en los años 2002 a 2007.

Es un hecho probado que el 24 de enero del año 2006, el municipio de Palmira libró el mandamiento de pago 718. En consecuencia, para esa fecha ya se encontraban prescritas las obligaciones correspondientes a los años 1997 a 2001. Y se interrumpió la prescripción del cobro de las obligaciones fiscales del año 2002.

En ese entendido, se declarará la nulidad parcial de los actos demandados, pues se encuentra probada la excepción de prescripción de las obligaciones tributarias correspondientes a los años 1997 a 2001. Y se declarará no probada la excepción respecto del año 2002.

Obligaciones fiscales de los años 2003 a 2006

Ahora bien, a partir del año 2003, el artículo 86 de la Ley 788 de diciembre de 2002 modificó las reglas para contabilizar el plazo de prescripción, pero, como se vio, esa norma parte del presupuesto de que el contribuyente debía presentar declaración tributaria, y, por eso, para contabilizar el plazo de cinco años de prescripción se toma como referente la fecha de vencimiento del plazo para declarar, la fecha en que se presentó la declaración extemporáneamente o la fecha en que la declaración se corrigió. También previó que cuando se expidiera el acto administrativo de determinación o discusión de impuestos, el plazo se contaría a partir de la ejecutoria de ese acto.

Dado que en el caso concreto el Municipio de Palmira no probó que la normativa de ese municipio exigiera presentar la declaración del impuesto predial de los años 2003 a 2006, y que ha quedado en evidencia que el municipio demandado liquidó el impuesto a cargo del contribuyente por primera vez en la Resolución 2372 demandada, para la Sala, lo propio es que, para este caso concreto, el plazo de prescripción se cuente a partir de la fecha en que la obligación se hizo exigible, esto es, a partir de enero de cada año. De no entenderse así, quedaría al arbitrio del municipio el cobro del impuesto.

De manera que, la acción de cobro de las obligaciones causadas a partir del año 2003 a 2004 prescribe en los años 2008 a 2009, respectivamente. Dado que en el proceso se encuentra probado que para el 24 de enero de 2006, el municipio demandado ya había formulado el mandamiento de pago, está probado que sí se interrumpió la prescripción. En ese entendido, se declarará la nulidad parcial de los actos demandados en los términos dichos anteriormente, y se declarará no probada la excepción de prescripción de los años 2003 a 2004.

3.3. Excepción de pago. Obligaciones no prescritas. Años 2002 a 2004.

Ahora bien, la demandante solicitó, en el recurso de apelación, que se tenga en cuenta la prueba que aportó como parte de pago del impuesto predial.

Previo a resolver, la Sala precisa que aunque las pruebas fueron aportadas en el recurso de apelación, en aplicación del principio de congruencia, la Sala puede declarar probada de oficio, la excepción de pago sea parcial o total16.

La demandante pidió que se tengan en cuenta las copias simples que aportó al proceso y que habría aportado en la actuación administrativa pero que, por alguna circunstancia, no aparecen en los antecedentes administrativos de los actos demandados.

Para mejor valoración de las pruebas se muestran, así:

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Como se puede apreciar, la primera prueba que obra en el folio 184, corresponde a un documento representativo17 de las imágenes de dos documentos puestos en un solo papel al que, a su vez, se le sacó copia. La primera imagen representa o corresponde al comprobante de un cheque cuyo número es ilegible. Al lado izquierdo figura el serial CE-07741980.

El documento también se valora como un documento declarativo pues da cuenta de una fecha: 21 de agosto de 2003. Del nombre de la demandante. Y de una cifra reportada en letras: ciento cincuenta y un millones quinientos veintisiete mil seiscientos cuarenta dos pesos m/cte****. También figuran dos firmas.

La imagen del documento adjunto al descrito anteriormente, corresponde a una forma minerva de un comprobante de egreso que, como se puede apreciar en la foto reproducida anteriormente, tiene ilegible el No. del concepto al que corresponde, y legible la leyenda “Pago impuesto predial del inmueble La Honda $151.529.642. También cita el cheque 979208 y se aprecian dos rúbricas.

Ahora bien, el documento que obra en el folio 185 representa la imagen de un documento que cuenta con un membrete que dice: Impuesto predial y complementarios. También describe varios datos, entre los que se destaca: (i) el nombre del contribuyente, (ii) la dirección del predio [La Honda], (iii) El número de identificación del predio: 00 01 000400020 000, (iii) En tres columnas se discriminan el concepto y los valores de la “deuda anterior” y del “año en curso”, que sumadas totalizan $151.529.642. Es menester destacar que en las tres columnas se reporta el número de dos facturas; la 40,150 correspondiente a la deuda anterior, y la 6,600 correspondiente a la del año en curso.

Cotejada esta prueba con la Resolución 237218, [que liquidó de aforo [título ejecutivo del proceso de cobro coactivo objeto de la litis], se aprecia que esta resolución detalla año por año el valor del impuesto predial debido, así:

s2008-00310ce imagen A
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Como se puede apreciar, para el año 2003, la Resolución 2372 reporta datos diferentes a los que figuran en la prueba del folio 185, tales como: el nombre del poseedor o propietario, la dirección de predio, el número de identificación del predio, los valores del impuesto predial, sobretasa ambiental, sobretasa de bomberos, número de factura y valores totales.

La anterior valoración probatoria da cuenta de que los documentos aportados como prueba del pago no corresponden a la deuda que la Resolución 2372 liquidó como debida por parte de Fidupacifico S.A.

Tal como se precisó inicialmente cuando se fijó la litis, los antecedentes de la actuación administrativa dan cuenta de que la demandante planteó una discusión sobre la identificación del predio respecto del cual recaía la obligación fiscal y la imputación de un pago ya hecho por concepto del impuesto predial. Sin embargo, se reitera, sobre este punto nada se dijo en la demanda y, por lo tanto, como se precisó inicialmente, la Sala se inhibe de analizarlo, que en nada cambia el hecho de que la demandante no probó la excepción de pago parcial del impuesto predial del año 2003 respecto del predio a que alude la Resolución 2372 del 18 de abril de 2005 y el mandamiento de pago 718 de 2006.

3.4. Nulidad por falta de vinculación al proceso de cobro coactivo de los herederos del señor Gustavo Adolfo Garcés.

Como se precisó inicialmente, la demandante alegó que los actos demandados son nulos porque el municipio omitió vincular al proceso de cobro coactivo a los herederos del señor Gustavo Adolfo Garcés, persona al parecer propietaria del predio respecto del cual recae el cobro de la deuda por el impuesto predial.

Sobre el particular, la Sala precisa que el artículo 826 del E.T. dispone que el funcionario competente para exigir el cobro coactivo debe notificarlo personalmente al deudor y, en la misma forma, a los herederos del deudor y a los deudores solidarios.

En el caso concreto es un hecho no controvertido que la empresa demandante es la deudora principal, y se aclaró que el mandamiento de pago 718 de 2006 no se expidió contra ningún deudor solidario. En consecuencia, no observa la Sala que el municipio de Palmira haya violado esta norma por el hecho de no haber vinculado a unos terceros respecto de los que no está probada ni su existencia, ni su relación con el señor Gustavo Adolfo Garcés, ni la relación de éste con el predio objeto del proceso administrativo de cobro coactivo. En consecuencia, no prospera el cargo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCANSE los numerales 1 a 3 de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el día 14 de diciembre de 2010, en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la Fiduciaria del Pacífico S.A. Fidupacífico S.A. en liquidación contra el Municipio de Palmira.

Tales numerales quedan así:

1. DECLÁRASE la nulidad parcial de las resoluciones 3 de marzo 6 de 2007 y 027 de septiembre de 2007 en cuanto declaró no probada la excepción de prescripción de la acción de cobro del impuesto predial del período comprendido desde el año 1997 hasta el año 2001, a cargo de la demandante, y en cuanto negó el límite del embargo pedido.

2. A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE terminado el proceso de cobro coactivo respecto del período comprendido desde el año 1997 hasta el año 2001. ORDÉNASE al Municipio de Palmira que limite el embargo al doble del monto de las obligaciones tributarias debidas por los periodos 2002 a 2004, más los intereses, conforme lo dispone el artículo 838 del E.T.

3. NIÉGANSE las excepciones de falta de vinculación de los deudores solidarios, de prescripción de la acción de cobro para el impuesto predial del período comprendido desde el año 2002 hasta el año 2004, a cargo de la demandante y de pago del impuesto por las obligaciones no prescritas.

En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

7 Así se desprende del escrito que contiene el recurso de reposición interpuesto contra Resolución 3 del 6 de marzo de 2007. (fls. 20 a 33). En el expediente no reposa el escrito mediante el que la demandante propuso las excepciones.

8 Entre tales cuestionamientos, alegó la extemporaneidad de la liquidación de aforo, la ausencia de emplazamiento previo, la falsa motivación, la expedición irregular y la improcedencia de dicho acto administrativo.

9 Folios 84, 85 y 89 del cuaderno principal.

10 Folios 93 y 94 del cuaderno principal.

11 Folio 97 del cuaderno principal.

12 Folios 13 al 15 del cuaderno principal.

13 Folios 5 a 11 del cuaderno principal.

14 Expediente 50012331000200700320-01 (18818), demandante: Departamento del Meta, demandado: Municipio de San Martín de los Llanos, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

15 ART. 717.—Liquidación de aforo. Agotado el procedimiento previsto en los artículos 643, 715 y 716, la administración podrá, dentro de los cinco (5) años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, determinar mediante una liquidación de aforo, la obligación tributaria al contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que no haya declarado.

16 Conforme con el principio de congruencia [artículo 306 del CPC subrogado por el artículo 281 del CGP], en la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegado de conclusión.

17 Son documentos representativos aquellos que contienen imágenes. Ver Hernando Devis Echandía. Compendio de Derecho Procesal. Tomo II Editorial ABC. Bogotá.1984. Página 462.

18 Folio 83.