Sentencia 2008-00315 de enero 18 de 2012

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

SALA DUAL 4

Rad. 730011102000200800315 01

Magistrada ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Aprobado según Acta de Sala 3 de la fecha

Registro de proyecto el dieciséis de enero de dos mil doce

Bogotá, D.C., dieciocho de enero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala Dual tiene competencia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra las sentencias sancionatorias emitidas por las Salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 256 numeral 3º(42) de la Carta Política y artículo 112 numeral 4º(43) de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007(44) y el Acuerdo 75 de 2011(45).

Del recurso presentado por el quejoso

Como se dijo, el señor Jairo Luis Polanía Carrizosa interpuso recurso de apelación contra la sentencia absolutoria a favor de la togada Carmen Alicia Rodríguez González, pero resulta evidente que por la condición procesal del denunciante, esta colegiatura carece de competencia para conocer y resolver el recurso. Lo anterior, por las siguientes razones:

En materia de medios de impugnación se ha entendido por regla general, que solamente pueden ser utilizados por quien es parte dentro del proceso y además debe tener interés jurídico para tal efecto. Por ello conviene precisar que conforme a lo dispuesto por el artículo 85 del Decreto 196 de 1971, “el denunciante solo podrá intervenir como coadyuvante en los procesos disciplinarios y su desistimiento no extingue la acción”.

Por su parte, la Ley 1123 de 2007 en su canon 66 señala que “el quejoso solamente podrá concurrir al disciplinario para la formulación y ampliación de la queja bajo la gravedad del juramento, aporte de pruebas e impugnación de las decisiones que pongan fin a la actuación, distintas a la sentencia ...”.

La calidad de coadyuvante para estos casos implica que el quejoso no es parte en el proceso disciplinario, ni tampoco ostenta la calidad de sujeto procesal o interviniente (porque esta se halla en cabeza del disciplinado, su defensor y el Ministerio Público) y por ende, sus facultades al interior de este tipo de actuaciones están limitadas.

Es justamente en virtud de la calidad de coadyuvante del quejoso, que el Legislador previó que su desistimiento no extingue la acción disciplinaria y debe entenderse entonces que su “intervención” en el proceso, se contrae a poner en conocimiento de la autoridad los hechos presuntamente constitutivos de faltas contra la ética profesional, ampliar su queja y aportar las pruebas que sustenten su dicho, en aras de prestar colaboración con la administración de justicia.

Luego entonces, una vez abierta la investigación disciplinaria contra un abogado, el denunciante solo puede intervenir como coadyuvante.

Así las cosas, descartada como lo está la calidad de sujeto procesal del quejoso, debe indicarse que también carece de interés para recurrir decisiones como la adoptada en el asunto sub examine.

Para abundar en argumentos, debe indicarse que en materia penal(46), tal como lo dispone el artículo 186 del Código de Procedimiento Penal, para que las partes puedan interponer recursos, “es necesario que tengan motivos jurídicos para ello, esto es, que la decisión proferida afecte derechos de cualquiera de ellas ... carece de legitimación para recurrir aquella parte a la que no grave o perjudique el acto jurisdiccional”(47).

En consecuencia, en el evento sub lite se advierte la presencia de un yerro por parte del a quo al conceder el recurso de alzada interpuesto por el señor Polanía Carrizosa y ante tal circunstancia, la Sala se abstendrá de desatarlo, dada su manifiesta improcedencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta superioridad no realizará pronunciamiento alguno frente a la situación de la abogada Carmen Alicia Rodríguez González a quien la primera instancia absolvió del cargo imputado, decisión que está debidamente ejecutoriada e hizo tránsito de cosa juzgada, toda vez que ninguno de los intervinientes legitimados para ello, impetró recurso contra la misma.

Sin que sea dado conocer en consulta, pues como se sabe, ello ocurre cuando se trata de decisión desfavorable, lo cual no sucede en el presente caso.

Del abogado Hernando Franco Bejarano

Como se dijo desde el principio, la Sala no abordará el fondo del asunto, por cuanto se vislumbra una causal que vicia de nulidad la actuación.

En efecto, con relación al contenido y alcance del derecho disciplinario, se ha señalado que su ámbito de regulación comprende: (i) las conductas que pueden configurar falta disciplinaria; (ii) las sanciones aplicables según la naturaleza de la falta y (iii) el proceso, o conjunto de normas sustanciales y procesales que aseguran la garantía constitucional del debido proceso y regulan el procedimiento a través del cual se deduce la correspondiente responsabilidad disciplinaria.

En este orden de ideas, es sabido que uno de los principios fundantes del derecho disciplinario en nuestro país es el de “estricta legalidad” y “estricta constitucionalidad”, al punto de ser fuente de legitimación de los actos del Estado en su función primordial de persecución punitiva.

Tal principio aparece consagrado en nuestro ordenamiento en el artículo 29 de la Carta Política en donde se expresa: “(...) Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (...)”; y no es más que el reflejo y desarrollo de múltiples declaraciones internacionales de derechos humanos, en donde se considera como un bien fundamental.

Dicho derecho Constitucional, establecido en el preámbulo de nuestra Constitución Política al asegurarle a sus integrantes, la justicia dentro de un marco jurídico, democrático y participativo y a su vez, límite material al "ius puniendi", está reproducido como principio rector en el ámbito disciplinario, artículo 3º de la Ley 1123 de 2007 “(...) El abogado solo será investigado y sancionado disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización y conforme a las reglas fijadas en este código o en las normas que lo modifiquen (...)”, en concordancia con el artículo 6º de la Ley 600 de 2000(48), el cual, implica básicamente que la ley debe ser escrita, estricta y preexistente al acto imputado y, por tanto, vigente al momento de la comisión del mismo y de elevar el juicio de reproche, para que el Estado pueda poner en marcha su aparato en pos de investigar y eventualmente sancionar al implicado.

Igualmente, es garantía para el profesional del derecho de que la actividad de intervención estatal de consecuencias sancionatorias no desbordará los precisos parámetros señalados por la misma ley, pues bastará la existencia de esta para que el profesional del derecho sepa exactamente lo que le es permitido y prohibido en un momento determinado (principio de seguridad jurídica).

A ese respecto resulta importante resaltar, que para un hecho ser “Típico” no basta con que una ley lo prevea, sin importar la forma de hacerlo, pues coincidimos con la apreciación que presenta el profesor Juan Fernández Carrasquilla al exponer el principio de “Tipicidad Inequívoca”: “(...) El principio de legalidad, entendido en tan amplio sentido formal, no significa mucho en el orden de las garantías individuales, pues ni autolimita sensiblemente el poder punitivo del Estado, ni estorba a la arbitriedad judicial, ni en realidad “determina” la conducta punible (...)”(49).

Sin que sea dado que en el ejercicio de dicho poder punitivo las normas se queden en el papel y el operador judicial, juzgue y sancione a una persona sin siquiera enterarlo previamente de las conductas previstas en la ley y en las que supuestamente incurrió.

En este orden de ideas, se tiene que en el derecho sancionador, el legislador ha estipulado la necesidad de implementar una pieza procesal que rige toda la actuación, en aras de fijarle al procesado unas reglas claras que gobernarán su juzgamiento, una especie de columna vertebral.

La resolución de acusación o pliego de cargos constituye entonces el marco dentro del cual se realiza el juicio, pues allí se le informa al procesado los hechos por los cuales debe responder, razón por la cual, al ser una figura de tanta importancia en el proceso, normativa y jurisprudencialmente se han establecido unos requisitos que debe cumplir, so pena de vulnerar los derechos fundamentales del procesado e impedir que la etapa de juzgamiento se realice adecuadamente.

Luego entonces, en el proveído calificatorio, el funcionario debe enunciar de una forma clara y precisa los hechos objeto de investigación —imputación fáctica—, así como debe realizar un análisis probatorio suficiente para sustentar los cargos y finalmente, debe señalar las faltas por los cuales acusa —imputación jurídica—.

Sobre el tema, es innumerable la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, que en reciente fallo dejó sentado lo siguiente:

“... Según Luigi Ferrajoli(50) ... Cuando la jurisdiccionalidad en estricto sentido se refiere de manera concreta a la garantía nullum iudicium sine accusatione (o, lo que es lo mismo, a “la garantía procesal de una acusación determinada contra el procesado como acto previo y de delimitación del juicio”(51) - se resalta), ello implica que en las actuaciones penales la resolución de acusación (o su equivalente) no solo debe contener, en materia de lenguaje, la misma rigurosidad orientada hacia la definición y delimitación del caso concreto con la que, en un sentido general y abstracto, el legislador denota dentro de las normas jurídico penales las acciones que considera punibles, sino que además “debe formularse en términos unívocos y precisos, idóneos para denotar exactamente el hecho atribuido y para circunscribir el objeto del juicio y de la sentencia que le pondrá fin”(52).

“En palabras más sencillas, la acusación, para efectos de su verificación y refutación durante la etapa del juicio, debe contener una clara e inequívoca delimitación tanto de los hechos jurídicamente relevantes del caso (imputación fáctica) como de los cargos que en razón de tales acontecimientos se formulan (imputación jurídica) en aras de respetar la estricta legalidad y jurisdiccionalidad del sistema. Y, así mismo, la acusación desde el punto de vista probatorio tiene que “ser completa, es decir, integrada por la información de todos los indicios que la justifican, de forma que el imputado tenga la posibilidad de refutarlos y nada le sea ‘escondido de cuanto se prepare para su daño o de cuanto se hace, o se hará, para reforzar el concepto de su culpabilidad y destruir la presunción de inocencia, que siempre le asiste’”(53) ...”(54).

De igual forma, es menester señalar que ante cargos inconcretos y difusos, es imposible proferir la sentencia que en derecho corresponda, pues recordemos que entre los cargos y el fallo debe existir consonancia, pero si la primera decisión citada carece de la suficiente argumentación, al juzgador le está vedado emitir el fallo correspondiente, so pena de también vulnerar las garantías procesales de los procesados.

Al respecto, la Corte interamericana de derechos humanos, también ha considerado:

“... la descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de estos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los mismos hechos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación ...”(55).

Luego entonces, es claro que legal y jurisprudencialmente en nuestro ordenamiento jurídico está consagrada dicha pieza procesal y se han fijado los parámetros necesarios que deben cumplirse al momento de su expedición. Tanto así que en el proceso penal se habla de formulación de acusación, antes resolución de acusación, y en los procesos disciplinarios regidos tanto por la Ley 734 de 2002 como por la Ley 1123 de 2007, está previsto el pliego de cargos.

En efecto, en el procedimiento regido por la Ley 1123 de 2007, se tiene que en su artículo 105, dentro del curso de la Audiencia de Pruebas y Calificación provisional, está prevista la etapa de calificación jurídica de la actuación, a través de la terminación o la formulación de cargos, según corresponda. Esta última decisión deberá contener expresamente, como mínimo:

• La imputación fáctica

• La imputación jurídica

• Modalidad de la conducta

Culminando de esta forma la etapa investigativa y sirviendo de preámbulo a la audiencia de juzgamiento.

Pues bien, debe indicarse además que en el ámbito de la imputación disciplinaria está proscrita la responsabilidad objetiva, es decir, por la sola infracción del deber previsto normativamente, y ello tiene sentido pues con razón se ha dicho que el contenido subjetivo de la imputación es una consecuencia necesaria de la dignidad del ser humano.

Es por ello que la carencia de los requisitos legales exigidos para el pliego de cargos, así como para la sentencia, supone, para quienes forman parte de un proceso, la afectación al principio de contradicción y derecho de defensa, al desconocer el marco de referencia en el cual se adelanta el proceso, afectándose de contera con el resultado de la sentencia, la buena fe y expectativas de la persona juzgada, por franca omisión del juzgador de valorar todo aquello por lo cual se decide en determinado sentido derivando en la imposibilidad del disciplinado de controvertirlo.

Descendiendo al caso objeto de estudio, se tiene que el magistrado Carlos Gonzalo Alvarado Gaitán en la audiencia celebrada el 26 de agosto de 2009, procedió a formular cargos en contra de los abogados disciplinados, realizando un recuento del trámite surtido en el proceso ejecutivo hipotecario en los mismos términos previstos en la queja, a pesar de que en forma reiterada impidiera a los encartados pronunciarse sobre el mismo, alegando que en momento alguno revisaría tal actuación, al no ser una tercera instancia dentro de ese proceso ordinario.

Y posteriormente se limitó a señalar que luego de la expedición de la Sentencia SU 813 de 2007 por parte de la Corte Constitucional, el banco presentó la demanda ejecutiva, incurriendo de esta forma los abogados investigados en la falta consagrada en el artículo 51 del Decreto 196 de 1971, sin indicar el numeral.

Sin embargo, ante el desconocimiento de los hechos investigados, el funcionario ni siquiera sabía la fecha de presentación de la demanda, que era el hecho supuestamente reprochado, viéndose obligado a preguntar tal dato a los intervinientes en la audiencia, para luego imputar también la falta prevista en el canon 33 numeral 2º de la Ley 1123 de 2007. Sin explicar la razón por la cual, los dos abogados disciplinados pudieron incurrir en dicha conducta, ni especificar el grado de participación de cada uno de ellos. Y menos aún emitir pronunciamiento sobre el grado de culpabilidad con el cual se había cometido la falta.

Se agrega a lo anterior que, ante el desorden y falta de claridad sobre el asunto, lo cual se torna evidente en la grabación de la diligencia, el funcionario suspendió la vista, sin concluir la imputación. Y reanudada la diligencia, procedió a dar trámite a una recusación, sin complementar o hacer alusión a los “cargos” que intentó formular, pero que nunca concretó ni complementó.

Sin que pueda suplir dicha falencia el recuento procesal que realizó la funcionaria que sucedió en el cargo al doctor Alvarado Gaitán en la siguiente sesión de audiencia, donde al reseñar la imputación realizada faltó a la verdad, cuando dijo que los mismos habían sido imputados a título de dolo, cuando ello nunca ocurrió.

En consecuencia, sin mayores elucubraciones, nótese la falencia existente en el auto de cargos, implicando con ello un desconocimiento de las garantías procesales del disciplinable, en tanto fueron afectados el principio de contradicción y el derecho de defensa del doctor Franco Bejarano, pues le fue desconocido el marco de referencia en el cual se adelantó el proceso, por franca imposibilidad de controvertir las bases en las cuáles se fundó la sentencia adversa, como quiera que, las imputaciones objetivas y subjetivas no fueron adecuadamente desarrolladas en la mencionada decisión.

Lo anterior por cuanto en el derecho disciplinario las faltas no pueden ser imputadas solamente de manera objetiva, por el contrario, el juez debe estudiar lo subjetivo de la conducta, para así establecer el grado de culpabilidad en el cual se incurrió, indicando por qué en determinado caso una falta fue cometida a título de culpa y no de manera dolosa, o viceversa.

En el caso sub lite se echa de menos el estudio que en ese aspecto correspondía realizar a la Sala a quo desde la formulación de cargos a efectos de concluir que efectivamente el profesional investigado había actualizado todos los elementos del tipo imputado, en lugar de limitarse a indicar un artículo de forma además imprecisa, sin establecer ni la imputación fáctica ni el grado de culpabilidad de la conducta irrogada.

La tarea de identificar el verbo rector realizado y lo injustificado del proceder, debe ser desarrollada analizándose el grado de culpabilidad con el cual se cometió la falta, porque se insiste, la labor de formular cargos y de fallar conforme a los mismos, implica respeto a las garantías procesales, dada la exactitud y precisión que en este sentido demandan los tipos disciplinarios.

Sobre el particular ha dicho la Corte Constitucional:

“Concretamente, en los asuntos penales, dentro de las garantías fundamentales para el procesado, en desarrollo y armonía con el debido proceso, se deben respetar los siguientes principios:

a) El enjuiciado debe conocer previamente a la sentencia, los motivos por los cuales es acusado por el Estado. Esta garantía es la consonancia que se predica entre la acusación y la sentencia.

b) A pesar de las modificaciones que se introduzcan a la acusación, estas no pueden ser de tal naturaleza que rompan la consonancia entre la acusación y la sentencia.

c) Al enjuiciado no se le puede sorprender con hechos nuevos sobre los cuales no tenga oportunidad de defenderse”(56) (negrillas fuera de texto).

Así las cosas, en el caso puesto de presente esta superioridad observa la falencia de los cargos irrogados.

Cuando el derecho punitivo a partir de la Constitución, prohíbe la deducción de responsabilidad objetiva, y entrega el legislador categorías para el estudio de la culpabilidad, para el caso disciplinario en dolo y culpa como únicas formas, su demostración y análisis es requisito sine qua non para deducir un juicio de reproche, no basta pues, la mera enunciación objetiva, de lo contrario sobra la categorización o estructura de la falta en tipicidad, ilicitud (antijuridicidad) y culpabilidad, en tanto solo se estarían agotando dos de las fases exigidas y tradicionalmente reconocidas por la dogmática, peor aún, siendo el derecho sancionador un límite a la potestad punitiva del Estado; ello indica el respeto por las garantías de los sujetos procesales o intervinientes.

En consecuencia, las circunstancias fácticas expuestas, han impedido el cabal ejercicio del derecho de defensa y del debido proceso; a partir de lo cual la Sala concluye que, la presente actuación se encuentra viciada de nulidad por violación ostensible y manifiesta de los mencionados derechos fundamentales, como quiera que estos se materializan cuando el disciplinado se entera de los cargos imputados por el Estado, para que, correlativamente en ejercicio de su defensa material, despliegue todos los elementos probatorios a fin de dejar sin sustento dichas imputaciones.

Luego entonces, operó la causal de nulidad prevista en los numerales 2º y 3º del artículo 98 de la Ley 1123 de 2007(57), motivo por el cual, y en ejercicio de la facultad oficiosa consagrada en el artículo 99 de esa misma norma(58), se ordenará recomponer la actuación a partir de la audiencia celebrada el 26 de agosto de 2009, inclusive, para que el seccional de primera instancia profiera nuevamente cargos de forma clara y completa, señalando específicamente el presupuesto fáctico, el verbo rector, el grado de culpabilidad del cual va a defenderse el abogado Hernando Franco Bejarano, y sin perjuicio de la validez de los medios de prueba que han sido legalmente recaudados durante las presentes diligencias.

Por último, esta superioridad considera necesario exhortar a la magistrada que fungió como ponente en el fallo de primera instancia, para que dé pleno acatamiento al principio de congruencia, debiendo abstenerse de introducir variaciones fácticas al pliego de cargos, so pena de desconocer los derechos y garantías de los procesados y generar nulidades.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura —Sala Dual 4—, en uso de sus facultades legales y constitucionales.

RESUELVE:

1. ABSTENERSE de resolver el recurso de apelación impetrado por el señor Jairo Luis Polanía Carrizosa contra la sentencia absolutoria emitida a favor de la abogada Carmen Alicia Rodríguez Bejarano, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. DECRETAR LA NULIDAD de lo actuado, por violación al debido proceso y al derecho de defensa, a partir de la audiencia de pruebas y calificación inclusive celebrada el 26 de agosto de 2009, para que el seccional de primera instancia profiera nuevamente cargos de forma clara y completa al abogado Hernando Franco Bejarano, señalando específicamente el presupuesto fáctico, el verbo rector, el grado de culpabilidad del cual va a defenderse, y sin perjuicio de la validez de los medios de prueba que han sido legalmente recaudados durante las presentes diligencias.

3. REMÍTASE DE FORMA INMEDIATA el expediente a la colegiatura de instancia para continuar con el trámite hasta su agotamiento.

Notifíquese y cúmplase».

(42) ART. 256.—Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: ... 3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.

(43) ART. 112.—Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: ... 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura.

(44) ART. 59.—De la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conoce: 1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las Salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura, en los términos previstos en la ley estatutaria de la administración de justicia y en este código.

(45) Reglamento Interno de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

(46) Cuyas normas procedimentales son aplicables por remisión expresa del artículo 90 del Decreto 196 de 1971 y 16 de la Ley 1123 de 2007.

(47) Bernal Cuellar, Jaime y Montealegre Lynett, Eduardo. “El proceso penal” 4ª edición. Universidad Externado de Colombia. 315 p.

(48) ART. 6º—Legalidad. Nadie podrá ser investigado, ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al tiempo de la actuación procesal, con observancia de las formas propias de cada juicio.

(49) Derecho penal fundamental, tomo II, Editorial Temis, pág. 27, (resaltado fuera del texto).

(50) Ferrajoli, Luigi, derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Editorial Trotta, Madrid, 2001, pág. 96.

(51) Ibídem, pág. 606.

(52) Ibídem, págs. 606-607.

(53) Ibídem, pág. 607, citando a carrara, o. c., tomo II, § 892, pág. 364.

(54) Sala de Casación Penal. Sentencia del 5 de diciembre de 2007, Rad. 26.513. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca.

(55) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de junio 20 de 2005 Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala.

(56) Sentencia C-541/98, Magistrado ponente Alfredo Beltrán Sierra. 1º de octubre de 1998.

(57) ART. 98.—Causales. Son causales de nulidad:

2. La violación del derecho de defensa del disciplinable.

3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

(58) ART. 99.—Declaratoria oficiosa. En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de una de las causales previstas en la norma anterior, declarará la nulidad de lo actuado y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para que se subsane el defecto.