Sentencia 2008-00325/46399 de febrero 7 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 170012331000200800325 01 (46399)

Actores: Wilmar de Jesús Soto López y otros

Demandados: La Nación - Fiscalía General de la Nación y otros

Naturaleza: Acción de reparación directa (apelación de sentencia)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá D.C., siete de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales.

1.1. Jurisdicción, competencia y acción procedente. La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 82 y 129 del CCA, en asocio con los artículos 65, 68 y 73 de la Ley 270 de 1996. Además, por tratarse de un caso donde se debate la responsabilidad del Estado derivada de la administración de justicia, la competencia de esta colegiatura procede sin limitaciones de cuantía(4). En consideración a la naturaleza del asunto, el horizonte procesal se rige por el artículo 86 del CCA, bajo el trámite de reparación directa.

1.2. La legitimación en la causa - por activa: se encuentra legitimado el señor Wilmar de Jesús Soto López, comoquiera que está demostrado que fue quien sufrió la privación de la libertad. Así mismo, a partir de los respectivos registros civiles(5), se encuentra demostrado el interés para concurrir en demanda de los familiares del señor Soto López.

Por pasiva: De conformidad con lo que es objeto de apelación, en esta etapa del proceso se encuentra legitimada la Nación, representada para el caso, por la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, comoquiera que el daño que se alega proviene de las actuaciones de estas dos entidades.

Con relación al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec, atendiendo lo resuelto por el a quo y que no fue objeto de apelación, la Sala entiende que dicha entidad quedó desvinculada y que, por tanto, ya no es parte en este momento procesal.

1.3. La caducidad. Para efectos de comprobar que el presente caso no ha sido alcanzado por la caducidad prevista para la acción de reparación directa en el artículo 136 nº 8 del CCA y, determinada allí en dos (2) años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho; es necesario tener en cuenta que por tratarse de la responsabilidad derivada de una privación injusta de libertad, ha dicho la jurisprudencia de esta corporación que la certeza del daño aparece cuando la providencia que absuelve o precluye adquiere ejecutoria(6); por lo cual, los dos (2) años empezarán a correr a partir del día siguiente de aquél suceso procesal.

En el presente caso, se sabe que el señor Wilmar de Jesús Soto López fue declarado inocente mediante sentencia del 12 de diciembre de 2006 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial —Sala de Decisión Penal— de Manizales. Si bien, dentro del proceso no obra la constancia expresa de la ejecutoria, tal hecho puede inferirse de tres circunstancias: i) porque se trata de una sentencia de segunda instancia y, ii) porque de conformidad con la ley aplicable al caso (Ley 600 de 2000) la casación no era procedente(7), ya que el delito por el cual fue investigado no era susceptible de tal recurso(8) y, iii) las razones para la absolución (suplantación).

De esta forma, puede inferirse que la mentada providencia cobró ejecutoria, lo que si no se puede es establecer con certeza a partir de cuándo, ya que de conformidad con el artículo 187 de la Ley 600 de 2000 bajo la cual se tramitó el caso, las providencias quedaban ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se habían interpuesto los recursos legalmente procedentes, pero aquí no se sabe cuándo se cumplió la notificación. Con todo, como se conoce que la demanda se interpuso el 5 de noviembre de 2008 (fl. 263, c. 1), no hay dificultad para establecer que se hizo de manera oportuna.

2. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas válida y oportunamente allegadas al proceso(9), se encuentran probados los siguientes hechos relevantes.

2.1. El 27 de noviembre de 2003 la policía instauró un puesto de control a las afueras de Manizales. Ese día en un bus intermunicipal se incautó un maletín que llevaba marihuana. En esos hechos resultó implicada la señora Graciela Cortés y un hombre que se identificó como Wilmar de Jesús Soto López. Este último, fue conducido al comando de la Policía, allí se le tomaron huellas y, se le retuvo la cédula de ciudadanía que lo identificaba como tal y copia de una denuncia de pérdida del mismo documento de identidad que portaba junto con la cédula. No obstante, el detenido se dio a la fuga, dejando los documentos antes mencionados, con los cuales la Policía practicó el cotejo dactilar. De estos hechos se conoce por las piezas procesales del proceso penal que fueron incorporadas como prueba (fls. 30-70, c. 1).

2.2. El 2 de diciembre de 2003 el Departamento de Policía de Caldas - Distrito de Salamina, mediante oficio 1197 puso a disposición de la Fiscalía seccional de Salamina los documentos que había dejado antes de su huida la persona involucrada con el porte de estupefacientes y que se había identificado como Wilmar de Jesús Soto López. Adicionalmente allegó un formato de SIJIN - Policía Judicial, en el que se lee: “Al realizar confrontación dactilar, su huella del índice derecho no concuerda con la huella índice derecho que aparece en su cédula”. (fls. 71-74, c. 1).

2.3. A partir de allí, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del circuito de Salamina dio apertura a la investigación penal por tráfico de estupefacientes y vinculó el 5 de diciembre de 2003 a Wilmar de Jesús Soto López a la misma (fls. 77-81, c. 1). Posteriormente, el 6 de enero de 2004, se le declaró como persona ausente (fl. 89, c. 1); el 30 de enero de 2004 se le resolvió la situación jurídica, imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva (fls. 93-96, c. 1) y, el 15 de marzo de 2004 se profirió resolución de acusación (fls. 106-110, c. 1). A partir de allí, el proceso pasó a conocimiento del juzgado penal del circuito de Salamina.

2.4. El 11 de abril de 2006, el señor Wilmar de Jesús Soto López fue capturado y puesto a disposición del juzgado penal del circuito de Salamina, tal como reza en el oficio de la misma fecha y acta de derechos del capturado (fls. 146-147, c. 1).

2.5. El 25 de abril de 2006, el juzgado penal del circuito de Salamina, dentro del proceso 2004-00041-00, condenó a Wilmar de Jesús Soto López a 54 meses de prisión y multa, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (fls. 160-172, c.1). Dicha sentencia fue apelada, teniendo como razón fundamental el hecho de que la persona capturada el 27 de noviembre de 2003 no era Wilmar de Jesús Soto López, sino alguien que le suplantó, tal como se infería del informe de policía del 2 de diciembre de 2003 (fls. 186-185, c.1). Como prueba se allegó la constancia de denuncia de pérdida de documentos, instaurada el 5 de noviembre de 2002 ante la Inspección de Policía de Anserma-Caldas (fl. 201, c. 1).

2.6. El 12 de diciembre de 2003, el Tribunal Superior del Distrito Judicial - Sala de Decisión Penal de Manizales, revocó la sentencia condenatoria y, en su lugar absolvió —por inocente— a Wilmar de Jesús Soto López. Como fundamento para adoptar la decisión, expuso:

Sea lo primero reconocer que en reciente ocasión, la Sala conoció de la acción de tutela incoada por el defensor del acusado (…). La acción constitucional fue negada por estar pendiente la resolución del recurso de apelación dentro del proceso penal (…). Dentro del trámite de la acción de tutela se ordenaron una serie de pruebas que por la importancia que revisten se trasladaron a la presente actuación (…). Aún así, advierte esta colegiatura que de la lectura minuciosa de las piezas procesales que obraban al momento de proferir sentencia de primera instancia, se logra detectar la presencia de algunas pruebas que, antes del proferimiento de la resolución de acusación, ya ponían de presente una seria duda con respecto a la identidad del acusado. En efecto, el intendente Nelson Gallego Salazar, en el curso de la declaración que le fue recepcionada el 3 de diciembre de 2003, advirtió lo siguiente: “Es de anotar que cuando los policiales que condujeron estas dos personas, el señor Wilmar y la señora Alba a las instalaciones policiales este señor presentó una cédula la cual con el personal de la Sijín se realizó una confrontación dactilar del índice derecho y esta no concordaba con la que se encontraba en la cédula (…)”. Los documentos relacionados por el intendente en su declaración, efectivamente fueron aportados y en uno de ellos claramente se lee: ““Al realizar confrontación dactilar, su huella del índice derecho no concuerda con la huella índice derecho que aparece en su cédula”.

Como si fuera poco, al individuo que se identificó con la cédula de ciudadanía de Wilmar de Jesús Soto López, también le fue hallada copia de la denuncia formulado (sic) en la Inspección permanente de Policía de Salamina por la pérdida de documentos, entre ellos una cédula de ciudadanía, por lo que se interroga la Sala: ¿Si dicho individuo había extraviado su cédula, cómo es que al requerirse se identifica presentando la misma?

Tal cuestión, aunada a la declaración hecha por el intendente Gallego Salazar, ineludiblemente pone de presente incertidumbre sobre la identidad del autor del ilícito (…). Razones suficientes para concluir que la única decisión viable era reconocer tal circunstancia y en consecuencia absolver a Soto López. (…).

[S]e cuenta con el original de la denuncia por pérdida de documentos formulada por el verdadero Wilmar de Jesús Soto López (...), la cual dicho sea de paso tiene fecha anterior al día en que se suscitaron los hechos materia de juzgamiento y, de otra, con el informe sobre confrontación dactiloscópica(10) (…).

Así las cosas, con estas nuevas probanzas queda despejada cualquier duda (…). El señor Wilmar de Jesús Soto López es inocente de los cargos que le fueron deducidos (…) toda vez que, quien cometió la conducta que se juzga fue otro individuo aún no identificado ni individualizado quien presentó como suya la cédula de ciudadanía que se le extravió a Soto López, así el verdadero autor ha pretendido eludir la acción de la justicia, lo que hasta ahora ha logrado. (…).

2.7. Se sabe que Wilmar de Jesús Soto López, como consecuencia de la anterior decisión obtuvo la libertad el 15 de diciembre de 2006, tal como consta en la certificación —oficio 616 EPMSCPEI ARS DIR— expedida por el Inpec el 1º de octubre de 2010, en la cual se hace constar el tiempo de privación comprendido entre el 11 de abril y el 15 de diciembre de 2006 (fl. 380, c. 1).

2.8. Al proceso comparecieron a rendir testimonio los señores Alejandra María Giraldo Castañeda, Flor María Pérez, Dilmary Hoyos López, Cielo Mary Hoyos López y José Vicente Bermúdez (fls. 104-118, c. 2), los cuales serán valorados si a ello hubiere lugar.

2.9. Se sabe que el señor Wilmar José Soto López, mientras estuvo privado de la libertad fue lesionado por parte de otro recluso, en virtud de lo cual se allegaron algunas probanzas encaminadas a demostrar los perjuicios sufridos por este concepto. No obstante, en razón a lo decidido en primera instancia por el a quo en relación con el Inpec, dichas pruebas no serán objeto de valoración en esta instancia.

3. Problema jurídico.

Conforme a los hechos, las pruebas y a la cláusula consagrada en el artículo 90 superior, corresponde a la Sala determinar si le cabe responsabilidad administrativa y patrimonial a la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial por la privación de la libertad del señor Wilmar de Jesús Soto López, ocurrida entre el 11 de abril y el 15 de diciembre de 2006, dentro de una investigación penal por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, la cual culminó con sentencia absolutoria tras comprobarse que se trató de un caso de suplantación.

4. Análisis de la Sala.

4.1. De la normatividad aplicable. El caso viene regido por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996(11), norma que como lo ha entendido la jurisprudencia de esta corporación, debe interpretarse en sistemática con el artículo 90 de la Constitución. Desde luego, esa integración ha sido posible gracias a que el artículo 90 superior se erige como el pináculo de la responsabilidad del Estado, a partir del cual se permite una interpretación extensiva, por manera que, quien haya estado privado de la libertad y pretenda por ello la reparación del Estado, deberá probar prima facie que la absolución de la investigación y/o proceso penal se produjo por cualquiera de estas circunstancias: i) porque el hecho no existió; ii) porque aun existiendo, el sindicado no lo cometió; iii) porque la conducta investigada no era constitutiva de un hecho punible(12) y iv) porque probatoriamente no se logró desvirtuar la presunción de inocencia (indubio pro reo)(13).

En consecuencia, en los eventos aquí descritos, el Estado tiene el deber objetivo de responder, merced del daño antijurídico provocado en la esfera de la libertad individual y los perjuicios que una intervención así representa tanto en el plano inmaterial como material. Lo anterior no obsta para que en cada caso se analicen las particularidades que puedan, eventualmente, dar paso a la aplicación de un régimen diferente, pues en la medida que el artículo 90 de la Constitución no consagró de manera particular un régimen especial, es al fallador a quien corresponde realizar su concreción.

En síntesis, el Estado está obligado a responder objetivamente por privación injusta de libertad, siempre que se desvincule o absuelva de la responsabilidad penal por cualquiera de los eventos antes señalados, incluyendo el indubio pro reo, inclusive, sin necesidad de probar que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de falla, aunque si se evidencia esta última, así deberá hacerlo notar.

Finalmente, el entramado normativo de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad no se agota con la aplicación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sino que, además, debe darse aplicación al artículo 70 ejusdem(14), que impone al juez el análisis sobre la culpa grave o dolo de la víctima como causal eximente. Esta disposición materializa el principio según el cual nadie puede beneficiarse de su propia torpeza y encuentra respaldo, igualmente, en los artículos 83, 90 y 95 de la Constitución y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(15).

4.2. El juicio autónomo sobre el dolo civil o culpa grave de la víctima. Tratándose de la responsabilidad extracontractual, el estudio de las causales de exoneración corresponde, en principio, al Estado, o de manera autónoma, al juez del caso en virtud de sus poderes oficiosos(16). Implica entonces, que la responsabilidad se consolida solo hasta el momento en que el juez confronta el actuar de la víctima con aquellos deberes generales de conducta, que son inexcusables y oponibles en cualquier circunstancia y cuyo quebranto no encuentra justificación, menos, cuando con ello se pretenda sacar un rédito o ventaja.

Desde luego, así como no se discute que en respaldo de la presunción de inocencia, la absolución en un juicio penal es indicativa de un deber jurídico de reparar; tampoco hay resistencia en admitir que la comprobación de un actuar civilmente doloso, en los términos del artículo 63 del C.C(17)., traslada la imputación hacia el propio sujeto y exime a las autoridades que determinaron la medida privativa. Esto, por cuanto el actuar de la víctima no mengua la antijuridicidad del daño ni desestima la relevancia de los bienes jurídicos en juego, pero sí supone un juicio de atribución diferente.

En definitiva, la responsabilidad del Estado por privación injusta no se puede afirmar ni infirmar, hasta tanto no se lleve a cabo el análisis de que trata el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, en los términos anteriormente expuestos.

4.2.(sic) Del caso concreto.

4.2.1. El daño y su antijuridicidad. Conforme a las pruebas, resulta irrebatible que el señor Wilmar de Jesús Soto López estuvo privado de la libertad desde el 11 de abril hasta el 15 de diciembre de 2006 (fl. 380, c. 1), esto es, por espacio de ocho (8) meses y cuatro (4) días. De esta forma, el daño, como primer elemento de la responsabilidad se encuentra debidamente demostrado.

También se sabe que la razón por la cual recobró la libertad, fue porque se demostró que no era la persona que había cometido el delito por el cual se le había investigado y condenado. De ahí, que también se encuentre acreditada la antijuridicidad del daño antes mencionado.

4.2.2. Régimen aplicable e imputación. Atendiendo las razones por las cuales Wilmar de Jesús Soto López obtuvo la libertad, éstas se equivalen a que no cometió el delito por el cual se le restringió la libertad, hipótesis que se circunscribe dentro de los eventos de responsabilidad objetiva.

No obstante, su privación devino de un error en la identificación e individualización plena al interior del proceso penal, que condujo a que se capturara a la persona que no había cometido el delito. Dicho error se incubó desde el inicio de la investigación y permaneció desapercibido tanto para la Fiscalía como para el juzgado que emitió la sentencia condenatoria, pese a que desde la emisión del informe de policía con el cual se dio apertura a la investigación ya se hacía la advertencia, con base en la confrontación del registro dactilar, que quien cometió el delito se identificaba con una cédula que no era la suya. En este punto y para no recalcitrar sobre lo evidente, la Sala se remite a las consideraciones que sobre el particular expuso el a quo y, que tienen, además, fundamento en lo dicho por el tribunal en lo penal al momento de declarar la inocencia de Wilmar de Jesús Soto López.

En consecuencia, para la Sala es claro que en el sub lite la imputación procede bajo un régimen subjetivo de falla del servicio, pues de haberse cumplido de manera prolija los protocolos legalmente establecidos, desde un comienzo se hubiera podido frustrar la equivocación que culminó con la privación de una persona totalmente ajena a la comisión del delito.

Ahora bien, como en los respectivos recursos de apelación las entidades demandadas, recíprocamente, se endilgan la responsabilidad; esto es, la Fiscalía estima que el error en la identificación debió ser advertido infaltablemente en sede de juicio y, a su vez, la Rama Judicial le achaca el error a la Fiscalía; la Sala, como también lo hizo el tribunal a quo, advierte que ambas entidades no solamente estaban en el deber de establecer la identidad plena sino que, además, con los elementos existentes en el expediente (informe de policía y declaración de ratificación del informe) tenían a la vista la discordancia entre las huellas de la persona aprehendida en noviembre de 2003 y la cédula que en su momento presentó dicha persona.

Desde luego, conforme se señala en el artículo 350 del CPP —de la época— para el momento de proferirse la orden de captura y, por contera, la orden de encarcelación se debían tener establecidos los datos para la plena identificación e individualización del imputado; es decir, la obligación normada en el precitado artículo se encuentra a cargo del ente instructor y, por tanto, que no la efectuara debidamente implica que incurrió en una omisión.

Igualmente, al momento de dictar sentencia, conforme establecía el artículo 170 de la codificación procedimental por entonces vigente —Ley 600 de 200— se debía revisar que la persona objeto de condena estuviera plenamente identificado e individualizado, actuación que debía adelantar el juzgado que emitió la condena. El deber que almacena el mencionado artículo, no se contrae a replicar los datos de identificación que vienen desde el sumario, sino que implica para la autoridad judicial revisar si en la pretérita ocasión se llevó a cabo acertadamente el proceso de identificación e individualización de la persona que va a ser cobijada o no con sentencia, máxime, cuando a partir de dicha decisión es que se genera el antecedente judicial.

No ignora la sala que la orden de captura se produjo el 11 de abril de 2006; es decir, días antes de proferirse la sentencia de primera instancia que se calenda 25 de abril de 2006. Con todo, si el juzgado de conocimiento hubiera acometido la labor de identificación, para el momento de emitir la sentencia se hubiera percatado de las dudas que existían en torno a este trópico desde el mismo comienzo de la investigación y, se hubiera evitado la inmerecida prolongación de la privación de Wilmar de Jesús Soto López. Este reproche no tiene por objeto diezmar el error que se produjo en los albores de la investigación, cuando el expediente se encontraba en formación y quedaba más fácil detectar la advertencia que traía consigo el informe de policía. Por tanto, lo que hace la Sala es dirimir las inculpaciones mutuas que se hicieron las entidades y, zanjar el asunto, poniendo en evidencia que ambas entidades incurrieron en la omisión al momento de llevar a cabo la tarea de identificar e individualizar al procesado y, por ende, les ocupa una responsabilidad administrativa y patrimonial compartida.

4.2.3. Análisis del dolo o culpa exclusiva de la víctima. De conformidad con las pruebas que gravitan en el expediente, para la Sala es claro que la privación que tuvo que padecer el señor Wilmar de Jesús Soto López se dio al margen de cualquier actuación suya. En efecto, lo que salió a relucir en el proceso fue que el mencionado Soto López en noviembre de 2002 había extraviado su cédula y, de manera diligente había formulado la respectiva denuncia (fl. 201, c. 1). No obstante, un año más tarde, otra persona que fue capturada cuando transportaba alucinógenos se identificó con la cédula perdida de Wilmar de Jesús Soto López y, a partir de allí se generó la confusión.

Estas circunstancias, indican que Wilmar de Jesús Soto López no hizo nada para merecer la privación injusta que le devino y, por ende, el deber de reparar un daño así provocado se torna insoslayable.

De esta manera y, atendiendo las razones que preceden, la Sala confirmará la sentencia de primer grado en lo que tiene que ver con la declaratoria de responsabilidad conjunta y solidaria de la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación y, a la sazón de tal declaratoria, se entran a revisar los perjuicios bajo el entendido que quien apela por la responsabilidad apela por el perjuicio y que no se puede agravar la suerte del apelante único.

5. Liquidación de perjuicios.

5.1. Perjuicios morales. Estando probada la privación de la libertad, se presume el perjuicio moral que un hecho de esta naturaleza supone no solamente para la persona directamente afectada sino, además, para su círculo familiar cercano. En el presente caso, es evidente que la privación le deparó un perjuicio de esta naturaleza tanto al señor Wilmar de Jesús Soto López, como a su madre, hermanas y sobrinos, el cual se encuentra además probado a partir de los testimonios rendidos en el proceso(18).

Esta clase de perjuicios, conforme a los criterios de la jurisprudencia unificada(19), se tasan teniendo en cuenta, por un lado, el tiempo de duración de la privación y, por otro, el grado de cercanía afectiva entre la persona privada de la libertad y los demandantes que con él concurren.

De esta forma, siguiendo dichos parámetros, se sabe que tanto al señor Wilmar de Jesús Soto López, como a su madre Alba María López Montoya, habida cuenta que la privación estuvo dentro del rango superior a seis meses e inferior a nueve meses, les corresponde por este concepto el equivalente a 70 smlmv, para cada uno de ellos. Teniendo en cuenta que por este concepto el a quo le reconoció a Wilmar de Jesús Soto López el equivalente a 80 smlmv, la Sala reducirá este monto a lo dispuesto por la jurisprudencia, es decir, a 70 smlmv. En lo que respecta a la señora madre, aun cuando en principio le correspondería más de lo que el a quo le otorgó (50 smlmv), en consideración a las reglas que gobiernan la apelación, la Sala mantendrá incólume lo concedido en primera instancia.

Con respecto a las hermanas, de conformidad con la tasación que trae la jurisprudencia unificada, les correspondería a cada una de ellas el equivalente a 35 smlmv, mientras que el a quo les reconoció 30 smlmv. Como no es posible —de acuerdo con lo que es objeto de apelación y quien apela— modificar la sentencia en este aspecto, la Sala afirmará el reconocimiento efectuado en la sentencia de primer grado; es decir, 30 smlmv, para cada una de ellas.

En lo que refiere a los sobrinos, en primera instancia se les concedió el equivalente a 10 smlmv, siendo que de acuerdo a la sentencia de unificación les correspondería a cada uno de ellos el equivalente a 24.5 smlmv, no obstante por lo ya expuesto no es posible hacer variación alguna y se mantendrá lo allí reconocido.

Como se advirtió ut supra, el tribunal a quo no especificó que el monto de perjuicios establecidos para hermanas y sobrinos, procedía respecto de cada uno de ellos. La Sala considera que no controvierte las reglas de la apelación ni sus límites, introducir en este momento dicha precisión y, por tanto, así lo hará notar al momento de fijar los reconocimientos para estos demandantes.

5.3. Perjuicios materiales. En primera instancia se reconoció a título de lucro cesante lo dejado de percibir sobre la base de un salario mínimo, durante el tiempo efectivo que duró la privación (8 meses, 1 día), e incrementado en 12.5% del factor prestacional, para un total de $ 5.254.165,9 al momento de la sentencia.

Este perjuicio es procedente si se tiene en cuenta que Wilmar de Jesús Soto López al momento de la privación se encontraba en edad productiva(20), también es procedente la liquidación a partir del salario mínimo, comoquiera que, más allá del dicho de los testigos que afirman que Wilmar Soto trabajaba como “esotérico” no existe dentro del plenario ninguna prueba con relación a la actividad que éste desarrollaba para el momento de la captura. Con todo, advierte la Sala que el porcentaje adicional por concepto de prestaciones sociales es de 25% y no de 12.5% como allí se aplicó y que el tiempo de privación fue de 8 meses y 4 días y no de o meses y 1 día(21). No obstante, por no haber sido objeto de apelación, tales imprecisiones no podrán ser corregidas en este momento y, por tanto, la Sala afirmará el reconocimiento hecho en primera instancia y procederá a actualizarlo.

1
 

Total lucro cesante: seis millones quinientos sesenta y cinco mil seiscientos cuatro pesos m/cte ($ 6.565.604).

6. Costas procesales.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 prevé la condena en costa a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia del 16 de noviembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, y en su lugar disponer:

1. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsables a la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación de manera solidaria por los perjuicios sufridos por Wilmar de Jesús Soto López como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue víctima.

2. CONDENAR a la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación a pagar a título de perjuicios morales los siguientes montos:

Para Wilmar de Jesús Soto López, la suma equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago.

Para Alba María López Montoya, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago.

Para María Isleny Soto López; María Eugenia Soto López; Amparo del Socorro Soto de Contreras y Gloria Inés Soto López, la suma equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago, para cada una de ellas.

Para Lina María Soto López y John James Soto López, la suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago, para cada uno de ellos.

3. CONDENAR a la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación a pagar a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a Wilmar de Jesús Soto López, la suma de seis millones quinientos sesenta y cinco mil seiscientos cuatro pesos m/cte. ($ 6.565.604).

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Cumplir lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Expedir a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

4 Consejo de Estado, Sala Plena, auto del 9 de septiembre de 2008, Exp. 34.985. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

5 A fl. 14, c. 1 obra el registro civil de nacimiento de Wilmar de Jesús Soto López, a partir del cual se demuestra la legitimación de la señora Alba María López Montoya (madre). Igualmente, está probado el parentesco de las hermanas, así: María Isleny Soto López (fl. 15, c. 1), María Eugenia Soto López (fl. 17, c. 1); Amparo del Socorro Soto López (fl. 19, c. 1) y, Gloria Inés Soto López (fl. 20, c. 1). Así mismo, está demostrado que: John James Soto López (fl. 16, c. 1) y Lina Marcela Soto López (fl. 18, c. 1) son hijos de Gloria Inés Soto López y, por ende, sobrinos de Wilmar Soto López.

6 “Es posible que en algunos eventos la persona demandante haya obtenido la libertad por una u otra medida jurisdiccional, pero lo cierto es que hasta tanto la decisión que declaró la libertad —y por ende, declaró la ilegalidad de la medida— no haya cobrado fuerza ejecutoria, no se tendrá plena certeza sobre el verdadero acaecimiento del daño y, en consecuencia, no se tendrá certeza acerca de la viabilidad de las pretensiones indemnizatorias”. Consejo de Estado, Auto de 19 de julio de 2007, Exp. 33.918. C.P. Enrique Gil Botero.

7 “ART. 205.—Procedencia de la casación. La casación procede contra las sentencias ejecutoriadas proferidas en segunda instancia por los tribunales superiores de distrito judicial y el tribunal penal militar, en los procesos que se hubieren adelantado por los delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años, aun cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad.

8 En la sentencia condenatoria se lee: En atención a la cantidad del sicotrópico incautado en poder del acusado de marras, superior, como se dijo, a la señalada por la misma ley como dosis para uso personas, pero inferior a mil (1000) gramos de marihuana, la pena prevista para esta clase de delitos oscila entre cuatro (4) y seis (6) años de prisión y multa (…) fl. 167, c. 1. Cfr. art. 376 Ley 600 de 2000.

9 Cfr. auto de pruebas del 18 de junio de 2010 (fls. 367-370, c. 1).

10 Del proceso de tutela se trasladó el informe dactiloscópico de julio 28 de 2006 en que se confrontó las huellas tomadas a quien en noviembre de 2003 se identificó como Wilmar Soto López y las del verdadero Wilmar, capturado el 11 de abril de 2006, concluyéndose que no se identificaban entre sí, ni morfológica ni topográficamente.

11 “ART. 68.—Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

12 Los tres primeros supuestos se corresponden con los que consagraba el derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991. En ese sentido jurisprudencialmente se ha considerado que “en los supuestos consagrados en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que el espíritu de la norma se ha mantenido incluso más allá de su derogatoria, fundada en el artículo 90 de la Carta y así mismo en profundas consideraciones sobre lo irrazonable y desproporcionado que comporta sostener que los asociados están obligados a soportar la carga de ser privados de su libertad y a ver alterado gravemente el disfrute sus derechos fundamentales, sin razón constitucional que lo justifique”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de agosto de 2013, Exp. 27536. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Igualmente, puede verse, de la misma corporación, sentencia del 25 de febrero de 2009, Exp. 25.508. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

13 Al respecto, entre otras, puede verse: Consejo de Estado, Sección Tercera - Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 36149. C.P. Hernán Andrade Rincón (E).

14 “ART. 70.—Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

15 Que a la sazón reza: “Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido (…)” (se resalta).

16 Ver al respecto: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1º de agosto de 2016, Exp. 42.376. C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

17 “ART. 63.—Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. (…) El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.

18 Los testigos Alejandra María Giraldo, José Vicente Bermúdez Zapata y Flor María Pérez Ríos declararon que Wilmar vivía con la mamá, las hermanas Gloria, María Isleny, María Eugenia y con los dos sobrinos John James y Lina Marcela, identificando por su nombre a cada uno de los miembros de la familia y refiriendo los padecimientos que sufrieron por la privación de Wilmar de Jesús Soto (fls. 104-115, c. 2).

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 36.149. C.P. Hernán Andrade Rincón.

20 Según el registro civil obrante a fl. 14, c. 1, se sabe que nació el 11 de julio de 1977 y que para el momento de la captura tenía 28 años de edad (fl. 146, c. 1).

21 El a quo tomó el lapso de privación desde el 11 de abril hasta el 12 de diciembre de 2006, cuando por las pruebas se sabe que se prolongó hasta el 15 de diciembre de 2006.