Sentencia 2008-00334 de mayo 21 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2008-00334-00.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González.

Acción: Nulidad.

Actor: Isaac Alfonso Devis Granados

Bogotá, D.C., veintiuno de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

En orden a estudiar el asunto que nos ocupa, la Sala analizará los siguientes temas: 1) El objeto del litigio; 2) De la excepción de inepta demanda propuesta por la demandada; y, 3) Los cargos planteados.

1) El objeto del litigio.

Observa la Sala que el problema jurídico se plantea en el sentido de establecer si los artículos 8º del Acuerdo 5 de 18 de septiembre de 2006 y 10, 13, 14, 17, 24 y 48 del Acuerdo 10 de 2 de noviembre de 2006, expedidos por la Comisión Nacional de Televisión —en adelante, CNTV— resultan contrarios a las leyes 335 de 1996, artículo 8º, 19 y 24; 182 de 1995, artículos 22, 29, 41 y 43; 23 de 1982, artículos 20 y 98; y 153 de 1887, artículo 14.

Los actos administrativos acusados son del siguiente tenor:

Acuerdo 5 de 18 de septiembre de 2006, artículo 8°.

“ART. 8º—Acceso a la señal del Canal Universitario Nacional. Los concesionarios del servicio público de televisión por suscripción, los licenciatarios de televisión satelital, los operadores de televisión comunitaria y las comunidades autorizadas para el servicio de señales incidentales, deberán destinar un canal exclusivo para transmitir la señal que origine el Canal Universitario Nacional. Los licenciatarios de televisión local, sin ánimo de lucro, podrán encadenarse y distribuir la señal del Canal Universitario.

PAR. 1º—Uso de la capacidad estatal: La Comisión Nacional de Televisión, concertará con los operadores de televisión, las condiciones y términos bajo los cuales el Canal Universitario Nacional, podrá emplear y optimizar el uso de los recursos técnicos disponibles en estos sistemas de televisión satelital estatal.

PAR. 2º—Concertación, estímulos y gradualidad: La Comisión Nacional de Televisión, concertará con los operadores del servicio de televisión, la forma, los estímulos y la gradualidad con la cual estos operadores recibirán y distribuirán la señal del Canal Universitario Nacional”.

Acuerdo 10 de 24 de noviembre de 2006, artículos 10, 13, 14, 17, 24 y 48.

“ART. 10.—Programación especial para adultos. Los concesionarios de televisión por suscripción serán responsables de los contenidos especializados en extrema violencia o pornografía, cualquiera que sea su origen.

Los contenidos especializados en extrema violencia, sólo podrán transmitirse entre las 22:00 y las 05:00 horas.

Los contenidos especializados en pornografía podrán transmitirse siempre y cuando el suscriptor acceda a estos programas a través de los sistemas de PPV (pague por ver) y/o VOD (vídeo bajo demanda) o cualquier otro sistema utilizado para restringir o bloquear el acceso a la señal.

En todo caso, el concesionario deberá suministrar a los suscriptores los mecanismos técnicos para bloquear totalmente el audio y vídeo de dichos canales, a fin de que sólo sean recibidos por voluntad del suscriptor”.

“ART. 13.—Transmisión de canales de televisión abierta y cerrada. Los concesionarios del servicio público de televisión por suscripción deberán garantizar sin costo alguno a sus suscriptores la recepción de los canales colombianos de televisión abierta de carácter nacional y municipal que se sintonicen en VHF, UHF o vía satelital en el área de cubrimiento únicamente. Sin embargo, la transmisión de canales locales por parte de los operadores de televisión por suscripción estará condicionada a la capacidad técnica del operador.

En todo caso, todos los concesionarios de televisión por suscripción deberán garantizar sin costo alguno a los suscriptores la recepción de todos los canales colombianos de televisión abierta de carácter regional que se sintonicen en VHF, UHF o vía satelital.

De igual forma los concesionarios del servicio público de televisión por suscripción deberán transmitir el Canal Satelital del Congreso y el Canal Universitario Nacional.

Adicionalmente, deberán transmitir aquellos que la Comisión Nacional de Televisión determine como de interés público, educativo, social o cultural, siempre que las condiciones técnicas del operador se lo permitan.

PAR.—Hasta tanto la Comisión Nacional de Televisión establezca las frecuencias en las que los concesionarios de televisión por suscripción deban transmitir las señales de los canales colombianos de televisión abierta, dichas señales deberán ser transmitidas en las mismas frecuencias en que se reciben en el área de ubicación de la cabecera, salvo cuando por razones técnicas se requiera emitirlas por una frecuencia diferente para preservar la calidad de la señal, situación que deberán justiciar ante la Comisión Nacional de Televisión”.

“ART. 14.—Condiciones y requisitos para la transmisión de los mensajes comerciales. Los concesionarios de televisión por suscripción que transmitan mensajes comerciales cuyos contenidos estén dirigidos exclusivamente al mercado colombiano o se refieran a bienes o servicios de interés exclusivamente del público colombiano, deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 182 de 1995 modificado por el artículo 4º de la Ley 680 de 2001, o en las normas que lo complementen, modifiquen o adicionen. Lo anterior se entiende que debe cumplirse respecto de los canales a través del cual se efectúe la transmisión de los mensajes comerciales.

Esta misma regla aplica cuando se trate de mensajes comerciales insertados por el concesionario de televisión por suscripción, en cualquiera de los canales de televisión que distribuya.

PAR.—La transmisión de los mensajes comerciales a que se refiere el presente artículo, se tendrán en cuenta para efectos de la determinación de los ingresos brutos derivados de la prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 3 de 2005 expedido por la Comisión Nacional de Televisión, así como las normas que lo complementen, modifiquen o adicionen”.

“ART. 17.—Protección a los derechos de autor y conexos. Los concesionarios del servicio de televisión por suscripción deberán informar anualmente ante la Comisión Nacional de Televisión el pago de los derechos de autor y conexos, así como los convenios o contratos que los autorizan para usar la(s) señal(es).

Así mismo, la Comisión Nacional de Televisión solicitará, al menos una vez al año, información tendiente a constatar la existencia, vigencia y cobertura de los derechos de autor y conexos al uso de los contenidos emitidos por los concesionarios de televisión por suscripción.

En ejercicio de la función de inspección, vigilancia, seguimiento y control, la Comisión Nacional de Televisión podrá solicitar informes, documentos y demás pruebas que considere pertinentes para constatar una violación a las normas de derechos de autor y conexos”.

“ART. 24.—Determinación de la asunción de los riesgos en las concesiones de televisión por suscripción. El riesgo de operación, de orden comercial (demanda y cartera), de financiación (consecución de financiación y condiciones financieras), regulatorio (distinto de la regulación de la Comisión Nacional de Televisión, tales como nuevas disposiciones legales o interpretaciones realizadas por autoridad competente) y de obtención de licencias y/o permisos, entre otros, serán asumidos por el concesionario, que haya participado en la licitación pública o solicitado permiso para operar el servicio de televisión por suscripción cableada o satelital, respectivamente, que haya presentado solicitud para expansión de cobertura o que haya presentado solicitud de prórroga del respectivo contrato de concesión.

PAR. PRIMERO.—Dentro del riesgo de operación, entre otros, se encuentra la posibilidad que tiene la Comisión Nacional de Televisión de adjudicar nuevas concesiones de televisión en cualquiera de sus modalidades.

PAR. SEGUNDO.—La presentación de la oferta o de la solicitud para el otorgamiento de una concesión, así como la solicitud de expansión de cobertura y/o prórroga del contrato por parte del concesionario, implica su declaración en el sentido de haber realizado los análisis correspondientes y la consecuente inclusión en sus modelos de rentabilidad económica de la asunción de los riesgos mencionados”.

“ART. 48.—Sistema de información en línea. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acuerdo, los concesionarios del servicio de televisión por suscripción, deberán adoptar el sistema de información en línea entre el operador y la Comisión Nacional de Televisión, que indique que esta entidad, de tal manera que ésta pueda acceder en tiempo real a la información sobre usuarios, facturación y valor de las diferentes tarifas cobradas a los suscriptores. Para estos efectos la comisión, de común acuerdo con los concesionarios propenderá porque dicho sistema ofrezca seguridad en el acceso a la información, y por el uso restrictivo de la misma”.

2) De la excepción de inepta demanda propuesta por la demandada.

El apoderado judicial de la entidad demandada, aduce que el demandante en forma alguna expone de manera completa en qué consiste la violación o ilegitimidad del acto acusado, ni en la formulación del cargo ni en las consideraciones de orden sustantivo. En consecuencia, señala que existe una ineptitud sustancial del cargo, o falta de formulación del mismo, que hace imposible emitir un pronunciamiento de fondo.

Al respecto, la Sala declarará no probada la excepción formulada, debido a que encuentra suficientemente desarrollado el concepto de violación y los cargos planteados por el demandante en su demanda.

En efecto, el actor claramente señala que, a su juicio, los acuerdos demandados, y particularmente los artículos 8º del Acuerdo 5 de 18 de septiembre de 2006 y 10, 13 14, 17, 24 y 48 del Acuerdo 10 de 2 de noviembre de 2006, expedidos por la CNTV, resultan contrarios a las leyes 335 de 1996, artículo 8º, 19 y 24; 182 de 1995, artículos 22, 29, 41 y 43; 23 de 1982, artículos 20 y 98; y, Ley 153 de 1887, artículo 14.

En tal sentido, expresa que la infracción al ordenamiento jurídico se presenta por cuanto la Comisión Nacional de Televisión no tiene facultad alguna para sustituir por medio de un acuerdo a la ley, omitiendo los criterios del legislador, quien elaboró la clasificación de las zonas de cubrimiento y expansión de dicho medio de comunicación, lo cual además había sido ratificado en los acuerdos 14 de 1997, 32 de 1998 y 3 de 2006.

Del análisis del concepto de violación expresado por el actor en su demanda, la Sala concluye que hay argumentos suficientes para iniciar el estudio y análisis de los actos administrativos demandados respecto de los cargos formulados, debiendo proceder a un estudio de fondo de los cargos expuestos en la demanda.

3) Análisis de los cargos planteados.

3.1) De los cargos planteados contra el Acuerdo 10 de 2006.

Precisa la Sala, como primera medida, que la Constitución Política en sus artículos 76 y 77 establecen que la intervención en el espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión estará a cargo de un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía administrativa y técnica, sujeto a un régimen legal propio, y que dicho organismo debe desarrollar y ejecutar los planes y programas del Estado en el mencionado servicio.

De conformidad con lo anterior, fue instituida la Comisión Nacional de Televisión, y con la expedición de la Ley 182 de 1995, se le asignó, en representación del Estado, la titularidad y reserva del servicio público de televisión, además de la competencia para intervenir, dirigir, regular, desarrollar y ejecutar planes y programas para este servicio.

Fue entonces el legislador, quien concedió expresas facultades a la Comisión Nacional de Televisión a fin de que clasificara discrecionalmente los distintos géneros o modalidades del servicio de televisión y reglamentara su implementación y funcionamiento.

Respecto de dichas facultades en el mencionado organismo, señaló la Corte Constitucional que:

“Es un servicio que implica la recepción directa por parte del usuario de la señal que proviene de otros países, o la emisión en Colombia de la que se proyecte en el extranjero. El sistema hace uso del espectro electromagnético, a él puede acceder el usuario a través de un intermediario que lo comercializa, motivo por el cual le correspondía al legislador, como en efecto lo hizo, definir la política general aplicable para dicho sistema, la cual contempla tres aspectos específicos: el primero, que de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida la CNTV, dicho ente, al que le corresponde según el texto del artículo 77 de la Carta Política, dirigir y regular la política que en materia de televisión determine la ley, deberá otorgar los permisos correspondientes; el segundo, que en los casos en que el sistema sea utilizado para la prestación de otros servicios de telecomunicaciones, deberá obtenerse la autorización previa del Ministerio de Comunicaciones, organismo responsable de la política de Estado en dicha materia, y el tercero que el régimen de tarifas aplicable será el mismo que se determine para el sistema de televisión por suscripción.

No hay pues omisión por parte del legislador de las obligaciones que le competen respecto del servicio público de televisión, ni traslado de las mismas con carácter permanente, como lo afirma la demandante, a la CNTV; al contrario, es claro en el caso que se analiza, que el Congreso determinó la política que se deberá aplicar en materia de televisión satelital, la cual deberá ser dirigida y regulada por el ente rector de la televisión tal como lo ordena la Constitución, con lo que se da cabal cumplimiento a los artículos 76 y 77 superiores, que definen el régimen especial aplicable cuando se trata del servicio público de la televisión, que le atribuye al legislador la definición de la política general aplicable y a un ente autónomo, la CNTV, la dirección y ejecución de la misma, régimen que materializa, para el caso específico de la televisión, el mandato del artículo 365 de la Carta Política; en consecuencia la norma será declarada constitucional por esta corporación”(1) (se resalta fuera de texto).

Ahora bien, de los artículos 76 y 77 superiores se establece que a un organismo del Estado, como entidad autónoma del orden nacional, le corresponde la titularidad y reserva del servicio público de televisión, desarrollar y ejecutar los planes y programas del Estado en relación con ese servicio público, regular el servicio e intervenir, gestionar y controlar el uso del espectro electromagnético utilizado para su prestación con el fin de garantizar el pluralismo informativo, la competencia y la eficiencia en la prestación del servicio y evitar las prácticas monopolísticas en su operación y explotación, en los términos de la Constitución y la ley.

El legislador, en desarrollo de dichos mandatos constitucionales, al expedir la Ley 182 de 1995, estableció que el organismo a que hacían referencia tales disposiciones se denominaría Comisión Nacional de Televisión —CNTV—, y en el artículo 5º de la citada ley se dispuso como una de sus tantas funciones, la de clasificar las distintas modalidades del servicio público de televisión y regular las condiciones de operación y explotación del mismo.

Observa la Sala que desde la expedición, y en vigencia de las leyes 182 de 1995 y 335 de 1996, la Comisión Nacional de Televisión realizó las gestiones correspondientes a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 8º de la Ley 335 de 1996 (modificatorio de la L. 182/95, art. 42), al otorgarle un plazo de cinco (5) años con el fin de fomentar la formalización de la prestación del servicio de televisión por suscripción. Con ocasión de ello se expide, en su momento, el Acuerdo 14 de 1997 y se realizan los procesos licitatorios del año 1999, a que hace referencia el actor en su demanda.

El objeto del Acuerdo 10 de 2006, expedido por la CNTV, y demandado en este proceso, es, según el artículo 1º, el de “regular las condiciones de operación y explotación del servicio público de televisión por suscripción en todo el territorio colombiano”. Así las cosas, estableció un primer título destinado a las “Disposiciones generales”; un segundo título dividido en tres (3) capítulos: Programación, comercialización y disposiciones comunes. Seguidamente en el título III, relacionado con la concesión, se conciben dos capítulos relacionados con las disposiciones comunes y el servicio de televisión satelital. En el título IV se hace referencia al cubrimiento; el quinto título se refiere a la prórroga de la concesión; el sexto título alude a la vigilancia y control; y, finalmente, en el título VII las disposiciones finales, disponiendo en el artículo 50 que el citado acuerdo rige a partir de su expedición y deroga los acuerdos 14 de 1997, 32 de 1998 y 3 de 2006, así como las demás normas que le sean contrarias.

Por su parte, el Acuerdo 14 de 1997, reglamenta el servicio de televisión por suscripción, adopta el plan de promoción y normalización de dicho servicio y dicta otras disposiciones. El Acuerdo 32 de 1998 reglamenta el servicio de televisión satelital denominado Televisión Directa al Hogar, DBS o cualquier otra denominación que se emplee para este sistema de televisión directa por satélite. Por último, el Acuerdo 3 de 2006, reglamenta el inciso final del numeral 1º del artículo 43 de la Ley 182 de 1995.

Observa igualmente la Sala, en una lectura juiciosa del acto demandado y del escrito contentivo de la contestación de la demanda, que la necesidad de expedir el Acuerdo 10 de 2006, reglamentando los criterios de clasificación, distribución y cubrimiento de los actuales y nuevos concesionarios del servicio de televisión por suscripción, sin perjuicio de la observancia a los principios de la libre competencia y mantenimiento de las condiciones económicas y de equilibro financiero de los contratos de concesión vigentes, surgió tras considerar situaciones relevantes, como el hecho de haber expirado el plazo otorgado por la ley para el plan de promoción y normalización del servicio de televisión, igualmente la necesidad de un cambio en el modelo de prestación del servicio en la modalidad de televisión por suscripción, teniendo en cuenta el resultado de estudios y auditorias, como las que se anuncian en la parte considerativa de aquél.

Y es precisamente en dicha parte motiva del acto enjuiciado en el que la Sala observa que la Comisión Nacional de Televisión ejerce sus facultades de manera ajustada a la ley, por ello invoca el literal c) del artículo 5º de la Ley 182 de 1995, en el que se le otorga a aquélla la función de clasificar las distintas modalidades del servicio de televisión, regulando sus condiciones de operación y explotación. Igualmente, se invoca como sustento decisorio el artículo 18 ibídem en el que, dentro de las funciones de la junta directiva de la CNTV, se encuentra la de adoptar medidas para desarrollar el objeto y las funciones constitucionales y legales de la entidad.

Ahora bien, el artículo 8º de la Ley 335 de 1996, norma violada por el acuerdo demandado según el actor, establece que:

“ART. 8º—El artículo 43 de la Ley 182 de 1995 quedará así:

ART. 43.—Régimen de prestación del servicio de televisión por suscripción. A partir de la presente ley la comisión reglamentará las condiciones de los contratos que deban prorrogarse, los requisitos de las licitaciones y nuevos contratos que deban suscribirse. Cada canal de un concesionario de televisión por suscripción, que transmita comerciales distintos de los de origen, deberá someterse a lo que reglamente la Comisión Nacional de Televisión al respecto.

PAR. 1º—Con el fin de fomentar la formalización de la prestación del servicio de televisión por suscripción, de manera tal que la Comisión Nacional de Televisión pueda así efectuar los recaudos de los derechos que corresponden al Estado y velar porque se respeten los derechos de autor de acuerdo a la legislación nacional y a los acuerdos internacionales sobre la materia y a fin que esta entidad pueda regular y controlar la calidad de tal servicio en forma efectiva, dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, la Comisión Nacional de Televisión deberá elaborar e implementar un plan de promoción y normalización del servicio de televisión por suscripción cableada a un plazo de cinco (5) años, el cual debe consultar, además de los mandatos generales de la presente ley, las siguientes directrices:

El plan promoverá prioritariamente, la creación de servicios zonales y municipales o distritales, de acuerdo con la población censada en el último censo elaborado por el DANE en el año de 1993.

1. Nivel zonal.

A partir de la vigencia de la presente ley, se crean las siguientes zonas para la prestación del servicio de televisión por suscripción:

a) Zona norte, compuesta por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia y Sucre;

b) Zona central, compuesta por los departamentos de Amazonas, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Tolima, Vaupés, Vichada y el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá;

c) Zona occidental, compuesta por los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

En cada una de las zonas anteriormente señaladas y considerando su población total, la Comisión Nacional de Televisión adjudicará una concesión por cada 3.000.000 de habitantes.

Los prestatarios del nivel zonal podrán extenderse a otras zonas y cubrir la totalidad del territorio, siempre y cuando hayan cumplido con los programas planteados a la Comisión Nacional de Televisión en el marco de la respectiva licitación pública.

2. Nivel municipal o distrital.

a) Se adjudicará una concesión en municipios cuya población sea inferior a un millón (1.000.000) de habitantes;

b) Se adjudicarán hasta dos concesiones en municipios o distritos cuya población esté comprendida entre un millón uno (1.000.001) y tres millones (3.000.000) de habitantes;

c) Se adjudicarán hasta tres concesiones en municipios o distritos cuya población supere los tres millones (3.000.000) de habitantes.

PAR. 2º—Hasta la fecha de cesión de los contratos a la Comisión Nacional de Televisión, los concesionarios del servicio de televisión cerrada o por suscripción, seguirán cancelando la compensación a que refiere el artículo 49 de la Ley 14 de 1991.

Si la comisión decidiere prorrogar tales contratos por haberse satisfecho las condiciones contractuales para tal evento y por satisfacer los objetivos de las políticas que trace tal ente autónomo, la comisión percibirá la compensación que fije en idénticas condiciones de los operadores nuevos y la destinará a la promoción de la televisión pública.

PAR. 3º—Los actuales concesionarios de televisión por suscripción, continuarán prestando el servicio en las condiciones pactadas en sus respectivos contratos. En el caso que ellos deseen prestar el servicio en el nivel zonal, deberán someterse a los requisitos establecidos por la Comisión Nacional de Televisión en la respectiva licitación pública”.

Confrontando el Acuerdo 10 de 2006, con la disposición antes transcrita, la Sala no encuentra contradicción ni violación alguna a la norma legal superior, máxime si se tiene en cuenta, como claramente lo deja el acto administrativo demandado, que su propósito u objeto es siempre reglamentar la prestación del servicio de televisión por suscripción en ejercicio de las facultades que claramente se ostentan, como la prevista en el parágrafo del artículo 18 de la Ley 182 de 1995 que establece que: “cada servicio de televisión será objeto de clasificación por parte de la Comisión Nacional de Televisión según los criterios enunciados en este artículo. La entidad podrá establecer otros criterios de clasificación o clases diferentes, para mantener el sector actualizado con el desarrollo de los servicios y los avances tecnológicos” (resalta la Sala fuera de texto).

Para la Sala, era un hecho indiscutible que el plan de promoción y normalización del servicio de televisión por suscripción cableada, previsto a un plazo de cinco (5) años, dejó de tener vigencia desde el 2002.

En este orden de ideas, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, relacionadas con el Acuerdo 10 de 24 de noviembre de 2006, debido a que se encuentra suficientemente demostrada la necesidad de la CNTV de reglamentar los criterios de clasificación, distribución y cubrimiento de las nuevas y vigentes concesiones del servicio de televisión por suscripción.

3.2) De los cargos planteados contra el Acuerdo 5 de 2006.

El actor demanda, igualmente, el artículo 8º del Acuerdo 5 de 18 de septiembre de 2006, expedido por la Comisión Nacional de Televisión (en liquidación), ya que obliga a los operadores de televisión por suscripción a destinar un canal exclusivo para trasmitir la señal del Canal Universitario Nacional, por ser contraria al artículo 19 de la Ley 335 de 1996, excediendo el mandato del legislador, imponiendo una carga injustificada a los operadores de televisión por suscripción; que, por esa razón la norma debe ser retirada de ordenamiento jurídico.

Sea lo primero señalar que el artículo 19 de la Ley 335 de 1996, prevé:

“La Comisión Nacional de Televisión asignará un canal de televisión de cubrimiento nacional para el Congreso de la República.

Las concesiones del servicio público de televisión por suscripción y de televisión comunitaria sin ánimo de lucro, deberán reservar un canal exclusivo para transmitir la señal que origine el Canal del Congreso de la República.

La señal originada por el canal del Congreso será subida al satélite, con recepción por cualquier persona.

PAR.—Mientras entra en operación y funcionamiento el canal de televisión del Congreso de la República, Señal Colombia o el canal de interés público continuará transmitiendo las sesiones del Congreso de la República”.

De una primera comparación o confrontación directa entre el artículo demandado y la norma legal presuntamente violada, parecería que la Comisión Nacional de Televisión (en liquidación) excediera el mandato legislativo al incluir, por vía de disposición administrativa, al Canal Universitario Nacional.

Sin embargo, el artículo 10 de la Ley 29 de 1990(2), establece que:

“El gobierno asignará los espacios permanentes en los medios de comunicación de masa de propiedad del Estado para la divulgación científica y tecnológica”.

En vista de que la norma antes transcrita no fue derogada por el artículo 28 de la Ley 335 de 1996, la Sala considera que la Comisión Nacional de Televisión (en liquidación) —CNTV—, como órgano de representación del Estado, en los términos del artículo 3º y 4º de la Ley 182 de 1995, así como del citado artículo 10 de la Ley 29 antes citada, tenía competencia y facultades para imponer la obligación a los operadores de televisión por suscripción de transmitir el Canal Universitario Nacional, en su calidad de canal de divulgación científica y/o tecnológica. En consecuencia, la pretensión de nulidad del artículo 8º del Acuerdo 5 de 2006 será denegada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE no probada la excepción de inepta demanda formulada por la parte demandada.

2. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Sentencia C-350 de 1997, expedientes D-1548, D-1549, D-1550, D-1555, D-1558, D-1567, D-1572 y D-1574 (acumulados), M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.

(2) Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias.