Sentencia 2008-00341/42008 de febrero 19 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 66001233100020080034101 (42.008)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Naún Enrique Benavides Rizo y otros

Demandado: Departamento de Risaralda - ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira

Asunto: Reparación directa

Bogotá, D. C., febrero diecinueve de dos mil dieciocho.

Decide la Sala los recursos de apelación formulados por la demandada y la llamada en garantía contra la sentencia del 19 de mayo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que resolvió (se transcribe textualmente):

“1. DECLARAR infundada la excepción de ‘culpa de un tercero’, propuesta por la Previsora S.A Compañía de Seguros, de conformidad con lo expresado en la parte motiva.

“2. DECLÁRESE administrativamente responsable a la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, por el fallecimiento del señor Naún Alberto Benavides Buitrago, ocurrido bajo las circunstancias de modo, tiempo y lugar que han quedado precisadas en la parte motiva de este proveído.

“3. Como consecuencia de la declaración anterior, se condena a la demandada a pagar por concepto de perjuicios morales a favor de Naún Enrique Benavides Rizzo (padre), Marina del Carmen Buitrago Muñoz (madre), Yajaira Sugey Castro Buitrago (compañera permanente) y Mayra Yuleyzi Benavides Castro (hija menor) la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno. Para Kellys Liceth Benavides Buitrago y Gigliola Patricia Benavides Buitrago (hermanas), la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales vigentes para cada una, a la fecha de ejecutoria de este fallo.

“4. Se condena a la demandada a pagar por concepto de perjuicios materiales –lucro cesante a favor de señora Yajaira Sugey Castro Buitrago (compañera permanente de la víctima) la suma de $ 66.748.483, de conformidad con lo expresado en la parte motiva.

“5. Niéganse las demás súplicas de la demanda, conforme a lo expresado en la parte considerativa.

“6. Se condena a la llamada en garantía La Previsora Compañía de Seguros S.A. al pago de las sumas impuestas a cargo de la entidad demandada, en los términos del contrato de seguro, en cuanto al límite asegurado y el deducible, de acuerdo a lo precisado en la parte motiva.

“7. Sin costas, conforme a lo señalado en la parte considerativa de la presente decisión.

“8. A costa de los interesados, expídanse las copias que sean solicitadas, precisando cuál presta mérito ejecutivo.

“9. La entidad condenada dará cumplimiento al presente fallo en el término referido en el artículo 176 del C.C.A. De no atenderse a ello, se observará lo dispuesto en el artículo 177 de la misma obra. Para lo anterior se enviará la copia respectiva del mismo a la Procuraduría Regional de Risaralda, para los efectos del artículo 72 numeral 12 del Decreto 262 de 2000.

“10. Condénase a la entidad demandada a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas que resulten a favor de los demandantes según el índice de precios al consumidor de conformidad con el artículo 178 del C.C.A., y atendiendo lo señalado en la parte considerativa.

“11. En los términos del artículo 184 del C.C.A., si esta providencia no es apelada se enviará en consulta ante el H. Consejo de Estado.

“12. Ejecutoriada la presente decisión, por Secretaría procédase con la devolución a la parte demandante de los remanentes de la cuota de gastos a que hubiere lugar y con el archivo del expediente” (fol. 170, cdno. ppal).

I. Antececedentes

1.1. La demanda.

El 19 de noviembre de 2008, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, los actores(1) solicitaron que se declarara responsable al departamento de Risaralda y a la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira por la muerte del señor Naún Alberto Benavides Buitrago, ocurrida el 19 de noviembre de 2006, debido a una falla en la prestación del servicio médico asistencial.

Manifestaron que el citado señor, en la fecha indicada, fue herido en el abdomen con arma de fuego, razón por la cual fue trasladado al Puesto de Salud Boston, a eso de las 4:15 a.m., lugar en el que fue atendido por el médico Henry Hurtado, quien lo remitió a la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde ingresó a las 5:00 a.m. de ese mismo día y falleció una hora después.

Sostuvieron que las lesiones que sufrió la víctima ameritaban una intervención quirúrgica inmediata, lo cual no ocurrió, ya que, por una parte, el único cirujano disponible se encontraba ocupado en el quirófano y, por otra parte, el centro asistencial no contaba con un “Médico Cirujano de Segundo Llamado”, cuya presencia en el lugar resultaba obligatoria, por cuanto aquél era un hospital de tercer nivel y estaba obligado a tener más de un cirujano permanente en el servicio de urgencias.

Indicaron que la atención suministrada al paciente no fue eficaz ni oportuna, de modo que se configuró una falla en la prestación del servicio, imputable a la demandada, la cual debe indemnizar los perjuicios causados; en consecuencia, solicitaron que se le condenara a pagar 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por perjuicios morales, para la compañera permanente de la víctima y 100 de esos mismos salarios para cada uno de los demás demandantes; por lucro cesante, pidieron $ 450.000.000 y, por daño emergente, $ 3.500.000 para la compañera permanente de la víctima (fols. 1-13, cdno. 1).

1.2. La contestación de la demanda.

1.2.1. El 27 de noviembre de 2008, el Tribunal Administrativo de Risaralda admitió la demanda y ordenó que el auto admisorio fuera notificado a la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira y al Ministerio Público. Sostuvo el juez a quo que, si bien la demanda también fue dirigida contra el departamento de Risaralda, “los hechos narrados y las pretensiones formuladas” fueron encauzadas únicamente contra el citado hospital, el cual cuenta con personería jurídica y autonomía administrativa y presupuestal y, por tanto, con capacidad para comparecer por sí mismo a juicio, por lo que el departamento fue excluido de la controversia (fols. 16 y 17, cdno. 1).

1.2.2. La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda, en atención a que no se configuró la falla del servicio alegada, pues a la víctima se le dispensó una atención adecuada y oportuna. Dijo que su fallecimiento se debió a la gravedad de las lesiones sufridas con arma de fuego.

Aseveró que no existía norma alguna que obligara a los hospitales de tercer nivel a tener más de un cirujano de turno en el servicio de urgencias. Anotó que, según la historia clínica, el cirujano que se encontraba de turno el día de los hechos estaba ocupado atendiendo un procedimiento quirúrgico; sin embargo, ello no impidió que a la víctima se le prestara una atención adecuada y oportuna.

Dijo que el hoy occiso ingresó al hospital en muy mal estado, pues sufrió un shock hipovolémico severo, que desencadenó un paro cardio respiratorio, su tensión arterial era 0/0 y tenía 48 de frecuencia cardiaca, “lo que indica que (…) estaba prácticamente muerto”. Agregó que, debido a la inestabilidad del paciente, resultaba imposible su traslado a otro centro asistencial.

Propuso las excepciones de: i) inexistencia de falla del servicio o ausencia de responsabilidad, ii) obligación de medio, no de resultado, iii) inexistencia de nexo causal entre el acto médico y el daño sufrido y iv) falta de legitimación en la causa por pasiva (fols. 31-42, cdno. 1).

1.3. Llamamiento en garantía.

1.3.1. En escrito separado de la contestación de la demanda, la accionada llamó en garantía a la aseguradora La Previsora S.A., con ocasión del contrato de seguro de responsabilidad civil profesional 1001527, en el que se pactó una vigencia comprendida entre el 28 de febrero de 2006 y el 28 de enero de 2007. Manifestó que, de llegar a ser declarada responsable por los hechos objeto de controversia, la llamada en garantía tendría que responder hasta por el valor de las sumas aseguradas (fols. 43-44, cdno. 1).

1.3.2. En auto del 12 de noviembre de 2009, el Tribunal Administrativo de Risaralda admitió el llamamiento en garantía y ordenó que se suspendiera el proceso hasta por 90 días (fols. 63-65, cdno. 1).

1.3.3. La Previsora S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda y del llamamiento en garantía.

Sostuvo que, de conformidad con el material probatorio, la causa eficiente y determinante de la muerte del señor Benavides Buitrago fueron las graves lesiones que padeció, ya que recibió un disparo con arma de fuego, que le produjo un shock hipovolémico de gran complejidad. Señaló que, a pesar de la atención oportuna y eficiente suministrada por el hospital, aquél perdió la vida.

Propuso las excepciones de: i) inexistencia de nexo causal, en consideración a la ausencia de relación entre la actuación del hospital y la muerte del citado señor, ii) hecho exclusivo de un tercero, pues el deceso de aquél obedeció a las graves lesiones que sufrió con arma de fuego, iii) inexistencia de la obligación de indemnizar, por ausencia de responsabilidad del hospital, iv) inexistencia de la obligación de indemnizar, por falta de cobertura de la póliza, pues ésta fue constituida para amparar la responsabilidad civil profesional médica del hospital, con ocasión del servicio de salud, no para actividades de carácter administrativo, como lo sería, por ejemplo, la ausencia de un “médico de segundo llamado” y v) límite de responsabilidad de la póliza 1001527, de conformidad con lo estipulado por las partes en el contrato (fols. 94-100, cdno. 1).

1.4. Alegatos en primera instancia.

Vencido el período probatorio, el 31 de enero de 2011 se corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para que rindiera concepto (fol. 117, cdno. 1).

1.4.1. La parte actora presentó los alegatos extemporáneamente (fols. 141 y 142, 145, cdno. 1).

1.4.2 La demandada pidió que se despacharan desfavorablemente las pretensiones de la demanda, ya que no se demostró la presencia de falla alguna del servicio. Dijo que, a pesar de que a la víctima se le dispensó una atención adecuada y oportuna, falleció, debido a la gravedad de las heridas sufridas. Agregó que ésta ingresó al hospital en estado pre mortem, esto es, sin presión arterial, shock hipovolémico severo y paro cardiaco; no obstante, el personal asistencial la intubó, le practicó maniobras de reanimación y le suministró ventilación mecánica por ambú.

Expresó que, según la Resolución 1043 de 2006, del Ministerio de la Protección Social, los centros asistenciales de tercer nivel de complejidad, como era el caso del Hospital Universitario San Juan de Pereira, debían contar con un cirujano presencial en el servicio de urgencias, condición que aquél cumplía el día de los hechos. Agregó que el citado hospital era el único de la ciudad que cumplía con dicha condición (fols. 122 y 123, cdno. 1).

1.4.3. La Previsora S.A. sostuvo que, el día de los hechos, la víctima fue trasladada inicialmente al Puesto de Salud Boston y éste la remitió, posteriormente, al Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Dijo que el traslado entre uno y otro centro asistencial produjo que se perdiera tiempo valioso, pues el paciente ingresó al hospital en condiciones críticas y en éste le practicaron las respectivas maniobras de reanimación, como lo muestra el material probatorio que milita en el expediente.

Afirmó que el único cirujano de urgencias con el que contaba el hospital estaba ocupado en una intervención quirúrgica. Agregó que el ordenamiento legal no impuso a los hospitales de tercer nivel la obligación de contar con un segundo cirujano en el mismo turno; de hecho, el Hospital Universitario San Jorge de Pereira era el único de la ciudad que tenía un cirujano disponible las 24 horas del día. Dijo que el estado de gravedad del paciente tornó inviable su traslado a otro centro asistencial. Finalmente, pidió que se declararan probadas las excepciones propuestas en la contestación del llamamiento en garantía (fols. 118-121, cdno. 1).

1.4.4. El Ministerio Público solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, por cuanto no se demostró la falla del servicio alegada. Dijo que, según el material probatorio, cuando el paciente ingresó al hospital “superaba el 90% de riesgo de mortalidad”. Arguyó que no se acreditó en el plenario cuál era “la normatividad o reglamento” que exigía que los centros hospitalarios de tercer nivel de complejidad tuvieran más de un cirujano permanente en el servicio de urgencias. Agregó que la víctima ingresó al hospital en estado crítico (sin signos vitales y frecuencia arterial 0/0), debido a las graves lesiones que sufrió con arma de fuego y que su traslado a éste se produjo una hora después de ocurridos los hechos (fols. 126-140, cdno. 1).

1.5. La sentencia recurrida.

Mediante sentencia del 19 de mayo de 2011, el Tribunal Administrativo de Risaralda declaró la responsabilidad de la demandada y la condenó en los términos citados ab initio, por cuanto se configuró una falla en la prestación del servicio médico asistencial, ya que omitió remitir al paciente a otro centro asistencial, lo cual le restó posibilidades de sobrevivir.

Asimismo, el tribunal declaró la responsabilidad de la llamada en garantía y la condenó a reembolsar las sumas de dinero que la demandada deba pagar como consecuencia del fallo y hasta por el valor de los amparos asegurados, según lo pactado en la póliza 1001527, la cual se encontraba vigente para la época de los hechos (fols. 146-171, cdno. ppal.).

1.6. Los recursos de apelación.

Dentro del término legal, la demandada, la llamada en garantía y el Ministerio Público(2) interpusieron sendos recursos de apelación contra la sentencia anterior, a fin de que se revoque y se nieguen las pretensiones de la demanda.

1.6.1. La E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira dijo que, según la historia clínica, el señor Naún Alberto Benavides Buitrago ingresó en malas condiciones de salud al centro hospitalario, pues se encontraba en estado pre morten, por lo que fue sometido a maniobras de resucitación que lo mantuvieron con vida 40 minutos, aproximadamente; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció.

Cuestionó que el tribunal declarara la responsabilidad de la demandada con fundamento en una falla en la prestación del servicio médico, por haber omitido trasladar al paciente a otro hospital, a fin de que fuera intervenido quirúrgicamente, pues consta en el plenario que ello no era posible, debido a su estado de gravedad.

Dijo que la decisión correcta fue la que adoptó el hospital, esto es, la de someter al paciente a maniobras de reanimación, dado su estado pre mortem, “pues el simple hecho de dejar de hacer maniobras de reanimación mientras era subido a una ambulancia, (sic) significaba exponer al paciente a una muerte inminente, como se dejó dicho, incluso en un tiempo menor en el que ocurrió su fallecimiento”.

Indicó que, contrario a lo afirmado por el tribunal, no se demostró la falla del servicio alegada, de suerte que las pretensiones de la demanda no estaban llamadas a prosperar (fls. 185 a 191, cuaderno principal).

1.6.2. La Previsora S.A. aseveró que las graves lesiones que sufrió el señor Benavides Buitrago con arma de fuego desencadenaron su fallecimiento, pues ingresó al hospital en estado pre mortem y después de haber transcurrido 45 minutos de ocurridos los hechos. Aseguró que, durante todo ese tiempo, el paciente perdió mucha sangre, lo cual le produjo un shock hipovolémico severo y su posterior muerte.

Manifestó que el hospital hizo todo lo posible para salvarle la vida y que, si bien el paciente requería urgentemente una intervención quirúrgica, ésta no pudo practicarse, por cuanto el cirujano que estaba de turno se encontraba atendiendo otro procedimiento. Agregó que el hospital no tenía un “cirujano de segundo llamado”, por cuanto “legalmente no le es exigido”.

Expresó que en la historia clínica quedó consignada la imposibilidad de trasladar a la víctima a otro centro asistencial, debido a su estado crítico, de modo que la única alternativa posible fue dejarla en el hospital y practicarle las respectivas maniobras de resucitación, como en efecto ocurrió, por lo que ninguna falla en la prestación del servicio -ni por acción ni por omisión- se configuró en este caso.

Afirmó que no estaba obligada a reembolsar suma alguna de dinero, toda vez que la póliza suscrita con el hospital únicamente amparaba la responsabilidad civil médica, esto es, los “perjuicios derivados de los actos médicos y las omisiones de los empleados y/o profesionales o auxiliares vinculados al acto médico”, y la falla del servicio que fue declarada por el Tribunal consistió en haber omitido el traslado de la víctima a otro hospital, es decir, se trataba de una decisión de carácter administrativo, no médica y, por ende, no asegurable, según los términos pactados en dicha póliza.

Por último, dijo que el tribunal omitió tener en cuenta los deducibles pactados en la póliza (fols. 192-200, cdno. ppal.).

1.6.3. Teniendo en cuenta que el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público fue inadmitido por el Consejo de Estado (ver pie de página 2), la Sala se abstiene de exponer las razones que motivaron su disentimiento contra la sentencia de primera instancia (fols. 237-239, cdno. ppal.).

1.7. Alegatos en segunda instancia y otras actuaciones.

1.7.1. El 1º de agosto de agosto de 2011 fracasó la audiencia de conciliación de que trata el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, por falta de ánimo conciliatorio; en consecuencia, el tribunal concedió los recursos de apelación interpuestos por la demandada y la llamada en garantía (fols. 210 a 211, cuaderno principal) y, por auto del 7 de octubre de aquel mismo año, el despacho los admitió (fols. 237-239, cdno. ppal.).

1.7.2. El 15 de noviembre de 2011 se corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para que rindiera concepto (fol. 241, cdno. ppal.).

1.7.3. Las partes guardaron silencio (fol. 259, cdno. ppal.).

1.7.4. El Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia, por cuanto el hospital demandado omitió practicarle al paciente una intervención quirúrgica, la cual resultaba necesaria para detener la hemorragia que lo aquejaba. Aseguró que tal omisión le restó la oportunidad de sobrevivir (fols. 243-258, cdno. ppal.).

II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

Corresponde a la Sala decidir los recursos de apelación formulados por la parte demandada y la llamada en garantía contra la sentencia del 19 de mayo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que éstas ascienden a $ 868.850.000 (fols. 3 y 4, cdno. 1).

Al respecto, es menester indicar que los recursos de apelación fueron interpuestos en vigencia de la Ley 1395 de 2010, “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial” (fols. 187 y 188, cdno. ppal.), cuyo artículo 3º modificó el numeral 2º del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil y dispuso que la cuantía del proceso se determina “por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de presentación de la demanda”.

Según la Ley 446 de 1998, los tribunales conocen, en primera instancia y el Consejo de Estado, en segunda instancia, de los procesos de reparación directa cuya cuantía exceda, al momento de presentación de la demanda, de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como ocurre en este caso(3).

2.2. Oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(4), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

Está acreditado que la muerte del señor Naún Alberto Benavides Buitrago se produjo el 19 de noviembre de 2006 (fol. 4, cdno. 2); por lo tanto, como la demanda de reparación directa fue instaurada el 19 de noviembre de 2008 (fol. 13, cdno. 1), no hay duda de que ésta se presentó dentro del término de ley.

2.3. Caso concreto y análisis probatorio. 

Según la demanda, la muerte del señor Benavides Buitrago obedeció a una falla médica, imputable a la accionada, pues la atención a él dispensada no fue adecuada ni oportuna, ya que omitió practicarle una intervención quirúrgica, la cual era necesaria para detenerle una hemorragia. Sostuvo que el único cirujano que había en el hospital se encontraba ocupado en una intervención quirúrgica y la demandada no contaba con un “médico cirujano de segundo llamado”. 

Contrario a lo manifestado por la parte actora, la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira sostuvo que no se demostró la falla alegada, toda vez que el fallecimiento del citado señor obedeció a las graves lesiones que sufrió con arma de fuego, al punto que ingresó al centro asistencial en estado pre mortem y sufrió un shock hipovolémico severo, por lo que fue sometido a maniobras de resucitación que lo mantuvieron con vida durante 40 minutos, aproximadamente.

Aseguró la demandada que el cirujano de turno se encontraba ocupado en el quirófano con otro paciente, lo cual imposibilitó que la víctima fuera intervenida quirúrgicamente. Dijo que la ley no la obligaba a tener más de un cirujano permanente en el servicio de urgencias.

El tribunal concluyó que el fallecimiento del citado señor se debió a una falla en la prestación del servicio médico asistencial, por cuanto la accionada omitió trasladar al paciente a otro hospital, para que le practicaran una intervención quirúrgica, que resultaba necesaria para controlar la hemorragia que lo aquejaba.

El Ministerio Público pidió que se confirmara la sentencia de primera instancia, ya que se demostró que la demandada omitió practicarle al paciente un procedimiento quirúrgico, lo cual le restó a éste la oportunidad de sobrevivir.

Pues bien, teniendo en cuenta lo alegado por las partes y las pruebas que militan en el plenario, la Sala analizará si la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira es responsable de la muerte del señor Naún Alberto Benavides Buitrago, debido a una falla en la prestación del servicio médico asistencial.

Según su registro civil de defunción, el citado señor falleció el 19 de noviembre de 2006 (fol. 4, cdno. 2). La necropsia practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, Seccional Risaralda indica que la víctima “sufrio (sic) herida por proyectil de arma de fuego, penetrante a abdomen, que le ocasionó gran laceración de vena porta y hemoperitoneo de 1.500 cm, que le causaron shock hipovolemico (sic) y la muerte” (fol. 64, cdno. 2).

De esta manera, se encuentra acreditado el daño que los demandantes alegan haber sufrido.

Se demostró, asimismo, que el 19 de noviembre de 2006, a eso de las 4:15 a.m., el señor Naún Alberto Benavides Buitrago ingresó al puesto de salud Boston, de Pereira, para ser atendido por una herida con arma de fuego. En dicho lugar fue recibido por el médico Henry Huertas, quien estableció que el paciente tenía una tensión arterial de 0/0 y una frecuencia cardíaca de 48, producto de una herida penetrante en el abdomen, que le produjo un shock hipovolémico (fol. 16, cdno. 2).

Debido a su mal estado de salud, el señor Benavides Buitrago fue remitido al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, lugar al que ingresó a las 5:00 a.m. (fol. 18, cdno. 2). Según su historia clínica, aquél se encontraba en estado crítico, con un glasgow de 9/15 y presentaba sangrado profuso. A las 5:10 a.m. sufrió un paro cardíaco, por lo que fue sometido a maniobras de reanimación, intubación, suministro de sangre, toma de muestras y respiración asistida por ambú, que lograron estabilizarlo momentáneamente; sin embargo, a las 6:00 a.m. de ese mismo día falleció.

En declaración rendida el 31 de mayo de 2010 ante el Tribunal Administrativo de Risaralda, el médico Andrés Mauricio Higuita Valencia, quien el día de los hechos atendió al citado señor en el servicio de urgencias de la demandada, expresó que el paciente llegó en pésimas condiciones, con shock hipovolémico fase 4, compromiso severo del estado de conciencia, comatoso bradicárdico, mal prefundido y con signos clínicos de lesión neurológica en miembros inferiores, por herida penetrante en el abdomen, causada por proyectil con arma de fuego.

Aseguró que a la víctima le fueron aplicadas maniobras de reanimación avanzadas durante 50 minutos, en el servicio de urgencias, que incluyeron intubación endotraqueal y compresiones torácicas, con infusiones de líquidos y expansores de volumen; no obstante, su estado crítico nunca evidenció mejoría. Dijo que solicitó valoración urgente por cirugía general, pero que “el cirujano de turno se encontraba operando en ese momento”. Agregó que, para que quedara explícito, anotó en la historia clínica que no había cirujano de segundo llamado, pero lo cierto es que el hospital “nunca ha tenido un cirujano de segundo llamado (…), de hecho es la única institución que tiene un cirujano permanente las 24 horas” (fl. 52, cdno. 2).

En la historia clínica quedó consignado que, al ingreso de la víctima al hospital, el cirujano Álvaro Augusto Lema Velásquez se encontraba ocupado en el quirófano atendiendo un procedimiento quirúrgico y, además, que el centro asistencial demandado no contaba con un cirujano de segundo llamado (fls. 18, 19, 22 y 23, cdno. 2). 

Al respecto, el mencionado cirujano dr. Lema Velásquez manifestó que fue llamado para valorar al señor Benavides Buitrago, pero que no pudo atenderlo, por cuanto estaba en el quirófano operando a otro paciente que presentaba una urgencia. Señaló que, estando en el quirófano, el citado señor Benavides Buitrago falleció, debido a un choque hipovolémico severo. Agregó que el hospital “sólo cuenta con un especialista en cirugía general de forma presencial, no se tiene cirujano de segundo llamado ni se ha tenido en muchos años”(5)

El enfermero Wilder Alexander Cadavid Herrera ratificó que el cirujano Lema Velásquez no pudo atender al hoy occiso, por cuanto se encontraba en el quirófano con otro paciente y aseguró que a la víctima se le suministró una pronta y adecuada atención, pues, apenas ingresó al hospital, le practicaron todas las maniobras de reanimación, ya que se encontraba en estado crítico(6)

El de 9 agosto de 2010, la cirujana general, vascular y de trasplantes Juliana Buitrago Jaramillo rindió en el proceso un dictamen pericial y explicó que un shock hipovolémico severo, como el que presentó el señor Naún Alberto Benavides Buitrago, implica que el paciente ha perdido parte importante de su volumen de sangre, al menos un 40% y que si no se detiene y se suministra sangre, entre otras medidas, el paciente fallece, aunque muchas veces el choque se torna irreversible y no importa que se practiquen las medidas requeridas, pues “el paciente de todas formas morirá”.

Asimismo, dicha especialista anotó que un paciente con signos vitales como como los que tenía el señor Benavides Buitrago se encuentra en estado “pre mortem”, es decir, “esto tiene lugar o se presenta antes de la muerte”. Anotó que una persona en estas condiciones fallece, indefectiblemente, si no recibe tratamiento inmediato.

Agregó la dra. Buitrago Jaramillo que la mortalidad en un paciente con condiciones semejantes a las presentadas por la víctima “es supremamente alta” y “supera el 90% en la mayoría de los casos si no se intervine en forma inmediata al paciente”; pero, aclaró que “aún con intervención adecuada persiste un riesgo importante de muerte (sic) por complicaciones secundarias a los dos eventos iniciales: el trauma y el choque hemorrágico” (fol. 70, cdno. 2).

Finalmente, en cuanto a la atención dispensada a la víctima por el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, la citada especialista expresó (se transcribe textualmente):

“Un paciente que ingresa al servicio de urgencias con estas condiciones debe ser atendido de inmediato y su atención se inicia con la reanimación primaria estipulada en los protocolos del Advanced Trauma Life Support (ATLS) definidos por el comité de trauma del Colegio Americano de Cirujanos.

“La atención que suministró el médico de urgencias a este paciente fue adecuada en sus minutos iniciales y estuvo acorde con los protocolos mundialmente definidos para este tipo de paciente en lo que se refiere a la atención primaria (Colocación de líquidos, intubación del paciente, oxigenación del paciente, reconocimiento de urgencia quirúrgica y solicitud de cirugía inmediata, etc.).

“Sin embargo, una vez se inicia la reanimación primaria como se hizo, es necesario dar solución al problema de base de forma inmediata, so pena de muerte del paciente.

“Si el choque hemorrágico de este paciente no se soluciona, el paciente fallece indefectiblemente. Para solucionar el choque hemorrágico de este paciente se requiere (1) parar la fuente de la hemorragia, situación que no se puede realizar sino con una intervención quirúrgica por un especialista en cirugía general (…) y (2) Reponer la sangre perdida, mediante sangre y/o sus derivados (trasfusión de sangre o sus derivados).

“Si el paciente no se opera de inmediato, fallece en cuestión de minutos a horas. La conducta es cirugía de inmediato y eso no se le practicó a este paciente.

“De manera que podemos concluir que su atención inicial en urgencias por parte del médico general fue adecuada, pero solo en los minutos iniciales, pues este paciente debió haber sido trasladado de inmediato a un quirófano para ser intervenido quirúrgicamente con fines de salvar su vida. Sin cirugía, este paciente no tenía ningún chance de sobrevivir, y según la historia clínica el paciente no fue operado en ningún momento por lo que la atención no fue adecuada ni estuvo acorde con los protocolos establecidos para la urgencia que presentaba” (fol. 71, cdno. 2).

De conformidad con el material probatorio valorado, el señor Naún Alberto Benavides Buitrago sufrió heridas de gravedad con arma de fuego, que ameritaron su traslado, inicialmente, al puesto de salud Boston y, posteriormente, a la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, lugar al que ingresó en estado crítico (pre mortem), ya que presentaba un trauma y un shock hipovolémico severo, con un pronóstico reservado, pues, según la especialista Juliana Buitrago Jaramillo, la mortalidad de un paciente en estas condiciones es supremamente alta (fol. 70, cdno. 2).

Si bien se estableció que la atención médica que la demandada dispensó inicialmente a la víctima fue adecuada y oportuna, toda vez que se ciñó a los protocolos establecidos por la ciencia médica, también se sabe que omitió practicarle de inmediato una intervención quirúrgica, la cual resultaba necesaria para “controlar la fuente de la hemorragia”, circunstancia que, según lo manifestado por la especialista citada en el párrafo anterior, dejó al paciente sin chance de sobrevivir. 

No obstante, se estableció igualmente en el proceso que el cirujano que estaba de turno el día de los hechos se encontraba ocupado en el quirófano con otro paciente, quien también presentaba una urgencia (fls. 19, respaldo y 46, cdno. 2), lo cual imposibilitó que el señor Benavides Buitrago fuera intervenido quirúrgicamente. 

Al respecto, el señor Álvaro Alfonso Sanjuan Rizo, familiar de la víctima, en declaración rendida el 3 de mayo de 2010, ante el Tribunal Administrativo de Risaralda, manifestó: “en el momento de lo acontecido hay otra persona herida, lógicamente cuando él ingresa a la sala de urgencias (sic) no se le da la atención necesaria (sic) por estar el médico de turno ocupado con el paciente que fue herido en el mismo momento de los hechos” (fol. 38, cdno. 2).

La demandada alegó a lo largo del proceso que, dentro del personal médico a su disposición, contaba en el servicio de urgencias con un cirujano general de forma presencial y que el ordenamiento legal no obligaba a los hospitales de tercer nivel, como era el caso del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, a tener un cirujano de segundo llamado.

En torno a esto último, cabe recordar que los médicos Álvaro Augusto Lema Velásquez y Andrés Mauricio Higuita Valencia, citados en las páginas 14 y 15 de este fallo, aseguraron que el Hospital Universitario San Jorge de Pereira contaba únicamente con un cirujano permanente en el servicio de urgencias y que “nunca ha tenido un cirujano de segundo llamado”; de hecho, el segundo de los médicos mencionados sostuvo que, para entonces, la demandada era la única institución de la ciudad que tenía “un cirujano permanente las 24 horas” (fol. 52, cdno. 2).

Lo dicho por los testigos acabados de mencionar —quienes merecen plena credibilidad para la Sala, por su claridad, coherencia y espontaneidad y porque se trata de testigos presenciales de los hechos y, por ende, conocedores de la situación de la accionada— no fue desvirtuado por los actores, quienes se limitaron a manifestar que la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira no contaba con un cirujano de segundo llamado, sin siquiera demostrar que estaba obligada a tenerlo.

Sobre el particular, resulta menester afirmar que el Decreto 1760 del 2 de agosto de 1990, expedido por el Ministerio de la Salud, “Por el cual se establecen y definen los niveles de atención, tipo de servicio y complejidad”, nada dispuso al respecto (el artículo 9º de la norma en cita se limitó a señalar que, “para que las instituciones sean clasificadas como de tercer nivel se requiere que en ellas se cumplan como mínimo los siguientes criterios”: i) frecuencia de los fenómenos o patología que justifique los servicios correspondientes, ii) alta base poblacional en los entes territoriales a cubrir, iii) cobertura de atención a otros entes territoriales que cuenten con entidades del primero y segundo nivel de atención, iv) tecnología requerida de la más alta complejidad y v) atención por personal especializado y sub especializado en el área). 

A su turno, el artículo 3º del Decreto 1761 del 2 de agosto de 1990, “Por el cual se reglamentan los servicios de urgencias”, dispuso que “Todas las entidades o establecimientos públicos o privados autorizados para la prestación de servicios de urgencias tienen la obligación de atender los casos de urgencias (…) sin exigir condición previa al paciente”; sin embargo, dicho decreto nada dijo sobre la necesidad de que los prestadores de salud de tercer nivel contaran, en el servicio de urgencias, con cirujanos de segundo llamado las 24 horas del día. 

Las resoluciones 5261 del 5 de agosto de 1994, expedida por el Ministerio de Salud, “Por la cual se establece el manual de actividades, intervenciones y procedimientos del plan obligatorio de salud en el sistema general de seguridad social en salud” y 1043 de 2006, proferida por el Ministerio de la Protección Social, “Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones”, tampoco contemplaron dicha exigencia.

Como se observa, la legislación citada, aplicable para la época de los hechos, nada dijo en torno a la obligación de los hospitales de tercer nivel de complejidad de contar, en el servicio de urgencias, con más de un cirujano permanente. 

Así las cosas, si bien el señor Benavides Buitrago requería urgentemente la práctica de una intervención quirúrgica con miras a controlar la hemorragia que presentaba, el cirujano que se encontraba de turno, como se vio, estaba ocupado en el quirófano con otro paciente que también fue herido a bala y que, al igual que aquél, necesitaba atención urgente, lo cual impidió que a la víctima se le practicara el procedimiento requerido. 

Teniendo en cuenta, entonces, que el cirujano que estaba de turno en el servicio de urgencias del hospital demandado se encontraba ocupado en el quirófano y que no se demostró que ese hospital estuviera obligado a contar con otro cirujano disponible las 24 horas del día, no es factible imputarle al accionado negligencia o desidia, ya que materialmente le era imposible intervenir quirúrgicamente al paciente. 

Cabe resaltar, en todo caso, que la demandada trató de conseguir otro cirujano, lo cual resultó infructuoso, como lo manifestó el médico Andrés Mauricio Higuita Valencia, quien atendió a la víctima en el servicio de urgencias, al señalar que: “se intentó con gestión administrativa para consecución de otro cirujano la (sic) cual no fue posible” (fol. 52, cdno. 2). 

Además de lo anterior, en la historia clínica del paciente quedó constancia sobre la imposibilidad de trasladarlo a otro hospital, debido a su estado crítico (fol. 19, respaldo, cdno. 2); al respecto, el médico Andrés Mauricio Higuita Valencia (citado en la página 14 de este fallo) sostuvo: “dado (…) que el paciente se estaba reanimando (sic) era imposible su remisión o traslado a otra institución” (fol. 52, cdno. 2). 

De conformidad con lo antes expuesto, puede concluirse que, si bien el fallecimiento del señor Naún Alberto Benavides Buitrago causó un daño a los actores, éste no resulta imputable a la entidad demandada, pues, como se vio, ésta hizo todo lo que estaba a su alcance para enfrentar el cuadro clínico que lo aquejó (maniobras de reanimación, colocación de líquidos, intubación, oxigenación, reconocimiento de una urgencia quirúrgica y solicitud de cirugía inmediata) (fol. 71, cdno. 2); sin embargo, como se dejó expuesto, no fue posible someter al paciente a la práctica de una intervención quirúrgica, pues —se insiste— el cirujano que se encontraba de turno estaba ocupado en el quirófano con otro paciente igualmente herido de bala, quien también requirió atención urgente, a lo cual se suma, por una parte, que la demandada no contaba con otro cirujano en el servicio de urgencias, aunque hizo todo lo posible por conseguirlo —con resultados infructuosos— y, por otra parte, que no se demostró que aquélla tuviera la obligación de contar, en el servicio de urgencias, con un segundo cirujano disponible las 24 horas del día. 

Adicionalmente, se demostró la imposibilidad de trasladar a la víctima a otro centro asistencial, por cuanto le estaban practicando maniobras de reanimación, debido al estado crítico con el que ingresó al centro hospitalario. 

Es indispensable tener en cuenta, también, que: (i) el paciente llegó a la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira —se itera— en estado pre mortem, con un shock hipovolémico severo, debido a la pérdida abundante de sangre, ocasionada por las graves lesiones que le provocó el disparo que recibió y (ii) que, según lo manifestado por la especialista Juliana Buitrago Jaramillo, la mortalidad por un choque hemorrágico severo, asociado a un trauma, como los sufridos por el señor Benavides Buitrago, supera el 90% en la mayoría de los casos.

Cabe recordar que, como quedó expuesto páginas atrás, la víctima fue trasladada a la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira después de casi una hora de ocurridos los hechos, ya que inicialmente fue llevada al puesto de salud Boston, donde ingresó en estado de shock hipovolémico (fol. 16, cdno. 2), lo cual produjo que se perdiera un tiempo valioso y que se acrecentara el cuadro clínico que le produjo la muerte.

Además, no debe perderse vista lo dicho por la especialista Buitrago Jaramillo, en cuanto aseguró “que aun con intervención adecuada persiste un riesgo importante de muerte por complicaciones secundarias a los dos eventos: el trauma y el choque hemorrágico” (fol. 70, cdno. 2).

Finalmente, la Sala ningún pronunciamiento hará en torno al recurso de apelación interpuesto por la Previsora S.A. contra la sentencia de primera instancia, por cuanto, como se vio, el demandado no es responsable por los hechos que se le imputan y, por tanto, es inocuo pronunciarse sobre la responsabilidad de la llamada en garantía.

Hechas las anteriores precisiones, la Sala revocará la sentencia del 19 de mayo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2.4. Decisión sobre costas.

Teniendo en cuenta que, para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa manera, la Sala se abstendrá de imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 19 de mayo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda y, en su lugar, NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: María Adriana Marín—Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

1 El grupo demandante está conformado por Naún Enrique Benavides Rizo, Marina del Carmen Buitrago Muñoz, Yajaira Sugey Castro Buitrago, Kellys Liceth Benavides Buitrago, Mayra Yuleyzi Benavides Castro y Gigliola Patricia Benavides Buitrago (fol. 1, cdno. 1).

2 En auto del 7 de octubre de 2011, el Despacho inadmitió el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia de primera instancia, por cuanto no le asistía interés para recurrir (fols. 237-239, cdno. ppal.).

3 Para el año de presentación de la demanda (2008), 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalían a $ 230.750.000.

4 Ley 446 de 1998.

5 Declaración rendida el 4 de mayo de 2010, ante el Tribunal Administrativo de Risaralda (fols. 45-47, cdno. 2).

6 Declaración rendida el 19 de noviembre de 2006, ante el Tribunal Administrativo de Risaralda (fols. 54 y 55, cdno. 2).