Sentencia 2008-00349 de octubre 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 190012331000200800349 01 (45.836)

Actor: J. P. C. B. y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial

Proceso: Acción de reparación directa

Asunto: Recurso de apelación

NOTA: Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

EXTRACTOS: «V. CONSIDERACIONES

1. Aspectos procesales.

1.1. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso(14), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes J. P. C. B., en su condición de privada de la libertad, y su núcleo familiar, J. D. V. C. (hijo), D. A. B. P. y S. A. C. G. (padres), C. M. G. L. (abuela), S. E., R. A. C. B. e I. D. C. G. (hermanos), y S. E. C. V. y N. A. C. F. (sobrinos), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial, frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de conocimiento de las Fiscalías Seccionales y los Juzgados Penales en las etapas de instrucción y juzgamiento a la luz de la Ley 600 de 2000, en razón a lo cual la Sala considera que las entidades demandadas se encuentran legitimadas en la causa por pasiva.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(15), y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(16). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(17).

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación(18).

En el caso concreto, la Sala observa que a la demandante le fue precluida la investigación mediante providencia que quedó ejecutoriada el 14 de agosto de 2007(19) y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 24 de octubre de 2008, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

En relación con la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración”(20).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(21) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(22).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso(23).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza. 

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”.(24) 

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(25)-(26) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(27).

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado social de derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural o domiciliaria, esto es que la restricción de la libertad cualquiera que sea su naturaleza haya sido efectiva(28).

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.

En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”. 

Es pertinente precisar que respecto la norma transcrita la Corte Constitucional C-037 de 1996 señaló que:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (art. 95-7, C.P.), puesnosólosetratadeguardareldebidorespetohacialosfuncionariosjudiciales,sinoquetambiénsereclamadelosparticularesunmínimodeinterésydecompromisoenlaatenciónoportunaydiligentedelosasuntosquesometenaconsideracióndelaramajudicial.Granpartedelaresponsabilidaddelasfallasyelretardoenelfuncionamientodelaadministracióndejusticia,recaeenlosciudadanosquecolmanlosdespachosjudicialescondemandas,memorialesypeticionesque,obiencarecendevaloroimportanciajurídicaalguna,obienpermaneceninactivosantelapasividaddelospropiosinteresados.Porlodemás,lanormabajoexamenesuncorolariodelprincipiogeneraldelderecho,segúnelcual“nadiepuedesacarprovechodesupropiaculpa

(...)”. (Subraya fuera del texto). 

Asimismo, la culpa exclusiva de la víctima, es entendida como “la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, y tal situación releva de responsabilidad al Estado cuando la producción del daño se ha ocasionado con la acción u omisión de la víctima, por lo que esta debe asumir las consecuencias de su proceder.

Y se entiende por culpa grave no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, sino aquel comportamiento que revista tal gravedad que implique no “manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suele emplear en sus negocios propios”, en los términos del artículo 63 Código Civil.

A la sazón, esta Sala de Subsección ha precisado:

“La Sala pone de presente que, la culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del Código Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones. 

Es pertinente aclarar que no obstante en el proceso surtido ante la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la demandante no actuó dolosamente desde la óptica del derecho penal, no ocurre lo mismo en sede de la acción de responsabilidad, en la cual debe realizarse el análisis conforme a la Ley 270 y al Código Civil”(29).

En este orden de ideas, aunque el actuar irregular y negligente del privado de la libertad frente a los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad o el comportamiento por él asumido dentro del curso del proceso punitivo no haya sido suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria en su contra, en sede de responsabilidad civil y administrativa, y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, podría llegar a configurar la culpa grave y exclusiva de la víctima, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

Dicho de otra manera, que la parte demandante haya sido absuelta por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues debe revisarse la culpa del penalmente investigado, pues, pese a que su actuación no haya tenido la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí puede exonerar patrimonialmente a la entidad demandada.

Bajo la anterior óptica la Sala estudiará el asunto, previo análisis del material probatorio.

5. Caso concreto.

Solicita el apoderado de la parte demandante, se modifique la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que se debían conceder los perjuicios materiales por concepto de daño emergente, así como, se debía aumentar el monto del lucro cesante y el perjuicio inmaterial por concepto de daño moral de la señora J. P. C. B. y de su hijo, el menor J. D. V. C.

Por su parte, la defensa de la demandada Fiscalía General de la Nación solicitó se revoque en su totalidad el fallo del a quo, al considerar que la actuación de la Fiscalía estuvo acorde al ordenamiento jurídico, por lo que no se puede afirmar que su representada haya incurrido en una falla del servicio. De igual manera, cuestionó al fallador de primera instancia al no haber valorado la actitud “insulsa” con que actuó la hoy accionante frente a la investigación, lo que en su criterio configuraría la culpa exclusiva de la víctima como causal que exonera de responsabilidad al Estado.

Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar o modificar la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, o si por el contrario, se debe revocar la decisión del a quo.

De esta manera, se tiene demostrado que la señora J. P. C. B. fue capturada y vinculada a la investigación penal por el delito de lavado de activos, el día 16 de junio de 2006 y recluida en el centro carcelario de reclusión de mujeres del Buen Pastor, en cumplimiento de una boleta de encarcelación expedida por la Fiscalía Primera Especializada Comisionada de Cali, Valle, lo anterior, según constancia emitida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, de Santander de Quilichao, Cauca, de fecha 18 de octubre de 2007(30) y de la lectura de los antecedentes referidos en providencia del 6 de agosto de 2007(31) de la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Popayán.

Que posteriormente y luego de escuchada en indagatoria, la Fiscalía Primera (1ª) Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Popayán mediante proveído del 30 de junio de 2006, definió situación jurídica de la entonces procesada, imponiéndole medida de aseguramiento de detención domiciliaria(32).

De igual forma, se tiene demostrado que por medio de interlocutorio del 30 de enero de 2007(33), la mencionada Fiscalía decidió precluir toda investigación penal que se seguía en contra de la hoy accionante y a otros, por el delito ya mencionado de lavado de activos, al dar aplicación del principio de in dubio pro reo a su favor, toda vez que no se logró corroborar que los nombres de los pacientes supuestamente suministrados por ella a su compañero permanente hayan participaron en las actividades ilícitas que este ejercía; de igual manera, dicha decisión fue confirmada a través de auto del 6 de agosto de 2007(34) por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Popayán, Cauca.

Ahora bien, la Sala analizará la conducta de la actora con base al problema jurídico planteado, en el que se determinará si la accionante actuó con dolo o culpa grave dentro de los hechos por los cuales fue investigada penalmente, y en el que se deberá decidir si se revoca, se confirma la sentencia de primera instancia.

Conforme con lo anterior, la Sala encuentra que en proveído del 30 de enero de 2007, la Fiscalía Primera (1ª) Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Popayán(35) al realizar el análisis de la conducta desplegada por la señora J. P., concluyó que se debía precluir la investigación a su favor, al no haberse demostrado su participación en la organización delictual; no obstante, el ente persecutor consideró que las exculpaciones dadas por esta frente a los indicios que dieron pie al inicio de la investigación, no eran de recibo. Al respecto manifestó:

“(...) Ahora bien, si bien es cierto que J. P. (sic) C. B. fue afectada con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual fue sustituida por la de detención domiciliaria, como coautora responsable del delito de lavado de activos, al encontrar el Fiscal Instructor que en esos momentos había indicios graves que comprometían su responsabilidad que seseñalabaqueparticipabadelasactividadesilícitasdesucónyuge J. D. V. alencubrirloprestandosuconsultorioconlosnombresdepacientesqueporallípasabanenconsulta,facilitándolecédulas, también lo es que a esta altura procesal han perdido peso esas sindicaciones como quiera que no se demostró que dichos pacientes estuvieran involucrados en el cobro de los giros recibidos desde E.E.U.U: en cuanto a las actividades realizadas a solicitud de su esposo J. D., ésta bien pudo realizarlas pero como no está obligada a declarar en contra de su cónyuge, lo que hace pensar de que bien pudo estar apoyando a su esposo en esas actividades guardo (sic) el secreto familiar, aunquenolograconvenceral despachoensuexculpativas(sic)taninfantilescomoquedebíaestarpendientedelascédulasdesuspacientesparaencontrarcarasbonitasenarasdecomplacerasuesposoelsindicado J. D. V. M.,alcontrarioningunamujerseríataninsulsadepermitirquesuesposoestémirandomujeresbonitas.

Estas circunstancias al amparo del secreto familiar que le asiste de delatar a su esposo, como tampoco durante la instrucción se corroboró si realmente sus pacientes participaron en esas actividades ilícitas que ejercitaba su esposo, hacen dudar y no logran colmar las exigencias que pregona el artículo 397 del Código de Procedimiento Penal lo que permite favorecerla a la altura de la calificación con la preclusión de la investigación a su favor (...)” (Negrilla y Subrayado fuera de texto).

En ese mismo sentido y dentro de la referida providencia, el ente instructor al referirse al alegato presentado por la defensa de la hoy accionante, insistió en no compartir las exculpaciones ofrecidas por este, y advirtió que si se declara la preclusión de la investigación a favor de la investigada era porque de las pruebas recopiladas en la investigación penal no se logró establecer su participación en la organización ilegal, así:

“(...) El doctor A. M. M. solicita para su defendida J. P. C. B. la preclusión de la investigación, con base en que la señora no ha sido mencionada por el informante como la esposa del presunto cabecilla de la organización, J. D. V. M. ni tampoco de las interceptaciones se pudo extraer su participación en la organización, solamenteseextrajolasbromasqueentrelosesposossolíanhacerconlaspacientesdelconsultoriode J. P. comocuandoatiendeaunamujerbonitaofeasuesposolepidelosdatosparasupuestamenteenamorarseoburlarse,hechoqueentreparejascomúnmente, se conoce como tomarse del pelo.

El despacho le responde que en parte tiene razón al solicitar la preclusión de la investigación por las motivaciones que el despacho ha presentado para hacerla acreedora de la revocatoria, peronocomparteensutotalidadlasexculpativasdadasporlosespososycoadyuvadaporsudefensor,puessibienestaservidoranoconocelascostumbresdeestaregión,enelrestodelpaísnoescomúnqueunaesposaleestébuscandomujeresbonitasparaquesuesposolasenamore,nifeasparaqueseburle, lo que la favorece en esta investigación es la duda al no corroborarse los señalamientos que comprometían su consultorio con las actividades ilícitas que ejercitó J. D. V. M. (...)”(36)(Negrilla y Subrayado fuera de texto).

Todo lo anterior le revela a la Sala que el comportamiento imprudente de la señora C. B. en su calidad de fisioterapeuta, al haber facilitado diferentes datos de sus pacientes a su compañero permanente, como cédulas y nombres de estos, sumado a que debido a la modalidad delictual por la que se le investigaba, esto es, el giro de dinero de origen ilegal desde los Estados Unidos de Norte América, fue lo que generó que la imposición en su momento de la medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria decretada en su contra por la Fiscalía General de la Nación haya tenido que ser soportada por aquella, culpa que no puede pretender usar a su favor en detrimento del patrimonio económico de la Nación.

De allí que, la Sala al estudiar la conducta de la hoy demandante frente a la decisión inicial de la Fiscalía General de la Nación de impulsar una investigación e imponer medida de aseguramiento en su contra, encuentra que esta obedeció a como se expresó anteriormente, a que la demandante le aportó a su compañero permanente los datos personales de diferentes pacientes que concurrían a su consultorio de fisioterapia, como sus números de cédulas, a sabiendas de sus andanzas, pues no se puede dejar de lado que con anterioridad a los hechos, el señor Villamil Medina había sido requerido en extradición mediante “acusación sustitutiva No. S2-05-Cr-965, dictada el 9 de marzo de 2006 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York”, para que respondiera por los “delitos federales de narcotráfico”, y de quien finalmente se decidió mediante resolución de acusación dictada el 30 de enero de 2007 proferida por la Fiscalía General Colombiana y confirmada en proveído del 6 de agosto de 2007.

Entonces, el hecho imprudente de la demandante al violar el secreto profesional, acción que no fue controvertida por la defensa de la hoy demandante en el proceso penal, sino por el contrario fue ratificada por ésta en los alegatos de conclusión, fue la que dio origen a la investigación penal que se inició en su contra, tal y como se desprende de la providencia de fecha 30 de enero de 2007 por medio de la cual se precluyó la investigación.

Ahora bien, con relación al deber de conducta que el ordenamiento legal le exigía a la señora J. P. en su calidad de fisioterapeuta frente a la información personal otorgada por sus pacientes, la cual hace parte de la historia clínica de cada una de ellas, los artículos 2º, 45 y 48 de la Ley 528 de 1999, establecieron los principios y deberes con que el profesional en esta área de la salud está sujeto a cumplir frente a sus usuarios, así:

“(...) ART. 2º—De la declaración de principios. Los principios de carácter universal que informan el desarrollo, alcance e interpretación de las normas reglamentarias del ejercicio de la profesión de fisioterapia en Colombia y sirven de fundamento a las disposiciones sobre ética en esta materia, son los siguientes: 

(...)

f) La relación entre el fisioterapeuta y los usuarios de sus servicios se inspira en un compromiso de mutua lealtad, autenticidad y responsabilidad que debe estar garantizado por adecuada información, privacidad, confidencialidad y consentimiento previo a la acción profesional por parte de aquellos. La atención personalizada y humanizada constituye un deber ético permanente;

(...) ART. 45.—La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud o enfermedad de un usuario. Esundocumentoprivado,yaligualquelosdemásregistrosfisioterapéuticos,sometidoareserva;únicamentepuedeserconocidaporterceros,ajenosalaintervenciónprofesionales,enloscasosprevistosporlaley y cuando medie autorización del usuario o, en defecto suyo, de sus familiares o responsables.

ART. 48.—Es deber del fisioterapeuta guardar el secreto profesional del cual forman parte los contenidos de los registros clínicos y otros, así como los de los certificados que expida en relación con las personas a quienes preste sus servicios y, en general, todo aquello que haya visto, oído o comprendido por razón de su ejercicio profesional. (...)” (Negrilla y Subrayado fuera de texto).

Es así como, la Subsección concluye que si bien la Fiscalía Primera (1ª) Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Popayán al momento de precluir la investigación consideró que no se probó con certeza que la actuación de la señora J. P. C. B. haya sido de forma dolosa y antijurídica en el delito de lavado de activos como presunta coautora, y que por tanto, se debía declarar su absolución dando aplicación al principio de “in dubio pro reo”, lo cierto es, que desde el punto de vista administrativo lo anteriormente expuesto hace inferir que la hoy demandante actuó de manera gravemente culposa, pues fue imprudente al haber revelado información personal de sus pacientes, la cual está salvaguardada en el secreto profesional, y en sus deberes como fisioterapeuta, tal y como se vio en párrafos anteriores en virtud de la Ley 528 de 1999, así como no haber velado por el cumplimiento de su derecho constitucional al buen nombre establecido en el artículo 15 de la Carta Magna.

De manera que, frente a la justificación dada dentro del trámite del proceso penal en el que sostuvo que la información dada sobre las personas que concurrían a su consultorio obedeció a que acostumbran con su compañero permanente a burlarse de las mujeres feas o enamorar a las bonitas, para la Sala estas exculpaciones si bien no tuvieron importancia en materia penal, si son relevantes en el ámbito administrativo, pues dicha justificación denota el actuar claramente imprudente de la accionante y la determinación del ente investigador de iniciar una investigación en su contra.

En otras palabras y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, la Sala encuentra acreditado que el comportamiento del demandante desconoce los parámetros de cuidado y diligencia que una persona de poca prudencia hubiera empleado en sus negocios propios, y en consecuencia es configurativo de la culpa grave y exclusiva de la víctima.

De esta manera, la Sala encuentra configurada la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima consagrada en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, pues el comportamiento desplegado por la señora C. B. provocó que se iniciara una investigación en su contra para poder determinar si realmente con su proceder esta había participado en el delito de lavado de activos como coautora junto con su compañero permanente el señor J. D. V. M., especialmente en la modalidad denominada como “pitufeo” en la política criminal de los hechos.

Por lo tanto, al momento de restringírsele la libertad al aquí demandante el ente acusador contaba con indicios racionales que le indicaban que podía estar incurso en los delitos investigados, pues fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra, conforme se explicó en los párrafos anteriores.

Así las cosas, para la Sala es claro que la detención de que fue objeto el demandante no es imputable al Estado, por cuanto fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra.

Lo anterior, no riñe con el hecho de que la Fiscalía Primera (1ª) Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Popayán, en ejercicio de sus funciones y en aplicación del arbitrio judicial considerara que los medios de prueba recaudados no eran suficientes para endilgar responsabilidad penal a la investigada por el delito de lavado de activos, pues como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta Subsección, el análisis que se hace en este tipo de casos es única y exclusivamente con el propósito de estudiar la conducta del administrado frente a sus deberes con la administración.

Ensuma,laSalaresaltaquecomosedijoenlaparteconceptualdeestasconsideraciones,aunqueeldemandantefueabsueltoporlajusticiapenal,ellonoquieredecir,perse,queseconfigurelaresponsabilidadpatrimonialdelaadministración,puesnopuedepasarseporaltolaculpadelpenalmenteinvestigado,yaquesibiensuactuaciónnotuvolamagnitudparaconfigurareldelitoendilgadoensucontra,exonerapatrimonialmentealaentidaddemandada. 

Enestesentidotambiénsedijoqueelactuarirregularynegligentedelaparteactoranofuesuficienteantelajusticiapenalparaproferirunasentenciacondenatoria,ensedederesponsabilidadloesparaencontraracreditadalaculpagraveyexclusivadelavíctimaenloshechosquedieronlugaralainvestigaciónpenaly,porsupuesto,alaprivacióndelalibertaddelaquefueobjetolapartedemandante,yexonerarderesponsabilidadalaentidaddemandada. 

En conclusión se revocará, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca de fecha 27 de julio de 2012, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones antes expuestas.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

REVOCAR la sentencia proferida el 27 de julio de 2012 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, por los fundamentos expuestos en esta providencia, la cual quedará así:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuesta en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Ponente, aclaración de voto—Guillermo Sánchez Luque, Aclaración de voto—Jaime Enrique Rodríguez Navas».

14 Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.

15 ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Subrayado fuera de texto).

16 Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909.

17 Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372.

18 Consejo de Estado, Auto de 9 de mayo de 2011, Rad. 40.324.

19 De conformidad a lo establecido por los artículos 178, 179 y 187 de la Ley 600 de 2000.

20 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

21 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”, en AFDUAM, No.4, 2000, pág. 174.

22 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, Exp. 10923.

23 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 200, Exp. 15989.

24 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, Exp. 8666.

25 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

26 Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

27 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, Exp. 10056.

28 Debe aclararse que en lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de domicilio, la Sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de la medida sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en particular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 22 de enero de 2014. Exp. 27.689. En otra oportunidad, la Sala precisó que debe demostrarse “que con dicha medida se hubiera materializado la afectación efectiva de la libre locomoción, por cuanto no se acreditó entre otras, que [los demandantes] tuvieran la necesidad o proyecto para salir del país o que su vida personal o profesional les demandara salir del país con alta frecuencia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de abril de 2017. Exp. 41.326.

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, Rad. 27.577.

30 Fl. 57 del cdno. 1.

31 Fls. 42-43 del cdno. 1.

32 Fl. 43 del cdno. 1.

33 Fls. 33-40 del cdno. 1.

34 Fls. 41-56 del cdno. 1.

35 Fls. 33-40 del cdno. 1.

36 Fl. 38 del cdno. 1.