Sentencia 2008-00367/1056-2015 de julio 24 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Radicado: 500012331000200800367 01

Número interno: 1056-2015

Actor: Luis Alberto Ríos Marín

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho - Decreto 01 de 1984

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Bogotá D.C., veinticuatro de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problemas jurídicos.

Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta sentencia se resumen en las siguientes preguntas:

i) ¿Hay lugar a la reliquidación y al pago doble de la indemnización por disminución de la capacidad sicofísica que la Policía Nacional reconoció a favor del señor Luis Alberto Ríos Marín?

ii) ¿El demandante satisface los requisitos de que trata el artículo 66 del Decreto 1091 de 1995 para acceder a los derechos allí consagrados y, por ende, hay lugar a su ascenso al grado inmediatamente superior y al reconocimiento y pago de la bonificación del 30% del valor de la indemnización que resulte de la aplicación de la tabla D del Decreto-Ley 094 de 1989?

Primer problema jurídico

¿Hay lugar a la reliquidación y pago doble de la indemnización por disminución de la capacidad sicofísica que la Policía Nacional reconoció a favor del señor Luis Alberto Ríos Marín?

(i) Régimen prestacional del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional por incapacidad sicofísica.

Conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con observancia de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. De ahí que el legislador quedó habilitado para configurar el sistema de seguridad social sometido a dichos principios y a los parámetros fundamentales establecidos en la citada norma constitucional.

En efecto, fue a través de la Ley 100 de 1993 que el legislador organizó el sistema de seguridad social integral cuya finalidad es proteger los derechos irrenunciables de todas las personas para obtener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que las afecten. Este sistema comprende las obligaciones del Estado, la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios u otras que se incorporen en el futuro.

El sistema de seguridad social integral se encuentra conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales, hoy denominados laborales, y los servicios sociales complementarios que se definen en la misma Ley 100 de 1993.

No obstante lo anterior, esta ley dispuso en su artículo 279(3) la inaplicabilidad del sistema integral de seguridad social allí previsto respecto de los miembros de la fuerza pública, quienes se encuentran cobijados por un sistema especial cuyo fundamento reside en la naturaleza de las competencias, funciones y riesgos que asumen en la prestación del servicio que tienen a su cargo.

En el caso de la Policía Nacional y específicamente del personal perteneciente al nivel ejecutivo, el régimen prestacional nació con el Decreto 1029 del 10 de mayo de 1994, que entre sus artículos 66 y 68 reguló lo relativo a las prestaciones por incapacidad sicofísica.

Dicha norma fue derogada por el Decreto 1091 de 1995, el cual, en sus artículos 65 y 66, se ocupó de las prestaciones a que tienen derecho los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional cuando sufren una incapacidad sicofísica, en los siguientes términos:

“ART. 65.—Disminución de la capacidad sicofísica. El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que presente disminución de la capacidad sicofísica que no haya sido indemnizada en la forma prevista en el artículo 47 de este decreto, tendrá derecho a que el tesorero público le pague:

a) Por una sola vez una indemnización proporcional al daño sufrido de conformidad con el reglamento de incapacidades, invalideces e indemnizaciones para el personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, tomando como base las partidas señaladas en artículo 49 de este decreto, según el índice de lesión fijado en la respectiva acta médico-laboral y de acuerdo con las circunstancias en que se adquirió la lesión;

b) El auxilio de cesantía y demás prestaciones que le correspondan en el momento del retiro;

c) Cuando el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional haya perdido el setenta y cinco por ciento (75%) o más de la capacidad sicofísica, tendrá derecho a una pensión mensual mientras subsista la incapacidad, pagadera por el tesoro público y liquidada con base en la última remuneración y teniendo en cuenta las partidas señaladas en el artículo 49 de este decreto, así:

1. El setenta y cinco por ciento (75%) de dichas partidas cuando la pérdida de la capacidad laboral sea o exceda del setenta y cinco por ciento (75%) y no alcance al ochenta y cinco por ciento (85%).

2. El ochenta y cinco por ciento (85%) de dichas partidas cuando la pérdida de la capacidad laboral sea o exceda del ochenta y cinco por ciento (85%) y no alcance al noventa y cinco por ciento (95%).

3. El ciento por ciento (100%) de dichas partidas, cuando la pérdida de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).

“PAR. 1º—Si la disminución de la capacidad sicofísica fuere consecuencia de hechos ocurridos en el servicio y por causa y razón del mismo, la indemnización de que trata el literal a) de este artículo se aumentará en la mitad.

“PAR. 2º—Si la disminución de la capacidad sicofísica fuere consecuencia de heridas recibidas en actos meritorios del servicio o por causa de heridas recibidas en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público interno, la indemnización a que se refiere el literal a) del presente artículo se pagará doble.

“ART. 66.—Incapacidad absoluta en actos especiales del servicio. El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que adquiera incapacidad sicofísica absoluta y permanente o gran invalidez, en actos meritorios del servicio o por causa de heridas en combateo como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público, tendrá, además de los derechos consagrados en este decreto, los siguientes:

a) Al ascenso al grado inmediatamente superior;

b) A una bonificación equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de la indemnización que resulte de la aplicación de la tabla “D” del Decreto-Ley 94 de 1989 o de las disposiciones que lo adicionen o reformen;

c) A importar para uso personal y libre de cualquier gravamen nacional, implementos ortopédicos y un vehículo de características acordes con su limitación física o incapacidad permanente, que permitan su rehabilitación o recuperación”.

Como puede observarse, el artículo 65 del Decreto 1091 de 1995 concede a los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional que presenten una merma de su capacidad sicofísica, cuando no han sido indemnizados conforme al artículo 47 de la misma norma, el derecho al reconocimiento y pago de una indemnización que se establece de acuerdo con el reglamento de incapacidades, invalideces e indemnizaciones fijado para el personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

En la actualidad, dicho reglamento se encuentra contenido en el Decreto 1796 de 2000, que en torno a la mentada prestación económica dispuso en su artículo 37:

“El derecho al pago de indemnización para el personal de que trata el presente decreto, que hubiere sufrido una disminución de la capacidad laboral se valorará y definirá de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional para el efecto, y se liquidará teniendo en cuenta las circunstancias que a continuación se señalan:

a. En el servicio pero no por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad y/o accidente común.

b. En el servicio por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad profesional y/o accidente de trabajo.

c. En el servicio como consecuencia del combate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional”.

Dado que esta disposición confió al Gobierno Nacional la reglamentación del derecho a la indemnización, también previó un artículo transitorio para indicar que, mientras se expidiera la misma, el procedimiento y criterios de disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones seguirían rigiéndose por el Decreto 94 de 1989. De esta forma lo estableció el artículo 48 ibídem, que es del siguiente tenor.

“Hasta tanto el Gobierno Nacional determine lo correspondiente a la valoración y calificación del personal que trata el presente decreto, los criterios de calificación de la capacidad sicofísica, de disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones y de la clasificación de las lesiones y afecciones, continuarán vigentes los artículos 47 al 88 del Decreto 094 de 1989, excepto el artículo 70 de la misma norma”.

Así las cosas, se concluye que en la actualidad las disposiciones que gobiernan Io relativo a la indemnización por disminución de la capacidad sicofísica de los miembros de la fuerza pública se encuentran contenidas en el Decreto 94 de 1989, específicamente en sus artículos 87, 88 y 89.

Caso concreto

Como se ha explicado a lo largo de esta providencia, el reproche que formula el demandante en torno a la indemnización por disminución de la capacidad labora se afinca en el monto que liquidó la entidad demandada, que a su juicio es resultado de la indebida aplicación de la fórmula contenida en el precitado artículo 88. De igual forma, acusa a la Policía Nacional deno haberle pagado doblemente la referida prestación económica.

Por lo anterior, se procederá a efectuar la liquidación de la indemnización a que tenía derecho el señor Luis Alberto Ríos Marín según lo establecido en el artículo 88 ibídem. Para tales efectos es preciso tener en consideración los siguientes hechos que se encuentran acreditados en el plenario:

• En informe administrativo por lesión 0311/03 expedido el 23 de marzo de 2004 por el comandante del Departamento de Policía de Arauca (fls. 98-100, cdno. 1) .se determinó que las lesiones que sufrió el demandante en hechos ocurridos el 16 de septiembre de 2003 se enmarcan dentro de lo consagrado en el literal c), artículo 24 del Decreto 1796 de 2000, esto es, “En el servicio como consecuencia del combate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional”.

• El 26 de octubre de 2006 se le practicó al demandante junta médico laboral de Policía (fls. 155-157, cdno.1) cuya acta fue debidamente impugnada por el señor Luis Alberto Ríos Marín y, en consecuencia, su caso fue sometido a estudio del tribunal médico laboral de revisión militar y de policía. Esta entidad expidió Acta de calificación 3139-3210 el 1º de octubre de 2007 (fls. 150-153) en la que puede leerse:

“[...] Teniendo en cuenta lo evaluado y de acuerdo a lo establecido en el Decreto 094/89, los miembros del tribunal médico laboral por unanimidad deciden “MODIFICAR” las. conclusiones de la JML Nº 1613 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2006 [...]

A. Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad para el servicio. Le determina una incapacidad permanente y parcial. NO APTO. SIN REUBICACIÓN.

B. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral. Le produce una disminución de la capacidad laboral: DCL NOVENTA PUNTO CUARENTA Y SIETE (90.47%).

C. Imputabilidad del servicio. De acuerdo al artículo 24 del Decreto 1796/2000 le corresponde el literal: C en el servicio como consecuencia del combate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional, Se (sic) trata de accidente de trabajo. De acuerdo a informativo administrativo 0311 del 23 de marzo de 2004.

D. Fijación de los correspondientes índices. De acuerdo. al artículo 15 del Decreto 1796/2000, le corresponde los siguientes índices:

1
 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que el procedimiento aplicado por el Tribunal Administrativo del Meta a efectos de definir la indemnización a que tiene derecho el demandante no se ajusta a lo normado en los artículos 87, 88 y 89 del Decreto 094 de 1989.

La primera precisión que debe hacerse es que la norma en cuestión prevé una tabla a través de la cual se fija el porcentaje de disminución de capacidad laboral, que es la tabla A, y otras que son utilizadas para determinar la indemnización a que hay lugar, atendiendo a la naturaleza de la lesión sufrida por la persona, de manera que si se trata de una lesión adquirida en servicio pero no por causa ni razón del mismo se aplica la tabla B; cuando la lesión se sufre en servicio por causa y razón del mismo la aplicable es la tabla C; y para aquellas que son producto de heridas causadas en combate o actos meritorios del servicio, o por cualquier acción del enemigo en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público, se aplica la tabla D.

De acuerdo con ello, independientemente de la tabla que tenga lugar para establecer la indemnización (B, C o D), antes de acudir a las mismas es necesario la aplicación de la tabla A con el propósito de establecer el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la forma en que ordena el artículo 87 ibídem, según el cual:

“[...] se busca en la columna “índice de lesión” el fijado por la sanidad militar o de la Policía posteriormente y teniendo en cuenta la edad de la persona para la época en que fue calificada la lesión se ubica en la columna correspondiente a los diferentes grupos de edades, el punto de donde se encuentren las prolongaciones horizontales del índice y vertical de la edad indican el porcentaje de disminución de capacidad laboral [...]”.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa el tribunal médico laboral de revisión militar y de policía determinó que el señor Luis Alberto Ríos Marín tenía un número plural de índices de lesión, de manera que si aplicamos el procedimiento antedicho, teniendo en consideración que el demandante tenía 27 años para la fecha de los hechos, encontraríamos que, según la tabla A, a cada índice le corresponde el siguiente factor:

Edades
Índices
65 y más60 a 6455 a 5950 a 5445 a 4940 a 4435 a 3930 a 3425 a 2921 a 24Hasta 20
15.05.56.06.57.07.58.08.59.09.510.0
25.56.06.57.07.58.08.59.09.510.010.5
36.06.57.07.58.08.59.09.510.010.511.0
47.07.58.08.59.09.510.010.511.011.512.0
58.59.09.510.010.511.011.512.012.513.013.5
610.511.011.512.012.513.013.514.015.016.017.0
713.013.514.014.515.015.516.017.018.019.520.5
816.016.517.017.518.018.519.520.521.522.524.0
919.020.020.521.021.522.023.024.025.026.027.5
1023.524.024.525.025.526.027.028.029.030.031.5
1128.028.529.029.530.030.531.532.534.035.537.0
1233.033.534.034.535.035.536.537.539.040.542.5
1338.539.039.540.040.541.042.043.044.546.048.0
1444.545.045.546.046.547.048.049.050.552.054.0
1551.051.552.052.553.053.554.555.557.058.560.5
1658.058.559.059.560.060.561.562.564.066.068.0
1766.065.066.567.067.568.069.070.072.075.078.0
1874.074.074.575.575.576.077.0.78.080.085.090.0
1982.582.583.083.584.085.086.588.090.095.0100.0
2091.591.592.092.593.595.096.598.0100.0100.0100.0
21100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Aplicación de la tabla A del Decreto 094 de 1989
Índices calificados al demandanteFactor
1772
1450.5
821.5
512.5

Como son varios los índices de lesión que le fueron fijados al demandante, se hace necesario remitirnos al artículo 88 del mismo decreto, que consagra el procedimiento para establecer la disminución de capacidad laboral cuando concurren varios índices, a través de la aplicación de una fórmula que permite lograr la suma combinada de ellos, así:

2
 

La aplicación de esta fórmula al caso del señor Luis Alberto Ríos Marín tendría lugar de la siguiente manera:

3
 

Así las cosas, el porcentaje de disminución de la capacidad laboral del hoy demandante es del 90,48%, cifra muy cercana a la definida por el tribunal médico laboral de revisión militar y de policía en el acta de calificación 3139-3210 del 1º de octubre de 2007, en la que estableció una pérdida de capacidad laboral del 90,47%.

Según el mismo artículo, “[...] a fin de obtener la indemnización en meses de sueldo, se busca en la tabla “A” el porcentaje más cercano al resultado definitivo de disminución de capacidad laboral [...]”. Para el caso, el porcentaje más cercano a 90,48 sería 90, que tiene como coordenadas la edad “de 25 a 29” y un índice de 19.

Edad
Índice
        25 a 29  
....................................
1982.582.583.083.584.085.086.588.090.095.0100.0
....................................

A renglón seguido, la norma señala que “[...] A continuación las coordenadas que sirvieron de base para encontrar el porcentaje, se llevan a la respectiva tabla de indemnización y el punto de intersección en donde se encuentren las prolongaciones horizontales del índice y vertical de la edad, indica el factor por el cual se multiplican los haberes computables para prestaciones sociales y devengados por el lesionado en la época en que fue calificada la lesión [...]”.

La tabla de indemnización que le debe ser aplicada al hoy demandante es la D, correspondiente a lesiones que se adquieren por heridas causadas en combate o actos meritorios del servicio, o por cualquier acción del enemigo en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público:

Edades
Índices
65 a más60 a 6455 a 5950 a 5445 a 4940 a 4435 a 3930 a 3425 a 2921 a 24Hasta 20
12.002.402.703.103.503.604.204.604.905.305.70
22.402.703.103.503.804.204.604.905.205.706.10
32.703.103.503.804.204.604.905.305.706.106.40
43.503.804.204.604.905.305.706.106.406.807.20
54.604.905.305.706.106.406.807.207.507.807.90
6 6.306.406.807.207.507.908.308.609.4010.3010.80
7 7.908.308.609.009.409.7010.1010.8011.6012.3813.40
810.1010.5010.8011.2011.6011.9012.7013.4014.2014.9016.90
912.7013.1013.4013.8014.2014.5815.3016.0016.7017.5018.60
1015.6016.0016.4016.7017.1017.5018.2018.90 19.7020.4021.50
1118.9019.3019.7020.0020.4020.8021.5022.3023.4024.5025.60
1222.6023.0023.4023.7024.1024.5025.2025.9027.1028.2029.50
1325.7027.1027.4027.8028.2028.5029.9030.0031.1032.2033.70
1431.1031.5031.8032.2035.6032.9033.7034.4035.5036.6038.10
1535.9036.3036.6037.0037.4037.7033.5039.2040.3041.4042.90
1641.0041.4041.8042.2042.5042.9043.6044.4045.5046.9048.40
1746.6046.9047.3047.7048.0048.4049.2049.9051.4053.6055.80
1852.5052.8053.2053.6053.9054.3055.0055.0057.3060.9064.60
1958.7059.1059.5059.8060.2060.9062.0063.2064.6068.3072.00
2065.4065.7066.1066.5067.2068.3069.4970.5072.0072.0072.00
2172.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.00

Al aplicar las coordenadas definidas (índice 19 y edad de 25 a 29) a la tabla D, se obtiene que el factor es 64,60. Los haberes computables devengados por el actor para la fecha de calificación ascendían a $ 1.107.480,08, monto que no ha sido objeto de debate en el proceso y que al ser multiplicado por 64,60 arroja una suma de setenta y un millones quinientos cuarenta y tres mil doscientos trece pesos con dos centavos ($ 71.543.213,2), correspondiente al monto de la indemnización por disminución de la capacidad sicofísica a que tiene derecho el señor Luis Alberto Ríos Marín. Según el documento “liquidación pensión por invalidez”(4), por tal concepto, la entidad demandada le reconoció a este último la suma de setenta y un millones quinientos cuarenta y tres mil doscientos trece pesos con diecisiete centavos ($ 71.543.213,17), por lo que es acertado concluir que la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional liquidó correctamente la mencionada prestación económica.

Establecido el valor de dicha indemnización, es preciso definir si la misma tenía que ser pagada doblemente, cuestión que ha sido motivo de controversia entre las partes recurrentes. El citado artículo 65 del Decreto 1091 de 1995 consagra las prestaciones a que tiene derecho el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que presente disminución de la capacidad sicofísica que no haya sido indemnizada en la forma prevista en el artículo 47 de esedecreto. Entre las prestaciones allí contempladas, el literal a) consagra el derecho a la indemnización que acaba de. establecerse en el procedimiento antedicho, el cual, de acuerdo con el parágrafo 2ibídem, debe pagarse doble en aquellos casos en que “[...] la disminución de la capacidad sicofísica fuere consecuencia de heridas recibidas en actos meritorios del servicio o por causa de heridas recibidas en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público interno [...]”.

La parte demandada alegó que no hay lugar al reconocimiento prestacional doble porque “[...] los porcentajes contenidos en la tabla D, corresponden al doble de los porcentajes contenidos en la tabla B asignada para las lesiones adquiridas simplemente en actividad, de conformidad con lo dispuesto en las normas prestacionales especiales del personal uniformado de la fuerza pública que prevén el reconocimiento de una indemnización doble [...](5)”. La Sala discrepa del criterio de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional puesto que la norma no deja espacio a dicha interpretación, por el contrario, es clara el ordenar que la indemnización por disminuciónde la capacidad laboral se efectúe conforme al reglamento de incapacidades, invalideces e indemnizaciones para el personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que en este caso es el Decreto 094 de 1989, y que se pague doble si corresponde a lesiones de heridas recibidas en actos meritorios del servicio o por causa de heridas recibidas en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público interno. En ese orden de ideas, independientemente de que la tabla D del Decreto 094 de 1989 corresponda al doble de los factores que define la tabla B, lo que ordena la norma es que la indemnización que se defina según tal reglamento se pague doblemente en los eventos ya señalados.

Con el informe administrativo por lesión 0311/03 expedido el 23 de marzo de 2004 por el comandante del Departamento de Policía de Arauca y el acta de calificación 3139-3210 expedida el 1º de octubre de 2007 por el tribunal médico laboral de revisión militar y de policía se acredita plenamente que la imputabilidad de las lesiones sufridas por el actor fue “En el servicio como consecuencia de combate [...]”, de manera que reúne el requisito legalmente exigido para que la indemnización le sea pagada doblemente(6).

En conclusión, la entidad demandada liquidó correctamente la indemnización por disminución de la capacidad sicofísica en la suma de $ 71.543.213,2, por lo tanto no hay lugar a su reliquidación, debiéndose revocar la sentencia apelada. Sin embargo, la Policía Nacional incumplió la obligación de pagar doblemente dicha prestación económica, lo que procederá a ordenar la presente providencia.

Segundo problema jurídico.

¿El demandante satisface los requisitos de que trata el artículo 66 del Decreto 1091 de 1995 para acceder a los derechos allí consagrados y por ende, hay lugar a su ascenso al grado inmediatamente superior y al reconocimiento y pago de la bonificación del 30% del valor de la indemnización que resulte de la aplicación de la tabla D del Decreto-Ley 094 de 1989?

El reconocimiento de los derechos que consagra el artículo 66 del Decreto 1091 de 1995 se encuentra condicionado al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que la incapacidad sicofísica sea absoluta y permanente o gran invalidez, lo que en la terminología vigente a la fecha debe entenderse como “invalidez”.

2. Que sea proveniente de actos meritorios del servicio o por causa de heridas en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público.

Como ha quedado establecido, las lesiones que sufrió el demandante con ocasión del servicio y que le produjeron una pérdida de capacidad laboral del 90,47% se encuentran directamente relacionadas con el control del orden público ya que fueron producidas por el ataque presuntamentede miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, quienes el 16 de septiembre de 2003 emboscaron la unidad en la que se encontraba el demandante cuando esta se hallaba realizando labores de patrullaje rumbo a la vereda Feliciano ubicada en el departamento de Arauca (fls. 83-85).

En cuanto a la exigencia de una incapacidad sicofísica absoluta y permanente o constitutiva de gran invalidez es importante señalar que dicho concepto se encontraba definido en el artículo 15 del Decreto 094 de 1989, que clasificaba las incapacidades e invalideces en los siguientes términos:

“Incapacidades relativa y temporal. Es la determinada por las lesiones o afecciones que disminuyen parcialmente la capacidad sicofísica y de trabajo de la persona y que mediante el tratamiento médico, quirúrgico o por las solas defensas del organismo obtenga su recuperación total.

Incapacidad absoluta y temporal. Es la determinada por las lesiones o afecciones que suprimen transitoriamente la capacidad sicofísica y de trabajo de la persona y que mediante tratamiento medicó, quirúrgico o por las solas defensas del organismo, logran su recuperación total.

Incapacidades relativa y permanente. Es la determinada por lesiones o afecciones que disminuyen parcialmente la capacidad sicofísica y de trabajo de la persona sin saber susceptibles de recuperación por ningún medio.

Incapacidad absoluta y permanente o invalidez. Es el estado proveniente de lesiones o afecciones patológicas, no susceptibles de recuperación por medio alguno, que incapacitan en forma total a la persona para ejercer toda clase de trabajo. Cuando el inválido no pueda moverse, conducirse o efectuarse los actos esenciales de la existencia sin la ayuda permanente de otra persona, se le denomina gran invalidez”.

Derogado este artículo, la norma aplicable en la materia es el artículo 28 del Decreto 1796 de 2000, que modificó la clasificación de las incapacidades así:

“ART. 28. Clasificación de las incapacidades. Las incapacidades se clasifican en:

a. Incapacidad temporal: Es aquella que le impide a la persona desempeñar su profesión u oficio habitual por un tiempo determinado.

b. Incapacidad permanente parcial: Es aquella que se presenta cuando la persona sufre una disminución parcial pero definitiva, de alguna o algunas de sus facultades para realizar su trabajo habitual.

“PAR.—Se considerará inválida la persona cuando la incapacidad permanente parcial sea igual o superior al 75% de disminución de la capacidad laboral”.

Bajo estas consideraciones es claro que la razón por la cual el artículo 66 del Decreto 1091 de 1995 aludía a la incapacidad absoluta y permanente y a la gran invalidez es que para la fecha de su expedición tal era la clasificación vigente (Decreto 094 de 1989), pero posteriormente la misma fue derogada en forma tácita .por el Decreto 1796 de 2000, que en su artículo 28 estableció unas categorías nuevas, que fueron utilizadas por el tribunal médico laboral de revisión militar y de policía en el año 2007 para describir la condición sicofísica del demandante.

Así las cosas, la lectura del artículo 66 ibídem debe armonizarse según la evolución normativa que se ha presentado en la materia, lo que impone entender que, hoy en día, la exigencia de esta disposición debe ser interpretada de la mano del artículo 28 del Decreto 1796 de 2000, ejercicio cuyo resultado lleva a concluir que, en lugar de requerirse una incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez, se exige que la persona se encuentre en condición de invalidez de acuerdo con la definición contenida en esta última norma.

En esos términos, no le asiste razón al a quo cuando señala que el actor no reúne los requisitos establecidos en el artículo 66 del Decreto 1091 de 1995 porque su incapacidad fue calificada como “permanente parcial” mientras que la norma exige que esta sea absoluta o de gran invalidez. Nótese que según el artículo 28 ejusdem la incapacidad permanente y la invalidez no son figuras excluyentes pues de hecho, la última de ellas es definida como una incapacidad permanente que iguala o supera un 75% de pérdida de capacidad laboral.

Por ello, es claro que el demandante reúne también el requisito de invalidez para acceder a los derechos que consagra en el artículo 66 del Decreto 1091 de 1995 pues en el acta de calificación 3139-3210 del 1º de octubre de 2007 el tribunal médico laboral de revisión militar y de policía determinó que padece una incapacidad permanente y parcial, que no es apto para trabajar y por ende no se le reubicó, y que su disminución de la capacidad laboral es de 90.47%.

En conclusión, el demandante satisface los requisitos de que trata el artículo 66 del Decreto 1091 de 1995 para acceder a los derechos allí consagrados y por lo tanto, hay lugar:

1. Al reconocimiento y pago de la bonificación del 30% del valor de la indemnización resultante de la aplicación de la tabla D del Decreto-Ley 094 de 1989, lo que para el caso en concreto asciende a la suma de veintiún millones cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos sesenta y tres pesos con noventa seis centavos ($ 21.462.963,96).

2. A su ascenso al grado inmediatamente superior, que es el de subintendente, desde la fecha en que se sufrió la lesión que ocasionó la disminución de Ia capacidad laboral, es decir, a partir del 16 de septiembre de 2003. La pensión de invalidez del demandante deberá reliquidarse de acuerdo a tal grado, lo que implicará (i) que, en adelante, se siga pagando en dicha cuantía y (ii) que se Ie reconozca la diferencia dejada de percibir por tal concepto de manera retroactiva al 11 de mayo de 2008, fecha a partir de la cual se le hizo el reconocimiento pensional por haber concluido los tres meses de alta.

Lo anterior supone la declaratoria parcial de nulidad de la Resolución 00270 del 26 de marzo de 2008(7), “por la cual se reconoce pensión de invalidez al PT. (R) RIOS MARIN LUIS ALBERTO”, en lo que tiene que ver con el grado de patrullero en que le fue concedido su derecho pensional a efectos de que la entidad demandada; en cumplimiento de esta providencia, profiera una nueva resolución en la que aclare que tal derecho debe reconocerse en el grado de subintendente, procediendo a la reliquidación respectiva.

Decisión de segunda instancia:

Por lo expuesto la Sala procederá a revocar la sentencia de primera instancia, proferida el 22 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo del Meta y, en su lugar:

(i) Declarará la nulidad parcial de las resoluciones 01480 del 14 de abril de 2008 y 3230 del 29 de julio de 2008, expedidas respectivamente por el director general de la Policía Nacional y por el comandante general de las Fuerzas Militares en lo que tiene que ver con el señor Luis Alberto Ríos Marín, por cuanto se abstuvo de ordenar el pago doble de la indemnización liquidada correctamente por la entidad en la suma de $ 71.543.213,17. En ese orden de ideas, (ii) se condenará a la demandada el pago de una suma por igual valor en atención a lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 65 del Decreto 1091 de 1995.

Adicionalmente, (iii) se condenará a la entidad al reconocimiento y pago, a favor del demandante, de veintiún millones cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos sesenta y tres pesos con noventa y seis centavos ($ 21.462.963,96) por concepto de la bonificación del 30% del valor de la indemnización resultante de la aplicación de la tabla D del Decreto-Ley 094 de 1989, según el artículo66 del Decreto 1091 de 1995.

De otro lado, (iv) se declarará la nulidad parcial de la Resolución 00270 del 26 de marzo de 2008 proferida por el subdirector general de la Policía Nacional en lo que tiene que ver con el grado de patrullero en que le fue concedido su derecho pensional y, por ende, (v) se ordenará el ascenso del señor Luis Alberto Ríos Marín al grado inmediatamente superior, que corresponde a subintendente, y (vi) la reliquidación de su mesada pensional conforme al mismo.

Las sumas reconocidas serán reajustadas conforme la siguiente fórmula:

R = Rh
 

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por el actor a título de mesada pensional, por el guarismo que resulta al dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria dé. esta providencia, por el índice inicial, vigente para la fecha en que debió hacerse el pago.

Es claro que en lo que tiene que ver con los pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de causación de cada uno de ellos.

No habrá lugar a condena en costas por cuanto la actividad de las partes se ciñó a los parámetros de buena fe y lealtad procesales, sin que por lo mismo se observe actuación temeraria ni maniobras dilatorias del proceso (art. 171 del CCA, modificado por el art. 55 de la L. 446/98).

Aunque no fue alegada como excepción, la Sala advierte que no operó el fenómeno de la prescripción cuatrienal que prevé el artículo 60 del Decreto 1091 de 1995, aplicable a las prestaciones unitarias de contenido patrimonial y a las mesadas pensionales prevista en dicha norma. Lo anterior puesto que el reconocimiento pensional y de la indemnización por disminución de la capacidad laboral a favor del hoy demandante tuvo lugar, respectivamente, mediante las resoluciones 270 del 26 de marzo de 2008 y 1480 del 14 de abril de 2008, mientras que la demanda se presentó el día 23 de octubre del mismo año, con lo que resulta evidente que no transcurrió el término que exige la disposición para tales efectos.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓQUESE la sentencia proferida el 22 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo del Meta que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En su lugar, se dispone

2. DECLÁRASE la nulidad parcial de las resoluciones 01480 del 14 de abril de 2008 y 3230 del 29 de julio de 2008, expedidas respectivamente por el director general de la Policía Nacional y por el comandante general de las Fuerzas Militares en lo que tiene que ver con el señor Luis Alberto Ríos Marín por cuanto se abstuvo de ordenar, de un lado, el pago doble de la indemnización por disminución de la capacidad sicofísica liquidada correctamente por la entidad en la suma de $ 71.543.213,17 y, de otro, el pago del 30% sobre dicho valor por concepto de bonificación.

A título de restablecimiento del derecho, condénase a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, a reconocer y pagar a favor del señor Luis Alberto Ríos Marín las siguientes sumas (i) setenta y un millones quinientos cuarenta y tres mil doscientos trece pesos con diecisiete centavos ($ 71.543.213,17) por concepto del pago doble de la indemnización por disminución de la capacidad sicofísica que ordena el parágrafo 2º del artículo 65 del Decreto 1091 de 1995; y (ii) veintiún millones cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos sesenta y tres pesos con noventa y seis centavos ($ 21.462.963,96) por concepto de la bonificación del 30% del valor de la indemnización resultante de la aplicación de la tabla D del Decreto-Ley 094 de 1989, según el artículo 66 del Decreto 1091 de 1995.

3. DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución 00270 del 26 de marzo de 2008 proferida por el subdirector general de la Policía Nacional en lo que tiene que ver con el grado de patrullero en que le fue reconocido el derecho a la pensión de invalidez al señor Luis Alberto Ríos Marín.

A título de restablecimiento del derecho, ordénase a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, (i) ascender al señor Luis Alberto Ríos Marín al grado inmediatamente superior, que corresponde a subintendente, desde el 16 de septiembre de 2003, fecha en que sufrió la lesión que ocasionó la disminución de su capacidad laboral; (ii) reconocer y pagar a favor del señor Luis Alberto Ríos Marín la pensión de invalidez conforme al grado de subintendente. En consecuencia, la entidad demandada reliquidará la referida prestación económica según el grado señalado para, en adelante seguirla pagando en dicha cuantía; (iii) reconocer y pagar a favor del señor Luis Alberto Ríos Marín la diferencia dejada de percibir con ocasión de la reliquidación ordenada en el numeral anterior de manera retroactiva al 11 de mayo de 2008, fecha a partir de la cual se le hizo el reconocimiento pensional por haber concluido los tres meses de alta.

4. Las sumas resultantes a favor del demandante, se ajustarán en su valor, en aplicación de la fórmula indicada en la parte considerativa de la presente decisión.

5. Reconózcase personería al abogado Oscar Daniel Hernández Murcia, identificado con cédula de ciudadanía 79.283.144 y tarjeta profesional 60.781 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los efectos del poder conferido por la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, que obra en el folio 255 del cuaderno principal.

6. Acéptase la sustitución de poder obrante a folio 276 del expediente y, por lo tanto, reconózcase personería al doctor Henry Steward Díaz Rincón, identificado con cédula de ciudadanía 1.121.840.168 y tarjeta profesional 250.218 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los efectos del poder conferido por el señor Luis Alberto Ríos Marín.

7. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

(3) “ART. 279.—Excepciones. El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas” (subrayas y negrillas fuera del texto).

(4) Fl. 40.

(5) Fls. 233 y 234.

(6) Al respecto puede consultarse la sentencia proferida por el 7 de marzo de 2013 por el Consejo de Estado, sección segunda, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, Rad. 85001-23-31-000-2008-00038-01 (0617-09).

(7) Fls. 54 y 55.