Sentencia 2008-00368 de julio 25 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Referencia: 190012331000200800368 01

Radicado: 17989

Consejero Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E)

Actor: Diego Fernando Medina Capote

Demandado: Municipio de Popayán

Bogotá, D.C., julio veinticinco de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Sala

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 24 de septiembre de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que declaró la nulidad de los artículos 41 y 42 del Acuerdo 33 de 2001.

Previo a resolver el asunto de fondo, la Sala advierte, que vencido el término para alegar de conclusión, la parte demandada informó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 26 de octubre de 2010, había declarado la legalidad de los artículos 41 y 42 del Acuerdo 33 de 2001 y, afirmó, que dicha providencia hace tránsito a cosa juzgada en relación con la presente causa petendi(1).

A ese respecto, es importante señalar que la solicitud de declaratoria del fenómeno de la cosa juzgada, más allá de pretender la defensa de los intereses propios de las partes, tiene por finalidad la preservación del orden jurídico y la eficacia de la función jurisdiccional del Estado. Por consiguiente, aun cuando las partes no lo hubieren alegado, el fallador debe dar aplicación al artículo 306 del Código de Procedimiento Civil que dispone que cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, razón por la cual se estudiará la excepción de cosa juzgada.

Así las cosas, es necesario determinar si, en relación con la sentencia del 26 de octubre de 2010, ha operado, en este caso, la cosa juzgada, regulada en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo en la siguiente forma:

“La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada “erga omnes”.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada “erga omnes” pero solo en relación con la “causa petendi” juzgada.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de las partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quién hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración en su favor.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital, o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios”.

De acuerdo con esta disposición, si la sentencia negó la anulación del acto acusado, produce el efecto de cosa juzgada frente a todos, pero solo en relación con la causa o los motivos de impugnación alegados, lo que significa que por esos mismos motivos no se podrá instaurar una nueva acción de nulidad contra el acto que fue objeto de la primera decisión, pero sí se podrá demandar de nuevo si las censuras o los reproches son otros diferentes a los anteriormente planteados, examinados y decididos.

Lo anterior significa que el acto administrativo sobre el cual se decidió en forma negativa la pretensión de nulidad, puede ser objeto de futuras acciones, pero por motivos distintos a los ya examinados.

Precisa la Sala que, mediante sentencia del 26 de octubre de 2010(2), proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca dentro del proceso radicado con el número 2009-00138, se negó la pretensión de nulidad de los artículos 41 y 42 del Acuerdo 33 de 2001, normas que también son objeto de la litis del presente proceso. Es importante advertir que dicha sentencia se encuentra ejecutoriada, tal como consta en la certificación suscrita por la secretaría del Tribunal Administrativo del Cauca(3).

En el proceso 2009-138 se invocaron como disposiciones violadas los artículos 4º, 150-12, 313-4 y 338 de la Constitución Política, el inciso 2º del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo y la Ley 1333 de 1986, y el concepto de la violación fue analizado en la mencionada sentencia, así:

“1. La demanda.

La señora Edna Cristina Bermúdez Ortega, actuando a nombre propio y en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo solicita que se declare la nulidad parcial del Acuerdo 33 de 2001, en su capítulo XVI, artículo (sic)41 y 42, expedido por el Concejo Municipal de Popayán - Cauca.

(...).

1.2. Normas violadas y concepto de la violación

Invoca como normas violadas los artículos 4º, 150 #12, 313 #4 y 338 de la Constitución Política; inciso 2º del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo y la Ley 1333 de 1986.

Explica que una corporación territorial podría pronunciarse respecto al establecimiento de tributos, siempre y cuando existiera una ley que se lo autorizara, so pena de que el acto administrativo que para tal efecto se expidiera, se viciara de nulidad por falta de competencia.

Para el caso demandado, indicó que no existe en el ordenamiento jurídico colombiano una ley que fije las pautas necesarias para que los concejos municipales puedan decretar el impuesto al alumbrado público.

(...).

II. Consideraciones del tribunal

(...).

El establecimiento de los elementos objetivos del impuesto al alumbrado público por parte de entidades territoriales ha sido objeto de pronunciamiento del Consejo de Estado, en algunos de los cuales ha sostenido la incompetencia de las entidades territoriales para ello, y en otros, que responden a la tesis actual de la corporación, ha proclamado la autorización constitucional a los concejos municipales para ello.

(...).

Contrario a lo sostenido por el demandante, esto es, que la entidad territorial no podía pronunciarse sobre el impuesto de alumbrado público, la jurisprudencia contencioso administrativa, con apoyo de la jurisprudencia constitucional, ha decantado que las entidades territoriales están constitucionalmente autorizadas para señalar los elementos objetivos del impuesto.

En especial, se ha señalado que en virtud de las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, las entidades territoriales pueden determinar los elementos del impuesto sobre el servicio de alumbrado público.

En ese sentido, encuentra la Sala que el Acuerdo 33 de 2001, proferido por el Concejo Municipal de Popayán, simplemente en los artículos 41 y 42 fija la tarifa del impuesto y la forma como se determinará su incremento mensual.

Así las cosas, deberán negarse las pretensiones de la demanda, en tanto que el impuesto ha sido creado por la ley, y la entidad territorial simplemente ha procedido a determinar algunos de los elementos del tributo, tal como ha sido autorizada por la Constitución en sus artículos 313.4 y 338.

(...).

FALLA:

1. NO DECLARAR la nulidad del acto demandado, de acuerdo a las consideraciones del presente fallo”.

Por su parte, en el sub examine, el señor Diego Fernando Medina Capote, demandó los artículos 41 y 42 del Acuerdo 33 de 2001, e invocó como violados los artículos 4º, 150-12, 300-4, 313 y 338 de la Constitución Política, y 84 inciso 2º del Código Contencioso Administrativo.

Así mismo, la causa petendi o los motivos que sustentan la solicitud de nulidad, se concretaron en alegar que el Concejo Municipal de Popayán no tiene competencia para establecer los elementos del impuesto de alumbrado público, porque la Ley 97 de 1913 no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución Política.

Como se observa, las pretensiones, las normas violadas y el concepto de la violación alegados en el proceso 2009-138, coinciden con los expuestos en la presente acción de simple nulidad.

Así las cosas, la sentencia del 26 de octubre de 2010, que decidió no acceder a la nulidad de los artículos 41 y 42 del Acuerdo 33 de 2001, surte efectos de cosa juzgada en el presente proceso, en razón a que la consideraciones que efectuó esa providencia, analizaron de manera completa, sobre la causa petendi aducida por el actor.

En consecuencia, la Sala no emitirá un pronunciamiento de fondo sobre la pretensión de nulidad de las citadas normas, por lo que habrá de estarse a lo resuelto en la sentencia mencionada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE el numeral 1º de la sentencia del 24 de septiembre de 2009 dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca. En su lugar,

“1. DECLÁRASE probada de oficio la excepción de cosa juzgada de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, estese a lo resuelto en la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca del 26 de octubre de 2010, M.P. Hilda Calvache Rojas, Expediente 2009-138, en cuanto a la legalidad de los artículos 41 y 42 del Acuerdo 33 de 2001”.

2. CONFÍRMASE el numeral segundo de la sentencia apelada

3. RECONÓCESE personería jurídica para actuar en nombre de la entidad demandada al doctor Ariel Fernando Velasco Martínez, de conformidad con el poder que obra al folio 142 del expediente.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(1) Folios 131-139, c. p.

(2) Folios 133-138.

(3) Folio 139, c. p.