Sentencia 2008-00374/3096-13 de mayo 6 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Rad.: 13001-23-31-000-2008-00374-01 (3096-13)

Actor: Arnold Benjamín Pacheco Muñoz

Demandado: ESE Hospital San Pablo de Cartagena

Grado jurisdiccional de consulta

Bogotá, D.C., seis de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Se trata de establecer la legalidad de la Resolución 37 de mayo 6 de 2008, expedida por el gerente liquidador de la ESE Hospital San Pablo de Cartagena mediante la cual se revocó la Resolución 22 de marzo 28 de 2008 que reconoció y ordenó el pago de una deuda laboral, cesantías, prestaciones sociales e indemnización al señor Arnold Benjamín Pacheco Muñoz, por concepto de la supresión de su cargo.

De conformidad con lo probado en el expediente se puede establecer que mediante Decreto 711 de diciembre 20 de 2007 se ordenó la supresión y liquidación de la ESE Hospital San Pablo de Cartagena(1) y por ende, se dispuso la supresión de los empleos que hacían parte de su planta de personal mediante Decreto 95 de febrero 6 de 2008(2).

En el parágrafo del artículo 1º del Decreto 95 citado, se determinó que los empleados públicos inscritos en carrera administrativa a quienes se les suprimiera el empleo podrían elegir entre ser reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir indemnización en los términos del Decreto 909 de 2004; así mismo, en el parágrafo 1º del artículo 3º se determinó que los empleos que estuvieren ocupados por personal que tenía causado derecho a pensión de vejez, se mantendrían transitoriamente en la planta de personal hasta que se reconociera la prestación respectiva.

Mediante comunicación de febrero 8 de 2008(3) suscrita por el gerente liquidador de la ESE Hospital San Pablo de Cartagena y dirigida al demandante, se le informó que su empleo había sido suprimido en virtud de los actos anteriores y no era posible su incorporación dada la supresión de la entidad; sin embargo, por ser empleado de carrera, podía optar por ser reincorporado en un empleo igual o equivalente o a recibir la indemnización de conformidad con la ley.

El demandante guardó silencio frente a la comunicación anterior, motivo por el cual el liquidador de la ESE profirió la Resolución 22 de marzo 28 de 2008(4) mediante la cual reconocieron a su favor unas sumas por concepto de indemnización, deuda laboral, prestaciones sociales y cesantías, dicho acto administrativo fue notificado al demandante en forma personal 28 de marzo de 2008, según consta en la documental de folio 34.

No obstante, mediante Resolución 37 de mayo 6 de 2008 el Liquidador de la ESE San Pablo de Cartagena decidió revocar la resolución anterior, con fundamento en que mediante Resolución 2855 de abril 17 de 2006 proferida por Cajanal EICE se reconoció pensión de vejez a su favor, motivo por el cual al tenor de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 711 de enero 20 de 2007 tiene derecho a permanecer en nómina hasta cuando se reconozca su mesada pensional.

Con la decisión de la administración se pretendía afectar una situación jurídica de carácter particular y concreto reconocida a favor del demandante mediante Resolución 22 de marzo 28 de 2008; por lo tanto, debió atender las previsiones del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo que exige:

“Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica particular y concreta o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular”.

Si bien es cierto la administración sustenta su decisión en lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 711 de diciembre 20 de 2007, según el cual se respetarían los derechos adquiridos al personal que cumpla los requisitos legales para acceder a la pensión, a quienes se les permitiría permanecer en la planta transitoria hasta que se hiciera la inclusión en nómina de pensionados, también lo es que tal decisión se debió someter al procedimiento y exigencias previstas en los artículos 73, 74 del Código Contencioso Administrativo, obteniendo el consentimiento expreso y escrito del titular del derecho y adelantar una actuación administrativa en los términos del artículo 28 y concordantes ídem para revocar directamente el acto o acudir a la jurisdicción contenciosa para que dirimiera el conflicto.

Sin embargo, como verificada la actuación de la administración se observa que con antelación a la decisión acusada no se solicitó el consentimiento escrito y expreso del titular de los derechos que se pretendían afectar constituidos en la Resolución 22 de marzo 28 de 2008, fuerza concluir que el acto administrativo de revocación incurrió en violación de la ley y expedición irregular, razón por la cual ha de confirmarse la sentencia de primera instancia que dispuso su anulación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de dieciocho (18) de abril de dos mil trece (2013) proferida por la Sala Especial de Descongestión 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar, en el proceso promovido por Arnold Benjamín Pacheco Muñoz contra la ESE Hospital San Pablo de Cartagena en liquidación - Nación - Ministerio de la Protección Social y el departamento de Bolívar Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Según se desprende de las consideraciones del Decreto 95 de febrero 6 de 2008.

(2) Folios 21 a 24.

(3) Folio 25.

(4) Folios 33 a 35.