Sentencia 2008-00374 de junio 28 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Ref.: Expediente 11001031500020080037400

Recurrente: Jaime Rodrigo Vargas Suárez

Asunto: providencia que decide recurso extraordinario especial de revisión (artículo 17 de la Ley 144 de 1994)

Magistrada Ponente (E):

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

Bogotá D.C., veintiocho de junio de dos mil diecisiete.

Se decide el recurso extraordinario especial de revisión contra la Sentencia de la Sala plena del Consejo de Estado del 11 de marzo de 2003, que decretó la pérdida de investidura de congresista al señor Jaime Rodrigo Vargas Suárez.

I. Antecedentes

1. Las pretensiones.

El señor Jaime Rodrigo Vargas Suárez, mediante apoderado judicial, formuló recurso extraordinario especial de revisión contra la sentencia de la Sala plena de esta corporación del 11 de marzo de 2003, que decretó la pérdida de la investidura de congresista. En consecuencia, el recurrente solicitó:

1. Que se infirme la Sentencia de 11 de marzo de 2003, proferida por esa Sala, por violación de las causales de falta del debido proceso y de violación del debido proceso de defensa, consagradas en los literales a) y b) del artículo 17 de la Ley 144 de 1994.

2. Que esa Sala, actuando como tribunal de instancia, y como consecuencia de la ordenación anterior, deniegue la solicitud de pérdida de investidura de congresista del doctor Jaime Rodrigo Vargas Suárez, incoada por el señor Armando José Peralta Verbel en el proceso número 1100103150002002051901.

3. Que se comunique la sentencia al señor presidente del Senado de la República, al señor Procurador General de la Nación y al señor Presidente del Consejo Nacional Electoral.

4. Que se ejecute la sentencia en la forma señalada en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo (fls. 1-2).

2. Los hechos.

Del recurso, la Sala destaca los siguientes hechos:

2.1. Que el señor Jaime Rodrigo Vargas Suárez ejerció como senador de la República, durante el periodo 1998-2002, e integró la comisión sexta permanente constitucional, que, entre otros, conoce los asuntos relacionados con la televisión y las comunicaciones.

Que, el 12 de junio de 2002, el señor Armando José Peralta Verbel presentó demanda de pérdida de investidura de congresista contra Jaime Rodrigo Vargas Suárez, porque habría incurrido en conflicto de intereses. El señor Peralta Verbel, en concreto, alegó que, en su momento, el señor Vargas Suárez participó en la discusión y aprobación del proyecto que se convirtió en la Ley 680 de 2001(1), a pesar de tener vínculos con el sector de telecomunicaciones. Que, de hecho, participó en la negociación de bienes y sistemas de televisión por suscripción, asuntos que interesaban directamente a la sociedad Televista Comunicaciones S.A., empresa de la que su hija fue gerente.

2.2. Que, luego de valorar las distintas pruebas solicitadas por la parte demandante, la parte demandada y el Ministerio Público, la Sala plena del Consejo de Estado, mediante Sentencia del 11 de marzo de 2003, decretó la pérdida de investidura de congresista de Jaime Rodrigo Vargas Suárez, por haber incurrido en conflicto de intereses.

3. La sentencia recurrida.

Los argumentos expuestos por la Sala plena en la sentencia que decretó la pérdida investidura de Jaime Rodrigo Vargas Suárez, se resumen así:

3.1. Que la Ley 680 de 2001 contiene regulaciones específicas para el sector de telecomunicaciones, circunstancia indicativa de que el señor Vargas Suárez tenía interés en la discusión y aprobación del proyecto que culminó con esa ley, pues, en su momento, estuvo vinculado al negocio de la televisión por suscripción de la Costa Atlántica, al punto que quedó probado que realizó gestiones para que Satelcaribe S.A. y Cablevista S.A. adquirieran los equipos pertenecientes a operadores informales de televisión.

Que, de hecho, la hija del señor Vargas Suárez fue gerente de la empresa Televista Telecomunicaciones S.A., sociedad que es controlada por las sociedades Satelcaribe S.A. y Cablevista S.A., y eso probaba el interés que le asistía en la discusión y aprobación de la regulación sobre la televisión.

3.2. Que, siendo así, Jaime Rodrigo Vargas Suárez debió manifestar el impedimento para participar en la discusión y aprobación del proyecto que culminó con la expedición de la Ley 680, en especial, para participar de la sesión en la que se abordó el estudio del informe de la comisión conciliadora del proyecto que culminó con la expedición de esa ley, habida cuenta de “sus entrañables nexos personales y familiares con el tema tratado”. La sentencia recurrida explicó:

(…) no puede afirmarse que todos los congresistas tengan el mismo interés en la disposición que autoriza la inversión extranjera en sociedades concesionarias de televisión (artículo 1º de la Ley 680 de 2001) o la que autoriza la conformación o fusión de consorcios para la utilización de espacios de canales de televisión; o la reestructuración de contratos con operadores privados (art. 6º); o la que autoriza a la Comisión Nacional de Televisión la revisión de contratos en materia de rebajas de tarifas, forma de pago y adición de plazos, en el propósito de ayudar a los concesionarios en la difícil situación económica por la que atravesaban como consecuencia de la aguda crisis que afecta el país.

De ahí que como las disposiciones de la Ley 680 de 2001 no contienen regulaciones frente a las cuales todos los congresistas estaban en pie de igualdad y, en vista de que las mismas no envuelven un interés general que excluya la situación de conflicto, en casos como este, donde el propio congresista dio muestras de estar dedicado al negocio de la comercialización de los servicios de televisión por suscripción, lo cual se deduce de las gestiones que a título personal realizó en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de que dan cuenta las declaraciones recepcionadas y de los nexos que tiene una hija suya con la empresa que maneja el negocio, era menester que aquél manifestara su impedimento para intervenir en los debates y votaciones relacionados con el trámite de proyectos de ley referidos a esa materia. Así lo entendió el Congreso cuando aceptó el impedimento expresado por un senador argumentando que su familia tenía vínculos con una empresa concesionaria de televisión por cable. (fls. 578 y 579).

3.3. Que, en efecto, el señor Jaime Rodrigo Vargas Suárez sí participó en la sesión en la que se discutió el informe de la comisión conciliadora del proyecto que culminó con la promulgación de la Ley 680 de 2001. Que si bien el congresista no participó en la discusión y votación del proyecto anterior “al del informe de la comisión conciliadora del proyecto de ley que se convirtió en la Ley 680”, lo cierto es que contestó el llamado a lista y en las actas no se dejó constancia de que se retirara ni que manifestara impedimento. En la sentencia se lee lo siguiente:

Probado como se halla que el entonces senador contestó el llamado a lista, circunstancia indicativa de que se proponía participar en la sesión respectiva, el que haya abandonado el recinto en algún momento no indica categóricamente que no hubiese podido regresar y no se expusieron razones para justificar esa nueva ausencia.

Frente a situaciones como la aquí examinada, la carga de la prueba recae sobre el demandado, quien debió demostrar que no votó por haberse retirado antes del debate o votación (fl. 589).

Además, participó igualmente en los debates del respectivo proyecto de ley, según se desprende del acta Nº 11 del 18 de octubre de 2000, y de las actas Nº 8 del 10 de octubre de 2000 y 9 del 11 de octubre de 2000. A estas últimas acudió la Sala plena al hacer parte del proceso de formación de la ley y por ser de conocimiento público, al punto que podían considerarse hechos notorios, que están exentos de prueba.

3.4. De modo que la sentencia recurrida concluyó que el señor Vargas Suárez sí participó activamente en el debate, tal y como se dejó constancia al momento de sus intervenciones. Que la participación del señor Vargas Suárez indicaba que incurrió en conflicto de intereses, toda vez que contribuyó a integrar el “quórum para aprobar el informe de la comisión de conciliación por no haber demostrado que se retiró del recinto antes de la votación y (por haber) participado activamente en los debates que se dieron en el seno de la comisión sexta constitucional permanente del Senado”.

Más adelante, después de trascribir apartes de las actas que dan cuenta de la participación activa del congresista en el proceso legislativo que terminó con la expedición de Ley 680, la Sala plena explicó:

Lo que ha quedado transcrito pone de manifiesto que el demandado sí participó activamente en el trámite del proyecto que se convirtió activamente en Ley 680 de 2001, pues en el seno de la comisión sexta permanente constitucional, donde tuvo origen, debatió ampliamente sobre las ventajas que implicaría establecer un 50% de participación para la inversión extranjera, a manera de estímulo, pues el sugerido (51%) no era llamativo para tal efecto; así mismo, recabó en la necesidad de revisar los contratos con miras a rebajar las tarifas de la concesión y obtener prórrogas de los mismos, aspectos estos que, por demás, fueron los señalados por el demandante como beneficiosos para los intereses del demandado y que según el texto del Acuerdo 003 de 13 de noviembre de 2001, publicado en el Diario Oficial 44.629 de 28 de noviembre de 2001, fueron recogidos por la Comisión Nacional de Televisión.

(…)

Finalmente, es del caso destacar que con su sola intervención en los debates, de la forma en que quedó evidenciado, el demandado dejó ver en qué consiste el provecho que le reportaría a las empresas que representó, actuando inclusive como dueño de las mismas, cuando negoció la adquisición de los equipos pertenecientes a los distintos operadores informales del sistema de televisión por suscripción en la Costa Norte, y afrontó los compromisos consiguientes, pues la inversión extranjera, la revisión de los contratos en cuanto a rebaja de tarifas, plazos, etc., obviamente beneficia a los concesionarios y, por ende, a quien tiene el mandato comercial con representación de los mismos, empresa gerenciada por su hija, máxime si, como quedó visto, precisamente el propósito perseguido por la ley fue ayudar a los concesionarios, sacarlos de la crisis económica en la que se encontraban, y, justamente, los aspectos antes anotados, que el mismo demandado defendió con ahínco, apuntan a tal finalidad (fls. 601 y 602).

4. Argumentos del recurso extraordinario especial de revisión.

El 22 de abril de 2008, el señor Jaime Rodrigo Vargas Suárez, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 17 de la Ley 144 de 1994, alegó que la Sentencia del 11 de marzo de 2003 vulneró el debido proceso, en especial, las garantías de defensa y contradicción.

El recurrente expuso, en resumen, lo siguiente:

4.1. Que la decisión de decretar la pérdida de investidura se basó en documentos públicos que no fueron allegados regular y oportunamente al proceso de pérdida de investidura. Que, en efecto, la Sala plena valoró las actas 8 del 10 de octubre de 2000 (publicada en la Gaceta del Congreso Nº 104 de 4 de abril de 2001) y 9 del 11 de octubre de 2000 (publicada en la Gaceta del Congreso Nº 54 del 27 de febrero de 2001)(2), documentos que el señor Jaime Rodrigo Vargas Suárez no tuvo oportunidad de conocer y controvertir en el proceso judicial.

4.2. Que, además, la sentencia objeto del recurso aplicó indebidamente el artículo 9º del Código Civil, porque la presunción que esa norma consagra se refiere exclusivamente a la ley, mas no a sus antecedentes, que constituyen la historia fidedigna y sirven como criterio hermenéutico, conforme con el artículo 27 ibídem.

4.3. Que la sentencia recurrida concluyó de manera equivocada que se trataba de hechos notorios, a pesar de que los antecedentes de la ley no tienen la misma divulgación que la ley, pues mientras la ley se publica en el Diario Oficial, las actas se divulgan en la Gaceta del Congreso, cuya circulación es restringida.

4.4. Según Jaime Rodrigo Vargas Suárez, la Sala plena debió valorar únicamente las pruebas del proceso de pérdida de investidura, en especial, las aportadas con la contestación a la demanda, que demostraban que no participó en la discusión y aprobación del proyecto que culminó en la promulgación de la Ley 680 de 2001. Que, de hecho, la sentencia recurrida aludió a que cierta duda rodeaba la participación en la discusión previa a esa ley y, por tanto, según el recurrente, como se trata de un proceso eminentemente sancionatorio, esa duda debió resolverse en favor del congresista demandado, en virtud del principio de indubio pro reo:

Los razonamientos antes anotados de la sentencia ponen en evidencia que no existe claridad o certeza de si intervino o no el senador Vargas en la votación del acta de conciliación. Ello equivale a afirmar que es imposible dilucidar la duda de la presencia o ausencia del mismo y como lo sostiene la señora agente del Ministerio Público siendo el proceso de pérdida de investidura de naturaleza sancionatoria “es dable aplicar la garantía del in dubio pro reo, que en esta materia ha de denominarse in dubio pro disciplinado, que es la expresión de la presunción de inocencia que garantiza el artículo 29 de la Constitución Política.

Debe, pues, esa honorable Sala, en salvaguarda del debido proceso y del derecho de defensa, acceder al recurso extraordinario especial de revisión interpuesto, con fundamento en el artículo 17 de la Ley 144 de 1994, y proceder a infirmar la sentencia recurrida y, como consecuencia de ello, actuar como juez de instancia, y proceder a denegar la solicitud de pérdida de investidura de congresista del doctor Jaime Rodrigo Vargas Suárez, de acuerdo con el petitum del presente recurso. Así se impartirá justicia material, se hará demostración de imparcialidad y se restablecerán los derechos del recurrente(3).

5. Intervención del demandante en el proceso de pérdida de investidura.

El señor Armando José Peralta Verbel, demandante en el proceso de pérdida de investidura originario, no pudo ser notificado en el trámite del recurso extraordinario especial de revisión. Por tanto, previo emplazamiento(4), el despacho sustanciador le designó curador ad litem(5), quien intervino y se opuso a las pretensiones del recurso extraordinario de revisión(6).

6. Concepto del Ministerio Público.

El señor agente del Ministerio Público pidió que no se accediera al recurso extraordinario de revisión, por las razones que la Sala resume enseguida(7):

Que, por mandado de la Ley 5ª de 1992, se debe levantar actas de todo lo sucedido en las sesiones del Senado, la Cámara de Representantes y las respectivas comisiones, para dejar constancia de las intervenciones, las decisiones que se tomen, las razones de la excusa de la inasistencia o impedimento invocada por los congresistas.

Que, conforme con los artículos 11, 35, 36, 46, 47 y 89 de la Ley 5ª de 1992, los presidentes de las cámaras legislativas tienen el deber de suscribir dichas actas y a las secretarías respectivas les corresponde publicarlas en la gaceta, que es el medio de publicidad oficial escrito del Congreso de la República.

Que las actas consagran el testimonio escrito de todo lo que ocurre en las sesiones, de modo que son inherentes al establecimiento de la ley, en cuanto contienen el registro e historia tanto de los motivos como de las decisiones tomadas en la formación de la ley.

Respecto de los argumentos del recurso extraordinario especial de revisión, el Ministerio Público sostuvo que debe tenerse en cuenta que el congresista es partícipe de la elaboración de la ley y que precisamente las actas tienen origen en su labor como legislador, razón por la cual no podría afirmarse que como no fueron aportadas no tuvo oportunidad de conocerlas.

Que, en efecto, las actas reflejan los antecedentes de la ley y, por tanto, no se les puede otorgar el tratamiento de prueba, como si fueran ajenas a la ley misma. Que el hecho de que no se hubieran aportado al proceso de pérdida de investidura no significa que no pudieran tenerse en cuenta para efectos de indagar sobre la actividad de los congresistas intervinientes.

Que es innegable que las actas son documentos conocidos por el congresista, pues registran fielmente la labor que cumple.

A juicio del Ministerio Público, aunque resulta válido que la sentencia recurrida se hubiera apoyado en las actas del Congreso, no sobra advertir que lo hizo para constatar las intervenciones del congresista demandado a que hizo referencia el presidente de la comisión sexta del Senado.

Que la realidad es que la ocurrencia del hecho que dio lugar a la pérdida de investidura, no quedaba sujeta a que las actas se aportaran al proceso, cuando su conocimiento era evidente para efectos del debido proceso del demandado.

Que no resultaría lógico que se acuda a los antecedentes para interpretar la ley, pero que no se pueda hacerlo para determinar la participación de un congresista en el trámite de formación de la ley.

Que condicionar a que se aporten las actas como prueba, equivale a afirmar que no se aportaron en las etapas del proceso y eso impediría probar la ocurrencia del hecho consignado en tales actas.

Por último, el Ministerio Público dijo que las actas 8 y 9 del 10 y 11 de octubre de 2000, publicas en las gacetas del Congreso 104 y 54 del 4 de abril y del 27 de febrero de 2001, respectivamente, en que se sustentó la sentencia recurrida, no vulneró el debido proceso del congresista, pues la publicación en la gaceta permite darles la misma notoriedad que a la ley, por ser la historia fidedigna de la misma.

II. Consideraciones

1. Competencia.

Conforme con el artículo 97 del Decreto 01 de 1984(8) (norma aplicable(9)), la Sala plena de lo contencioso administrativo es competente para decidir el recurso extraordinario especial de revisión promovido por el señor Jaime Rodrigo Vargas Suárez contra la Sentencia de la Sala plena de esta corporación del 11 de marzo de 2003, que decretó la pérdida de su investidura como congresista.

2. Oportunidad del recurso.

2.1. En general, los términos de caducidad de las acciones o los plazos para ejercer determinado recurso judicial buscan salvaguardar la seguridad jurídica y garantizar la efectividad de los derechos de las partes en contienda, en tanto debe existir siempre un momento definitivo para que se consoliden las situaciones jurídicas.

Los términos de caducidad u oportunidades para ejercer un recurso no son plazos establecidos de manera caprichosa por el legislador con el ánimo de limitar el derecho de acceso a la administración de justicia, sino que se fijan como un límite temporal, cuyo objeto es generar seguridad y confianza en las diferentes relaciones jurídicas.

Ahora, es cierto que la caducidad u oportunidad para demandar (que es un presupuesto procesal de la acción) debe examinarse por el juez al momento de decidir sobre la admisibilidad de la demanda. De advertirse que la demanda o el recurso, según sea el caso, se presentó por fuera del término legal, es obvio que sobrevenga el rechazo de plano, pues sería contrario a los principios de seguridad jurídica y de economía procesal que el juez tramite y decida de fondo la demanda que no se formuló oportunamente.

Con todo, en cualquier momento, y con mayor razón en la sentencia, el juez tiene competencia para revisar la oportunidad de la acción o recurso, pues los plazos para acudir ante el juez están previstos en normas procesales que son de orden público, cuya característica principal es que son obligatorias y de inmediato cumplimiento.

Desde luego, si se advierte que la acción judicial o recurso se presentó fuera del plazo legal no hay lugar a emitir decisión de fondo, así la demanda se hubiera previamente admitido y se hubieran surtido las etapas procesales que preceden a la sentencia.

2.2. El recurso extraordinario especial de revisión es un medio de impugnación excepcional contra la sentencia de la Sala plena del Consejo de Estado que decreta la pérdida de investidura de congresistas.

Se trata de un nuevo proceso que está sujeto a reglas especiales para su procedencia, al punto que exige la presentación de una nueva demanda(10) y de la presentación de un poder especial para tal propósito. En sentido similar, pero refiriéndose al recurso extraordinario de revisión tradicional, la Sala plena de la corporación ha explicado que ese recurso no es una instancia adicional del proceso originario, sino que se trata de un nuevo proceso, que está sujeto a un procedimiento diferente(11).

2.3. El artículo 17 de la Ley 144 de 1994(12) prevé que el recurso extraordinario especial de revisión deberá presentarse dentro de los cinco años siguientes a la ejecutoria de la sentencia de la Sala plena del Consejo de Estado que decreta la pérdida de investidura de congresista.

En el sub lite, la Sala advierte que el recurso extraordinario especial de revisión presentado por Jaime Rodrigo Vargas Suárez se presentó por fuera del plazo previsto en el artículo 17 de la Ley 144 de 1994, por las razones que se exponen a continuación:

• La sentencia recurrida, dictada el 11 de marzo de 2003 por la Sala plena de la corporación (fls. 509-606 del expediente de pérdida de investidura), se notificó por edicto desfijado el 31 de marzo de 2003 (fl. 618 ib.) y cobró ejecutoria el tres de abril de 2003(13), en los términos del artículo 331 del Código de Procedimiento Civil(14) (que era la norma vigente al momento de la sentencia).

• El plazo de 5 años para promover el recurso extraordinario especial de revisión empezó a correr el cuatro de abril siguiente y vencía el 4 de abril de 2008(15) (16).

• El 22 de abril de 2008, el apoderado judicial del señor Jaime Rodrigo Vargas Suárez presentó el recurso extraordinario especial de revisión (fl. 1 del recurso).

• El 15 de mayo de 2008, el apoderado judicial del señor Vargas Suárez solicitó que se admitiera la demanda del recurso extraordinario especial de revisión, previo el reconocimiento de la interrupción de los términos procesales durante los días comprendidos entre el 26 de marzo y el 21 de abril de 2008, por enfermedad grave. Para respaldar la solicitud, aportó incapacidad médica (fls. 132-138 del recurso).

• El 24 de mayo de 2008, pasó al despacho sustanciador memorial suscrito por el apoderado del recurrente, complementando la solicitud de interrupción de términos procesales, por enfermad grave, en el cual informó que, de acuerdo con el artículo 168-2 del Código de Procedimiento Civil(17), esta corporación ha aceptado la interrupción en el recurso extraordinario de súplica. Para el efecto, aportó las providencias del 25 de marzo de 2004, proferida por la sección segunda, en el expediente 25000232500019980160301(18), y del 9 de agosto de 2004, dictada por la Sala plena, en el expediente S-2004-00627(19) (fls. 140-170 del recurso).

• Por auto del 11 de junio de 2008, al decidir sobre la admisión, el despacho sustanciador concluyó que el recurso extraordinario especial de revisión se presentó oportunamente, a partir del siguiente análisis (fls. 171-173 del recurso):

3. Que (el recurso) se presente en tiempo. Respecto al cumplimiento de este requisito se observa lo siguiente:

a) Si bien el recurso en estudio se interpuso con posterioridad a la fecha límite para su presentación, por cuanto ésta vencía el 3 de abril de 2008, obra dentro del expediente solicitud de interrupción del proceso, en virtud de la enfermedad grave del apoderado judicial del demandante, la cual se encuentra debidamente probada y certificada a folio 138 del expediente.

b) Por consiguiente, y dada la configuración del numeral 2º del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, como causal de interrupción del proceso, y no siendo necesario otorgar un nuevo término para la interposición del recurso extraordinario especial de revisión, toda vez que éste ya obra en el expediente, se dispone que el recurso fue presentado en tiempo.

A pesar de lo concluido por el despacho sustanciador, la Sala observa que el recurso extraordinario especial de revisión se promovió por fuera del término de 5 años a que alude el artículo 17 de la Ley 144 de 1994, pues dicho término corrió entre el 4 de abril de 2003 y el 4 de abril de 2008, pero la demanda se presentó el 22 de abril de 2008.

Como el recurso no se ejerció en el plazo previsto por la ley, la parte recurrente perdió el derecho de cuestionar la sentencia de la Sala plena que decretó la pérdida de investidura.

Lo anterior impone que en esta providencia la Sala plena declare la caducidad del recurso extraordinario especial de revisión presentado por el señor Jaime Rodrigo Vargas Suárez contra la Sentencia de la Sala plena de esta corporación del 11 de marzo de 2003, que decretó la pérdida de su investidura como congresista.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala plena de lo contencioso administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

1. Declárase la caducidad del recurso extraordinario especial de revisión formulado por el señor Jaime Rodrigo Vargas Suárez contra la Sentencia de 11 de marzo de 2003, que decretó la pérdida de la investidura de congresista.

2. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de pérdida de investidura enviado en calidad de préstamo. Luego, archívese este expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Se deja constancia de que la providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Magistrados: Jorge Octavio Ramírez Ramírez—Hernán Andrade Rincón—Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez—Stella Conto Díaz del Castillo—María Elizabeth García González—Sandra Lisset Ibarra Vélez—César Palomino Cortés—Carmelo Perdomo Cuéter—Danilo Rojas Betancourth—Hernando Sánchez Sánchez—Roberto Augusto Serrato Valdés—Gabriel Valbuena Hernández—Carlos Alberto Zambrano Barrera—Rocío Araújo Oñate—Stella Jeannette Carvajal Basto—Milton Chaves García—William Hernández Gómez—Carlos Enrique Moreno Rubio—Ramiro Pazos Guerrero—Jaime Enrique Rodríguez Navas—Guillermo Sánchez Luque—Jaime Orlando Santofimio Gamboa—Rafael Suárez Vargas—Marta Nubia Velásquez Rico—Alberto Yepes Barreiro. 

(1) Corresponde a los proyectos de ley acumulados 34 y 38 de 2000 del Senado de la República. La Ley 680 de 2001 dictó, entre otras, disposiciones relacionadas con la televisión.

(2) Esas actas están relacionadas con la sesión aprobatoria del acta de conciliación de la Ley 680 de 2001.

(3) Folio 17 del recurso extraordinario.

(4) Folios 176 a 227 del recurso.

(5) Folio 229 ib.

(6) Folios 239-242 ib.

(7) Folios 261-264 ib.

(8) ART. 97.—De la Sala de lo contencioso administrativo. La Sala de lo contencioso administrativo se dividirá en cinco secciones, cada una de las cuales con la integración que se indica a continuación:
(…)
La Sala plena de lo contencioso administrativo tendrá las siguientes funciones especiales:
(…)
10. Del recurso extraordinario de revisión en los casos de pérdida de investidura de los congresistas. En estos casos, los consejeros que participaron en la decisión impugnada no serán recusables ni podrán declararse impedidos por ese solo hecho.

(9) El recurso extraordinario especial de revisión se presentó el 22 de abril de 2008, esto es, en vigencia del Decreto 01 de 1984.

(10) La Ley 144 de 1994 no establece los requisitos de la demanda del recurso extraordinario especial de revisión. Por tanto, se debe acudir a los requisitos previstos en el artículo 189 del CCA para el recurso extraordinario de revisión. En la actualidad, los requisitos del recurso extraordinario de revisión están señalados en el artículo 252 del CPACA.

(11) Ver providencia del 12 de marzo de 2014, Exp. 110010315000201302110 00. M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

(12) ART. 17.—Recurso extraordinario especial de revisión. Son susceptibles del recurso extraordinario especial de revisión, interpuesto dentro de los cinco (5) años siguientes a su ejecutoria las sentencias mediante las cuales haya sido levantada la investidura de un parlamentario, por las causales establecidas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, y por las siguientes:
a) Falta del debido proceso;
b) Violación del derecho de defensa;
c) <Literal INEXEQUIBLE>

(13) Calendario año 2003

1
1
 

(14) ART. 331.—Ejecutoria. Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva.
(…).

(15) Calendario año 2008

2

 

(16) Sobre los plazos en días, meses y años, ver los artículos 59-62 del Código de Régimen Político y Municipal.

(17) ART. 168.—Causales de interrupción. El proceso o la actuación posterior a la sentencia se interrumpirá:
(…)
2. Por muerte o enfermedad grave del apoderado judicial de alguna de las partes, o por exclusión del ejercicio de la profesión de abogado o suspensión en él.
(…).

(18) Demandante: José Ramiro Charry Espinosa. Dicha providencia aceptó la interrupción del proceso, por enfermedad grave del apoderado del demandante y concedió el recurso extraordinario de súplica.

(19) En esa providencia se admitió el recurso extraordinario de súplica presentado por José Ramiro Charry Espinosa.

ACLARACIÓN DE VOTO

Guillermo Sánchez Luque 

Aunque comparto la decisión que se adoptó en la providencia del 28 de junio de 2017, el fallo ha debido invocar el artículo 164 del CCA, que prevé que la sentencia definitiva decidirá sobre cualquier excepción que se encuentre probada.