SENTENCIA 2008-00404/45502 DE DICIEMBRE 7 DE 2016

 

Sentencia 2008-00404 de diciembre 7 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Radicación: 54001-23-31-000-2008-00404-01(45502)

Actor: Tivisay Peña Delgado y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Referencia: Apelación sentencia - Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., siete de diciembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2) la competencia de la Sala; 3) el ejercicio oportuno de la acción; 4) los parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad; 5) las pruebas recaudadas en el proceso y su respectivo valor probatorio; 6) el caso concreto: la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad del señor Alejandro Gómez Pérez; 7) la transmisibilidad del derecho de acción para los sucesores del señor Alejandro Gómez Pérez; 8) el estudio de las pretensiones indemnizatorias y 9) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor Alejandro Gómez Pérez, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, por lo que ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

Así las cosas, dado que en relación con los hechos materia del presente asunto existe una jurisprudencia consolidada y reiterada de esta corporación, la Subsección procederá a decidir este proceso de manera anticipada(9), con el fin de reiterar su jurisprudencia.

2. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida el 26 de abril de 2012, por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, comoquiera que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia sin consideración a la cuantía del proceso(10).

3. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, a la omisión, a la operación administrativa y a la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(11).

En el presente caso, se observa que a demanda se originó en los perjuicios que habrían sufrido los demandantes, con ocasión de la privación de la libertad de la que fue víctima el señor Alejandro Gómez Pérez dentro de un proceso penal adelantado en su contra, el cual se resolvió, en primera instancia, a favor del demandante, mediante proveído de 30 de junio de 2006, proferido por el Juzgado Primero Penal Especializado de Cúcuta; posteriormente, contra la referida decisión se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante decisión de 10 de octubre de 2007, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en el sentido de confirmar la providencia impugnada.

Contra la providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta se interpuso recurso extraordinario de casación, el cual fue resuelto a través de sentencia calendada el 8 de junio de 2008, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de no casar la sentencia de segunda instancia.

Respecto del cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa en situaciones similares a la acaecida en el asunto sub examine, esta Subsección ha considerado lo siguiente:

“Ahora bien, para los efectos del conteo del término de caducidad en el caso particular, debe destacarse que la Fiscalía General de la Nación acudió en casación en contra del fallo absolutorio proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, circunstancia que implicó para la parte actora una ausencia de certeza sobre dicha absolución, habida cuenta de los alcances del recurso de casación frente al fallo de segundo grado, en tanto podía revocarse la providencia favorable a sus intereses, de manera que solo con la inadmisión de la demanda por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la mencionada sentencia vino a constituirse como una cosa juzgada.

“En vista de lo anterior, la Sala tomará la ejecutoria de la providencia que dispuso la inadmisión de la demanda de casación como referente para contabilizar el término de caducidad, comoquiera que solo hasta ese momento, la decisión absolutoria se consolidó como cosa juzgada, como quedó en firme el 29 de agosto de 2002, la parte demandante tenía hasta el día 30 de agosto de 2004 para presentar oportunamente su demanda y, como ello se hizo el 14 de mayo de 2004, resulta evidente que la acción se ejercitó dentro del término previsto para ello”(12) (Destacado de la Sala).

Con fundamento en lo anterior, es dable concluir que la interposición del recurso de casación suspendió la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, hasta tanto se resolvió tal impugnación extraordinaria.

Ahora bien, la Sala evidencia que la Fiscalía General de la Nación sostuvo que el término de caducidad debía contabilizarse desde el fallo de segunda instancia.

Al respecto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en punto de la ejecutoria de las decisiones adoptadas por la jurisdicción ordinaria en materia penal, ha expuesto:

“Según el artículo 197 del Código de Procedimiento Penal que regía para la fecha en que se profirió la acusación en este caso (decreto 2700 de 1991), hoy artículo 187 de la Ley 600 de 2000, las decisiones judiciales quedaban y quedan ejecutoriadas, tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos dentro del término legal o, o si es el caso, una vez se resuelvan las impugnaciones o se surta el grado jurisdiccional de la consulta.

Con base en ese precepto, la jurisprudencia de esta Corte ha venido considerando pacíficamente, tratándose de la sentencia y la acusación, que independientemente de la actitud omisiva de alguna o algunas de las partes, la impugnación de una sola de ellas, difiere la ejecutoria para todos, máxime cuando tales decisiones siempre son apelables en el efecto suspensivo, mecanismo de acuerdo con el cual, por regla general, se detiene su cumplimiento y, obviamente, también se paraliza la competencia del inferior para ejecutarlo hasta cuando se decida lo pertinente por el superior funcional.

El legislador no prevé la posibilidad de ejecutorias parciales o fragmentarias de la resolución acusatoria respecto de los sujetos procesales que no la impugnaron, ni de quienes únicamente interponen el recurso de reposición”(13) (Se destaca).

Revisado el expediente, la Sala encuentra que dentro del proceso penal uno de los procesados presentó recurso extraordinario de casación contra la sentencia de segunda instancia, impugnación que se presentó en vigencia de la Ley 600 de 2000 —Código de Procedimiento Penal.

Así las cosas, la Sala tendrá como fecha de inicio para contabilizar el término de caducidad, el 9 de junio de 2008, fecha en la cual se desató el aludido recurso extraordinario, dado que, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la citada norma, la providencia que decida sobre la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia del mismo, quedará ejecutoriada el día en que sea suscrita por el funcionario correspondiente(14).

Comoquiera que la providencia que resolvió el recurso extraordinario de casación interpuesto contra la sentencia penal proferida en segunda instancia se dictó el 9 de junio de 2008, se impone concluir que la demanda se interpuso dentro de la oportunidad legal prevista, en tanto el libelo demandatorio se presentó 12 de noviembre de 2008.

4. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de jurisprudencia

En punto de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso deberá aplicarse un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada(15) por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo.

Siguiendo ese orden, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(16).

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio in dubio pro reo.

Con esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

5. Las pruebas aportadas al expediente.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron, en debida forma, los siguientes elementos probatorios:

— Resolución del 21 de octubre de 2002, proferida por la Fiscalía Especializada – Unidad de Terrorismo de Cúcuta 51 – 2, por medio de la cual se resolvió la situación jurídica del señor Alejandro Gómez Pérez, en el sentido de imponerle medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, por la supuesta comisión de los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas(17).

— Providencia del 8 de abril de 2003, por medio de la cual la Fiscalía Especializada — Unidad de Terrorismo de Cúcuta 51 – 2, calificó el mérito del sumario y acusó al señor Alejandro Gómez Pérez de los delitos de concierto para delinquir, en concurso con homicidio múltiple agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas(18).

— Resolución del 11 de junio de 2003, mediante la cual la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal del Distrito Judicial de Cúcuta confirmó la resolución a través de la cual se acusó al señor Gómez Pérez(19).

— Providencia fechada el 30 de junio de 2006, por medio de la cual el Juzgado Primero Penal Especializado de Cúcuta absolvió al señor Alejandro Gómez Pérez de los delitos de concierto para delinquir, en concurso con el de homicidio múltiple agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y, como consecuencia, ordenó su libertad provisional bajo caución prendaria(20).

— Proveído de 10 de octubre de 2007, a través del cual el Tribunal Superior del Distrito de Cúcuta – Sala Penal confirmó la sentencia que absolvió de responsabilidad penal al señor Alejandro Gómez Pérez(21).

— Sentencia calendada el 9 de junio de 2008, por medio de la cual la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia – Sala Penal resolvió no casar la decisión proferida el 10 de octubre de 2007, por el Tribunal Superior del Distrito de Cúcuta(22).

6. Caso concreto.

De los documentos relacionados se establece que la Fiscalía Especializada – Unidad de Terrorismo de Cúcuta 51 - 2 profirió resolución de acusación en contra del señor Alejandro Gómez Pérez por la supuesta comisión de los delitos de concierto para delinquir, en concurso con el de homicidio múltiple agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas; no obstante, mediante providencia calendada el 30 de junio de 2006, el Juzgado Primero Penal Especializado de Cúcuta absolvió de los cargos al referido sindicado, con fundamento en las siguientes razones:

“Respecto de Alejandro Gómez Pérez, tenemos que obra en su contra la situación de flagrancia en la que fue capturado en el inmueble ubicado en la avenida 10 con Calle 2AN Cerro Plano, Barrio Sevilla parte alta, donde se halló como se expusiera precedentemente armas, municiones y explosivos y demás elementos como uniformes, brazaletes de uso de los paramilitares, así como el material didáctico y logístico utilizados por los mismos, quien se encontraba en compañía de (...), lo cual constituyó prueba para que se le decretara medida de aseguramiento y resolución de acusación por los delitos de concierto para delinquir por conformación de grupos al margen de la ley, concierto para cometer delitos de homicidio, homicidio múltiple agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares y de defensa personal, sin embargo no existe ninguna otra prueba que lo comprometa.

“Nótese cómo (...) quien terminó, aceptando su participación en las autodefensas, relaciona así fuera por sus motes algunos de los miembros de las autodefensas, pero en ningún momento menciona a Gómez Pérez, quien dicho sea de paso desde su primera salida procesal ha negado su vinculación con las autodefensas, afirmando que se encontraba en la habitación de (...) porque esa noche estuvo de parranda, tomó trago (...), dicho que no ha sido desvirtuado, a contrario sensu se allegaron testimonios de conducta, quienes afirman que el procesado se desempeñaba como celador de los Barrios Santander, San José, Cerro Norte, ni el esposo ni la hermana de (...) lo mencionan en sus declaraciones.

“La presunción de inocencia se concreta en el aforismo indubio pro reo porque ante la imposibilidad para el funcionario judicial de eliminar el estado de escepticismo en el momento de tomar decisiones que afectan la libertad y, como es natural, otros derechos fundamentales del procesado, se debe resolver la duda a favor de este.

“(...).

“En consecuencia, existiendo ‘duda’ es el caso de dar aplicación al principio de la presunción de inocencia conforme a lo preceptuado en el artículo 7º del Estatuto Procedimental Penal, estando en paridad de criterios con la defensa” (Se destaca).

Del mismo modo, se encuentra que contra la citada providencia se interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado mediante sentencia de 10 de octubre de 2007 por el Tribunal Superior del Distrito de Cúcuta – Sala Penal, en el sentido de confirmar la decisión recurrida y, finalmente, se tiene que mediante sentencia de 9 de junio de 2008, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia resolvió no casar la, mencionada sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior de Cúcuta – Sala Penal.

Como se observa del aparte transcrito de la providencia de primera instancia, el Juez de conocimiento absolvió de los delitos al señor Gómez Pérez y, en su lugar, ordenó la libertad del demandante, en aplicación del principio constitucional de indubio pro reo.

Como quedó reseñado líneas atrás, la privación injusta de la libertad también se configura cuando la absolución o preclusión del procesado es proveniente de la aplicación del principio universal in dubio pro reo y lo está bajo el régimen de responsabilidad de carácter objetivo(23).

En ese mismo sentido, cabe advertir que, aun cuando en la providencia absolutoria se afirmó que el procesado había sido capturado en situación de “flagrancia” durante el allanamiento de un inmueble en el que se encontró armamento, munición y elementos de uso de grupos paramilitares, lo cierto es que en la propia decisión se desestimó ese hecho, precisamente porque no se obtuvieron pruebas que realmente responsabilizaran al señor Gómez Pérez de las conductas punibles que se le atribuyeron.

En efecto, fue justamente la duda que existió en la investigación penal lo que condujo a absolver al sindicado, motivo por el cual la Sala no cuenta con elementos fácticos y probatorios suficientes que permitan edificar el daño antijurídico que sufrió el señor Gómez Pérez, sobre la base de su propia conducta, a lo cual cabe agregar que no existen en el proceso pruebas adicionales que permitan determinar esa causa extraña, la cual, dicho sea de paso, debía en todo caso acreditarla la parte demandada.

Por otra parte, frente al tiempo durante el cual el señor Gómez Pérez estuvo privado de su libertad, es preciso señalar que en la demanda se solicitó la indemnización de perjuicios a partir del momento en que la Fiscalía del caso dictó la medida de aseguramiento, esto es, desde el 21 de octubre de 2002(24), hasta la fecha en la cual cobró ejecutoria la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través de la cual se resolvió no casar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cúcuta, es decir, el 9 de junio de 2008(25).

Según se desprende de la decisión a través de la cual el ente investigador resolvió acusar al señor Gómez Pérez, el mismo fue capturado el día en que se realizó la diligencia de allanamiento, lo cual impone concluir que para la fecha en que se dictó la medida de aseguramiento —21 de octubre de 2002— se encontraba privado de su libertad y que, posteriormente, mediante proveído de 30 de junio de 2006, se ordenó su libertad provisional bajo caución.

Al respecto, cabe señalar que en virtud de las diferencias existentes entre la privación física y la restricción jurídica de la libertad, esta Subsección ha sostenido que la indemnización de perjuicios morales a quienes fueron objeto de una privación jurídica, desde el punto de vista pecuniario, no puede ser idéntica a la que se le reconoce a quienes sí padecieron una restricción física de su libertad en un centro de reclusión.

Así lo expresó la Sala:

“...el quantum indemnizatorio a reconocer frente a una persona que ha sufrido una privación injusta y física de su libertad, no será siempre el mismo que se le deba reconocer a quien, pese a padecer una restricción de su libertad, no la afronta de manera física en un establecimiento carcelario.

“(...).

“Así pues, dadas las diferencias evidentes que existen entre una y otra restricción a la libertad, es decir, aquella que comporta la privación física dentro de un centro carcelario y la que surge como consecuencia de una medida de aseguramiento de carácter preventivo o cautelar, la Sala advierte que la indemnización a reconocer por concepto del perjuicio moral frente a los daños antijurídicos producidos a causa de estas últimas no debe ser la misma a la que se accede frente a personas que sí contaron con una limitación de su libertad en la totalidad de su expresión o dimensión.

“(...).

“Sin que lo anterior constituya, desde luego, una regla absoluta e inmodificable, pues se precisa que en cada caso el juez deberá analizar la restricción jurídica a la libertad que sufrió el procesado que posteriormente resulta absuelto como consecuencia de una medida de aseguramiento, lo cierto es que la indemnización que se reconozca a los afectados no deberá ser, desde el punto de vista pecuniario, idéntica a la que se le reconoce a quienes sí fueron víctimas de una privación física de tan esencial derecho fundamental y la padecieron, además, en un centro de reclusión o cárcel.

Con base en lo expuesto, la Subsección reducirá la indemnización por perjuicios morales a favor de los actores en este proceso en un 50%, pues como se indicó anteriormente, en el presente litigio se acreditó que el actor nunca estuvo privado físicamente de su libertad(26) (Negrillas y subrayas fuera del texto original).

7. Transmisibilidad del derecho de acción para los sucesores del señor Alejandro Gómez Pérez

En relación con la reclamación de perjuicios por parte de los herederos del fallecido, es decir, la transmisibilidad mortis causa del derecho a la reparación de los daños cuando su titular fallece sin haber ejercido la acción indemnizatoria, la Sala ha sostenido:

“... el derecho a obtener la reparación de los perjuicios morales es de carácter patrimonial y como tal se trasmite a los herederos, habida consideración de que en el ordenamiento jurídico nacional no existe disposición que prohíba dicha trasmisión; por el contrario, la regla general es que todos los activos, derechos y acciones de carácter patrimonial forman parte de la masa herencial y, además, el reconocimiento de ese derecho guarda armonía con los principios informadores del ordenamiento jurídico en materia de daño resarcible y, en especial, con las normas constitucionales que establecen el derecho a la indemnización por todos los daños antijurídicos sufridos (art. 90) y el derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 13), que no puede ser vulnerado impunemente.

“En síntesis, que el derecho a la indemnización por el perjuicio moral se trasmite porque se trata de un crédito que puede ser reclamado, bien por su titular o por sus sucesores mortis causa, en cuanto continuadores de su personalidad, que ocupan la posición jurídica que ostentaba el causante frente a la totalidad de los derechos y acciones de contenido patrimonial trasmitidas por el fallecimiento. Dijo la sentencia:

‘De cara al ordenamiento jurídico colombiano y específicamente desde la óptica del art. 90 de la Constitución Política es indudable que la transmisibilidad del derecho a la reparación originado en daño moral padecido por la víctima se impone, máxime si se tiene presente que, tanto el ordenamiento jurídico privado ex-art. 2.341 Código Civil consagra como regla general el resarcimiento de todo daño, y, en el ámbito penal, el daño moral cuya resarcibilidad está consagrada expresamente ex-art. 103 Código Penal, puede ser reclamado por ‘las personas naturales, o sus sucesores’; de otra parte, no existe como se observó, en el ordenamiento colombiano precepto prohibitivo y resulta incompatible a la luz de las normas precitadas, afirmar la intransmisibilidad de un derecho de naturaleza patrimonial que desde luego puede ser ejercido bien directamente por la víctima ora por los continuadores de su personalidad, sucesores mortis causa, que en su condición de herederos representan al de cujus, o dijérase más propiamente, ocupan el lugar y la posición jurídica que ostentaba el causante frente a la totalidad de los derechos y acciones de contenido patrimonial transmitidas por virtud del fallecimiento.

....

‘No puede olvidarse que en esta materia se trata del reconocimiento en toda su dimensión del principio fundamental de la dignidad de la persona y que ante la vulneración de los derechos de la personalidad, emplazados constitucionalmente bajo el rubro de derechos fundamentales, el libre desarrollo de la personalidad, es un límite a las actuaciones antijurídicas de todo orden a la vez que una reiteración del necesario respeto del individuo y de su ámbito de libertad, frente a las actuaciones del Estado, valores éstos superiores y por ende incompatibles con un tratamiento jurisprudencial que prohije distingos en el tratamiento y la disciplina del reconocimiento del crédito indemnizatorio, fundados en diferencias extrañas al ordenamiento jurídico colombiano en materia de derecho de daños, lo cual impone en aras del mantenimiento de la unidad jurisprudencial, la precisión jurisprudencial contenida en esta providencia’.

“De manera reciente(27), la Sala ha reiterado dicha jurisprudencia, aunque debe advertirse que la situación en este caso era diferente porque el causante sí había ejercido en tiempo la acción indemnizatoria y lo que se reclamaba era el reconocimiento de la condición de sucesores procesales. No obstante, se afirmó en la providencia que

‘...si bien es cierto los perjuicios morales dependen necesariamente del sentimiento de un individuo en particular, cuando se solicita el reconocimiento de estos por parte de los sucesores procesales, no es que se transmita el dolor, la angustia o la congoja causada por el daño a quien en vida lo padeció y sufrió..., lo que se transmite es el derecho a reclamar por tal sufrimiento de la persona que era titular del mismo y, por ende, legitimada para demandar. En conclusión, como la señora Guzmán de Orjuela sufrió perjuicios morales antes de morir, el derecho a su reparación fue transmitido a su sucesión.

“Por lo tanto, en el caso concreto, los herederos del señor (...), quien falleció el 4 de enero de 1995, según el certificado del registro civil de su defunción (fl. 12), esto es, con posterioridad a la muerte de su hijo (...), estaban legitimados para reclamar no sólo la indemnización por los perjuicios materiales que sufrió con la muerte de éste, reclamación sobre la cual no hay discusión doctrinaria, sino también por los perjuicios morales que el mismo hecho le hubiere causado(28) (destacado de la Sala).

Ahora, se encuentra dentro de las pruebas allegadas al proceso, que el señor Alejandro Gómez Pérez falleció el 22 de octubre de 2006(29), es decir, con posterioridad a la fecha en que se dio su absolución, razón por la cual es posible concluir, en aplicación a las reglas de la experiencia, que la privación injusta que sufrió causó, sin duda, tanto un dolor moral como una afectación de índole material.

No obstante lo anterior, como no se acreditó en el proceso que se hubiera iniciado la sucesión del señor Alejandro Gómez Pérez, se reconocerá la indemnización a favor de la sucesión del mismo.

8. Indemnización de perjuicios

8.1. Cuestión previa

Encuentra la Sala que junto con la demanda se aportó el poder otorgado por el señor Humberto Gómez Abril –padre de la víctima directa-, quien dice actuar en nombre y representación de su nieto menor Kevin Jhon Jairo Gómez, de conformidad con lo manifestado en el acta Nº 348 – 07 de 20 de septiembre de 2007 emitida por la Comisaría de Familia de Girón(30), la cual le otorgó la custodia provisional.

Respecto de las facultades especiales que tienen las comisarías de familia en cuanto a la concesión de custodias provisionales de menores, el Código de Infancia y Adolescencia –Ley 1098 de 2006- consagra lo siguiente:

“ART. 86.—Funciones del comisario de familia. Corresponde al comisario de familia:

“(...).

“5. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos y la reglamentación de visitas, la suspensión de la vida en común de los cónyuges o compañeros permanentes y fijar las cauciones de comportamiento conyugal, en las situaciones de violencia intrafamiliar.

“(...).”

En cuanto a la representación judicial de los hijos, el artículo 306 de la Ley 57 de 1887 —Código Civil— contempla que tal potestad está en cabeza de los padres de los menores, por lo que, en estricto sentido, se tendría que, sólo los padres podrán ser los representantes de los menores de edad; sin embargo, también es cierto que dicha salvedad dependerá de las circunstancias que concurran a cada caso, dado que la misma Ley de Infancia y Adolescencia, la cual dispone la prevalencia de los derechos de los menores, al igual que establece como objeto principal la garantía del ejercicio de sus derechos y que, además, deberán ser garantizados principalmente por el Estado.

Al respecto, conviene precisar que el Código Civil reguló lo concerniente a la representación de las personas incapaces y, señaló que:

“ART. 428.—Definición de tutelas y curadurías. Las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden dirigirse a sí mismos, o administrar competentemente sus negocios (...)”.

A su turno, el artículo 430 de esa misma codificación estableció que:

“La tutela y las curadurías generales se extienden no sólo a los bienes sino a las personas de los individuos sometidos a ellas”.

En esa misma línea, el Código Civil clasificó las tutelas y las curadurías en testamentarias, legítimas y dativas(31). Igualmente consagró que las legítimas tienen lugar cuando falta o expira la testamentaria(32) y que son llamados a la tutela o curaduría legítima el cónyuge, el padre o la madre o, en su defecto, los abuelos legítimos(33).

Ahora bien, es claro para la Sala que para el momento que se presentó la demanda, el menor Kevin Jhon Jairo Gómez no se encontraba al cuidado de sus padres, en tanto, según el acta emitida por la Comisaría de Familia de Girón, tal infante se encontraba al cuidado de su abuelo paterno, dado a que su padre había fallecido años atrás y, respecto de su madre, no se tenía conocimiento de su situación.

De tal manera, no existe duda de que el menor podía ser representado por su abuelo, el señor Humberto Gómez Abril, razón por la cual, esta Subsección tendrá como demandante al hijo del directamente afectado, Kevin Jhon Jairo Gómez, quien actuó por conducto de su abuelo, el cual, para este caso, sí contaba con la facultad legal de representarlo.

8.2. Morales

Se solicitó indemnización de perjuicios morales para los demandantes, derivados de la privación de la libertad que soportó el señor Alejandro Gómez Pérez.

Está probado, mediante el respectivo registro civil, que el directamente afectado es padre de Julieth Karina, Sthefanny Alexandra Gómez Peña(34) y Kevin Jhon Jairo Gómez Maldonado(35). Igualmente, se encuentra acreditado que los padres del directamente afectado son la señora Dionisia Pérez García y el señor Humberto Gómez Abril(36), así como que sus hermanos son Leonardo Gómez Pérez, Adriana Patricia Gómez Pérez, Pedro Antonio Gómez Pérez y Gonzalo Humberto Gómez Pérez(37).

Ahora bien, de conformidad con los testimonios rendidos durante la primera instancia por los señores Edna Yomaira Flórez Lizarazo, Álvaro Ernesto Guerra Soto, Carlos Arturo Carvajal Pabón, y Sandra Yaneth Guerrero Sánchez(38), se encuentra acreditado que la señora Tivisay Peña Delgado es la compañera permanente de la víctima directa del daño.

Con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportó el señor Alejandro Gómez Pérez le causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, porque es razonable asumir que la persona que ve afectada su libertad, experimente sentimientos de angustia e impotencia por no poder determinar el rumbo de su vida, perjuicio que se hace extensible a sus hijos, sus padres, sus hermanos y su compañera permanente, respectivamente, quienes igualmente resultaron afectados por la situación de zozobra por la que atravesó su ser querido.

Según se estableció en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera de esta Corporación(39), se tiene que sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, conviene poner de presente que la Sala ha sugerido que en los casos en los cuales la privación de la libertad en centro carcelario sea superior a 18 meses, se reconozca la suma equivalente a 100 smlmv; cuando esta privación supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smlmv; si superó los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smlmv; por su parte, si la reclusión fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses, hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smlmv; de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smlmv; asimismo, si la medida de aseguramiento supera un mes, pero resulta inferior a 3 meses, se sugiere el reconocimiento de 35 smlmv; finalmente, si la detención no supera el mes, la indemnización se tasa en el equivalente a 15 smlmv, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.

Producto del anterior análisis, la Sala ha determinado que en los casos en los que concurran diferentes medidas preventivas, como lo son la privación física de la libertad, la detención domiciliaria o la libertad provisional —entre otras—, durante el período de tiempo en que se haya producido la privación injusta de la libertad, se deberá cuantificar de manera separada cada lapso de tiempo, esto, con el fin de determinar de manera exacta la indemnización que corresponda a cada víctima por concepto de perjuicios morales.

No obstante lo anterior, en el presente caso se logró probar que el señor Alejandro Gómez Pérez estuvo bajo privación física de la libertad en centro de reclusión por más de 18 meses —21 de octubre de 2002 hasta el 30 de junio de 2006—, razón por la cual, en este evento, no será necesario hacer la discriminación que se advirtió en las consideraciones anunciadas anteriormente, en tanto se cubre el máximo monto de reconocimiento que se estableció en la sentencia de unificación de jurisprudencia respecto de la indemnización de perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad —100 smlmv—.

Así pues, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales a la sucesión del directamente afectado, Alejandro Gómez Pérez; a sus hijos Julieth Karina, Sthefanny Alexandra Gómez Peña y Kevin Jhon Jairo Gómez Maldonado; a sus padres Dionisia Pérez García, Humberto Gómez Abril y a su compañera permanente Tivisay Peña Delgado, el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales para cada uno, suma que se suele conceder cuando la privación de la libertad es superior a 18 meses, tal como le ocurrió al ya fallecido Alejandro Gómez Pérez(40).

En esa misma línea, y atendiendo a la sentencia de unificación(41), la Sala reconocerá a cada uno de las hermanos de la víctima directa, Leonardo Gómez Pérez, Adriana Patricia Gómez Pérez, Pedro Antonio Gómez Pérez y Gonzalo Humberto Gómez Pérez, el equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

8.3. Materiales en la modalidad de lucro cesante

Por concepto de lucro cesante, se solicitó el reconocimiento de $ 30’800.000 para la sucesión del señor Alejandro Gómez Pérez, con ocasión de lo que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo privado de su libertad, teniendo en cuenta que para la época en que se dio su captura el mismo desempeñaba labores de celaduría.

Revisado el expediente, la Sala encuentra que se practicaron los testimonios de los señores Edna Yomaira Flórez Lizarazo, Álvaro Ernesto Guerra Soto, Carlos Arturo Carvajal Pabón y Sandra Yaneth Guerrero Sánchez, quienes manifestaron que para el momento en que el señor Gómez Pérez fue privado de su libertad se desempeñaba como celador, afirmación que resulta congruente con la información consignada en la resolución por medio de la cual se resolvió la situación jurídica del directamente afectado(42).

No obstante lo anterior, y encontrándose acreditado que para la fecha de la privación el señor Gómez Pérez ejercía una labor, considera la Sala que los montos relacionados dentro de los testimonios rendidos en la primera instancia no ofrecen la certeza necesaria para determinar el salario que para esa época devengaba la víctima del daño, por lo que, como consecuencia, al momento de liquidar tal perjuicio se hará teniendo en cuenta que el afectado devengaba, por lo menos, un salario mínimo como remuneración a su labor como celador.

Así pues, en cuanto al período a reconocer por dicho concepto, este será el comprendido entre el 21 de octubre de 2002 y el 30 de junio de 2006 –3 años 8 meses y 10 días, lapso en el cual el señor Alejandro Gómez Pérez estuvo privado físicamente de su libertad.

Igualmente, vale agregar que se liquidará no solo ese período en el que estuvo privado de la libertad el señor Gómez Pérez, sino también el lapso que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral(43), pues en este caso es evidente que, como consecuencia del proceso penal al que fue sometido, el hoy actor perdió su empleo como celador; sumado a lo anterior, es de advertir que solo se adicionará el período de tiempo comprendido entre el momento en que se ordenó su libertad y la fecha en que falleció —30 de junio de 2006 y 22 de octubre de la misma anualidad(44)— lo cual corresponde a 3 meses y 22 días —3.75 meses—.

En estos términos, la Sala procederá a calcular el monto de la indemnización:

Período a indemnizar: 44.3 + 3.75 meses.

Se tomará como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal vigente ($689.455), en tanto resulta más favorable que actualizar el que regía en la época de los hechos. Adicionalmente, al mismo se agregará un 25% por concepto de prestaciones sociales, lo cual arroja la suma de $861’818.

Se hace necesario aplicar la fórmula para el cálculo del lucro cesante consolidado.

S = Ra (1+ i)n - 1

I

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante consolidado para el señor Alejandro Gómez Pérez: $861’818.

i= Interés puro o técnico: 0,004867

n= Número de meses que comprende el período de la indemnización: 48.05 meses

Reemplazando tenemos:

S = $ 861’818 (1+ 0,004867)48.05 - 1

0,004867

S = $ 46’526.178,10

Así las cosas, y toda vez que el monto que se solicitó en la demanda actualizado a la fecha de la presente providencia —46’672.521,96(45)— resulta superior a la suma arrojada de la liquidación del perjuicio reclamado, la Sala reconocerá a favor de la sucesión del señor Alejandro Gómez Pérez, la suma de cuarenta y seis millones quinientos veintiséis mil ciento setenta y ocho pesos ($ 46’526.178), por concepto de daños materiales en la modalidad de lucro cesante.

9. Condena en costas

En vista de que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: REVOCAR, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, la sentencia de 26 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y, en su lugar, se dispone:

Primero: DECLARAR que la Nación – Fiscalía General de la Nación es responsable de los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad que soportó el señor Alejandro Gómez Pérez, dentro de un proceso penal adelantado en su contra.

Segundo: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar indemnización a título de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia:

— Para la sucesión del señor Alejandro Gómez Pérez (Víctima directa): 100 smlmv.

— Para Julieth Karina Gómez Peña (Hija): 100 smlmv.

— Para Sthefanny Alexandra Gómez Peña (Hija): 100 smlmv.

— Para Kevin Jhon Jairo Gómez Maldonado (Hijo): 100 smlmv.

— Para Dionisia Pérez García (Madre): 100 smlmv.

— Para Humberto Gómez Abril (Padre): 100 smlmv.

— Para Tivisay Peña Delgado (Compañera permanente): 100 smlmv.

— Para Leonardo Gómez Pérez (Hermano): 50 smlmv.

— Para Adriana Patricia Gómez Pérez (Hermana): 50 smlmv.

— Para Pedro Antonio Gómez Pérez (Hermano): 50 smlmv.

—- Para Gonzalo Humberto Gómez Pérez (Hermano): 50 smlmv.

Tercero: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a pagar indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y a favor de la sucesión del señor Alejandro Gómez Pérez la suma de:

Cuarenta y seis millones quinientos veintiséis mil ciento setenta y ocho pesos ($ 46’526.178).

Cuarto: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

Quinto: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Sexto: SIN condena en costas.

Segundo: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Folios 169 - 180 del cuaderno principal.

2 Folio 236 del cuaderno principal.

3 Folios 237 - 259 del cuaderno principal.

4 Folios 261 – 266 del cuaderno del Consejo de Estado.

5 Folios 269 - 292 del cuaderno del Consejo de Estado.

6 Folios 309 - 312 del cuaderno del Consejo de Estado.

7 Folio 319 del cuaderno del Consejo de Estado.

8 Folios 329 – 335 del cuaderno del Consejo de Estado.

9 De acuerdo con lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera en sesión del 25 de abril de 2013, según acta No. 9.

10 Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterado en sentencia del 11 de agosto de 2011, expediente 21.801. Al respecto puede consultarse igualmente el auto de 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 12 de marzo de 2015. Radicación número: 250002326000200401034 01 (38253). Consejero Ponente Hernán Andrade Rincón.

13 Providencia del 28 de febrero de 2003. Magistrado Ponente Sigifredo Espinosa Pérez. Proceso 24783.

14 “ART. 187.—Ejecutoria de las providencias. Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes.
“La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente”.

15 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 17 de octubre de 2013. Expediente: 23.354.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.463, reiteradas por esta Subsección en sentencia de mayo 26 de 2011, exp. 20.299, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

17 Folios 41 – 48 del cuaderno principal.

18 Folios 49 – 65 del cuaderno principal

19 Folios 66 – 75 del cuaderno principal.

20 Folios 76 – 117 del cuaderno principal.

21 Folios 118 – 136 del cuaderno principal.

22 Folios 137 – 162 del cuaderno principal.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de Sala Plena del 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

24 Fecha en la que se resolvió la situación jurídica del señor Alejandro Gómez Pérez, según resolución obrante a folios 41 – 48 del cuaderno principal.

25 Folios 137 - 161 del cuaderno de anexos.

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 9 de marzo de 2016, expediente: 34.554, Radicación: 25000-23-26-000-2005-02453-01, Actor: Servando Pardo Reyes y otros, Demandado: Nación-Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía General de la Nación.

27 Original del texto: “Sentencia de 10 de marzo de 2005, exp: 16.346”.

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente con radicado Nº 20001-23-31-000-1996-03050-01(14908), sentencia de 26 de abril de 2006, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

29 Registro civil de defunción. Folio 30 del cuaderno principal.

30 Folios 32 – 34 del cuaderno principal.

31 Código Civil. Artículo 433: “Las tutelas o curadurías pueden ser testamentarias, legítimas o dativas.
“Son testamentarias las que se constituyen por acto testamentario.
“Legítimas, las que se confieren por la ley a los parientes o cónyuge del pupilo.
“Dativas, las que confiere el magistrado.
“Sigue las reglas de la tutela testamentaria la que se confiere por acto entre vivos, según el artículo 450”.

32 Código Civil. Artículo 453.—Guarda legítima. “Tiene lugar la guarda legítima cuando falta o expira la testamentaria”.

33 Código Civil. Artículo 457.—Personas que ejercen la guarda legítima.
“1o) El cónyuge, siempre que no esté divorciado ni separado de cuerpos o de bienes, por causa distinta al mutuo consenso.
“2o) El padre o la madre, y en su defecto los abuelos legítimos.
“3o) Los hijos legítimos o extramatrimoniales.
“4o) Los hermanos del pupilo y los hermanos de los ascendientes del pupilo.
“Cuando existan varias personas en el mismo orden de prelación señalado en este artículo, el juez, oídos los parientes, elegirá entre ellas la que le pareciere más apta y podrá también si lo estimare conveniente, elegir más de una y dividir entre ellas las funciones”.

34 Registros civiles de nacimiento. Folios 28 - 29 del cuaderno principal.

35 Registro civil de nacimiento.Folio 31 del cuaderno principal.

36 Registro civil de nacimiento. Folio 37 del cuaderno principal.

37 Registros civiles de nacimiento. Folios 36 y 38 – 40 del cuaderno principal.

38 Folios 224 - 233 del cuaderno Nº 3 de pruebas.

39 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente: 36.149, Magistrado Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón (E).

40 En sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera el 28 de agosto de 2014, No. de expediente 36149, se señalaron las cuantías a las que deben ascender las indemnizaciones de perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad.

41 Ibídem.

42 Folio 41 – 48 del cuaderno principal.

43 “En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.75 meses)” (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez).

44 Fecha en la que falleció el señor Alejandro Gómez Pérez, según certificado de defunción obrante a folio 30 del cuaderno principal.

45 $ 30’800.000 x 132.85 (IPC noviembre/16)
87.67 (IPC para la fecha de presentación de la demanda noviembre/08)