Sentencia 2008-00409 de agosto 14 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 08001-23-31-000-2008-00409-01

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Actor: Sociedad Productora y Comercial Andina S.A

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Referencia: Apelación sentencia - acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., catorce de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

1. Según la potestad que tiene el ad quem para resolver la alzada, de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la Sala se limitará a conocer solamente de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae el recurso de apelación, pues los mismos, en el caso del apelante único, definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.

2. Aun cuando el recurso de apelación se aprecia considerablemente difuso en cuanto al planteamiento concreto de los motivos por los cuales el recurrente controvierte el fallo de primera instancia, la Sala, en un esfuerzo por dilucidar el contenido de los mismos a fin de abordar su estudio, vislumbra que aquel pretendió formular lo siguiente:

(i) Recalca que la actuación administrativa se halla viciada en atención a que la causal de aprehensión invocada desde la respectiva acta, debe corresponder a la misma imputada por la administración a lo largo del proceso de definición de la situación jurídica de la mercancía.

(ii) Alega que la mercancía no debió ser aprehendida por cuanto se comprobó que la misma se hallaba soportada en los documentos que acreditan su legal introducción al país, y al efecto, controvierte que el decomiso hubiere obedecido a cuestionamientos relacionados con el proveedor del exterior, pues estos no tienen relación alguna con la causal endilgada.

(iii) Manifiesta que el juez de primera instancia no valoró las pruebas allegadas al proceso, que demostraban la legal importación de la mercancía.

3. Establecido lo anterior, se procederá a despachar cada uno de los planteamientos así identificados, comenzando por la alegación del recurrente relativa a la necesaria coincidencia de la causal imputada en el acta de aprehensión, con la señalada en los demás actos emitidos en el proceso de definición de la situación jurídica de la mercancía.

La causal de aprehensión y decomiso endilgada en los actos acusados es la siguiente:

ART. 502.—Causales de aprehensión y decomiso de mercancías.

Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:

(...)

1.25. Cuando dentro de los términos a que se refiere el numeral 9º del artículo 128 del presente decreto, o dentro de los procesos de control posterior se determine que los documentos soporte presentados no corresponden con la operación de comercio exterior declarada o, cuando vencidos los términos señalados en los numerales 6º y 9º del mismo artículo no se presentaron en debida forma los documentos soporte que acreditan que no se encuentra incurso en restricción legal o administrativa” (negrillas fuera de texto).

Pues bien, la Sala no halla un mínimo sustento de razonabilidad en el planteamiento del apelante que permita adentrarse en su evaluación, toda vez que al reparar en el contenido del Acta de aprehensión 0387 del 18 de mayo de 2007(3), se observa que allí se aplicó la causal prevista en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, anteriormente transcrita, la cual se reproduce en la Resolución de decomiso 0135 de 5 de octubre de 2007(4), confirmada por la resolución que resuelve el recurso de reconsideración, 0047 de 17 de marzo de 2008.

Así las cosas, no se vislumbra el motivo por el que el recurrente controvierte que la causal de aprehensión y decomiso deba ser la misma a lo largo del proceso, desde el acta de aprehensión, cuando en efecto así ocurrió en el presente caso; de forma tal que se observa la formulación de un argumento sin veracidad fáctica alguna que ha de ser necesariamente desechado por la Sala.

4. El planteamiento referente a que la causal de aprehensión y decomiso no resultaba aplicable, por cuanto la legal introducción de la mercancía al país se hallaba debidamente soportada, y los cuestionamientos referentes al proveedor de la mercancía no tienen ninguna relación con la causal aplicada por la DIAN, tampoco encuentran posibilidad para prosperar.

Así, en lo que hace a los soportes de la operación de comercio exterior, la Sala encuentra que las declaraciones de importación relacionadas con la mercancía aprehendida y decomisada corresponden a los números 23830013379050, 23830013379036, 23820012061038, y 23825012757343 cuyo importador es Sonoprinter S.A., hoy Sociedad Productora y Comercial Andina S.A.

En el marco del proceso administrativo, el tenedor o presunto comprador de las mercancías, señor Alduvan Pineda, aportó las facturas cambiarias de compraventa referentes a la mercadería aprehendida, que en su oportunidad le vendió la empresa demandante, la cual a su turno figura como importadora, según se expone en la resolución de decomiso. Por tal motivo, la DIAN le requirió directamente a la actora los documentos soporte de las declaraciones de importación, a fin de verificar la existencia de los mismos, y por ende, la legal introducción de la mercancía al territorio nacional(5).

En este orden, la empresa demandante aportó las respectivas declaraciones de importación y sendas facturas de compraventa en las que aparece el tenedor de la mercancía, señor Alduvan Pineda, ubicado en la ciudad de Barranquilla, como comprador. Empero, la Sala advierte que estas facturas nacionales en modo alguno soportan la operación de comercio exterior pues las mismas permiten verificar la realización de una compraventa en el territorio nacional, y no el que las mercaderías reflejadas en las declaraciones de importación, que se encontraron sin soporte documental por parte de la administración, correspondan a las señaladas en la factura cambiaria de compraventa realizada al interior del territorio aduanero nacional; y en caso que ello fuere posible, tampoco se constituye una factura nacional en soporte de la importación. En este punto, no sobra anotar que esta última servirá al comprador o tenedor para demostrar, eventualmente, la adquisición de la mercadería en el territorio nacional e identificar a quien fue su importador, pero no es este el asunto debatido en el sub lite.

Ahora, es de recalcar que la DIAN le solicitó a la actora los documentos soporte de la operación de comercio exterior(6), y la factura comercial del proveedor conforma parte de estos, al hallarse tal documento relacionado en las casillas 52 y 53 del respectivo formulario de la declaración y señalarlo así el artículo 121 del Decreto 2685 de 1999, cuyo tenor dispone en lo pertinente:

“Documentos soporte de la declaración de importación.

Para efectos aduaneros, el declarante está obligado a obtener antes de la presentación y aceptación de la declaración y a conservar por un periodo de cinco (5) años contados a partir de dicha fecha, el original de los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la autoridad aduanera, cuando esta así lo requiera:

a) Registro o licencia de importación que ampare la mercancía, cuando a ello hubiere lugar;

b) Factura comercial, cuando hubiere lugar a ella;

c) Documento de transporte;

c) Certificado de origen, cuando se requiera para la aplicación de disposiciones especiales;

d) Certificado de sanidad y aquellos otros documentos exigidos por normas especiales, cuando hubiere lugar;

e) Lista de empaque, cuando hubiere lugar a ella;

f) Mandato, cuando no exista endoso aduanero y la declaración de importación se presente a través de una sociedad de intermediación aduanera o apoderado...”

De este modo, y al haber allegado la actora únicamente unas facturas nacionales que defiende como soporte de la operación, es menester aclararle que debió aportar las facturas contempladas en las declaraciones de importación provenientes del proveedor, y los demás documentos pertinentes señalados en la norma, como es el de transporte, al ser posible constatar mediante estos, la correspondencia entre la mercancía facturada desde el exterior, declarada en la importación, e ingresada al país; para a partir de ahí, verificar si en efecto dicha mercancía pertenece a la que fue objeto de aprehensión y decomiso.

Nótese que de resultar posible constatar que la mercancía ingresada legalmente, con el soporte de la documentación en comento, corresponde a la aprehendida y decomisada, no habría lugar a la adopción de dicha medida por parte de la DIAN, dada la ausencia de cuestionamiento de legalidad frente a la misma en tal evento; empero, en el presente caso, al no allegar la parte demandante documento alguno que soportare la importación, es claro que la causal discutida por el recurrente resulta aplicable.

De otra parte, y en lo que atañe a los cuestionamientos relacionados con la empresa Orwi Internacional S.A., como proveedora del exterior de la mercancía, la Sala observa que si bien no es posible comprobar la veracidad de la afirmación expuesta por la DIAN referente a que aquella únicamente se dedica al movimiento de mercancías pero no a su compraventa, dada la deficiencia probatoria aportada a ese respecto(7); ello no comporta la relevancia que procura otorgarle el recurrente, por cuanto el cuestionamiento formulado por la administración sobre ese punto hubiere sido probablemente superado mediante el aporte de la documentación solicitada por la administración a la actora, según se indicó. Así, de haberse verificado, por ejemplo, que Orwi Internacional S.A., fue el proveedor del exterior mediante las respectivas facturas de venta para la exportación expedidas por dicha empresa, se hubiere confrontado con mayores posibilidades de prosperidad el cuestionamiento de la DIAN sobre la no realización de actividades de venta de mercancías, por parte de aquella, como razón para afirmar que estas no contaban con los soportes requeridos. Sin embargo, al no existir fundamentos suficientes para verificar documentalmente la operación de comercio exterior, resulta más inverosímil aún, el pretender establecer si las facturas nacionales responden a una eventual venta del exterior proveniente de la empresa Orwi Internacional S.A., y si esta, a su turno, se dedica o no a la comercialización internacional de mercancías.

Además, el recurrente se limita a indicar que los cuestionamientos expuestos por la administración con respecto a quien funge como proveedor de las importaciones, no tiene relación con la causal de decomiso endilgada, cuando se verificó que esta se configura, por cuanto la actora no aportó la documentación solicitada para verificar la legalidad de la importación; y tampoco formuló argumentos contra los actos acusados relacionados con la actividad u operaciones de Orwi Internacional S.A., como para adentrarse en esa materia.

Sobre el asunto bajo examen, vale la pena traer a colación lo señalado por esta Sección en sentencia de 12 de junio de 2014, Expediente 2007-01209, M.P. María Claudia Rojas Lasso, en la cual se puntualizó lo siguiente:

“Para la Sala, el hecho de que se hubieran aportado al expediente las facturas cambiarias, el contrato de leasing y las propias declaraciones de importación de la mercancía, no es suficiente ante el mandato de las normas aduaneras, normas de orden público de estricto y obligatorio cumplimiento, que superen el derecho privado, ante la obligación de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de contener y evitar el contrabando.

Por otro lado, el hecho de que la administración no hubiera vinculado a la vía gubernativa a la sociedad constructora El Nilo Ltda., propietaria de una de las maquinarias, no alcanza para viciar de nulidad los actos demandados ya que no se trataba de imponer sanciones sino de definir la situación legal de una mercancía y que, como ya se probó la decisión no hubiera sido diferente con la vinculación de dicha sociedad...”.

De otra parte, se observa que la actora aporta al expediente otras declaraciones de importación(8) en las que figuran sujetos diferentes de la empresa Orwi Internacional S.A. como proveedores del exterior, con el fin de defender su posición frente a la legalidad de la mercancía; pero dichas declaraciones no corresponden a las que fueron objeto de aprehensión y decomiso, por lo que no cuentan con pertinencia alguna como acervo probatorio frente al caso.

Todo lo anotado, permite afirmar que no se vislumbra una actuación negligente por parte del a quo en su deber de evaluar y valorar las pruebas aportadas en los términos alegados por el recurrente, pues aquellas, aunque sí fueron tenidas en cuenta por el tribunal, se encontró que sencillamente no resultaban conducentes ni pertinentes para controvertir los actos demandados.

Fuerza concluir, entonces, que los planteamientos del recurrente no permiten desvirtuar la legalidad de los acotos acusados, por lo que se hace necesario confirmar la sentencia de primera instancia, que denegó las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia recurrida en apelación.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(3) Folios 92 y siguientes del cuaderno 1 del expediente.

(4) Folios 21 y siguientes del cuaderno 1 del expediente.

(5) A folio 257 del cuaderno 1 del expediente, consta el oficio por el que la DIAN le efectúa tal solicitud a la demandante.

(6) Sobre el tema, léase la sentencia de esta Sección de 2 de septiembre de 2010, Expediente 2002-00117-02., M.P. María Claudia Rojas Lasso.

(7) Sobre este punto solo consta a folio 80 del cuaderno 1 del expediente el Oficio 789 de 21 de marzo de 2007, por el que el subdirector de fiscalización aduanera informa al jefe de la División de Fiscalización de la Administración Local de Aduanas de Barranquilla una supuesta respuesta de la Aduana de Panamá en la que señala que la empresa Orwi Internacional S.A. presta el servicio de movimiento de mercancías marítima y aérea, pero no el de venta al por mayor de mercancía en la zona libre de Colón, sin que esta última comunicación obre en el expediente.

Por su parte, a folio 243 ibídem reposa una certificación del sub gerente general de la zona libre de Colón, de fecha 21 de mayo de 2007, en la que indica que la mencionada empresa opera en esta zona, con clave 4193; y a folio 242 ibídem, obra una comunicación, del presunto apoderado de Orwi Internacional S.A. en el país, en la que manifiesta que esa clave de operación corresponde a operaciones de comercialización de mercancías tanto para la importación como para la exportación.

(8) Folios 110 y siguientes del cuaderno 1 del expediente.