Sentencia 2008-00411 de marzo 23 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Radicación: 500012331000200800411 01 (42.915)

Actor: Pedro Luis Díaz Díaz y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación

Asunto: Reparación directa

Bogotá, D.C., veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia. 

La Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el 29 de junio de 2011, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación(23).

2. Ejercicio oportuno de la acción 

En concordancia con lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984(24), en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada lo último que ocurra(25).

En el sub examine, la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en los daños que se alegaron sufridos por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad a que fue sometido el señor Pedro Luis Díaz entre el 23 de abril de 2001 y el 20 de septiembre de 2004, fecha en la que obtuvo la libertad en virtud de la decisión proferida el 13 septiembre de 2004 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona – Sala Única de Decisión – Área Penal Descongestión, en el sentido de absolverlo del delito de homicidio y sólo condenarlo a un año de prisión por el delito de porte ilegal de arma.

Obra en el expediente certificación suscrita por el Secretario del Juzgado Promiscuo del Circuito de San Martín - Meta(26), según la cual, el 21 de octubre de 2004 quedó ejecutoriada la providencia de 13 de septiembre de 2004, por lo que al haberse presentado la demanda el 31 de agosto de 2006(27), resultaría que la acción se ejercitó dentro del término previsto para ello.

3. El objeto del recurso de apelación

Previo a abordar el análisis de fondo resulta necesario señalar que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora está encaminado a que se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las pretensiones, al considerar que, contrario a lo expuesto por el a quo, allegar al proceso contencioso administrativo la totalidad del proceso penal no resultaba necesario para decidir, pues las providencias que se trasladaron a esta causa indicaban que el sindicado no cometió el delito de homicidio y, con la constancia emitida por el Inpec, se podía establecer que el actor permaneció privado de su libertad un tiempo considerablemente mayor al que debía pagar por el delito de porte ilegal de arma por el cual fue condenado.

Lo anterior obliga a destacar que el recurso que promueve la parte demandante se encuentra limitado a ese aspecto, por lo que la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, se circunscribirá al estudio del motivo de inconformidad planteado.

4. Lo probado en el proceso

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente demostrados en este proceso los siguientes hechos:

• Que el 22 de abril de 2001, el señor Pedro Luis Díaz fue capturado por miembros de la Estación de Policía de Fuente de Oro – Meta- por encontrarse en posesión de un revólver marca Smith & Wesson y ser señalado como la persona que disparó en contra Obeimar Sánchez y le causó la muerte(28).

• Que el 2 de septiembre de 2002, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Martín - Meta- declaró la responsabilidad penal del señor Pedro Luis Díaz, en calidad de autor del delito de homicidio, en concurso material de conductas punibles con el de porte de arma.

La decisión se apoyó en el siguiente raciocinio (se transcribe de forma literal):

“Reseña fáctica

Fueron consignados en la resolución de acusación proferida por la Fiscalía 39 Seccional de San Martín – Meta, en los siguientes términos:

‘Refieren las pruebas testimoniales y documentales allegadas al informativo, que pasadas las 9:00 p.m del 22 de abril de 2001 fue muerto por disparos de arma de fuego la persona que en vida respondía al nombre de Obeimar Sánchez, en la localidad de Fuente de Oro y frente al establecimiento de lenocinio regentado por Gladys Rojas. Como las detonaciones alertaron a las autoridades de policía acantonadas en la población, se dirigieron de inmediato al lugar del insuceso y observaron que uno de los contertulios pretendía ocultarse en el interior donde pretendió despojarse de un objeto, que luego de realizar la captura y la inspección minuciosa se constató que se trataba de un revólver de marca Smith & Wesson calibre 38 largo, con seis cartuchos para el mismo y recién disparado’.

“(...).

“Se establece el nexo causal entre el hecho violento y la muerte de la víctima; el óbito de Obeimar Sanchez fue consecuencia del actuar violento de otra persona, pues la prueba nos deja ver como inmediatamente a los hechos y a escasos 80 metros se captura A Pedro Luis Diaz, cuando trataba de ocultar un revólver marca Smith & Wesson, calibre 38 largo, en el solar del negocio de Gladys Rojas, único lugar abierto al momento de ocurrencia de los hechos, arma de las mismas características utilizada para dar muerte a Sánchez Mosquera.

“(...).

“Sabido es que en la noche del 22 de abril de 2001, a eso de las 10:00 p.m, mediante la acción de arma de fuego le fue quitada la vida al señor Obeimar Sánchez Mosquera, frente al Colegio Sergio Seguin, ubicado en la calle 12 entre carreras 12 y 13 de la localidad de Fuente de Oro – Meta. Inmediatamente, la patrulla de la Policía sale y acordona el sector, en donde solamente se encuentra abierto el establecimiento casa de citas de propiedad de Gladys Rojas, en el que al ingresar observaron los agentes de la policía como una persona se escurría hacía el patio o solar de la casa y escondía algo. Al verificar los agentes de la Policía en el sitio donde apreciaron al sujeto Pedro Luis Díaz, deshacerse de algo, encontraron un revólver Smith & Wesson, calibre 38 largo, pavonado, cacha de nácar de color blanco, el que presentaba dentro del tambor los seis proyectiles, pero por el olor a pólvora se podía deducir que había sido disparado recientemente. En diligencia de injurada niega la tenencia o posesión del arma y se muestra ajeno a los hechos relacionados con la muerte de Sánchez Mosquera.

“(...).

“Como si las anteriores pruebas fueran pocas para llegar a la certeza de los hechos, a folio 117 del cuaderno principal, obra el resultado del estudio comparativo a que fue sometida el arma decomisada y el fragmento de proyectil que fuera recuperado del cuerpo del occiso en la diligencia de necropsia y del cual se destacan las siguientes identidades entre arma y fragmento de proyectil sometido a estudio.

1. Tanto el arma como el proyectil pertenecen al calibre 38 largo.

2. El revólver es de 5 estrías, las mismas que presenta el proyectil y,

3. El arma es de rotación derecha y el arma con que se disparó el proyectil tiene la misma rotación.

Todas estas coincidencias nos permiten inferir que el arma que se empleó para dar muerte a Obeimar Sánchez es la misma que escondiera Pedro Luis Díaz en el solar de la casa de Gladys Rojas la noche del 22 de abril de 2001, arma que portaba empretinada momentos antes de los hechos y la que a diario cargaba como consta en autos.

En estas condiciones, está demostrando que la muerte de Obeimar Sánchez ocurre por la acción de una persona y más precisamente de Pedro Luis Díaz, ya que así nos lo está demostrando no solo la prueba testimonial, sino las pruebas de balística y de deflagración del arma a que nos hemos referido y analizado en la presente sentencia. No nos queda la menor duda de que no fue persona distinta a Pedro Luis Díaz quien la noche de autos accionó el arma decomisada contra la humanidad de Obeimar Sánchez. Se ha demostrado que la prueba directa y natural se resuelve por sí misma en una serie de presunciones que se enlazan y cuyos datos cotejados con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos, fundamentan la certeza de culpabilidad penal que de ellos se deriva en cabeza del acá procesado Pedro Luis Díaz.

“(…).

“En lo que hace referencia al porte de arma de fuego, la tipificación de la conducta queda establecida con la carencia de el salvo conducto que para porte de armas debe expedir el Ministerio de Defensa Nacional y del cual carecía el sindicado Pedro Luis Díaz”(29).

• Que el 13 de septiembre de 2004, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona - Sala Única de Decisión – Área Penal Descongestión resolvió confirmar la anterior providencia, en lo atinente a que sólo existía mérito para condenar a Pedro Luis Díaz por el delito de porte ilegal de arma de fuego de defensa personal, reduciéndole la pena principal impuesta a un año de prisión. Adicionalmente, decidió absolverlo de los cargos imputados por el delito de homicidio en contra de Obeimar Sánchez y ordenó su libertad inmediata por cumplimiento de la pena.

La anterior decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones (se transcribe de forma literal):

“Visto lo anterior, podemos afirmar, como lo hizo el a quo, que existe certeza de las conductas punibles, faltando revisar si obra la prueba de responsabilidad necesaria para condenarlo como autor de las mismas; según lo obrante en el expediente no se pudo establecer pericialmente, como aparece a folio 169 del cuaderno original, que el revólver incautado la noche en que se retuvo a Pedro Luis Díaz disparó o no el fragmento de proyectil encontrado en el cadáver de Obeimar Sánchez Mosquera, causante de su deceso, y la prueba testimonial tampoco lo sindica como autor de tal conducta, a más que el procesado no aceptó tales cargos y en la ampliación de la injurada trató de enrumbar la investigación hacía terceras personas no vinculadas al proceso, situación que no fue confirmada ni desvirtuada, debiéndose, entonces, revocarse el fallo condenatorio en tal sentido.

En lo tocante al delito de porte ilegal de arma de fuego de defensa personal, no podemos decir lo mismo, debido a que testimonialmente se estableció que el enjuiciado antes de lo ocurrido la noche del 22 de abril de 2001 en Fuente de Oro, Meta, portaba arma de fuego porque así lo afirma enfáticamente José Omar Niño, testigo citado por el procesado como uno de sus acompañantes al momento de su captura, cuando fue interrogado acerca de si éste, antes del insuceso, portaba armas de esta naturaleza, a lo que respondió positivamente diciendo ‘si tenía un revólver, lo tenía en la pretina del pantalón’, aclarando que el incautado ‘es el revólver que Pedro tenía, lo conozco por el color de la cacha’ y que se lo vio portando dicha noche hasta cuando estuvo con él en la gallera, circunstancia que desvirtúa lo alegado por el vinculado referente a que el arma decomisada por los policiales en el mismo sitio donde fue retenido no era de su propiedad ni la portaba momentos antes, ya que jurisprudencialmente ‘No es indispensable que el acusado lleve consigo el arma en el momento de la retención’ (CSJ, Cas. Penal, Sent. Junio 14 de 1995, rad. 9094), si las demás probanzas indican que la portaba momentos antes.

Colígese de lo anterior, que si mediaba y media certeza para condenar a Pedro Luis Díaz como autor responsable del delito de porte ilegal de arma de fuego de defensa personal, no pudiéndose decir lo mismo para el delito de homicidio en perjuicio de la vida de obeimar sánchez mosquera, por lo cual se confirmará sólo la condena atinente al primer delito citado, absolviéndose por el segundo, lo que conlleva la variación de la dosimetría penal impuesta.

“(...).

“Bajo estos parámetros se modificará el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia impugnada en lo tocante a rebajar la pena principal impuesta a un (1) año de prisión sólo como autor del ilícito contra la seguridad, no adicionándose con la orden de decomiso del arma incautada por favorabilidad, ya que en el nuevo Código Penal sustancial desapareció como tal absolviéndose por el delito de homicidio.

“(…).

“Finalmente, lo referente a la no concesión de la condena de ejecución condicional diremos que dicha medida en este momento no tiene respaldo legal, ya que el artículo 63 del actual Estatuto Penal la admite, porque la pena impuesta es de prisión que no excede los tres años y el condenado no posee antecedentes personales, sociales y familiares que impidan su decreto como tampoco la modalidad y gravedad del ilícito. Por ende, se debería entrar a concederla; empero, como el condenado lleva detenido más del tiempo que comprende la pena principal -3 años, 4 meses y 16 días- se deberá ordenar su libertad por pena cumplida”(30).

5. Conclusiones probatorias y caso concreto 

Ahora bien, valorado en conjunto el material probatorio que antecede, ha de decirse que se encuentra suficientemente acreditado en el presente caso que el señor Pedro Luis Díaz fue procesado penalmente y, como consecuencia de ello, privado de su libertad por disposición de la Fiscalía General de la Nación, que lo acusó de los delitos de homicidio, en concurso material de conductas punibles con el de porte de arma, decisión que fue avalada por Juzgado Promiscuo del Circuito de San Martín – Meta que declaró su responsabilidad penal por los citados delitos, hasta cuando el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona resolvió que sólo existía mérito para condenarlo por el delito de porte ilegal de arma de fuego de defensa personal y, en consecuencia, lo absolvió de los cargos imputados por el delito de homicidio, amén de ordenar su libertad inmediata por cumplimiento de la pena.

Importa señalar en este punto que, el razonamiento que utilizó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona para absolverlo del delito de homicidio tuvo como fundamento la inexistencia de prueba sobre la participación del sindicado en una de las conductas investigadas —homicidio—, con lo cual se configura una de las situaciones que el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 contemplaba como presupuesto para la indemnización de perjuicios por la privación injusta de la libertad.

En tales condiciones, es evidente que la privación de la libertad del señor Pedro Luis Díaz configuró para él un verdadero daño antijurídico, toda vez que no se hallaba en la obligación legal de soportar la limitación a su libertad impuesta en razón de las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, ésta última en cabeza del Juzgado Promiscuo del Circuito de San Martín —Meta— que declaró su responsabilidad penal como autor de los delitos de homicidio, en concurso material de conductas punibles con el de porte ilegal de arma, mucho menos cuando dicha detención se dio en el marco de un proceso adelantado por un delito que, a la postre, se determinó que no fue cometido por él, pues, como quedó visto, en el sub lite la detención existió y se cumplió a instancias de la Fiscalía, hasta que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona decidió absolverlo de uno de los delitos endilgados —homicidio— y le otorgó la libertad inmediata, todo lo cual comprometió la responsabilidad del Estado, en aplicación de lo previsto en el artículo 90 de la Carta Política.

Esta sola circunstancia constituye un evento determinante de privación injusta de la libertad, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fue vinculado el ahora demandante, siempre mantuvo intacta la presunción constitucional de inocencia que lo amparaba respecto del delito de homicidio y que el Estado, a través de las entidades ahora demandadas, jamás desvirtuó.

Sobre el particular, debe decirse que en casos como este no corresponde a la parte actora demostrar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues una decisión de la Administración de Justicia, adoptada por la Fiscalía General de la Nación, que el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Martín - Meta- consideró acertada, determinó que el señor Pedro Luis Díaz debía padecer la limitación de su libertad, circunstancia que se prolongó hasta cuando fue absuelto de uno de los delitos por los cuales fue procesado.

Ahora bien, habiéndose establecido que el hecho dañoso causado al demandante fue ocasionado por la medida de aseguramiento dictada en su contra por la Fiscalía General de la Nación y que la Rama Judicial, en cabeza del Juzgado Promiscuo del Circuito de San Martín, Meta, avaló, se procede ahora, a examinar si dadas las circunstancias del caso concreto, se dan los presupuestos necesarios para concluir que en el presente caso se configuró la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima que pueda dar lugar a exonerar de responsabilidad patrimonial al Estado.

Lo anterior por cuanto las demandadas y el Ministerio Público alegaron durante el presente proceso que en el sub lite operó la causal eximente de responsabilidad referida a la culpa exclusiva de víctima, al considerar que el señor Pedro Luis Díaz debió someterse al proceso penal seguido en su contra, dado que portaba un arma de fuego sin su respectiva licencia, con lo que transgredió el ordenamiento jurídico, lo que dio mérito suficiente para proceder a su investigación y juzgamiento.

En este punto es pertinente advertir que, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, resulta necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder —activo u omisivo— de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. Y ello comoquiera que la Sala ha señalado que el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado, pues de no ser así (se transcribe de forma literal):

“... se estaría dando aplicación a la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad. Al respecto, son interesantes las siguientes precisiones del profesor Javier Tamayo Jaramillo:

Para explicar el vínculo de causalidad que debe existir entre el hecho y el daño, se han ideado varias teorías; las más importantes son: la ‘teoría de la equivalencia de las condiciones’ y ‘la teoría de la causalidad adecuada’. De acuerdo con la primera, todas las causas que contribuyeron a la producción del daño se consideran, desde el punto de vista jurídico, como causantes del hecho, y quienes estén detrás de cualquiera de esas causas, deben responder. A esta teoría se la rechaza por su inaplicabilidad práctica, pues deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría, absurdamente, buscar responsables hasta el infinito. Para suavizar este criterio, se ha ideado la llamada teoría de la causalidad adecuada, según la cual no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio; se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño...

A no dudarlo, la aceptación de la causa extraña como causal liberatoria de la presunción de responsabilidad es, en el fondo, la consagración de la teoría de la causalidad adecuada... aplicando la teoría de la causalidad adecuada, el juez considera que la causa externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el vínculo de causalidad debe romperse de tal modo, que el demandado no se considere jurídicamente como causante del daño”(31)-(32).

Dadas las particularidades del presente caso y consecuentemente con la línea jurisprudencial a la que, igualmente, se aludió en precedencia de acuerdo con la cual la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad a la Administración, no puede menos que concluirse que está demostrada en el expediente que al momento de la detención del señor Pedro Luis Díaz le fue incautado un revólver Smith & Wesson, calibre 38 largo, el cual no acreditó en el proceso penal su legalidad para el porte.

Para la Sala no ofrece duda alguna el hecho de que el señor Pedro Luis Díaz no obró en la forma debida o, mejor, en la que le era jurídicamente exigible, pues portaba un arma de fuego sin su respectivo salvoconducto en el momento en que ocurrió el homicidio del señor Obeimar Sánchez, circunstancia que determinó su captura por parte de los efectivos de la Policía Nacional y que fuera sometido al proceso penal del que fue objeto, hasta tanto la Fiscalía General de la Nación realizara las investigaciones necesarias con el fin de esclarecer los hechos por los cuales fue detenido.

El caudal probatorio que se acaba de referir permite a la Sala llegar a la conclusión de que en el expediente está plenamente probado no sólo el hecho de la privación de la libertad a la que se vio sujeto el señor Pedro Luis Díaz Díaz, por orden de autoridad competente, sino también las circunstancias que precedieron a la adopción de esa decisión por parte de la Fiscalía General de la Nación, en cuanto que la reprochable conducta de la víctima contribuyó a que, con el lleno de los requisitos legales -se insiste-, se profiriera la referida medida de aseguramiento en su contra, en cuanto, para el momento de la detención, el demandante no contaba con el respectivo permiso de porte del arma de fuego que le fue incautada.

Para la Sala no ofrece duda alguna el hecho de que el señor Díaz Díaz, a pesar de que fue absuelto del delito de homicidio en consideración a la falta de pruebas sobre su responsabilidad, no obró en la forma debida, vale decir, conforme con lo que le era jurídicamente exigible en este caso, pues no acreditó dentro del proceso penal que tenía el correspondiente permiso de porte para el arma de fuego que le fue incautada el día de su detención. En efecto, la conducta de portar un arma sin salvoconducto configura el delito de porte ilegal de arma y esa sola circunstancia justificaba a la administración de justicia para proceder a su detención y, como ocurrió, a su posterior condena, a lo cual debe agregarse que incurrió en una conducta irreglamentaria desde el punto de vista policivo, consistente en portar esa arma en un sitio en donde, inclusive si hubiera tenido permiso, le resultaba prohibido hacerlo(33).

Ahora bien, como quiera que el demandante fue detenido cuando ocultaba el revólver que llevaba consigo y la víctima murió de un disparo en el mismo sitio en el que él se hallaba, era inicialmente razonable que esa conducta lesiva del ordenamiento jurídico —la de portar el arma carente de salvoconducto—, hubiera justificado que, además del delito de porte ilegal de arma, se le imputara inicialmente el delito de homicidio, circunstancia que permite entender a la Sala que su conducta ilegal contribuyó de manera eficaz a que también se fijara en él la investigación por el delito de homicidio.

Bajo esta perspectiva, la Sala, con base en las pruebas que obran en el proceso, ha de concluir que, si bien es cierto no es posible considerar que el demandante hubiere estado en la obligación de soportar las consecuencias de la detención y la restricción de su libertad por el delito de homicidio, también es cierto que, como ya se dijo, su proceder abiertamente ilegal y gravemente culposo, determinó que deba asumir parte de la responsabilidad por la privación de la libertad de la que fue objeto en exceso por el delito de porte ilegal de arma, razón suficiente para que ese hecho personal de la víctima justifique una rebaja en el 50% de la condena que se determinara en cabeza de las demandadas.

La jurisprudencia de esta Corporación ha definido los parámetros que se hacen necesarios para considerar la presencia en un determinado evento del hecho de la víctima como eximente y/o concurrencia de causas. Sobre el particular, la Sala ha expresado (se transcribe de forma literal):

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado:

‘… Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño….’(34).

De igual forma, se ha dicho:

‘…. para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

-Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil.

-El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a éste, no podrá exonerarse de responsabilidad a la administración….’(35)(36) (Subrayas fuera del texto original).

Con fundamento en todo lo anterior, ha de concluirse por la Sala que, con base en los elementos de prueba a los cuales se ha hecho alusión, se halla demostrada suficientemente en el expediente la configuración tanto de un daño antijurídico por la privación injusta de la libertad del señor Pedro Luis Díaz Díaz por aquel delito que no cometió –homicidio-, pero también el actuar imprudente de éste, en el acaecimiento del resultado en que se tradujo la decisión de la Fiscalía General de la Nación al proferir una medida de aseguramiento en su contra por el delito del porte ilegal de armas y que avaló el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Martín – Meta.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala revocará la sentencia apelada, en cuanto negó las súplicas de la demanda y, en consecuencia, procederá a estudiar la indemnización de perjuicios solicitada, de conformidad con lo probado en el proceso y teniendo en cuenta que la participación de la víctima en el hecho dañoso impone una reducción de la condena en un 50%.

6. Indemnización de perjuicios

6.1. Perjuicios morales

Los demandantes solicitaron que por concepto de perjuicios morales se condenara a las demandadas al pago del equivalente en pesos a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos.

Pues bien, en los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa - Rad. No. 36.149, a cuyo tenor (se transcribe de forma literal):

“Con todo y, de nuevo, sin perjuicio de las particularidades de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta, tal como lo ha hecho de manera reiterada e invariable, algunos de los presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivos y garantizar así, de manera efectiva, el Principio Constitucional y a la vez Derecho Fundamental a la igualdad (artículos 13 y 209 C.P.),propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros: i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es, si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad.

Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 SMMLV; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMMLV; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMMLV, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMMLV, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMMLV, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 SMMLV, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 SMMLV, todo ello para la víctima directa –se insiste– y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados”.

En consecuencia, como en el presente caso el señor Pedro Luis Díaz fue privado de su derecho fundamental a la libertad personal entre el 23 de abril de 2001 y el 20 de septiembre de 2004, es decir, por el lapso total de 3 años, 4 meses y 27 días, y como en el sub lite la parte demandada no desvirtuó la presunción de aflicción que se desprende de la acreditación del parentesco con los respectivos registros civiles de nacimiento de sus familiares más cercanos, esto es, de Pedro Luis Díaz Díaz (hijo) y Graciela Díaz López (madre), se hace procedente dicho reconocimiento(37).

Ahora bien, frente a la señora Sandra Ermelinda Díaz Prieto, quien señaló acudir al proceso en calidad de compañera permanente del señor Pedro Luis Díaz, demostró ese hecho con la declaración que rindieron ante Juez comisionado Carlos Humberto Riaño Ballesteros(38), Silvio Noe Vargas(39) y Luz Stella Franco Escobar(40), quienes aseguraron que la reconocían como la compañera permanente del señor Pedro Luis Díaz y en sus declaraciones coincidieron en manifestar la relación de convivencia y afecto existente entre aquélla y el señor Díaz, así como el profundo dolor, tristeza y desilusión que produjo la privación de su libertad. La Sala da crédito a estos testimonios y, por lo tanto, tendrá a esta demandante como compañera permanente de Pedro Luis Díaz para efectos del reconocimiento de la indemnización de los perjuicios morales de quien aseguraron los deponentes padeció dolor, tristeza y sufrimiento por la privación injusta de la libertad a la que fue sometido su compañero.

Importa destacar que el señor Pedro Luis Díaz estuvo privado de su libertad por un lapso de 3 años, 4 meses y 27 días, no obstante sólo fue condenado por el delito de porte ilegal de arma de fuego de defensa personal a un (1) año de prisión, por lo que el reconocimiento de la indemnización de perjuicios por este concepto se hará sobre la base de 2 años, 4 meses y 27 días en que estuvo recluido en exceso por un delito que, a la postre, se determinó que no fue por él cometido.

Ahora bien, como quiera en atención al análisis de la concurrencia de culpas se reducirá el grado de participación de la víctima a un 50%, procede la Sala a fijar de forma adecuada el reconocimiento de la indemnización por concepto de perjuicios morales a favor de los demandantes en los valores que se indican a continuación:

Pedro Luis Díaz (afectado directo) 50 SMMLV
Sandra Ermelinda Díaz Prieto (compañera) 50 SMMLV
Pedro Luis Díaz Díaz (hijo) 50 SMMLV
Graciela Díaz López (madre) 50 SMMLV

6.2. Perjuicios materiales

Se reclamó en la demanda, que se reconociera a favor del señor Pedro Luis Díaz por concepto de indemnización de perjuicios materiales, la suma de $ 33’000.000.

6.2.1. Lucro cesante

Obra en el proceso una certificación expedida por el propietario de la Finca “La Maporita” en la cual se hace constar que el señor Pedro Luis Díaz “trabajó desde el año 1999 a 2001, devengando un sueldo mensual de $ 1’500.000, desempeñándose en el cargo de encargado general de la Finca ‘La Maporita’”, monto que será tomado en cuenta para realizar la correspondiente liquidación de perjuicios.

En cuanto hace al período a reconocer por dicho concepto, este será el comprendido entre el 23 de abril de 2002 y el 20 de septiembre de 2004, dado el descuento de un (1) año de prisión al que fue condenado por el delito de porte ilegal de arma de fuego, esto es, 2 años, 4 meses y 27 días; sin embargo, se liquidará no sólo ese período en el que estuvo privado de la libertad el demandante principal, sino también el lapso que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral, amén de que en el presente caso no obra certificación en que conste que volvió al cargo que desempeñaba con anterioridad.

En efecto, acerca del período a liquidar en eventos de privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido (se transcribe de forma literal):

“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.75 meses)(41).”(42)

Por lo tanto, si bien el señor Pedro Luis Díaz estuvo privado de la libertad en el plano jurídico hasta el 4 de abril de 2004, lo cierto es que según los parámetros jurisprudenciales a este período es necesario sumarle el tiempo en que, según los datos oficiales, una persona tarda en conseguir trabajo nuevamente.

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicho perjuicio, así:

Ingresos de la víctima al momento de su detención: $ 1’500.000

Período a indemnizar: 35.84 meses

Período consolidado: 35.84 meses

base
 

Total perjuicios materiales por lucro cesante: Ciento veinte millones quinientos un mil doscientos cincuenta y dos pesos con treinta y siete centavos ($120’501.252,37), suma que, igualmente, será objeto de reducción en virtud de la participación de la víctima en la producción del daño, para un total de sesenta millones doscientos cincuenta mil seiscientos veintiséis pesos con dieciocho centavos ($60’250.626,18).

Ahora bien, teniendo en cuenta que el valor solicitado en la demanda por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, indexado a la fecha, arroja un monto de 50’916.876,57(43), el cual es inferior a la suma obtenida a partir de la presente liquidación de dicho concepto, la Sala reconocerá el monto solicitado en la demanda e indexado, pues con esto no se contraviene el principio de congruencia que debe existir entre las pretensiones incoadas y la sentencia(44).

6.2.2. Daño emergente

No será reconocido monto alguno por este concepto, en consideración a la ausencia de pruebas sobre su acreditación.

7. Cesión de derechos litigiosos 

Finalmente, la Sala considera importante advertir que el apoderado de la parte actora solicitó que se reconociera al señor Carlos Humberto Riaño Ballesteros como cesionario de la totalidad de los derechos litigiosos del señor Pedro Luis Díaz, para lo cual anexó el referido acuerdo de cesión de derechos litigiosos celebrado el 3 de julio de 2007(45). Por lo anterior, se aceptará la cesión de derechos litigiosos y se tendrá al cesionario como litisconsorte del demandante(46).

8. Condena en costas

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el 29 de junio de 2011, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Como consecuencia de lo anterior, SE DECLARA a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL, administrativa y patrimonialmente responsables de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Pedro Luis Díaz, en atención a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia y en los términos de la parte resolutiva.

Tercero: Como consecuencia de la anterior declaración, SE CONDENA a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL a pagar, en partes iguales, las siguientes indemnizaciones para las siguientes personas:

Por concepto de perjuicios morales

Pedro Luis Díaz (afectado directo) 50 SMMLV
Sandra Ermelinda Díaz Prieto (compañera) 50 SMMLV
Pedro Luis Díaz Díaz (hijo) 50 SMMLV
Graciela Díaz López (madre) 50 SMMLV

Por concepto de perjuicios materiales

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Pedro Luis Díaz, la suma de cincuenta millones novecientos dieciséis mil ochocientos setenta y seis pesos con cincuenta y siete centavos ($50’916.876,57).

Cuarto: Tener al señor Carlos Humberto Riaño Ballesteros como litisconsorte de la totalidad de los derechos litigioso del señor Pedro Luis Díaz.

Quinto: SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda.

Sexto: Sin costas.

Séptimo: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Octavo: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del C.C.A.

Noveno: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

23 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

24 Normativa aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.”

25 Al respecto consultar, por ejemplo, Sentencia del 14 de febrero de 2002. Exp: 13.622. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez. Dicho criterio ha sido reiterado por la Subsección en sentencia de 11 de agosto de 2011, Exp: 21801, así como por la Sección en auto de 19 de julio de 2010, Radicación 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410), Consejero Ponente (E): Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

26 Folio 88 del cuaderno principal.

27 Folio 2 del cuaderno principal.

28 Información obtenida de la providencia de 2 de septiembre de 2002, proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Martín – Meta, por medio de la cual se condenó al señor Pedro Luis Díaz a la pena de 14 años de prisión como autor responsable del delito de homicidio cometido en la persona de Obeimar Sánchez, en concurso material de conductas punibles con el de porte de armas.
Resolución de Acusación proferida por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Bogotá (folios 33 a 50 del cuaderno principal).

29 Folios 84 a 97 del cuaderno principal.

30 Folios 99 a 106 del cuaderno principal.

31 Nota original de la sentencia citada: Tamayo Jaramillo, Javier. De la Responsabilidad Civil. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa. Edit. Temis, 2ª edición. Tomo I, vol 2., Santafé de Bogotá, 1996. pp. 245, 246.

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de dieciocho de octubre de dos mil, Radicación número: 11981; Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez; Actor: María Celeny Zapata Zapata y otros.

33 Ley 56 de 1962. Artículo 8. Queda prohibido llevar armas consigo durante sesiones de corporaciones legislativas, de juntas de comités políticos o religiosos, en reuniones públicas; en manifestaciones populares; en espectáculos o regocijos públicos; en expendios de licores y en casas de lenocinio. El salvoconducto, por lo tanto, no dispensa de esta prohibición. Las armas amparadas con salvoconductos deben permanecer en el domicilio del propietario durante los días de elecciones populares, huelgas u otras conmociones sociales.
Parágrafo. Quien viole lo preceptuado en el presente artículo sufrirá el decomiso y la consiguiente pérdida del arma. 

34 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia de 25 de julio de 2002, Exp. 13744, Actor: Gloria Esther Noreña B.

35 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia de 2 de mayo de 2002 Exp. 13262, Actor: Héctor A. Correa Cardona y otros.

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veinte (20) de abril de dos mil cinco (2005); Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra; Radicación: 05001-23-24-000-1994-00103-01(15784); Actor: Francisco Luis Vanegas Ospina y otros; Demandado: Municipio de Tarso.

37 A folio 18 del cuaderno principal, obra el registro civil de nacimiento de Pedro Luis Díaz Díaz, que da cuenta de que sus padres son los señores Pedro Luis Díaz y Sandra Ermelinda Díaz Prieto; a folio 15 del cuaderno principal, obra el registro civil de nacimiento de Pedro Luis Díaz, que da cuenta de su calidad de hijo de la señora Graciela Díaz López.

38 Folios 51 a 53 del cuaderno principal.

39 Folios 53 a 55 del cuaderno principal.

40 Folios 56 a 57 del cuaderno principal.

41 Cfr. URIBE G., José Ignacio y GÓMEZ R., Lina Maritza, «Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003», en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22.

42 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

43 Teniendo en cuenta como índice inicial el correspondiente a agosto de 2006 –fecha de presentación de la demanda (87,34) y final el último conocido a la fecha de esta providencia enero de 2017 (133.40).

44 “Las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum”. Al respecto consultar las sentencias de 9 de junio de 2010, expediente: 17605 y 9 de febrero de 2012, expediente: 21060.

45 Folio 223 del cuaderno principal.

46 En el mismo sentido ver. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 16 de diciembre de 2015. Exp: 37940; Consejero Ponente: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.