Sentencia 2008-00422 de junio 18 de 2009

CONSEJO DE ESTADO 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2008-00422

Consejero Ponente:

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Ref.: Expediente 2008-00422

Recurso de apelación contra la sentencia de 29 de septiembre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Recurso de apelación contra la sentencia de 29 de septiembre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Actor: Hermann Gustavo Garrido Prada

Actor: Hermann Gustavo Garrido Prada

Bogotá, D.C., dieciocho de junio de dos mil nueve.

Bogotá, D.C., dieciocho de junio de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Para dilucidar la controversia, es menester tener en cuenta, lo siguiente:

Para dilucidar la controversia, es menester tener en cuenta, lo siguiente:

A folios 49 a 50 del cuaderno principal, obra copia de la escritura pública 1272 de 1º de septiembre de 2006, de la Notaría 29 de Bogotá, contentiva del poder general otorgado al demandado por la Fiduciaria La Previsora S.A., quien conforme al artículo 6º del Decreto 2853 de 2006, fue designada liquidadora de Adpostal, entidad esta ordenada suprimir en el artículo 1º, ibídem.

A folios 49 a 50 del cuaderno principal, obra copia de la escritura pública 1272 de 1º de septiembre de 2006, de la Notaría 29 de Bogotá, contentiva del poder general otorgado al demandado por la Fiduciaria La Previsora S.A., quien conforme al artículo 6º del Decreto 2853 de 2006, fue designada liquidadora de Adpostal, entidad esta ordenada suprimir en el artículo 1º, ibídem.

Dicho poder fue revocado, conforme se advierte a folios 62 a 64, ibídem, a partir del 30 de marzo de 2007.

Dicho poder fue revocado, conforme se advierte a folios 62 a 64, ibídem, a partir del 30 de marzo de 2007.

Ahora, de acuerdo con el texto del mandato general visible a folios 49, 50 y 59 al señor Javier Alonso Lastra Fuscaldo se le otorgó la calidad de liquidador de Adpostal por parte de la Fiduciaria La Previsora S.A.

Ahora, de acuerdo con el texto del mandato general visible a folios 49, 50 y 59 al señor Javier Alonso Lastra Fuscaldo se le otorgó la calidad de liquidador de Adpostal por parte de la Fiduciaria La Previsora S.A.

En efecto, en la citada escritura pública, se lee:

En efecto, en la citada escritura pública, se lee:

“PRIMERO: Que por medio del presente instrumento documento confiere PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A JAVIER ALONSO LASTRA FUSCALDO ... para que en su nombre y representación ejecute los actos y contratos inherentes a la declaración subsiguiente.

“PRIMERO: Que por medio del presente instrumento documento confiere PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A JAVIER ALONSO LASTRA FUSCALDO ... para que en su nombre y representación ejecute los actos y contratos inherentes a la declaración subsiguiente.

SEGUNDO: Que el apoderado general arriba indicado desarrollará todos los actos y contratos tendientes a la liquidación de la ADMINISTRACIÓN POSTAL NACIONAL, ADOPOSTAL EN LIQUIDACIÓN Y TENDRÁ COMO FUNCIONES Y FACULTADES DEL LIQUIDADOR EN LAS SIGUIENTES NORMAS A LAS CUALES SE HACE REMISIÓN EXPRESA Y POR LO TANTO CONSTITUYEN EL LÍMITE DEL MANDATO CONFERIDO ASÍ: a) DECRETO-LEY 254 DE 2000 Y LAS NORMAS QUE LO COMPLEMENTEN, MODIFICAN O ADICIONAN, Y AQUELLAS NORMAS A LAS CUALES REMITE EL CITADO DECRETO; b) DECRETO 2853 DE 2006 Y LAS NORMAS QUE LO COMPLEMENTEN, MODIFIQUEN Y ADICIONEN Y AQUELLAS NORMAS A LAS CUALES REMITE” (se resalta en mayúscula y negrilla fuera de texto).

SEGUNDO: Que el apoderado general arriba indicado desarrollará todos los actos y contratos tendientes a la liquidación de la ADMINISTRACIÓN POSTAL NACIONAL, ADOPOSTAL EN LIQUIDACIÓN Y TENDRÁ COMO FUNCIONES Y FACULTADES DEL LIQUIDADOR EN LAS SIGUIENTES NORMAS A LAS CUALES SE HACE REMISIÓN EXPRESA Y POR LO TANTO CONSTITUYEN EL LÍMITE DEL MANDATO CONFERIDO ASÍ: a) DECRETO-LEY 254 DE 2000 Y LAS NORMAS QUE LO COMPLEMENTEN, MODIFICAN O ADICIONAN, Y AQUELLAS NORMAS A LAS CUALES REMITE EL CITADO DECRETO; b) DECRETO 2853 DE 2006 Y LAS NORMAS QUE LO COMPLEMENTEN, MODIFIQUEN Y ADICIONEN Y AQUELLAS NORMAS A LAS CUALES REMITE” (se resalta en mayúscula y negrilla fuera de texto).

Para la Sala, no obstante la condición de liquidador que adquiere el demandado en virtud del mandato conferido, ello no lo convierte en empleado público y por ello la causal de inhabilidad prevista en el artículo 43, numeral 2º, de la Ley 617 de 2000, no resulta aplicable, pues la misma está referida a quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección hubiera ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.

Para la Sala, no obstante la condición de liquidador que adquiere el demandado en virtud del mandato conferido, ello no lo convierte en empleado público y por ello la causal de inhabilidad prevista en el artículo 43, numeral 2º, de la Ley 617 de 2000, no resulta aplicable, pues la misma está referida a quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección hubiera ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.

En lo que respecta a la segunda causal alegada, la Sala precisa lo siguiente:

En lo que respecta a la segunda causal alegada, la Sala precisa lo siguiente:

El artículo 40 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 43, numeral 3º, de la Ley 617 de 2000, es del siguiente tenor:

El artículo 40 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 43, numeral 3º, de la Ley 617 de 2000, es del siguiente tenor:

“Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital...

“Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital...

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital, o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito...”.

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital, o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito...”.

En este caso, como lo señaló el a quo, dentro de la relación de contratos celebrados por el demandado con entidades públicas se encuentran, entre otros, los suscritos el 5 de enero de 2007 con Servicios Postales Nacionales por $ 40’000.000; el 12 de febrero de 2007 con el Archivo General de la Nación por $ 795’000.000; y el 8 de marzo de 2007, con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi por $40’000.000, todos para ser ejecutados en Bogotá.

En este caso, como lo señaló el a quo, dentro de la relación de contratos celebrados por el demandado con entidades públicas se encuentran, entre otros, los suscritos el 5 de enero de 2007 con Servicios Postales Nacionales por $ 40’000.000; el 12 de febrero de 2007 con el Archivo General de la Nación por $ 795’000.000; y el 8 de marzo de 2007, con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi por $40’000.000, todos para ser ejecutados en Bogotá.

Lo relevante en este caso es establecer si en el interés propio o de terceros, a que alude la norma, se debe entender excluido el del apoderado general del liquidador, persona de derecho público, a quien se le encomendó terminar la existencia jurídica de una entidad pública, en este caso, Adpostal, pues es evidente que se celebraron los referidos contratos, en el período inhabilitante y con entidades públicas.

Lo relevante en este caso es establecer si en el interés propio o de terceros, a que alude la norma, se debe entender excluido el del apoderado general del liquidador, persona de derecho público, a quien se le encomendó terminar la existencia jurídica de una entidad pública, en este caso, Adpostal, pues es evidente que se celebraron los referidos contratos, en el período inhabilitante y con entidades públicas.

Al respecto, estima la Sala que el demandado, en virtud del contrato de mandato, no solo representa los intereses de La Fiduciaria La Previsora S.A., sino que en virtud del mismo, como ya se vio, adquirió la calidad de liquidador lo que engendra un interés propio en sacar avante las obligaciones que adquirió en razón del contrato de mandato y por el cual percibió a título de contraprestación el pago de unos honorarios, como se advierte a folio 49 vuelto del cuaderno principal en la cláusula Cuarta de la escritura pública 11272 de 1º de septiembre de 2006, que reza: “Que con relación a la remuneración que se pacta con ocasión del ejercicio del presente mandato ... se determina por las partes que la remuneración será acordada en el contrato de prestación de servicios que suscriba el mandante y el mandatario”.

Al respecto, estima la Sala que el demandado, en virtud del contrato de mandato, no solo representa los intereses de La Fiduciaria La Previsora S.A., sino que en virtud del mismo, como ya se vio, adquirió la calidad de liquidador lo que engendra un interés propio en sacar avante las obligaciones que adquirió en razón del contrato de mandato y por el cual percibió a título de contraprestación el pago de unos honorarios, como se advierte a folio 49 vuelto del cuaderno principal en la cláusula Cuarta de la escritura pública 11272 de 1º de septiembre de 2006, que reza: “Que con relación a la remuneración que se pacta con ocasión del ejercicio del presente mandato ... se determina por las partes que la remuneración será acordada en el contrato de prestación de servicios que suscriba el mandante y el mandatario”.

De igual manera, puede considerarse como interés de terceros, el del mandante —La Fiduciaria La Previsora S.A—, que en virtud del Decreto 2853 de 2006, también adquirió unas obligaciones, por cuyo cumplimiento también recibiría contraprestación económica y que, a su vez, como ya se dijo, se trasladaron al apoderado general en el artículo segundo de la escritura pública contentiva del poder general, trascrito anteriormente.

De igual manera, puede considerarse como interés de terceros, el del mandante —La Fiduciaria La Previsora S.A—, que en virtud del Decreto 2853 de 2006, también adquirió unas obligaciones, por cuyo cumplimiento también recibiría contraprestación económica y que, a su vez, como ya se dijo, se trasladaron al apoderado general en el artículo segundo de la escritura pública contentiva del poder general, trascrito anteriormente.

Se lee en el Decreto 2853 de 2006:

Se lee en el Decreto 2853 de 2006:

Por el cual se suprime la Administración Postal Nacional —“Adpostal”—, y se ordena su Liquidación”.

Por el cual se suprime la Administración Postal Nacional —“Adpostal”—, y se ordena su Liquidación”.

Órganos de dirección y control de la liquidación.

Órganos de dirección y control de la liquidación.

ART. 6º—Liquidador. El liquidador de La Administración Postal Nacional “Adpostal” en Liquidación será la Fiduciaria La Previsora S.A., quien deberá suscribir el correspondiente contrato con el Ministerio de Comunicaciones, el cual se pagará con cargo a los recursos del ente en liquidación (negrilla y subraya fuera de texto).

ART. 6º—Liquidador. El liquidador de La Administración Postal Nacional “Adpostal” en Liquidación será la Fiduciaria La Previsora S.A., quien deberá suscribir el correspondiente contrato con el Ministerio de Comunicaciones, el cual se pagará con cargo a los recursos del ente en liquidación (negrilla y subraya fuera de texto).

“ART. 7º—Funciones del liquidador. El liquidador actuará como representante legal de la Administración Postal Nacional —“Adpostal”— en Liquidación y adelantará el proceso de liquidación de la empresa dentro del marco de las disposiciones del Decreto-Ley 254 de 2000, de las atribuciones señaladas en el presente decreto y de las demás normas aplicables. En particular, ejercerá las siguientes funciones:

“ART. 7º—Funciones del liquidador. El liquidador actuará como representante legal de la Administración Postal Nacional —“Adpostal”— en Liquidación y adelantará el proceso de liquidación de la empresa dentro del marco de las disposiciones del Decreto-Ley 254 de 2000, de las atribuciones señaladas en el presente decreto y de las demás normas aplicables. En particular, ejercerá las siguientes funciones:

1. Realizar el inventario físico detallado de los activos y pasivos de la entidad y el avalúo de los bienes.

1. Realizar el inventario físico detallado de los activos y pasivos de la entidad y el avalúo de los bienes.

2. Celebrar contratos para el uso, explotación, y enajenación de los bienes, una vez los mismos hubieren sido inventariados y valorados por parte del liquidador y se haya determinado su costo de uso, hasta el final del proceso de liquidación.

2. Celebrar contratos para el uso, explotación, y enajenación de los bienes, una vez los mismos hubieren sido inventariados y valorados por parte del liquidador y se haya determinado su costo de uso, hasta el final del proceso de liquidación.

3. Celebrar o subrogar todos aquellos contratos y convenios, que se requieran para garantizar la continuidad de la prestación del servicio de acuerdo a lo establecido en el presente decreto.

3. Celebrar o subrogar todos aquellos contratos y convenios, que se requieran para garantizar la continuidad de la prestación del servicio de acuerdo a lo establecido en el presente decreto.

4. Responder por la guarda y administración de los bienes y haberes que se encuentren en cabeza de la entidad en liquidación, adoptando las medidas necesarias para mantener los activos en adecuadas condiciones de seguridad física y ejerciendo las acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto. En consecuencia podrá celebrar los contratos necesarios para la protección y amparo de los bienes que se encuentren bajo su cuidado.

4. Responder por la guarda y administración de los bienes y haberes que se encuentren en cabeza de la entidad en liquidación, adoptando las medidas necesarias para mantener los activos en adecuadas condiciones de seguridad física y ejerciendo las acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto. En consecuencia podrá celebrar los contratos necesarios para la protección y amparo de los bienes que se encuentren bajo su cuidado.

5. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la conservación y fidelidad de todos los archivos de la entidad y, en particular, de aquellos que puedan influir en la determinación de obligaciones a cargo de la misma.

5. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la conservación y fidelidad de todos los archivos de la entidad y, en particular, de aquellos que puedan influir en la determinación de obligaciones a cargo de la misma.

6. Informar a los organismos de veeduría y control del inicio del proceso de liquidación.

6. Informar a los organismos de veeduría y control del inicio del proceso de liquidación.

7. Dar aviso a los jueces de la República del inicio del proceso de liquidación, con el fin de que terminen los procesos ejecutivos en curso contra la entidad, advirtiendo que se deben acumular al proceso de liquidación y que no se podrá continuar ninguna otra clase de proceso contra la misma sin que se notifique personalmente al liquidador.

7. Dar aviso a los jueces de la República del inicio del proceso de liquidación, con el fin de que terminen los procesos ejecutivos en curso contra la entidad, advirtiendo que se deben acumular al proceso de liquidación y que no se podrá continuar ninguna otra clase de proceso contra la misma sin que se notifique personalmente al liquidador.

8. Dar aviso a los jueces que conozcan de los procesos en los cuales se hayan decretado embargos contra el patrimonio de la entidad en liquidación, con anterioridad a la vigencia del presente decreto, para que oficien a los registradores de instrumentos públicos con el fin de que procedan a cancelar los correspondientes registros.

8. Dar aviso a los jueces que conozcan de los procesos en los cuales se hayan decretado embargos contra el patrimonio de la entidad en liquidación, con anterioridad a la vigencia del presente decreto, para que oficien a los registradores de instrumentos públicos con el fin de que procedan a cancelar los correspondientes registros.

9. Dar aviso a los registradores de instrumentos públicos para que procedan a cancelar los registros correspondientes a los embargos y para que dentro de los treinta (30) días siguientes a que se inicie la liquidación, informen al liquidador sobre la existencia de folios en los que la institución en liquidación figure como titular de bienes o de cualquier clase de derechos.

9. Dar aviso a los registradores de instrumentos públicos para que procedan a cancelar los registros correspondientes a los embargos y para que dentro de los treinta (30) días siguientes a que se inicie la liquidación, informen al liquidador sobre la existencia de folios en los que la institución en liquidación figure como titular de bienes o de cualquier clase de derechos.

10. Ejecutar los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de una liquidación rápida y efectiva.

10. Ejecutar los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de una liquidación rápida y efectiva.

11. Liquidar los contratos que con ocasión de la liquidación de la Administración Postal Nacional —“Adpostal”—, se terminen, a más tardar en la fecha prevista para la culminación del proceso liquidatorio, previa, apropiación y disponibilidad presupuestal.

11. Liquidar los contratos que con ocasión de la liquidación de la Administración Postal Nacional —“Adpostal”—, se terminen, a más tardar en la fecha prevista para la culminación del proceso liquidatorio, previa, apropiación y disponibilidad presupuestal.

12. Elaborar un programa de supresión de cargos dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en la que asuma sus funciones como liquidador.

12. Elaborar un programa de supresión de cargos dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en la que asuma sus funciones como liquidador.

13. Terminar los contratos laborales de los trabajadores oficiales y las relaciones legales y reglamentarias de los empleados públicos, cuyos cargos sean suprimidos.

13. Terminar los contratos laborales de los trabajadores oficiales y las relaciones legales y reglamentarias de los empleados públicos, cuyos cargos sean suprimidos.

14. Elaborar el anteproyecto de presupuesto y las modificaciones presupuestales de la Administración Postal Nacional —“Adpostal”— en liquidación a que haya lugar.

14. Elaborar el anteproyecto de presupuesto y las modificaciones presupuestales de la Administración Postal Nacional —“Adpostal”— en liquidación a que haya lugar.

15. Adelantar las gestiones necesarias para el cobro de los créditos a favor de la Administración Postal Nacional—“Adpostal”— en Liquidación.

15. Adelantar las gestiones necesarias para el cobro de los créditos a favor de la Administración Postal Nacional—“Adpostal”— en Liquidación.

16. Dar cierre a la contabilidad de La Administración Postal Nacional —“Adpostal”— e iniciar la contabilidad de la liquidación.

16. Dar cierre a la contabilidad de La Administración Postal Nacional —“Adpostal”— e iniciar la contabilidad de la liquidación.

17. Celebrar los actos y contratos requeridos para el debido desarrollo de la liquidación y representar a la entidad en las sociedades, asociaciones y entidades en que sea socias o accionista.

17. Celebrar los actos y contratos requeridos para el debido desarrollo de la liquidación y representar a la entidad en las sociedades, asociaciones y entidades en que sea socias o accionista.

18. Transigir, conciliar, comprometer, compensar o desistir, judicial o extrajudicialmente, en los procesos y reclamaciones que se presenten dentro de la liquidación, atendiendo las reglas sobre prelación de créditos establecidas legalmente.

18. Transigir, conciliar, comprometer, compensar o desistir, judicial o extrajudicialmente, en los procesos y reclamaciones que se presenten dentro de la liquidación, atendiendo las reglas sobre prelación de créditos establecidas legalmente.

19. Promover las acciones disciplinarias, contenciosas, civiles o penales a que haya lugar contra los servidores públicos, personas o instituciones que actúen o hayan actuado dolosa o culposamente en ejercicio de funciones o en el manejo de los bienes y haberes de la entidad.

19. Promover las acciones disciplinarias, contenciosas, civiles o penales a que haya lugar contra los servidores públicos, personas o instituciones que actúen o hayan actuado dolosa o culposamente en ejercicio de funciones o en el manejo de los bienes y haberes de la entidad.

20. Rendir mensualmente los informes de su gestión al Ministerio de Comunicaciones.

20. Rendir mensualmente los informes de su gestión al Ministerio de Comunicaciones.

21. Velar por que se dé cumplimiento al principio de publicidad dentro del proceso de liquidación.

21. Velar por que se dé cumplimiento al principio de publicidad dentro del proceso de liquidación.

22. Elaborar el cronograma de actividades para adelantar el proceso liquidatorio, de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto.

22. Elaborar el cronograma de actividades para adelantar el proceso liquidatorio, de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto.

23. Presentar al Ministerio del Interior y de Justicia un informe mensual sobre el estado de los procesos y reclamaciones, al igual que cumplir con las demás funciones establecidas en el Decreto 414 de 2001.

23. Presentar al Ministerio del Interior y de Justicia un informe mensual sobre el estado de los procesos y reclamaciones, al igual que cumplir con las demás funciones establecidas en el Decreto 414 de 2001.

24. Presentar el informe final de labores al Ministerio de Comunicaciones.

24. Presentar el informe final de labores al Ministerio de Comunicaciones.

25. Las demás funciones que le sean asignadas o que sean propias de su encargo.

25. Las demás funciones que le sean asignadas o que sean propias de su encargo.

PAR.—Para el ejercicio de las funciones contempladas en el presente artículo que impliquen gastos, se requerirá de la corresponderte apropiación y disponibilidad presupuestal”.

PAR.—Para el ejercicio de las funciones contempladas en el presente artículo que impliquen gastos, se requerirá de la corresponderte apropiación y disponibilidad presupuestal”.

Una interpretación diferente de la que se ha hecho conduciría al absurdo de considerar que el apoderado general está obrando en cumplimiento de un deber legal en interés público, del cual no podía sustraerse, lo que no resulta cierto, pues en el contrato de mandato, como en todo acto jurídico bilateral, está implícita la voluntad de los contratantes y en este caso, si dicho apoderado tenía aspiraciones a ostentar un cargo de elección popular, debió sopesar esta circunstancia y declinar a aceptar el poder general o abstenerse de participar en la contienda electoral, al encontrarse inhabilitado.

Una interpretación diferente de la que se ha hecho conduciría al absurdo de considerar que el apoderado general está obrando en cumplimiento de un deber legal en interés público, del cual no podía sustraerse, lo que no resulta cierto, pues en el contrato de mandato, como en todo acto jurídico bilateral, está implícita la voluntad de los contratantes y en este caso, si dicho apoderado tenía aspiraciones a ostentar un cargo de elección popular, debió sopesar esta circunstancia y declinar a aceptar el poder general o abstenerse de participar en la contienda electoral, al encontrarse inhabilitado.

Las anteriores razones justifican que la Sala revoque la sentencia apelada para disponer, en su lugar, la pérdida de la investidura solicitada.

Las anteriores razones justifican que la Sala revoque la sentencia apelada para disponer, en su lugar, la pérdida de la investidura solicitada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone:

REVÓCASE la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone:

DECRÉTASE la pérdida de la investidura del demandado Javier Alonso Lastra Fuscaldo.

DECRÉTASE la pérdida de la investidura del demandado Javier Alonso Lastra Fuscaldo.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de junio de 2009».

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de junio de 2009».

__________________________________

_________________________________________