Sentencia 2008-00426/41691 noviembre 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 540012331000200800426-01

Exp.: 41691

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: C.F.

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Naturaleza: acción de reparación directa

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombre y apellido y los números de cédula reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D.C., treinta de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

14. La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en observancia de la naturaleza del asunto. En efecto, la Ley 270 de 1996 consagró la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia para conocer de tales asuntos, en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(1).

II. Validez de los medios de prueba

15. Obran en el expediente algunas pruebas que originalmente fueron practicadas dentro del proceso penal adelantado en contra del señor R.G. Al respecto, cabe recordar que el artículo 185 del CPC, aplicable al procedimiento contencioso administrativo en virtud de lo señalado en el artículo 267 del CCA, dispone que las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro, y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

16. En el caso concreto, teniendo en cuenta que la prueba fue practicada precisamente por la Fiscalía General de la Nación, entidad que funge ahora como demandada, es susceptible de ser valorada en su integridad.

17. De otro lado, la parte demandante aportó al expediente un documento público que fue suscrito en la República Bolivariana de Venezuela: la copia de la tarjeta de propiedad del vehículo objeto de la controversia, expedida a nombre del señor O.P. (fl. 21, cdno. 1).

18. Al respecto, cabe advertir que el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil señala que “[l]os documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano”.

19. Con todo, a fin de aliviar las reglas de admisibilidad de los citados documentos, la República de Colombia ratificó mediante la Ley 455 de 1998 la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros —instrumento de derecho público también suscrito por la República Bolivariana de Venezuela— según la cual los documentos oficiales —entre los que se encuentran aquellos de carácter notarial— proferidos en un Estado contratante y que se pretendan hacer valer en otro, no tienen que ser legalizados, pues para su valoración bastará con que sean debidamente apostillados por la entidad competente del Estado del cual emanan(2).

20. En el presente caso, se advierte que el documento reseñado no fue legalizado, ni tampoco se acompañó con el correspondiente certificado del apostillado, suscrito por el funcionario extranjero competente. Dicha circunstancia, según las normas procesales antedichas, impide su valoración para proferir la decisión de mérito que corresponda.

III. Hechos probados

21. De conformidad con las pruebas oportunamente allegadas al proceso se tienen por probados los siguientes hechos relevantes para la litis(3):

22. El 10 de septiembre de 2001, la Quinta Brigada del Ejército Nacional capturó al señor R.G., tras encontrar una sustancia que al parecer era base de cocaína, dentro del vehículo venezolano que conducía, identificado como un automotor “(...) marca Toyota Land Cruiser, color amarillo, placas XXX, modelo 82”. Tanto el vehículo como el señor R.G. fueron puestos a disposición del jefe de la Unidad de Fiscalía Especializada de la ciudad de Cúcuta (copia del oficio 01435/BR5-GMMAZ-S2-INT-252, fl. 8, cdno. 1; copia del informe respectivo, fl. 9, cdno. 1).

23. El 19 de septiembre de 2001, al imponer medida de aseguramiento al señor R.G., la fiscalía delegada ante los jueces penales especializados del circuito de Cúcuta decidió también “(...) dejar a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes el vehículo inmovilizado”. Dicha decisión se materializó el 21 del mismo mes y año, cuando el técnico judicial II de la Fiscalía puso a órdenes del director del Instituto Nacional de Estupefacientes el automotor (copia de la providencia, fl. 39, cdno. 3; copia del oficio radicado 36394, fl. 38, cdno. 3).

24. El 16 de noviembre de 2001, la señora C.F., a través de abogado, solicitó a la fiscalía especializada que le devolviera el vehículo automotor incautado. Al respecto, adujo: “[mi cliente] solicita de la justicia material a cargo de la señorita fiscal especializada, tenga a bien ordenar la entrega de plano del vehículo relacionado e identificado de acuerdo a las normas civiles de nuestro Estado social de derecho que amparan la propiedad (...). Igualmente, de acuerdo a los fallos de l[a] honorable Corte Suprema de Justicia en relación con la entrega de vehículos automotores incautados en relación con (sic) hechos delictuosos por terceros de buena fe y sin responsabilidad alguna sobre los mismos cuando no existan reclamaciones simultáneas a resolverse se deberá atender dicho requerimiento y resolverse de plano” (copia de la petición con la respectiva constancia de recibido, fl. 8, cdno. 2). Para tal efecto aportó los siguientes documentos:

— Copia de un contrato de compraventa que celebró la señora C.F. con el señor R.G., el 3 de julio de 2001 (copia del documento privado, fl. 20, cdno. 1).

— Copia de la tarjeta de propiedad expedida por la República Bolivariana de Venezuela, a nombre del señor O.P., sobre el vehículo Toyota Land Cruiser, modelo 82 (copia de la tarjeta de propiedad, fl. 21, cdno. 1).

— Copia del contrato celebrado entre los señores O.P. y R.G., por virtud del cual el primero vendió al segundo el vehículo antedicho (copia del contrato 8727432 del 15 de octubre de 1997, fl. 25, cdno. 1).

25. En respuesta a la solicitud de la actora, la fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito especializado de Cúcuta, mediante resolución de 20 de noviembre de 2001, indicó que le era preciso previamente practicar la diligencia de ampliación de indagatoria del señor R.G. (copia de la pro[v]idencia, fl. 86, cdno. 3).

26. El 15 de enero de 2002, la señora C.F. solicitó nuevamente que se ordenara la entrega del vehículo de placas XXX, a su favor (copia del memorial, fl. 33, cdno. 2).

27. El 25 de enero de 2002, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado dictó sentencia mediante la cual condenó al señor R.G. a pagar una pena de prisión de ciento veintiocho meses, tras considerarlo culpable de incurrir en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En cuanto al vehículo incautado dispuso lo siguiente (copia de la providencia, fls. 41-47, cdno. 1):

“Como quiera que para el momento de proferir la presente sentencia no se cuenta con los elementos necesarios para determinar la propiedad del vehículo Toyota Land Cruiser del placas XXX, es por lo que se ordena la remisión de las copias pertinentes a la fiscalía especializada de esta ciudad, a efectos de que se inicie el trámite de extinción de dominio. Déjese el vehículo a disposición de esa autoridad para los efectos del caso.

(...).

En mérito de lo expuesto el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

(...).

4. Compulsar copias a que se hace referencia en el acápite de otras consideraciones con destino a la fiscalía especializada de esta ciudad, a efectos que se inicie el trámite de extinción de dominio del vehículo Toyota Land Cruiser de placas XXX. Déjese el vehículo a disposición de esta autoridad para los efectos del caso”.

28. El 14 de febrero de 2002, la señora C.F. solicitó nuevamente al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta que se le devolviera el vehículo, por las siguientes consideraciones (copia del memorial con la respectiva constancia de recibido; fls. 21-24, cdno. 4):

“Son fundamentos del presente alegato el derecho de propiedad que tiene mi poderdante y la total ajenidad que tienen respecto del delito consumado por el señor R.G., quien se sometió a la figura de la sentencia anticipada y por la cual recibió condena de 128 meses de prisión. En tal sentido la señora C.F. y tal como se desprende del caudal probatorio es inocente del punible investigado, según lo consagrado en la Ley 30 de 1986.

La entrega definitiva del rodante que se ha venido solicitando obedece como ya lo he manifestado a que no existe responsabilidad alguna por parte de mi poderdante, ella ha sido tal y como lo llama la ley, terceros de buena fe, totalmente ajenos al hecho investigado.

Es tanta la ajenidad de la propietaria del plenimentado vehículo que de lo recaudado se desprende que el rodante es de la exclusiva propiedad de la señora C.F., tal y como se observa en la compraventa del vehículo la cual reposa dentro del expediente.

(...).

La ley vigente es demasiado clara (L. 333/96), el Estado debe subrogarse a su exclusividad los bienes que sean exclusivamente de los sindicados responsabilizados penalmente mediante sentencia sin incluir en el camino bienes de terceros y ajenos al delito por cuanto no conocieron de las actividades ilícitas donde se dispuso o se usó o se usufructuó en línea contraria a lo ordenado por la ley.

(...)”.

29. El 10 de octubre de 2002, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta confirmó en todas sus partes la decisión adoptada por el juzgado de conocimiento. En cuanto a la retención del vehículo advirtió lo siguiente (copia de la providencia, fls. 7-14, cdno. 3):

“Respecto, a la extinción de dominio del vehículo marca Toyota Land Cruiser de placas XXX de nacionalidad venezolana, como quiera que en este estadio procesal no se puede decidir sobre esta solicitud, como bien lo dijo el a quo, aún no se ha podido determinar la propiedad del automotor, por lo que es en ese proceso de extinción en donde los terceros de buena fe deben hacerse valer sus derechos, y es allí donde la interesada debe demostrar la propiedad del rodante”.

30. La Fiscalía Novena Especializada de Cúcuta, el 30 de septiembre de 2004 dio comienzo a la etapa inicial de la acción de extinción de dominio sobre el vehículo, “(...) en razón a que existen bienes que no han sido objeto de investigación o habiéndolo sido no se tomó ninguna decisión definitiva sobre ellos” (copia de la resolución expedida en el expediente de extinción de dominio 008, fl. 48, cdno. 1).

31. El 5 de diciembre de 2005, la Fiscalía resolvió dentro del proceso referido la entrega definitiva del vehículo y le comunicó tal decisión a la señora C.F., mediante oficio remitido el 19 de enero de 2006 (copia de la comunicación respectiva, fl. 60, cdno. 1).

32. Asimismo, el 15 de febrero de 2006, la Fiscalía ofició al corregidor de Las Mercedes, municipio de Sardinata —Norte de Santander—, para que “(...) se sirva hacer entrega del vehículo marca Toyota, modelo Land Cruisser, placas XXX Venezuela, color amarillo, clase rústico, tipo estacas, serial motor 2F664503, serial carrocería FJ45938218, año 1982, a la señora C.F., identificad[a] con cédula de ciudadanía XXX de El Zulia, dejando las constancias que considere pertinentes, cuya entrega es definitiva. || Sírvase allegar la respectiva acta de entrega a este despacho, por duplicado” (copia del oficio 14856/10, fl. 61, cdno. 1).

III. Problema jurídico

33. Le corresponde a la Sala determinar si le asiste responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación por la retención del vehículo Toyota de placas XXX. Para el efecto deberá establecerse específicamente si (i) está legitimada la señora C.F. para demandar; (ii) se encuentran acreditados los daños imputados a la administración y (iii) la entidad incurrió en mora al decidir las peticiones incoadas por la actora.

IV. Análisis de la Sala

34. Aunque, en términos generales, la legitimación en la causa se refiere a “la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial (...)”(4), esta corporación ha señalado que es posible diferenciar entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa(5).

35. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, “(...) de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda”(6).

36. Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. De ahí que la Sala haya indicado que la falta de legitimación material en la causa por activa o por pasiva no impide al fallador pronunciarse de fondo sobre el petitum de la demanda, comoquiera que la aludida legitimación constituye un elemento de la pretensión y no de la acción, en la medida en que se trata de “(...) una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada”(7).

37. Por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta formula o la defensa que aquella realiza(8); pues bien, puede suceder que una persona esté legitimada en la causa de hecho por ser parte dentro del proceso, pero carezca de legitimación en la causa material, debido a que no es titular de los derechos cuya vulneración alega o a que ninguna actuación o conducta suya guarda relación o conexión con los hechos que motivan el litigio.

38. En estos eventos, las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar o, lo que es lo mismo, el juzgador deberá desestimarlas, puesto que el demandante carecerá de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido, o el demandado no será el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores(9).

39. En el caso concreto, la señora C.F. pretendió demostrar que era el propietaria del vehículo marca Toyota, de placas XXX de Venezuela y que, por tanto, se encontraba materialmente legitimada en la causa, con base en tres documentos, a saber: (i) el contrato de compraventa que celebró con el señor R.G. el 3 de julio de 2001, (ii) el contrato que a su vez celebraron los señores O.P. y R.G. y (iii) la tarjeta de propiedad expedida por la República Bolivariana de Venezuela, a nombre del señor O.P.

40. Como ya se advirtió, el tercero de los documentos referidos no puede ser valorado, en la medida en que se omitió aportar la apostilla requerida para el efecto, tratándose de un documento expedido por una autoridad extranjera. Con todo, aun cuando se le diera crédito, el resultado sería el mismo: la demandante no probó ser la propietaria del automotor.

41. Efectivamente, de conformidad con la ley, la transmisión de vehículos automotores es solemne, en la medida en que para transferir la propiedad no basta con el contrato verbal o escrito celebrado entre las partes, sino que es preciso también que el mismo se inscriba en el registro correspondiente. Por ello, únicamente es prueba válida para el efecto la tarjeta de propiedad del bien mueble.

Al respecto ha dicho el Consejo de Estado(10):

En el caso sub examine, el demandante invocó la calidad de propietario del vehículo que indicó fue retenido, sin embargo, los elementos demostrativos obrantes en el proceso, tales como la póliza de seguro y la tarjeta de propiedad dan cuenta de que el propietario del vehículo es el señor Jesús Manuel Rangel Ramírez.

De acuerdo con lo señalado en la jurisprudencia citada, se tiene que la prueba idónea para acreditar la propiedad de un vehículo automotor, es la tarjeta de propiedad del vehículo, documento público que no puede ser sustituido por otro, como lo prescribe el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que se trata de un requisito ad substantiam actus. Al respecto la doctrina ha expresado:

“El Código civil le da la denominación de solemnidades a ciertas formas externas documentales necesarias para la prueba de algunos actos jurídicos (art. 1760); o de formalidades especiales, como en los artículos 1500 y 1741 de la misma obra.

Estas formas tienen una consecuencia capital, cual es la de que sin ellas el acto no produce ningún efecto civil. Como ejemplos pueden citarse todos aquellos contratos que versen sobre inmuebles y la promesa de contrato. En la compraventa de un bien raíz, demos por caso, la escritura pública es, al propio tiempo que solemnidad, única prueba del contrato. Sin ella este no existe y su prueba no puede suplirse por ningún otro medio, ni aún por la confesión.

A este respecto el nuevo código judicial en su artículo 265 dispone que la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos o contratos en que la ley requiera de esa solemnidad, y se mirarán como no celebrados aun cuando se prometa reducirlos a instrumento público. Y el 232 corrobora lo dispuesto al ordenar que la prueba de testigos no podrá suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato”(11).

42. Pues bien, en el presente caso la señora C.F. no aportó un documento de este tipo que acredite su condición de propietaria sobre el vehículo XXX. La tarjeta de propiedad allegada, además de que no puede ser valorada, señala que el propietario es una persona distinta de la demandante.

43. Cierto es que la legislación venezolana puede establecer un sistema jurídico diferente en cuanto a la transmisión del derecho de dominio sobre los automóviles. Sin embargo, dicha norma extranjera no se probó, de conformidad con lo que al respecto requiere el artículo del Código de Procedimiento Civil: “[e]l texto de normas jurídicas que no tengan alcance nacional y el de las leyes extranjeras, se aducirá al proceso en copia auténtica de oficio o a solicitud de parte. La copia total o parcial de la ley extranjera deberá expedirse por la autoridad competente del respectivo país, autenticada en la forma prevista en el artículo 259. También podrá ser expedida por el cónsul de ese país en Colombia, cuya firma autenticará el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

44. La anterior circunstancia, sin embargo, no es suficiente para concluir que la señora C.F. carece de legitimación material en la causa por activa pues dentro del expediente obran pruebas que llevan a la Sala al convencimiento de que la demandante ha sufrido un daño por cuenta de la vulneración de su derecho de posesión sobre el bien, el cual si bien es distinto al que adujo, también la legitima para acudir ante la jurisdicción. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Subsección ha señalado que:

De conformidad [con] todo lo expuesto, la Sala observa que, en los casos en que se demanda con la finalidad de obtener la reparación por el daño o destrucción de un bien material, como sucede en el asunto concreto frente al deterioro de la buseta de placas SAF 399, le correspondería al demandante en principio probar la titularidad del derecho que adujo tener en relación con aquel para efectos de no solo demostrar la existencia del daño aseverado como causado sino también su interés para demandar y dar inicio al proceso contencioso administrativo, lo que claramente no es óbice para que el juez de la reparación directa pueda ordenar el restablecimiento que corresponda de conformidad con las funciones que le son propias y los hechos que encuentre probados en el caso concreto, de haberse demostrado que el accionante ostentaba otra condición respecto del bien que de todas formas permita atribuirle la calidad de víctima —aspecto de mayor relevancia en el marco de un proceso judicial de responsabilidad—, situación que se podría presentar cuando en el libelo introductorio se invoca el carácter de propietario pero solo se logra demostrar otro derecho subjetivo sobre la cosa, como lo es la posesión, el usufructo, la habitación, u cualquier otro interés o derecho que permita colegir que el actor efectivamente sufrió un detrimento, al ser cierto que tenía una conexión con el bien sobre el que ocurrió el hecho dañoso(12).

45. Con base en este razonamiento, la Sala ha reconocido, como lo hizo antes la Sección Tercera(13), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 762(14) y 2342(15) del Código Civil, que al poseedor pueden indemnizársele los perjuicios que haya sufrido con ocasión de la pérdida, inmovilización o destrucción de un determinado bien, al margen de que la calidad que haya invocado en la demanda hubiera sido la de propietario:

1. La demanda. El 20 de agosto de 1986, el doctor Jaime Alfonso Torne Fandiño, por medio de apoderado judicial presentó demanda para que, frente a la Nación colombiana, se dedujeran en su favor las siguientes pretensiones:

“1. Declárese a la Nación Colombiana, administrativamente, responsable de los daños causados al vehículo A.G. 6314 marca Renault-6 modelo 1971 sedan amarillo, motor 132992 serie 7935652 tipo automóvil de propiedad del demandante y en el accidente causado el día 30 de abril de 1986 (...).

Estos medios de prueba generan certeza respecto de estas circunstancias:

— Que el demandante compró el carro a Armando Pérez Briceño.

— Que recibió el carro y pag[ó], por él, un precio de $800.000.

— Que usó el carro como suyo y lo disfrutaba el día del accidente.

— Que no se hizo el traspaso a su nombre ante las autoridades de tránsito.

En otros términos se presentó una circunstancia conocid[a] en el comercio de automotor[es] como el “traspaso en blanco”, según la cual un propietario firma la solicitud de traspaso, documento que desfila por diversos compradores futuros sin que se haga efectiva la petición.

Para la Sala, sin entrar a establecer los requisitos necesarios para adquirir la propiedad de los vehículos automotores es claro que el demandante era poseedor del automóvil al tiempo de los hechos, en los términos del artículo 762 del Código Civil (...).

Las pruebas cuya relación se hizo antes son suficientes para demostrar los dos elementos tradicionales de esta figura.

Hecha esta precisión, la Sala ha reconocido en el poseedor el interés necesario para acceder ante esta jurisdicción dentro del contencioso subjetivo(16).

46. A la posesión la definen dos elementos. Por una parte, el animus, entendido como la concepción y conducta que tiene el poseedor de ser señor y dueño de la cosa poseída. Por otra parte, el corpus, consistente en la relación material o física que se tiene con aquella. Por lo tanto, quien se repute como poseedor y pretenda que se lo proteja como tal, deberá acreditar no solo que ejerce un poder de hecho y material sobre la cosa(17), sino que no reconoce dominio ajeno. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que:

Como es sabido, la posesión, uno de los fundamentos esenciales de la prescripción adquisitiva de dominio, está integrada por dos elementos bien definidos, el “animus” y el “corpus”, este relacionado con el poder de hecho que materialmente se ejerce sobre la cosa, y aquel, de naturaleza subjetiva, intelectual o sicológica que se concreta en que el poseedor actúe como si fuera el verdadero y único dueño, sin reconocer dominio ajeno.

Sobre el particular ha dicho la Corte: “escuestión suficientemente averiguada la de que la mera detentación de la cosa no es bastante para poseer en sentido jurídico; que es indispensable que a ello se agregue la intención de obrar como propietario, como dueño y señor de la cosa, o, lo que es lo mismo, con el positivo designio de conservarla para sí. Y, si se quiere, es el animus el elemento característico y relevante de la posesión y por tanto el que tiene la virtud de trocar en posesión la mera tenencia. Para que esta exista es bastante la detentación material; aquella, en cambio exige no solo la tenencia sino el ánimo de tener para sí la cosa (animus domini)”. (G. J., CLXVI, p. 50). De suerte que, allí donde no se descubra el elemento subjetivo de actuar por su propia cuenta, no queda lugar para hablar de poseedores por muy numerosos y variados que sean los actos materiales que se ejerzan sobre la cosa. Ahora bien, por su carácter subjetivo, “el ánimo de poseer implica observar el estado de espíritu que se presenta en el poseedor, averiguación que por lo mismo resulta asaz delicada, dificultad de la cual tomó, por fortuna, nota la ley, permitiendo entonces que esa intencionalidad se presuma de los hechos que normalmente dicen ser su reflejo, y que por aparecer externamente son apreciables por los sentidos”(18).

47. En el caso concreto, el animus, esto es, el elemento subjetivo de la posesión, se encuentra acreditado, con base en el contrato aportado, en el cual consta que la señora C.F. compró al señor R.G. el vehículo Toyota Land Cuiser XXX, de donde se puede determinar que ella se sentía señora y dueña del mismo. En el documento se anotó:

El señor R.G., en calidad de propietario vende en favor de C.F. un vehículo automotor de las siguientes característic[a]s: placas del vehículo XXX; serial de carrocería FJ 45938218, serial del motor 2F664603; marca Toyota, modelo Lan Cruisier (sic) año 1982, color amarillo; clase rústico; tipo estacas, uso carga (...). El precio de venta del vehículo es la suma de nueve millones de pesos ($9.000.000) (...). La forma de pago es de la siguiente manera: la suma de siete millones de pesos ($7.000.000) a la firma del presente documento; y la suma de dos millones ($2.000.000), a dos meses después de esta firma. (...) El vendedor hace entrega material y real de propiedad y dominio a la compradora en el acto de firmas de este documento.

48. Otra evidencia que fortalece esa conclusión son las reiteradas solicitudes que realizó ante la jurisdicción penal que tenían por propósito la devolución del vehículo —el 16 de noviembre de 2001, el 15 de enero de 2002 y el 14 de febrero de 2002—. Ciertamente, de no ser porque se sentía la propietaria del vehículo, no habría perseguido su entrega con tal ahínco.

49. En cuanto al segundo elemento: el corpus, no se desconoce que el vehículo fue retenido cuando se encontraba materialmente en poder del señor R.G., su anterior dueño. Esa circunstancia parecería contradecir lo que se señaló en el contrato de compraventa, puesto que allí se consignó que el vendedor hizo entrega material del vehículo a la señora C.F., al momento de la celebración del documento respectivo, el 3 de julio de 2001.

50. Para la Sala, dicha contradicción es apenas aparente. Efectivamente, como bien lo señaló el propietario del vehículo en la diligencia de la indagatoria que rindió, a pesar de que él seguía conduciéndolo, ya había transferido su derecho sobre el mismo a la señora C.F. —aunque no realizado el trámite de la titulación respectiva—. Al respecto adujo (copia de la indagatoria, fls. 10-14, cdno. 1):

Preguntado: en todas sus respuestas anteriores, se avizoraba por parte del despacho que usted era el propietario del vehículo inmovilizado, porque usted hablaba que se lo compró a un señor O.P. (...) Dígale al despacho por qué usted dice en este momento que el producido lo dividen en dos partes, uno para usted y otro para el propietario del vehículo. Contestó: al momento de mi declaración nombré a la señora a la que le había vendido el carro hace dos meses larguitos [C.F.], más adelante aportaré la compraventa. Hicimos convenio con ella. Yo le vendí el carro en nueve millones, ella me dio siete y con el compromiso de que cuando me hiciera efectivo los dos millones yo le daba título de propiedad del vehículo, mientras tanto las ganancias quedaban para partirlas por partes iguales.

51. Si bien es cierto que la indagatoria no se rinde bajo juramento y, por ende, no puede ser equiparada a un testimonio, ello no significa que carezca de todo valor probatorio, como recientemente ha señalado esta corporación(19):

(...) según sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C-403 de 1997, la diligencia de indagatoria posee una naturaleza mixta, constituyéndose en medio de defensa para el procesado, pero también como medio de prueba válido que permite alcanzar la verdad material, semejándola en algunas circunstancias con la confesión, a pesar de ser dos instituciones claramente diferenciadas, con efectos y formalidades distintas:

El derecho procesal moderno le reconoce a la indagatoria una doble connotación jurídica: como medio de defensa y como fuente de prueba de la investigación penal. Lo primero, porque a través de ella la ley le otorga al procesado el derecho a responder los cargos que se le hubiesen imputado previamente; lo segundo, porque de lo expresado en la diligencia puede el juez especializado encontrar o deducir indicios de responsabilidad en el delito que se investiga, y hallar razones que conduzcan a la inocencia o responsabilidad del acusado. En efecto, al constituirse la indagatoria en la primera oportunidad de defensa del sindicado dentro del proceso, resulta lógico deducir su calidad de pieza probatoria relevante para la investigación, pues las explicaciones que aquel pueda dar, permiten conocer información necesaria para llegar a la verdad material (...) En cuanto a la naturaleza mixta de la indagatoria, como medio de prueba y de defensa, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 18 de marzo de 1993, señaló:

“Pero también cabe hacer otra acotación, que cubre por entero la alegación de la demandante, o sea, estimar que la indagatoria solo tiene un valor de defensa, de donde no es dable extraer de la misma argumentos de compromiso. La tesis no representa, un exacto y completo contenido de verdad, pues bastaría pensar, entonces, que si no es un medio de prueba tampoco podría utilizarse en beneficio del propio procesado, porque solo lo que la ley estima como medio válido de prueba es dable manejarlo en este sentido y con este efecto”.

Ahora bien, para garantizar la efectividad del derecho de defensa, la indagatoria en sus dos orientaciones, medio de prueba y medio de defensa, aparece regulada expresa o tácitamente en el actual CPP. Como fuente de prueba se encuentra en el artículo 248 que expresamente señala: “Son medios de prueba: la inspección, la peritación, los documentos, el testimonio, la confesión”; en este mismo sentido, en el artículo 361 que, referido a la investigación de autores y partícipes, dispone: “El funcionario judicial tomará las ampliaciones de indagatoria que considere convenientes”. Asimismo, en el artículo 369A que faculta al Fiscal General de la Nación o al fiscal que este designe, para acordar beneficios con las personas investigadas en virtud de la colaboración que presten a las autoridades para la eficacia de la administración de justicia (C.P., art. 95-7) (resaltados originales de la sentencia).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia de 3 de diciembre de 2009, proceso 28267, indicó:

Sea lo primero destacar la equivocación del actor al sostener que se configura un falso juicio de existencia por suposición, con base en que, atendida la naturaleza de la indagatoria, por prohibición legal, de su contenido no es posible extraer valoración negativa contra el procesado, pues, desde una perspectiva estrictamente técnica, de ser correcta esa propuesta, el error que debió denunciar no es de hecho, sino de derecho, consistente en un falso juicio de convicción —el cual, como se sabe, se configura cuando se da valor probatorio a un medio de conocimiento al que el legislador le ha negado tal connotación—.

Ahora bien, el artículo 337 de la Ley 600 de 2000, vigente para cuando se vinculó mediante indagatoria al procesado, así como el 358 del Decreto 2700 de 1991, en vigor para el momento en que ocurrieron los hechos, son desarrollo del artículo 33 de la Constitución Política, el cual recoge con carácter de principio constitucional, el llamado por la doctrina y la jurisprudencia, derecho de no autoincriminación, de acuerdo con el cual nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra sus parientes cercanos, ni a confesarse culpable del hecho que se le imputa.

La admonición expresada en las normas procesales en cuestión (ambas de contenido semejante), en el sentido de advertir previamente al indagado acerca del alcance de ese derecho, busca asegurar que al momento de rendir indagatoria tenga conciencia de que es titular de esta garantía, y que si decide confesar el hecho y/o declarar contra las personas resguardadas por el mandato, es porque desea hacerlo voluntariamente; se trata, en otras palabras, de evitar que al presentarse declaración incriminatoria, ello pueda ocurrir por desconocimiento de esa prerrogativa, o porque el implicado entienda o pueda entender equivocadamente que tiene un compromiso indisoluble con la verdad.

Así las cosas, la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no autoincriminarse como lo ampara el artículo 33 constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios, y que en caso de querer el procesado contribuir con la recta administración de justicia, lo haga a sabiendas de que cuenta con garantías de defensa como es guardar silencio en lo que le perjudica, así como no declarar contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, y que por ello mismo, no puede colegirse un indicio grave en su contra.

Por supuesto que la indagatoria no ofrece el grado de certeza probatoria que se exige para proferir sentencia condenatoria, razón por la cual la información allí vertida deberá corroborarse y profundizarse en el curso del proceso penal mediante otros medios allegados, de tal suerte que la misma no sea empleada como un instrumento represivo que aventaja al ente investigador sobre el procesado.

Ahora bien, en atención a que los anteriores presupuestos implican una modificación relativa de la posición imperante por esta corporación, la Sala estima necesario delimitar en qué casos podrá aplicarse una excepción a la regla general mencionada.

Como quiera que el juicio que se imparte no versa sobre responsabilidad penal sino administrativa, la cual se rige por otros cánones distintos a fallar “más allá de toda duda razonable”, la Sala definirá los casos en que la indagatoria puede emplearse en el juicio de responsabilidad estatal, en los siguientes términos: (i) al otorgarle mérito probatorio a la indagatoria, deberá acreditarse la necesidad de su incorporación para el análisis integral del caso; (ii) la indagatoria no puede constituirse en la única prueba que defina la responsabilidad administrativa del Estado; (iii) se requiere del concurso de otros medios de convicción que apunten en un mismo sentido es decir, no deben haber contradicciones ostensibles entre lo vertido en la indagatoria y otros medios de prueba que favorecen al demandante en sede administrativa; (iv) deberá realizarse un examen integral del proceso lo cual incluye todas las pruebas válidamente incorporadas al proceso; (v) finalmente, podrá admitirse la indagatoria como medio de prueba en el juicio de responsabilidad estatal, cuando de ella: a) el procesado haya obtenido beneficios por colaboración con la justicia; o, b) que como consecuencia de los hechos afirmados en la indagatoria, se produzca posteriormente sanción penal o administrativa; por último, c) la indagatoria valorada no puede haber sido desestimada por razón de presión, confesión forzada del investigado, o cualquier otro medio atentatorio de los derechos fundamentales.

52. En el presente caso, se tiene que la indagatoria fue rendida libre de presiones y sin apremio de ningún tipo. Adicionalmente, es evidente que el señor R.G. se pronunció sobre la propiedad del vehículo de forma desprevenida, mucho tiempo antes de que se incoara la presente demanda, de suerte que resulta natural pensar que el sindicado nunca pretendió favorecer con su dicho a la señora C.F., sino simplemente, dar cuenta de los hechos que le preguntaba el fiscal instructor del proceso.

53. Pues bien, como se dijo, dicho medio de prueba permite establecer que la señora C.F., a pesar de que no tenía materialmente el automotor, sí ejercía la posesión del mismo; no de otra forma se puede interpretar que el dinero que con su explotación se obtenía se destinaba en una parte a acrecentar su patrimonio y, de otro, a pagar sus obligaciones.

54. Ciertamente, ese hecho significa que ya para entonces la señora C.F. disfrutaba del goce del vehículo. En ese sentido, ha dicho la doctrina autorizada lo siguiente: “[e]l corpus es el poder físico o material que tiene una persona sobre una cosa. Son los actos materiales de tenencia, uso y goce sobre la cosa, como dicen Planiol y Ripert. El poder de hecho sobre la posesión no significa que el poseedor tenga un contacto físico o material con el bien”(20).

55. Por lo anterior, concluye la Sala que se demostró que la demandante C.F. era poseedora del vehículo Toyota Land Cruiser, de placas venezolanas XXX, y que, en tal virtud, se encuentra legitimada en la causa para demandar reparación por los perjuicios derivados del presunto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que incurrió la Fiscalía por su retención y por la falta de diligencia en su cuidado.

56. Precisado este punto, la Sala advierte que la demandante solicitó ser indemnizada por los daños derivados de “la retención, incautación ilegal, mora y negligencia en ordenar la devolución del vehículo”, que se concretarían, por una parte, en haber perdido la posibilidad de usufructuarlo durante todo el tiempo en que duró la retención y, por la otra, en el deterioro que sufrió en ese periodo.

57. Efectivamente, una lectura atenta de las pretensiones permite establecer que la actora no se limitó solamente a reclamar por el mal estado en el que el vehículo fue entregado, pues si así fuera nunca habría solicitado que se le pagara por el peculio que dejó de obtener por cuenta de la imposibilidad de explotarlo, mientras estuvo retenido. Por ello, de entrada advierte la Sala que el tribunal a quo erró al considerar solamente este primer aspecto en la sentencia de primera instancia.

58. Pues bien, en lo relativo a dicho daño, la Sala considera que está debidamente probado, pues es evidente que la retención del vehículo, acaecida el 10 de septiembre de 2001 —ver párrafo 22—, impidió su uso y disfrute hasta por lo menos el 15 de febrero de 2006, cuando se ordenó su entrega —ver párrafo 32—.

59. No ocurre lo mismo con lo relativo al deterioro que sufrió mientras estuvo a disposición de las autoridades. Revisado el expediente, se advierte que no obra constancia en el mismo del acta de detención del vehículo, ni tampoco constancia del acta de entrega, de suerte que resulta imposible determinar si, como lo afirma la parte actora, para este último momento se encontraba en malas condiciones e, incluso, había sufrido el hurto de varias de sus piezas.

60. Tampoco el actor aportó o solicitó que se practicara en el plenario ninguna prueba, fuere testimonial, documental o pericial, tendiente a acreditar este último hecho, motivo por el cual, deben denegarse las pretensiones tendientes a reclamar la reparación de dicho daño. En efecto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 177 del CPC(21) es a la parte actora a quien le corresponde acreditar los hechos en los que fundamente sus pretensiones. Al respecto ha dicho esta corporación:

Con base en la norma referida, esta corporación ha señalado: “La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el juez de lo contencioso administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquel no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es este, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, un fallo adverso a sus intereses”(22).

61. Así pues, se procederá a estudiar, únicamente, la responsabilidad que pudiera caberle al Estado por cuenta del tiempo durante el cual se retuvo el vehículo que poseía la señora C.F. Ahora, para definir la antijuridicidad de este daño, debe la Sala determinar si la actora estaba o no en el deber jurídico de soportarlo, teniendo en cuenta las circunstancias que dieron lugar (i) a la inmovilización del vehículo y (ii) a que este se devolviera más de cuatro años después.

62. En efecto, si bien es cierto que en ejercicio del ius puniendi el Estado puede restringir libertades y otros derechos de los particulares, incluso de manera preventiva, con miras a investigar y/o sancionar conductas que de acuerdo con el ordenamiento jurídico resultan reprensibles, lo cual implicaría que, en principio, aquellos tengan la carga correlativa de soportar dichas restricciones, en aras del interés general; también lo es que, de conformidad con el artículo 2º de la Constitución, las autoridades de la República están instituidas para protegerlos en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y, en consecuencia, deben velar porque las limitaciones impuestas estén plenamente fundadas en el ordenamiento, se efectúen respetando el derecho al debido proceso y, adicionalmente, sean lo menos restrictivas posible, dadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se haga necesario imponerlas.

63. En relación con la inmovilización del automotor se advierte que, en los términos del artículo 47 de la Ley 30 de 1986, las autoridades estaban habilitadas para decomisar los vehículos y demás medios de transporte que fueran utilizados para la comisión de los delitos descritos en esa misma ley, entre ellos, el contemplado en su artículo 43, modificado por el 20 de la Ley 365 de 1997(23), vigente desde el 21 de febrero de ese año, relativo al transporte de sustancias que sirvieran para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produjera dependencia, definidas por el Consejo Nacional de Estupefacientes y que, en estos casos, dichos bienes se pondrían a disposición de este último quien, a su vez, estaba facultado para destinarlos provisionalmente al servicio oficial o entidades de beneficio común o para darlos en arriendo o depósito(24).

64. Comoquiera que, como se desprende de los medios de convicción allegados al expediente, sin que exista controversia alguna al respecto, el vehículo Toyota, de placas venezolanas XXX, transportaba estupefacientes, en específico cocaína, las autoridades estaban facultadas para inmovilizarlo mientras se descartaba definitivamente que hubiera sido utilizado para la comisión de la conducta delictual consagrada en el artículo 43 de la Ley 30 de 1986, o se acreditaba que, habiéndolo sido, su propietario era totalmente ajeno a los hechos.

65. En ese sentido la Sala concluye que el daño consistente en haberse visto privada de la tenencia, uso y goce del vehículo que poseía como consecuencia de la inmovilización de que este último fue objeto el 28 de febrero de 1997 era una carga que la demandante estaba en la obligación de soportar y, por lo tanto, no es susceptible de ser reparada.

66. En este punto la pregunta que se plantea tiene que ver entonces con el plazo durante el cual dicho daño puede considerarse como jurídico, esto es, sobre si la imposibilidad de usufructuar el bien derivada de la prolongación de la inmovilización, más que de esta última, constituye o no un daño antijurídico. En opinión de la Sala, la antijuridicidad del daño resultante solo puede establecerse en el evento en el que se pruebe la configuración de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la dilación injustificada en resolver el asunto.

67. En lo relativo a la prolongación de la inmovilización que habría resultado del paso del tiempo, la Sala recuerda que la falla del servicio se examina con fundamento en distintos factores tales como la propia realidad de la administración de justicia y las características del asunto que se esté resolviendo, entre otros:

“(...) para la determinación de qué se entiende por “violación o desconocimiento del plazo razonable” corresponde al juzgador analizar las condiciones de tiempo, modo y lugar, así como los factores internos y externos en los que se presta el servicio, en otros términos, con qué instrumentos o herramientas se contaba para adoptar la decisión y, por lo tanto, si no existen circunstancias que justifiquen el retardo en la definición del asunto administrativo o jurisdiccional.

De modo que, no toda tardanza es indebida porque pueden existir razones que la justifiquen y que conduzcan al operador jurídico a la conclusión de que no se vulneró el artículo 29 de la Constitución Política, conclusión a la que arribó el juez constitucional al señalar que la mora judicial no desconoce el derecho a un juicio en un plazo razonable si existen factores que justifiquen el sobrepasar los términos fijados en la ley (v. gr. la congestión judicial, las resolución de peticiones formuladas por las partes, la petición de los agentes del Ministerio Público para estudiar el proceso, etc.)(25).

En esa línea de pensamiento, para poder predicar la existencia de una dilación injustificada de una decisión administrativa o judicial, a la luz del artículo 29 de la Constitución Política, es preciso que se constate la configuración de los siguientes presupuestos: i) los términos fijados en la ley deben haberse sobrepasado, comoquiera que las normas que los señalan obligan no solo a los administrados, sino a la administración pública, ii) la tardanza en la toma de la decisión no debe tener causa o motivo que la justifique, iii) la mora debe ser producto de una omisión de los funcionarios administrativos que tienen a su cargo el impulso o la decisión administrativa, y iv) la violación del plazo vencido debe catalogarse como desproporcionada frente al trámite respectivo.

Frente a este último aspecto, es importante indicar que son dos los factores que determinan la razonabilidad o no del plazo: i) la duración de trámites o procesos similares al que es objeto de juzgamiento, y ii) el estudio riguroso de las circunstancias fácticas para aplicar estrictamente las reglas de la experiencia(26)(27).

68. También se han establecido otros factores que justifican el retardo en las decisiones judiciales, a saber: la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, “ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demanda que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla(28)(29).

69. Sin embargo, según se señaló, es a la parte demandada a quien le corresponde acreditar el acaecimiento de una causal que justifique la mora judicial en la que se incurrió, teniendo en cuenta que se trata de una excepción que ampara su estrategia de defensa.

70. Así pues, se advierte que si bien el vehículo fue incautado el 10 de septiembre de 2001, la señora C.F. solamente solicitó su entrega definitiva el 16 de noviembre de 2001. En cuanto a la normatividad aplicable para el efecto, el artículo 64 del Código de Procedimiento Penal dispone:

“Los objetos puestos a disposición del funcionario, que no se requieran para la investigación o que no sean objeto material o instrumentos y efectos con los que se haya cometido la conducta punible o que provengan de su ejecución o que no se requieran a efectos de extinción de dominio, serán devueltos a quien le fueran incautados (...).

El funcionario que esté conociendo de la actuación, de plano ordenará la devolución a quien sumariamente acredite ser dueño, poseedor o tenedor legítimo del objeto material o instrumentos del delito que sean de libre comercio, o demuestre tener un mejor derecho sobre los mismos.

(...)”.

71. Adicionalmente, el artículo 138 ibidem señala:

“[Tercero incidental] es toda persona natural o jurídica, que sin estar obligada a responder penalmente por razón de la conducta punible, tenga un derecho económico afectado dentro de la actuación procesal.

El tercero incidental podrá personalmente o por intermedio de abogado, ejercer las pretensiones que le correspondan dentro de la actuación. Podrá solicitar la práctica de pruebas relacionadas con su pretensión, intervenir en la realización de las mismas, interponer recursos contra la providencia que decida el incidente y contra las demás que se profieran en su trámite, así como formular alegaciones de conclusión cuando sea el caso. Su actuación queda limitada al trámite del incidente.

Se tramitan como incidentes procesales:

1. La solicitud de restitución de bienes muebles o inmuebles, o de cauciones, cuando es formulada por persona distinta de los sujetos procesales y la decisión no deba ser tomada de plano por el funcionario competente.

(...)”.

72. En cuanto al trámite del incidente que puede interponer el tercero, el artículo 139 del referido código, agrega: “[e]l incidente procesal deberá proponerse con base en los motivos existentes al tiempo de su formulación y no se admitirá luego incidente similar, a menos que se funde en hechos ocurridos con posterioridad a la solicitud o surjan pruebas nuevas. || Salvo disposición legal en contrario, los incidentes se tramitarán en cuadernos separados, de la siguiente manera: || El escrito deberá contener lo que se solicite, los hechos en que se funda y las pruebas con las cuales se pretende demostrar. || Del escrito y las pruebas se dará traslado en secretaría por el término común de cinco (5) días. || Dentro de este término deberá contestarse aportando las pruebas o solicitando aquellas en que se funde la oposición; si no se aceptare la petición, deberá manifestarse expresamente. || La no contestación se entenderá como aceptación de lo pedido. || Cuando las partes soliciten pruebas, el término para su práctica será de diez (10) días. || Concluido el término probatorio, se decidirá de acuerdo con lo alegado y probado”.

73. En ese sentido, si bien es cierto que el artículo 64 establece que la solicitud de entrega puede resolverse de plano, lo cierto es que cuando sea necesario practicar pruebas para determinar la identidad o la propiedad sobre el vehículo del tercero deberá adelantarse un trámite incidental para el efecto.

74. En el presente caso, considera la Sala que las pruebas aportadas por la demandante probablemente no eran suficientes para dar por acreditada su propiedad sobre el vehículo incautado, por lo que es factible pensar que debía darse trámite al incidente que prevé la ley para el efecto.

75. Así, toda vez que el 16 de noviembre de 2001 se incoó la petición, debió correrse traslado de la misma por 5 días hábiles, esto es, por lo menos hasta el 26 del mismo mes y año. Teniendo en cuenta el eventual periodo probatorio que debió adelantarse, se encuentra que a partir del 10 de diciembre de 2001 a la Fiscalía le correspondió proferir la decisión respectiva. Si bien la norma no establece un término para el efecto, tratándose de proferir una decisión interlocutoria hay lugar a aplicar el artículo 168 de la Ley 600 del 2000(30), que dispone un periodo de 10 días, que vencerían el 24 de diciembre de 2001.

76. De conformidad con las pruebas recaudadas, se tiene que la Fiscalía General de la Nación señaló, el 20 de noviembre de 2001, que necesitaba primero recaudar la ampliación de la indagatoria del señor R.G., justificación válida para tardar algo más en resolver la solicitud incoada por la actora, toda vez que el dicho del sindicado dentro del proceso podría ser valioso para determinar asuntos relativos a la posesión del vehículo.

77. Una vez celebrada la citada diligencia, el 13 de diciembre de 2001, la Fiscalía guardó silencio sobre el particular, asunto que ciertamente permite considerar que hubo una pequeña mora, pues nada se dijo al respecto hasta que se profirió la sentencia de primera instancia, en la cual, someramente, el juez penal dictaminó que no estaba acreditada de forma clara la propiedad sobre el vehículo y ordenó iniciar el proceso de extinción de dominio —dicha decisión fue confirmada 10 de octubre de 2002 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta—.

78. La legalidad de dicha providencia no puede ser estudiada por la Sala, en la medida en que la rama judicial no fue demandada por la señora C.F. dentro del plenario. Tampoco puede estudiarse por esa misma razón, la posible mora en la que incurrió esa entidad, desde el momento en el que la Fiscalía le remitió el proceso para lo de su cargo y hasta que la providencia referida cobró firmeza.

79. Ahora bien, considera la Sala que la mora transcurrid[a] entre el 24 de diciembre de 2001, cuando debió decidirse la solicitud y el 16 de enero de 2002, día en el que envió el expediente al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, para que dictara fallo anticipado, es justificada.

80. Efectivamente, en el caso concreto existió una circunstancia exógena que interrumpió el trámite ordinario de la etapa de instrucción penal adelantada contra el señor R.G. En efecto, el 11 de diciembre de 2001, el referido sindicado solicitó que se le concediera sentencia anticipada, pues se encontraba en posición de aceptar los cargos que se le endilgaban.

81. Ciertamente, esa circunstancia cortó de un tajo la etapa de instrucción ante la Fiscalía, en la medida en que el artículo 40 del Código de Procedimiento Penal(31) ordena que en esos casos, tras la ampliación de la indagatoria, debe enviarse inmediatamente el proceso al juez de conocimiento. Así pues, por ministerio de la ley, la Fiscalía General de la Nación no tuvo oportunidad de decidir sobre la entrega del vehículo incautado, por cuenta de ese motivo, de suerte que no le cabe a dicha entidad responsabilidad, por la demora en decidir, durante los plazos señalados.

82. Sin embargo, considera la Sala que sí le es imputable a la Fiscalía la mora que se produjo entre el momento en que quedó en firme la sentencia de segunda instancia dictada en contra del señor R.G. y el momento en que se inició el proceso de extinción de dominio.

83. Efectivamente, una vez cobró firmeza la sentencia dictada por el tribunal ad quem, el expediente fue remitido de nuevo al juzgado de conocimiento, el 21 de noviembre de 2002. Sin embargo, la Fiscalía Novena Especializada de Cúcuta solamente dio inicio al proceso de extinción de dominio ordenado hasta el 30 de septiembre de 2004.

84. Habiéndose denegado la posibilidad de que de forma definitiva se le hiciera entrega del mueble dentro del proceso penal, las esperanzas de la señora C.F. estaban cifradas en que demostrara dentro del proceso de extinción de dominio su mejor derecho como poseedora del vehículo.

85. Sin embargo, ella no estaba facultada para ejercer el derecho de acción, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 8º de la Ley 333 de 1996, solo están legitimados para el efecto la Dirección Nacional de Estupefacientes, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación. En el caso concreto, era a esta última a quien le correspondía incoar la respectiva acción, pues así lo había ordenado el juez penal en las providencias de primera y segunda instancia, en los términos del artículo 10 ibidem, que reza:

“La acción de extinción del dominio es distinta e independiente de la responsabilidad penal y complementaria de las actuaciones penales.

La declaración de extinción del dominio corresponderá a los jueces competentes para conocer de las actuaciones penales. En consecuencia, las entidades estatales legitimadas, en los casos en que los bienes tengan su origen en una actividad delictiva, promoverán la acción consagrada en esta ley cuando la actuación penal termine por cualquier causa y no se haya declarado en esta la extinción del dominio sobre los bienes considerados como producto, efecto, instrumento u objeto del delito o se hubiere declarado solo sobre una parte. Por las demás causales, dichas entidades estatales deberán instaurar la acción con absoluta independencia de la actuación penal”.

86. Así pues, es claro que le es imputable a dicha entidad la demora que se produjo entre la ejecutoria de la orden impartida por el Tribunal Superior de Cúcuta y el inicio efectivo del proceso de extinción de dominio. Si bien es cierto que no obra en el plenario ninguna solicitud incoada por la señora C.F. en la que deprecara la agilidad en el trámite respectivo, no puede exigírsele una manifestación en tal sentido, teniendo en cuenta que poner en trámite el andamiaje judicial era una obligación exclusiva de la Fiscalía General de la Nación, como ya se advirtió.

87. Por ese motivo, concluye la Sala que el periodo que transcurrió entre el 21 de noviembre de 2002 y el 30 de septiembre de 2004, que equivale a 22.34 meses, constituye un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por la mora judicial injustificada en la que incurrió la Fiscalía General de la Nación.

88. Cosa distinta ocurre con el tiempo que transcurrió entre la fecha en que se inició el proceso se extinción de dominio y aquella en la que se ordenó la entrega definitiva del vehículo, el 5 de diciembre de 2005. En efecto, la parte actora omitió allegar copia del proceso autónomo adelantado por la Fiscalía General de la Nación, al punto de que ni siquiera aportó copia de la decisión definitiva que ordenó la entrega del Toyota Land Cruiser XXX, la cual se conoce, únicamente por la referencia tangencial que sobre la misma se hace en la comunicación del 19 de enero de 2006.

89. Esa circunstancia, la impide a esta corporación verificar en detalle si las actuaciones que le correspondía adelantar a la Fiscalía General de la Nación se desarrollaron dentro de los términos previstos para el efecto; tampoco se puede determinar la incidencia de las circunstancias particulares del caso en el tiempo transcurrido; ni es posible señalar hasta qué etapa se surtió el proceso, esto es, si la decisión fue adoptada de forma anticipada o al proferirse la sentencia de mérito definitiva.

90. Un estudio preliminar, revela que para dirimir el asunto se tardó un tiempo de 14.19 meses, el cual, prima facie, no resulta abiertamente desproporcionado, teniendo en cuenta que la extinción de dominio constituye un proceso autónomo y complejo, que requiere la práctica de pruebas, y que, cuando finaliza con una decisión que se abstiene de decretar la extinción, requiere el trámite del grado jurisdiccional de consulta.

91. En ese entendido, concluye la Sala que no se probó que la Fiscalía General de la Nación hubiera incurrido en una mora injustificada al tramitar el proceso de extinción de dominio, que concluyó presuntamente con la orden de entregar el bien incautado a la señora C.F.

92. En conclusión, quedó acreditado que dicha entidad sí faltó a sus deberes al no cumplir con los tiempos previstos por la ley para resolver la solicitud de entrega definitiva que la ahora demandante incoó dentro del proceso penal adelantado en contra del señor R.G. y para ejercer la acción de extinción de dominio, incurriendo en una mora que, una vez sumada, equivale a 22.34 meses.

93. Asimismo, se encuentra que la entidad demandada omitió acreditar que existieran circunstancias particulares que justificaran la demora en la que incurrió, sin que tampoco las observe de oficio la Sala, circunstancia que da pie para calificar de antijurídico el daño que esta tardanza le ocasionó a la actora.

94. Finalmente, no hay duda que aquel le es imputable en su totalidad a la Fiscalía General de la Nación, puesto que, como se vio, era a ella a quien le competía adelantar la acción de extinción de dominio, sin que pueda exonerarse de responsabilidad por la actuación de la víctima, teniendo en cuenta que esta asumió una actitud proactiva ante la administración de justicia, al punto de que en diversas ocasiones instó a los respectivos despachos a que resolvieran los trámites pendientes.

95. En esas condiciones, se declarará la responsabilidad en la que incurrió la Fiscalía General de la Nación, por la citada falla de servicio, y se procederá a liquidar los perjuicios que esta pudiera haberle ocasionado a la actora.

VI. Liquidación de perjuicios

96. En primer lugar, la demandante pidió, por concepto de daño material en la modalidad de daño emergente, la suma de nueve millones de pesos ($9.000.000), por la pérdida total del vehículo incautado. Recuérdese que el daño del vehículo por cuenta de la falta de cuidado de la Fiscalía General de la Nación no se probó, de suerte que debe denegarse esta petición.

97. En lo que tiene que ver con el lucro cesante, la actora solicitó que se le cancelara el valor de cincuenta y dos millones quinientos mil pesos ($52.500.000), correspondiente a la suma mensual de setecientos mil pesos que le reportaba la explotación del vehículo, multiplicada por el tiempo transcurrido entre su incautación y la fecha de la presentación de la demanda.

98. Pues bien, como se explicó en el acápite anterior, la Fiscalía General de la Nación incurrió en un retraso injustificado al ejercer la acción de extinción de dominio, circunstancia que ciertamente impidió que la señora C.F. recuperara el goce del mismo, con anterioridad. Sin embargo, como es apenas evidente, la indemnización a conceder por este monto debe limitarse exclusivamente al tiempo de la mora antijurídica y no puede extenderse, como lo pretende la demandante, hasta la fecha en la que se presentó la demanda de reparación directa.

99. Así pues, se tiene que el periodo a indemnizar solo es de 22.34 meses. Ahora bien, se advierte que la demandante nunca acreditó que el vehículo efectivamente le garantizara una renta mensual de setecientos mil pesos mensuales ($700.000).

100. Si bien es cierto que, como lo advirtió la defensa, la actora no acreditó que contara con los permisos requeridos para ejercer el transporte de mercancías en Colombia, en la medida en que el vehículo tiene placas venezolanas, eso no quiere decir que este bien no pudiese ser explotado comercialmente, teniendo en cuenta que nada impedía que la actora lo destinara a distintas actividades económicas en su país de origen.

101. Aunque podría pensarse que es pertinente realizar una condena en abstracto sobre el particular, advierte la Sala que las circunstancias particulares del caso concreto harían nugatorias las posibilidades de que en el incidente respectivo se prueben con la precisión requerida los valores exactos que habría obtenido la señora C.F. con la explotación del bien inmueble.

102. Efectivamente, a raíz del tiempo transcurrido y al hecho de que la actividad productiva del vehículo tendría que desarrollarse en su lugar de origen, en condiciones económicas que, para la fecha, son imposibles de recrear, resulta imposible obtener una prueba sobre el dinero que, por concepto de lucro cesante, la demandante dejó de obtener.

103. Ahora bien, ello no puede ser óbice para que se repare integralmente el daño a la señora C.F., teniendo en cuenta que el juez puede hacer uso del principio de equidad para conceder la indemnización que en derecho corresponda, aplicando su sereno arbitrio judicial. Al respecto se ha dicho:

En relación con la aplicación de la equidad en la valoración y cuantificación del daño, la Sección con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha discurrido sin ambages en los términos que se trascriben(32):

“En conclusión, las entidades demandadas deberán garantizar el pago de una indemnización que se traduzca en una “pensión de invalidez”, la cual deberá ser cancelada desde el momento en que cumpla 18 años (jun. 7/2015), hasta que suceda el desafortunado momento de su fallecimiento, pensión que corresponderá a un (1) SMMLV, y que refleja una obligación de dar a la cual quedan vinculadas las entidades demandadas de forma solidaria. Y, si bien, no existe en el expediente un medio probatorio del que se desprenda la valoración del citado daño, ni su cuantificación monetaria precisa, lo cierto es que el juez cuenta con el principio de equidad para la ponderación y valoración del daño, tal y como lo precisó la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes términos:

En efecto, ante la configuración de excepcionales circunstancias fácticas que imposibiliten o hagan en extremo difícil deducir un equivalente exacto entre el monto de la indemnización y el daño material padecido por las víctimas y por cuanto “dicho monto no viene a desempeñar, en la generalidad de los casos, sino la función de satisfacer, enfrente de los beneficiarios, cierto bienestar que reemplace al que fue arrebatado por la muerte de una persona”, se colige, siguiendo otros precedentes jurisprudenciales, que la simple dificultad de tipo probatorio, per se, no puede cerrar el paso a la merecida indemnización, pues “si ello fuere así, los perjuicios morales de tan inasible evaluación, no podrían jamás representarse en cantidades pecuniarias”, lo que, en el entendido de que “la ley no dice cuál es el criterio adoptable para tales justiprecios”, lleva ineluctablemente a concluir que “en esta labor es indispensable acudir a las reglas generales del derecho”, admitiendo que “el juez está dotado de alguna relativa libertad para llegar a conclusiones que consulten la equidad, siendo, como es, irrealizable a todas luces una justicia de exactitud matemática”, y que, tratándose de daños ciertos que se proyectan en el futuro, “la prestación de la indemnización debe consultar una compensación equitativa que ponga a los damnificados en una situación patrimonial más o menos equivalente a la que tenían antes del acontecimiento que les causó el menoscabo” (XLVI, pp. 689 y 690).

Y no está por demás recordar que la equidad se erige en uno de los más caros criterios teleológicos que debe caracterizar la gestión judicial, no solo para interpretar la ley cual lo disponen los artículos 32 del Código Civil y 8º de la Ley 153 de 1887, sino para definir tópicos ajenos a la labor hermenéutica propiamente dicha, inclusive de naturaleza probatoria, pues, v. gr., de conformidad con la Ley 446 de 1998, dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas, “atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales” (art. 16) (se subraya)”(33).

Y, por su parte, la Sala en reciente oportunidad puntualizó:

“El ingreso calculado para los afectados, con base en el ingreso promedio de profesionales universitarios, se realiza en aplicación del principio de reparación integral, establecido en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998. Debe señalarse que no es un recurso extraño a la jurisprudencia de la Sala. En sentencia del 18 de junio de 1997, no se consideraron los ingresos del afectado al momento de su muerte sino los calculados con base en su trayectoria profesional [...]”(34).

En esa línea de pensamiento, se acogerá el planteamiento del recurrente al indicar que el daño se encuentra probado y debe ser reparado en equidad con apoyo en las reglas de la experiencia, razón por la que se empleará el salario mínimo mensual vigente para liquidar el citado perjuicio (resaltado del original)(35).

104. Así pues, atendiendo a que el vehículo constituía el medio de subsistencia de la señora C.F., la Sala considera apropiado establecer como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal mensual vigente(36), por analogía, teniendo en cuenta que, para garantizar unos ingresos congruos, lo mínimo que tendría que obtenerse con la explotación del bien es este valor.

105. Así las cosas, teniendo en cuenta que actualmente el salario mínimo mensual legal vigente es del orden de setecientos treinta y siete mil setecientos diecisiete pesos ($737.717) y que el tiempo a indemnizar es de 22.34 meses, se hará uso de la siguiente fórmula:

1
 

106. Así pues, se condenará a la Fiscalía General de la Nación a pagar por este rubro la suma de diecisiete millones trescientos sesenta y cinco mil trescientos sesenta y ocho pesos ($17.365.368).

107. Finalmente, por concepto de perjuicios morales en la demanda se solicitó a favor de la señora C.F. la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado, de forma excepcional, ha permitido la reparación del perjuicio moral derivado de la destrucción o deterioro de bienes materiales, en los siguientes términos:

Esta corporación ha encontrado posible derivar perjuicios morales por la pérdida de bienes; así lo manifestó en sentencia del 5 de octubre de 1989: “Es cierto que dentro de los perjuicios indemnizables se comprenden los morales, entendiendo por estos el dolor y la tristeza que el hecho dañoso ocasiona a quien sufre el daño, pero también aquí tanto la jurisprudencia como la doctrina están acordes en que tratándose de daño a las cosas ese dolor o tristeza debe tener envergadura suficiente como para justificarse su reparación y que en todo caso debe ser demostrado, pues no se presume”. En cuanto a la prueba de ese daño moral, ha recalcado la Sala que: “la especial naturaleza de este perjuicio implica su cabal demostración, sin que resulte suficiente para darlo por existente —y en consecuencia, para considerarlo indemnizable— con probar la titularidad del derecho y la antijurídica lesión del mismo imputable a una autoridad pública”. De manera que frente al caso concreto, teniendo en cuenta que el dinero es un bien mueble de carácter fungible y que ante la inminencia de su pérdida el demandante dijo haber resultado moralmente afectado, es necesario recurrir a las pruebas obrantes en el expediente, con el fin de establecer si las mismas otorgan a la Sala certeza sobre la existencia y justificación de tal perjuicio(37).

108. En el caso concreto, considera la Sala que en el expediente no obra prueba alguna que permita determinar con certeza que la ahora demandante hubiera padecido un perjuicio moral con ocasión de la incautación, en la medida en que este sufrimiento no es susceptible de ser presumido, en los términos de la jurisprudencia anteriormente citada. Al respecto, cabe recordar que en los términos del artículo 177 del CPC(38), la carga de acreditar los hechos favorables a sus pretensiones le corresponde a los demandantes.

VI. Costas.

109. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 9 de junio de 2011. En su lugar se dispone:

1. Declarar a la Nación - Fiscalía General de la Nación administrativa y patrimonialmente responsable por el defectuoso funcionamiento en la administración de justicia en el que incurrió al resolver la solicitud de devolución definitiva de vehículo incoada por la señora C.F.

2. En consecuencia, CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar a favor de la señora C.F., por concepto de daño material en la modalidad de lucro cesante, la suma de diecisiete millones trescientos sesenta y cinco mil trescientos sesenta y ocho pesos ($17.365.368).

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas.

5. CUMPLIR con lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo. EXPÍDANSE COPIAS con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Para tal efecto puede consultarse la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, Exp. 2008-00009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

2 Artículo 3º de la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros: “El único trámite que podrá exigirse para certificar la autenticidad de la firma, a qué título ha actuado la persona que firma el documento y, cuando proceda, la indicación sello o estampilla que llevare, es la adición del certificado descrito en el artículo 4º, expedido por la autoridad competente del Estado de donde emana el documento. || Sin embargo, no puede exigirse el trámite mencionado en el párrafo anterior cuando ya sea las leyes, reglamentos o práctica en vigor donde el documento es exhibido o un acuerdo entre dos o más Estados contratantes la han abolido o simplificado o dispensado al documento mismo de ser legalizado”.

3 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 del Decreto 1 de 1984, en los procesos contencioso administrativos son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil sobre la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración. La Sala valorará los documentos presentados en copia simple, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero, en la cual se estableció que las copias simples serían valoradas en “(...) los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v. gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas”.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de septiembre de 1997, Exp. 10285, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En el mismo sentido, véase las sentencia[s] del 11 de febrero de 2009, Exp. 23067, C.P. Enrique Gil Botero, y del 22 de julio de 2011, Exp. 17646, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

5 Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13356, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de 2009, Exp. 16837, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, Exp. 13764, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de 2009, Exp. 16837, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

9 A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que “si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto, pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, Exp. 10973, C.P. María Elena Giraldo Gómez. En similar sentido, véase la sentencia de 29 de agosto de 2014, Exp. 30391, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 22 de enero de 2014, Exp. 2003-00099 (28492), C.P. Enrique Gil Botero.

11 [10] “Betancur Jaramillo, Carlos. De la prueba. Aspectos generales. Medellín: Universidad de Antioquia, 1973, p. 241”.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2014, Exp. 30391, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 2 de marzo de 2000, Exp. 12497, C.P. María Elena Giraldo Gómez; y de 31 de agosto de 2006, Exp. 19432, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

14 “La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. || El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo”.

15 “Legitimación para invocar la acción indemnizatoria. Puede pedir esta indemnización no solo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso. Puede también pedirla, en otros casos, el que tiene la cosa, con la obligación de responder por ella; pero solo en ausencia del dueño”.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 1991, Exp. 6565, C.P. Juan de Dios Montes Hernández. En el mismo sentido se ha pronunciado esta corporación al aseverar: “La Sala viene aceptando en los casos de reparación de daños recaídos sobre vehículos automotores, que si la parte actora se presenta como propietaria del vehículo y no logra demostrar ese carácter sino otro, como el de poseedora, es esta la última condición la que puede fundamentar el reconocimiento de la pertinente indemnización. Así lo decidió por ejemplo en la sentencia del 20 de septiembre de 1991 (actor: Jaime A. Torne Fandiño, Exp. 6565). En ese negocio había prueba suficiente de la posesión ejercida por el demandante sobre el vehículo, lo que no sucede en el sub lite. No se allegó ni un solo medio probatorio dirigido a demostrar el hecho de la posesión o cualquier otro vínculo entre la demandante y el bien destruido o dañado. || Si daño antijurídico es la lesión de un interés legítimo que la víctima no está obligada a soportar, a esta le corresponde por lo menos acreditar ante el juzgador ese interés legítimo. En el presente caso no se demostró que a la actora le asista tal interés. Ni era propietaria, ni poseedora, ni tenía otro derecho sobre el vehículo de placas KE 5678. Así, no demostró estar legitimad[a] en la causa”. Consejo de estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de agosto de 1996, Exp. 10204, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

17 “Al respecto, es preciso indicar, con la Corte que, en relación con los artículos 759 y 789 del C.C., “tendientes a atribuir al registro de títulos de la propiedad raíz, una función posesoria, prevalecen los textos relativos a la posesión que el Código Civil no califica, o sea, la material, la única y verdadera posesión. No existe, por lo mismo, en la legislación colombiana una posesión que consista en la inscripción de los títulos de los derechos reales inmuebles en el registro público, porque, como lo ha consagrado la jurisprudencia nacional que este fallo acoge y compendia, la inscripción de los títulos carece de contenido y alcance posesorios” (G. J. LXXX, p. 87). Posteriormente ratificó la Corte: “la única posesión real y jurídicamente eficaz es la posesión material, o sea, la que, conforme al artículo 762 del Código Civil consiste en la tenencia de una cosa con ánimo de señor o dueño. Esta posesión implica la aprehensión de un bien y el poder que se ejerce sobre él, mediante actos de goce y transformación. La llamada posesión inscrita no es en el fondo posesión, ya que la única verdadera es la material” (Sentencia de Casación Civil del 30 de mayo de 1963)”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de febrero de 2001, Exp. 6446, M.P. Jorge Santos Ballesteros.

18 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 20 de septiembre de 2000, Exp. 6120, M.P. Silvio Fernando Trejos.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 26 de noviembre de 2015, Exp. 2008-00074 (36170), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

20 Velásquez Jaramillo, Luis Guillermo. Bienes. 9ª ed. Bogotá: Editorial Temis; 2004, p. 132.

21 “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, Exp. 1995-05072 (17720), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

23 Norma a cuyo tenor: “El que ilegalmente introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, tenga en su poder elementos que sirvan para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produzca dependencia, tales como: éter etílico, acetona, amoníaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, diluyentes, disolventes u otras sustancias que según concepto previo del Consejo Nacional de Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, incurrirá en prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales. || Salvo lo previsto en el artículo 54 del Decreto-Ley 99 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 1º del Decreto-Ley 2271 de 1991, tales elementos, una vez identificados pericialmente, serán puestos por el funcionario judicial a órdenes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la cual podrá disponer de su inmediata utilización por parte de una entidad oficial, su remate para fines lícitos debidamente comprobados, o su destrucción, si implican grave peligro para la salubridad o seguridad públicas. || Cuando la cantidad de sustancias no supere el triple de las señaladas en las resoluciones emitidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes, la pena será de dos (2) a cinco (5) años de prisión y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales”.

24 “Los bienes, muebles, equipos y demás objetos donde ilícitamente se almacene, conserve, fabrique, elabore, venda o suministre a cualquier título marihuana, cocaína, morfina, heroína o cualquier otra droga que produzca dependencia, al igual que los vehículos y demás medios de transporte, utilizados para la comisión de los delitos descritos en este capítulo, lo mismo que los dineros y efectos provenientes de tales actividades, serán decomisados y puestos a disposición inmediata del Consejo Nacional de Estupefacientes, el cual, por resolución, podrá destinarlos provisionalmente al servicio oficial o entidades de beneficio común instituidas legalmente, darlos en arriendo o depósito. Quien tuviere un derecho lícito demostrado legalmente sobre el bien, tendrá preferencia para recibirlo en depósito o bajo cualquier otro título no traslaticio del dominio, el Consejo Nacional de Estupefacientes dará aviso inmediato a los interesados para el ejercicio de su derecho. Los beneficios obtenidos se aplicarán a la prevención y represión del tráfico de tales drogas y a la rehabilitación de los farmacodependientes, bajo control y vigilancia del Consejo Nacional de Estupefacientes. || Excepcionalmente podrá ordenarse por el funcionario del conocimiento la devolución de los bienes o el valor de su remate, si fuera el caso, a terceras personas, si se prueba plenamente dentro del proceso que no tuvieran participación alguna ellos, en el destino ilícito dado a esos bienes. || La providencia que ordena la devolución a que se refiere este artículo deberá ser consultada y solo surtirá efecto una vez confirmada por el superior”.

25 [95] “Corte Constitucional, Sentencia T-612 de 2003”.

26 [96] “Al respecto, se pueden consultar las siguientes sentencias proferidas por la Corte Constitucional: T-1171 de 2003, T-1047 de 2003, T-977 de 2003, y T-668 de 1996”.

27 Sección Tercera, sentencia de 7 de noviembre de 2012, Exp. 37046, C.P. Enrique Gil Botero.

28 [10] “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance. Sentencia de 15 de febrero de 1996, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, Exp. 9940”.

29 Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 2013, Exp. 30495, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

30 “Término para adoptar decisión. Salvo disposición en contrario, el funcionario dispondrá hasta de tres (3) días hábiles para proferir las providencias de sustanciación y hasta de diez (10) días hábiles para las interlocutorias. || Cuando se refiera a la libertad del sindicado el funcionario judicial dispondrá máximo de tres (3) días para proferirla”.

31 “A partir de la diligencia de indagatoria y hasta antes de que quede ejecutoriada la resolución de cierre de la investigación, el procesado podrá solicitar, por una sola vez, que se dicte sentencia anticipada. || Efectuada la solicitud, el Fiscal General de la Nación o su delegado, si lo considera necesario, podrá ampliar la indagatoria y practicar pruebas dentro de un plazo máximo de ocho (8) días. Los cargos formulados por el Fiscal General de la Nación o su delegado y su aceptación por parte del procesado se consignarán en un acta suscrita por quienes hayan intervenido. || Las diligencias se remitirán al juez competente quien, en el término de diez (10) días hábiles, dictará sentencia de acuerdo a los hechos y circunstancias aceptadas, siempre que no haya habido violación de garantías fundamentales”.

32 [14] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1º de octubre de 2008, Exp. 27268.

33 [15] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 5 de octubre de 2004, Exp.: 6975, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena.

34 [16] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de 2007, Exp. 15170, M.P. Enrique Gil Botero.

35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de marzo de 2011, Exp. 1996-02181 (20836), C.P. Enrique Gil Botero.

36 Que es inferior a la suma mensual que considera la señora C.F. que obtenía con la explotación del vehículo, una vez actualizada.

37 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2009, Exp. 17119, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

38 “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.