Sentencia 2008-00427/41727 de mayo 30 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 54001-23-31-000-2008-00427-01(41727)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: R.P.A. y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Referencia: acción de reparación directa

Temas: privación injusta de la libertad por el delito de rebelión. Imputación del daño por privación injusta, régimen de responsabilidad aplicable. Inexistencia de culpa exclusiva de la víctima.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D.C., treinta de mayo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales.

1.1. Jurisdicción, competencia y acción procedente.

1.1.1. Como dentro de la controversia está involucrada la Nación (Código Contencioso Administrativo, arts. 82 y 149), el conocimiento de la misma corresponde a esta jurisdicción, siendo la corporación competente para conocer del presente asunto, toda vez que el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 y modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, le asigna el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por parte de los tribunales administrativos(1).

1.1.2. De otro lado, el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo prescribe que la reparación directa constituye la acción procedente para buscar la declaratoria de responsabilidad extracontractual de la entidad demandada, como consecuencia de los hechos descritos en la demanda(2).

1.1.3. Asimismo, se advierte que la decisión de darle prelación al presente caso obedece a lo acordado por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación el 25 de abril de 2013, ocasión en la que se decidió que los expedientes que están para fallo en relación con daños causados por privaciones injustas de la libertad —entre otros temas—, pueden decidirse por las subsecciones, sin sujeción al turno.

1.2. La legitimación en la causa.

1.2.1. Toda vez que el señor R.P.A. fue el afectado directo con la actuación de la parte demandada, se encuentra legitimado por activa para reclamar los perjuicios que puedan derivarse de la privación de su libertad. Asimismo, los demás actores se encuentran legitimados por razón de sus demostrados lazos de parentesco consanguíneo con el citado demandante(3).

1.2.2. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, encuentra la Sala que la parte demandante atribuye responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el demandante R.P.A., dentro de la investigación adelantada en su contra por el delito de rebelión. De la imputación fáctica que recae sobre la entidad demandada se encuentra rendido el presupuesto procesal de legitimación.

1.3. La caducidad.

La parte demandante imputa responsabilidad administrativa a la Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad del demandante R.P.A. ocurrida el 22 de junio de 2005, dentro de la investigación adelantada en su contra por el delito de rebelión que culminó con preclusión de la investigación.

En consideración de lo anterior, los dos años previstos por el numeral octavo del artículo 136 del CCA para formular de manera oportuna la acción de reparación directa deben contabilizarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión de preclusión, por cuanto hasta la expedición de esta providencia se verificó que la captura de la demandante carecía de soporte jurídico.

En ausencia de constancia de ejecutoria de la resolución de preclusión, la Sala tendrá en cuenta la de su expedición(4).

El 12 de diciembre de 2005, la Fiscalía Cuarenta Delegada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario precluyó la investigación adelantada en contra de R.P.A. por el delito de rebelión (fl. 161 a 231, cdno. anexo 8 inspección judicial). A su vez, mediante Resolución del 19 de enero de 2006, la Fiscalía delegada resolvió recurso de reposición formulado por un procesado distinto al demandante, contra la resolución del 12 de diciembre de 2005.

La oportunidad para presentar la demanda fenecía el 20 de enero de 2008.

Así puede concluirse que la demanda presentada el 28 de noviembre de 2007 (fl. 1, c. ppal. 1), lo fue dentro del término legal.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si se encuentra acreditada la privación de la libertad del demandante R.P.A. como consecuencia de la investigación penal seguida en su contra por el delito de rebelión, que culminó con la preclusión y si aquella se torna injusta e imputable a la Nación - Fiscalía General de la Nación.

4. Elementos de la responsabilidad extracontractual.

Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado(5), de manera que, resuelto el tema relativo a la afectación de los intereses de la demandante, se entrará a estudiar la imputación.

4.1. El daño.

En el sub lite, el daño alegado por el demandante se concretó en la afectación a su derecho de libertad, durante el tiempo que estuvo privado del mismo en el marco de la investigación penal como presunto autor del delito de rebelión, en el cual fue capturado y recluido en un establecimiento penitenciario.

Ahora, sobre el período de privación, la Sala advierte que el demandante R.P.A. permaneció privado de su libertad desde el 21 de junio de 2005(6), recluido desde el 22 de junio hasta el 17 de noviembre de 2005(7) en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Ocaña (Norte de Santander), última fecha en que la recobró por disposición de la Fiscalía Tercera Seccional de Ocaña, en virtud de la resolución de preclusión(8), esto es, por cuatro meses y veintiséis días.

4.2. La imputación.

La Sala reitera, como en eventos similares se ha hecho, que el título de imputación privilegiado para casos como el presente es la “privación injusta de la libertad” bajo un régimen objetivo de responsabilidad. No obstante, como ya se dijo, ello no es óbice para que en el sub judice, si las condiciones fácticas y jurídicas lo ameritan, resulte aplicable el régimen subjetivo, cuando el mismo se encuentre acreditado.

Debe recordarse que la Corte Constitucional, al revisar el proyecto de la Ley 270 de 1996, en Sentencia C-037 de 1996, condicionó la declaratoria de exequibilidad del que sería el artículo 68, así:

Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención (…) Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible.

Así, la Sala ha considerado(9) que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto, estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con todos aquellos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible, siempre que la víctima no haya actuado con dolo o culpa grave.

Adicionalmente, debe advertirse que durante la vigencia del artículo 414(10) del Decreto 2700 de 1991, la responsabilidad estatal debía ser declarada cuando se dictara una sentencia absolutoria o su equivalente —preclusión de investigación o cesación del procedimiento—, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de un hecho punible.

La disposición en comento quedó derogada el 24 de julio de 2001, al entrar a regir la Ley 600 de 2000. No obstante, como lo ha recordado anteriormente la Subsección(11), los supuestos del artículo en cita se derivan directamente del artículo 90 de la Constitución Política, de modo que la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000 o bien de la Ley 906 de 2004(12) no inhiben su aplicación, pues las circunstancias señaladas en dicho canon continúan vigentes por expresa orden constitucional.

Así, a más de los supuestos previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, es posible declarar la responsabilidad del Estado bajo un régimen objetivo por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, como lo precisó la Sala Plena de la Sección Tercera(13).

Por su parte, en cuanto a la exoneración de responsabilidad de la entidad demandada, cabe decir que aquella se dará cuando se demuestre que existió un hecho exclusivo de la víctima por dolo o culpa grave.

Así las cosas, la Sala, a fin de establecer si la privación del demandante es imputable a la Nación, debe precisar si la decisión de preclusión de la investigación adelantada en su contra se enmarca en alguno de los supuestos antes señalados, para ello se estudiará las circunstancias que rodearon la investigación, el fundamento de la preclusión de la investigación iniciada en su contra y la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad.

En ese orden, frente a la imputación del daño irrogado a la parte actora, se destacan los siguientes hechos de la investigación penal:

4.2.1. El 7 de julio de 2005, la fiscalía segunda delegada antes los juzgados penales del circuito de Ocaña (Norte de Santander), al resolver la situación jurídica de R.P.A., le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva como presunto sindicado del delito de rebelión (fl. 16 a 33, c. ppal.)

La resolución aludida, señaló frente a los hechos que originaron la investigación en contra del demandante:

Con base en el testimonio de Y.R.M., reinsertada del frente Libardo Mora Toro del EPL, a través del cual hace señalamientos en contra de las personas aquí sindicadas, por pertenecer a los grupos rebeldes del EPL, ELN y FARC, dando a conocer la existencia y conformación de dichos grupos así como de diferentes actividades delictivas desplegados en las zonas de los municipios de San Calixto, Teorama, El Tarra, Hacari y otros que hacen parte del departamento de Norte de Santander, la Fiscalía Especializada de la ciudad de Cúcuta, abrió investigación previa y dentro de la misma se recopilaron los testimonios de otros reinsertados como son W.L.M. y C.E.L., ex militantes de dichos frentes y con base en los mismos abrió investigación penal en contra de los aquí mencionados, como presuntos responsables del delito de rebelión.

Las consideraciones expuestas por la fiscalía delegada para imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de R.P.A. indican que la investigación se originó a partir del testimonio de Y.R.M., en su condición de integrante desmovilizada del grupo guerrillero EPL, quien hizo un relato sobre las actividades delictivas del frente Libardo Mora Toro y los colaboradores y participantes de tales actividades.

De acuerdo con la Fiscalía, la declarante identificó entre los colaboradores y milicianos del caso urbano del municipio de San Calixto (Norte de Santander) al médico R.P. “el viejo que le colabora a la guerrilla curando a los guerrilleros que llegan heridos” (fl. 22 a 23, cdno. anexo 4 inspección judicial). Posteriormente en ampliación del testimonio señaló: “R.P. es el médico del pueblo, ahora tiene una clínica, él es el encargado de curar los guerrilleros”, a su vez, que “él sabía lo del hurto de las medicinas que iban para el puesto de salud de San Calixto, eso lo sé porque escuché hablar a M. y al doctor R.P. y hablaron de eso en la casa de E.C. que queda en la vereda la Cantina, me consta que él iba a curar los enfermos porque fue varias oportunidades que él a reunirse con los comandantes guerrilleros y curaba a los enfermos, o sea a los heridos.” (fl. 22 a 23, cdno. anexo 8 inspección judicial).

Otro testimonio con el que contó la Fiscalía fue el de B.L.M., quien se “reinsertó de la guerrilla el 25 de noviembre de 2002” y durante catorce años “militó en los grupos subversivos del ELN, EPL y FARC que operan en los municipios de Ocaña, San Calixto, Hacari, La Playa, Teorama, El Tarra, Tibú en el Norte de Santander”. El testigo señaló como otras personas que colaboran con la guerrilla al “enfermero G.Z., dos enfermeras y el médico P. el viejo, ellos le hacen curaciones a los guerrilleros enfermos o heridos y les colaboran para traslados a otros hospitales” y conoce esta circunstancia porque acudieron varias veces cuando el testigo era guerrillero (fl. 24, cdno. anexo 4 inspección judicial). Al ampliar su declaración indicó que “R.P. es el médico del pueblo, le presta los servicios médicos a la guerrilla, a los del EPL y ELN, él se reúne con la guerrilla y consume licor de amistad, cuando hay un guerrillero herido o enfermo es el encargado de enviarlos a las clínicas de Bucaramanga y Cúcuta porque hay menos seguridad del Estado y allí los atienden y los curan” (fl. 24, cdno. anexo 8 inspección judicial).

El declarante C.E.L. rindió testimonio en su condición de desmovilizado que ingresó a la subversión a la edad de 14 años y permaneció por espacio de 15 años, “tiempo durante el cual se vinculó al Ejército de Liberación Nacional ELN y al frente Armando Cacua Guerrero del EPL”. El testigo señaló como integrantes y colaboradores para dichas organizaciones a “el médico R.P. que es otro de los que ha ido abajo a donde M. y es que donde M. se encuentra él le manda notas para ponerse y hablar personalmente, él le presta apoyo con lo de la droga, con lo de la medicina y atiende a los guerrilleros, a los que no tienen problemas de órdenes de captura (…) los atiende en San Calixto” (fl. 25, cdno. anexo 4 inspección judicial).

Finalmente J.G.P., oriundo de la región, quien no hizo parte de grupo subversivo alguno, declaró en la actuación procesal que “otro guerrillero es el médico, es un viejo de apellido P., es socio del alcalde J.P. tienen negocios una clínica particular de la misma plata, el médico atiende a la guerrilla en la clínica y a los que no pueden entrar al pueblo los atiende en el monte” (fl.28, cdno. anexo 8 inspección judicial).

La Fiscalía consideró que los “testimonios provenientes de personas que de una u otra manera han tenido acceso directo a la información, los primeros por haber hecho parte de las organizaciones subversivas de las FARC, ELN y EPL y los segundos personas oriundas de la región que han sido víctimas de esos insurgentes y que hoy por hoy se han visto obligados a desplazarse a otras ciudades con el fin de proteger su integridad y la de sus familias”, analizados bajo los parámetros de la sana crítica, le permiten concluir que tales declaraciones proceden de personas que han hecho parte de esos grupos insurgentes y que fue “durante su larga permanencia en esas regiones en donde obtuvieron el conocimiento que hoy transmiten a las autoridades luego de que tomaran la decisión de abandonar las armas”.

La autoridad instructora concluyó:

Así las cosas, considera esta Fiscalía que los testimonios allegados son prueba que permite señalar hasta este instante procesal, que los aquí procesados hacen parte de los grupos subversivos que operan en esa región y que los llamados EPL, ELN y FARC, al mando de alias M., M., E., D. y D., comparten sus finalidades políticas, son personas que en la mayoría tienen la capacidad de comprender los fines políticos de los insurgentes y que a través de los años se han dedicado a hacer uso de esas regiones para el fortalecimiento de los mismos, aprovechando la escasa presencia de las autoridades debido a la desigualdad que se encuentran frente a la subversión en esas localidades y si bien algunos no han empuñado las armas o no saben manejar o no tienen un arma como lo han manifestado en sus injuradas, cierto es que los declarantes no han mencionado que todos ellos estén combatiendo con el uso de las armas, sus actividades son otras, C.E.L. en su declaración manifiesta, “esas personas son las que también hacen vueltas como conseguir armas, pasar economía que es la misma comida, es decir son colaboradores y bajan frecuentemente donde los mandos de la guerrilla a hablar con ellos sobre las cosas que hacen, sobre la comida que consiguen, sobre problemas para que los solucionen, esas personas generalmente están situadas en los pueblos en las cabeceras, yo los considero como cabezas principales pa (sic) la organización porque si la guerrilla no tuviera gente en los pueblos no sucedería nada, estarían desinformados (fl. 362). No se equivoca este declarante al afirmar que sin estas personas los grupos se debilitarían, estas personas son necesarias e indispensables para su conformación, así se ha establecido.

(…).

Con fundamento en lo anterior, considera entonces que se dan los requisitos del art. 356 del CPP para imponer medida de aseguramiento sin beneficio de libertad en contra de los aquí sindicados y que la misma se hace necesaria atendiendo a que no existen garantías sobre la comparecencia de los aquí sindicados al proceso y que se procede por el delito de rebelión, flagelo este que azota nuestro país y que ha causado gran perjuicio a la comunidad, al municipio y a las autoridades del municipio de San Calixto y que es de allí de donde proceden los aquí sindicados, quienes han utilizado su región para que con su ayuda y participación se hayan asentado los grupos subversivos del EPL, ELN y FARC y se hayan tomado como suya esa región la cual viene siendo perjudicada desde hace varias décadas. (fl. 30 a 33, cdno. anexo 4 inspección judicial).

4.2.2. En resolución del 12 de diciembre de 2005, la fiscalía cuarenta delegada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dispuso la preclusión de la investigación iniciada en contra de R.P.A. por el delito de rebelión (fl. 310 a 380, c. ppal.).

Para arribar a la decisión de preclusión la fiscalía delegada consideró frente a la responsabilidad del procesado P.A.:

8. De la responsabilidad de R.P.A.

Al igual contra este procesado, profesional de la medicina, declaran los desmovilizados Y.R., B.L. y C.E.L., y J.G.P.

La primera referencia está plasmada en la indagatoria que rindiera el 1º de noviembre de 2003, Y.R. a consecuencia de su desmovilización. Hablando de la promotora de salud J.M.B.M., a quien compromete con el frente Libardo Mora Toro —EPL—, como encargada de la parte de la salud, le atribuye que trae los médicos de San Calixto para atender los guerrilleros en el monte, al doctor P. lo llevó para que atendiera al guerrillero alias C., colaboró para su traslado a la clínica Santa Ana, donde estuvo hospitalizado y le amputaron una (sic) la pierna hace como seis meses (fl. 3, vto. C1). En declaración ante el Investigador W.M. de la SIJIN, el 15 de enero de 2004 ratifica lo anterior (fl. 24).

Lo confirma en la ampliación de declaración surtida el 30 de agosto de 2004 (fl. 241, c. 1), diciendo que es “el encargado de curar a los guerrilleros”, atendió a alias C. y le dio la autorización para que lo trasladaran a la Clínica Santa Ana”, le cortaron la pierna porque ese guerrillero alias C. salió herido en la pierna, eso fue en el año 2000. En esta diligencia ya adiciona que asiste a reuniones de la guerrilla en la vereda La Cantina, “él ayuda a enfermos de la guerrilla y a los heridos, se y me consta porque yo estaba presente cuando curaba a los enfermos especialmente a alias C.… también les lleva medicinas”.

También agrega que los guerrilleros A.B. y M. lo convocan para que examinen a sus compañeros de guerra, y en esas reuniones “El doctor R.P. nos decía a los guerrilleros que él nos ayudaba en lo que él pudiera. Él sabía lo del hurto de las medicinas que iban para el puesto de salud de San Calixto, eso lo sé porque escuché hablar a M. y al doctor R. P.”.

En la ampliación de declaración ante la Fiscalía de Ocaña, luego de producirse la captura del Dr. R.P., ya no dice que la promotora de salud fue la encargada de llevarlo para que atendiera al guerrillero C., sino que la promotora “fue a San Calixto a buscar a L. el de la ambulancia para que pudieran sacar a alias C. para sacarlo por San Calixto” (fl. 230 c. 3), y el Dr. P. “fue el que trató a C. y dio la orden para que lo llevar (sic) a Cúcuta”.

Finalmente, la Fiscal le pregunta si el servicio prestado como médico era voluntario u obligado y responde que “obligado no era, le pedían el favor y lo hacía”.

Pero en cuanto a las supuestas reuniones del Dr. P. con los mandos, entre ellos A.B. y M., aunque aseguró que ella estuvo presente, incluso le manifestó el deseo de colaborarles en el momento que lo necesitaran, en esta oportunidad ante pregunta directa de la Fiscal dice: “No señora, y en el momento que yo lo miré nada más fue cuando iba a mirar al guerrillero C. y nada más, nunca lo vi en otras cosas” (fl. 231, c. 3).

Realmente de este testimonio podemos decir en cuanto a los cargos que le hace al Dr. R.P.A., que si bien es cierto se demuestra que atendió a un guerrillero como lo reconoce en la indagatoria, hasta ahí se quedó su intervención en el asunto. Y que esta declaración que rindió en la Fiscalía de Ocaña, se acomoda a lo que de verdad vio en relación a él, descartando que además de haber atendido a ese guerrillero supuestamente herido en enfrentamiento armado, haya intervenido en otras actividades diferentes a la que le impone el deber como profesional de la medicina, debiéndose concluir que de ninguna manera su acción podemos calificarla desmedida de su función social para enmarcarla dentro de una conducta punible, llegando su relación a un límite, la atención a ese guerrillero, que entre otras cosas era un deber, si tenemos en cuenta que la medicina es un servicio social que debe prestar sin detenerse a mirar la calidad o condiciones de la persona que requiere de sus servicios, y por eso el juramento que prestan al ser habilitados para ejercer ese oficio.

Su omisión de informar a las autoridades sobre la atención a ese guerrillero, conlleva un reproche en el plano administrativo, pero que como lo plasmó la señora Fiscal de Segunda Instancia, “el pánico y el miedo que se infunde a todos los que no prestan sus servicios, incluyéndose ellos mismos, por ello resulta sorprendente que Y.R.C. narre tantos homicidios, de personas que no colaboraban con la guerrilla, afirme que se entregó porque la estaban buscando para matarla y asevere que el Dr. P. prestaba de manera voluntaria el servicio, cuando lo que se advierte, según las referencias del exguerrillero L. es que el comandante M. desde donde estuviera hacía contacto con el médico, le mandaba papelitos, precisamente porque el médico era de utilidad para esa organización” (fl. 196, c. 6).

Ahora en cuanto a la credibilidad de las afirmaciones incriminatorias de B.L.M. y C.E.L., contra el médico P.A., no podemos llegar a otra determinación, más que a la anterior.

Si pudo tener algún contacto, diálogo o presto servicios como profesional de la medicina a esas organizaciones subversivas, no era porque comulgara con la causa guerrillera o que hiciera parte de las mismas estructuras como lo dejan ver estos desmovilizados, sino obedecía a su profesión, a que era el médico más reconocido por su experiencia en el pueblo y por lo tanto sin distingo alguno obligado a atender los requerimientos de las personas que se lo exigían.

Creemos que cualquier acercamiento, diálogo o servicio a esa gente de los grupos armados ilegales, sea guerrilla o autodefensas, no significa necesariamente que se hace parte de las estructuras o que sea un incondicional colaborador.

L.M. muy ligeramente lo cita en la primera intervención al proceso, asegurando que el médico P. atendía a los guerrilleros enfermos o heridos y colaboraba para trasladarlos a otros hospitales (fl. 130, c. 1).

Pero ya en la ampliación de declaración en la Fiscalía Seccional de Ocaña, adiciona otras cosas: que lo conoció hace siete años, hace parte y es colaborador del EPL y ELN, opera y cura a los combatientes, dirige brigadas de salud a favor de la guerrilla, les llevaba droga farmacéutica, medicamentos para hacer abortar a las guerrilleras, y quedaba en la casa de su abuela entre San Calixto y Platillos de Hacarí, cuando salía a atender los guerrilleros. El conductor siempre era J.R., se desplazaba en la ambulancia del hospital, en busetas y carros particulares.

Dice que la colaboración era voluntaria “puesto que quien no quiere colaborar no lo hace”, incluso amanecía tomando con ellos. Esto último no es cierto como lo destacamos, el que se niegue a cumplir una cita, un requerimiento o un servicio a esa gente, los declaran objetivo militar. Todos los testigos desmovilizados lo dicen, mataban la gente que no les colaboraba, e inexplicablemente lo aceptan para unos, pero no para la mayoría de los aquí procesados de quienes aseguran lo hacían voluntariamente.

En la incriminación formulada por el testigo B.L., extraña que en la original declaración se limita a decir que se trataba a los guerrilleros enfermos y heridos y ayudaba para el traslado de ellos a centro médicos de Cúcuta, y ante la Fiscalía de Ocaña, a donde se desplaza acompañado por Y.R. y C.E.L., se explaye imputándole acciones más graves, dejando la sensación de que lo dicho en esta última versión, desborda la realidad histórica, pues si después de tres años de haberse desmovilizado y denunciar lo que pudo conocer en su amplio trajinar en la guerrilla, por qué omitió al inicio relacionarlo con tanto compromiso en la causa rebelde, si era el único médico que le servía a la guerrilla en esa función, circunstancia difícilmente de olvidarlo. Asimismo, por qué si permaneció muchos años en la guerrilla se queda corto en informar al menos el nombre de uno de los guerrilleros que el médico P. atendió, o el nombre al menos de una guerrillera que hizo abortar.

(…).

Para el despacho estas incriminaciones contra el Dr. P. no son creíbles, siendo válido el mismo cuestionamiento que hicimos en cuanto a B.L.M. Si en realidad de verdad el Dr. P., estuviera comprometido en la forma que ellos exponen por qué si tuvieron toda la oportunidad de denunciarlo desde un principio dejaron de hacerlo. Pero no. Esperaron que lo capturaran y lo viera en el periódico para hablar contra él en las proporciones que lo hizo, siendo sospechoso que en ese momento se desplazó junto al citado L.M. y Y.R. a la Fiscalía de Ocaña, y vio a los procesados detenidos.

Lo repetimos, puede ser cierto que cumplió citas y atendió guerrilleros heridos o enfermos, pero no porque le complaciera estar cerca de ellos o le complaciera compartir con esa gente su “ideario revolucionario”, lo hacía entendiendo una orden de la guerrilla, la cual difícilmente podía desatender. No olvidemos que allí vivía con toda la familia y tenía asentado su domicilio laboral.

(…).

Los requisitos que hacen presumir verídico un testimonio, son: i) en cuanto al que lo presta, la capacidad intelectual y física para observar y manifestar lo observado, el desinterés respecto de la mentira; ii. En cuanto al modo de prestarlo, la originalidad y la prestación en juicio.

Cada testimonio o declaración que reviste, en todo o en parte, semejantes requisitos hace, pues, plena prueba para todas las circunstancias, siendo en tal supuesto prueba perfecta.

La contradicción entre un testimonio o bien entre varios testimonios, la falta de profundidad del relato, la imprecisión de los cargos y el no poder ejercitar el derecho de contradicción, suscita una inmediata sospecha de idoneidad, sospecha que es necesario disipar mediante nuevos hechos o nuevos razonamientos, los mismos requisitos del testimonio clásico implican, por lo demás, la necesidad de rechazar aquella parte de un testimonio, o el testimonio por entero, que no los reúna o que al menos se presuma que no los tiene.

Aquí los testimonios de cargo resultan muy controvertibles y desmentidos, lo que en criterio del despacho, si la prueba de compromiso no supera los presupuestos demandados por la norma adjetiva penal para convocar a juicio criminal al Dr. R.P.A., terminamos precluyéndole la investigación por ausencia de prueba.

4.2.3. La Sala encuentra, que la fiscalía vinculó al demandante R.P.A. a la investigación penal debido a la presunta colaboración que ofrecía como médico, en las actividades desplegadas por grupos guerrilleros, en la zona territorial de influencia que cobijaba el municipio de San Calixto en el departamento de Norte de Santander.

Al momento de calificar el mérito del sumario decretó la preclusión de la investigación en su favor, al concluir que los testimonios de cargo que en principio lo incriminaban como colaborador de la guerrilla resultaron contradictorios, en tal sentido, carentes de idoneidad para soportar una acusación de responsabilidad penal en contra de R.P.A. por el delito de rebelión.

Por lo anterior, la Sala advierte que el fundamento de la preclusión de la investigación adelantada en contra del demandante se debió a la falta de pruebas que llevaran a establecer la responsabilidad penal del procesado, pues el esfuerzo probatorio de la Fiscalía en ese sentido fue insuficiente para desvirtuar su presunción de inocencia. Los testimonios procedentes de desmovilizados al someterse al tamiz de la sana crítica no superaron la prueba de idoneidad suficiente para concluir la participación voluntaria de R.P.A. en las actividades de grupos al margen de la ley que operaban para la época, en el municipio de San Calixto (Norte de Santander).

4.2.4. Ahora corresponde determinar la participación de la Fiscalía General de la Nación en el daño cuya indemnización reclama la parte demandante.

A partir de las consideraciones expuestas por la Fiscalía en la resolución de preclusión, es posible colegir que la vinculación inicial del demandante a la investigación, se hizo debido a la presunta colaboración que ofrecía como profesional de la medicina, a grupos al margen de la ley, en la zona del municipio de San Calixto (Norte de Santander); sin embargo, al calificar el mérito del sumario advirtió la contradicción de los testimonios rendidos en la etapa instructiva.

Para la autoridad instructora si bien estos testimonios daban cuenta de la atención que cómo medico suministró a un guerrillero y así fue reconocido por el demandante al rendir indagatoria, además de su contacto con las organizaciones subversivas para prestar asistencia médica, no se acredita intervención en otras actividades distintas a las que le imponía su deber como profesional de la medicina.

La Fiscalía consideró que no puede catalogarse su acción como desmedida de su función social y menos enmarcarla dentro de una conducta punible, por cuanto se limitó a la atención médica, que “entre otras cosas era un deber, si tenemos en cuenta que la medicina es un servicio social que debe prestar sin detenerse a mirar la calidad o condiciones de la persona que requiere de sus servicios, y por eso el juramento que prestan al ser habilitados para ejercer ese oficio”.

No desconoce que el ciudadano pudo tener “contacto, diálogo o prestó servicios como profesional de la medicina a esas organizaciones subversivas” pero este hecho por sí mismo no implicaba comulgar “con la causa guerrillera o que hiciera parte de las mismas estructuras como lo dejan ver estos desmovilizados, sino obedecía a su profesión, a que era el médico más reconocido por su experiencia en el pueblo y por lo tanto sin distingo alguno obligado a atender los requerimientos de las personas que se lo exigían.”

Tampoco desde su análisis encontró certeza de voluntariedad en la colaboración a los grupos al margen de la ley por parte del procesado, de un lado porque cualquier “acercamiento, diálogo o servicio” de la población civil a los grupos armados ilegales no puede catalogarse necesariamente como una colaboración a sus actividades delictivas, además, porque en el contexto de la región quien se “niegue a cumplir una cita, un requerimiento o un servicio” puede ser declarado objetivo militar.

Para la Fiscalía, el demandante pudo cumplir citas y atender guerrilleros heridos o enfermos, no necesariamente por compartir el “ideario revolucionario”, sino cumpliendo una orden que difícilmente podía desatender, por cuanto “allí vivía con toda la familia y tenía asentado su domicilio laboral”. Y si bien consideró que su omisión de informar a las autoridades sobre la atención al guerrillero conlleva un reproche en el ámbito administrativo, no se desconoce el pánico y el miedo que se infunde a todos los que se niegan a prestar sus servicios al grupo armado ilegal.

En esa medida, se concluye que su situación quedó subsumida en una de las causales del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, a saber, que el demandante no cometió la conducta punible, disposición que si bien no estaba vigente al momento de los hechos, el supuesto que ahí se preveía se deriva directamente del artículo 90 de la Constitución Política, por lo que resulta aplicable el régimen objetivo de responsabilidad por privación injusta, como líneas atrás se expuso.

Así, para la Sala está acreditado que el demandante estuvo privado de la libertad, con motivo de un proceso penal que culminó con resolución de preclusión dictada a su favor pues no se logró demostrar que cometió la conducta punible. Por tanto, resulta aplicable el régimen objetivo de responsabilidad, en el que la Nación solo puede eximirse por culpa exclusiva de la víctima, en los términos del artículo 70(14) de la Ley 270 de 1996.

En ese orden, la Sala debe estudiar si en el presente asunto se configuró el hecho exclusivo y determinante de la víctima como causal eximente de responsabilidad(15).

Bajo esa línea, se tiene que el análisis de la conducta de la víctima no desconoce la absolución que en materia penal se dictó a su favor, pues en esta instancia no se hace un reproche de la culpabilidad desde la óptica penal, sino que se estudia la actuación de la víctima desde la noción de culpa grave o dolo, como causal eximente de responsabilidad con fundamento en los cánones que para ello trae el derecho civil.

En efecto, el artículo 63(16) del Código Civil dispone unos criterios orientadores para entender el dolo y la culpa, los que han sido desarrollados por esta Sala en sentencia del 18 de febrero de 2010(17). Del dolo, en aquella oportunidad, se precisó:

[E]l dolo, debe entenderse por tal, aquella conducta realizada por el autor con la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio, o en otra concepción, un comportamiento antijurídico, habiéndoselo representado y adecuado a sus posibilidades, con el fin unívoco de obtener un resultado dañino deseado.

Así pues, dentro de los aspectos integrantes del dolo, nuestra doctrina ha mencionado que “deben estar presentes dos aspectos fundamentales, uno de carácter intelectivo o cognoscitivo y otro de naturaleza volitiva; o en palabras más elementales, para que una persona se le pueda imputar un hecho a título de dolo es necesario que sepa algo y quiera algo; que es lo que debe saber y que debe querer…”(18), de donde los dos aspectos resultan fundamentales, pues el volitivo es el querer la conducta dañina y el cognitivo le entrega al autor aquellos elementos necesarios para desarrollar la conducta de manera tal que logre u obtenga el fin dañino deseado.

Resulta claro, entonces, que el elemento fundamental del dolo radica en el aspecto volitivo, de manera que obra dolosamente quien conociendo el daño que con su acción u omisión ha de producir, voluntariamente lo provoca(19), es decir, cuando actúa con intención maliciosa de generar un determinado resultado injusto, que se enmarca dentro de una conducta jurídicamente reprochable.

En suma, mientras la culpa es la falta de diligencia o de cuidado en la conducta por imprevisión, negligencia o imprudencia, el dolo como dice Eneccerus “Es el querer un resultado contrario a derecho con la conciencia de infringirse un derecho o un deber”.

A su turno, en la misma providencia, sobre la culpa, la Sala arribó a las siguientes conclusiones:

Sobre la noción de culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible.

Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. (…).

De la norma que antecede se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo.

Respecto de la culpa grave señalan los hermanos Mazeaud, que si bien es cierto no es intencional, es particularmente grosera. “Su autor no ha querido realizar el daño, pero se ha comportado como si lo hubiera querido; era preciso no comprender quod omnes intellgunt para obrar como él lo ha hecho, sin querer el daño”. De acuerdo con jurisprudencia citada por estos autores incurre en culpa grave aquel que ha “… obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves...” (Derecho Civil, Parte II, vol. II, pág. 110) y agregan que “… reside esencialmente en un error, en una imprudencia o negligencia tal, que no podría explicarse sino por la necedad, la temeridad o la incuria del agente…” (Mazeaud y Tunc, Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil, Delictual y Contractual, Tomo I, Volumen II, pág. 384).

Con base en el precedente que se acaba de reseñar, la Sala procede a analizar la conducta desplegada por el demandante P.A., con el fin de determinar si incurrió en dolo o culpa grave.

En ese sentido, recuerda la Sala que al demandante le fue imputada la comisión del delito de rebelión, debido a la presunta colaboración que brindaba en su condición de médico a grupos guerrilleros que operaban en el municipio de San Calixto (Norte de Santander).

Tal como lo consideró en su oportunidad la autoridad penal, que precluyó en favor del demandante la investigación adelantada en su contra por el delito de rebelión, las pruebas testimoniales indican que el demandante prestó atención médica a grupos guerrilleros con presencia en la zona de San Calixto (Norte de Santander), sin embargo no se acredita intervención en otras actividades distintas a las que le imponía su deber como profesional de la medicina, tampoco que esta asistencia fuera voluntaria. Contrario sensu las condiciones propias de alteración del orden público en la zona con fuerte presencia guerrillera indicaban que imperaba el temor de la población civil, donde representaba un riesgo para su integridad y la de su familia negarse a los pedidos de colaboración formulados por la subversión.

Encuentra la Sala que en efecto, el demandante acepta hacer prestado atención médica a grupos al margen de la ley, pero bajo amenazas(20) y si bien se consideró por la Fiscalía que la omisión de informar a las autoridades sobre la atención al guerrillero conllevaba un “reproche en el plano administrativo”, en el ámbito de la responsabilidad administrativa, las condiciones en las que se encontraba el demandante, como bien se documenta en el expediente, en un contexto territorial de eminente influencia guerrillera no permiten hacer un reproche, para exigirle una conducta distinta.

Además, las pruebas aportadas no permiten establecer que se hayan desplegado por parte del demandante otras actividades distintas al ejercicio de la medicina a quien se lo requiriera, en este caso, incluso a miembros de grupos al margen de la ley.

Para la Sala no hay duda que el demandante no incurrió en dolo o culpa grave, por cuanto su actuación resulta ajena a cualquier reproche desde el punto de vista de la causal eximente de responsabilidad que aquí se analiza.

Bajo las consideraciones precedentes, la responsabilidad patrimonial por el daño causado es imputable a la parte demandada, pues en virtud de la actuación de la Fiscalía General de la Nación se generó el hecho dañoso, consistente en la privación de la libertad de R.P.A.

Por tanto, se revocará la sentencia apelada y en su lugar se declarará administrativamente responsable a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de R.P.A.

5. Liquidación de perjuicios.

La parte demandante reclama el reconocimiento de indemnización por perjuicios morales, perjuicios materiales por gastos personales, por los honorarios causados para su defensa dentro de la actuación penal, y el detrimento patrimonial causado debido a la suspensión del contrato de prestación de servicios de salud suscrito con el municipio de Abrego (Norte de Santander), e indemnización por alteración a las condiciones de existencia.

4.1. En lo tocante a los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la Sala encuentra que estos se contraen a los gastos personales y a los gastos de defensa que tuvo que asumir el demandante en el proceso penal.

La parte demandante pretende acreditar el perjuicio reclamado con la certificación expedida por el abogado que asumió su defensa penal, según la cual informa:

“P.P.S.P., mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Ocaña (N. de Sder.), identificado con la cédula de ciudadanía Nº XX.XXX.XXX de Ocaña, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional Nº XXX.XXX expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, por medio del presente escrito certifico que me desempeñé como abogado defensor del señor R.P.A., sindicado del punible de rebelión, proceso adelantado en la Fiscalía 40 de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la ciudad de Cúcuta, proceso que terminó con preclusión de la investigación y su correspondiente archivo, proceso del cual recibí por concepto de honorarios profesionales del señor R.P.A. la suma de quince millones de pesos m/cte ($ 15.000.000)” (fl. 42, c. ppal.1).

La Sala evidencia que en efecto, el abogado P.P.S.P. actuó como defensor del demandante durante la investigación penal en tal medida, se atestigua la efectiva prestación del servicio por el que se reclama (fls. 1, 76 y ss, cdno. 3 anexo inspección judicial, fl. 49 y ss, cdno. 8 anexo inspección judicial). A su vez, la complejidad del asunto, en tanto la vinculación penal del demandante se produjo por su condición de profesional de la medicina, permite tener en cuenta la suma pactada como honorarios profesionales para liquidar los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.

Ahora bien, la suma acreditada como erogación patrimonial asumida por el demandante para procurar su defensa dentro de la actuación penal, debidamente actualizada corresponde al siguiente guarismo:

Ra = Rh ($ 15.000.000) x índicefinal-abril/018(141.70)

Índice inicial - junio /05 (83.36)

Ra = $ 25.497.840.69

En consecuencia, la Sala condenará a la Fiscalía General de la Nación al pago de veinticinco millones cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos cuarenta pesos con 69/100, al demandante R.P.A., por concepto de daño emergente por pago de honorarios de abogado, por ser quien erogó estos gastos.

En relación con la indemnización de perjuicios materiales a consecuencia de los gastos personales en que incurrió el demandante R.P.A. por la privación de su libertad, la Sala encuentra que no fue aportado elemento de convicción que acreditara su causación. Si bien se aportó certificación expedida por contador público (fl. 32, c. ppal. 1) donde reporta egresos por concepto de gastos personales que ascienden a la suma de quince millones de pesos, no se allegaron los soportes que den cuenta de la erogación patrimonial. En consecuencia deberá negarse la indemnización por este concepto.

4.2. Frente a los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la Sala encuentra que esta deferido al detrimento patrimonial causado debido a la suspensión del contrato de prestación de servicios de salud suscrito con el municipio de Abrego (Norte de Santander).

Para acreditar el perjuicio sufrido la parte demandante aportó contrato de prestación de servicios Nº 5 celebrado entre el municipio de Ábrego y R.P.A. en su condición de representante legal de la IPS Imsalud Abrego Ltda., en cuyo objeto se estipuló:

PRIMERA: Objeto. El objeto del presente contrato es garantizar la prestación por parte del contratista, de las acciones de protección específica y detección temprana a los afiliados al régimen subsidiado del municipio de Abrego de conformidad con el Acuerdo 229 2002 a 13.987 afiliados al régimen subsidiado, son de competencia del ente municipal, dentro de las cuales se incluye: 1) Programa de planificación familiar: a) Consulta planificación familiar por médico general b) Consulta de control de planificación familiar por médico general c) Aplicación de dispositivo intrauterino d) Suministro de anticonceptivo hormonal oral-ciclo 2) Actividades de promoción de la salud (…) (fl. 34 a 39, c. ppal. 1).

Conviene precisar que la duración del contrato se estableció en la cláusula sexta, así:

Sexta: Duración. El presente contrato tiene una duración de doce (12) meses, contados a partir del 1º de abril de 2004 hasta el 30 de marzo de 2005 (fl. 37, c. ppal. 1).

La Sala encuentra que la indemnización de perjuicios reclamada por el demandante no fue acreditada en debida forma, toda vez que no se demostró la presunta suspensión del contrato celebrado por R.P.A. y el municipio de Abrego (Norte de Santander) a consecuencia de su privación de la libertad, si se tiene en cuenta que el término de duración del contrato aportado al expediente culminó el 30 de marzo de 2005 y la privación de la libertad de que fue objeto el actor inició el 22 de junio de 2005. Razón suficiente para concluir que la privación de la libertad no es la causa directa de la terminación del contrato de prestación de servicios, respecto del cual pretende el reconocimiento pecuniario en esta oportunidad.

Sin perjuicio de lo anterior, no desconoce la Sala que existen elementos de convicción que acreditan que el demandante es profesional en el área de la medicina(21), a su vez que para la fecha de la privación de su libertad se encontraba en edad productiva, en consecuencia resulta procedente el reconocimiento de perjuicio material en la modalidad de lucro cesante por el tiempo en que estuvo recluido.

Ahora bien, no fue aportada prueba que acredite el salario o los ingresos percibidos por el demandante al momento de la reclusión, sin embargo el contrato de prestación de servicios incorporado a la actuación procesal cuya vigencia se agotó el 30 de marzo de 2005, como ya se advirtió en precedencia, es un indicador del ingreso promedio mensual que percibía para esa época(22). Razón por la cual se tomará el valor mensual que percibía en el contrato referido para calcular la indemnización por concepto de lucro cesante.

Conforme a las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia, la Sala estima que el valor establecido en el contrato guarda correspondencia con la profesión de médico, razón por la cual, le dará plena credibilidad probatoria y sobre esa base efectuará la liquidación(23).

Por lo expuesto en precedencia, la Sala entrará a liquidar el lucro cesante sobre la base de $ 4.864.223 y aplicando el tiempo real de privación (4.83 meses), al cual se le agregará 8.75 que por vía de presunción, corresponde al tiempo que a una persona que ha sido privada de la libertad le toma restaurar su continuidad laboral; es decir, se tomarán en total 13.58 meses. Con estos datos, se aplicará la fórmula utilizada por esta corporación, siendo del caso, en primer término, actualizar el salario.

Ra = Rh ($ 4.864.223) x índicefinalabril/018(141.70)

Índice inicial - junio /05 (83.36)

Ra = $ 8.268.478.88

Esta será entonces la suma que se tomará como ingreso base de liquidación y para la aplicación de la fórmula se tiene que:

• i= Es la constante del interés puro o técnico: 0.004867

• n= número de meses a indemnizar: 13.58

(1+i)n -1

S = VA -------------

I

(1.004867)13.58-1

S = VA ---------------------

0.004867

S = $ 115.788.818.40

Total perjuicios materiales por lucro cesante: ciento quince millones setecientos ochenta y ocho mil ochocientos dieciocho con 40/100 ($ 115.788.818.40).

En consecuencia la Sala accederá a la indemnización por perjuicios materiales por concepto de lucro cesante.

4.3. En relación con los perjuicios morales, se recuerda que el criterio jurisprudencial vigente para su reconocimiento, en tratándose de privaciones injustas de la libertad, fue fijado en salarios mínimos legales mensuales por la sentencia de unificación del 28 de agosto del 2014(24), así:

Reparación del daño moral en caso de privación injusta de la libertad
Meses de privación injustaNivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Superior a 1810050352515
Superior a 12Inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 09Inferior a 128040282012
Superior a 06Inferior a 09703524,517,510,5
Superior a 03Inferior a 06502517,512,57,5
Superior a 01Inferior a 033517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Reglas para liquidar el perjuicio moral
NivelTipo de relaciónPorcentaje
1Víctima directa y relaciones afectivas conyugales y paternofiliales. 
2Parientes en el 2º de consanguinidad.50% del monto recibido por la víctima directa.
3Parientes en el 3º de consanguinidad.35% del monto recibido por la víctima directa.
4Parientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2º.25% del monto recibido por la víctima directa.
5Terceros damnificados.15% del monto recibido por la víctima directa.

En esa línea, debe recordarse que el demandante estuvo privado de su libertad por cuatro meses y veintiséis (26) días, esto es, en el rango superior a tres meses e inferior a seis meses, por lo que se reconocerá una compensación de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes para la víctima directa y sus hijos, y una indemnización de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus hermanos.

4.3. El demandante reclama el reconocimiento de indemnización por alteración grave a las condiciones de existencia, debido a las sindicaciones que hizo la entidad al demandante R.P.A. y a la publicitada detención del galeno, además del impacto que causó en el medio que desarrollaba sus actividades.

El daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia, que hacía referencia a las consecuencias que en razón de una lesión o afectación se producen en la vida de relación de quien la sufre(25), fue reemplazado por el de daño a la salud, cuando el perjuicio se genera por una lesión corporal, y también por el de daño a bienes o derechos constitucionalmente protegidos, cuando aquel tiene su origen en la afectación de cualquier otro bien, derecho o interés legítimo, jurídicamente tutelado y que no esté comprendido dentro del concepto de daño corporal o afectación a la integridad psicofísica(26).

De acuerdo con lo anterior, en tratándose de los perjuicios inmateriales, nada obsta para que se reconozcan perjuicios distintos a los morales, como el daño a la salud o bien por la afectación de otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos. Sin embargo, deben estar acreditados y ser diferenciables de aquel que se reconoce como fuente de los perjuicios morales, para evitar una doble indemnización(27).

En relación a los daños inmateriales derivados de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, los actores señalaron en la demanda que sufrieron vulneraciones imputables al Estado como consecuencia de la privación injusta de la libertad del señor R.P.A. La Sala pone de presente que de acuerdo con el acervo que sirve de fundamento a las pretensiones está acreditado que los actores sufrieron perjuicios concretados en el buen nombre, reputación y la honra.

Al respecto, la Sala aplica los criterios expuestos por esta corporación, en la sentencia de unificación de la Sala Plena del 28 de agosto del 2014, en la cual se sostuvo que esta clase de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados deben ser reconocidos como una tercera categoría de daños inmateriales autónomos. En esa oportunidad la Sala, precisó:

El daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tiene las siguientes características: i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial. // ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales. // iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular. // iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.

La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos:

i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial. // ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia. // iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza”, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. // iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado.// v) Es un daño que requiere de un presupuesto de declaración: debe existir una expresa declaración de responsabilidad del Estado por la existencia de un daño a bienes constitucionales y convencionales imputables al mismo, y se deben justificar y especificar las medidas de reparación integral adecuadas y pertinentes al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional. // vi) Es un daño frente al cual se confirme el rol del juez de responsabilidad extracontractual como reparador integral de derechos vulnerados, sin desconocer que las indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas impactan directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin embargo, en tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda a otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas.

En aras de evitar una doble reparación, el juez deberá verificar ex ante: (a) que se trate de una vulneración o afectación relevante de un bien o derecho constitucional o convencional; (b) que sea antijurídica; (c) que en caso de ordenarse una indemnización excepcional, no esté comprendida dentro de los perjuicios materiales e inmateriales ya reconocidos, y (d) que las medidas de reparación sean correlativas, oportunas, pertinentes y adecuadas al daño generado(28).

Así las cosas, el daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados es un daño inmaterial autónomo que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario y, en tal virtud, las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, tienen efectos expansivos y universales, toda vez que no solamente están destinadas a tener incidencia concreta en la víctima y su núcleo familiar cercano, sino a todos los afectados, y aún inciden más allá de las fronteras del proceso a la sociedad en su conjunto y al Estado.

Como quiera que se trata de un daño autónomo y que puede operar de oficio, y teniendo en cuenta que está acreditado el quebranto al buen nombre de R.P.A. y en consecuencia el de sus familiares, con ocasión del informe de prensa publicado el 29 de junio de 2005 en el periódico “La Opinión” de Cúcuta (Norte de Santander)(29) en el que dan cuenta la captura de aquel (recorte del periódico “La Opinión” del 29 de junio de 2005, f. 31, c. ppal. 1), la Sala ordenará como una medida de satisfacción, que la Nación - Fiscalía General de la Nación publique en un periódico de amplia circulación regional en el departamento de Norte de Santander los apartes pertinentes de la decisión por la que se precluyó la investigación a favor del demandante. La copia de dicha publicación deberá ser allegada al proceso y a la Sala con la mención del número del expediente, número de radicación y nombre de los demandantes.

Previo a la publicación de la información, se deberá consultar con el demandante si le asiste interés en la misma.

5. Por último, como la conducta de las partes no puede catalogarse como abiertamente temeraria, sino el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y de defensa, se impone negar la condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia del 9 de junio de 2011, del Tribunal Administrativo de Norte de Santander que negó las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la parte motiva, y en su lugar se dispone:

1. DECLÁRESE a la Nación - Fiscalía General de la Nación, administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados al señor R.P.A., como resultado de la privación injusta de la libertad de que fue objeto, durante el período comprendido entre el 21 de junio al 17 de noviembre de 2005.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar a R.P.A., por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente la suma equivalente a veinticinco millones cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos cuarenta pesos con 69/100 ($ 25.497.840.69), por las razones expuestas en la parte motiva.

3. CONDÉNESE a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar a R.P.A., por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante por la suma equivalente a ciento quince millones setecientos ochenta y ocho mil ochocientos dieciocho con 40/100 ($ 115.788.818.40), por las razones expuestas en la parte motiva.

4. CONDÉNESE a la Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar a título de perjuicios morales la suma de:

Para el señor R.P.A., en su condición de afectado directo, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia.

Para K.J.P.T., I.J.P.N., Y.S.P.S. y R.D.P.N., en su condición de hijos del afectado directo, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno, al momento de la ejecutoria de esta providencia.

Para J.C.P.A., J.P.A., L.P.A., E.P.A. y M.P.A., en su condición de hermanos del afectado directo, el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia, para cada uno de ellos.

4. ORDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación la publicación de una rectificación, en los términos señalados en la parte motiva de esta sentencia.

5. NIÉGUENSE las demás súplicas de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

6. Sin costas.

7. Para el cumplimiento de la sentencia se observarán los artículos 176 y 177 del CCA.

8. En firme esta providencia, archívese el expediente, luego de la expedición de las copias correspondientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del C. de P.C.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, del Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, exp. 2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

2 “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”.

3 Está demostrado que K.J.P.T. (registro civil de nacimiento - fl. 18 c. ppal. 1), I.J.P.N. (registro civil de nacimiento - fl. 20 c. ppal. 1), Y.S.P.S. (registro civil de nacimiento - fl. 21 c. ppal. 1), R.D.P.N. (registro civil de nacimiento - fl. 22 c. ppal. 1) son hijos de R.P.A.; a su vez, J.C.P.A. (registro civil de nacimiento - fl. 24 c. ppal. 1), J.P.A. (registro civil de nacimiento - fl. 25 c. ppal. 1), L.P.A. (registro civil de nacimiento - fl. 27 c. ppal. 1), E.P.A. (registro civil de nacimiento - fl. 28 c. ppal. 1) y M.P.A. (registro civil de nacimiento - fl. 26 c. ppal. 1) son sus hemanos (sic) .

4 Pese a encontrarse relacionada en la diligencia de inspección judicial que se realizó al proceso penal allegado en calidad de préstamo por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ocaña, no reposa en el expediente constancia de ejecutoria de la resolución del 19 de enero de 2006 (fl. 610, cdno. anexo 1 inspección judicial)

5 Henao, Juan Carlos. El daño, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pág. 37.

6 La captura se corrobora a partir del acta de derechos del capturado suscrita el 21 de junio de 2005 (fl. 72, c. ppal. 1) y el oficio Nº 98766 por el cual el funcionario de policía judicial deja a disposición del Fiscal Segundo Seccional de Ocaña (Norte de Santander), al ciudadano R.P.A., sobre el cual pesa orden de captura Nº 0339459 (fl. 71, c. ppal.1)

7 Conforme se extrae de la certificación expedida por el Director del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Ocaña (Norte de Santander) (fl. 597, c. ppal. segunda instancia).

8 Lo cual se acredita con la boleta de libertad Nº 35 del 17 de noviembre de 2005 (fl. 287, c. ppal.).

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de abril de 2011, exp. 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

10 “Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de septiembre de 2013, exp. 35235, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, reiterada en sentencia del 29 de mayo de 2014, exp. 36515, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

12 Sobre la procedencia de imputar al Estado una privación injusta de la libertad en vigencia de la Ley 906 de 2004, véase: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2015, exp. 39350, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

13 En sentencia de unificación de jurisprudencia, el Consejo de Estado indicó que el in dubio pro reo está sustentado en un régimen objetivo de responsabilidad, concretamente en el daño especial y, se aplica, porque el Estado no pudo desvirtuar la presunción de inocencia de una persona quien no estaba llamada a soportar la privación, de ahí a que se encuentre facultada para solicitar la reparación del daño causado. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de octubre de 2013, exp. 23354, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

14 “Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

15 Sobre la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad en casos de privación injusta de la libertad, véase: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de febrero de 2014, exp. 29541, CPE Gil Botero; Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de julio de 2013, exp. 27463, CPE Gil Botero; Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de abril de 2011, exp. 19889, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 30 de marzo de 2011, exp. 19565, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2009, exp. 17188, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

16 “La ley distingue tres especies de culpa y descuido: culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (subrayas fuera de texto).

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de febrero de 2010, exp. 17933, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

18 Reyes Echandía, Alfonso. Culpabilidad, Tercera Edición, Editorial Temis, Bogotá, 1998, pág. 43.

19 Alessandri R., Arturo; Somarriva U, Manuel y Vodanomic H., Antonio. Tratado de la Obligaciones, Volumen II, Segunda Edición, Ed. Jurídica de Chile, 2004, pág. 265.

20 En diligencia de indagatoria rendida el 24 de junio de 2005, el procesado declaró: “P/.Teniendo en cuenta su profesión, la zona donde se encontraba, díganos si constantemente o esporádicamente era solicitado por la Guerrilla para atender a sus hombres heridos en combate o por cualquier otra situación de salud. En caso afirmativo donde los atendía. C/. Bueno la zona de San Calixto, conocido de todos es una zona de orden público. Solamente recuerdo de un caso que atendí y que siendo obligado por dos señores a trasladarme a una vereda cerca de San Calixto que se llama La Cantina. El mencionado señor no presentaba heridas de bala, ni cortopunzantes, sino traumatismos varios, por lo cual se le formuló. El paciente fue visto por mí y no supe más de su persona, es decir lo atendí y regresé a San Calixto. P/. Nos puede indicar la clase de traumatismo de dicho paciente. C/. El paciente presentaba al parecer trauma en las piernas y el tórax y según informe de ellos era por caída de una bestia.” (fl. 77, c. ppal.).

21 Lo cual se demuestra con el título conferido por la Universidad Nacional de Colombia como doctor en medicina y cirugía, otorgado en la ciudad de Bogotá el 16 de julio de 1976 (fl. 43. C. ppal. 1) y la copia de la tarjeta profesional de médico expedida por el Ministerio de Salud, el 14 de marzo de 1996 (fl. 44).

22 Contrato de prestación de servicios Nº 005 celebrado entre el municipio de Abrego y la IPS Imsalud Abrego Ltda. para la realización de actividades de detección temprana y protección específica de que tratan las resoluciones 412 y 3384 de 2002 y el Acuerdo 229 de 2002 (fl. 34 a 39, c. ppal.)

El referido contrato estableció en su cláusula quinta el valor y forma de pago, en la cual se pactaron doce pagos mensuales cada uno por un valor de cuatro millones ochocientos sesenta y cuatro mil doscientos veintitrés pesos ($ 4.864.223) (fl. 36, c. ppal. 1).

23 Sin que sea óbice el hecho de que el contrato corresponda a lo devengado hasta marzo de 2005, a sabiendas que la medida privativa se hizo efectiva el 22 de junio de 2005.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 36149, C.P. Hernán Andrade Rincón.

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2000, exp. 11842, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

26 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 14 de septiembre de 2011, exp. 19031, CPE Gil Botero. En esa oportunidad se precisó la tipología de los perjuicios inmateriales, así: “Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación”.

27 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de mayo de 2016, exp. 36517, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

28 Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia del 28 de agosto del 2014, rad. 32988, con ponencia de quien proyecta el presente fallo.

29 En la referida nota periodística la policía presentó a R.P.A. como presunto integrante y auxiliador del frente Carlos Armando Cacua Guerrero, del ELN. La nota señaló que el coronel J.H.H.C., comandante de la policía en Norte de Santander, dijo que las capturas se lograron en desarrollo de la “Operación República II”, desplegada en San Calixto, Ábrego y Cúcuta.” (fl. 31 c. ppal. 1).