Sentencia 2008-00436/39429 de julio 8 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad. 52001-23-31-000-2008-00436-01

Exp.: 39429

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Jorge Edmundo Andrade Celis y otros

Demandado: Ministerio de Defensa - Policía Nacional-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación

Naturaleza: reparación directa

Bogotá D.C., ocho de julio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7. El Consejo de Estado es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Cesar dentro de un proceso de reparación directa derivado de hechos de la administración de justicia(2).

7.1. El presente asunto entró para fallo el 17 de febrero de 2011 pero, por tratarse de un caso de privación injusta de la libertad, tiene prelación conforme al criterio adoptado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sesión del 25 de abril de 2013(3).

II. Hechos probados

8. De conformidad con las pruebas válida y oportunamente aportadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos relevantes:

8.1. El 12 de noviembre de 2005, el señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz, de ocupación tranportador, que viajaba en compañía de otra persona a bordo de un camión por las carreteras de Nariño con dirección al municipio de Tumaco, fue capturado por miembros de la Policía de carreteras del mencionado departamento, con la sospecha de que los químicos que transportaba estaban destinados a la elaboración de sustancias ilícitas. Al respecto se dice en el oficio del 12 de noviembre de 2005, suscrito por el comandante del grupo policial que hizo la captura:

Se procedió a realizar la respectiva prueba preliminar por parte del… perito químico adscrito al CTI quien al realizar la prueba del PIPH a las sustancias transportadas según remesa de carga de la Empresa Transporte Pacífico... de treinta (30) tambores de 55 galones que contienen Acetato de N propilo al momento de realizar la prueba preliminar dio positivo para acetato sustancia controlada… La remesa de cara Nº… que nombra veintiocho (28) tambores de 55 galones de PENTANO POR GALÓN al realizar la prueba preliminar dio positivo para hidrocarburos por lo anterior ambos análisis… determinan la detención de las personas y la inmovilización del vehículo, es de anotar que ambas remisiones van dirigidas hacia productos químicos La Frontera ubicada en… la ciudad de Tumaco a nombre de la señora Alba Lucía Benavides (fls. 51 y ss., cdno. 1)(4).

8.2. Según el acta de inventario del vehículo inmovilizado, se trataba de un camión marca Chévrolet Brigaddier de estacas modelo 1981 (fl. 55, cdno. 1), cuya propiedad a nombre del señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz se acreditó con base en un certificado expedido por el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte de Nariño, así como también con la copia de la tarjeta de propiedad y demás documentos de tránsito del automotor (fls. 32 y ss. cdno. 1).

8.3. Conocido el caso por la Fiscalía Segunda Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados, y realizada una inspección judicial sobre los materiales presentes en el camión (fls. 76, cdno. 1), el organismo investigador, por medio de la providencia del 12 de noviembre de 2005, ordenó poner en libertad a los capturados –entre ellos el señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz–, como quiera que “… no fue posible determinar sobre la clase de acetatos en la que nos encontramos, tampoco la clase de hidrocarburo, sustancias estas que no todas están restringidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes…”. Del mismo modo ordenó que “… tanto las sustancias como el automotor queden inmovilizados y sean puestos a disposición de la Fiscalía…” (fl. 78, cdno. 1).

8.4. De conformidad con una inspección llevada a cabo en el automotor el 23 de noviembre de 2005 por parte de la Fiscalía Segunda Especializada, pudo establecerse que se trataba de un “… vehículo tipo doble troque, placa SNB 009, marca CHEVROLET BRIGADIER, modelo 1981…” (fls. 106 y ss., cdno. 1). Posteriormente, el 1 de diciembre de 2005, la misma fiscalía llevó a cabo una inspección sobre los materiales químicos que estaban en el camión, con lo que pudo corroborarse que se trataba de acetato de N propilo –sustancia no controlada por las autoridades de vigilancia de estupefacientes– y disolvente alifático, sustancia esta última que sí estaba sometida a supervisión (fls. 110 y ss., ibíd.). Por medio de oficio del 15 de diciembre de 2005, la fiscalía de conocimiento ordenó la entrega de las sustancias que no eran materia de restricción, así como también del automotor de propiedad del hoy demandante en reparación (f.115, cdno. 1), no obstante lo cual, mediante oficio del 20 de diciembre de 2005, se ordenó efectuar una nueva revisión de dicho bien (f. 176, ibídem), decisión esta que fue reiterada mediante oficio calendado el día 22 de los mismos mes y año (f. 186, ibíd..), lo que implicó la permanencia del estado de inmovilización.

8.5. Por medio de providencia del 17 de febrero de 2006, la Fiscalía Segunda Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Pasto, profirió resolución inhibitoria respecto de los indagados —entre ellos el señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz—, al considerar que no existía tipicidad de la conducta objeto de análisis. Dijo el ente investigador:

El día 11 de noviembre de 2005 en el corregimiento de El Remolino del municipio de Taminango, se le incautó a los señores Gerardo Alfredo Reina Palma, conductor, y Jorge Edmundo Andrade Cáliz, 58 tambores de 55 galones cada uno de los que según guía del transportador contenía 30 tambores con Acetato de N Propilo y los 28 restantes pentano, los cuales tenían como destino la ciudad de Tumaco…

(…).

Se desprende una vez recibido el dictamen definitivo de Labici Cali en el que se manifiesta que las sustancias son Acetato de N Propilo y Shellsol 1 (disolvente Alifático), basados en dicho informe se ordenó la entrega definitiva de los 30 tambores de la primera por no estar dentro de las sustancias controladas por la Dirección Nacional de Estupefacientes, en cuanto al segundo componente se ordenó se tomen nuevas muestras para análisis en vista que la sustancia pentano tiene componentes semejantes al Shellsol 1 (disolvente Alifático) las cuales fueron remitidas al laboratorio de estupefacientes, Medicina Legal Bogotá.

El concepto BOG-2006-002432 de Medicina Legal informa que las muestras dieron positivo para pentano sustancia que no es restringida por las resoluciones de la Dirección Nacional de Estupefacientes ni considerada específicamente como precursora para la fabricación de estupefacientes. En consecuencia, dada la ausencia de la violación de la ley penal, se debe proceder a dictar resolución inhibitoria por atipicidad de la conducta y como consecuencia ordenar la entrega de los 28 tambores de pentano… y ordenar la entrega definitiva del rodante en el que era conducido dicho componente, al señor Jorge Andrade Cáliz propietario del vehículo.

Por lo expuestos, la Fiscalía Segunda Especializada de pasto,

RESUELVE:

1. Proferir resolución inhibitoria por atipicidad de la conducta.

2. Ordenar la entrega de los 28 tambores de pentano…

3. Ordenar la entrega definitiva del rodante Tipo Camión marca Chevrolet de placas SNB 009 al señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz propietario del automotor (fls. 203 y 204, cdno. 1).

8.6. A pesar de que en la resolución antes reseñada se ordenó la inmediata entrega del vehículo de propiedad del hoy demandante en reparación, la misma solo se materializó el 4 de mayo de 2006 según acta firmada por el fiscal del caso y el señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz (fl. 210, cdno. 1).

8.7. La captura del señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz fue objeto de despliegue noticioso en el periódico conocido como Diario del Sur, en el cual se hizo una reproducción del boletín de prensa que en la época de los hechos expidió la Policía Nacional. En lo pertinente, dicho boletín afirma lo siguiente en relación con la detención del hoy demandante en reparación:

Detenidos por narcotráfico:

Dos personas fueron detenidas por la Policía cuando transportaban en 55 galones, 11.962 litros de insumos químicos para el procesamiento de cocaína, en operativo realizado en un retén policial en el sector de El Remolino. Los capturados son Gerardo Alfredo Reina Palma, natural de Pasto, de 55 años de edad y Jorge Edmundo Andrade, natural de Aldana, de 57, quienes se movilizaban en un camión Chevrolet de placas SNB 009, de propiedad del último de los nombrados, vehículo que era conducido por Reina Palma (fls. 301 y ss. cdno. 1).

8.8. El señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz utilizaba su camión para prestar el servicio de transporte a las empresas Transdecol y Dislicores, según certificaciones expedidas por los administradores de aquéllas. La primera de las empresas mencionadas pagaba al hoy demandante fletes mensuales por valor de $4 800 000. La segunda le pagó el valor de 19 millones de pesos por todos los servicios prestados en el año 2005 (fls. 37 y 38, cdno. 1).

8.9. Según constancia firmada el 15 de noviembre de 2005, la abogada Yaneth Isabel Fajardo Enríquez recibió del señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz la suma de $2 000 000, por concepto de los servicios profesionales prestados en la atención del proceso investigativo adelantado por la Fiscalía General de la Nación a propósito de los hechos del 12 de noviembre de 2005 (f. 39, cdno. 1). En las piezas del expediente penal que reposan en el expediente, se aprecia que la mencionada abogada llevó a cabo varias gestiones ante la Fiscalía Segunda Especializada (fls. 102 y 184, cdno. 1).

8.10. En el proceso reposa registro civil del matrimonio celebrado entre los demandantes Jorge Edmundo Andrade Cáliz y Juana María Guasmayán Guasmayán. Del mismo modo, los demandantes Jairo Eliécer Andrade Guasmayán, Giovanny Ferney Andrade Guasmayán y Daniela del Pilar Andrade Guasmayán acreditaron ser hijos de la mencionada pareja (registros civiles visibles a folios 26 y siguientes, cdno. 1). En el litigio rindieron testimonio los señores Segundo Gabriel Ordóñez Pasaje (fls. 275 y ss. cdno. 1), Jorge Arnulfo Unigarro Ceballos (fls. 279 y ss., cdno. 1), Rodrigo Javier Canchala Quiroz (fls. 283 y ss., cdno. 1) y Carlos Efraín Castro Chilanguad (fls. 286 y ss., cdno. 1), quienes describieron la situación de aflicción padecida por los demandantes con ocasión de la detención de que fue objeto Jorge Edmundo Andrade Cáliz, así como también por la difusión que ese acontecimiento tuvo en los medios de comunicación. Los declarantes también pusieron de presente la merma en la actividad económica del mencionado demandante, como consecuencia de la divulgación de la noticia y la paralización del camión de su propiedad, lo que generó el padecimiento de una difícil situación económica.

III. Problema jurídico

9. La Sala debe determinar, previo estudio de la legitimación en la causa por pasiva a cargo de la Nación – Rama Judicial, si resulta antijurídico el daño aducido en la demanda, el cual consiste en la detención de Jorge Edmundo Andrade Cáliz, lo que ocurrió bajo la sospecha de que estaba transportando insumos químicos para el procesamiento de sustancias ilícitas, teniendo en cuenta que la investigación penal terminó con resolución inhibitoria.

IV. Análisis de la Sala

10. Como una cuestión previa, al estudiar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la Nación – Rama Judicial, observa la Sala que la misma es impróspera porque, aunque es cierto que en la demanda no se hace imputación fáctica o jurídica alguna a organismos jurisdiccionales pertenecientes a dicha derivación del andamiaje estatal, también es verdadero que la persona jurídica demandada, que es la Nación, sigue siendo la misma, de lo que se deduce que el referido reparo no es un problema de legitimación, sino que tiene que ver con la representación judicial del centro jurídico de imputación(5). En todo caso, como en el proceso no se ha ventilado reproche alguno relacionado con funcionarios adscritos a la Rama Judicial del Poder Público, entonces en el presente fallo no se hará análisis alguno relacionado con la actuación de esta última.

11. De cara al fondo del asunto, la Sala tiene por demostrado el daño que sufrió Jorge Edmundo Andrade Cáliz, quien fue detenido por miembros de la Policía Nacional bajo la sospecha de que estaba transportando, sin la debida autorización, sustancias vigiladas por la Dirección Nacional de Estupefacientes, captura que se produjo el día 12 de noviembre de 2005 en las carreteras del departamento de Nariño.

11.1. Igualmente, se encuentra evidenciado el daño aducido por Juana María Guasmayán Guasmayán, cónyuge del detenido, y los hijos de la referida pareja, de nombres Jairo Eliécer Andrade Guasmayán, Giovanny Ferney Andrade Guasmayán y Daniela del Pilar Andrade Guasmayán. Dichas relaciones familiares, conforme con las reglas de la experiencia, permiten inferir el sentimiento de pena y dolor que aquéllas personas padecieron por la detención de su allegado. La jurisprudencia de esta Corporación así lo ha considerado:

Para la Sala es razonable inferir la existencia de un daño moral sufrido por una persona que, como el señor Juan Alberto Caicedo, ha sido privada de su libertad. Igualmente, la Sala tiene establecido que si se acredita el nexo de parentesco entre dos personas, también es posible inferir el perjuicio padecido indirectamente por una persona, debido al daño irrogado a un ser querido como víctima directa del actuar lesivo de la administración(6).

11.2. Del mismo modo, se acreditó el daño que en el buen nombre del señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz ocurrió como consecuencia de la divulgación que hizo la Policía Nacional de la noticia relacionada con la captura del aludido peticionario, la cual fue objeto de publicación en el Diario del Sur, con la afirmación de que la detención ocurrió porque la mencionada persona supuestamente estaba transportando “… insumos químicos para el procesamiento de cocaína…”. El detrimento se encuentra acreditado según el dicho de los testigos Segundo Gabriel Ordóñez Pasaje, Jorge Arnulfo Unigarro Ceballos, Rodrigo Javier Canchala Quiroz y Carlos Efraín Castro Chilanguad, quienes pusieron de presentes los daños en la honra y el buen nombre del demandante como consecuencia de la divulgación que tuvo su captura en los medios de comunicación.

11.3. En lo que tiene que ver con el daño material, observa la Sala que también se demostró el lucro cesante padecido por Jorge Edmundo Andrade Cáliz, pues antes de ser privado su libertad se desempeñaba como transportador asiduamente contratado por las empresas Transdecol y Dislicores, actividad esta que se vio truncada debido a que, con posterioridad a la detención, el camión de su propiedad estuvo inmovilizado hasta su devolución, la cual se produjo varios meses después el día 4 de mayo de 2006. También se demostró el detrimento relacionado con el daño emergente pues, de conformidad con la constancia expedida por la abogada Yaneth Isabel Fajardo Enríquez, cuyas actuaciones en el proceso penal se acreditaron con los documentos arrimados al expediente, a dicha profesional del derecho se le pagó la suma de $ 2 000 000.

12. En cuanto a la imputación de responsabilidad, observa la Sala que es necesario realizar un estudio separado de las actuaciones que llevaron a cabo la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por un lado, y la Nación-Fiscalía General de la Nación, por el otro, en la medida en que dichas entidades no tuvieron la misma participación frente a la restricción de la libertad que padeció el señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz, según pasa a explicarse.

12.1. Así, en lo que tiene que ver con la responsabilidad que quiere atribuírsele a la Fiscalía General de la Nación, es pertinente recordar que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el régimen de imputación establecido en la Ley 270 de 1996(7), solo es aplicable a aquellos casos en los cuales la detención se produzca en el marco de un proceso penal y en el ejercicio de la función relacionada con la administración de justicia(8), lo que no ocurrió en el caso de estudio pues, según se reseñó en los hechos probados de la presente providencia, la captura del señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz no ocurrió como consecuencia de una decisión emanada del ente investigador sino que, antes bien, la entidad aquí mencionada se encargó de proferir las decisiones por las cuales se ordenó la inmediata libertad del sospechoso, lo cual ocurrió al día siguiente al de la captura —12 de noviembre de 2005—. Por manera que, como la restricción de la libertad del demandante no fue ordenada por la Fiscalía General de la Nación, entonces no hay lugar a imputar responsabilidad a la mencionada entidad por el acontecimiento del presente litigio relacionado con la privación de la libertad.

12.1.1. Ahora bien, como en la demanda también se pretende la atribución de responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación por el hecho de la retención del camión de propiedad del señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz, entonces resulta pertinente analizar dicha situación con base en los parámetros que ha definido la jurisprudencia de esta Sala frente a casos similares al de autos. Al respecto se dijo en la sentencia del 28 de mayo de 2015:

21. El artículo 53 del Decreto legislativo 99 de 1991, adoptado como legislación permanente mediante el Decreto 2271 de 1991, establecía que la incautación u ocupación de bienes muebles e inmuebles solo podía ordenarse por las autoridades judiciales cuando existiera prueba sumaria de su vinculación a la comisión de alguno de los delitos referidos en el artículo 9º del mismo cuerpo normativo…

(…).

22. La Sección Tercera se ha pronunciado, en anteriores oportunidades, sobre la responsabilidad del Estado generada con ocasión de la inmovilización de bienes, sin que se tenga prueba sumaria(9) de su vinculación con el ejercicio de actividades ilícitas. Así, en un caso similar al que ahora se analiza, consideró:

La legislación vigente al momento de los hechos objeto de esta demanda establece sin ambages que “[e]l superior de la Unidad Investigativa de Policía Judicial de Orden Público o el Jefe de la Policía Judicial, solo podrán ordenar la incautación u ocupación de bien mueble o inmueble cuando exista prueba sumaria sobre su vinculación o delito de los mencionados en el artículo 9º” del Decreto-ley (sic) 99 de 1991, esto es, entre otros, los delitos consagrados en la Ley 30 de 1986. En este sentido, de la norma citada resulta claro que para ordenar la inmovilización de la aeronave la autoridad de Policía debía tener en su acervo prueba siquiera sumaria de la vinculación del bien a alguno de los delitos referidos en el artículo 9º del Decreto-ley 99 (sic) de 1991 (sic).

(…).

De esta manera, para determinar la existencia de una falla en el servicio por parte de la Policía Nacional por los hechos objeto de esta demanda, la Sala debe determinar si existía al menos prueba sumaria de la vinculación de la aeronave HK-2581 a la comisión de un delito, teniendo siempre presente que la decisión de la Policía Nacional de inmovilizar la aeronave fue determinante para la producción del daño alegado por la parte actora.

Del acta de la “inspección judicial” allegada al expediente se tiene que la razón fundamental para ordenar la inmovilización de la aeronave radicó en que el técnico en identificación de aeronaves señaló: “Al confrontar la documentación presentada ante el libro de vuelo de la aeronave con la plaqueta original de la misma se pudo determinar que la plaqueta impuesta por la fábrica del avión se encuentra en estado de deterioro y no presenta impregnación de dicha plaqueta legible de la misma por cuanto se le imprimió en forma desordenada dicha serialización, en el libro figura el número de serie 43-49745 y la fabricación y designación de Douglas C-47D” (fl. 48 cdno. 1), motivo este que aun cuando no se señaló expresamente por la funcionaria encargada de adelantar la diligencia, lo cierto es que se constituyó en la razón fundamental para ordenar la inmovilización y la imposición de cuarenta sellos en la aeronave a través de los cuales se identificó como objeto de una investigación por la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Para la Sala, el hecho de que las plaquetas de identificación de la aeronave parecieran adulteradas, lo que hubiere podido llevar a tener dudas respecto de su matrícula, no constituye prueba sumaria de la vinculación del bien inmueble a la comisión de un delito de aquellos señalados en el artículo 9º del Decreto-ley (sic) 99 de 1991, entre los cuales se encuentran los consagrados en la Ley 30 de 1986.

Brillan por su ausencia los argumentos que pudo haber tenido en cuenta la funcionaria de la Policía Nacional que llevó a cabo la diligencia de inspección judicial para ordenar la inmovilización del bien, la relación de las pruebas sumarias de la vinculación de la aeronave con un ilícito cualquiera o aún la tipificación del delito o la contravención a los que hubiere podido vincularse la aeronave objeto de la inspección judicial.

(…)

Así las cosas, para la Sala en el presente caso se configuró una falla del servicio en cabeza de la Policía Nacional por cuanto, de un lado se tomó la decisión de inmovilizar la aeronave HK-2581 sin que existiera, al menos, prueba sumaria que permitiera inferir la necesidad de ordenar dicha medida y, por el otro, los técnicos que intervinieron en la diligencia no tenían los conocimientos suficientes que le hubieran permitido a la Policía Nacional adoptar la decisión adecuada.

Se debe reiterar, en todo caso, que en el acta correspondiente a la Inspección que realizó la Policía Nacional el 19 de diciembre de 1995 no se encuentran los elementos argumentativos suficientes y necesarios para que las diferentes autoridades administrativas y judiciales llamadas a intervenir posteriormente en procesos de esta naturaleza puedan cumplir de manera adecuada sus funciones, lo cual adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que la orden de inmovilización de aeronaves o automotores constituye una grave limitación a los derechos fundamentales de propiedad y de libertad de empresa de los propietarios de los bienes objeto de esas medidas(10).

23. En este caso, se tiene demostrado que el único motivo que dio lugar a la inmovilización de la aeronave de propiedad de la sociedad actora fue el hallazgo de falencias en sus certificados de aeronavegabilidad y de operación. Las autoridades no encontraron elementos que ofrecieran razones para sostener que el bien estaba siendo utilizado para el ejercicio de alguna actividad ilícita. De hecho, las pruebas de absorción practicadas al interior de la aeronave arrojaron resultados negativos para efectos o residuos de estupefacientes…

24. En estas condiciones, se concluye que la inmovilización practicada por la Fiscalía General de la Nación resultó ilegal porque las presuntas irregularidades halladas en la documentación de la aeronave no podían tenerse como una prueba sumaria de la vinculación del bien a la comisión de alguno de los delitos señalados en el artículo 9º del Decreto legislativo 99 de 1991.

(…)

26. Así las cosas, la Sala concluye que en el presente caso se produjo una falla del servicio imputable a la entidad demandada, que tomó la decisión de inmovilizar la aeronave HK-3681 sin que existiera prueba sumaria de la necesidad de ordenar dicha medida, con lo cual se impuso a la sociedad actora una grave limitación a sus derechos fundamentales de propiedad y de libertad de empresa, que ella no estaba en el deber jurídico de soportar.

(…)

28. De otra parte, la parte actora acusa a la entidad demandada de haber incurrido en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por haber retardado injustificadamente la entrega de la aeronave de su propiedad.

29. El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es, junto con el error judicial y la privación injusta de la libertad, uno de los supuestos capaces de comprometer la responsabilidad del Estado por las actuaciones de la Rama Judicial, conforme a lo previsto en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996:

ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación.

30. Este título jurídico de imputación se encuentra reservado a todas aquellas actuaciones necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales. Esto permite diferenciarlo del error judicial que se predica de las decisiones o providencias que se profieren en ejercicio de la función de interpretar y aplicar el derecho…

(…)

31. Por su parte, la mora judicial, es decir, la falta de decisión judicial en un plazo razonable, constituye uno de los eventos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia(11), siempre que la demora no esté justificada, lo cual ocurre cuando existen factores que ameriten sobrepasar los términos fijados en la ley…

32. Entre los factores que, según la jurisprudencia, justifican el retardo en las decisiones judiciales se encuentran la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora…

33. En el caso concreto, se encuentra demostrado que la inmovilización de la aeronave se produjo el 13 de noviembre de 1996 y que la decisión de devolverla a su propietario se adoptó casi cincuenta y seis (56) meses después, concretamente el 11 de julio de 2001. Igualmente se encuentra probado, porque así se deduce de lo consignado en la resolución mediante la cual la Fiscalía se abstuvo de decretar la apertura de la instrucción, que la inmovilización del bien dio inicio a la etapa de investigación previa… la cual atendía al propósito específico de establecer si había lugar o no al ejercicio de la acción penal, según lo dispuesto en el artículo 319 del Decreto 2700 de 1991, vigente al momento de los hechos…

(…)

37. De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que la sociedad Aerotaxi de Valledupar Ltda., sufrió un daño antijurídico imputable a la Fiscalía General de la Nación pues legalmente tampoco estaba obligada a soportar que se la privara de la posesión de la aeronave de su propiedad por un periodo de tiempo superior al legalmente establecido para el agotamiento de la etapa de investigación previa. En consecuencia, procederá a revocar la sentencia apelada y, en su lugar, declarará la responsabilidad administrativa de la entidad demandada(12).

12.1.2. Aplicados dichos criterios al caso concreto, observa la Sala que sí se presentó una falla del servicio por parte de la Fiscalía General de la Nación en la medida en que, por un lado, se inmovilizó el vehículo de propiedad del señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz sin que para el efecto se contara con una prueba siquiera sumaria de que el mismo estaba relacionado con el desarrollo de actividades ilícitas y, por otra parte, se observa que la retención de dicho bien mueble se prolongó por varios meses, sin que al respecto de observe una explicación que permita considerar que fue razonable dicho lapso de tiempo.

12.1.3. En efecto, cuando los agentes policiales detuvieron el camión en que se desplazaba Jorge Edmundo Andrade Cáliz, llevaron a cabo unas pruebas preliminares para establecer la naturaleza de los químicos que se encontraban en su carrocería, donde pudo establecerse que se trataba de acetatos e hidrocarburos, pero sin que en dicho momento pudiera determinarse si se trataba de químicos controlados por las entidades estatales supervisoras de estupefacientes. Ello implicó que la Fiscalía Segunda Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados decidiera mantener retenido el automotor para efectuar nuevos análisis, situación esta que se prolongó hasta la devolución del mismo el 4 de mayo de 2006, esto último al comprobarse que los insumos transportados no eran objeto de control. Ello quiere decir que en el momento en que se ordenó la inmovilización del doble troque, no existía prueba siquiera sumaria de que el mismo estuviera siendo utilizado para el despliegue de actividades ilícitas.

12.1.4. Del mismo modo, observa la Sala que el lapso de aproximadamente 6 meses que empleó la Fiscalía Segunda Delegada de Pasto para comprobar la naturaleza de los químicos transportados, es un tiempo excesivo para el desarrollo de tal labor, y en el proceso no se observan medios de prueba que permitan establecer la necesidad de inmovilizar el camión por el aludido periodo de tiempo, razón por la cual es posible concluir que en el presente caso ocurrió un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia —por dilación injustificada—, lo que hace procedente declarar administrativamente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación. Dicha falla del servicio supuso, a su vez, que el hoy demandante en reparación tuviera que erogar los gastos relacionados con la atención del proceso por un abogado penalista, según se reseñó en los hechos probados.

12.2. En lo relacionado con la responsabilidad que se le endilga a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, se aprecia que el análisis también debe separarse entre la responsabilidad relacionada con la privación de la libertad, por un lado y, de otra parte, la atinente a la lesión al buen nombre sufrido por el señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz.

12.2.1. Frente a la privación de la libertad de que fue objeto el mencionado demandante, observa la Sala que la misma se dio por determinación policial, cuando el vehículo en el que se movilizaba fue detenido en un retén en las carreteras del departamento de Nariño, lo cual ocurrió el día 11 de noviembre de 2005. El señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz inmediatamente fue puesto a órdenes de la Fiscalía Segunda Delegada de Pasto, quien ordenó su libertad mediante providencia calendada y notificada el día siguiente —12 de noviembre de 2005—, lo que implica que la detención tuvo una duración que no superó las 12 horas.

12.2.2. Ahora bien, aunque se probó en el proceso que el señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz fue librado de toda responsabilidad penal por medio de resolución inhibitoria calendada el 17 de febrero de 2006, de ello no se deriva que fuera injusta o arbitraria la detención realizada por miembros de la Policía Nacional, pues existían sospechas de que los materiales transportados en su camión por el hoy demandante en reparación, podrían ser utilizados para el procesamiento de sustancias prohibidas.

12.2.3. A este respecto es preciso señalar que el derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política no es una garantía absoluta, y la Corte Constitucional ha determinado que no se afecta el núcleo esencial de la misma cuando la persona afectada es puesta ante las autoridades judiciales pertinentes dentro del término de 36 horas siguientes a la captura, y cuando esta última no sea arbitraria. En las palabras expresadas en la Sentencia C-239 de 2012:

9. Empero, ese talante liberal de la Constitución no ha sido óbice para admitir al mismo tiempo que también corresponde al Estado la defensa de otros bienes jurídicos e intereses, dentro de los cuales se encuentra la seguridad y orden público, cuya afectación por el abuso de las libertades y el incumplimiento del Derecho, afectan tanto la estabilidad institucional, como la convivencia y la realización de todos los derechos de personas y grupos… Por esto, hace parte de las propias garantías de la libertad, la previsión de restricciones destinadas a asegurar su ejercicio armónico por parte de todos los asociados, así como el cumplimiento de intereses generales soportados en la Constitución y concretados por el legislador.

10. Con referencia a la libertad personal, que es la faceta de la libertad que concierne al asunto bajo estudio, la propia Carta ha previsto las reglas para su limitación, que la Corte constitucional ha reconocido reiteradamente, desde lo previsto en los artículos 28, 29, 30 y 32 C.P., como garantías constitucionales concretas para la salvaguarda de la misma.

En los artículos 28 y 29, por un lado, se contempla la reserva legal según la cual la privación de la libertad solo puede ocurrir por motivos previamente establecidos por leyes preexistentes, con cumplimiento de las formas procesales, la aplicación del principio de presunción de inocencia y en general, con el cumplimiento de las garantías que integran el derecho de defensa y el debido proceso. Pero también en los artículos 28, 30 y 32 se determina el principio de reserva judicial con el que también se procura asegurar que las limitaciones de la libertad personal solo puedan operar conforme la estricta legalidad que semejante limitación implica. En este sentido, tras la declaración abierta y expresa de que toda persona es libre, se reconoce la posibilidad de que esta condición pueda ser afectada por la orden de prisión, arresto o detención, siempre y cuando la misma sea determinada por un juez competente. En el mismo sentido, se garantiza la inviolabilidad del domicilio la cual podrá ser restringida cuando así lo determine el juez, con todas las formalidades de ley.

Igualmente, la Constitución admite la posibilidad de la detención preventiva que, conforme al artículo 28 constitucional, fuerza en todo caso a que la persona detenida sea puesta a disposición del juez competente, dentro de las 36 horas siguientes, para que este adopte la decisión que corresponda en el término establecido por la ley. Además, en el artículo 32 C.P., se permite que en flagrancia el delincuente sea aprehendido por cualquier persona, caso en el cual debe ser llevado inmediatamente ante la autoridad judicial. En este caso se autoriza la persecución del delincuente por la autoridad, incluida la posibilidad de ingresar en el domicilio de aquel, con el propósito de lograr la aprehensión. Y junto con lo anterior, en el evento en que una persona estime estar privada de la libertad de manera ilegal, puede ejercer la garantía judicial por excelencia del Estado de derecho… el habeas corpus, que se deberá tramitar en el término no superior de 36 horas desde que fuese interpuesto.

11. En este apretado recuento se aprecia cómo en el orden superior, la libertad personal no solo se garantiza con su reconocimiento expreso en tanto condición inherente a la persona humana, sino desde las reservas legales y judiciales exigidas para su limitación, las cuales incorporan en la dogmática de la libertad, los principios democrático… de separación y colaboración armónica entre los poderes públicos… y de reserva de la primera… y de la última palabra… para asegurar la legitimidad de la actuación del Estado sobre, si se quiere, uno de los bienes más preciados de la Constitución.

(…)

12. No obstante la claridad que arrojan los preceptos constitucionales y la jurisprudencia constitucional en lo relacionado con la defensa de la libertad personal y las exigencias para su limitación, conviene precisar a los efectos del presente proceso, las excepciones a la reserva judicial para la detención de la persona. Son ellas, la que establece el artículo 32 constitucional en caso de flagrancia, la figura de la detención preventiva del artículo 28 superior y finalmente, la detención excepcional que se autoriza conforme al artículo 250-1 C.P., para la Fiscalía General de la Nación.

(…)

17. Son pues cuatro las excepciones a la reserva judicial para la privación de la libertad, como reserva de la primera palabra: la captura en flagrancia (C.P., art. 32), la captura excepcional en cabeza de la Fiscalía (C.P., art. 250.num. 1º, modificado por el A.L. 2/2003), la detención administrativa preventiva y la retención transitoria, ambas bajo el cuestionamiento de la jurisprudencia constitucional, todas concebidas como excepciones de restrictiva interpretación a esa garantía constitucional con que se pretende preservar el valor, el principio y el derecho de la libertad personal(13).

12.2.4. Del mismo modo, la jurisprudencia de esta Subsección “B”, en interpretación del Decreto 1355 de 1970 “por el cual se dictan normas sobre policía”, ha precisado que una detención preventiva como la que es materia de juzgamiento en el caso de análisis, debe cumplir con los siguientes requisitos: i) tiene que basarse en motivos fundados; ii) debe ser necesaria; iii) debe tener como único objeto verificar de manera breve los hechos relacionados con los motivos fundados de la aprehensión o la identidad de la persona; iv) tiene estrictas limitaciones temporales; v) debe ser proporcional. Ello se plasmó en la sentencia del 29 de abril de 2015, en los siguientes términos:

9.3. En virtud de los requisitos mencionados, la Corte Constitucional señaló que existe una estricta reserva legal en materia de libertad personal e inviolabilidad de domicilio, por lo cual estos derechos no pueden ser limitados sino por la ley. Pese a lo anterior, la Constitución contempla dos excepciones a dicha reserva legal: i) la detención preventiva prevista en el inciso segundo del artículo 28 de la Constitución Nacional que consagra una facultad para que, en determinadas circunstancias y con ciertas formalidades, las autoridades no judiciales aprehendan materialmente a una persona sin contar con previa orden judicial; y ii) la flagrancia, reconocida en el artículo 32 constitucional que establece otra posibilidad en virtud de la cual una persona puede ser privada de la libertad por una autoridad administrativa, sin mandamiento de autoridad judicial, a fin de que sea puesta sin demora a disposición de la autoridad competente…

9.4. En el presente asunto, interesa entender los alcances de la detención preventiva consagrada en el artículo 71 del Decreto-Ley 1355 de 1970, vigente y aplicable para el momento de los hechos, que prescribe:

Con el solo fin de facilitar la aprehensión de delincuentes solicitados por autoridad competente, la policía previa venia del alcalde del lugar, podrá efectuar capturas momentáneas de quienes se hallen en sitios públicos o abiertos al público.

Esta operación se ejecutará en sitios urbanos o rurales predeterminados.

Las personas contra quienes no exista petición de captura deberán ser puestas inmediatamente en libertad, a menos que su identificación se dificulte, caso en el cual la captura podrá prolongarse hasta por 12 horas (se destaca).

9.5. El anterior artículo establece que en caso de que la identificación de una persona se dificulte, esta podrá ser detenida preventivamente hasta por doce horas. Respecto al inciso tercero del artículo 71 del Decreto 1355 de 1970, antes referido, la Corte Constitucional, en Sentencia C-024 de 1994, declaró su exequibilidad, en el siguiente sentido:

El inciso [tercero] es exequible pues remite al cumplimiento de las funciones preventivas propias de las autoridades judiciales a fin de colaborar en la conservación del orden público. En ella se fija un término muy inferior a las 36 horas a que hace referencia el inciso segundo del artículo 28 de la Constitución, además de la obligación de remitir al aprehendido ante la autoridad judicial competente. Este criterio es compartido por la vista fiscal.

9.6. La Corte Constitucional estableció en la Sentencia C-024 de 1994 las condiciones de la detención preventiva, las cuáles derivan de la naturaleza excepcional de este tipo de aprehensiones y del régimen constitucional de la policía en un Estado social de derecho, así:

En primer término, la detención preventiva gubernativa tiene que basarse en razones objetivas, en motivos fundados. Esta exigencia busca tanto proteger los derechos ciudadanos contra injerencias policiales arbitrarias como permitir que la legitimidad de la aprehensión pueda ser controlada tanto por los superiores del funcionario que la practicó como por las autoridades judiciales y los organismos de vigilancia y control del Estado (…) los motivos fundados son hechos, situaciones fácticas, que si bien no tienen la inmediatez de los casos de flagrancia sino una relación mediata con el momento de la aprehensión material, deben ser suficientemente claros y urgentes para justificar la detención. El motivo fundado que justifica una aprehensión material es entonces un conjunto articulado de hechos que permitan inferir de manera objetiva que la persona que va a ser aprehendida es probablemente autora de una infracción o partícipe de ella. Por consiguiente, la mera sospecha o la simple convicción del agente policial no constituye motivo fundado (…) Más allá de la simple sospecha, la detención debe estar entonces basada en situaciones objetivas que permitan concluir con cierta probabilidad y plausibilidad que la persona está vinculada a actividades criminales.

En segundo término, la detención preventiva debe ser necesaria, esto es, debe operar en situaciones de apremio en las cuáles no pueda exigirse la orden judicial, porque si la autoridad policial tuviera que esperar a ella para actuar, ya probablemente la orden resultaría ineficaz. Por eso, solo en aquellos casos en los cuáles se deba proceder con urgencia para no perjudicar la investigación judicial o cuando la demora implique un peligro inminente, podrá la autoridad policial proceder a una detención preventiva sin orden judicial. Estaríamos frente a una detención arbitraria si no se dan estas situaciones de urgencia o de evidente peligro, y las autoridades policiales deciden detener preventivamente, incluso con motivo fundado, simplemente por eludir el control judicial previo o ahorrar tiempo o trabajo. Esto significa que la retención solo es constitucionalmente legítima si es la única alternativa para que la Policía pueda cumplir de manera adecuada sus deberes constitucionales Admitir otra interpretación sería convertir la excepción —detención sin orden judicial— en la regla.

En tercer término, esta detención preventiva tiene como único objeto verificar de manera breve los hechos relacionados con los motivos fundados de la aprehensión o la identidad de la persona y, si es el caso, poner a disposición de las autoridades judiciales competentes a la persona aprehendida para que se investigue su conducta. Es pues una aprehensión material con estrictos fines de verificación a fin de constatar si hay motivos para que las autoridades judiciales adelanten la correspondiente investigación.

En cuarto término, esta facultad tiene estrictas limitaciones temporales. La detención preventiva tiene un límite máximo que no puede en ningún caso ser sobrepasado: antes de 36 horas la persona debe ser liberada o puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

(…) En quinto término, la aprehensión no solo se debe dirigir a cumplir un fin preciso —verificar ciertos hechos o identidades— adecuadamente comprendido dentro de la órbita de las autoridades de policía sino que además debe ser proporcionada. Debe tener en cuenta la gravedad del hecho y no se puede traducir en una limitación desproporcionada de la libertad de la persona (…). Por eso es deber de las autoridades policiales utilizar todos los medios técnicos disponibles a fin de reducir al mínimo esas aprehensiones materiales, no solo en el sentido de limitar su número a lo estrictamente necesario sino también de reducir tanto como sea posible la duración de las mismas. Para ello deberán, por ejemplo, establecer sistemas ágiles de verificación de identidad que permitan establecer antecedentes criminales en los lugares mismos de la aprehensión.

En sexto término, como es obvio, para estos casos se aplica plenamente el derecho de Habeas Corpus como una garantía del control de la aprehensión, puesto que el artículo 30 señala que este se podrá invocar “en todo tiempo”. Por consiguiente, todo ciudadano que considere que ha sido objeto de una detención gubernativa ilegal tiene derecho a invocar el Habeas Corpus.

En séptimo término, esas aprehensiones no pueden traducirse en la práctica en una violación del principio de igualdad de los ciudadanos. Por eso ellas no pueden ser discriminatorias y derivar en formas de hostilidad hacia ciertos grupos sociales debido a la eventual existencia de prejuicios peligrosistas de las autoridades policiales contra ciertas poblaciones marginales o grupos de ciudadanos.

En octavo término, reitera la Corte, que la inviolabilidad de domicilio tiene estricta reserva judicial, pues, salvo los casos de flagrancia, el allanamiento solo puede ser ordenado por autoridad judicial. Por consiguiente, no podrán aducir las autoridades policiales la práctica de una detención preventiva para efectuar de manera abusiva registros domiciliarios sin orden judicial (…).

En noveno término, la persona objeto de una detención preventiva no solo debe ser “tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” (art. 10-1 Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, C.P., art. 5º) sino que además se le deberá informar de las razones de la detención y de sus derechos constitucionales y legales, como el derecho a ser asistido por un abogado (C.P., art. 29) o el derecho a no declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil (C.P., art. 33).

Finalmente, y como es obvio en un Estado social de derecho en donde la administración está sometida al principio de legalidad, la regulación de las detenciones preventivas es materia legal, a fin de que se establezcan las formalidades que debe reunir toda detención preventiva y se delimiten los eventos y motivos en los que ella puede operar.

9.7. La jurisprudencia de la Corte Constitucional en fallos posteriores ha sido clara en señalar que solo las autoridades judiciales cuentan con la competencia para privar de la libertad; sin embargo, frente a la excepción de que trata el inciso segundo del artículo 28 de la Constitución desarrollado por el inciso tercero del artículo 71 del Decreto 1355 de 1970, la jurisprudencia no ha sido muy explícita.

(…).

9.11. En vista de lo anterior, se vislumbra claramente que el medio que suscita controversia a los ojos de los demandantes es la detención preventiva, contemplado por el artículo 71 del Código Nacional de Policía, cuyos requisitos particulares son: i) se da en cumplimiento de las funciones preventivas propias de las autoridades de policía a fin de colaborar en la conservación del orden público; ii) en personas contra quienes no exista petición de captura; iii) por existir circunstancias y motivos fundados que dificulten su identificación; y iv) bajo un límite en su prolongación, hasta por 12 horas.

9.12. Frente al medio de policía de detención preventiva, la Corte Constitucional estableció, de conformidad con la Sentencia C-024 de 1994 citada anteriormente, unos límites que, en razón de su naturaleza excepcional, deben cumplirse antes de practicar este tipo de aprehensiones, así: i) tiene que basarse en motivos fundados; ii) debe ser necesaria; iii) debe tener como único objeto verificar de manera breve los hechos relacionados con los motivos fundados de la aprehensión o la identidad de la persona; iv) tiene estrictas limitaciones temporales; v) debe ser proporcional; vi) como garantía del control de la aprehensión se aplica plenamente el derecho de habeas corpus; vii) no puede traducirse en la práctica en una violación del principio de igualdad de los ciudadanos; viii) la inviolabilidad de domicilio tiene estricta reserva judicial, pues, salvo los casos de flagrancia, el allanamiento solo puede ser ordenado por autoridad judicial; ix) la persona objeto de una detención preventiva debe ser “tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”; x) las detenciones preventivas son reguladas por la ley, a fin de que se establezcan las formalidades que deben reunir y se delimiten los eventos y motivos en los que ella puede operar(14) (negrilla del texto citado).

12.2.5. En el presente caso, si bien se acreditó que los agentes de la Policía Nacional detuvieron a Jorge Edmundo Andrade Cáliz, también se aprecia que ello se hizo de forma preventiva y ante un posible transporte de sustancias prohibidas, de lo que surge que la privación de la libertad no fue arbitraria, máxime cuando se cumplieron los criterios establecidos en la jurisprudencia de la Sala para ese tipo de detención, a saber, i) que fue una transitoria limitación de la libertad que estuvo basada en motivos fundados —se requería comprobar la naturaleza de las sustancias trasladadas por el demandante—, ii) que era indispensable —pues era necesario efectuar estudios químicos a los elementos que se encontraban dentro del camión—, iii) que tuvo como fin hacer unas verificaciones de interés para la actividad de la Policía Nacional —en este caso lo relacionado con los químicos transportados—, iv) que estuvo limitada a un periodo de tiempo razonablemente corto —pues el demandante fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas siguientes—, y v) fue una medida proporcional —en la medida en que existió una relación entre la detención como medio y el fin que con la misma persiguieron los miembros del cuerpo policial—. Del mismo modo, se aprecia que el detenido fue puesto a órdenes de la autoridad judicial competente antes de 24 horas siguientes a la restricción, en donde se decidió la inmediata libertad del hoy demandante en reparación, sin que al respecto pueda endilgársele a la Policía Nacional falla alguna en su proceder. Lo anterior indica que no hubo falla del servicio por parte de la Policía Nacional al haber detenido preventivamente al señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz.

12.2.5. En contraste, observa la Sala que sí hubo una afectación del derecho al buen nombre del demandante, y que la misma es imputable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional bajo el título de falla del servicio, pues los agentes de la mencionada entidad divulgaron la captura del señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz con la afirmación de que había sido sorprendido cuando transportaba insumos para el procesamiento de cocaína, lo cual resultó ser abiertamente falso según las conclusiones alcanzadas por la fiscalía de conocimiento en la resolución inhibitoria que puso fin a la investigación preliminar. Al respecto ha dicho la jurisprudencia de la Sección Tercera:

Es importante resaltar, que la mencionada detención no solo configuró una violación del derecho a la libertad personal contenido en los artículos 13 y 28 de la Constitución Política, también se desconocieron los derechos fundamentales al honor, el buen nombre y la honra(15), que están protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en consecuencia, es necesario definir y explicar los conceptos jurídicos correspondientes, para así determinar si existió vulneración alguna en el presente caso.

(…).

De lo transcrito se puede establecer que el concepto de honor no solo se refiere al ámbito interno, personal y familiar del individuo, sino que también comprende lo externo, social y profesional de este, por lo tanto, cualquier vulneración o alteración a estos conceptos debe ser resarcida, toda vez que integran los derechos fundamentales del individuo.

(…).

Ahora bien, en varias oportunidades la jurisprudencia nacional ha protegido los derechos a la honra(16) y al buen nombre(17) desde la perspectiva del carácter objetivo del derecho al honor(18), no obstante, comoquiera que todos estos conceptos hacen parte integral de los derechos de la personalidad y en atención a la condición inherente de valores fundamentales susceptibles de protección, se debe entender que integran un solo bien jurídico institucional, por lo tanto, la vulneración por parte del Estado a alguno de esos derechos fundamentales, debe ser indemnizado.

Analizado el caso concreto, se tiene que el señor Enríquez Estrella fue presentado por el periódico de la región como integrante de la banda de secuestradores de un importante comerciante del departamento de Nariño, así mismo se publicó su fotografía al momento de la captura en las instalaciones de la Policía Nacional. Igualmente, obran en el expediente varias declaraciones, transcritas con anterioridad, en las que se indica que como consecuencia de la información divulgada por los medios locales, las relaciones laborales del actor finalizaron abruptamente.

De lo anterior se concluye fácilmente que los derechos al buen nombre, honra y honor de Jaime Ernesto Enríquez Estrella, fueron seriamente quebrantados con la divulgación en el periódico regional de su supuesta participación en el secuestro y posterior asesinato de un reconocido comerciante de la región. Si bien es cierto que no es ilegal la divulgación de las investigaciones penales adelantadas por los órganos competentes en los medios de comunicación, salvo las excepciones de ley, sí se debe destacar que cuando la noticia hace aparecer al investigado como responsable de los hechos cuando hasta ahora se está adelantando el proceso correspondiente, se distorsiona el concepto público que se tiene del individuo afectado gravemente en su imagen, prestigio y reputación, en contravía del respeto inherente de la dignidad de la persona(19).

Se observa con claridad meridiana la vulneración del bien jurídico constitucional del cual hacen parte los derechos fundamentales al honor, buen nombre y honra. En relación con la reparación de este perjuicio, la Sala ha aceptado que aún cuando, en principio, se debería hacer una rectificación por parte de quien informó erróneamente utilizando similares medios de igual difusión, esto solo es efectivo si se realiza en un periodo inmediato o cercano a la divulgación de la noticia de lo contrario, podría tener un efecto contraproducente, de allí que, en estos casos la condena a una suma de dinero es lo adecuado [(20)](21).

12.2.6. Del mismo modo, la violación del derecho al buen nombre del demandante encuentra adecuación con los recientes parámetros fijados por la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera, de acuerdo con los cuales es posible adoptar medidas de restitución en los eventos de relevantes vulneraciones de intereses constitucionalmente protegidos, como es el caso del bien jurídico aludido. Al respecto se dijo en la sentencia del 28 de agosto de 2014:

De acuerdo con la decisión de la Sección de unificar la jurisprudencia en materia de perjuicios inmateriales, se reconocerá de oficio o solicitud de parte, la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. La cual procederá siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la compensación a través de medidas de reparación no pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente y los parientes hasta el 1° de consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. Debe entenderse comprendida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza”.

(…)

En casos excepcionales, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño (subrayas del texto citado)(22).

12.2.7. En ese orden de ideas, la Sala considera que es procedente la declaratoria de responsabilidad a cargo de la Policía Nacional por la violación del derecho al buen nombre del señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz, pues su captura fue ampliamente difundida en el Diario del Sur, que es un periódico que circula en el departamento de Nariño, divulgación esta que se hizo con la afirmación de que el accionante era el autor de unas conductas respecto de las cuales no se había hecho hasta el momento verificación alguna. En consonancia con esta conclusión, en el acápite de indemnización de perjuicios se determinarán las medidas no pecuniarias y de no repetición encaminadas al restablecimiento del aludido interés jurídico vulnerado.

12.3. De conformidad con lo antes expuesto, será procedente la indemnización de perjuicios frente a los daños relacionados, por un lado, con la retención del automotor de propiedad del señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz y los gastos que este pagó para la atención del trámite penal —detrimentos que son imputables a la Nación-Fiscalía General de la Nación—, y, por otra parte, en lo atinente con la afectación del buen nombre del mismo demandante —atribuible a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional—, daño este frente al cual se ordenará la realización de algunas medidas de satisfacción y no repetición.

V. Perjuicios

13. En relación con el daño emergente padecido por el demandante Jorge Edmundo Andrade Cáliz, en el expediente reposa constancia expedida por la abogada penalista Yaneth Isabel Fajardo Enríquez, en donde se dice que recibió del señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz la suma de “… DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) m/cte, por concepto de honorarios de abogado defensa dentro del proceso 131.555 adelantado en la Fiscalía Segunda Delegada ante Juzgados del Circuito Especializado…”. Al respecto, tal como se reseñó en el acápite de hechos probados, pudo establecerse que la mencionada abogada hizo varias intervenciones ante la fiscalía de conocimiento de la investigación preliminar en la que se vio involucrado el aludido demandante. Por tal razón, la Sala estima que es procedente reconocer en favor de este la indemnización correspondiente, para efectos de lo cual se ordenará la actualización de la suma mencionada en la certificación, con aplicación de la fórmula que para esos efectos ha utilizado el Consejo de Estado de acuerdo con la cual: renta actualizada = renta histórica * [índice final de precios al consumidor ÷ índice inicial de precios al consumidor]. Aplicada dicha fórmula en el caso concreto, se tiene lo siguiente:

Renta actualizada = $2 000 000 * [132,58412 ÷ 84,04563]

Renta actualizada = $ 3 155 051

14. Frente al lucro cesante padecido debido a la retención del camión que era utilizado por el demandante para el desarrollo de su actividad económica como transportador, en el proceso se observa, según se anotó más arriba, una certificación expedida por la empresa Transdecol en donde se hace constar que pagaba mensualmente a Jorge Edmundo Andrade Cáliz la suma de $4 800 000 por concepto de fletes. Del mismo modo, la empresa DISLICORES expidió una constancia en la que se dice que durante el año 2005, al peticionario se le pagaron fletes por valor de $19 548 000. A partir de dichos datos la Sala puede promediar una ganancia mensual y diaria por la explotación del camión, tal como se explicará.

14.1. Sobre la suma de $4 800 000 que mensualmente pagaba la empresa TRANSDECOL, es necesario aplicar la ya referida fórmula de actualización según la cual: renta actualizada = renta histórica * [índice final de precios al consumidor ÷ índice inicial de precios al consumidor]. Realizada la actualización, deberá efectuarse el cálculo de lo dejado de percibir por la época en que duró retenido el automotor, transcurrida entre el 11 de noviembre de 2005 y el 4 de mayo de 2006 con aplicación de la fórmula que ha sido establecida por la Sala para el lucro cesante debido o consolidado, que es la siguiente(23):

1
 

14.1.1. Con ello se puede realizar el cálculo que sigue:

Renta actualizada = $4 800 000 * [132,58412 ÷ 84,04563]

Renta actualizada = $7 572 122

Lucro cesante debido = $ 7 572 122 * [(1+0,004867)4,7-1] ÷ 0,004867

Lucro cesante debido = $ 35 910 821

14.2. Frente al rubro de $19 548 000 recibido anualmente de la empresa DISLICORES, es necesario establecer el valor mensual de devengo que implicaba dicha remuneración. Sobre dicho dividendo se aplicará la fórmula de actualización mencionada antes y al resultado se le aplicará la formula correspondiente al lucro cesante debido, según se explicó la misma en líneas más arriba. Con ello se obtiene el siguiente resultado:

Devengo mensual = $19 548 000 ÷ 12 = $1 629 000

Renta actualizada = $ 1 629 000 * [132,58412 ÷ 84,04563]

Renta actualizada = $ 2 569 789

Lucro cesante debido = $ 2 569 789 * [(1+0,004867)4,7-1] ÷ 0,004867

Lucro cesante debido = $ 12 187 235

14.3. En ese orden de ideas, por concepto de daño emergente se reconocerá al demandante Jorge Edmundo Andrade Cáliz la suma de $3 155 051, y por lucro cesante la suma de $48 098 056. La suma de esas cantidades arroja como resultado la cantidad de $51 253 107, que es la indemnización que se reconocerá por concepto de perjuicios materiales a cargo de la Nación Fiscalía General de la Nación.

15. No habrá lugar a reconocimiento alguno por concepto de perjuicios morales pues, tal como se precisó antes, en el presente caso ese tipo de daño se acreditó solo en lo relacionado con la retención transitoria del señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz, la cual no da lugar a indemnización alguna según lo que se expuso en los párrafos relacionados con la imputación de los daños materia de litigio. Además, en la medida en que los únicos daños que generan responsabilidad en el sub lite están relacionados con pérdidas materiales, y teniendo en cuenta además que no existen pruebas adicionales que demuestren la existencia de un padecimiento moral por el aludido género de detrimentos, entonces no hay lugar a presumir la existencia de los daños inmateriales respecto de los cuales se hace la presente acotación.

16. Finalmente, en relación con el daño al buen nombre padecido por Jorge Edmundo Andrade Cáliz, la Sala recurrirá a casos similares al que en esta oportunidad se analiza(24), en los que se ha ordenado, como medida de satisfacción y no repetición, la publicación de una divulgación periodística similar a la que afectó la reputación de la víctima, en la cual se ponga de presente lo considerado en esta providencia, con la afirmación expresa de que el señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz no fue responsable de la conducta relacionada con el transporte de insumos para el procesamiento de cocaína, según se había sospechado por la entidad demandada al momento de la captura efectuada el 11 de noviembre de 2005 en carreteras del departamento de Nariño. El cumplimiento de esta orden estará sujeto a la previa aceptación por parte de la víctima.

VI. Costas

16. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se profiera una condena de ese tipo.

17. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia apelada, esto es, la proferida el 16 de julio de 2010 por el Tribunal Administrativo de Nariño —Sala Tercera—. En su lugar se decide lo siguiente:

1. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación por los perjuicios surgidos con ocasión de la injustificada inmovilización del vehículo de propiedad del señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía General de la Nación al pago de cincuenta y un millones doscientos cincuenta y tres mil ciento siete pesos ($51 253 107) moneda corriente por concepto de indemnización de los perjuicios materiales padecidos por el señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz.

3. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional del daño al buen nombre padecido por el demandante Jorge Edmundo Andrade Cáliz. Como consecuencia de ello, ORDÉNASE a la aludida entidad la publicación en el periódico “Diario del Sur” —o en uno de similar o igual volumen de circulación en el departamento de Nariño— en la cual se ponga de presente lo considerado en esta providencia, con la afirmación expresa de que el señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz no fue responsable de la conducta relacionada con el transporte de insumos para el procesamiento de cocaína, según se había sospechado por la entidad demandada al momento de la captura efectuada el 11 de noviembre de 2005 en carreteras del departamento de Nariño. El cumplimiento de esta orden estará sujeto a la previa aceptación por parte de la víctima.

4. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. EXPÍDANSE, por la Secretaría de esta Sección, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 1995. Las copias destinadas al demandante serán entregadas al apoderado judicial que la ha venido representando.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00.

3 Acta 10 de la sesión celebrada el 25 de abril de 2013 por la Sala Plena de la Sección Tercera.

4 El señor Jorge Edmundo Andrade Cáliz suscribió acta de derechos del capturado (fl.73, cdno.1).

5 Consultar al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de septiembre de 2013, C.P. Enrique Gil Botero, radicación 25000-23-26-000-1997-05033-01.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 12 de mayo de 2011, exp. 18902, y de 13 de noviembre de 2004, exp. 35245, ambas con ponencia del suscrito magistrado ponente.

7 La Ley 270 de 1996 o Estatutaria de Administración de Justicia comenzó a regir a partir del 15 de marzo de 1996, luego de su publicación en el Diario Oficial 42.745 de esa fecha.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de febrero de 2009, exp. 25.508, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido, véase la sentencia de 2 de mayo de 2007, exp. 15.463, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

9 [11] Se entiende por prueba sumaria aquella que se practica sin audiencia de la parte contraria o, dicho en otros términos, que no ha sido sometida al requisito de la contradicción. Hernando Devis Echandía, Compendio de derecho procesal. Pruebas judiciales, tomo II, editorial ABC, décima primera edición, Bogotá, 1998, pág. 183.

10 [12] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de agosto de 2012, exp. 24991, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

11 [15] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 29 de julio de 2013, exp. 25376, y de 30 de octubre de 2013, exp. 30495, ambas con ponencia de Stella Conto Díaz del Castillo.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, sentencia del 28 de mayo de 2015, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación 25000-23-26-000-2003-01443-01 (33785), actor: Aerotaxi de Valledupar Ltda., demandado: Fiscalía General de la Nación.

13 Corte Constitucional, Sentencia C-239 de 2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, sentencia del 29 de abril de 2015, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, radicación 5001-23-31-000-1997-00615-01 (25775), actor: Héctor de Jesús Arbeláez Arbeláez y otros, demandado: Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

15 [13] ART. 15.—Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

16 [21] “Esta corporación ha sostenido que el derecho a la honra, se refiere “a la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana”. Igualmente, ha señalado que este derecho está íntimamente relacionado con las actuaciones de cada persona, pues de ellas depende la forma como transfiere su imagen y son ellas las últimas que fundamentan un criterio objetivo respecto de la honorabilidad del comportamiento del ciudadano en la sociedad”. // “La doctrina de esta corporación sobre el alcance de dicho derecho, se ha desarrollado en dos campos, en primer lugar, vinculando su desarrollo al concepto de honor, es decir a la buena reputación que se presume por parte del individuo a partir de la ejecución de un comportamiento virtuoso, y en segundo lugar, superando dicho criterio eminentemente subjetivo, y en su lugar, sujetándolo a la conformidad o aquiescencia del sujeto con las opiniones que los demás tienen sobre sus virtudes”. Corte Constitucional, Sentencia T-787 del 18 de agosto de 2004.

17 [22] “El buen nombre es un derecho típicamente proyectivo, que supone la constante valoración a través del tiempo de la conducta del individuo, a partir de las acciones realizadas en su esfera de convivencia. Así mismo, en reiterada jurisprudencia se ha expresado que los miembros de la sociedad juzgan los comportamientos de las personas, los evalúan y califican. Es por eso que este derecho depende única y exclusivamente de quien pretende ser el titular del mismo, pues es de acuerdo a su proceder en el medio social o de su actuar en el mundo de lo público, de donde se desprende la imagen que el resto de los individuos va a tener de él.”// “Por consiguiente, el derecho al buen nombre, es una valoración individual y colectiva que tiene su origen en todos los actos y hechos que una persona realice, para que, a través de ellos, la comunidad realice un juicio de valor sobre su comportamiento”. Corte Constitucional, Sentencia T-787 del 18 de agosto de 2004.

18 [23] Ver entre otras las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-026, C-060 y C-063 de 1994, C-489 de 2002, T-679 de 2005, y del Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2004, expediente 15 183, del 29 de enero de 2009, expediente 16 576 y del 18 de mayo de 2009, expediente AC-2008-01091.

19 [24] Sobre las implicaciones del concepto de dignidad humana en la privación de la libertad, véase la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 14 de abril de 2010, expediente 18 960, C.P. Enrique Gil Botero.

20 [25] “En lo que atañe a la reparación del perjuicio y tratándose, concretamente, de la vulneración del derecho a la honra, se ha aceptado que ella se realiza mediante la rectificación efectuada por quien distribuyó la información errónea, utilizando los mismos medios y con una difusión similar. Así las cosas, habría sido procedente, en principio, ordenar que la rectificación se efectuara en debida forma por el DAS; sin embargo, para efectos de establecer el contenido de la condena por imponer, el juez debe buscar, en cada caso, el mecanismo que, de mejor manera, garantice la reparación del daño causado, y en el que hoy se resuelve, es necesario tomar en consideración que la rectificación debe efectuarse, normalmente, dentro de un periodo determinado, a fin de garantizar la compensación efectiva del perjuicio, dado que, cuando ha pasado mucho tiempo, el recuerdo de un hecho que ha dejado de ser actual podría tener en la ciudadanía un efecto contraproducente. Los hechos objeto del presente proceso ocurrieron hace casi nueve años, de manera que, en opinión de la Sala, la condena en dinero constituye la solución más adecuada”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia proferida el 25 de enero de 2001, expediente 11 413. C.P. Alier Hernández Enríquez.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, C.P. Enrique Gil Botero, radicación 52001-23-31-000-1997-08775-01(19283), actor: Jaime Ernesto Enrique Estrella y otros, demandado: Nación-Ministerio de Interior y de Justicia y otros. Las diversas subsecciones que actualmente integran la Sección Tercera, han proferido pronunciamientos consonantes con lo dicho en la providencia antes citada. Ver al respecto del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, las siguientes providencias: Subsección “C”, sentencia del 24 de febrero de 2011, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz, radicación 25000-23-26-000-1998-00656-01(18190), actor: Arturo Infante Villareal y otros, demandado: Nación-Rama Judicial; Subsección “A”, sentencia del 21 de marzo de 2012, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 25000-23-26-000-1999-00225-01(23478), actor: Beatriz Cuéllar de Ríos y otros, demandado: Procuraduría General de la Nación.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –en pleno–, sentencia del 28 de agosto de 2014, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación 66001-23-31-000-2001-00731-01 (26251), actor: Ana Rita Alarcón viuda de Gutiérrez, demandado: Municipio de Pereira.

23 En la que “i” es una constante, “S” corresponde a la indemnización debida, y “n” corresponde al número de meses por liquidar.

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección “B”, sentencia del 5 de abril de 2013, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación n.º 25000-23-26-000-2001-00242-01 (27281), actor: Ana Adelina Silva Díaz y otros.