Sentencia 2008-00438/46522 de septiembre 28 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Bogotá D.C., veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.

Consejera ponente (E):

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad. 540012331000200800438 01 (46522)

Actor: W… D...

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación.

Referencia: Acción de reparación directa.

Tema: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia / obligaciones de la fiscalía de reportar cancelación de órdenes de captura / inexistencia del daño reclamado.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis, la Sala abordará los siguientes temas: 1) competencia de la Sala para conocer acciones originadas en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; 2) ejercicio oportuno de la acción; 3) la legitimación en la causa por activa; 4) responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; 5) lo probado en el proceso; 6) el régimen de competencias en el registro y cancelación de las órdenes de captura; 7) conclusiones probatorias y análisis del caso concreto en relación con el cumplimiento de los deberes funcionales de la Fiscalía General de la Nación al reportar la cancelación de órdenes de captura; 8) análisis de perjuicios; 9) procedencia o no de la condena en costas.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia del 7 de noviembre de 2012 dictada por el Tribunal Administrativo Norte de Santander, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia sin consideración a la cuantía del proceso(23).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Así las cosas, la Sala considera que en el presente caso, el término de caducidad de la acción se debe contabilizar a partir del 31 de enero de 2007, fecha en la cual el juzgado tercero civil del circuito de Cúcuta amparó, mediante habeas corpus, el derecho a la libertad del señor W... D...(24) y declaró que la administración de justicia lo tenía privado de la libertad sin que mediara orden de autoridad judicial.

Más aún cuando el detenido recuperó la libertad en esa misma fecha, tal como lo certificó el INPEC al informar que el aquí demandante “fue dado de baja el 31 de enero de 2007 por libertad, según Oficio 315, atendiendo un habeas corpus ordenado por el juzgado tercero civil del circuito de Cúcuta(25)“.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 18 de mayo de 2007(26), resulta forzoso sostener que se presentó dentro del término concedido para el efecto.

3. De la legitimación en la causa de la parte actora.

En el caso bajo estudio está probado que el señor W... D... posee la legitimación para interponer la presente acción, al ser la víctima directa del daño que se reclama en reparación por estar privado de la libertad, sin que mediara, a su juicio, orden de autoridad judicial.

4. Responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

La jurisprudencia de esta corporación y la ley se encargaron de dotar de sustantividad al régimen de responsabilidad patrimonial del Estado en aquellos casos en los cuales se cuestionaba la ocurrencia de un daño causado por la acción del aparato judicial, ya fuere en el marco del tráfico procesal mismo o como consecuencia de un error judicial o jurisdiccional o en los casos de privación injusta de la libertad realizados como consecuencia de una providencia judicial.

Así las cosas, de conformidad con los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, el legislador estableció tres hipótesis para la configuración de la responsabilidad del Estado por la actividad del aparato judicial: 1) el error jurisdiccional; 2) la privación injusta de la libertad; y 3) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Ahora bien, en relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, esta sección ha interpretado que la responsabilidad del Estado se puede concretar en las múltiples actuaciones u omisiones dentro de los procesos judiciales, sin origen en una providencia, que pueden constituirse en fuente de daños a terceros durante el desarrollo de los mismos(27).

Igualmente, la misma jurisprudencia ha destacado como características de este sistema de imputación las siguientes: 1) se produce frente a actuaciones u omisiones, diferentes a providencias judiciales, necesarias para adelantar un proceso; 2) puede provenir de funcionarios judiciales y particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales; 3) debe existir un funcionamiento defectuoso o anormal, partiendo de la comparación de lo que debería ser un ejercicio adecuado de la función judicial; 4) el título de imputación es el subjetivo, falla en el servicio y 5) se manifiesta de tres formas: la administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado o funcionó tardíamente(28).

Así mismo, el artículo 29 de la Constitución Política al consagrar la garantía del debido proceso proscribe las dilaciones injustificadas en los trámites, tanto administrativos como judiciales y, en el artículo 228 ibídem estableció los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial al disponer que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”.

La misma garantía se encuentra establecida en el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando señala que el juicio sin dilaciones es un elemento básico del debido proceso legal, aplicable a todos los procesos judiciales.

Finalmente, la jurisprudencia de esta sección ha precisado que “en el concepto de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares de la justicia(29)”.

5. Lo probado en el proceso.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente demostrados los siguientes hechos:

5.1. Actuaciones procesales surtidas dentro del expediente 79588 seguido en contra del señor W… D… por el delito de lesiones personales(30). 

El 15 de octubre de 1990, la señora l... P... presentó ante la inspección once permanente de Cali denuncia en contra del señor W... D..., sindicándolo del delito de lesiones personales(31), producto de lo cual el juzgado cuarto penal municipal, mediante providencia del 17 de octubre de 1990, dictó “auto cabeza de proceso” a fin de investigar los hechos(32).

El citado despacho judicial, después de recepcionar varias declaraciones, en providencia del 29 de noviembre de 1990 libró orden de captura en contra del señor W... D...(33), la cual solo se hizo efectiva el 10 de mayo de 1991 y la policía metropolitana de Cali dejó al sindicado a disposición del referido juzgado. Este despacho solicitó al director de la cárcel de Villahermosa “mantener bajo las seguridades del caso al señor W... D... [...] el aprehendido va sin indagar(34)“.

Dentro de la investigación, el mismo 10 de mayo de 1991 se practicó reconocimiento en fila de personas y al no ser identificado el aquí demandante, el citado juzgado dispuso “no oír en diligencia de indagatoria a la persona hoy detenida y puesta a disposición de este estrado, por tratarse al parecer de un homónimo [...] procediéndose así mismo a emanar la respectiva boleta de excarcelación para que sea dejado en libertad inmediata e incondicionalmente(35)“.

Posteriormente, el 20 de agosto de 1996, la Fiscalía Local 41 - coordinadora del grupo de lesiones personales y querellables solicitó a la SIJIN (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

“[...] cancelar la orden de trabajo Nº 1395 de Nov. 29190 se solicitaba la captura del señor W... D... suscrita por el juez 4 penal municipal […] y cuya radicación era el número 20.170 (se destaca).

“Lo solicitado de carácter urgente ya que el proceso de la referencia se encuentra precluido mediante resolución interlocutoria Nº 919 proferida por el (la) Fiscal Nº 41(36).

El proceso se remitió a la oficina de asignaciones(37) y por reparto le correspondió al fiscal 103 de la unidad local de fiscalías de lesiones personales de Cali(38), despacho que mediante providencia del 6 de septiembre de 1996 decidió “precluir la instrucción en las presentes diligencias” y dispuso la cancelación “de las órdenes de captura que hallen vigentes(39) (sic) (se destaca).

En la referida providencia, se argumentó lo siguiente (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

“Analizadas las sumarias, puede fácilmente observarse que nuestro asunto fáctico objeto de investigación, se acomoda y converge plenamente en el imperativo hipotético preceptuado en el canon Nº 42 de la Ley 81 de 1993, reformatorio del artículo 329 del estatuto penal objetivo, en el que se ubica la posibilidad de precluir la instrucción ante el obstáculo que surge al no poder entrar a calificar el mérito del proceso.

”En conclusión y como se dijo con antelación, este despacho fiscal, debe proceder a precluir la instrucción toda vez que de las diligencias recibidas se desprende, que si bien es cierto, el hecho fáctico y físico si existió, no es posible realizar el trámite calificatorio ante la ausencia de los prerequisitos exigidos para ello por nuestro hacedor de normas(40)”.

5.2. Actuaciones procesales surtidas dentro del expediente 124672 (15734 URI) seguido en contra del señor W... D... por la fiscalía sexta de seguridad pública de Cúcuta por el delito de tráfico de estupefacientes(41). 

El jefe de la Unidad Judicial SIJIN - DENOR, en informe del 16 de marzo de 2006, dejó a disposición de la fiscalía seccional en turno URI al aquí demandante, “quien queda a su disposición en la sala de retenidos de la SIJIN DENOR”. Se adjuntó el acta de derechos del capturado(42).

En aquella oportunidad, los hechos por los que fue capturado el señor W... D..., se presentaron de la siguiente manera (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

“Según informe policial de fecha 15-03-2006, firmado por el señor subintendente S... S... A..., adscrito al CAI del parque San Rafael y demás diligencia adjuntas al presente, cuenta que el precitado particular [W... D...] fue capturado el día de ayer 15103106, siendo las 13:50 horas, sobre el sector del parque de los niños ubicado en la avenida 1ª con calles 18 del Barrio Blanco en esta ciudad, donde al ser requisado fue sorprendido portando una bolsa plástica contenida de una porción de una sustancia vegetal, color verdosa, seca, con olor y características físicas para marihuana, la cual al ser pesada por el personal que conoció el caso arrojó un peso bruto de (40) gramos. Lo demás consta en autos(43)”.

Así las cosas, la fiscalía quinta de la URI, en auto del 16 de marzo de 2006(44), ordenó la apertura de instrucción en contra del señor W... D..., siendo sindicado del delito de porte o tráfico de sustancias estupefacientes.

En la citada providencia, entre otras determinaciones se dispuso “oficiar al jefe de la SIJIN DENOR o Penitenciaria Nacional Modelo, con el fin de legalizar la captura”, así como recibir en indagatoria al implicado y “solicitar los antecedentes penales o anotaciones que registren los aquí sindicados(45)”.

Posteriormente, el 17 de marzo de 2006 se recibió en indagatoria al aquí demandante(46) y este, en su defensa, negó que la marihuana decomisada fuera de su propiedad, pero reconoció que es “adicto” a su consumo y que eventualmente inhalaba cocaína.

La fiscalía a cargo del asunto, el 17 de marzo de 2006, solicitó al SIAN “informar de manera inmediata los antecedentes que registre la persona que se relaciona a continuación, sindicado del delito de tráfico de estupefacientes(47)”.

En la respuesta se informó que en contra del aquí demandante “figuran registros vigentes en la base de datos(48)” la cual es del siguiente tenor (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

“ESTADO ACTUAL: VIGENTE

AUTORIDAD: JUZGADO MUNICIPAL # 4 PENAL

SECCIONAL: SECCIONAL CALI

DECISIÓN: 2003/Feb/13REGISTRO: 2003/Feb/13

“AUTORIDAD: Juez 4 PENAL MUNICIPAL

CIUDAD: CALI

SECCIONAL: SECCIONAL CALI

DECISIÓN: 1990/Nov/29REGISTRO: 1990/Dec/14

“Delito 01 LESIONES PERSONALES

“MOTIVO CAPTURA: OTROS

“(…)

“NOTA: ESTE REGISTRO NO REEMPLAZA LA DECISIÓN JUDICIAL POR TAL MOTIVO ESTA DEBE SER VERIFICADA CON LA RESPECTIVA AUTORIDAD EN TODOS LOS CASOS(49)”.

Por su parte, la inspección judicial practicada a la sustancia decomisada arrojó como resultado “preliminar positivo para marihuana y sus derivados(50)”.

Así las cosas, la fiscalía primera URI, en decisión del 17 de marzo de 2006, estimó que una vez recibida la indagatoria del implicado “se dispone dejarlo en inmediata libertad, conforme al artículo 341 del C.P.P.(51)”.

Pese a la referida decisión, la fiscalía consideró que toda vez “que contra el precitado aparece orden de captura Nº 168 emitida por el juzgado cuarto penal municipal de Cali se dispone dejarlo a su disposición para los efectos legales pertinentes(52)”.

Igualmente se ordenó comunicar la decisión a la Policía Nacional.

Como consecuencia de lo anterior, se libró la orden de libertad Nº 443 por medio de la cual la fiscalía solicitó al jefe de la policía SIJIN, CTI y/o cárcel Modelo dejar en libertad al implicado y a la vez “se comunica que fue dejado a disposición del juzgado 4 penal municipal de Cali por cuanto figura en su contra orden de captura Nº 168(53)”.

Igualmente, la fiscalía primera URI, en comunicación del 18 de marzo de 2006, informó al juzgado 4º penal municipal de Cali que dejó a disposición “ de ese despacho en las instalaciones de la SIJIN al sindicado W... D..., indocumentado, a quien le aparece orden de captura vigente Nº 162 emitida por ese despacho(54)” (se destaca).

Dentro del trámite, la fiscalía primera URI remitió el 18 de marzo de 2006 las diligencias a la oficina de asignaciones para que estas fueran repartidas a un fiscal de la unidad de seguridad pública(55), correspondiendo el conocimiento a la fiscalía sexta de seguridad pública delegada ante los jueces penales del circuito de Cúcuta(56).

Posteriormente, la fiscalía sexta de seguridad pública delegada ante los jueces penales del circuito de Cúcuta, mediante Resolución 250 del 25 de octubre de 2006, decidió: “precluir la presente investigación seguida al procesado W... D..., por atipicidad de la conducta(57)”.

Surtidas las respectivas notificaciones, la citada resolución adquirió ejecutoria el 3 de noviembre de 2006.

5.3. Argumentos planteados en la acción constitucional del habeas corpus. 

Al proceso se allegó la decisión de habeas corpus dictada el 31 de enero de 2007 por el juez tercero civil del circuito de Cúcuta en la que amparó los derechos del demandante y dispuso “la libertad inmediata del señor W... D...(58).

El citado despacho judicial, para amparar el derecho a la libertad, relacionó las pruebas practicadas (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

“Inspección judicial practicada a la Cárcel Nacional Modelo a la carpeta correspondiente al interno W... D... y entrevista al mencionado señor.

“Inspección judicial practicada al proceso Nº 15. 734 URI o 124.672, en las oficinas de la fiscalía sexta de seguridad pública Cúcuta, seguido contra W... D... por el hecho punible de porte o tráfico de sustancias estupefacientes, proceso este que se encuentra archivado por preclusión de la investigación.

“Inspección judicial al proceso Nº 121.258 tramitado en la fiscalía tercera local de patrimonio económico seguido contra W... D... por el presunto hecho punible de hurto calificado y agravado siendo víctima F... J... M... L... el cual se encuentra en trámite o en curso.

“Informe rendido por el asesor jurídico del INPEC Cárcel Nacional Modelo de Cúcuta en el que informa que W... D... se encuentra detenido en ese centro carcelario por cuenta de la unidad de reacción inmediata fiscalía 5, por el presunto delito de tráfico o porte de estupefacientes desde el 23 de marzo de 2006 atendiendo el oficio 0256 del 16 de marzo [...] que ordena mantenga al antes mencionado a órdenes de la unidad de fiscalía de seguridad pública.

“Xeroscopia de las piezas documentales correspondientes a la carpeta del interno W... D..., remitidas por el INPEC - Cárcel Nacional Modelo de Cúcuta en las que aparece el Oficio 0256 de marzo 16 de 2006 mediante la cual la fiscalía tercera de reacción inmediata y la fiscalía quinta URI deja a disposición al antes mencionado de la fiscalía de seguridad pública que se encuentra sindicado por el delito de porte o tráfico de sustancias estupefacientes.

“Informe rendido por el director seccional del cuerpo técnico de investigación en el que cuenta que sobre W... D... pesa orden de captura vigente Nº 200004130, expedida por la fiscalía estructura de apoyo Nº 1 seccional - Cúcuta dentro del proceso 121.258 por el delito de hurto calificado según hechos ocurridos el 12 de enero de 2006. Anexo a ese informe allegan impreso una ventana del sistema donde se lee orden de captura Nº 2000004130 vigente a nombre de W... D... [...] orden de captura emanada de la fiscalía de estructura de apoyo Nº 1, por el presunto delito de hurto calificado.

“Informe de la oficina de registro SIAN fiscalía de Cúcuta, en el que allega un informe [...] en el cual informa que según el sistema de información de antecedentes y anotaciones consultado en 2006/enero/30, el señor W... D... [...] existe proceso vigente en su contra con el artículo (sic) 121258 de la unidad de fiscalías, fiscalía uno seccional estructura de apoyo de Cúcuta Norte de Santander, por el delito de hurto calificado, artículo 240 del C.P., con una nota marginal en la cual dice ‘este registro no reemplaza la decisión judicial, por tal motivo esta deber ser verificada con la respectiva autoridad en todos los casos’.

“El departamento administrativo de seguridad seccional Norte de Santander, mediante Oficio SUB 18363 de fecha 31 de enero de 2007, informa que atención al oficio remitido por este despacho, que una vez realizada la búsqueda en el sistema integrado de antecedentes DAS. SIFDAS, se encontró que en contra del señor D... no obra ni orden captura, ni medida de aseguramiento, ni cualquier otra que implique privación de la libertad.

“Informe rendido por la SIJIN DENOR en el cual manifiesta que aparece una orden vigente Nº 0339776 del 14-09-2006, en contra de W... D... [...] sumario 121258 emanado de la fiscalía primera de estructura de apoyo de Cúcuta y allega xeroscopia del formato de orden de captura Nº 0339776 a nombre de W... D... [...] emanada de la fiscalía de estructura de apoyo de patrimonio Nº 1.

“(...)

“Informe rendido por la fiscal coordinadora de estructura de apoyo en el que manifiesta que el proceso 121.258 contra W... D... […] por el delito de hurto calificado y agravado fue declarado persona ausente y enviadas las diligencias el 19 de octubre de 2006 a la unidad local de fiscalías de patrimonio correspondiéndole el trámite a la tercera(59)”.

Con fundamento en las referidas pruebas, el juez del habeas corpus consideró (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

“Como se puede observar tanto el proceso radicado con el número 124.672 de la fiscalía sexta unidad de seguridad pública se encuentra archivado por preclusión de la investigación, lo que significa que por este proceso no puede estar privado de la libertad el señor W... D....

“De otro lado, en el proceso Nº 121.258 que cursa en la fiscalía tercera local de patrimonio económico fue declarado persona ausente al señor W... D..., según resolución de fecha 09 de octubre de 2006, siendo esta la última actuación que aparece en dicho expediente. Además en dicho proceso al momento de practicar la inspección judicial se resalta que en la última hoja aparece “no hay detenido” cuando en realidad efectivamente aparece la orden captura obrante a folio 14, 15 y 16 con el número 0339776, pero no ha sido puesto a disposición dentro de ese proceso. Además no encuentra resuelta situación jurídica, como tampoco existe medida de aseguramiento alguna dentro de ese proceso.

“Igualmente se observa que existe una anotación en el que aparece la orden de captura Nº 168 emanada del juzgado cuarto municipal de Cali, respecto de W... D..., según el juzgado tercero penal municipal de esa ciudad, que anteriormente era el cuarto penal municipal, informa a este juzgado que el proceso radicado bajo el número 20107 por el delito de lesiones personales de la denunciante I... P... y el sindicado W... D..., en octubre de 1990, iniciado el 17 de octubre de 1990, ofendido G... H..., en julio 30 de 1995 se envió por competencia a la fiscalía local, advirtiendo que ese proceso inicialmente lo tramitaba el juzgado cuarto penal municipal hoy juzgado tercero penal municipal. Por su parte el fiscal coordinador local de la ciudad de Cali manifiesta que la investigación contra W... D... por el delito de lesiones personales que adelantó el fiscal 41 local fue precluida a su favor y en contra del señor D... no se requiere dentro de esa investigación, ni pesa ninguna medida vigente.

“En conclusión, el señor W... D... [...] se encuentra privado de la libertad de manera ilegal, vulnerándose los derechos constitucionales o legales que merecen ser protegidos por el juez que conoce de la acción de habeas corpus(60)”.

Por su parte, el DAS certificó el 5 de octubre de 2009 que el señor W... D... “no registra antecedentes judiciales, según el art. 248 de la Constitución Nacional(61)”; por su parte, el INPEC informó que el aquí demandante “fue dado de alta en este centro carcelario el 22 de mazo de 2006 sindicado de porte de estupefacientes por cuenta de la fiscalía 5ª URI” y que “fue dado de baja el 31 de enero de 2007 por libertad, según Oficio 315, atendiendo un habeas corpus ordenado por el juzgado tercero civil del circuito de Cúcuta(62)”.

6. Régimen de competencias en el registro y cancelación de órdenes de captura(63). 

A manera de aclaración previa, la Sala estima necesario precisar que no obstante que en este acápite se presentará, de manera general, el régimen jurídico referido al tema del registro y cancelación de las órdenes de captura y que pese a que dentro del mismo se encuentran actuaciones concurrentes de varias dependencias del Estado, en el sub examine, el análisis de la responsabilidad se limitará a la gestión de la Fiscalía General de la Nación, toda vez que fue la única entidad demandada por la parte actora.

De otra parte, a fin de identificar las normas aplicables al referido punto debe tenerse en cuenta que el daño reclamado se originó cuando el 17 de marzo de 2006, la fiscalía quinta de la URI, solicitó al SIAN “informar de manera inmediata los antecedentes que registre la persona que se relaciona a continuación [W... D...], sindicado del delito de tráfico de estupefacientes(64)”.

En la respuesta se le comunicó que en contra del aquí demandante “figuraban registros vigentes en la base de datos(65)” y se relacionó la orden de captura expedida por el juzgado 4º penal municipal de Cali. Empero, la fiscalía 41 local de Cali había solicitado a la SIJIN, el 20 de agosto de 1996, la cancelación de la citada orden de captura.

Dentro de la potestad punitiva del Estado, el artículo 250 de la Constitución Política le impone a la Fiscalía General de la Nación el deber de asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, para lo cual le corresponde adoptar las medidas de aseguramiento, dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que cumplen la Policía Nacional y demás organismos que señale la ley.

La realización de dicha labor implicaba el trabajo conjunto y articulado de la Fiscalía General de la Nación, el Departamento Administrativo de Seguridad —DAS— y la Dirección Central de Policía Judicial —DIJIN—, no obstante lo anterior, para su cumplimiento, se requería, además, el deber de las autoridades judiciales de comunicar las órdenes de captura e igualmente reportar su cancelación.

En efecto, el artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, consagraba la obligación de los funcionarios judiciales que hubieran proferido una orden de captura de informar a las direcciones de fiscalías y a los organismos de policía judicial sobre tal actuación, igualmente les correspondía reportar su cancelación. El mencionado artículo también exigía que la orden escrita de captura contara con los datos necesarios para la identificación o individualización del imputado y el motivo de la captura; señalaba:

“Proferida la orden de captura, el funcionario judicial enviará copia a la dirección de fiscalía correspondiente y a los organismos de policía judicial para que se registren y almacenen datos. A su vez, la dirección de fiscalía respectiva informará al sistema central que lleve la Fiscalía General de la Nación.

De igual forma debe darse la comunicación cuando por cualquier motivo pierda su vigencia, para así descargarla de los archivos de cada organismo”.

Así las cosas, de lo que reglaba el artículo 350 del Código de Procedimiento Penal se deducía que la función de administrar la información dependía de las comunicaciones que las autoridades judiciales enviaran, tanto a las direcciones seccionales de la fiscalía como a los organismos de policía judicial, y le correspondía a la Fiscalía General de la Nación llevar un registro central sobre las órdenes de captura vigentes y de cancelarlas una vez medie la comunicación judicial respectiva.

En este orden de ideas, existía una clara obligación para la Fiscalía General de la Nación de contar con un sistema central de información a fin de asegurar la comparecencia de los posibles infractores de la ley penal y, en especial, la de dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.

Por otro lado, el Decreto 261 de febrero 22 de 2000 “por el cual se modifica la estructura de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 17 incluía entre las funciones generales del Fiscal General de la Nación: “1. Expedir reglamentos y procedimientos que conduzcan a la organización administrativa y al eficaz desempeño de las funciones de la Fiscalía General de la Nación”.

Es por ello que el artículo 24 del Decreto 261 de 2000 estableció el Centro de Información de Actividades Delictivas —CISAD—, el cual tenía las siguientes funciones:

“ART. 24.—El Centro de Información sobre Actividades Delictivas, CISAD. El Centro de Información de Actividades Delictivas adelantará las siguientes funciones:

“1. Asesorar a la entidad en la definición de la política referida a la recolección, registro, análisis y difusión de la información requerida como soporte al desarrollo de las investigaciones que debe adelantar la fiscalía.

“2. Organizar y controlar el desarrollo de las actividades a que se refiere el numeral anterior.

“3. Organizar la recolección y procesamiento de la información básica para las investigaciones criminales.

“4. Establecer mecanismos que faciliten la utilización oportuna de la información básica por parte de las unidades de policía judicial.

“5. Acordar mecanismos de intercambio de información con organismos de policía judicial.

“6. Las demás funciones que le sean asignadas por el fiscal general y que guarden relación con la naturaleza de la dependencia”.

Así las cosas, de conformidad con la estructura orgánica de la fiscalía general, al Centro de Información sobre Actividades Delictivas - CISAD le correspondía asesorar a la fiscalía en la definición de la política referida a la recolección, registro, análisis y difusión de la información requerida como soporte al desarrollo de las investigaciones que adelanta; organizar la recolección y procesamiento de la información básica para las investigaciones criminales; y de establecer mecanismos que faciliten la utilización oportuna de la información básica por parte de las unidades de policía judicial, así como el intercambio de esa información con los organismos de policía judicial.

En desarrollo de las anteriores funciones, la fiscalía expidió actos administrativos tendientes a su reglamentación(66), así, por ejemplo, dictó las Resoluciones 1187 de 1998 y 1750 de septiembre de 2000 y en esta última modificó “el procedimiento para la recolección, registro y difusión de los datos del Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones SIAN”.

Dicho acto administrativo disponía que los fiscales debían diligenciar, de manera completa, el formato único para la expedición de órdenes de captura y remitir dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición, una copia del mismo a cada uno de los organismos que cumplen funciones de policía judicial —Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Policía Nacional, Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)— y para su registro en el Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones SIAN, a la dirección de fiscalías correspondiente, dejando dos copias en el expediente.

Ahora bien, respecto a la cancelación de las órdenes de captura no disponía término, pues establecía que una vez cesaran los motivos que dieron lugar a la expedición de la orden de captura, el fiscal debía cancelarla inmediatamente y para tal efecto “debe ubicar el formato de la orden de captura que reposa en el expediente, diligenciar la sección correspondiente a la cancelación y enviar el folio para su registro en el Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones SIAN, a la dirección de fiscalías correspondiente, para que se registren y almacenen los datos. Registrada la información en el sistema, el director de fiscalías o quien este delegue o quien este delegue informará de la cancelación a los organismos de policía judicial que lleven un registro de las mismas. La copia final del formato quedará como constancia en el expediente” (se destaca).

Así mismo, esta resolución asignaba a cada dirección de fiscalías, la función de digitar diariamente la información que enviaran los diferentes fiscales y los jueces de la respectiva jurisdicción, con el fin de mantener actualizada la información en la base central, igualmente remitir los oficios de cancelación de órdenes de captura a la Policía Nacional, al Departamento Administrativo de Seguridad DAS y al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), debidamente suscritos.

En el mismo sentido, el Acuerdo 427 del 23 de diciembre de 1998, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa estableció “el deber de enviar informaciones pertinentes a la Fiscalía General de la Nación”, en su artículo 1º prescribía: “Las Salas penales de los tribunales y los jueces enviarán a la dirección seccional de fiscalías de su jurisdicción la información sobre la cancelación de las órdenes de captura que por cualquier motivo pierdan su vigencia dentro del proceso”.

Se deduce de lo anterior que, en primer término, la función de ingresar el dato acerca de la expedición o cancelación de las órdenes de captura estaba radicada en las direcciones seccionales de la fiscalía a las cuales les correspondía ingresar al SIAN la información correspondiente, luego, son estas dependencias las que deben responder, en principio, por su cumplimiento y cualquier omisión al respecto resulta imputable a la Fiscalía General de la Nación.

De otra parte, según lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 218 del 15 de febrero de 2000 “por el cual se modifica la estructura del departamento administrativo de seguridad” a esta dependencia le correspondía a su vez: “7. Coordinar el intercambio de información con otros organismos de inteligencia y seguridad, nacionales e internacionales y “13. Llevar los registros delictivos y de identificación nacionales, y expedir los certificados judiciales, con base en el canje interno y en los informes o avisos que deben rendir oportunamente las autoridades judiciales de la República”.

El servicio de expedición de certificados judiciales(67) que prestaba el DAS a los ciudadanos se reguló en los Decretos 1657 de 1992(68) y 2398 de 1986(69) y esta última norma establecía como obligación del DAS abrir a cada persona que sea reseñada un solo prontuario con las anotaciones que debían constar en tales documentos de acuerdo con la ley(70).

Por su parte, el artículo 24 radicaba en la subdirección de investigaciones especiales del DAS, de manera específica, la función de organizar, actualizar y conservar los registros delictivos y de identificación nacionales, con base en los comunicados enviados por las autoridades judiciales sobre órdenes de captura y la de expedir los certificados judiciales y de policía, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia(71).

Finalmente, la dirección general de la Policía Nacional, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, por medio de su Dirección Central de Policía Judicial -DIJIN- también realizaba funciones relacionadas con el registro de las órdenes de captura y su cancelación.

En efecto, el Decreto 1512 de 2000 “por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones” en el artículo 38 señalaba entre las funciones de la Dirección Central de Policía Judicial -DIJIN-, las siguientes: “3) Dirigir, coordinar, ejecutar y responder por las funciones que la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos asignan a la Policía Nacional en el área de policía judicial” y “8) Dirigir y coordinar la recepción de información en materia criminal de las diferentes entidades oficiales, para alimentar el archivo operacional”.

De igual forma, la Resolución 2762 del 30 de julio de 2001 establecía la estructura orgánica de la DIJIN y concretamente el área de criminalística de esa entidad contaba con el grupo de archivo operacional, por intermedio del cual dirigía y coordinaba la recepción de información en materia criminal de las diferentes entidades oficiales(72).

El artículo 33 concretaba como funciones del grupo archivo operacional:

“1. Velar por la permanente implementación y actualización de la información a través de cruces de datos y suscripción de convenios con entidades públicas y privadas.

“(...)

“6. Administrar y depurar el archivo sistematizado de órdenes de capturas y antecedentes judiciales” (se destaca).

Para el cumplimiento de su misión, la Dirección Central de Policía Judicial contaba con unidades desconcentradas, denominadas seccionales de policía judicial, que desarrollaban sus funciones, bajo la orientación de cada una de las áreas de esta dirección y a estas le correspondía dirigir y coordinar la recepción de información de las diferentes entidades oficiales que dispongan de datos necesarios para alimentar el archivo operacional(73).

La Sala estima que atendiendo el referido marco normativo le correspondía a la Fiscalía General de la Nación, al Departamento Administrativo de Seguridad —DAS— y a la Dirección Central de Policía Judicial —DIJIN— cumplir la función de llevar de manera organizada y armónica, el registro sobre las órdenes de captura y los antecedentes judiciales y hacer las cancelaciones respectivas, previa orden judicial.

Adicionalmente a lo anotado y a pesar de que estas tres entidades contaban con mecanismos legales que les autorizan para obtener de diferentes fuentes la información que debían recolectar y registrar, la ley procesal penal obligaba a las autoridades judiciales, esto es, tanto a jueces como fiscales, a comunicar la expedición de las órdenes de captura, su cancelación y demás decisiones susceptibles de ser registradas como anotación o antecedente penal.

Así las cosas, la Sala considera que la función de registrar las órdenes de captura y su cancelación generaba obligaciones compartidas entre la Rama Judicial, la Fiscalía y la Rama Ejecutiva, a través de sus organismos de seguridad como lo era el Departamento Administrativo de Seguridad —DAS— y la Dirección Central de Policía Judicial —DIJIN—, adscrita a la Policía General.

En efecto, frente a la responsabilidad administrativa de las citadas entidades, la Sala considera que el registro de las órdenes de captura y su cancelación es una obligación del Estado que de no cumplirse, de manera oportuna, puede obstaculizar el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 2º de la Constitución, toda vez que no comunicar la expedición de una orden de captura dificulta la aprehensión de posibles responsables del hecho punible y el ejercicio mismo de las funciones de la Fiscalía General de la Nación; igualmente, no cancelar de manera inmediata su levantamiento, puede dar lugar a que se presenten detenciones arbitrarias e ilegales por parte de los diferentes organismos de seguridad y policía vulnerándose así el derecho fundamental a la libertad de la persona retenida.

Por tal razón, es necesario que los despachos judiciales dieran cabal cumplimiento a lo que se establecía en el artículo 350 del Código de Procedimiento Penal y demás normas concordantes citadas, en el sentido de enviar oportunamente las comunicaciones tanto a la dirección seccional de la Fiscalía, como también copia a cada uno de los organismos de policía judicial a los que se ha hecho referencia —DAS, DIJIN y CTI—.

Vale recordar que el artículo 143 del C.P.P. establecía que la omisión por parte de los fiscales y los jueces de no dar aviso a las autoridades correspondientes, dentro de los cinco (5) días siguientes sobre la expedición o cancelación de las órdenes de captura, constituye una falta a los deberes de los servidores judiciales.

En este sentido, la Resolución 1750 de 2000 “por la cual se modifica el procedimiento para la recolección, registro y difusión de los datos del Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones SIAN”, expedida por la fiscalía, indicaba en su artículo 8º lo siguiente:

“El incumplimiento de las obligaciones y términos señalados en esta resolución así como las disposiciones dadas en el manual de procedimiento, registro y control de la información Sistema de Información sobre antecedentes y anotaciones SIAN 2000, por los directores de fiscalía, los fiscales de conocimiento y los servidores encargados de digitar y enviar la información a todos los niveles acarreará las sanciones disciplinarias que correspondan, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 200 de 1995, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 378 y 384 del Decreto 2700 de 1991, según sea el caso. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal y patrimonial a que hubiere lugar”.

En suma, pese a que en el desarrollo de la función de ingresar y levantar el registro de las órdenes de captura dictadas en contra de las personas implicadas en la comisión de un delito concurren varias dependencias del Estado, a continuación se analizará la situación del señor W... D... frente a las omisiones en las cuales pudo haber incurrido la Fiscalía General de la Nación, toda vez que esta entidad fue la única demandada por la parte actora.

7. Conclusiones probatorias y caso concreto.

A efecto de analizar las pretensiones incoadas, la Sala considera necesario precisar los puntos expuestos con el recurso de apelación y a los cuales se limita el análisis del presente caso.

La parte actora alegó que: i) El señor W... D... estuvo privado de la libertad sin que existiera una orden de captura vigente; ii) Reprochó que la fiscalía no informó al juzgado cuarto penal municipal de Cali que el señor W... D... había sido capturado y tampoco lo puso a su disposición para lo de su competencia; iii) No compartió el hecho de que la fiscalía omitiera verificar que la orden de captura dictada por el juzgado cuarto penal municipal estuviera vigente y pese a tal omisión remitió al capturado a establecimiento penitenciario; iv) Manifestó que no obstante a que la fiscalía informó a la SIJIN, al CTI y a la cárcel Modelo de Cúcuta sobre la captura del señor W... D... precisó que a estas dependencias no les correspondía modificar órdenes judiciales y, solo les competía ejecutar lo que en ellas se disponga.

Así las cosas, siendo estos los presupuestos desde los cuales la parte actora hizo depender el supuesto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, la Sala se limitará a su estudio, tomando como referencia lo probado en el proceso.

7.1. De lo probado en el proceso, se estableció que en la investigación seguida en contra del señor W... D... por el delito de lesiones personales (Rad. 79588), el juzgado cuarto penal municipal, el 29 de noviembre de 1990, libró orden de captura en su contra(74), la cual se hizo efectiva el 10 de mayo de 1991 y el despacho solicitó al director de la cárcel de Villahermosa “mantener bajo las seguridades del caso al señor W... D... [...] el aprehendido va sin indagar(75)”.

No obstante lo anotado, el citado despacho judicial, atendiendo las pruebas acopiadas y tras realizar la diligencia de reconocimiento en fila de personas, determinó no oír en indagatoria a la persona detenida y libró el 10 de mayo de 1991 la correspondiente boleta de excarcelación.

Ahora bien, la Sala encontró probado que así la boleta de excarcelación se hubiere dictado el 10 de mayo de 1991, lo cierto es que la fiscalía local 41 - coordinadora del grupo de lesiones personales y querellables solo solicitó a la SIJIN el 20 de agosto de 1996, “cancelar la orden de trabajo Nº 1395 de Nov. 291/90 se solicitaba la captura del señor W... D... suscrita por el juez 4 penal municipal(76).

Una vez el proceso se asignó a la fiscal 103 de la unidad local de fiscalías de lesiones personales de Cali(77), este despacho, en providencia del 16 de septiembre de 1996, precluyó la instrucción y dispuso la cancelación “de las órdenes de captura que hallen vigentes” (sic) (se destaca).

En la citada providencia, la fiscalía argumentó que tal como lo establecía el artículo 389 del C.P.P. en el desarrollo de la investigación era necesario la realización en fila de personas, por medio de la cual “todo aquel que incrimine a una persona determinada deberá reconocerla judicialmente cuando ello sea necesario, a fin de que no pueda dudarse de su identidad” y esto fue precisamente lo que se llevó a cabo el 10 de mayo de 1991, oportunidad en la cual el juzgado cuarto penal municipal de Cali decidió (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

“Realizado que hubo, la diligencia de reconocimiento en fila de personas, art. 389 del C. de P. Penal, en la cárcel de Villahermosa de este distrito judicial de Cali, por parte del así ofendido [...] y manifestado por éste, bajo la gravedad del juramento, que ninguno de los que aparecen en la fila de siete personas detenidos corresponde a la descripción que con antelación había hecho su compañera [...] y menos aún, por parte del señor ofendido, en su declaración instructiva [...] El despacho de inmediato y como consecuencia de lo anterior, ordena no oír en diligencia de indagatoria a la persona hoy detenida y puesta a disposición en este estrado, por tratarse, al parecer de un homónimo, no solo en lo que hace a su nombre sino al parecido morfológico, con el posible autor de esas lesiones. Procediéndose así mismo a emanar la respectiva boleta de excarcelación para que sea dejado en libertad inmediata e incondicionalmente. Se expidió boleta de excarcelación al señor director de la Cárcel de Villahermosa de la ciudad, en fecha mayo 10 de 1991, hora 4:10 p.m.(78)”.

En este orden de ideas, la Sala encuentra probado que dentro de este proceso penal, la fiscalía local 41 - Coordinadora del grupo de lesiones personales y querellables solicitó a la SIJIN, el 20 de agosto de 1996, la cancelación de la orden de trabajo que había dictado el juez cuarto penal municipal de Cali(79) para lograr la captura del sindicado.

Igualmente se demostró que la fiscalía 103 de la unidad local de fiscalías de lesiones personales de Cali, en la providencia que precluyó la investigación dictada el 16 de septiembre de 1996, dispuso la cancelación de las órdenes de captura vigentes expedidas en contra del señor W... D...(80), sin que reposen en el expediente copia de los oficios librados para tal efecto.

Lo anterior permite evidenciar que, en principio, la Fiscalía General de la Nación, dentro de la investigación que se siguió en contra del demandante por el delito de lesiones personales, dispuso la cancelación de la orden de captura que existía en contra del señor W... D... dictada por el juzgado cuarto penal municipal de Cali y, en tal sentido, podría afirmarse que su actuación se ajustó a las exigencias de las normas procesales antes referidas.

7.2. Ahora bien, igualmente se comprobó que en la investigación que se le adelantó al demandante por el delito de porte de estupefacientes (Rad. 124672 o 15734 URI) conoció la fiscalía sexta de seguridad pública de Cúcuta y debido a que el señor W... D... se le capturó en posesión de marihuana fue dejado a disposición de la SIJIN(81).

Dentro del citado radicado, la fiscalía quinta de la URI, el 16 de marzo de 2006(82), ordenó la apertura de instrucción y entre otras determinaciones dispuso: “solicitar los antecedentes penales o anotaciones que registren los aquí sindicados(83)” (sic).

Como consecuencia de lo decidido, ofició al SIAN el 17 de marzo de 2006 para que le informara “de manera inmediata los antecedentes que registre la persona que se relaciona a continuación [W... D...], sindicado del delito de tráfico de estupefacientes(84)”.

En la respuesta se informó que en contra del aquí demandante “figuran registros vigentes en la base de datos(85)”, toda vez que el juzgado 4º penal municipal de Cali dictó en su contra orden de captura sindicado del delito de lesiones personales y que era requerido por el citado despacho judicial.

Así las cosas, la fiscalía al encontrar vigente tal registro y no obstante estimar que no era necesario privar de la libertad al implicado dentro del radicado 124672 procedió a dejarlo a disposición del juzgado 4º penal municipal de Cali(86) y a su vez dictó la orden de libertad Nº 443; le comunicó al jefe de la policía SIJIN, CTI y/o cárcel Modelo que el señor W... D... “fue dejado a disposición del juzgado 4 penal municipal de Cali por cuanto figura en su contra orden de captura Nº 168(87)”.

De otra parte, la fiscalía primera URI en comunicación del 18 de marzo de 2006, informó al juzgado 4º penal municipal de Cali que dejó a disposición “de ese despacho en las instalaciones de la SIJIN al sindicado W... D..., indocumentado, a quien le aparece orden de captura vigente Nº 162 emitida por ese despacho(88) (se destaca).

Frente al referido panorama, la Sala considera que es precisamente con esta actuación que la fiscalía incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

En efecto, pese a que la fiscalía dispuso la cancelación de la orden de captura dictada en contra del aquí demandante dentro de la investigación que se le adelantó por el delito de lesiones personales, la misma siguió apareciendo registrada en su sistema de información SIAN y es a partir de tal anotación que, no obstante que se le concedió la libertad por el delito de porte o tráfico de estupefacientes fue puesto a disposición del juzgado cuarto penal municipal de Cali cuando dicha investigación había terminado hacía diez años sin que hubiera sido desmontada del sistema de información de la fiscalía.

Tal como se demostró en precedencia, si bien desde el 20 de agosto de 1996, la fiscalía local 41 - coordinadora del grupo de lesiones personales y querellables solicitó a la SIJIN “cancelar la orden de trabajo Nº 1395 de Nov. 291 90 se solicitaba la captura del señor W... D... suscrita por el juez 4 penal municipal”, no asumió los debidos controles a afecto de que la información fuera retirada de sus propios sistemas de información, toda vez que fue a propósito de los datos que se encontraban en el SIAN que al señor W… D… no se le otorgó la libertad y fue puesto disposición del juzgado cuarto penal municipal de Cali al reportarse vigente una orden de captura.

En relación con la función a cargo de la Fiscalía General de la Nación relacionada con el registro y levantamiento de las órdenes de captura, la Corte Constitucional precisó en la Sentencia T-531/16, lo siguiente:

“3.1.5. Ahora bien, en cuanto al registro que deben llevar las autoridades judiciales y administrativas, constituye una obligación de la Fiscalía General de la Nación contar con un sistema central de información, que permita asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, y en especial, la de dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley(89).

“3.1.6. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 261 de 2000, modificado por el artículo 79 de la Ley 938 de 2004, se cuenta con el centro de información de actividades delictivas el cual, entre otras funciones, tiene la de definir la política de recolección, registro, análisis y difusión de la información requerida como soporte para el desarrollo de las investigaciones que debe adelantar la fiscalía, así como establecer mecanismos que faciliten la utilización oportuna de la información básica por parte de las unidades de policía judicial. Uno de estos mecanismos es el registro en el Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones, (SIAN)(90), sistema que se encarga de la recolección, registro, análisis y difusión de la información vigente de órdenes de captura, medidas de aseguramiento, preclusiones o cesaciones de procedimiento por indemnización integral, sentencias condenatorias v absolutorias en firme que profieren las autoridades judiciales” (se transcribe de forma literal).

En este orden de ideas, para la Sala resulta clara la responsabilidad administrativa de la Fiscalía General de la Nación en relación con la omisión de actualizar los registros que sobre las órdenes de captura vigentes existían en contra del señor W... D..., pues fue precisamente por no desarrollar a plenitud sus funciones que se encontraba por ejecutar una orden de captura que ya había sido levantada por la misma Fiscalía General de la Nación.

En efecto, pese a que el ente acusador remitió las comunicaciones a fin de cancelar la orden de captura dictada en contra del señor W... D... dentro del proceso que se le siguió por el delito de lesiones personales, dicha anotación continuó reportada en el SIAN y fue por este registro que, la misma fiscalía, no le concedió el beneficio de la libertad y lo puso a disposición de una autoridad judicial que supuestamente lo requería, empero tal situación no reflejaba la realidad del procesado desde que la referida investigación había sido precluida.

Ahora bien, la Sala considera que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia le causó al señor W... D... un daño que merece ser reparado, pues debido a que la fiscalía no actualizó la información que tenía sobre las órdenes de captura dictadas en contra del aquí demandante se limitó su derecho a la libertad, lo cual ocurrió pese a que la orden de captura proferida por el juzgado cuarto penal municipal de Cali se encontrara vigente ante la omisión de mantener actualizados lo datos del SIAN.

No obstante lo anotado, la Sala advierte que la Fiscalía General de la Nación, una vez tuvo conocimiento de la existencia de la orden de captura en contra del señor W… D…, de forma inmediata, lo dejó a disposición del juzgado cuarto penal municipal de Cali y era esta autoridad judicial la que debía definir sobre la libertad del aquí demandante, empero solo a través del habeas corpus el detenido recuperó el ejercicio de su derecho y mientras ello ocurrió el capturado estuvo diez meses y medio recluido en un establecimiento carcelario a disposición de un juzgado que ninguna decisión adoptó al respecto.

En este orden de ideas, la Sala considera que si bien existió un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, no es responsable de las consecuencias derivadas de omitir actualizar su sistema de información como fue, en el presente caso, la privación de la libertad del aquí demandante, toda vez que el restablecimiento de ese derecho dependía que el juzgado al cual fue puesto a disposición el capturado advirtiera que no pesaba en su contra ningún requerimiento.

Para la Sala es claro que la fiscalía, al no disponer de bases de datos actualizadas, negó la libertad al señor W... D... y este es precisamente lo que constituyó su defectuoso funcionamiento, lo cual no implica que el período que permaneció privado de la libertad el demandante le sea imputable, toda vez que la responsabilidad recaía en el juzgado cuarto penal municipal de Cali.

Así las cosas, el citado juzgado al tener bajo su disposición al señor W... D... le correspondía determinar si el implicado continuaba o no recluido en establecimiento carcelario y esto nunca lo llevó a cabo, pues resultó necesaria la intervención del juez constitucional que al decidir el habeas corpus protegió el derecho a la libertad del aquí demandante, sin que le fueran suficientes más de diez meses para percatarse de la situación en la cual se encontraba el implicado.

De otra parte, la Sala encuentra acreditado que en el daño causado al señor W... D... existió una responsabilidad compartida entre la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, pero al efecto debe tenerse en cuenta que esta última no fue demandada en el presente proceso.

Frente a esta situación la jurisprudencia consolidada y unificada de esta sección, la representación de la Nación en los procesos contenciosos administrativos cuyo objeto es un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, la misma se radica en la Rama Judicial y/o en la Fiscalía General de la Nación, por manera que esta persona jurídica - Nación puede comparecer al proceso a través de las dos autoridades e incluso por conducto de solo una de estas.

En este orden de ideas, cuando la Nación es el centro de imputación y el daño fue causado por una autoridad distinta a aquella a través de la cual se llevó a cabo la notificación de la demanda, no se estructura una falta de legitimación en la causa por pasiva, ni una indebida representación de la parte demandada, pues, en todo caso, a la persona jurídica contra la cual se dirigieron las pretensiones se le garantizó su derecho de defensa y contradicción.

En ese sentido, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación, en decisión unificadora de su jurisprudencia, concluyó que:

“(...) no se plantea un problema de falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que la persona jurídica demandada en el proceso es la Nación, y es ésta, a la que se le imputa el daño, distinto es que, en el proceso, haya estado representada por una autoridad diferente a la que establece el artículo 49 ibídem.

“(...).

“En conclusión, de los extractos jurisprudenciales reseñados, aparece clara la existencia de un precedente jurisprudencial aplicable al caso, toda vez que las consideraciones jurídicas expuestas tienen origen en situaciones fácticas esencialmente iguales a las del sub judice, por tanto, se dará aplicación al precedente y, por ende, se revocará la decisión suplicada para, en su lugar, rechazar la nulidad planteada por el apoderado de la Fiscalía General de la Nación.

“(...).

“Estas son las razones que llevarán a la Sala, no sólo a no declarar la nulidad del proceso sub examine, sino a hacer extensivas las mismas razones y, por tanto, las mismas disposiciones en todos los procesos con igual supuesto de hecho, es decir, aquellos en los que se haya demandado a la Nación-Rama Judicial-Fiscalía General, y aquella hubiera sido representada judicialmente por el director ejecutivo de la administración judicial, incluso en las demandas que hayan sido presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998. En efecto, se hará uso de la aplicación retrospectiva de la jurisprudencia, para salvaguardar los valores fundamentales de justicia e igualdad, consagrados en la Constitución Política, pero con un fundamento aún superior, toda vez que son valores intrínsecos al concepto de humanidad y sociedad.

“(...).

“En consecuencia, apelando a la aplicación retrospectiva de la jurisprudencia, adoptada por esta corporación, y en aras de respetar el derecho al acceso a la administración de justicia y la seguridad jurídica, se unificará la jurisprudencia en lo que se refiere a los procesos iniciados después de la Ley 446 de 1998, en los que la Nación-Fiscalía General haya sido representada por el director ejecutivo de la administración judicial, para que se les apliquen las razones expuestas en esta providencia, de tal forma, que no pueda alegarse, al menos con éxito, la nulidad por indebida representación de la demandada(91)” (se destaca).

Pese a que el criterio jurisprudencial expuesto no es compartido por la magistrada ponente de esta decisión —razón por la cual aclarará voto en esta oportunidad—, lo cierto es que se aplicará en el caso concreto, en aras de preservar y acatar la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Así las cosas, la Sala concluye que, en este caso, la Nación, al comparecer al sub lite a través de la Fiscalía General de la Nación, independientemente de que este no haya sido el órgano que omitió adoptar las decisiones que le concederían la libertad al señor W... D... al no existir orden de captura vigente en su contra, pues dicha tarea correspondía al juez cuarto penal municipal de Cali, se estima que la Rama Judicial se encuentra debidamente representada, por manera que se dictará condena en su contra, con cargo a su presupuesto.

Como consecuencia, la indemnización que se reconocerá con ocasión de la detención preventiva del señor W... D... comprometerá la responsabilidad de la Nación, empero, la condena se pagará —en un 40%— con cargo al patrimonio de la Fiscalía General de la Nación y —en un 60%— con cargo al patrimonio de la Rama Judicial, por cuanto la Sala considera que en dichos porcentajes causaron el daño objeto de las pretensiones ya que no se les puede otorgar un tratamiento igualitario si se toma como referencia las omisiones en que incurrieron para producir los perjuicios sufridos por el señor W... D....

7.3. La Sala considera que amerita una reflexión especial lo argumentado por el juez del habeas corpus que protegió el derecho a la libertad del aquí demandante.

En efecto, el juez tercero civil del circuito de Cúcuta, en sentencia dictada el 31 de enero de 2007, amparó los derechos del demandante y dispuso “la libertad inmediata del señor W... D...(92)”, bajo el entendido que el señor W... D... se encontraba ilegalmente privado de la libertad.

La Sala encuentra que el juez del habeas corpus, a fin de proteger el derecho a la libertad del ahora demandante, argumentó que el proceso radicado con el número 124.672 y que tramitó la fiscalía sexta de la unidad de seguridad pública, se archivó por preclusión de la investigación, razón por la cual sostuvo que por esta investigación no podía privársele de la libertad.

De otra parte, afirmó que frente a la orden de captura Nº 168 dictada por el juzgado cuarto penal municipal de Cali dentro del proceso que por el delito de lesiones personales se siguió en contra del señor W…, la investigación se precluyó, luego, a su juicio, “no se [lo] requiere dentro de esa investigación, ni pesa ninguna medida vigente(93)”.

Agregó que en el proceso identificado con el radicado 121.258 que cursó en la fiscalía tercera local de patrimonio económico, el señor W... D... fue declarado persona ausente, siendo esta la última actuación que se registró en el expediente y además que en el folio final se anotó “no hay detenido” cuando en realidad en dicho sumario sí existió la orden de captura número 0339776.

Los anteriores razonamientos, llevaron al juez del habeas corpus a sostener que “el señor W... D... [...] se encuentra privado de la libertad de manera ilegal, vulnerándose los derechos constitucionales o legales que merecen ser protegidos por el juez que conoce de la acción de habeas corpus(94)”.

En este orden de ideas, la Sala encuentra acertado el razonamiento efectuado por el juez constitucional, toda vez que: i) La investigación por porte de estupefacientes (rad. 124.672) se precluyó; ii) La investigación por lesiones personales (rad. 78.588) se precluyó; iii) En la investigación por el delito de hurto calificado y agravado (rad. 121.258) se le declaró persona ausente y si bien existió una orden de captura en su contra al momento de la detención dentro del radicado 124.672, no fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería en este expediente, sino una diferente que había precluido la investigación.

Así las cosas, a partir de dicho razonamiento, la Sala considera que le asistió razón al juez constitucional al amparar el derecho a la libertad del señor W... D..., toda vez que no podía ser capturado y vinculado al proceso con el radicado 78.588, pues esta había sido precluido.

En otras palabras, si se le iba a privar de la libertad debió ser puesto a disposición de la fiscalía tercera local de patrimonio económico (rad. 121.258) y no propiamente ante el juez cuarto penal municipal de Cali (rad. 78.588), siendo esta la razón que motivó al juez constitucional para protegerle el derecho a la libertad.

Finalmente, en relación con la investigación seguida en contra del aquí demandante por el delito de hurto calificado y agravado (rad. 121.258), la Sala precisa que no le asiste responsabilidad a la fiscalía por no haberlo colocado a disposición de la autoridad judicial que lo requería, pues si bien en dicho radicado existía una orden de captura vigente, esta se dictó el 14 de septiembre de 2006, luego no es posible afirmar que tal anotación pudiera ser conocida por el ente acusador al momento que dejó al capturado a disposición del juzgado cuarto penal municipal de Cali, toda vez que esto ocurrió el 18 de marzo de 2006.

En conclusión, la Sala revocará la sentencia de primera instancia atendiendo los razonamientos expuestos en precedencia, bajo el entendido que tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial incurrieron en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y se las condena a pagar los perjuicios en el porcentaje indicado en precedencia.

8. Indemnización de perjuicios(95). 

Respecto de la tasación de la indemnización de perjuicios morales, la Sala estima necesario precisar que esta se efectuará de acuerdo con las pautas trazadas por la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera, en relación con la privación injusta de la libertad(96), toda vez que si bien el presente caso es resuelto bajo la aplicación de una falla en el servicio por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, lo cierto es que el perjuicio causado a la parte demandante devino de la privación de su libertad, motivo por el cual resulta procedente acoger los parámetros fijados por la referida unificación.

8.1. Perjuicios morales.

La parte actora solicitó con la demanda, por concepto de perjuicios morales en favor de la víctima directa, la suma de 150 SMLMV o “lo que resulte probado en el proceso(97)”.

Al respecto ha reiterado la jurisprudencia de la corporación que la indemnización por perjuicio moral que se reconoce a quienes sufran un daño antijurídico, tiene una función básicamente satisfactoria(98) y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por tanto, corresponde al juez tasar prudencialmente la cuantía de su reparación.

Así las cosas, con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportó el señor W... D..., le causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, porque que es razonable asumir que la persona que ve afectada su libertad experimente sentimientos de angustia e impotencia por no poder determinar el rumbo de su vida.

Sin perjuicio de las particularidades propias de casa caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta, tal como lo ha hecho de manera reiterada e invariable, algunos presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivas y garantizar, así de manera efectiva, el principio constitucional y a la vez derecho a fundamental a la igualdad (arts. 13 y 209), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros: 1) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; 2) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es, si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; 3) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; 4) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad.

Según lo estableció la sentencia de unificación proferida por la sección tercera de esta corporación(99), se tiene que, sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada caso proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia, conviene poner de presente que la Sala ha indicado que en los casos en los cuales la privación de la libertad en centro carcelario sea superior a 18 meses; se reconozca la suma equivalente a 100 SMLMV; cuando esta privación supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMLMV; si superó los 9 meses y fue interior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMLMV; por su parte, si la reclusión fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses, hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMLMV; de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no se mayor de 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMLMV; así mismo, si la medida de aseguramiento supera un mes, pero resulta inferior a 3 meses, se sugiere el reconocimiento de 35 SMLMV; finalmente, si la detención no supera el mes, la indemnización se tasa en el equivalente a 15 SMLMV, todo ella para la víctima directa y para uno de sus más cercano o íntimos allegados.

Bajo los anteriores parámetros, la Sala encuentra que en el sub examine está demostrado que la privación de la libertad del aquí demandante se prolongó desde el 16 de marzo de 2006 al 31 de enero de 2007, esto es un lapso de diez (10) meses y quince (15) días.

Así las cosas, atendiendo los lineamientos jurisprudenciales fijados en la sentencia de unificación antes citada, resulta claro que al afectado se debería reconocer la suma de 80 SMLMV, los cuales serán cancelados en un 40% por la Fiscalía General de la Nación y en un 60% por la Rama Judicial, atendiendo la autonomía presupuestal de la cual gozan y su nivel de participación en el daño que padeció el aquí demandante.

8.2. Perjuicios materiales.

En relación con el con el lucro cesante, la parte actora solicitó que se ordene pagar los salarios dejados de percibir “desde la fecha de la privación de la libertad 16 de marzo de 2006 [...] hasta cuando quedó libre el día 31 de enero de 2007(100)”.

A fin de tasar este monto, la parte actora solicitó la designación de un perito evaluador para determinar “los ingresos dejados de devengar y lo que por ello hubiere producido durante el tiempo que permaneció privado de la libertad(101), razón por la cual el tribunal de instancia decretó la citada prueba para “tasar los perjuicios materiales correspondientes al lucro cesante y daño emergente, durante el tiempo que estuvo privado de la libertad el señor W... D..., teniendo en cuenta que su profesión era vendedor ambulante(102)”.

El perito cuantificó un solo monto por “daño emergente y lucro cesante” y lo tasó en la suma de $ 5'043.453 e indicó que la metodología que utilizó fue “determinar el salario mínimo legal para los años 2006 y 2007 por IPC por el periodo del 16 de marzo de 2006 al 31 de enero de 2007(103)”.

Al respecto la Sala considera que en el presente caso no es procedente el estudio del daño emergente, toda vez que el mismo no se solicitó, expresamente, con la demanda, además está demostrado que el habeas corpus lo impetró directamente una defensora pública(104) y de los otros procesos penales a los cuales fue vinculado el señor W… D…, no se aportó prueba que dé cuenta de haber sufragado algún gasto por parte del aquí demandante.

Ahora bien, frente al lucro cesante, la Sala encuentra que la pretensión incoada por la parte actora se adecúa a la recurrente línea jurisprudencial(105) fijada por esta Sala consistente en aplicar la presunción, en cuya virtud toda persona que se encuentre en edad productiva devenga, por lo menos, el salario mínimo legal vigente.

De igual forma, la liquidación corresponderá al lapso durante el cual el señor W... D... estuvo privado físicamente de la libertad desde el 16 de marzo de 2006 al 31 de enero de 2007, esto es, un total de diez (10) meses y quince (15) días, lo cual equivale a 10,5 meses.

Así las cosas, para determinar lo que le corresponde al demandante, por concepto de lucro cesante, se actualizará el valor del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2006.

La fórmula aplicable es la siguiente:

F1
 

En donde:

Ra: Renta actualizada a establecer;

Rh: Renta histórica que se va a actualizar: $ 408.000.

lpc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el último conocido a la fecha en que se realiza la actualización: 137,99.

lpc (i): Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el correspondiente al mes de marzo de 2006: 85,71.

Reemplazando tenemos:

F2
 

Dado que el salario mínimo legal mensual que rige para el año 2017 ($ 737.717(106)) resulta superior a la anterior cifra, se tomará la última cantidad para efectos de la liquidación del lucro cesante.

De otra parte, no se reconocerán los 8.75 meses adicionales que establece la jurisprudencia de la corporación por el tiempo que una persona tarda en vincularse laboralmente, como tampoco el 25% correspondiente a prestaciones sociales, lo anterior por cuanto en el presente proceso no se demostró que el señor W... D... tuviera un vínculo laboral alguno.

Así las cosas, se tomará la suma de $ 737.717 como ingreso base de liquidación y los 10,5 meses como período a indemnizar.

Con estas variables será aplicada la fórmula establecida para el cálculo del lucro cesante consolidado:

F3
 

F4
 

Atendiendo los razonamientos fijados en precedencia, resulta claro que tanto al afectado se pagará por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de siete millones novecientos veintisiete mil quinientos noventa y cinco pesos m/cte ($ 7'927.595), los cuales serán cancelados en un 40% por la Fiscalía General de la Nación y en un 60% por la Rama Judicial, atendiendo la autonomía presupuestal de la cual gozan.

9. Condena en costas.

Dado que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 7 de noviembre de 2012, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación y a la Nación - Rama Judicial de los perjuicios causados al señor W... D..., según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia conforme a lo cual el 40% será cancelado por la Fiscalía General de la Nación y el 60% por la Rama Judicial, atendiendo la autonomía presupuestal con la que cuenta cada una de ellas.

3. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación y a la Nación - Rama Judicial, a pagar las siguientes indemnizaciones:

3.1. Por daño moral la siguiente suma de dinero:

g
NombreCalidadIndemnización en SMLMV
W… D…Afectado80

Los cuáles serán cancelados en un 40% por la Fiscalía General de la Nación y en un 60% por la Rama Judicial, atendiendo la autonomía presupuestal con la cual cuentan.

3.2. A título de lucro cesante, la suma siete millones novecientos veintisiete mil quinientos noventa y cinco pesos m/cte ($ 7'927.595), a favor del señor W... D....

Los cuáles serán cancelados en un 40% por la Fiscalía General de la Nación y en un 60% por la Rama Judicial, atendiendo la autonomía presupuestal con la cual cuentan.

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. CUMPLIR lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Por Secretaría, EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

8. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(23) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Auto de Sala Plena del 9 de septiembre de 2008. exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(24) Folio 9 del cuaderno de primera instancia.

(25) Folio 107 del cuaderno de primera instancia.

(26) Folio 8 del cuaderno de primera instancia.

(27) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia· del 11 de agosto de 2010, exp. 25000-23-26-000-1995-01337-01(17301), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(28) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 9 de septiembre de 2013, exp. 25000-23-26-000-2000-01353-01(27452), C.P. Oiga Mélida Valle de De la Hoz.

(29) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 14 de marzo de 2013, exp. 25000-23-26-000-2002-00696-01 (26577), C.P. Hernán Andrade Rincón.

(30) El jefe de la unidad de lesiones personales y querellables de Cali, mediante oficio del 8 de febrero de 2010, remitió copias auténticas del expediente identificado con el radicado 79588 (folio 116 del cuaderno de primera instancia).

(31) Folio 118 del cuaderno de primera instancia.

(32) Folio 120 del cuaderno de primera instancia.

(33) Folio 138 del cuaderno de primera instancia.

(34) Folio 154 del cuaderno de primera instancia.

(35) Folio 156 del cuaderno de primera instancia.

(36) Folio 182 del cuaderno de primera instancia.

(37) Folio 187 del cuaderno de primera instancia.

(38) Folio 188 del cuaderno de primera instancia.

(39) Folio 192 del cuaderno de primera instancia.

(40) Folio 191 del cuaderno de primera instancia.

(41) El fiscal quinto seccional de Cúcuta, mediante oficio del 14 de octubre de 2011, certificó que las copias allegadas a este proceso son fiel copia del expediente 124672 que la fiscalía sexta de seguridad pública adelantó en contra del señor W... D... (folio 2 del cuaderno de pruebas).

(42) Folio 3 del cuaderno de pruebas.

(43) Folio 1 del cuaderno de pruebas.

(44) Folio 5 del cuaderno de pruebas.

(45) Folio 5 del cuaderno de pruebas.

(46) Folio 11 del cuaderno de pruebas.

(47) Folio 14 del cuaderno de pruebas.

(48) Folio 16 del cuaderno de pruebas.

(49) Folio 17 del cuaderno de pruebas.

(50) Folio 15 del cuaderno de pruebas.

(51) El citado artículo establecía lo siguiente: “ART. 341.—Restricción a la libertad del indagado. Si terminada la indagatoria subsisten o surgen razones para considerar que hay lugar a imponer medida de aseguramiento, dentro de la misma diligencia podrá el funcionario judicial ordenar la privación de la libertad mientras se le define su situación jurídica, librando la correspondiente boleta de encarcelación al establecimiento de reclusión respectivo.
“En el evento en que no se ordene inmediatamente la privación de la libertad, en caso de presentación espontánea sin que medie citación ni orden de captura, se ordenará suscribir diligencia de compromiso, mientras se resuelve la situación jurídica”.

(52) Folio 18 del cuaderno de pruebas.

(53) Folio 20 del cuaderno de pruebas.

(54) Folio 22 del cuaderno de pruebas.

(55) Folio 23 del cuaderno de pruebas.

(56) Folio 24 del cuaderno de pruebas.

(57) Folio 36 del cuaderno de pruebas.

(58) Folio 16 del cuaderno de primera instancia.

(59) Folio 22 del cuaderno de primera instancia.

(60) Folio 26 del cuaderno de primera instancia.

(61) Folio 86 del cuaderno de primera instancia.

(62) Folio 107 del cuaderno de primera instancia.

(63) En esta oportunidad, la Sala se fundamenta en los razonamientos expuestos por la Corte Constitucional, en la Sentencia T-310/03, oportunidad en la cual decidió un caso que guarda analogía con el aquí analizado, toda vez que un ciudadano fue privado de la libertad, pese a que las autoridades habían ordenado la cancelación de los registros que existían en su contra, sin embargo seguía apareciendo el reporte en el sistema de información.

(64) Folio 14 del cuaderno de pruebas.

(65) Folio 16 del cuaderno de pruebas.

(66) En la referida sentencia la Corte Constitucional, precisó que “durante el período correspondiente a 1988-1991 la información sobre órdenes de captura y su cancelación se registraba en el sistema de información SIMOG que operaba bajo la dirección de los juzgados de instrucción criminal. A partir de la expedición de la Constitución de 1991, la función de llevar un registro de anotaciones y antecedentes penales fue asumida por la Fiscalía General de la Nación. Para tal efecto, fue implementado el Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones -SIAN-, el cual se encuentra funcionando en la actualidad, en red con las Direcciones Seccionales de Fiscalía de todo el país” (se destaca).

(67) El certificado judicial es el documento que expide el DAS a solicitud de los ciudadanos, en el que se acredita que determinada persona no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales y de policía. Dicho documento se requiere para la salida del país, la posesión en empleo del sector público, vinculación laboral al sector privado (opcional), compra de armas y realizar contratos con el Estado.

(68) D. 1657/1992: “por el cual se señala el valor del certificado judicial y de policía y de los documentos de extranjería que expide el departamento administrativo de seguridad”.

(69) D. 2398/1986: “por el cual se dictan normas sobre reseña delictiva, cancelación de antecedentes y expedición de Certificaciones Judiciales y de Policía”.

(70) “ART. 1º—En el Departamento Administrativo de Seguridad, se llevará a cada persona que sea reseñada, un solo prontuario con las anotaciones que deben constar en tales documentos de acuerdo con la ley.
“PAR. 1º—A las personas a quienes las autoridades judiciales o de policía soliciten antecedentes o capturas, antes del auto de detención, se les abrirá una tarjeta guía alfabética, con los datos y anotaciones correspondientes.

(71) “Artículo 24, Decreto 218 de 2000: “Corresponde a la subdirección de investigaciones especiales el ejercicio de las siguientes funciones:
“1º. Desarrollar las facultades de policía judicial de conformidad con la naturaleza y funciones propias del Departamento Administrativo de Seguridad;
“2º. Prestar a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades Judiciales la cooperación prevista en la ley, de conformidad con la naturaleza y funciones propias del Departamento Administrativo de Seguridad;
“3º. Organizar, actualizar y conservar los registros delictivos y de identificación nacionales, con base en el canje interno y en los informes o avisos que deben rendir oportunamente las autoridades judiciales de la República, sobre iniciación, tramitación y terminación de procesos penales, órdenes de captura, medidas de aseguramiento, autos de detención, enjuiciamiento, sobreseimiento y revocatorias proferidas y sobre las demás determinaciones previstas en el Código de Procedimiento Penal;
“4º. Expedir los certificados judiciales y de policía, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia” (se destaca).

(72) Artículo 3º, numeral 8º del Decreto 2762 de 2001.

(73) Artículo 44, numeral 10 del Decreto 2762 de 2001.

(74) Folio 138 del cuaderno de primera instancia.

(75) Folio 154 del cuaderno de primera instancia.

(76) Folio 182 del cuaderno de primera instancia.

(77) Folio 188 del cuaderno de primera instancia.

(78) Folio 156 del cuaderno de primera instancia.

(79) Folio 182 del cuaderno de primera instancia.

(80) Folio 192 del cuaderno de primera instancia.

(81) Folio 3 del cuaderno de pruebas.

(82) Folio 5 del cuaderno de pruebas.

(83) Folio 5 del cuaderno de pruebas.

(84) Folio 14 del cuaderno de pruebas.

(85) Folio 16 del cuaderno de pruebas.

(86) Folio 18 del cuaderno de pruebas.

(87) Folio 20 del cuaderno de pruebas.

(88) Folio 22 del cuaderno de pruebas.

(89) Artículo 250 de la C.P., y 33 de la Ley 270 de 1996 (T-310 de 2003).

(90) Artículo 78 del Decreto 2700 del 30 de noviembre de 1991 (Res. 1750 de 2000).

(91) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Auto de 25 de septiembre de 2013, exp. 20.420 (A). M.P. Enrique Gil Botero.

(92) Folio 16 del cuaderno de primera instancia.

(93) Folio 26 del cuaderno de primera instancia.

(94) Folio 26 del cuaderno de primera instancia.

(95) Postura adoptada en la Sentencia dictada el 30 de junio de 2016 dentro del expediente identificado con el radicado 52001-23-31-000-2007-00047-01 (39972).

(96) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 28 de agosto del 2014, exp. 36149, M.P. Hernán Andrade Rincón (E).

(97) Folio 2 del cuaderno de primera instancia.

(98) En tratándose del perjuicio o daño moral por la muerte o las lesiones de un ser querido, la indemnización tiene un carácter satisfactorio, toda vez que —por regla general— no es posible realizar una restitución in natura, por lo que es procedente señalar una medida de satisfacción de reemplazo, consistente en una indemnización por equivalencia dineraria. Al respecto puede consultarse el criterio doctrinal expuesto por Renato Scognamiglio, en su obra El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Ed. Antares, 1962, pág. 46.

(99) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 36149. M.P. (E) Hernán Andrade Rincón.

(100) Folio 3 del cuaderno de primera instancia.

(101) Folio 6 del cuaderno de primera instancia.

(102) Folio 77 del cuaderno de primera instancia.

(103) Folio 208 del cuaderno de primera instancia.

(104) Folio 9 del cuaderno de primera instancia.

(105) Ver, entre otras, la Sentencia del 9 de septiembre de 2015, Sección Tercera - Subsección A. Rad. 68001-23-31-000-2001-01546-01 (38550). Igualmente, la Sentencia de esta misma Subsección, proferida el 7 de octubre de 2015, exp. 25000-23-26-000-2005-00051-01 (35685).

(106) Decreto 2552 del 30 de diciembre de 2015.