Sentencia 2008-00443/44030 de mayo 10 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 73001233100020080044301

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Expediente: 44030

Actor: Luz Miriam Morales Hurtado y otros

Demandados: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional

Proceso: (sic)

Tema: Ejecución extrajudicial. La verdad como valor y derecho. Direccionamiento de los testimonios por parte la fuerza pública. Protección del derecho a la vida.

Bogotá, D.C., diez de mayo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales de la acción.

1.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por ambas partes, por lo que la Sala resolverá sin limitaciones, en un proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, en ejercicio de la acción de reparación directa(1).

1.2. Caducidad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del CCA, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir “del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.”.

En el presente caso los hechos sucedieron el 3 de junio de 2007 y la demanda fue presentada el 21 de agosto de 2008, razón por la cual resulta evidente el ejercicio oportuno de la acción.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala analizar si la muerte del señor Jarol Ever Morales Hurtado constituye un daño antijurídico imputable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional. Aunado a lo anterior, la Sala debe determinar si los hechos están relacionados con ejecuciones extrajudiciales o los mal llamados falsos positivos, los que en todo caso comportan una grave violación a los derechos humanos(2).

En caso de aparecer comprometida la responsabilidad de la entidad demandada, corresponde resolver si es procedente reconocer el lucro cesante, sobre la base del salario mínimo, así como el perjuicio moral causado a los familiares de crianza de la víctima, tal como lo impetra la actora, en el escrito de impugnación.

3. Legitimación por activa.

Vale la pena destacar que el recurso fue interpuesto por ambas partes, por lo que corresponde establecer si los demandantes acreditaron la calidad con la cual concurrieron al proceso, si la condena impuesta respeta la orientación de la Sala y si quienes fueron reconocidos como hermanos de la víctima acreditaron dicha condición.

En ese orden, se tiene que, mediante auto de 13 de diciembre de 2017, la Sala ordenó pruebas de oficio. En cumplimiento de esta decisión obra el acta de registro de civil de nacimiento del señor Jarol Ever Morales Hurtado de 3 de julio de 1978, hijo de Luz Myriam Morales Hurtado —fl. 316, cdno. ppal.—.

También consta que la señora Luz Myriam Morales Hurtado nacida el 19 de junio de 1960 es hija de Etelvina Hurtado Navarro —fl. 77, cdno. ppal.—.

Consta que de la unión de los señores Luz Myriam Morales Hurtado y Jose Edmer Ávila Castañeda nacieron Martha Lucía el 25 de febrero de 1980; Nidia el 6 de marzo de 1983; Francy Elena el 26 de abril de 1984 y Heidybiviana el 5 de mayo de 1986 —fls. 78 a 81, cdno. ppal.—.

Y que los señores Herley y Eduardo Morales Hurtado nacidos el 25 de enero de 1975 son hijos de Etelvina Hurtado Navarro —fls. 83 y 84, cdno. ppal.— y por lo tanto tíos de la víctima.

Por otro lado, la Defensora de Familia de Chaparral Tolima certificó que la joven Yesica Paola Chavez Bocanegra, hermana de crianza de la víctima, se encontraba bajo el cuidado, custodia y responsabilidad de la señora Luz Miryan Morales, madre de crianza —fl. 87, cdno. 3—, lo que resulta suficiente para suponer el trato y los lazos de familiaridad que sostenían con el occiso.

4. Análisis probatorio y jurídico.

4.1. Daño antijurídico.

En relación con el análisis del daño y la antijuridicidad, la Sala tiene por cierto que el señor Harold Ever Morales Hurtado murió a manos del Ejército Nacional - batallón de infantería Nº 17 y que en iguales circunstancias murieron Alejandro Aroca Hernández y Johan González González, el día 3 de junio de 2007, en la vereda Santa Ana del municipio de Chaparral en el Tolima.

4.1.1. El fallecimiento del señor Harold Ever Morales, ocurrido el 3 de junio de 2007, se encuentra acreditado con la copia del registro civil de defunción expedido por la registraduría y el certificado de defunción por el DANE —fls. 75 y 76, cdno. pbas. 3—.

4.1.2. El acta de necropsia da cuenta de las múltiples heridas que provocaron su deceso, la que inexplicablemente aparece como fecha del suceso 01/06/2007. Se destaca —fl. 135, cdno. pbas. 3—:

“INFORME DE NECROPSIA DEL CADÁVER DEL SEÑOR HAROLD (sic) EVER MORALES HURTADO OPINIÓN PERICIAL: Se trata de cadáver de un hombre de 27 años de edad, identificado por el cuerpo técnico de Chaparral Tolima, con número de cédula de ciudadanía 14011380, al realizar la necropsia se encuentra cuerpo completo parcialmente embalado, con señales de necrodactilia. Al examen externo se evidencia lesiones recientes por proyectil de arma de fuego a nivel de cara, brazo izquierdo, tórax, abdomen mano derecha y región pélvica. Al examen interno del cuerpo se evidencia, alusión cerebral, fractura de bóveda craneana, en la región fronto-parietal-occipital derecha desplazada, fractura de toda la base del cráneo, lesión muscular del dorso de mano derecha, fractura de sacro, lesión de vasos femorales, fractura de pelvis, laceración del pulmón izquierdo, con perforación del diafragma con perforación del intestino delgado. Las anteriores lesiones descritas generan mecanismo de muerte por avulsión cerebral secundaria a choque traumático por proyectil de arma de fuego. Los signos de muerte que presenta el cadáver y fenómenos cadavéricos sugiere que el tiempo de muerte aproximada es mayor de 12 horas (…) CAUSA DE MUERTE: Proyectil de arma de fuego”.

En consecuencia, no puede sino concluirse que el daño que tiene que ver con el fallecimiento del señor Morales Hurtado está acreditado.

4.2. Imputación.

En relación con los hechos que rodearon la muerte del señor Jarol Ever y de sus dos acompañantes, se conoce que fueron reportados por el ejército cómo bajas operacionales, en enfrentamiento con miembros de las FARC, bloque Cacica La Gaitana y que el mismo hecho posteriormente aparece desvirtuado y atribuido a delincuentes. A continuación se relacionan pruebas obrantes en el proceso:

4.2.1. En los términos de la comunicación escrita por el teniente coronel Carlos Hernando Gordillo Jiménez, comandante del batallón de infantería de montaña Nº 17 el 3 de junio de 2007, dirigida al señor Luis Enrique López Acevedo, Jefe de la Unidad Local del CTI de Chaparral, Tolima, se solicitó el levantamiento de un cadáver, para lo cual se informa que “en la vereda Santa Ana fueron muertos en combate tres sujetos de sexo masculino, sin identificar, al parecer pertenecientes a las milicias de la cuadrilla XXI “Cacica Gaitana de las ONT - FARC”, los cuales portaban un arma corta calibre 32 mm, un arma corta calibre 3.57 mm y changón escopeta artesanal, movilizándose en un motocicleta color rojo” —fls. 195, cdno. 3—.

4.2.2. Según el documento denominado “Lección aprendida Nº 16 del batallón de infantería Nº 17 general Domingo Caicedo” —fl. 384 y siguientes, cdno. 3—, se identificó la operación realizada el día 3 de junio de 2007 como una “misión táctica de neutralización con la maniobra de búsqueda y provocación aplicando la técnica de puestos de observación, en un terreno semi-cubierto, templado y quebrado”. Se señala en los antecedentes, las acciones del frente XXI de las FARC en el caño de las Hermosas, entre estas el sembrado de minas. Los hechos se resumen así:

“Siendo aproximadamente las 6:30 horas durante una maniobra de búsqueda y provocación el personal de soldados mantiene un puesto de observación el cual fue sorprendidos (sic) por terroristas del frente XXI de las ONT FARC, en un combate de encuentro donde se sostiene contacto armado de fuego de armas de los terroristas, por un espacio aproximado de diez minutos y en la oportuna reacción de la unidad comprometida, que con maniobras de avance vigilado aferran a los terroristas en el terreno y arroja como resultado la muerte en combate de tres presuntos terroristas del frente XXI de las ONT FARC”.

4.2.3. El documento del batallón de infantería Nº 17 general Caicedo, titulado “RADIOGRAMA RESULTADOS OPERACIONALES” de 3 de junio de 2007, registró el resultado de la misión táctica jaguar I, así: “se sostuvo combate de encuentro con terroristas del frente XXI de las FARC”, a quienes identifica con los nombres de Johan González, Jarol Ever Morales y Alejandro Aroca, se indica el número de los documentos de identidad y refiere a las víctimas como “muertos en combate” —fl. 389, cdno. 3—.

4.2.4. A continuación, obra el informe del C.S. Diego Alexander Ramírez Martínez, comandante de la segunda sección de la quinta división de la sexta brigada del batallón de infantería Nº 17 Caicedo, dirigido al teniente coronel Carlos Hernando Gordillo, el 4 de junio de 2007, el cual da cuenta de las circunstancias particulares que habrían rodeado los hechos —fls. 91, cdno. 3—:

“ECHOS (sic) OCURRIDOS EL DÍA 3 DE JUNIO DE 2007 EN LA VEREDA SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL: SEGÚN LAS INFORMACIONES SOBRE ESE SECTOR, ABÍA (sic) PRESENCIA DE PERSONAS EXTRAÑAS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DONDE FUI EMBIADO (sic) CON MI SECCIÓN, UBICANDOME EN LA NOCHE ANTERIOR. SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 06:00 DE LA MAÑANA LLEGARON DOS INDIVIDUOS EN UNA MOTOCICLETA AL CITIO (sic) CONOCIDO COMO PUENTE DE SANTA ANA DONDE SE REUNIERON CON OTROS DOS QUE LLEGARON A PIE EN ESE MOMENTO SALÍ CON MIS HOMBRES Y AL DECIRLE LA PORCLAMA (sic) PARA VERIFICAR QUIENES ERAN, ESTOS SUJETOS REACCIONARON DISPARANDO ASIA (sic) LA TROPA AL MISMO TIEMPO QUE INTENTABAN HUIR. AL REACCIONAR LOS SOLDADOS UVO (sic) UN INTERCAMBIO DE DISPAROS RESULTANDO TRES DE LOS INDIVIDUOS MUERTOS QUIENES PORTABAN ARMAS CORTAS EN EL CONBATE (sic) LOGRANDOSE ESCAPAR UNO DE LOS INTEGRANTES DE DICHO GRUPO. INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HACER EL REGISTRO PERIMÉTRICO PROCEDÏ A ACORDONAR EL ÁREA Y A TOMAR SEGURIDAD Y LUEGO REPORTÉ AL BATALLÓN DE LO OCURRIDO.

4.2.5. En lo que tiene que ver con la prueba testimonial, obra la declaración rendida por el soldado Julio César Devia Tique el 26 de junio de 2007, ante el Juzgado 81 de Instrucción Penal Militar(3), se destaca: “En la noche del 2 de junio de este año, nos dieron la orden de salir para la vereda Santana, nos descargaron ahí, luego montamos unos puestos de observación, como a las 5:30 más o menos, llegaron unos señores en moto a determinado sitio, luego salieron otros dos del monte, mi Cabo Ramírez les gritó la proclama, inmediatamente los sujetos abrieron fuego contra nosotros, nosotros reaccionamos y hubo intercambio de disparos, esto duró por ahí de 10 a 14 minutos, cuando se calmó la situación se hizo un registro encontrándose 3 sujetos abatidos, ellos tenían armas cortas, después de esto se reportó lo sucedido al batallón “ —fl. 113, cdno. 3—.

4.2.6. El 30 de marzo de 2010, el comandante del Batallón Caicedo informó al Tribunal Administrativo del Tolima, que el día 3 de junio de 2007, no se registraron bajas y heridos de personal militar orgánico de esa unidad táctica” —fl. 92, cdno. 3—.

4.2.7. Los testimonios rendidos en el proceso no dan cuenta del vínculo del señor Jarol Ever Morales Hurtado o su pertenencia a la guerrilla de las FARC. En efecto, el señor Leonardo Céspedes quien lo conocía ampliamente puso de presente que no se tuvo noticia sobre los problemas de orden legal o sobre el ejercicio de actividades delictivas que involucraran al antes nombrado —fl. 44, cdno. 3—.

También el señor Jairo Ruíz, interrogado sobre el occiso, contestó que no conocía de los problemas legales del señor Morales y agregó: “Pues en lo que yo lo conocí era un muchacho muy trabajador, muy honesto, dedicado a ayudar a la familia, le gustaba el deporte, era buen amigo… sé que no era un muchacho peligroso ni delincuente” —fl. 54, cdno. 3—.

El señor Armando Ávila Oviedo, por su parte, afirmó: “pues yo no tuve ningún conocimiento. Sé que estuvo en la cárcel pero no sé por qué, él estuvo aproximadamente 4 años, él nunca me comentó a mí por qué, ni el motivo, mientras estuvo en la vereda era una persona de confianza, una persona de bien. … Pues de delincuente no sé nada de eso, para mí era una persona que uno tenía como amigo, como una persona de bien y no como delincuente, no era la persona que robaba ni mataba, ni se robaba las gallinas ni nada de eso” —fl. 57, cdno. 3—.

4.2.8. A su turno, la prueba documental da cuenta de que la Justicia Penal Militar se abstuvo de adelantar la investigación. Se conoce que el 15 de julio de 2008, la Secretaria del Juzgado 81 de Instrucción Penal Militar informó a la Personera Municipal de Chaparral Tolima que el despacho abrió una investigación preliminar —n. 274— por los hechos sucedidos el 3 de junio de 2007, relacionados con la muerte de los señores Jarol Ever Morales Hurtado, Alejandro Aroca y Johan González, pero “El 23 de noviembre del mismo año se inhibe y archiva definitivamente la mencionada investigación” —fl. 344, cdno. 3—(4).

4.2.9. Igualmente, el 11 de mayo de 2010, la juez 81 de instrucción penal militar dio cuenta de la suerte de la investigación —fl. 95, cdno. pbas. 3—.

“En respuesta a su oficio de la referencia, me permito informarle que en este juzgado se adelantó la indagación preliminar Nº 274, inculpado: EN AVERIGUACIÓN DE RESPONSABLES; delito: HOMICIDIO; LUGAR Y FECHA HECHOS: Vereda Santa Ana del municipio de Chaparral (Tolima); 93/06/2007, occisos: HAROLD (sic) EVER MORALES Hurtado; JOHAN GONZÁLEZ GONZÁLEZ y AROCA HERNÁNDEZ ALEJANDRO; investigación que se encuentra en el ARCHIVO PROVISIONAL del Despacho, ya que mediante auto interlocutorio del 23/11/2007 el Juzgado se INHIBIÓ de iniciar investigación formal y ordenó el archivo de las diligencias”.

4.2.10. En el curso de la misma investigación se recibió la declaración del cabo segundo Diego Alexander Ramírez Martínez, uno de los partícipes del hecho. Sobre el particular sostuvo —fl. 108, cdno. pbas. 3—.

“Nosotros teníamos informaciones de aquí del comando del batallón que había presencia de un personal sospechoso en el sector de Santana, fui enviado con mi sección al sector la noche anterior, a verificar, me ubique sobre el terreno, aproximadamente a las 05:30 a 06:00 a.m. llegaron dos individuos en una motocicleta se reunieron con otros dos que salieron del mismo sector, esos ya estaban ahí, en el momento se reunieron, yo salí con la gente a verificar de quien se trataba en ese momento al percatarse de la presencia de la tropa emprendieron la huida al mismo tiempo que disparaban el arma que tenían, hubo un intercambio de disparos y como resultado se dieron los tres individuos muertos, el cuarto individuo se escapó (…)”.

5. Análisis jurídico y juriprudencial (sic).

La Sala ha declarado la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y ha condenado a indemnizar los daños causados, en los casos de ejecuciones sumarias o mal llamados falsos positivos imputadas a los organismos de seguridad del Estado, considerados como una grave violación a los derechos humanos.

El informe sobre Colombia del relator especial para ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas, señor Philip Alston, presentado al Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 31 de marzo de 2009, del cual se extrae lo siguiente:

Las fuerzas de seguridad han perpetrado un elevado número de asesinatos premeditados de civiles y han presentado fraudulentamente a esos civiles como “bajas en combate”. Aunque al parecer estos llamados falsos positivos no respondían a una política de Estado, tampoco fueron hechos aislados. Esos homicidios fueron cometidos por un gran número de unidades militares y en todo el país. Se produjeron porque las unidades militares se sintieron presionadas para demostrar que su lucha contra las guerrillas tenía resultados positivos a través del “número de bajas”. Hubo además algunos alicientes: un sistema oficioso de incentivos ofrecidos a los soldados para que produjeran bajas y un sistema oficial de incentivos ofrecidos a los civiles para que proporcionaran información que condujera a la captura o muerte de guerrilleros. Este último sistema careció de supervisión y transparencia. En general, hubo una falta fundamental de rendición de cuentas y problemas en todas las etapas de los procesos disciplinarios y de investigación(5).

De mis investigaciones se desprende claramente que los miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia han cometido un número considerable de ejecuciones ilegales y que el cuadro sistemático de falsos positivos se ha repetido en todo el país. Ha habido demasiados asesinatos de carácter similar para caracterizarlos como incidentes aislados perpetrados por apenas algunos soldados o unidades renegados, o “manzanas podridas”. Los casos de Soacha son solo el ejemplo más conocido de esa clase de asesinatos(6).

Con base en el anterior informe y otros procesos resueltos por esta jurisdicción, se ha podido conocer el modus operandi y los patrones de conducta en los casos de las ejecuciones sumarias, los cuales tienen coincidencia con el caso presente, esto es, la muerte de ciudadanos en condición de discapacidad, enfermedad o indefensión y su presentación como miembros de grupos armados ilegales, especialmente guerrilleros, a efecto de acreditar resultados operacionales militares. Se conoce del Decreto 1400 de 2006, mediante el cual el gobierno creó la bonificación por compensación para operaciones de importancia nacional(7), además del reporte intermedio de la Corte Penal Internacional sobre la situación de Colombia en estos términos:

“Actores estatales, en particular miembros de las fuerzas armadas, han dado muerte intencionalmente a miles de civiles con el fin de potenciar su tasa de éxito en el contexto del conflicto armado interno y obtener incentivos monetarios procedentes de fondos del Estado. Se reportó que los civiles ejecutados eran guerrilleros muertos en combate. Se cree que estos asesinatos ocurrieron con mayor frecuencia del año 2004-2008.”(8).

Ahora, no se puede pasar por alto que en el caso concreto los militares señalaron a las víctimas de haber generado un combate. En casos como este, es necesario insistir además en el derecho a la verdad, ámbito sobre el cual ha reflexionado las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para incluirla en los procesos de reparación como una manera de velar por la satisfacción de todos los perjuicios causados y además como una forma de crear conciencia colectiva para evitar su repetición(9). En su sentido similar el juez Cancado Trindade en un voto razonado en el caso Gutiérrez Soler vs Colombia sostuvo:

“Cada persona tiene un “patrimonio espiritual” que preservar, de ahí es necesario el cultivo de la memoria para preservar la identidad, a niveles tanto individual como social. El olvido agudiza aún más la vulnerabilidad de la condición humana y no puede ser impuesto (ni siquiera por artificios legales, como la amnistía o la prescripción): Hay un deber ético de la memoria”(10).

En suma, el derecho a la verdad comporta una exigencia a todos los actores, los civiles, las víctimas y bajo el mismo rasero se extiende a los miembros de las fuerza pública, en tanto aparece vinculado con el derecho a la reparación y a la garantía de no repetición. Desde este punto de vista la verdad constituye un valor y un derecho que irradia cualquier acción individual o colectiva, componente ético que permite la reparación integral de lo sucedido, pues satisface el interés de la víctimas en conocer lo que pasó, por lo que en el caso particular cabe reprochar a la Nación en cuanto aunado al hecho mismo de la muerte, por sí mismo reprochable i) se presentó a la víctima como gestora de hechos delictivos, lo que comporta su revictimización, si se considera que se afirmó que los efectivos fueron atacados con armas de fuego y que se vieron obligados a repeler la agresión y ii) en razón de la defensa, se insiste en lo anterior. Sumado a que se recibieron los testimonios a los militares que participaron en la operación, aunque rendidos bajo juramento, claramente desconocedores de la verdad, no solo porque se apartaron de la misma, sino porque se advierte la construcción de hechos y circunstancias ajenas a la realidad.

La Sala se ha pronunciado sobre la vigencia del derecho a la vida, consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política, y el derecho al debido proceso, establecido en el artículo 29 constitucional, en los siguientes términos:

Aún cuando es evidente que el caso bajo estudio fue un falso positivo o ejecución extrajudicial, toda vez que además del homicidio se presentó a las personas dadas de baja como guerrilleros, a sabiendas que no pertenecían a ningún grupo insurgente, la pregunta que surge justamente con ocasión de la apelación del Ministerio de Defensa es si, en caso que hubiesen sido delincuentes o integrantes de grupos armados al margen de la ley no tenían, entonces, derecho al debido proceso, a la defensa, a nombrar un abogado; en otras palabras, debe responderse si en tal condición se pierde el derecho a la vida, al punto que lo ocurrido, en las circunstancias conocidas, tenía que soportarse.

La respuesta es no y debe advertirse con vehemencia. La ejecución fuera de combate es inadmisible, así se trate de un insurgente, y la gravedad se incrementa en casos como el que se resuelve, dado que el señor Walter Jony Henao Salazar fue ejecutado por la Fuerza Pública y previamente desaparecido para presentarlo como guerrillero y obtener ventajas. La Constitución consagra en su artículo 11 el derecho a la vida sin distinción. La pena de muerte se encuentra proscrita, de manera que ninguna condición excepciona el deber de las autoridades públicas de respetar, garantizar y proteger el derecho a la vida(11).

Y por último, del Derecho Internacional Humanitario, como marco normativo especial dentro del Derecho Internacional, no puede pretenderse valorar el uso de la fuerza letal, pues del mismo no se desprende fundamento alguno que derogue o suspenda el derecho a la vida y al debido proceso, así se trate de doblegar a un insurgente. Todos los seres humanos, nacionales o no, de cualquier condición, tienen derecho a la vida y al debido proceso. Cuestión diferente es la legítima defensa o el estado de necesidad. Esto es así, porque, si bien el Derecho Internacional Humanitario no condena la muerte del combatiente (concepto que no aplica para los conflictos armados internos), la condiciona a que la misma acontezca en razón y por cuenta del combate, si se considera que el Derecho Internacional Humanitario se acompasa con las normas de derechos humanos y con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política. Debe recordarse, además que el Acto Legislativo 1 de 2015 que modificó el artículo 221 sobre Fuero Penal Militar, obliga a jueces y fiscales de la justicia ordinaria y penal militar la formación y el conocimiento adecuado en DIH, de donde se echa de menos la aplicación del criterio de complementariedad, sobre el concepto de participación directa en las hostilidades y el de función continua de combate, en la sustentación del recurso de apelación

“Para los propósitos del principio de distinción en los conflictos armados internos, todas las personas que no son miembros de las fuerzas armadas del Estado o de grupos armados organizados de una parte del conflicto, son civiles y, en consecuencia, tienen derecho a la protección contra los ataques directos, a menos que tengan una participación directa en las hostilidades y por el tiempo que dure dicha participación. En los conflictos armados no internacionales, los grupos armados organizados constituyen las fuerzas armadas de un parte no estatal del conflicto y consisten únicamente en aquellos individuos cuyas funciones son tomar parte directa en las hostilidades (función continua de combate)”(12).

6. Análisis probatorio.

La distinta prueba testimonial y documental da cuenta de que i) el 3 de junio de 2007, el señor Jarol Ever Morales Hurtado fue muerto por efectivos del Ejército Nacional —batallón de infantería Nº 17— en la vereda Santa Ana, del municipio de Chaparral en el Tolima; ii) en los términos del acta de necropsia, el cadáver del señor Morales recibió múltiples impactos de bala a nivel de cara, brazo izquierdo, tórax, abdomen, mano derecha y región pélvica que originaron su deceso y iii) para justificar la baja, los militares simularon un enfrentamiento armado con miembros de las FARC, que no lograron demostrar, por el contrario las evidencias lo descartan, si se considera que las víctimas no percutieron armas. Ahora, de haber ocurrido el enfrentamiento, no se explica la baja de los civiles, únicos afectados, siendo que estos habían iniciado la agresión. Es de agregar que la investigación adelantada por la justicia penal militar fue archivada sin interés de lograr un resultado y aunque se conocen copias de la adelantada por la Fiscalía, estas tienen que ver con un hurto que compromete a uno de los acompañantes del señor Morales Hurtado, con antecedentes conocidos en el expediente, calificado y agravado, porte ilegal de armas y lesiones personales —fl. 261, cdno. 3—. Esto es, el ente acusador está en mora de investigar sobre la muerte de las tres personas.

Siendo así, sorprende que la hipótesis relativa a la posible comisión del delito de hurto haya tenido más trascendencia que los homicidios, fuera de combate, en cuanto efectivamente como lo sostiene el tribunal cabe destacar la pertenencia del señor Morales Hurtado a las FARC, pues los testimonios arrimados así lo indican, sumado a que las armas encontradas al pie de los cadáveres no conducen a inferir su propiedad, como tampoco su uso. Además, no se puede desconocer que, a pesar de haberse tomado la muestra no se aportó la prueba de la absorción atómica. Vale destacar también el oficio N1C 457 del 4 de junio de 2007, suscrito por la funcionaria de investigación criminalística del CTI de la Fiscalía, en el que señala: “los cuerpos fueron hallados en campo abierto en posición de cúbito abdominal presentaban las manos impregnadas de tierra y agua sangre” —fl. 169, cdno. 3—.

Ahora, la Sala comparte en este punto el argumento de la parte actora, en cuanto que, aceptada en gracia de discusión, la pertenencia de los jóvenes a un grupo o banda de antisociales, su vida tendría que haber sido protegida hasta su comparecencia ante las autoridades competentes “para juzgarlos en debida forma y sujetos a los principios constitucionales fundamentales del debido proceso, derecho de defensa y presunción de inocencia y no ejecutarlos sin fórmula de juicio y en total estado de indefensión, como en realidad sucedió”(13).

También llama la atención las inconsistencias que se advierten en el oficio suscrito por el Comandante del Batallón de Infantería y el testimonio rendido por el Cabo Segundo Ramírez Martínez, como quiera que el primero dio cuenta de que “se sostuvo combate de encuentro con terroristas del frente XXI de las FARC”, a quienes identifica con los nombres de Johan González, Jarol Ever Morales y Alejandro Aroca, sus documentos de identidad, a la par que los relaciona como “muertos en combate”, en tanto del testimonio se establece que las víctimas una vez dispararon emprendieron la huida.

Es de lamentar tanto del oficio como del testimonio que las autoridades en orden a procurar una absolución, sacrifican la verdad y al tiempo la dignidad militar. Lo anterior, en cuanto las versiones de los uniformados se empeñan en que las víctimas abrieron fuego, en cambio las evidencias reportadas en el acta de necropsia y el oficio de 4 de junio de 2004, referido al hallazgo del cuerpo, conducen a una conclusión diferente, lo que explica que fueron construidas artificialmente con el ánimo deliberado de direccionar la investigación, revictimizar al occiso y sacrificar la verdad.

Por último, resulta útil traer a colación lo establecido por la Sala en relación con el deber de respeto irrestricto al derecho a la vida y al debido proceso por parte de las autoridades:

Aún cuando es evidente que el caso bajo estudio fue un falso positivo o ejecución extrajudicial, toda vez que además del homicidio se presentó a las personas dadas de baja como guerrilleros, a sabiendas que no pertenecían a ningún grupo insurgente, la pregunta que surge justamente con ocasión de la apelación del Ministerio de Defensa es si, en caso que hubiesen sido delincuentes o integrantes de grupos armados al margen de la ley no tenían, entonces, derecho al debido proceso, a la defensa, a nombrar un abogado; en otras palabras, debe responderse si en tal condición se pierde el derecho a la vida, al punto que lo ocurrido, en las circunstancias conocidas, tenía que soportarse.

La respuesta es no y debe advertirse con vehemencia. La ejecución fuera de combate es inadmisible, así se trate de un insurgente, y la gravedad se incrementa en casos como el que se resuelve, dado que el señor Walter Jony Henao Salazar fue ejecutado por la Fuerza Pública y previamente desaparecido para presentarlo como guerrillero y obtener ventajas. La Constitución consagra en su artículo 11 el derecho a la vida sin distinción. La pena de muerte se encuentra proscrita, de manera que ninguna condición excepciona el deber de las autoridades públicas de respetar, garantizar y proteger el derecho a la vida(14).

También es preciso afirmar que las normas constitucionales que se invocan, frente a la Fuerza Pública y su función de defensa de la soberanía, de las instituciones, de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, en ningún momento admiten el desconocimiento del más fundamental de los derechos humanos: la vida. En este sentido, el señor Daniel Vásquez Ocampo, así hubiese pertenecido a un grupo insurgente —que no lo fue— no tenía ningún deber de soportar su muerte, ni era una persona ajena al deber de protección del Estado.

Una noción tan elemental como la aquí expuesta, la prevalencia del derecho a la vida, pareciera no estar clara por parte de quienes tienen el mandato constitucional de protegerla. Esa ambigüedad en el entendimiento del derecho a la vida dio pie al fenómeno de los falsos positivos y a lo ocurrido con el señor Vásquez Ocampo. Estos se dieron no solo como consecuencia de la entrega de premios, de recompensas, de permisos y ascensos por los supuestos resultados positivos de la Fuerza Pública, sino también, por la pasividad de las instituciones y de la sociedad que ha entendido como legales las bajas de la guerrilla por el solo señalamiento de la Fuerza Pública, absteniéndose de adelantar y exigir investigaciones.

La pérdida de la vida de una persona reputada como miembro de la guerrilla o de un grupo armado ilegal no se investigó como ha debido ser. Sin advertir que se reportaba para acreditar resultados y obtener beneficios, al margen de los mecanismos judiciales que obligatoriamente deben operar en todos los casos de muerte violenta, se alcanzaron niveles de indignidad institucional.

La Constitución Política y el Derecho Internacional Humanitario no pueden ser utilizados para justificar la muerte. El artículo 2º de la Carta establece que las autoridades de la República están instituidas para proteger la vida de todas las personas sin distinción. Por su parte, el artículo 217 establece que las Fuerzas Militares tienen la función constitucional de defender la soberanía, la integridad del territorio y el orden constitucional(15).

En conclusión, la Sala encuentra que el señor Morales Hurtado fue ejecutado extrajudicialmente, como lo reconoció el Tribunal Administrativo del Tolima, por lo que se está ante un daño antijurídico, imputable a la Nación-Ministerio de Defensa, que deberá ser resarcido, razón por la cual se confirmara la condena impuesta en primera instancia, con algunas modificaciones en lo que tiene que ver con el reconocimiento de los perjuicios morales y materiales.

Además, la Sala encuentra pertinente compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, a efecto que valore la apertura de una investigación penal, al igual que a la justicia especializada para la paz —JEP— y la comisión de la verdad, en cuanto se advierte que se está ante una grave violación a los derechos humanos.

7. Indemnización de perjuicios.

7.1. Perjuicios morales.

Es de destacar que la legitimación para reclamar la causación del daño se deriva de la calidad de madre, hermanos, tíos y abuela de la víctima y que en el caso de autos es clara la prueba del dolor de los actores por la muerte de Jarol Ever, conforme da cuenta la prueba documental incorporada. Además, los testimonios allegados relatan el impacto de la muerte, incluso en las celebraciones familiares, como cumpleaños y navidades, dado que en ellas participaba Jarol, conocido como una persona cariñosa y alegre. En palabras del señor Armando Ávila: “Hoy en día ellos los ve uno muy diferentes a cómo eran cuando estaba él, los ve uno como con esa tristeza encima, o sea, como sin moral, como sin querer hacer nada” (f 58 C 3).

La señora Emérita Lozada Herrera refirió en el testimonio recibido en el Juzgado Civil del Circuito de Chaparral, el 31 de agosto de 2009, sobre “cómo era el trato del señor Harold (sic) Ever Morales Hurtado, hoy día fallecido, para con sus hermanos Martha Lucía Ávila Morales, Nidia Ávila Morales, Francy Helena Ávila Morales, Heydy Biviana Ávila Morales y sus hermanos de crianza Eduardo Morales Hurtado y Jessica Paola Chávez Bocanegra? Era cariñoso, respetuoso y de apoyo, yo observaba que él los orientaba en cuanto a normas de la casa, comportamiento, por qué él era el grande de ahí, además de la forma como él era afectivo había mucho acercamiento” (f 68 C 3). En ese orden, no hay duda del perjuicio moral sufrido por la abuela, madre, hermanos y tíos del señor Morales Hurtado.

Ahora, en lo que tiene que ver con los hermanos y el padre de crianza, la misma declarante refirió que conocía a la víctima desde su infancia —fl. 66, cdno. 3—, y afirmó que aunque el señor Jarol Ever Morales Hurtado vivía en la casa de su abuela materna Etelvina Hurtado, le colaboraba a su madre y a su padre de crianza en la actividades de la finca.

Los aludidos elementos de juicio, especialmente la prueba testimonial, son suficientes para acceder al recurso interpuesto por la actora, en el sentido de reconocer perjuicios morales a favor de Jessica Paola Chávez Bocanegra y José Edmer Ávila Castañeda, hermana y padre de crianza de Jarol Ever. En favor de la primera en cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes y a favor del padre de crianza, en cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Finalmente, en relación con los señores Luz Mirian Morales Hurtado, Martha Lucía, Nidia, Francy Elena y Heidy Viviana Ávila Morales, Etelvina Hurtado Navarro, Herley y Eduardo Morales Hurtado se mantendrá la decisión del tribunal en cuanto no fue objeto de recurso.

7.2. Perjuicios materiales.

En relación con el lucro cesante, la Sala encuentra válidos los argumentos formulados por la parte demandante, dado que, conforme las reglas de la experiencia, una persona produce cuando menos el salario mínimo, tal como lo reconoce la jurisprudencia(16), aunado a que los testimonios dan cuenta de la actividad laboral del señor Jarold Ever Morales, así como de la ayuda que el mismo proporcionaba a su madre, aunque vivía con su abuela, así:

• Testimonio del señor Leonardo Céspedes: “Pues el sueldo sería un mínimo y dedicaba por hay unos 25% para sus gastos personales y un 75% sería para ayudar a la mamá… A tiempo que yo lo distinguí él era jornalero, trabajaba ayudándole a la mamá” (f 49 y 50 C 3).

• Testimonio del señor Jairo Ruíz: “El aproximadamente se ganaba el mínimo, en lo que él trabajaba cosechando y pues cuando le quedaba tiempo él salía a jornalear, él dedicaba aproximadamente el 25% para él y el 75% para su familia” (f 53 C 3). Armando Ávila Oviedo: “Cuando yo lo distinguí él trabajaba en agricultura allá en la vereda, él trabajaba, sembraba café, arracacha, jornaleaba recolectando café” (f 57 C 3).

• Testimonio de la señora Emérita Lozada: “Ganaba el mínimo, y dejaba para él un 25% y el resto se lo entregaba a la mamá para los gastos de la misma familia” (f 68 C 3).

• Testimonio de Ricardo Homes Garzón: “El ganaba por decir el mínimo y dejaba 25% para él y el resto era para la mamá y al padrastro y salía a ayudarle a las demás vecindades y le ayudaba a uno”.

El siguiente testimonio da cuenta de las actividades laborales del señor Morales Hurtado y del vínculo con su padre de crianza: “La mayor parte del tiempo vivía en la finca y pues colaboraba con las actividades de limpieza de los terrenos, sembrado, él era la mano derecha de Miriam y del padrastro Helmer Ávila, y aquí en Chaparral hacía trabajos artesanales, a mí me hizo un botiquín, me pintó una cama, unas mesas de noche, me asesoró en trabajos artesanales, más concreto en tallado de madera” (f 68 C 3).

Ahora, aunque los testigos no tendrían que conocer el porcentaje de sus ingresos con el que atendía a su propio sostenimiento, lo cierto es que la jurisprudencia ha considerado que, salvo prueba en contrario, las reglas de la experiencia indican que las personas solteras utilizan el 50 % para atender sus gastos personales, de modo que para liquidar el lucro cesante se tomará como base el salario mínimo vigente en la fecha de esta sentencia, más el 25% por concepto de prestaciones sociales.

Salario mínimo 2018 = $ 781.242 más el 25% por prestaciones sociales =

$ 976.552. Obtenido tal resultado, le restamos un 50% que es lo que la víctima hubiese utilizado para sus gastos propios, y su resultante, a favor de su madre Luz Myriam Morales Hurtado, esto es la suma de $ 488.276.

Lucro cesante consolidado:

S= Ra (1+i)n-1

i

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir $ 488.276
I=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0.004867.
N=Número de meses transcurridos desde la muerte de la víctima (3 de junio de 2007) —hasta la fecha de esta sentencia— abril de 2018-, es decir, 130 meses.

130

S = $ 488.276 (1+0.004867)-1 = $ 88.266.756.15

0.004867

Lucro cesante futuro:

S=Suma a obtener.
R=Renta actualizada, es decir $ 488.276
I=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0.004867.
N=Número de meses hasta la edad probable de vida de Luz Myriam Morales Hurtado desde la fecha de esta sentencia, es decir, 493.2 meses. Monto al que se le resta 130 meses del período consolidado, para un total de 363.2.

363.2

S = 488.276 x (1+0.004867)-1 =

363.2

0.004867 (1.004867)

S = 83.122.315.55

Sumados ambos rubros, se tiene que el monto total por concepto de lucro cesante (consolidado y futuro) es $ 171.389.071.70

En consecuencia, se procederá a condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional el pago de perjuicios materiales, por concepto de lucro cesante (consolidado y futuro) a favor de Luz Myriam Morales Hurtado, madre de la víctima, la suma de ciento setenta y un millones trescientos ochenta y nueve mil setenta y un pesos con setenta centavos moneda corriente ($ 171.389.071.70 m/cte).

En cambio, en lo que tiene que ver con la pretensión por los perjuicios derivados del daño a la vida a la relación, como daño autónomo, no aparecen probados más allá del reconocimiento por perjuicios morales y materiales.

7. (sic) Medidas de satisfacción y no repetición.

Se decretarán medidas de satisfacción y no repetición en los casos de ejecuciones sumarias o mal llamados falsos positivos imputadas a los organismos de seguridad del Estado, considerados como una grave violación a los derechos humanos.

La Sala ha considerado las garantías de no repetición, como aquellas medidas idóneas, de carácter administrativo, legislativo o judicial, tendientes a que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones a su dignidad, entre las cuales cabe mencionar aquellas encaminadas a disolver los grupos armados al margen de la ley o aquellas garantías dirigidas al establecimiento de mecanismos que eviten las circunstancias y condiciones que dieron lugar al acaecimiento de nuevas violaciones de Derechos Humanos en el futuro. También hacen referencia a un número de medidas que buscan reintegrar la dignidad de la víctima cesando la violación y reconociendo el daño infligido a esta, como ocurre con la petición de excusas, inclusive la de investigar los abusos cometidos en el pasado(17).

En consecuencia, a título de no repetición, se ordenará al Ministerio de Defensa-Ejército Nacional realizar un acto público de petición de excusas a la familia del señor Jarol Ever Morales Hurtado, previa autorización de ella. Levantar una placa con el nombre del señor Morales Hurtado en la vereda Puente Santana de Chaparral-Tolima, la que deberá contener las excusas públicas por los hechos ocurrida el día 3 de junio de 2007. También, exhortar a la Fiscalía General de la Nación para que adelante la correspondiente investigación penal por su muerte y posteriormente remitir lo pertinente a la Jurisdicción Especial para la Paz.

8. Conclusiones.

De conformidad con el análisis jurídico y probatorio, la Sala encuentra que la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional es responsable por la muerte del señor Jarold Ever Morales Hurtado. También concluye que en la liquidación de perjuicios a las víctimas, debe reconocerse el lucro cesante a la madre del señor Morales Hurtado, sobre la base del salario mínimo, y los perjuicios morales a los familiares de crianza, quienes son: José Edmer Ávila Castañeda (padre de crianza(18)) y Jessica Paola Chávez Bocanegra (hermana de crianza)(19), toda vez que fueron acreditados mediante pruebas testimoniales.

9. Condena en costas.

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998 y de acuerdo con el análisis anteriormente expuesto, en relación con la indebida presentación de la víctima como miembro de las FARC y las elaboraciones artificiosas en las que se sustenta, tanto la contestación de la demanda como la apelación, lo que en criterio de esta Sala comporta revictimización y temeridad, se condenará en costas.

En consecuencia, en los términos del numeral 1.3.1. del Acuerdo 1887 del 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se fijarán agencias en derecho en el 1% del valor de la condena que equivale a cinco millones novecientos treinta y dos mil quinientos noventa y siete pesos con cincuenta y dos centavos moneda corriente ($ 5.932.597.52 m/cte).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

III. Falla

MODIFICAR la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2011 por el Tribunal Administrativo del Tolima, la cual quedará así:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional por la muerte del señor Jarol Ever Morales Hurtado en hechos ocurridos el día 3 de junio de 2007, en la vereda Puente Santana de Chaparral-Tolima.

2. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales por la muerte del señor Jarol Ever Morales Hurtado, las siguientes sumas de dinero:

— A la madre de la víctima, señora Luz Miriam Morales Hurtado el equivalente de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— A los hermanos de la víctima: Martha Lucia Ávila Morales, Nidia Ávila Morales, Francy Elena Ávila Morales, Heidy Biviana Ávila Morales, el equivalente de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una de ellos.

— A la abuela de la víctima, señora Etelvina Hurtado Navarro, el equivalente de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— A los tíos de la víctima, señores Herley Morales Hurtado y Eduardo Morales Hurtado, el equivalente de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— A la hermana de crianza, Jessica Paola Chávez Bocanegra, el equivalente de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— Al padre de crianza, José Edmer Ávila Castañeda, el equivalente de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante a favor de Luz Myriam Morales Hurtado, madre de la víctima, la suma de ciento setenta y un millones trescientos ochenta y nueve mil setenta y un pesos con setenta centavos moneda corriente ($ 171.389.071.70 m/cte).

4. Teniendo en cuenta que el caso constituye una grave violación a los derechos humanos, exhortar a la Fiscalía General de la Nación para que adelante la correspondiente investigación penal por la muerte del señor Jarol Ever Morales Hurtado y posteriormente remitir lo pertinente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Para el efecto, por secretaría deberá enviarse copia íntegra del proceso a la Fiscalía General de la Nación.

5. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a realizar un acto de petición de excusas públicas dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, a la familia del señor Jarol Ever Morales Hurtado, para lo cual deberá contar con la autorización previa de las víctimas y en los términos señalados en la parte motiva.

6. Condenar a la Nación Ministerio de Defensa, Ejército Nacional a levantar y elaborar una placa en memoria del señor Jarol Ever Morales Hurtado en la vereda Puente Santana de Chaparral - Tolima, dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, la que deberá contener las excusas públicas por los hechos ocurrida el día 3 de junio de 2007.

7. La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional deberá pagar la divulgación de la parte resolutiva de esta sentencia, en un diario de amplia circulación nacional, dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.

8. Expedir por secretaría, copia de la sentencia con destino a las partes, al Centro de Memoria Histórica y a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

9. Para el cumplimiento de esta sentencia se dará aplicación a los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo (D. 1/84) y para el efecto, expedir por secretaría, copias auténticas con destino a las partes.

10. Condenar en costas del proceso a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por las razones de temeridad y revictimización explicadas en la parte motiva. Se fijan agencias en derecho en el 1% del valor de la condena que equivale a cinco millones novecientos treinta y dos mil quinientos noventa y siete pesos con cincuenta y dos centavos moneda corriente ($ 5.932.597.52 m/cte).

11. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase».

1 La cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en el año 2008 tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación era de $ 230.750.000 y la mayor pretensión de la demanda con la cual se inició este proceso corresponde a $ 276.900.000.

2 Esta Sala ha estudiado casos de ejecuciones sumarias o mal llamados falsos positivos, en los que ha declarado la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y ha condenado a indemnizar los daños causados, considerados como una grave violación a los derechos humanos.

Para su análisis, la Sala tuvo en consideración el informe sobre Colombia del Relator Especial para Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas, señor Philip Alston, presentado al Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 31 de marzo de 2009, del cual se extrae lo siguiente:

Las fuerzas de seguridad han perpetrado un elevado número de asesinatos premeditados de civiles y han presentado fraudulentamente a esos civiles como “bajas en combate”. Aunque al parecer estos llamados falsos positivos no respondían a una política de Estado, tampoco fueron hechos aislados. Esos homicidios fueron cometidos por un gran número de unidades militares y en todo el país. Se produjeron porque las unidades militares se sintieron presionadas para demostrar que su lucha contra las guerrillas tenía resultados positivos a través del “número de bajas”. Hubo además algunos alicientes: un sistema oficioso de incentivos ofrecidos a los soldados para que produjeran bajas y un sistema oficial de incentivos ofrecidos a los civiles para que proporcionaran información que condujera a la captura o muerte de guerrilleros. Este último sistema careció de supervisión y transparencia. En general, hubo una falta fundamental de rendición de cuentas y problemas en todas las etapas de los procesos disciplinarios y de investigación.

De mis investigaciones se desprende claramente que los miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia han cometido un número considerable de ejecuciones ilegales y que el cuadro sistemático de falsos positivos se ha repetido en todo el país. Ha habido demasiados asesinatos de carácter similar para caracterizarlos como incidentes aislados perpetrados por apenas algunos soldados o unidades renegados, o “manzanas podridas”. Los casos de Soacha son solo el ejemplo más conocido de esa clase de asesinatos.

3 Las declaraciones recibidas en la justicia penal militar serán valoradas en cuanto fueron practicadas con audiencia e intervención de la pare demandada.

4 A folio 344 C 3 se encuentra copia del oficio Nº 0650 suscrito por la Secretaria del Juzgado 81 de Instrucción Penal Militar, dirigido a la Personera Municipal de Chaparral Tolima, fecha 15 de julio de 2008, en el que informa que ese despacho abrió investigación penal preliminar n. 274 por los hechos sucedidos el 3 de junio de 2007, relacionados con la muerte de los señores Harold (sic) Ever Morales Hurtado, Alejandro Aroca y Johan González y que la investigación fue archivada el 23 del mismo año.

5 Informe del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, al Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 14º período de sesiones, 31 de marzo de 2010. A/HRC/14/24/Add.2.

6 Ibíd pág. 9, punto 14.

7 Departamento Administrativo de la Función Pública. Diario Oficial Nº 46.259 de 5 de Mayo de 2006, derogado posteriormente por el Decreto 1664 de 2007.

8 Corte penal internacional, situación en Colombia, reporte intermedio, noviembre 2012.

9 González Jácome, Jorge; Hacia una reflexión ética del conflicto Colombiano: Buscando la Verdad, Universitas, Bogotá, 2007, pág. 53.

10 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 12 de septiembre de 2005, Serie C-132, voto razonado, Cancado Trindade.

11 Ibid.

12 Comité Internacional de la Cruz Roja, Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el Derecho Internacional Humanitario, 2009. Resaltado fuera de texto.

13 F 96 C 1. Numeral 6 de la Demanda presentada por el apoderado Javier Villegas Posada.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Exp. 51623, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo Demandante: Alba Luz Jaramillo y otros.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Exp. 41511, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Demandante: Ana Carlina Ocampo de Vásquez.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 23901, M.P. Mauricio Fajardo y Exp. 38738, M.P. Hernán Andrade.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, expediente 32.988. M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

18 Aparece en el expediente (F 88 C1) declaración bajo juramento rendida el 27 de noviembre de 2007, ante la Notaria Única del Circuito de Chaparral, suscrita por José Edmer Ávila y Luz Miriam Morales Hurtado quienes manifiestan que conviven bajo el mismo techo desde hace 25 años.

19 Aparece en el expediente (F 87 C1) constancia, de fecha 12 de febrero de 2008, de la Defensora de Familia del Tolima, que la señora Luz Myryam Morales Hurtado tiene bajo su custodia, cuidado y responsabilidad a la niña Yesica Paola Chávez Bocanegra.