Sentencia 2008-00449 de abril 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUB SECCIÓN “A”

Rad.: 68001233100020080044901 (223013)

Apelación sentencia

Autoridades departamentales

Actor: Beatriz Cecilia Montoya Fernández

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Bogotá, D.C., nueve de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

Se trata de establecer la legalidad de la Resolución 240 de marzo 27 de 2008, mediante la cual se reconoció y ordenó el pago de la liquidación de cesantías y de una deuda laboral a favor de la señora Beatriz Cecilia Montoya Fernández.

De conformidad con la documental visible a folio 12 del expediente, la demandante se vinculó al Hospital Regional San Juan de Dios del Socorro el 15 de septiembre de 1993, en virtud del nombramiento efectuado mediante Resolución 326 de septiembre 14 de 1993(1); posteriormente fue nombrada mediante Resolución 1030 de junio 20 de 1994 como médico especialista código 321520, del cual tomó posesión el 30 de junio de 1994(2) y fue inscrita en el escalafón de carrera administrativa mediante Resolución 8423 de agosto 30 de 1995(3) en el cargo de médico especialista código 3225, grado 00.

Dicha vinculación laboral permaneció hasta cuando fue desvinculada del servicio a causa de la supresión de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios del Socorro, decisión que le fue comunicada mediante oficio de diciembre 17 de 2007(4).

Durante su relación laboral le fue reconocida la prima técnica en un 20% de la asignación básica mensual, mediante Resolución 1281 de octubre 7 de 1994(5) que tuvo como fundamento lo dispuesto en los decretos 1661 de 1991 y 2164 del mismo año y fue reajustada mediante resoluciones 077 de marzo 31 de 1995(6) quedando en un 30% de la asignación mensual, 098 de abril 21 de 1995(7) que le incrementó un 10% quedando en el 40% de la asignación básica y 224 de agosto 18 de 1995(8) que finalmente la fijó en un 50% de la asignación básica mensual.

Como consecuencia de la desvinculación del servicio se reconocieron a su favor las prestaciones definitivas y deuda laboral por parte de la ESE, mediante Resolución 240 de marzo 27 de 2008(9).

La demandante aduce que en la liquidación allí ordenada no se tuvieron en cuenta la prima técnica que estuvo recibiendo durante toda su relación laboral en virtud del reconocimiento hecho mediante los actos previamente citados y tampoco se reconoció la prima de servicios en la cuantía en que le fue reconocida durante su relación laboral, es decir, equivalente a un mes de sueldo, tal como se dispuso en la Ordenanza 37 de 1980.

La prima técnica fue reconocida a la demandante mediante Resolución 1281 de octubre 7 de 1994, con fundamento en el Decreto 1661 de 1991 y el Decreto 2164 de septiembre 17 de 1991 que extendió sus efectos a los empleados públicos del orden territorial.

La Prima Técnica

Los Decretos 1661 de 1991 y 2164 de 1991, que sirvieron de base para el reconocimiento de la prima técnica reclamada por la demandante, establecían el derecho a la prima técnica por cualquiera de los criterios de asignación definidos —formación avanzada y evaluación de desempeño— a favor de los empleados de las entidades territoriales y de sus entes descentralizados(10).

No obstante, el Consejo de Estado mediante sentencia de 19 de marzo de 1998 Expediente11955, anuló el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, en razón al exceso en la potestad reglamentaria en que incurrió el Presidente de la República respecto del Decreto 1661 de 1991, al habilitar el otorgamiento de la prima técnica para los empleados de las entidades territoriales y sus entes descentralizados, cuando dentro del marco del Decreto Ley en mención, su competencia se contraía a regular su asignación únicamente frente a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. A esta conclusión llegó la Corporación luego de la siguiente reflexión en torno a la legalidad del artículo 13 del Decreto Reglamentario 2164 de 1991:

“De acuerdo con abundante y constante doctrina emanada de las altas Cortes, la potestad reglamentaria, que tiene un origen constitucional, ha sido concebida como la actividad que realiza el Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, en orden a desarrollar la ley para su correcta aplicación, cumplida ejecución y desenvolvimiento, facilitando su inteligencia, debiendo, para ello, obrar dentro de los límites de su competencia sin sobrepasar, ni limitar, ni modificar los parámetros establecidos en aquélla. “…el decreto que se expida en su ejercicio debe limitarse a dar vida práctica a la ley que tiende a desarrollar y sólo puede desenvolver lo que explícita o implícitamente esté comprendido en la ley y, por tanto, no puede introducir normas que no se desprendan natural y lógicamente de sus disposiciones. Lo contrario implica extralimitación de funciones y constituye una invasión en el campo propio del legislador” (Auto del 14 de junio de 1963. Sala Unitaria de lo Contencioso Administrativo. Consejero Sustanciador, Dr. Alejandro Domínguez Molina, Diccionario Jurídico, Tomo III, páginas 439 y 440).

De suerte, pues que el Presidente de la República al ejercer la atribución conferida en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política actual (ordinal 12 del artículo 76 de la anterior) no puede exceder los lineamientos, ni el alcance de la ley que reglamenta, so pena de incurrir en abuso de atribuciones, circunstancia que hace anulable el precepto reglamentario.

La Ley 60 del 28 de diciembre de 1990, revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar la nomenclatura, escalas de remuneración, el régimen de comisiones, viáticos y gastos de representación y tomar otras medidas en relación con los empleos del sector público del orden nacional. En concreto, frente a aspectos que interesan dentro del presente proceso, lo habilitó en el numeral 3 del artículo 2° para “Modificar el régimen de la prima técnica, para que además de los criterios existentes en la legislación actual, se permita su pago ligado a la evaluación del desempeño y sin que constituya factor salarial. Para el efecto, se determinará el campo y la temporalidad de su aplicación, y el procedimiento, requisitos y criterios para su asignación.” (…)

Una interpretación gramatical, sistemática, coherente, histórica y teleológica de los anteriores preceptos, lleva a establecer que cuando el artículo 9° del Decreto 1661 de 1991, se refiere al otorgamiento de la prima técnica de las entidades descentralizadas, abarca única y exclusivamente a las del orden nacional, habida cuenta que, se reitera, la Ley de facultades en su epígrafe es diáfana al respecto. (…) (Negrillas de la Sala)

Al confrontar el texto de la Ley 60 de 1990 y del Decreto 1661 de 1991, en específico de su artículo 9º, con el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, se advierte, sin lugar a equívocos, como se indicó en la providencia que decretó la suspensión provisional y en el auto que confirmó tal determinación, que se desbordaron los límites de la potestad reglamentaria, al hacerse extensivo el otorgamiento del régimen de prima técnica a las entidades territoriales y a sus entes descentralizados, cuando en realidad de verdad, la intención de Legislador ordinario, al conferir las potestades extraordinarias, fue únicamente englobar o comprender a los empleos del sector público del orden nacional”(11).

La sentencia de nulidad transcrita, sin duda alguna implicó la desaparición del fundamento legal del derecho otorgado a favor de la demandante, situación que implica el decaimiento del acto de reconocimiento de la prima técnica en discusión.

En efecto, la posterior nulidad de las normas reglamentarias que dieron lugar a la concesión del derecho, generaron el decaimiento de dicho acto y por ende la extinción de sus efectos jurídicos, despojando del derecho a la demandante del título jurídico que le permitía hacerlo exigible a partir del acaecimiento de tal situación, lo que sin duda alguna afecta la existencia jurídica del acto administrativo de reconocimiento —Resolución 1281 de octubre 7 de 1994—.

En similares condiciones, esta corporación(12) ha señalado lo siguiente:

“…los actos administrativos de contenido particular y concreto, o mejor, los que reconocen derechos subjetivos, una vez en firme son obligatorios tanto para la administración como para los sujetos de los mismos mientras no pierdan su fuerza ejecutoria, postulado que se deriva del contenido de los artículos 64 y 66 del Código Contencioso Administrativo y que implica la eficacia o aptitud del acto administrativo para producir efectos jurídicos, legitimando toda actividad formal o práctica de quien lo expidió o del interesado beneficiado con el mismo para su cumplimiento, por lo que se predica a partir de su firmeza su ejecutividad.

Asimismo, estos, en razón de su contenido subjetivo gozan por regla general de estabilidad o inmutabilidad a partir de su nacimiento, atributos que constituyen un límite a la actividad de la Administración dirigida a variar, modificar o revocar su contenido positivo en detrimento del titular del derecho que confieren, salvo las situaciones expresamente autorizadas en la ley(13).

De acuerdo con lo anterior, los derechos adquiridos o los que sin tal categoría son reconocidos por la Administración mediante acto administrativo, por virtud de la estabilidad que el ordenamiento les otorga y del principio de seguridad jurídica que concurre a su favor, gozan de una protección o garantía jurídica, que sólo se quebranta respecto de los mismos bajo condiciones sustantivas y procesales determinadas expresamente en la ley.

Tales situaciones se concretan en el contenido de los artículos 66 y 73 del Código Contencioso Administrativo, que respectivamente consagran los eventos en los que el acto administrativo pierde fuerza ejecutoria y los casos en que se habilita la revocatoria directa de los mismos sin el consentimiento del afectado.

El fenómeno de decaimiento que acontece en el sub examine respecto del acto generador del derecho en discusión, que no es otra cosa que la desaparición de su fundamento de derecho o de las razones de orden jurídico que motivaron su expedición con posterioridad a su nacimiento, implica a la luz del artículo 66 ibídem la pérdida de fuerza ejecutoria del mismo y la extinción de sus efectos jurídicos, lo que le resta obligatoriedad a su contenido y por ende lo sustrae como título jurídico válido para alegar el amparo o protección del derecho en el reconocido.

En cuanto a los efectos jurídicos de la pérdida de fuerza de ejecutoria por decaimiento, se dirá que estos surgen hacia el futuro, esto es, a partir de la ocurrencia de la circunstancia que dio lugar a ello, en este caso a partir de la sentencia que declaró la nulidad del artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, fundamento o motivación legal del reconocimiento de la prima técnica; sin embargo, quedan a salvo las situaciones jurídicas que se hayan consolidado y pagado en aras de la seguridad jurídica y del principio de buena fe, consagrados constitucionalmente.

En tal sentido debe aclararse además, que en el presente caso nos encontramos frente a un derecho de tracto sucesivo y no frente a un derecho adquirido como tal que haya ingresado indefinidamente al patrimonio de su titular, pues la percepción del mismo se encuentra sujeta al mantenimiento de las condiciones que le dieron origen, razón por la que en el sub examine los efectos jurídicos del decaimiento del acto de reconocimiento de la prima técnica operan de pleno derecho respecto de la situación de la demandante y no dependen ni se encuentran sujetos a la declaración judicial.

Bajo las consideraciones que preceden, a la demandante no le asistía el derecho a que dentro de la liquidación de sus prestaciones definitivas se reconociera a su favor la prima técnica que reclama, que tenía como sustento el Decreto 2164 de 1991.

Prima de servicios

La prima de servicios que reclama la demandante es la que se deriva del contenido de la Ordenanza Nº 37 de 1980 que dispuso que el reconocimiento de la misma se haría en el equivalente a un salario mensual.

Acerca del órgano u órganos competentes para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, la Sala ha sostenido que la Constitución Política de 1886, en el artículo 76, determinó que el Congreso de la República creaba todos los empleos y fijaba las escalas de remuneración de las distintas categorías así como el régimen de prestaciones sociales, mandato que se ratificó con la expedición del Acto Legislativo 1 de 1968.

Bajo el mismo criterio, la Constitución Política de 1991, determinó en el artículo 150, numeral 19, que corresponde al Congreso hacer las leyes y por medio de ellas ejerce la función de dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para efectos de fijar, entre otros, el régimen salarial de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.

A su turno, el artículo 300 de la Constitución Política, al consagrar las funciones de las asambleas departamentales, determinó las siguientes:

“Corresponde a las asambleas departamentales por medio de ordenanzas:

(…)

7) Determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales p comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta.”

Y, en cuanto a las atribuciones de los gobernadores, el artículo 305 Superior fijó, entre otras, la siguiente:

“Son atribuciones del gobernador:

(…)

7ª) Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. Con cargo al tesoro departamental no podrá crear obligaciones que excedan al momento global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado”.

La jurisprudencia de esta Corporación(14) ha sostenido que ni en virtud de la Constitución de 1886 ni en vigencia de la Constitución de 1991 los entes territoriales han estado facultados para fijar el régimen salarial y prestacional de sus empleados, pues esta facultad solo ha estado atribuida al Congreso de la República.

En ejercicio de esta atribución, el Congreso expidió la Ley 4ª de 1992 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial… de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública (…)” que en su artículo 12(15) le otorgó al gobierno la facultad de establecer el régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales, y expresamente prohibió a las corporaciones públicas arrogarse esta facultad(16).

Del anterior texto constitucional se infiere que la facultad que se le otorgó a las Corporaciones públicas de los distintos entes territoriales y a sus representantes para fijar las escalas de remuneración, entendidas como un ordenamiento numérico contentivo de los diferentes grados de remuneración que puedan existir, debe ejercerse dentro del marco de las disposiciones legales conforme a la ley general que sobre la materia expidió el Congreso de la República, esto es, la Ley 4ª de 1992.

En el mismo sentido, el artículo 304.7 superior le otorga al gobernador la facultad de fijar los emolumentos de los empleados de sus dependencias, con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. De esta norma se infiere con claridad que el gobernador como jefe supremo departamental no está facultado para crear rubro alguno, sino para fijarlo dentro de los marcos que la ley previamente le ha señalado.

Queda claro así, que constitucionalmente se ha dejado en manos exclusivamente del Congreso, la facultad de regular el sistema salarial y prestacional de los empleados oficiales de cualquier orden, siendo proscrito cualquier régimen señalado por los Concejos Municipales, las Asambleas Departamentales, o el Gobernador Departamental, por lo cual no es posible pretender el reconocimiento de remuneraciones salariales, como en este evento, creadas mediante ordenanzas y decretos departamentales, por cuanto tales actos resultan contrarios al ordenamiento superior, toda vez que las entidades territoriales están sometidas en cuanto al régimen salarial, como ya se dijo, a las disposiciones legales y reglamentarias que expida el Congreso de la República o el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades pro tempore que para ello le otorgue el Congreso Nacional, con fundamento en las cuales se han de fijar las escalas de remuneración y reconocer las prestaciones sociales.

En desarrollo de la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1919 de 2002 “Por el cual se fija el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores del nivel territorial”, en cuyo artículo 2º consagró:

“Artículo 2º. A las personas vinculadas a las Empresas Sociales del Estado se les continuará aplicando el régimen de prestaciones sociales de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 195 de la Ley 100 de 1993”.

El artículo 195 de la Ley 100 de 1993, al que se remite la norma anterior, dispuso:

Artículo 195. Régimen jurídico. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al siguiente régimen jurídico:

(…)

5. Las personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del Capítulo IV de la Ley 10 de 1990”.

El artículo 30 de la Ley 10 de 1990, el cual hace parte del capítulo IV de la misma, respecto del régimen de los trabajadores oficiales y empleados públicos de las entidades del sector de la salud, estableció:

“Artículo 30. Régimen de los trabajadores oficiales y de los empleados públicos. Las entidades públicas de cualquier nivel administrativo que presten servicios de salud, aplicarán a sus trabajadores oficiales, en cuanto sean compatibles, los principios y reglas propios del régimen de carrera administrativa, y les reconocerán, como mínimo, el régimen prestacional previsto en el Decreto 3135 de 1968, todo, sin perjuicio de lo que contemplen las convenciones colectivas de trabajo.

A los empleados públicos del sector de la salud de las entidades territoriales y de sus entes descentralizados, se les aplicará el mismo régimen prestacional de los empleados públicos del orden nacional, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 17 de la presente ley”.

El artículo 17 de la misma ley, al referirse a los derechos laborales de las personas vinculadas a las empresas liquidadas de conformidad con lo allí dispuesto, determinó que serían los siguientes:

“Artículo 17. Derechos laborales. Las personas vinculadas a las entidades que se liquiden, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, serán nombradas o contratadas, según el caso por las entidades territoriales o descentralizadas a las cuales, se hayan cedido los bienes, elementos o instalaciones para la prestación de servicios de salud, sin perder la condición específica de su forma de vinculación. A los empleados y trabajadores, se les aplicará el régimen salarial y prestacional, propio de la respectiva entidad, sin que se puedan disminuir los niveles de orden salarial y prestacional de que gozaban en la entidad liquidada. Cuando se trate de empleados de carrera administrativa, o que hayan desempeñado cargos de carrera, sin pertenecer a ella, se les reconocerá continuidad en la carrera o el derecho de ingresar a ella, respectivamente.

(…)”

Del recuento normativo, se puede inferir que a los empleados públicos que venían vinculados a las entidades que fueron liquidadas en virtud de la Ley 10 de 1990, se les debía continuar reconociendo el régimen salarial y prestacional que se les reconocía con anterioridad, que no es otro que el establecido en las leyes proferidas por el legislador, en uso de las facultades conferidas tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991, es decir, en este caso, lo previsto el Decreto 1042 de 1978, que en torno a la prima de servicios consagra el reconocimiento de la misma en el equivalente a 15 días de remuneración(17) y no un salario completo de la misma, como lo pretende la demandante.

En ese orden de ideas, lo que protegen las normas citadas, en el caso concreto, son los factores salariales y prestacionales que estableció el legislador y no los previstos en acuerdos, ordenanzas o resoluciones departamentales o provenientes de cualquier otra autoridad que, en todo caso, no tenía competencia para expedir normas sobre esa materia.

Las anteriores consideraciones permiten concluir que no es cierto que mediante las leyes y decreto citados(18) se hubieran convalidado las disposiciones salariales y prestacionales creadas mediante normas expedidas por quienes no tenían competencia para ello, pues lo que se convalidó en ellas, fue la continuidad en la aplicación del régimen anterior, entendido este como el expedido por el legislador, en ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución.

Así las cosas, la demandante no tiene derecho a que en la liquidación de sus prestaciones definitivas(19) se incluyan la prima técnica reclamada y la prima de servicios en la cuantía solicitada, lo que impone confirmar la sentencia recurrida que denegó las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de catorce (14) de marzo de dos mil trece (2013) proferida por el Tribunal Administrativo de Santander de Descongestión, en el proceso promovido por Beatriz Cecilia Montoya Fernández contra la Empresa Social del Estado San Juan de Dios del Socorro en Liquidación, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

1 Folios 10 y 11.

2 Según acta de posesión visible a folio 13.

3 Folio 14.

4 Folio 9.

5 Folios 15 y 16.

6 Folio 17.

7 Folio 18.

8 Folio 19.

9 Folios 2 al 5.

10 Artículo 1º. Definición y campo de aplicación. La prima técnica es un reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio del Estado a empleados altamente calificados que se requieran para el desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos o científicos especializados o la realización de labores de dirección o de especial responsabilidad, de acuerdo con las necesidades específicas de cada organismo. Así mismo, será un reconocimiento al desempeño en el cargo, en los términos que se establecen en este Decreto.
Tendrán derecho a gozar de la prima técnica los empleados de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Unidades Administrativas Especiales, en el orden nacional. También tendrán derecho los empleados de las entidades territoriales y de sus entes descentralizados.
“Artículo 13. Otorgamiento de la prima técnica en las entidades territoriales y sus entes descentralizados. <Artículo NULO>
Dentro de los límites consagrados en el Decreto Ley 1661 de 1991 y en el presente Decreto, los Gobernadores y los Alcaldes respectivamente, mediante Decreto, podrán adoptar los mecanismos necesarios para la aplicación del régimen de prima técnica, a los empleados públicos del orden departamental y municipal, de acuerdo con las necesidades específicas y la política de personal que se fije para cada entidad.

11 Consejo de Estado. Sección Segunda. C.P. Silvio Escudero Castro. Rad. Interno No. 11955. Sentencia del 19 de marzo de 1998.

12 Consejo de Estado, Sección Segunda C.P. Gustavo Gómez Aranguren. Rad Interno No.0852-08. Sentencia del 10 de noviembre de 2010

13 Artículo 73 del Código Contencioso Administrativo.

14 Sentencias de agosto 19 de 2010, expediente 25000232500020040286401 Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez, septiembre 23 de 2010, expediente 25000232500020040368501 Dr. Gerardo Arenas Monsalve, marzo 12 de 2009, expediente 25000232500020040143801 Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, entre otras.

15 Corte Constitucional C-315 de 1995. Atribución que en términos de la Corte Constitucional, armonizaba con los principios de economía, eficacia y eficiencia que rigen el gasto público, y no desconocía ni la competencia que la Constitución expresamente otorgó a las autoridades de estos entes para fijar, por una parte, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos dentro de su jurisdicción (C.N., arts. 300, num. 7 y 313, num. 6) y, por otra, para determinar los emolumentos de los empleos de sus dependencias (C.N., arts. 305, num. 7 y 315, num. 7), como tampoco cercenaba el principio de autonomía de que trata el artículo 287 de la Constitución. (...)

16 En la exposición de motivos del proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional, se precisó, entre otras cuestiones, lo siguiente: “...III Régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de las entidades territoriales 1. En el orden regional y local las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales en la fijación de escalas salariales de los empleos de su jurisdicción deberán guiarse por las que rijan a nivel nacional. 2. Con el fin de ordenar el sistema de remuneración del sector público, el Gobierno Nacional tendrá exclusividad absoluta para fijar el régimen prestacional de los empleados públicos de las entidades territoriales, con lo cual se reitera el principio constitucional”. Con relación al numeral 19, literales e) y f) del artículo 150 constitucional en la ponencia para segundo debate ante el Senado, Gabriel Melo Guevara, expuso: “Carácter de ley marco (...) Estas disposiciones cambian el sistema constitucional anterior, señalado en el numeral 9° del artículo 76 de la Constitución precedente (...) Según el artículo 79 de esa Constitución, tales leyes sólo podían ser dictadas o reformadas a iniciativa del Gobierno, pero el Congreso estaba facultado para introducir en los proyectos las modificaciones que considerara convenientes. La naturaleza misma del tema impuso la costumbre de utilizar las facultades extraordinarias, contempladas en el artículo 76, ordinal 12 de la anterior Constitución. Mediante ellas, el Gobierno solicitaba y el Congreso otorgaba, anualmente, unas facultades extraordinarias para decretar los ajustes de salarios. El caso se ajustaba en las exigencias del ordinal 12 del artículo 76. Se trataba de facultades precisas, de las cuales era investido el Presidente por un tiempo determinado, por lo general muy corto (...) Así operó el sistema por años, estableciendo una rutina legislativa cambiada por exigencias de la nueva Constitución”.

17 “Artículo 58. La prima de servicio. Los funcionarios a quienes se aplica el presente Decreto tendrán derecho a una prima anual equivalente a quince días de remuneración, que se pagará en los primeros quince días del mes de julio de cada año”.

18 Ley 100 de 1993, Ley 10 de 1990 y Decreto 1919 de 2002.

19 Entre las que se encuentran sus cesantías.