Sentencia 2008-00454/42480 de febrero 29 de 2016

Consejo de Estado

Sala de lo Contencioso Administrativo

Sección Tercera – Subsección B

Rad.: 500012331000200800454 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Exp.: 42480

Actor: Olimpo Antonio Gómez Rodado y otros

Demandados: Nación-Fiscalía General de la Nación

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

I. Competencia

7. La Sala observa que es competente para resolver el caso sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en atención de la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, para lo cual fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(2).

7.1. Adicionalmente, se advierte que el asunto puede ser decidido con prelación de fallo, por tratarse de una privación injusta de la libertad que entró al despacho para ser resuelta en el año 2010, de conformidad con lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 25 de abril de 2013(3).

III. Hechos probados

8. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, que pueden ser valoradas, están debidamente acreditados los siguientes hechos relevantes:

8.1. El 25 de abril de 2005, la Fiscalía Treinta y Uno Delegada ante los Jueces Penales del Circuito profirió apertura de la instrucción en contra de Olimpo Gómez Rodado en su calidad de representante legal de la sociedad Dispromotor Ltda., y otro como presuntos responsables del delito de peculado por apropiación con ocasión de la suscripción del contrato de suministro Nº 52 de 1998 cuyo objeto era la reparación y/o mantenimiento de los grupos generadores diésel y la adecuación de la subestación eléctrica de Puerto Carreño. En esta providencia se ordenó la vinculación, mediante indagatoria, del encartado para la cual libró la correspondiente orden de captura (copia auténtica de la resolución de apertura de la instrucción, f. 104-105, c. 1; orden de captura emitida por la entidad demandada, f. 147, c.1.)

8.2. El Departamento Administrativo de Seguridad DAS, el 6 de junio de 2005, en cumplimiento de la orden impartida por la Fiscalía General de la Nación, capturó al señor Gómez Rodado y lo trasladó a las instalaciones de esta institución a fin de ponerlo a disposición de la autoridad competente. Mediante providencia del 21 de junio de 2005, al resolver la situación jurídica del actor la entidad demandada de abstuvo de imponer en su contra medida de aseguramiento y como consecuencia ordenó su libertad previo a practicar la diligencia de indagatoria, libertad que recobró el 22 del mismo mes y año (copia auténtica de la diligencia de captura, f. 148-149, c. 1; copia auténtica de la boleta de libertad, f. 150, c.1; copia auténtica de la providencia que definió la situación jurídica del sindicado, f. 160-169, c. 1.).

8.3. La Fiscalía Treinta y Una Seccional de Puerto Carreño (Vichada), el 27 de enero de 2006 precluyó la investigación en favor del aquí demandante(4). Para el efecto indicó (copia auténtica de la providencia de preclusión de la investigación, f. 170-180, c. 1.):

Observada cada una de las pruebas y apreciadas en su conjunto con el dicho del sindicado, en el sentir del despacho no se reúnen a entera satisfacción los requisitos sustanciales que den lugar a continuar con La presente investigación en contra de Olimpo Antonio Gómez Rodado, pues de la apreciación conjuntiva de los elementos de juicio vertidos en el plenario a la luz de los derroteros de la sana critica, se desprende solo con claridad meridiana la demostración de la materialidad, pero en cuanto a las pruebas que vinculen a Gómez Rodado con el delito investigado no se observa. Pues como bien determinó la contraloría en su momento al adelantar el juicio fiscal contra el sindicado Gómez por la ejecución del contrato 058/98, anotando que se realizó una exhaustiva investigación, realizando visitas al lugar de ejecución y peritaje a los elementos sometidos a reparación de conformidad a lo establecido en el objeto del contrato de obra en uno de sus apartes manifestó: ‘(…) De acuerdo al análisis de las pruebas relacionadas anteriormente, la comisión investigadora considera que aun cuando la ejecución del objeto del contrato 052/98 se hizo rebasando el término y ampliaciones que se establecieron para cumplirlo, y quizás por la oportuna intervención de la Contraloría General de la República, ordenando la apertura del presente proceso el contratista se allanó a cumplirlo, reparando las unidades cummis de 1000 y 1250 kw, las que actualmente están bajo la responsabilidad del IPSE, entidad que vela por su operación y mantenimiento.

Que Dispromotor finalmente cumplió con la adecuación de la estación eléctrica de la Central de Diésel de Puerto Carreño’

Prácticamente en igual sentido resuelve en fallo de única instancia el Despacho del señor Fiscal General de la Nación en lo que tiene que ver con la investigación que le fue adelantada al exgobernador Gilberto Pulido Perdomo, indicando que ‘No menos enfático en su declaración es el exsecretario de obras públicas Wilmer Pastrana Arismendy, quien señala que el objeto del contrato se cumplió, pues el servicio de energía se vio restaurado a lo largo que se suma la evaluación de la contraloría sobre el funcionamiento de las plantas conforme con el cual, se concluye que agotados los periodos de funcionamiento, lo que se necesita es un mantenimiento preventivo’.

Sumados a estos importantes pronunciamientos no menos, igualmente tenemos el de la Procuraduría General de la Nación Delegada para la moralidad pública, al manifestar: ‘(…) En el transcurrir del trámite procesal en este asunto no existe prueba suficiente para señalar que el contrato producto de la urgencia manifiesta se celebró sin los requisitos legales. Tampoco se estableció en este plenario la verdadera situación de las plantas de energía, ni las causas de su estado, por lo que será procedente reprochar disciplinariamente a los investigados, máxime cuando al amparo del principio in dubio pro reo el operador disciplinario no siempre tendrá que formular cargos al evaluar la investigación cuando él duda (…)’

(…)

Ahora bien, se vinculó a Olimpo Antonio Gómez Rodado, por la presunta conducta de peculado por apropiación por hechos ocurridos entre el año 1998 y 1998, en su calidad de contratista, más sin embargo a la luz de la Ley 599 de 2000 y de la jurisprudencia que la acompaña, el contratista no adquiere calidad de servidor público, por tanto no puede ser investigado por dicha conducta, ya que esta requiere sujeto activo calificado, por lo que pasaría a evidenciarse la presunta conducta de abuso de confianza calificado bajo el numeral 3º, de la ley actual (Ley 599 de 2000, atendiendo al principio de favorabilidad, ya que con el Código 100 de 1980, artículo 133 modificado por la Ley 190 de 1995 llevaba una pena de 6 a 15 años y con la Ley 599 de 2000, artículo 250 numeral tercero, contempla una pena de prisión de 3 años.

(…)

Ya atendiendo a la nueva calificación provisional, veamos sí se cumplen los presupuestos para calificar con acusación al sindicado Gómez Rodado, que dice en su artículo 249 de la Ley 599 de 2000: abuso de confianza: ‘El que se apropie en provecho suyo o de un tercero, de cosa mueble ajena, que se le haya confiado o entregado por título no traslaticio de dominio, (…)’. No se encuentra probado dentro del plenario que el sindicado Gómes (sic) Rodado se haya apropiado en provecho suyo o de una tercera persona de algún bien mueble que se le haya confiado con ocasión de la ejecución del contrato de obra 052/98, que permite a esta instrucción emitir una calificación diferente a la preclusión, pues lo que siempre se ha visto que se ha discutido dentro del plenario es la falta de cumplimiento del objeto del contrato e incluso en el informe del CTI se indicó que este se cumplió a cabalidad por los mantenimientos posteriores que se tuvieron que realizar, más se puede indicar que en ningún momento se haya presentado un informe en el que se indique la apropiación de dinero u otros bienes muebles del Estado, para el momento de los hechos en cabeza de la gobernación del Vichada que hubiesen causado un detrimento de igual proporciones a dicha institución.

Así las cosas en lo que respecta al señor Olimpo Antonio Gómez Rodado, no queda otra decisión a tomar que precluir la presente investigación a su favor, cancelando todas las anotaciones que por este proceso pudieron surgir una vez cobre ejecutoria la presente decisión.

8.4. El señor Olimpo Antonio Gómez Rodado es cónyuge de Vilma Lucía de la Inmaculada Guzmán Ángulo y padre de Juan Camilo y Andrés Felipe Gómez Guzmán (copia auténtica de los registros civiles de matrimonio y nacimiento, f. 198-200, c. 1.).

IV. Problema jurídico

9. El problema jurídico planteado en el caso bajo estudio, se contrae a establecer si hay responsabilidad patrimonial del Estado por la privación de la libertad a la que fue sometido Olimpo Antonio Gómez Rodado, teniendo en cuenta que la Fiscalía Treinta y Una Seccional del Circuito de Puerto Carreño precluyó la investigación por cuanto la conducta punible no existió.

V. Análisis de la Sala

10. De conformidad con los elementos de prueba aportados al expediente se tiene probado el daño invocado por la parte actora, es decir, está debidamente acreditado que el señor Olimpo Antonio Gómez Rodado estuvo privado de la libertad por espacio de 16 días, procesado por el delito de peculado por apropiación.

11. Así mismo, está probado, en virtud del vínculo conyugal existente entre la señora Vilma Lucía de la Inmaculada Guzmán Ángulo y el señor Olimpo Antonio Gómez Rodado, y de las relaciones de consanguinidad existentes entre este último y Juan Camilo y Andrés Felipe Gómez Guzmán, que todos ellos sufrieron un daño moral por la detención de su esposo y padre conforme a las reglas de la experiencia.

12. En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable en estos casos, se debe precisar que el fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por daños causados con ocasión de la privación injusta de la libertad estaba constituido por el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que disponía:

Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

13. En interpretación de dicho artículo, el criterio de esta corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad, es el siguiente:

En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente(5), con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta.

En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquel(6).

14. No obstante lo anterior, es preciso advertir que para el momento en el que se dispuso la libertad del señor Olimpo Antonio Gómez Rodado, ya había entrado en vigencia la Ley 270 de 1996, cuyo artículo 68 establece que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar del Estado la reparación de perjuicios”. Al respecto, se debe tener en cuenta que al revisar el proyecto de dicha ley estatutaria, la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 1996(7), condicionó la declaratoria de exequibilidad del que sería el artículo 68, en estos términos:

15. Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención (…).

Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible.

15. Sin embargo, sobre las consideraciones referenciadas, la Sala Plena de la Sección Tercera ha señalado que no obstante el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, lo cierto es que dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución Política para derivar el derecho a la reparación cuando de una actuación legítima del Estado adelantada en ejercicio de la actividad judicial y punitiva se causan daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede en los eventos en que las personas son privadas de la libertad durante una investigación penal a pesar de no haber cometido ningún hecho punible, situaciones que evidentemente se equiparan a los casos a los que se refiere el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(8).

16. Adicionalmente, advierte la Sala que para efectos de determinar la responsabilidad del Estado en estos eventos, el ejercicio que debe hacer el juez no consiste, simplemente, en verificar la configuración de lo dispuesto en el artículo 414 del antiguo Código de Procedimiento Penal, atendiendo a la literalidad de la norma, sino que es preciso estudiar si el caso amerita ser resuelto desde una perspectiva de responsabilidad objetiva, de conformidad con lo señalado por el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia y la jurisprudencia construida por el Consejo de Estado al respecto, según lo advertido en párrafos anteriores.

17. En esos eventos no es necesario probar que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de falla; al damnificado le basta con acreditar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que culminó con una decisión favorable a su inocencia y que le causó un daño con ocasión de la detención. Con esa demostración, surge a cargo del Estado la obligación de indemnizar los daños sufridos.

18. En el caso concreto, la Sala observa que el señor Olimpo Antonio Gómez Rodado fue vinculado a un proceso penal por presuntamente haber incurrido en el delito de peculado por apropiación. No obstante lo anterior, el ente instructor precluyó la investigación a su favor por cuanto, “no tiene sentido insistir en la vinculación de dos personas que faltan y de continuar con la investigación del contratista cuando a la postre la decisión a que se va a llegar es la misma que en este momento se está tomando, cual es la preclusión de la investigación por falta de tipicidad en la conducta”.

19. Si bien en algunos apartes la providencia referida podría dar la impresión de que se está ante una preclusión que se decretó por tener la fiscalía dudas sobre la comisión del hecho delictivo por parte del señor Gómez(9), lo cierto es que, si se estudian con detalle, se advierte que en realidad aquella fue expedida ante la total ausencia de material probatorio que acreditara la existencia de la conducta.

20. Pero incluso, aunque se estuviera en un evento en el que las absoluciones se hubieren producido como consecuencia de la aplicación del mencionado principio de in dubio pro reo, también habría, en principio, lugar a condenar, teniendo en cuenta que mediante sentencia del 17 de octubre de 2013, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó que en esos eventos el título jurídico a aplicar es el daño especial, régimen que, como los eventos previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, también se enmarca dentro del campo de la responsabilidad objetiva. Al respecto en una sentencia de este despacho se señaló:

15.3. Lo anterior también resulta extendible a aquellos eventos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal del sujeto privado de la libertad se sustentó en la aplicación del principio in dubio pro reo, más aún si se tiene en cuenta, que en la mayoría de estos casos, las decisiones judiciales adoptadas dentro del proceso penal respectivo, estuvieron estrictamente ajustadas a la normatividad correspondiente. Así mismo, es menester dejar claro, que la injusticia que reviste la privación de la libertad en estos eventos, no deriva de la ilicitud en el proceder de los funcionarios judiciales, sino en que la víctima no se encontraba en el deber jurídico de soportar los daños ocasionados como consecuencia de habérsele impuesto una detención “preventiva” mientras se le adelantaba un proceso penal, el cual culminó con una decisión absolutoria, evidenciándose así que el Estado, quien fue el que ordenó esa detención, fue incapaz de desvirtuar la presunción de inocencia de la que siempre gozó el afectado: antes, durante y después de la actuación penal desplegada en su contra.

15.4. En suma, también se le habrá causado un daño especial a la persona privada de su libertad de forma preventiva y que posteriormente fue absuelta, en la medida en que mientras la causación de ese daño fue con la finalidad de alcanzar un beneficio para la colectividad, interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, en la comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales condenatorias, y que con todo esto, únicamente se afectó de manera perjudicial a quien se vio privado de su libertad, se ocasiona con esto una ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, lo que indica que esa víctima tendrá derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en armonía con el artículo 90 constitucional. Para llegar a tal afirmación, esta corporación, en sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013(10), realizó el siguiente cuestionamiento:

¿Podrá sostenerse entonces que ese individuo está en el deber jurídico de sacrificar su libertad o, lo que es lo mismo, de soportar la privación de su libertad, única y exclusivamente para que la sociedad pueda beneficiarse de la observancia y de la aplicación de las normas penales que regulan esa clase de procesos? ¿A qué quedaría entonces reducido el valor de la libertad, aquel que justifica y explica la existencia(11) misma de la Constitución Política y que a la vez constituye uno de sus principales cometidos y fines esenciales —como que la limitación al ejercicio del poder público solo cobra sentido en función de asegurar la efectividad real de la libertad de los asociados?— ¿Acaso pasaría de constituir un propósito esencial —fin esencial— para convertirse en un simple medio que facilite la existencia de la sociedad y la convivencia en comunidad, de tal manera que los individuos tuvieren el deber de soportar su privación y su sacrificio en aras de facilitar la consecución de ese nuevo fin?(12)

21. Por último, encuentra la Sala que de las providencias penales aportadas por la parte actora sí es posible constatar lo antijurídico del daño irrogado, pues como se citó precedentemente, la entidad demandada profirió una resolución que precluyó la investigación en favor del actor por atipicidad de la conducta de la cual se concluye que la retención del señor Gómez Rodado era una carga que no estaba en la obligación jurídica de soportar.

VI. Liquidación de perjuicios

22. En la demanda, los actores solicitaron que se les reconociera por concepto de perjuicios morales el valor correspondiente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada uno de ellos.

22.1. observa la Sala que en relación con el demandante Olimpo Antonio Gómez Rodado es clara la existencia del perjuicio moral, que se derivó, tal y como lo ha deducido la jurisprudencia en casos similares, “(…) por haber sido la persona que estuvo injustamente privada de la libertad, con todas las incomodidades y sufrimientos que la restricción al mencionado derecho fundamental conlleva, sin que sea necesario aportar pruebas adicionales para acreditarlo, pues así lo enseñan las reglas de la experiencia (…)”(13).

22.2. En relación con la cuantificación del perjuicio, para garantizar el derecho de igualdad entre quienes acuden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo con pretensiones similares, recientemente, mediante sentencia de 28 de agosto de 2014, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado estableció algunos criterios o baremos que deben ser tenidos en cuenta por el juzgador al momento de decidir el monto a indemnizar en razón de los perjuicios morales causados con ocasión de la privación injusta de la libertad, sin perjuicio de que puedan ser modificados cuando las circunstancias particulares del caso así lo exijan. Se dijo:

Ahora bien, en los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa —radicación Nº 25.022— y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:

S2008-1
S2008-1
 

Así pues, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de establecer los parámetros para cuantificar la indemnización por perjuicios morales derivados de la privación injusta de la libertad de un ciudadano, teniendo en cuenta para el efecto el período de privación de tal Derecho Fundamental y el nivel de afectación, esto es de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño y aquellos que acuden a la Justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas, según el gráfico antes descrito(14).

22.3. Comoquiera que está probado que el señor Olimpo Antonio Gómez Rodado fue detenido el 6 de junio de 2005 y liberado el 22 del mismo mes y año, esto es, por 16 días, considera la Sala procedente indemnizarle los perjuicios morales que sufrió por la suma de 15 salarios mínimos legales mensuales.

22.4. De igual forma, es procedente indemnizar a los demandantes Vilma Lucía de la Inmaculada Guzmán Ángulo, Juan Camilo y Andrés Felipe Gómez Guzmán, en la medida en que acreditaron ser la cónyuge y los hijos del afectado directo, respectivamente —ver párrafo 8.4.—, circunstancia por la cual, según las reglas de la experiencia, se presume que sufrieron unos perjuicios morales de igual entidad que los de aquel(15).

23. Por otra parte, el demandante Olimpo Antonio Gómez Rodado, en su calidad de representante legal de la Distribuidora de Productos Motorizados Limitada —Dispromotor—(16), solicitó que se le indemnizaran los perjuicios materiales sufridos, en la modalidad de daño emergente, consistente en la suma que debió destinar para sufragar los gastos de defensa técnica judicial requeridos para recuperar su libertad, la cual en su opinión ascendió a veinte siete millones de pesos ($ 27 000 000).

23.1. Para el efecto, el demandante aportó copia auténtica de dos comprobantes de egreso expedidos por Dispromotor Ltda., cada uno por valor de $ 10 500 000, de los cuales $ 10 000 000 corresponden a la cancelación de los honorarios profesionales pactados con el doctor Víctor Manuel Zuluaga, y los $ 500 000 restantes como pago del impuesto al valor agregado.

23.2. Para la Sala, no hay duda de que los gastos por los servicios profesionales en que se haya incurrido para la defensa legal de quien estuvo privado de la libertad, constituye un daño emergente que debe ser reparado en la medida en que se compruebe la gestión del abogado y sea posible determinar el pago por los servicios prestados.

23.3. Se advierte que sí está probada la actuación que desplegó el abogado en defensa del actor. En efecto, se tiene que el doctor asistió al procesado en su diligencia de indagatoria (151-159, c.1.), y solicitó la libertad inmediata del detenido. No obstante, en cuanto a la suma cancelada por concepto del contrato de prestación de servicios, la Sala no le dará credibilidad a los certificados allegados, por cuanto la suma en ellos consignada resulta desproporcionada en comparación a las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura y el Colegio Nacional de Abogados.

23.4. Sin embargo, dicha situación no significa que deba dejarse de indemnizar el perjuicio causado al señor Gómez. Sobre el particular ha tenido ocasión de pronunciarse este Subsección de la siguiente manera:

(…) la Sala no puede conferir total credibilidad a la certificación aportada por la parte actora, donde consta que el actor pagó al abogado la suma de $ 20 000 000 por los servicios prestados, habida cuenta de que dicho valor resulta desproporcionado frente a las tarifas de honorarios previstas para la época por el Colegio Nacional de Abogados y por el Consejo Superior de la Judicatura.

Por lo anterior, se accederá al reconocimiento del perjuicio solicitado, pero acudiendo a la remuneración que establecía la primera de las corporaciones mencionadas para los abogados que prestaran sus servicios durante la indagatoria y la etapa instructiva del proceso penal ante fiscalías seccionales, como lo hizo el Tribunal a quo. Se acudirá, entonces, a la Resolución 2 del 30 de julio de 2002 del Colegio Nacional de Abogados, que establecía como honorarios para dichos servicios profesionales la suma de ocho (8) salarios mínimos legales mensuales vigentes(17) (…)(18).

23.5. Así las cosas, de conformidad con la sentencia citada, se le reconocerá a favor del señor Olimpo Antonio Gómez Rodado la tarifa establecida en la resolución del Colegio Nacional de Abogados-Conalbos vigente para el momento en que terminó el proceso penal, suma que asciende a 8 salarios mínimos legales, por tratarse de una defensa técnica en la etapa instructiva en primera instancia adelantada ante una fiscalía seccional(19).

24. De otro lado, solicitó el actor se le reembolsaran los gastos pagados a su abogado con ocasión del traslado hasta el municipio de Puerto Carreño (Vichada) a fin de asistir su defensa, dentro de los cuales incluyó alimentación, hospedaje y traslados que según su dicho ascienden a la suma de $ 3 579 940. Encuentra la Sala que frente a esta solicitud es procedente reconocer el valor pagado para el desplazamiento del abogado desde la ciudad de Bogotá hasta el referido municipio al igual que su regreso, así como el dinero pagado por alojamiento, pues estos constituyen gastos que sin duda guardan total relación con el daño padecido. Allegó la parte actora como sustento de su pretensión, la factura de venta de los tiquetes aéreos expedida por viajes Organesoff Ltda., que da cuenta de la adquisición de dos itinerarios de vuelo a nombre del señor Víctor Zuluaga por valor de $ 1 463 400(20) y el comprobante de pago del hotel en donde se alojó el abogado la noche en que llegó al municipio el cual asciende a $ 160 000, sumas que junto con su actualización será el valor que a título de daño emergente se reconocerá. La actualización se realizará con base en la siguiente fórmula:

Ra= va* IPC final

IPC inicial(21)

Ra= 1 623 400* 127.78

83.36

Ra= $ 2 488 500.

24.1. En este orden de ideas el monto de la indemnización correspondiente a los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente asciende a la suma de $ 2 488 500 y a 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes, valor reconocido por los servicios profesionales prestados.

25. Por último, la Sociedad demandante instó para que se le indemnizaran los perjuicios de orden material en la modalidad de lucro cesante presuntamente padecidos con la privación de la libertad de su representante legal. Al respecto encuentra la Sala que no se logró demostrar que como consecuencia del daño antijurídico irrogado por la entidad accionada, la sociedad de responsabilidad limitada Dispromotor haya visto disminuidos los ingresos que por el desarrollo de su objeto social percibía antes de la ocurrencia de los hechos, si se tiene en cuenta que si bien es cierto que la labor ejercida por un gerente es de vital importancia para el buen desarrollo de la unidad económica, tan bien lo es que por un espacio limitado de tiempo —16 días— es poco probable que se genere una disminución en el estado financiero de una compañía, máxime ante la carencia de medios de prueba que acrediten lo contario.

VI. (sic) Costas

26. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente, y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

27. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, se

FALLA

REVOCAR la sentencia proferida el 26 de julio de 2011, por el Tribunal Administrativo del Meta por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone:

1. DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Olimpo Antonio Gómez Rodado, conforme a las consideraciones expuestas en esta sentencia.

2. Como consecuencia de la anterior, CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar las siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicios morales:

• Quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Olimpo Antonio Gómez Rodado —víctima directa—.

• Quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Vilma Lucía de la Inmaculada Guzmán Ángulo —cónyuge—.

• Quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Juan Camilo Gómez Guzmán —hijo—.

• Quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Andrés Felipe Gómez Guzmán —hijo—.

3. Por concepto de daño material, en la modalidad de daño emergente, CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar a favor del señor Olimpo Antonio Gómez Rodado, la suma de dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos pesos m/cte ($ 2 488 500).

4. Por concepto de daño material, en la modalidad de daño emergente, CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar a favor del señor Olimpo Antonio Gómez Rodado, la suma de ocho (8) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6. Sin condena en costas.

7. Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

8. CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA.

9. EXPEDIR, por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.

10. En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

3 Allí se decidió que este tipo de casos, entre otros, se fallarían sin sujeción al turno, pero respetando la fecha de ingreso.

4 Esta providencia quedó ejecutoriada el 10 de febrero de 2006 según consta en el anverso del folio 180 del cuaderno 1.

5 [18] “A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no solo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto estas son decisiones equivalentes a aquella para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, exp: 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, exp: 13.449”.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

7 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, exp. 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

9 Al respecto cabe aclarar que la decisión en materia penal no condiciona la decisión en el proceso contencioso administrativo, de tal forma que si el juez administrativo difiere de las consideraciones expuestas por el juez penal, el primero no está llamado a limitar su valoración probatoria con respecto al segundo. Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, del 26 de octubre de 2011, exp. 1993-01886 (18850), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, que indicó: “Independientemente de que la justicia penal militar en sentencia proferida el 18 de marzo de 1994, absolviera a los procesados y en sentencia de 25 de julio de 1994, el Tribunal Superior Militar mantuviera la decisión, por falta de pruebas, ello no condiciona esta decisión, en tanto la valoración probatoria en materia penal difiere sustancialmente de la realizada por el juez de lo contencioso administrativo en un asunto de responsabilidad estatal, de tal manera que mientras la prueba indiciaria puede resultar insuficiente para endilgar una responsabilidad penal y personal, dadas las exigencias de la misma puede no serlo, en un juicio establecido para determinar la responsabilidad estatal por el daño antijurídico, causado por la acción y omisión de los agentes estatales”.

10 [13] “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de octubre de 2013, exp. 23346, M.P. Mauricio Fajardo Gómez”.

11 [14] “En los regímenes absolutistas, no democráticos, en los cuales no existe —en el verdadero sentido de su expresión—, libertad para los individuos y en los cuales, por tanto, no existe propósito real de garantizarla de manera efectiva, tampoco existe una verdadera Constitución Política, por elemental sustracción de materia, en la medida en que carecería de sentido limitar el ejercicio del Poder, porque su abuso frente a los individuos no desencadenaría consecuencia alguna para el Estado y, por ello mismo, tampoco se requeriría una separación de poderes porque en esa misma línea dejaría de tener sentido un sistema de pesos y contrapesos que solo se justifica y se explica en función de la protección de los Derechos de los asociados, amén de que la consagración de una Carta de Derechos en esos escenarios no tendría más propósito que el de cumplir un papel puramente formal y teórico”.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 26 de junio de 2014, exp. 2003-02376 (29890), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, exp.18370, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

14 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 2002-02548 (36149), C.P. (E) Hernán Andrade Rincón.

15 “De otro lado, según lo ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad [Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2002, exp. 12076, M.P. Germán Rodríguez Villamizar]; en esa línea de pensamiento, se ha considerado que ese dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades [Sentencia del 20 de febrero de 2008, exp. 15980, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.], al tiempo, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad [Cf. Sentencia del 11 de julio de 2012, exp. 23688, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada en sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 23998 y del 13 de febrero de 2013, exp. 24296, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, proferidas por la Subsección A de esta Sección, y en sentencia del 24 de julio de 2013, exp. 27289, M.P. Enrique Gil Botero]”. Ibídem.

16 Original del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá obrante a folio 24 y 25 el cuaderno 1.

17 [9] “Tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes por la asistencia a indagatoria y cinco (5) por los servicios profesionales prestados durante la etapa instructiva”.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 13 de noviembre de 2014, exp. 2004-01244 (56245), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

19 Resolución 2 de 30 de julio de 2002: “ART. 4º—Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se fijan las siguientes tarifas para cada una de las ramas del derecho: 18. Derecho penal (…)18.7 Etapa instructiva. Ante Fiscalía local o seccional. Cinco salarios mínimos legales vigentes”.

20 Si bien la factura fue expedida por valor de $ 1 678 440 allí se contabilizó el valor del impuesto al valor agregado ($ 215 015) que no integra el valor a ser reembolsado, en tanto corresponde a un pago que ya fue tenido en cuenta en la presentación de la declaración del referido gravamen para el periodo correspondiente.

21 27 de junio de 2005, fecha de pago de los tiquetes aéreos.