Sentencia 2008-00462 de noviembre 10 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 54001-23-31-000-2008-00462-01(48264)

Consejera Ponente (E):

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: R.A.M.E. y otros

Demandado: La Nación - Fiscalía General de la Nación y otros

Referencia: Acción de reparación directa.

Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD - no hay falla del servicio por parte de la Fiscalía General de la Nación al cumplir el término para resolver la situación jurídica al actor mientras se encontraba privado de la libertad / Imposición de medida de aseguramiento - Inexistencia / Captura con fines de indagatoria - no hubo falla en el servicio.

Bogotá, D.C., diez de noviembre de dos mil diecisiete.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes, terceros o intervinientes, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de XXX el 8 de marzo de 2013.

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación de fallo en los casos de privación injusta de la libertad; 2) verificación del cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa relativos a la competencia, la legitimación en la causa por activa y el ejercicio oportuno de la acción; 3) la competencia del juez ad quem frente a los recursos de apelación; 4) los parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad; 5) las pruebas recaudadas en el proceso y su respectivo valor probatorio; 6) sobre la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad del actor: privación de la libertad del actor sin que se hubiera decretado medida de aseguramiento; 7) el estudio de las pretensiones indemnizatorias por perjuicios morales y 8) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que ingresaron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en estricto orden cronológico.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, artículo 16, permite decidir con prelación, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos que impliquen “sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso, la Sala advierte que el objeto del debate tiene relación con la privación injusta de la libertad del señor J.D.S.G., tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones y fijar jurisprudencia consolidada y reiterada. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver con prelación este asunto.

2. Presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa en el caso sub examine. 

2.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de este proceso, en razón de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de XXX, por cuanto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso(17).

2.2. Legitimación en la causa por activa.

Para la Sala, la señora R.A.M.E. se encuentra legitimada para actuar como demandante dentro del proceso de reparación directa, por cuanto de las pruebas obrantes en el expediente, se desprende que era la compañera permanente(18) del señor J.D.S.G. (q.e.p.d), quien fue privado de la libertad con ocasión de la investigación penal adelantada en su contra por la posible comisión de los delitos de rebelión y terrorismo(19).

Así mismo, está probado mediante los respectivos registros civiles de nacimiento que el señor J.D.S.G. era el padre de P.L.S.M., A.C.S.M., J.C.S.M., Y.J.S.M. y L.A.S.M.; que era hijo de los señores D.S. y R.G., así como que era hermano de los señores R.M.A.G., C.M.S.G., H.S.G. y A.I.S.G.(20), razón por la cual todos ellos se encuentran legitimados para actuar como demandantes en el presente proceso.

2.3. El ejercicio oportuno de la acción.

El artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo (norma aplicable) establecía que la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Cuando se trata de acciones de reparación directa por privación injusta de la libertad, el Consejo de Estado ha establecido que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde la fecha en que quedó en libertad el procesado, lo último que ocurra, por ser el momento a partir del cual se evidencia el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(21).

En el sub lite, la Subsección advierte que en resolución del 29 de abril de 2005, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de XXX ordenó la preclusión de la investigación penal a favor del señor J.D.S.G., entre otros, decisión que quedó ejecutoriada el 13 de mayo de 2005(22).

Así las cosas, teniendo en cuenta que la parte actora presentó la demanda de reparación directa el 26 de abril de 2007(23), es claro que hizo uso de la acción de reparación directa dentro de la oportunidad que establecía el artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo.

3. La competencia del juez ad quem frente a los recursos de apelación. 

Resulta necesario precisar que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante está encaminado a que se modifiquen los montos otorgados por el tribunal para la indemnización de los perjuicios morales reconocidos a la parte actora.

Mientras que el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, se dirige a que se le exima de responsabilidad y, como consecuencia, se nieguen las pretensiones de la demanda.

4. Las pruebas aportadas al expediente.

De conformidad con el conjunto probatorio obrante en el expediente, se encuentra acreditado lo siguiente:

• Que el 23 de junio de 2003 el DAS profirió un “informe de retención de deportados presuntamente pertenecientes a grupo subversivo XXX”, en el cual estableció que el 22 de junio de 2003 fueron deportadas de XXX unas personas entre las que se encontraba el señor J.D.S.G.(24).

• Que el 23 de junio de 2003 el señor J.D.S.G. suscribió acta de derechos del capturado ante el DAS - Seccional XXX - Área de Policía Judicial(25).

• Que el 25 de junio de 2003 el señor J.D.S.G. rindió indagatoria ante la Fiscalía Delegada Especializada - Unidad Primera de Narcotráfico(26).

• Que el 26 de junio de 2003 se libró boleta de encarcelación contra el señor J.D.S.G.(27).

• Que el 10 de julio de 2003 la Fiscalía General de la Nación - Fiscalía Sexta Delegada ante Juzgados Penales del Circuito Especializado de XXX se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra del señor J.D.S.G., entre otros y ordenó su libertad inmediata, la cual se efectuó el mismo día(28).

• Que el señor J.D.S.G. murió el 16 de julio de 2003(29).

• Que el 29 de abril de 2005 la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de XXX ordenó la preclusión de la investigación a favor del señor J.D.S.G., entre otros, para lo cual expuso que (se trascribe literalmente, incluso con posibles errores):

“La materialidad del hecho que se tuvo en cuenta para hacerle los cargos como posibles autores de los delitos imputados a los aquí procesados, en materia de rebelión tiene su fundamento en las acusaciones que hacen en sus testimonios los reinsertados ya mencionados, pero desbrozadas estas atestaciones a la luz de la sana crítica y en persuasión racional, carecen del calificativo de serios motivos de credibilidad, luego no tienen la capacidad de fundamentar el extremo objetivo de la conducta. Otro tanto sucede para la presunta participación en los atentados terroristas, que si bien los mismos existieron, la vinculación de participación de los imputados está relacionada con los testimonios analizados, quedando así en orfandad probatoria la esencia material de las conductas.

“Desde el mismo momento que se resolvió la situación jurídica de los procesados se realizó un excelente análisis del único medio probacional de imputación, que por su concepción clara y completa nos tomamos la licencia de reproducirlo, ya que no existen otros argumentos con viabilidad de adición, y por ello en esa decisión se estimó que este no permitía la formulación de una concepción de responsabilidad probatoria sobre los hechos por los que habían sido puestos a disposición de la Fiscalía a los capturados, de manera que en esta estancia procedimental guiados por el principio constitucional de la presunción de inocencia, al no existir otros medios probatorios que modifiquen el estudio de los eventos investigados junto con relación a las explicaciones dadas por los indagatoriados bajo la interpretación in borran partem, no puede haber una conclusión diferente a la total falta de claridad para determinar que efectivamente los procesados hubiesen podido pertenecer al grupo subversivo que se les endilga o participar en los actos terroristas mencionados, antes por el contrario, el cúmulo de pruebas documentales y atestaciones recaudadas sobre la vida de los deportados, evidencian que son personas de vida cotidiana en esas poblaciones fronterizas dedicadas al trabajo de subsistencia y que bajo ningún aspecto levantan la mas mínima sospecha de eventos como los que se les imputó.

“Al sopesar los recaudos probatorios para adecuarlos a las exigencias de la norma prenotada al inicio de esta disertación sobre la base requerida para edificar una resolución de acusación, la misma no tiene los méritos para sustentarla, luego el principio constitucional de presunción de inocencia probatoriamente no fue desvirtuado y queda en la total incertidumbre la real responsabilidad que pudieran tener los procesados como autores de la participación en el grupo sedicioso y atentados terroristas por los que se les hizo cargos, por manera que en aplicación del principio de in dubio pro reo y siguiendo la segunda opción que orienta el artículo 395 del Código de Procedimiento Penal se procederá a calificar el presente proceso con preclusión de la investigación.

“(…)”(30).

5. Caso concreto.

a) Sobre la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad del señor J.D.S.G. sin que se hubiera decretado medida de aseguramiento

Considera la Sala que la captura, como medida coercitiva para garantizar la efectividad de la diligencia de indagatoria, no trasgrede el derecho a la libertad de protección constitucional (art. 28) y convencional (Pacto Internacional de Derechos Civiles —art. 12— y Políticos y Convención Americana de Derechos Humanos —art. 22—), siempre que las autoridades civiles y judiciales acaten de manera estricta los términos y condiciones que la ley prevé para la procedencia y materialización de esa medida.

Desde la óptica de la responsabilidad del Estado, es factible inferir que cuando una orden de captura con fines de indagatoria se revoca dentro de un proceso penal que se precluye a favor de un investigado, la responsabilidad del Estado no puede quedar comprometida de manera objetiva, si se tiene en cuenta que, para que se abra paso a la declaratoria de responsabilidad estatal, se debe analizar la falla derivada del incumplimiento o de la omisión de las autoridades judiciales respecto de los presupuestos legales necesarios para imponerla, evento en el cual la privación de la libertad se tornaría en arbitraria; o la falta de acatamiento de los términos legales que deben correr una vez se materializa la captura, caso en el cual se configura una prolongación indebida de la libertad.

De manera que, si se limita la libertad de un ciudadano en cumplimiento de una orden de captura debidamente dispuesta y en acatamiento de los términos legales previstos para tal fin, la detención emerge como una carga que se está en el deber jurídico de soportar y que se justifica en el ejercicio legítimo de la acción penal y del poder coercitivo del Estado, que propenden por la investigación de las conductas que revisten las características de delitos y la individualización de los presuntos autores de las mismas.

Por tanto, y a pesar de la existencia de un daño (limitación del derecho a la libertad), este no puede calificarse como antijurídico y, como consecuencia, no surge para el Estado del deber jurídico de repararlo(31).

En ese orden de ideas, se tiene que el artículo 340 de la Ley 600 de 2000, aplicable para la época de los hechos, señalaba que producida la captura y conducido el capturado a la autoridad judicial competente, “la indagatoria deberá recibirse en la mayor brevedad posible o a más tardar dentro de los tres días siguientes a aquél en que el capturado haya sido puesto a disposición del Fiscal General de la Nación o su delegado”.

Por su parte, el artículo 354 de la misma ley prescribía que “cuando la persona se encuentre privada de la libertad, rendida la indagatoria, el funcionario judicial deberá definir la situación jurídica por resolución interlocutoria, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, indicando si hay lugar o no a imponer medida de aseguramiento si hubiere prueba que la justifique u ordenando su libertad inmediata”.

En el sub judice, se observa que el 21 de junio de 2003 fue capturado en XXX el señor J.D.S.G., entre otros, por ser un supuesto miembro de la guerrilla XXX, por lo que el 22 de junio de 2003 fue deportado a XXX y puesto a disposición del XXX, entidad que una vez realizó la plena individualización de cada capturado, los remitió a la Fiscalía General de la Nación el 23 de junio de 2003, en la cual fueron vinculados a una investigación penal por las declaraciones de unos integrantes de unos miembros reinsertados del mencionado grupo subversivo.

En dicha oportunidad, no se libró orden de captura, sino que se dispuso escuchar en indagatoria a todos los capturados.

El Fiscal Especializado de XXX solicitó la comparecencia de los sindicados a partir de las 8 a.m. del 25 de junio de 2003 para efectos de rendir indagatoria, lo cual efectivamente ocurrió en la fecha prevista(32).

Finalmente, el 10 de julio de 2003, se resolvió la situación jurídica del señor J.D.S.G., entre otros, mediante resolución en la cual la Fiscalía Sexta Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de XXX decidió abstenerse de decretar medida de aseguramiento y ordenó la libertad inmediata de los sindicados, la cual se efectuó el mismo día.

De todo lo anterior, se observa que la captura del señor J.D.S.G., si bien se efectuó el 21 de junio de 2003, fue puesto a disposición de las autoridades colombianas el 22 de junio de 2003, fue llevado ante el competente el 23 de junio de 2003 y escuchado en indagatoria el 25 siguiente, de manera que la Fiscalía cumplió con el término señalado para dicha diligencia en el artículo 340 de la Ley 600 de 2000.

Por otra parte, se precisa que, como en el caso bajo estudio junto con el señor J.D.S.G. fueron capturadas con el mismo fin, más de 5 personas en la misma fecha, la Sala considera que la Fiscalía no excedió el término indicado en el artículo 354 ibídem, pues escuchó al actor en la indagatoria el 25 de junio de 2003 y le resolvió situación jurídica hasta el 10 de julio de 2003, es decir, 10 días hábiles(33) después, como lo permite la citada norma, la cual expresa que:

“(...) Si el sindicado no estuviere privado de la libertad, el plazo para resolver situación jurídica será de diez (10) días contados a partir de la indagatoria o de la declaratoria de persona ausente. El Fiscal General de la Nación o su delegado dispondrán del mismo término cuando fueren cinco (5) o más las personas aprehendidas, siempre que la captura de todas se hubiere realizado en la misma fecha”.

Así las cosas, teniendo en cuenta que respecto de la captura como medida coercitiva para garantizar la efectividad de la diligencia de indagatoria, esta Subsección(34) ha sostenido que aunque se podría afirmar que existió un daño (limitación del derecho a la libertad), lo cierto es que este no podía calificarse como antijurídico y, por tanto, no surge para el Estado del deber jurídico de repararlo.

Con fundamento en lo anterior, se tiene que el recurso de apelación incoado por la Fiscalía General de la Nación tiene vocación de prosperidad, por lo que habrá lugar a revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda de reparación directa.

Finalmente, se reconocerá personería a la apoderada judicial de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la abogada M.A.C.G., de conformidad con el poder allegado a folio 708 del cuaderno de segunda instancia.

6. Condena en costas.

Dado que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de XXX del 8 de marzo de 2013.

2. NEGAR las pretensiones de la demanda.

3. Reconocer personería adjetiva a la abogada M.A.C.G. portadora de la tarjeta profesional XXX del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderada de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con el poder allegado a folio 708 del cuaderno de segunda instancia.

4. Sin condena en costas.

5. Ejecutoriada esta providencia, por secretaría REMÍTASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

17 Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26­000-2008-00009-00, actor: L.E.M. y otros.

18 Reposa en el expediente en folio 43, cuaderno de primera instancia 1, constancia del prefecto civil de la parroquia “XXX” del municipio XXX del estado XXX (XXX), la cual señaló que la señora R.A.M.E. convivió durante 30 años con J.D.S.G.

19 Acta de derechos del capturado visible en folio 33, cuaderno de pruebas 6.

20 Registro público del Estado de XXX del directamente afectado visible en folio 40, de sus hijos en folios 49 a 53 y de sus hermanos, en folios 21 a 24, cuaderno de primera instancia 1.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación, expediente 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón. También puede consultarse: auto de 19 de julio de 2010, expediente 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

22 Folio 265, cuaderno de pruebas 4.

23 Folio 37, cuaderno de primera instancia 1.

24 Folios 2 a 10, cuaderno de pruebas 6.

25 Folio 33, cuaderno de pruebas 6.

26 Folios 193 a 203, cuaderno de pruebas 1.

27 Folio 43, cuaderno de pruebas 2.

28 Resolución en folios 2 a 34, boleta de libertad en folio 48 y acta de diligencia de compromiso para libertad provisional en folios 55 a 57, cuaderno de pruebas 4.

29 Documento oficial: acta de defunción suscrita por el prefecto civil del municipio de XXX del estado de XXX de la XXX en folio 42, cuaderno principal 1.

30 Folios 253 a 260, cuaderno de pruebas 4.

31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de mayo de 2017, expediente 41.533, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

32 Solicitud de remisión en folio 73. Indagatoria en folios 193 a 203, cuaderno de pruebas 1.

33 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 21 de octubre de 2009, expediente 32.892, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez: “...de acuerdo con el criterio jurisprudencial que rige en relación con la Ley 600 de 2000, los términos para resolver situación jurídica se pueden contabilizar hábiles (...)”.

34 En los anteriores términos, se pronunció esta Sala, en forma reciente, para cuyo efecto puede consultarse la siguiente sentencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de mayo de 2017, expediente 41.533, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.