Sentencia 2008-00463 de octubre 2 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 540011102000200800463 01

Aprobada según Acta 76 de la misma fecha

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Ref. Apelación Sentencia.

Abogado Fernel Arévalo Mantilla

Bogotá, D.C., dos de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: « Consideraciones de la Sala

Competencia

De conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 256 - 3 de la Constitución Política, 112 - 4 y 60 de la Ley 1123 de 2007, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para conocer y resolver el recurso interpuesto por el encartado Fernel Arévalo Mantilla contra la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander.

En concreto se endilgó al abogado Arévalo Mantilla, en la audiencia de pruebas y calificación, estar posiblemente incurso en las faltas contenidas en el artículo 35 numerales 2º y 4º de la Ley 1123 de 2007, cuyo tenor literal dispone:

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

2. Acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente.

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”.

Caso concreto

Abordando el caso que ocupa la atención de la Sala, se debe determinar si en efecto el abogado disciplinado recibió una suma de dinero superior a la de su cliente, de las resultas del proceso ordinario laboral 2004-352; y aunado a ello, si el togado retuvo dineros que eran del propiedad de su poderdante.

En ese orden de ideas, la Sala se centrará en verificar la ocurrencia de las conductas endilgadas a cargo de la togada, veamos:

i) Estructuración de las conductas a cargo del disciplinado

Conforme al material probatorio allegado al dossier se evidencia que el abogado y la quejosa celebraron por escrito contrato de prestación de servicios profesionales el día 15 de febrero de 2004, en el cual se pactó el 40% de honorarios del valor de la liquidación a que fueran condenados los demandados, más las costas del proceso. El proceso cursó en el Juzgado 1º Laboral del Circuito de Cúcuta, dentro del que fue proferida sentencia favorable a la demandante, recibiendo el abogado disciplinado $ 14.894.209.83 contenidos en dos títulos judiciales uno por valor de $ 1.862.100.00 que fue entregado el día 30 de mayo de 2008, y el otro por la suma de $ 13.032.109.83 de fecha 19 de junio de 2008.

Así las cosas, el 22 de julio de 2008, el abogado investigado entregó a su poderdante $ 5.720.000.00, a lo cual la señora Archila Barrientos firmó el recibido; igualmente en data del 23 de febrero de 2009(10), posterior a la presentación de la queja(11), el abogado investigado realizó el depósito judicial 54001310500100400532000, por valor de $ 1.140.000.00 a favor de la quejosa por concepto de “devolución de honorarios”.

Pues bien, de las pruebas arrimadas emerge sin dubitación alguna que la liquidación del crédito asciende a $ 11.440.606.49, y las costas procesales fueron tasadas en $ 3.453.603.34. Luego se hace forzoso concluir que el cuarenta por ciento de la liquidación del crédito correspondería a la suma de $ 4.576.242.45 más el valor de las costas, la suma total asciende a $ 8.029.845.79 y en ese sentido, la participación de la quejosa debió ascender a la suma de $ 7.447.101.91 y claramente dicha cantidad no fue la recibida por esta, se tiene entonces que el abogado obtuvo una participación superior a la de su cliente, por tanto el aspecto fáctico de la falta se encuentra probado y consecuente con ello la tipicidad de la misma, pues nótese que uno de los verbos rectores de la conducta enrostrada es “obtener” el que rotundamente se estructuró en el sub lite.

Otro tanto debe adverarse en lo concerniente a la conducta contenida en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007; dado que, conforme se pactó en el contrato de prestación de servicios los honorarios eran del 40% del valor recibido por concepto de condena, es decir, el 40% de $ 11.440.606.14, corresponde a $ 4.576.242.45; por tanto la suma a entregarle a la quejosa era lo correspondiente al 60% $ 6.864.363.68, y el togado solo hasta el 22 de julio de 2008, le entregó a la señora Archila Barrientos $ 5.720.000, apropiándose en principio de $ 1.164.363.68, de lo cual consignó $ 1.140.000.00, el día 23 de febrero de 2009, quedando aún un saldo pendiente por entregar de $ 24.363.

En efecto, de las pruebas adosadas al expediente se advierte claramente el nexo de causalidad entre la conducta desplegada y los tipos disciplinarios endilgados a la profesional del derecho, siendo necesario para esta Sala concluir, que efectivamente la conducta enrostrada se materializó al recibir una cantidad de dinero mayor a la de su poderdante y posterior a ello retener un excedente de dinero a la quejosa luego de haberlo recibido, como era su obligación.

Sin lugar a dudas, no es de recibo para esta superioridad el argumento plasmado por el disciplinado en su recurso de alzada en el cual indicó, que la instancia no efectuó una debida valoración de la prueba y dio total credibilidad al dicho de la quejosa. Al respecto, pertinente resulta acotar, que la materialidad de la conducta se evidenció del análisis objetivo de las pruebas allegadas al diligenciamiento, y que fueron objeto de estudio por parte de esta Sala, para arribar a la conclusión que el abogado no estaba autorizado por su cliente para descontar como honorarios el 50% de lo recibido como liquidación del crédito. Pues tal y como lo indicó en su momento la quejosa en su ampliación de queja, ella firmó en blanco aunado al hecho, que el abogado le reconoció en presencia de su cónyuge haberse apropiado de unos dineros que le correspondían a su poderdante, luego se infiere que este aumentó el porcentaje de los honorarios unilateralmente para justificar su apropiación.

En el presente caso queda claro que la Sentencia, no se encuentra estructurada “en juicios parcializados, en erróneas interpretaciones posibles, violaciones a los principios rectores y falta de aplicación a la sana critica,” pues más allá de duda razonable respecto de la existencia de las faltas disciplinarias y la responsabilidad del abogado, se encuentra claramente probada la vulneración de los deberes profesionales a la honradez del togado conforme con los medios de convicción obrantes en el plenario, contando con suficientes elementos de juicio para confirmar la Sentencia condenatoria en su contra.

Luego las argumentaciones expuestas por el censor en su recurso de alzada están llamadas al fracaso, pues se comparte ampliamente la valoración probatoria como la adecuación realizada por el a quo, en cuanto a la conducta desplegada por el encartado, al establecer que se configuran claramente las faltas imputadas en el pliego de cargos, establecidas en el artículo 35 numerales 2º y 4º de la Ley 1123 de 2007.

Con lo expuesto en precedencia, se concluye que existe prueba de cargo documental y testimonial representada en las declaraciones recibidas en el ciclo probatorio, suficientes como para arribar a la certeza de la existencia de la falta y su responsabilidad en cabeza del doctor Fernel Arévalo Mantilla, toda vez, que el ejercicio de la profesión comporta conductas que dignifican la noble profesión del abogado y es necesario que los profesionales obren conscientemente y no como autómatas, ciegamente sin reparar la licitud o ilicitud de las conductas que despliegan.

De la sanción

Conforme lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción debe tenerse en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad necesidad y proporcionalidad

Teniendo en cuenta la modalidad y gravedad de la conducta disciplinaria cometida por el investigado a quien le asistía la obligación de actuar con honestidad en aras de proteger los derechos y el patrimonio económico de su poderdante, la sanción de suspensión de seis (6) meses impuesta en la sentencia materia de apelación, cumple los criterios legales y constitucionales, pues se itera estaba obligado a actuar con honestidad siendo muy celoso con el patrimonio de su cliente, pues como consecuencia de su proceder minó la confianza de esta y menoscabó la imagen ante la sociedad de los profesionales del derecho.

De otra parte, acorde con el principio de razonabilidad íntimamente ligado con la función disciplinaria, y entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, justifica la sanción disciplinaria impuesta al encartado pues no admite duda que en el sub exánime, le era imperativo al operador judicial de instancia afectar con suspensión al investigado; al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido:

“(...) la razonabilidad hace relación a que un juicio raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea juicio raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

En atención al principio de necesidad en el caso de autos, la sanción impuesta encuentra asidero como quiera, que era fundamental, para dejar sentado un mensaje reflexivo a los profesionales del derecho con el fin de prevenir a futuro dichas conductas. La doctrina(12) ha puntualizado:

“(...) Amenaza de un mal todo aquel que no observe a cabalidad los deberes profesionales o viole el régimen de incompatibilidades, de suerte que avoque a los profesionales del derecho a encausar por caminos de legitimidad, honestidad y rectitud, disuadiéndolos de incurrir en faltas disciplinarias”.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR, la sentencia proferida el 31 de julio de 2012, por el Consejo Seccional de la judicatura de Norte de Santander, mediante la cual se resolvió DECLARAR disciplinariamente responsable al abogado Fernel Arévalo Mantilla de la comisión de las faltas a la honradez del abogado descritas en el artículo 35 numerales 2º y 4º de la Ley 1123 de 2007 e imponerle sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de seis (6) meses.

2. Anótese la sanción en el registro nacional de abogados fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria

3. DEVOLVER el expediente al Consejo Seccional de Origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes dentro del proceso y en segundo lugar cumpla lo dispuesto por la Sala.

Notifíquese y cúmplase».

(10) Visible a folio 79 c,o.

(11) Fue presentada el 15 de octubre de 2008, fl 5 c,o.

(12) Código Disciplinario del Abogado. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 2008 Pág. 45 y 46.