Sentencia 2008-00466 de agosto 1 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 76001-23-31-000-200800466-01

Nº Interno: 18203

Demandante: Open Systems Ltda.

Demandada: U.A.E. DIAN

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Bogotá, D.C. Primero de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la DIAN, decide la sala si son nulas las resoluciones 13 de 17 de agosto de 2007 y 01 de 31 de enero de 2008.

El problema jurídico a resolver se centra en dirimir si la sociedad demandante tiene derecho a la devolución de los $253.884.000 que por concepto de anticipo por el impuesto de renta del año 2002 dijo que pagó cuando presentó la declaración de renta correspondiente al año gravable 2001.

La DIAN ha insistido en que la demandante no tiene derecho a la devolución del anticipo porque desde siempre cuestionó la validez de ese anticipo. Que, por eso, cuando le formuló a la demandante el requerimiento especial por el denuncio de renta del año 2002, le glosó el anticipo para que lo eliminara bajo el presupuesto de que se había liquidado de manera improcedente desde que lo denunció en la declaración de renta del año 2001. Que, en esa medida, cuando la demandante aceptó terminar por mutuo acuerdo la actuación administrativa que por el denuncio de renta del año 2002 abrió la DIAN, aceptó, además, las inconsistencias que cometió en los años 2001 y 2002, y por las que habría decidido eliminar el anticipo que declaró en el denuncio de renta del año 2002. De ahí que reiteró insistentemente en que la terminación por mutuo acuerdo dio por dirimida la discusión que se le propuso a la demandante haciendo tránsito a cosa juzgada.

La Sala considera que la sentencia del a quo se debe revocar por las siguientes razones:

En el caso concreto son hechos no discutidos los siguientes:

— Que el 9 de abril de 2002, la demandante presentó la declaración de renta por el año gravable 2001, en el siguiente sentido:

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— Que el 20 de diciembre de 2002, la demandante corrigió la declaración en el siguiente sentido:

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— Que la demandante pagó los $63.771.000, así:

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— Que el 10 de abril de 2003, la demandante presentó la declaración de renta por el año 2002, que fue corregida el 27 de agosto de 2003 y el 16 de junio de 2004. Y, por tanto, quedó así:

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— Que la DIAN inició la actuación administrativa de oficio para formular la liquidación oficial de renta por el año 2002. Sin embargo, esa actuación se terminó de manera anticipada porque el 30 de junio de 2004, la DIAN profirió el auto de terminación por mutuo Acuerdo 900026 que estableció un saldo a favor de la demandante en cuantía de $922.904.000. La liquidación que hizo tránsito a cosa juzgada quedó así:

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De los hechos narrados, es un hecho no discutido, porque en eso coinciden las partes, que la actuación administrativa que inició la DIAN, para modificar la declaración de renta que por el año 2002 presentó la demandante, se fundamentó en el presunto cruce matemático que habría hecho Open System cuando presentó la declaración de corrección del denuncio de renta del año 2001, y que, al decir de la DIAN, le permitió corregir el denuncio por el trámite previsto en el artículo 588 E.T. y no por el señalado en el artículo 589 como presuntamente correspondía.

También es un hecho no discutido que esa actuación administrativa se terminó por el mutuo acuerdo al que llegaron las partes para finiquitar la controversia a condición de que la demandante cumpliera ―como en efecto lo hizo― los requisitos que, para el efecto, previó la Ley 863 de 2003.

En lo que no concuerdan las partes es en el efecto jurídico que tiene la terminación por mutuo acuerdo, pues, para la DIAN, esa terminación hace tránsito a cosa juzgada y permite inferir que la demandante aceptó los hechos que reprochó en su oportunidad, tanto para el denuncio de renta del 2002 como para el denuncio del 2001. En cambio, para la demandante, la terminación por mutuo acuerdo implicó, simplemente, que dejó de pagar el impuesto de renta del año 2002 con el anticipo que declaró en el año 2001. Y que el anticipo que declaró y pagó en el año 2001 quedó en firme pues no fue cuestionado por la DIAN, pero que como no fue imputado al pago del impuesto del año 2002, procede su devolución.

Para resolver, la Sala precisa que de conformidad con el artículo 39 de la Ley 863 de 2003, los contribuyentes, responsables y agentes retenedores de los impuestos nacionales, así como los usuarios aduaneros a quienes se les hubiera notificado, hasta el 31 de marzo de 2004, requerimiento especial, pliego de cargos o liquidación oficial, estaban facultados para transar con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, hasta el 30 de junio del año 2004, el sesenta por ciento (60%) del mayor impuesto discutido y el valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso, como consecuencia del requerimiento especial, pliego de cargos o liquidación oficial, siempre y cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o usuario aduanero corrigiera las declaración privada y pagara el cuarenta por ciento (40%) del mayor impuesto propuesto. Para tal efecto, debía adjuntar la prueba del pago de la liquidación privada del impuesto sobre la renta por el año gravable 2002, del pago de la liquidación privada del impuesto o retención, según el caso, correspondiente al período materia de la discusión, y la del pago de los valores transados, según el caso.

Tal como lo ha dicho la Corte Constitucional(2), la terminación por mutuo acuerdo de la actuación administrativa es una medida constitucional, a diferencia del saneamiento fiscal, porque en la terminación por mutuo acuerdo, por disposición legal y por razones de política fiscal, la obligación tributaria objeto de controversia se puede transar, precisamente, porque no se encuentra definida y consolidada, cosa que no ocurre en el saneamiento fiscal en el que se prevé la condonación de obligaciones tributarias definidas y consolidadas.

Por eso, la Corte(3) ha dicho que en la terminación por mutuo acuerdo no se transgrede el derecho al trato igualitario que tendrían los contribuyentes que pagan oportunamente sus impuestos respecto de quienes controvierten la legalidad del mayor impuesto liquidado oficialmente.

Según la Corte(4), en la hipótesis planteada, los dos contribuyentes pagan el impuesto que reconocen deber, pero, “una es la situación de quien paga lo que cree deber y otra muy distinta la de quien expresa su inconformidad con la obligación que se le ha establecido”.

Aclara la Corte(5) que “El segundo alienta la expectativa de no pagar lo que se le cobra en exceso, y por eso puede beneficiarse de una medida de transacción o conciliación. El otro, habiendo tenido la oportunidad de controvertir la obligación a su cargo, optó por pagarla, convencido de que había sido adecuadamente establecida.” De manera que, concluye la Corte, “Quien controvierte la obligación, asume un riesgo, y el resultado puede, o serle totalmente adverso, o plenamente favorable o, finalmente puede, planteársele una fórmula de transacción o conciliación, (…).” Lo relevante, entonces, para la Corte, es que la terminación por mutuo acuerdo es constitucionalmente legítima y no trasgrede el derecho de igualdad porque “es fruto de la decisión libre y legítima de controvertir la decisión, como es igualmente libre y legítima la decisión de no hacerlo”.

La terminación por mutuo acuerdo, entonces, es un mecanismo permitido por la ley para finiquitar anticipadamente las actuaciones administrativas iniciadas de oficio por la DIAN. Y, para el efecto, aún siendo el pago del mayor impuesto una mera expectativa para las partes de lo que la autoridad tributaria pretende cobrar, para terminar anticipadamente la actuación es indispensable la decisión libre y legítima de quien puede disponer del derecho controvertido. Valga precisar que, en realidad, en la terminación por mutuo acuerdo no es la administración la que dispone del derecho a liquidar oficialmente el impuesto porque, como bien lo dijo la Corte, la Ley 863 de 2003 no confirió a la Administración capacidad dispositiva alguna, en la medida en que su papel se limita a actualizar la voluntad conciliatoria o de transacción contenida en la propia ley(6).

De manera que, en la terminación por mutuo acuerdo, el contribuyente consiente en terminar la actuación, lo que llanamente implica dejar de lado la controversia, no resolverla, no definirla. Queda, entonces, la incertidumbre de lo que pudo haber ocurrido si se hubiese llevado la discusión hasta el final. Prácticamente, en la terminación por mutuo acuerdo, el contribuyente acepta cumplir las condiciones que le exige la ley para terminar anticipadamente la actuación, y la autoridad tributaria se limita a verificar que haya cumplido esas condiciones. Pero, por lo mismo, el contribuyente asume el compromiso tácito de no controvertir la decisión que podría haber adoptado la entidad.

En esas condiciones, entonces, en el caso concreto, la eliminación del anticipo en la declaración de renta del año 2002 si bien implicó que el impuesto de ese año no se pagó con el anticipo que el contribuyente declaró en el año 2001, también implicó que el contribuyente dispuso de su derecho a controvertir la legitimidad de ese anticipo.

La petición de devolución del anticipo que propuso la demandante ante la DIAN, y que le fuera negada mediante los actos administrativos cuya nulidad ahora se demandan, pretendió revivir una controversia que se finiquitó por voluntad del propio contribuyente demandante. No puede pretender revivirla a pretexto de tener un derecho a la devolución cuando ni siquiera cuenta con un título en el que obre la obligación clara, expresa y actualmente exigible.

La declaración de renta del año 2001, que presentó y corrigió la demandante, es título ejecutivo para el Estado en tanto arroja un saldo a pagar ($63.771.000). Y el acta de terminación por mutuo Acuerdo 900026 del 30 de junio de 2004 es título ejecutivo para la empresa demandante, únicamente por el saldo a favor que quedó luego de terminar por mutuo acuerdo la actuación administrativa: $922.904.100.

La demandante bien pudo seguir ejerciendo su legítimo derecho a controvertir el derecho al saldo a favor inicialmente declarado en el denuncio de renta del año 2002 y que ascendía a la suma de $1.710.540.000, pero decidió terminar anticipadamente la actuación y con esa decisión, precluyó la posibilidad de replantear lo decidido en la transacción.

Las razones expuestas son suficientes para revocar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVÓCASE la sentencia del 23 de octubre de 2009 dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho propuesto por la sociedad Open Systems Ltda. contra la U.A.E. DIAN.

En consecuencia, NIEGÁNSE las pretensiones de la demanda.

2. RECONÓCESE personería a la abogada Jacqueline Prada Ascencio como apoderada de la DIAN.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

 

(2) Corte Constitucional. C-910 de 2004: Encuentra la Corte que, en este caso, la materia es susceptible de conciliación, por referirse a pretensiones de carácter patrimonial y contenido económico, y, como quiera que esas conciliación o transacción, operan sobre materias objeto de controversia, no comportan, por consiguiente,per se, la rebaja de obligaciones ciertas e indiscutidas y no pueden catalogarse como amnistías tributarias, las misma se encuentran dentro de la órbita de configuración del legislador, que puede, por consideraciones de recaudo, de eficiencia administrativa y de ahorro de recursos plantear fórmulas alternativas para la solución de las controversias que se hayan presentado en torno a las obligaciones tributarias.

(3) idem

(4) idem

(5) idem

(6) idem