Sentencia 2008-00481 de julio 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 760012331000200800481-01

Nº Interno: 18844

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Demandante: Papeles Nacionales S. A.

Demandado: municipio de Santiago de Cali

Impuesto de industria y comercio - año 2003

Bogotá, D. C. diez de julio de dos mil catorce.

Fallo

EXTRACTOS: «3. Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación que interpuso el apoderado judicial del municipio de Santiago de Cali, le corresponde a la Sala decidir si se ajustan a derecho la Liquidación oficial de revisión Nº 4131.1.12.6.0018 del 18 de enero de 2007, por la que se modificó la declaración privada del impuesto de industria y comercio presentada por la sociedad Papeles Nacionales S. A., por el año gravable 2003, y la resolución que resolvió el recurso de reconsideración Nº 00373 del 18 de febrero de 2008, que la confirmó.

Para el efecto, la Sala deberá determinar si la actividad desarrollada por Papeles Nacionales S. A., en el municipio de Santiago de Cali, es una actividad comercial, independiente de la actividad industrial, como lo asevera la Administración de Impuestos de Cali, o si, por el contrario, es una extensión de la actividad industrial y, por ende, debía tributar en la sede fabril, como lo afirma la parte demandante. Básicamente se discute si los ingresos obtenidos por Papeles Nacionales S. A. por concepto de la comercialización en el municipio de Santiago de Cali, de lo producido en la sede fabril de Pereira, constituye hecho generador del impuesto de industria y comercio a favor del municipio demandado.

En la primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 18 de junio de 2010, accedió a las pretensiones de la demanda, por considerar que la actividad desarrollada por Papeles Nacionales S. A. al vender la producción, no se consideraba una actividad comercial independiente de la industrial y, por ende, solo debía tributar en el municipio de Pereira, sede fabril.

Según el municipio apelante, la sociedad Papeles Nacionales S. A. debe pagar impuesto de industria y comercio por las actividades comerciales que desarrolla en Santiago de Cali, a pesar de tener su sede fabril en una ciudad diferente.

Con fundamento en los supuestos narrados, la Sala procede a decidir.

De la nulidad por violación del principio de imparcialidad

La parte actora alegó que el municipio de Santiago de Cali, mediante los actos acusados, violó los artículos 3º y 160 del Código Contencioso Administrativo, en concreto, que violó el principio de imparcialidad y, de contera, el principio de doble instancia, porque el funcionario que suscribió la liquidación oficial de revisión demandada fue el mismo que suscribió la Resolución 00373 que resolvió el recurso de reconsideración.

La Sala considera que no se configuró esa violación, como pasa a exponerse.

Según el criterio expuesto en la sentencia del 10 de mayo de 2012(10), esta Sala consideró respecto del principio de imparcialidad, lo siguiente:

“(…) este principio tiene consagración constitucional en el artículo 209 y en el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo que prevé los principios orientadores de las actuaciones administrativas. Dispone la norma: “En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación, por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen en ellos”.

El artículo 30 del Código Contencioso Administrativo regula este principio y, para el efecto, dispone:

“ART. 30.—Garantía de imparcialidad. A los funcionarios que deban realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, se aplicarán además de las causales de recusación previstas para los jueces en el Código de Procedimiento Civil, las siguientes: (…)”(11).

El Código de Procedimiento Civil consagra como causales de recusación, entre otras, la siguiente:

ART. 150.—Son causales de recusación las siguientes:

2. Haber conocido del proceso en instancia anterior, el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente.

(…)

Se entiende que el juez conoció de un proceso cuando participó en el debate y emitió su opinión en la decisión que se adoptó frente al caso debatido o sobre aspectos parciales pero esenciales de un proceso. Y, se entiende por instancia anterior, la etapa procesal previa a la etapa de revisión que inicia, a instancia del recurso de apelación o de cualquier otro mecanismo judicial que implique abordar asuntos esenciales de los hechos que fueron discutidos en el proceso objeto de revisión, o de la forma en que se abordó y se tramitó ese proceso.

La causal a que alude el numeral 2º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil se fundamenta en el respeto al principio de la doble instancia, cuando esta procede, el que por demás forma parte del debido proceso y tiene por finalidad impedir que el mismo juez que ha conocido en la primera instancia intervenga en la segunda, juzgando su propia actuación.

Para el efecto, debe tenerse en cuenta que la labor de la segunda instancia consiste en verificar, sobre la base de la decisión impugnada, el acierto o el error del a quo en el juicio realizado; en otras palabras, en establecer si el material fáctico y jurídico incorporado al proceso ha sido correctamente valorado y la decisión ajustada a derecho. De donde se colige, que el conocimiento que inhabilita legalmente al juez para un pronunciamiento dentro del proceso está referido a la manifestación de un criterio concreto sobre el asunto de fondo, o el sentido en el que debe resolverse lo que es materia de debate(12).

Ahora bien, en garantía del principio de imparcialidad, el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo reguló el trámite del impedimento. Para el efecto dispuso que, el funcionario sobre el que recae el impedimento debe manifestarlo por escrito motivado y entregar el expediente a su inmediato superior dentro de los 5 días siguientes a aquel en que comenzó a conocer del asunto o en que sobrevino la causal. La autoridad ante quien se manifieste el impedimento debe decidir en el término de diez (10) días y en forma motivada. Contra esa decisión no procede ningún recurso. Al decidir, el funcionario que resolvió el impedimento también debe señalar el funcionario competente que debe continuar con el trámite. Para el efecto, está facultado para nombrar un funcionario ad hoc.

En caso de que el funcionario no se declare impedido, el inmediato superior puede declarar de oficio que se configuró la causal de recusación. Así mismo, los interesados pueden alegar tales causales, en cualquier tiempo del curso de la actuación administrativa. Para decidir la recusación, el inmediato superior del funcionario público recusado debe adelantar el mismo trámite previsto para cuando el funcionario manifiesta estar impedido.

Conforme con lo expuesto, para que se configure la causal de recusación prevista en el numeral 2º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, pero aplicada a los funcionarios públicos que adelantan actuaciones administrativas, se requiere que se cumplan los siguientes presupuestos:

— Que la actuación administrativa deba surtirse en dos instancias.

— Que el funcionario público que conoce de la segunda instancia deba realizar la investigación, practicar las pruebas o pronunciar decisiones definitivas.

— Que ese funcionario público haya conocido de la actuación administrativa en instancia anterior. Para el efecto, debe tenerse en cuenta que se entiende que el funcionario público conoció de la actuación administrativa cuando participó en el debate y emitió su opinión para tomar la decisión que se adoptó frente al caso debatido o sobre aspectos parciales pero esenciales de la actuación administrativa. Se entiende por instancia anterior, la etapa procesal previa a la etapa de revisión que inicia, a instancia del recurso de apelación o de cualquier otro mecanismo judicial que implique abordar asuntos esenciales de los hechos que fueron discutidos en el proceso objeto de revisión, o de la forma en que se abordó y se tramitó ese proceso. (…)”.

Y respecto del principio de la violación de la doble instancia respecto de actuaciones administrativas adelantadas por autoridades tributarias territoriales, se reitera el criterio expuesto en sentencia de 14 de abril de 2011(13), en la que se precisó lo siguiente:

El principio de la doble instancia, previsto en el artículo 31 de la Constitución Política(14), se aplica a los procesos judiciales y no a los procedimientos administrativos, en los cuales se profieren actos administrativos y no sentencias judiciales. Además, tales actos pueden ser objeto de control jurisdiccional(15).

Las normas que regulan la competencia para proferir las liquidaciones oficiales y sanciones(16) al igual que para decidir el recurso de reconsideración(17), aplicables a los entes territoriales(18), no disponen que los funcionarios competentes para resolver el recurso sean superiores jerárquicos de quienes imponen las sanciones, “es decir que la estructura y trámite del recurso no está dispuesto por competencias verticales o por una relación de inferior a superior jerárquico sino de funcionarios de distintas unidades en un plano horizontal”(19).

De acuerdo con las anteriores precisiones, que en esta oportunidad se reiteran, la competencia para resolver el recurso de reconsideración contra actos sancionatorios no se determina por el orden jerárquico de los funcionarios “sino que debe tenerse en cuenta la estructura propia de la administración” que expida el acto correspondiente(20), (…)”.

En el caso concreto, el municipio de Santiago de Cali no se refirió al cargo por violación del principio de imparcialidad. Simplemente se limitó a decir que los actos acusados se expidieron conforme con las normas superiores y en los términos previstos para su expedición.

Adicionalmente, la causal de impedimento se le endilga al subdirector administrativo de impuestos, rentas y catastro municipal, funcionario que conoció del proceso en la primera instancia, y efectivamente suscribió la liquidación oficial de revisión Nº 4131.1.12.6.0018 del 18 de enero de 2007 (fl. 15 c. p.). Según se advierte en el folio 19 del cuaderno principal del expediente, ese mismo funcionario suscribió la Resolución 00373 del 18 de febrero de 2008, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial de revisión Nº 4131.1.12.6.0018 del 18 de enero de 2007.

Visto el Decreto 523 de 1999 del municipio de Santiago de Cali, se aprecia que tanto la facultad para formular la liquidación oficial (art. 110), como la facultad para decidir el recurso de reconsideración (art. 128), están asignadas al subdirector administrativo de impuestos, rentas y catastro municipal.

Vistos los actos administrativos, también se aprecia que ambos fueron suscritos por la misma persona, esto es, por el señor Fulvio Leonardo Soto Rubiano.

Aunque los hechos narrados podrían dar lugar a considerar que se vulneraron los artículos 3º y 160 del Código Contencioso Administrativo porque se habría configurado una causal de impedimento que no fue objeto de consideración por el señor Soto Rubiano para apartarse del proceso, lo cierto es, como lo reitera la Sala, esa circunstancia, per se, no constituye violación del principio de la doble instancia pues, en virtud de la estructura orgánica de las entidades territoriales, es normal que las normas que otorgan competencia radiquen en una misma área la facultad para formular liquidación oficial y la facultad para interponer el recurso de reconsideración, tal como lo hizo el Decreto municipal de Cali 523 de 1999.

De hecho, vistos los actos demandados, la Sala aprecia que fueron proyectados y revisados por funcionarios distintos, hecho que, a juicio de la Sala, garantizó que la revisión de la liquidación oficial se haya hecho imparcialmente, independientemente de que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración la haya suscrito el subdirector administrativo de impuestos, rentas y catastro municipal.

En cargo por violación del principio de imparcialidad no prospera.

De la nulidad por violación del artículo 77 de la Ley 49 de 1990, por falta de aplicación

Alegó la demandante que la Administración de Impuestos de Cali vulneró el artículo 77 de la Ley 49 de 1990 por falta de aplicación, toda vez que pese a que la sociedad pagó oportunamente en la ciudad de Pereira (sede fabril) el impuesto de industria y comercio por el año gravable 2003, vigencia fiscal 2004, sobre el 100% de los ingresos obtenidos por la comercialización de los productos fabricados en la planta industrial, los actos administrativos demandados adicionaron esos mismos ingresos bajo el presupuesto de que tales bienes se vendieron en Cali.

La Sala considera que le asiste razón al demandante, por las siguientes razones:

De conformidad con el artículo 32 de la Ley 14 de 1983, el impuesto de industria y comercio recae, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividadescomerciales, industriales y de servicios que realicen las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, bien sea en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos.

En el mismo sentido, el artículo 34 ibídem dispone que son actividades industriales las de producción, extracción, fabricación, confección, preparación, transformación, reparación, manufactura y ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes.

Por su parte, el artículo 77 de la Ley 49 de 1990 establece que el impuesto de industria y comercio por la actividad industrial debe pagarse en el municipio de la sede fabril. Que, para el efecto, se tendrá por base gravable el total de los ingresos brutos generados por la comercialización de la producción.

Ha sostenido la Sala(21) que la previsión de la norma obedece a que el hecho de producir mercancías para mantenerlas en inventario no permite la cuantificación de la base gravable ante la ausencia de ingresos y, además, a que todo industrial fabrica bienes principalmente con el fin de comercializarlos.

También ha dicho esta Sección(22) que la comercialización de la producción por parte del industrial no constituye actividad comercial, pues, de una parte, la actividad industrial necesariamente conlleva la comercialización, y de otra, porque no puede ser considerada como comercial la actividad que ya es calificada de industrial. En consecuencia, la producción de bienes y la comercialización de los mismos constituye actividad industrial y es en el municipio de la sede fabril en el que se debe pagar el impuesto de industria y comercio sobre la totalidad de los ingresos generados por la venta de los bienes producidos.

Adicionalmente se ha dicho que la modificación del artículo 77 de la Ley 49 de 1990 consistió en que los contribuyentes deben probar, ante los municipios en que se ejecuta la venta, que los bienes vendidos son los fabricados o manufacturados por el vendedor, y que por tales bienes se ha pagado el impuesto en el lugar de la sede fabril, por la actividad industrial. Lo anterior con el propósito de que no se liquide otro impuesto sobre la misma base gravable(23).

La parte actora dijo que en la actuación administrativa probó que tributó en calidad de industrial por los productos fabricados en Pereira y comercializados en Cali, pues dijo que aportó las declaraciones tributarias respectivas. Que también probó que tributó en Cali por la comercialización de productos no manufacturados por Papeles Nacionales en la sede fabril. Que, adicionalmente, solicitó la práctica de una visita técnica en la fábrica ubicada en el municipio de Pereira, para que se constara que la empresa produce bienes como papel higiénico, servilletas, faciales, toallas, restas, jumbo rollo de servilletas, jumbo rollo de papel liso, etc. Que la misma visita se pidió para el establecimiento de comercio ubicado en el municipio de Cali, con el propósito de que se evidenciara que los productos relacionados no fueron producidos ni podían ser producidos en ese municipio. Que, sin embargo, el municipio demandado no practicó las pruebas solicitadas, ni motivó las razones de su rechazo, pese a que, a su juicio, eran fundamentales para probar que era improcedente que el municipio de Cali adicionara los ingresos por la comercialización de bienes en Cali, en cuantía de $10.452.221.000.

Revisados los antecedentes administrativos que aportó el municipio demandado al proceso, a efectos de verificar el dicho de la demandante, se aprecia que están incompletos, pues solo se remitieron las copias auténticas de los autos de apertura de la investigación, de verificación para ejecutar la investigación e inclusión al proceso de investigación a cierto funcionario del municipio, el emplazamiento para corregir, el requerimiento especial y los actos administrativos demandados.

Por lo anterior, la Sala no pudo verificar el contenido de las declaraciones del impuesto de industria y comercio presentadas en Pereira que, según dijo el demandante, fueron aportadas en la actuación administrativa. Tampoco pudo constatar las razones por las cuales el municipio negó la práctica de las visitas técnicas solicitadas.

No obstante lo dicho, analizada la motivación que el municipio de Cali (demandado) propuso en la liquidación oficial demandada, se advierte que para este municipio era irrelevante que la demandante pretendiera probar que tenía la sede fabril en el municipio de Pereira, o que pagó el impuesto en Cali, pero por las ventas de productos no manufacturados en la sede fabril de Pereira. Por eso, estos hechos no fueron controvertidos por el municipio demandado.

La motivación de los actos demandados pone en evidencia que ese municipio es del criterio de que Papeles Nacionales es sujeto pasivo en el municipio de Cali por el simple hecho de tener un establecimiento de comercio en esa jurisdicción territorial, en el que vende bienes, independientemente de que se trate de bienes manufacturados por la misma empresa en sede fabril ubicada fuera de esa jurisdicción territorial. El municipio demandado alegó, incluso, que no se configura una doble imposición del impuesto, pues insiste en que está gravando por un hecho generador distinto a la actividad industrial, como lo es la actividad comercial. Sin embargo, no reparó en el hecho de que la actividad industrial per se no genera ingresos. Los ingresos del producido se generan por la venta. De manera que el municipio de Cali (demandado) pasó por alto el hecho de que está gravando los ingresos que ya fueron objeto de gravamen en el municipio de Pereira.

En efecto, fíjese que en la misma liquidación oficial, cuya nulidad se demanda, se evidencia que la Secretaría de Hacienda del Municipio de Santiago de Cali gravó todos los ingresos de la sociedad demandante, incluidos los operacionales que corresponden a la venta de lo producido por la parte actora en la sede fabril ubicada en Pereira, por el simple hecho de que ejecutó una actividad comercial en ese municipio. Así se motivó la liquidación oficial:

“En la ciudad de Santiago de Cali es titular de un establecimiento de comercio y debe tributar por ejercer la actividad comercial en desarrollo de su objeto social, que se encuentra clasificado (en el art. 26 del Acu. 035/85 modificado por el D. 124/87) con el código 203, la cual genera en nuestra jurisdicción el impuesto de industria y comercio. Dicha actividad necesariamente implica que la sociedad Papeles Nacionales S. A. retribuya al municipio las comodidades y beneficios que son consecuencia de utilizar la infraestructura de la ciudad para llevar a cabo el proceso de comercialización de los productos de papel y demás actividades similares y complementarias, fabricados en otra localidad.

(…)

Siendo que la sociedad Papeles Nacionales S. A. tiene en la actualidad el asiento principal de los negocios en el municipio de Pereira (Risaralda), y que en el municipio de Santiago de Cali es titular de un establecimiento de comercio registrado en la división de rentas de la secretaría de hacienda municipal, con registro 0412260, ubicado en la calle 58N Nº 1N-84, en la cual se realizan ventas generando consecuentemente los ingresos provenientes de dicha actividad comercial. Debe entenderse que esta ciudad no pretende exigir del contribuyente en mención, el pago del impuesto de industria y comercio respecto de la misma actividad que dicha sociedad despliega en el municipio de Pereira, pues ello generaría una injusta doble tributación, que para el caso particular es inexistente, ya que nos encontramos ante dos hechos generadores distintos.

En lo referente a la doble tributación que menciona el contribuyente, es menester aclarar que cuando las actividades comerciales se realizan en establecimientos de comercio registrados en otro municipio y se tributa en él, sus ingresos no se entienden percibidos en el municipio de la sede fabril.

Por lo anterior se debe tributar en cada municipio los ingresos obtenidos por la comercialización de la producción de acuerdo a los artículos 32, 33 y 35 de la Ley 14 de 1983 y deducirlos de la base gravable de la sede fabril” (resalta la Sala).

Con fundamento en la motivación transcrita, analizó la prueba contable aportada por la demandante, en el siguiente sentido:

“Que revisadas las pruebas contables por centro de costos, en el municipio de Santiago de Cali, el contribuyente Papeles Nacionales S. A. obtuvo ingresos operacionales y no operacionales por la actividad de comercio por valor de $12.069.193.000, correspondientes a los siguientes rubros:

Ventas higiénicos9.619.343.475
Ventas de servilletas1.333.658.578
Ventas de faciales134.964.311
Ventas de toallas542.477.025
Ventas Higie. Institucional166.420.449
Ventas servilletas institucional171.005.388
Ventas toallas institucional87.132.186
Ventas de jumbo rollo3.389.932
Ventas jumbo rollo encart industrial6.154.650
Total ingresos opera$12.064.545.994
Recuperación descuentos concedidos2.331.458
Recuperación otros gastos272.665
Recuperación otros gastos83.920
Venta dispensadores1.765.886
Mayor valor consignado29.564
Reconocimientos ISS108.765
Reconocimientos ISS51.817
Ajuste al peso1.559
Ajuste al peso1.838
Total ingresos no opera$4.647.472
Total ingresos brutos$12.069.193.000”

(…)

Con base en las razones anteriormente expuestas y de conformidad con los artículos 119 y 120 del Decreto 0523 de 1999, la cuantificación de los impuestos y las sanciones quedarán de la siguiente manera:

Reng.ConceptoV/R declaradoV/R determinado
14Total ingresos ordinarios y extraordinarios del año157.394.768.00012.069.193.000
15Menos: Devoluciones6.466.959.0001.616.972.000
16Menos: total ingresos fuera del municipio150.923.161.0000
17Menos: Otras deducciones, act. No sujetas00
18Ingresos netos gravables4.648.00010.452.221
19Impuesto anual de industria y comercio36.00080.482.000
20Más impuesto anual de avisos y tableros5.00012.072.000
21Más valor anual sucursales financieras00
22Total impuesto anual41.00092.554.000
23Menos: Retenciones00
24Menos: Saldo a favor00
25Más facturación3.0003.000
26Más: Sanción0129.518.000
27Saldo a favor del año00
28Saldo a pagar del año44.000222.075.000

 

A juicio de la Sala, si se aceptara lo dispuesto en la liquidación oficial, se produciría evidentemente el fenómeno de la doble tributación, pues la demandante estaría pagando el impuesto de industria y comercio en la ciudad de Pereira por la actividad industrial (que, como ha dicho esta Sala comprende la comercialización de la producción) y pagaría en la ciudad de Cali el mismo impuesto por la comercialización de lo producido en Pereira, lo que a todas luces es improcedente, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta Sección.

En consecuencia, la Sala considera que se debe confirmar la decisión de primera instancia, que accedió a las pretensiones de la demanda interpuesta por la sociedad Papeles Nacionales S. A. contra el municipio de Santiago de Cali, por las razones expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 18 de junio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por Papeles Nacionales S. A. contra el municipio de Santiago de Cali.

2. RECONÓCESE personería al abogado Jairo Ramos Acevedo para actuar como apoderado del municipio de Santiago de Cali, en los términos de la sustitución otorgada en el folio 267 del expediente.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(10) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D. C., diez de mayo de dos mil doce (2012). Radicación 250002327000200700256-01. Nº Interno 17450. Demandante: Macrofinanciera S. A. C.F.C. Demandado: UAE - DIAN.

(11) En el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que entra a regir a partir del 2 de julio del año 2012, regula el conflicto de interés y las causales de impedimento y de recusación de los servidores públicos. En el numeral 2º del citado artículo se consagra la causal de nulidad a que alude el numeral 2º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil en el siguiente sentido: “2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente”.

(12) Se reitera el criterio expuesto en auto del 25 de septiembre de 2003, Expediente 14092, C. P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

(13) Expediente 17930, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Reiterada en sentencia del 24 de octubre de 2013, Expediente 19735.

(14) “ART. 31.—Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.

El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

(15) “4.3. La posibilidad de acudir ante una segunda instancia merced al recurso de apelación no es, entonces, un principio absoluto como erradamente lo considera el demandante. Además, la Sala debe precisar que el principio consagrado en el artículo 31 superior fue concebido para sentencias judiciales, mientras el reclamo del demandante en el asunto que se examina tiene que ver con normas que regulan el procedimiento administrativo de índole tributaria; es decir, los preceptos impugnados no están referidos a procesos judiciales al cabo de los cuales se puedan proferir sentencias, sino a determinados trámites que se pueden adelantar ante las autoridades tributarias, cuyas decisiones podrán ser posteriormente sometidas a juzgamiento ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. Sentencia C-739 de 2006.

(16) ART. 691. E.T. Competencia para ampliar requerimientos especiales, proferir liquidaciones oficiales y aplicar sanciones. Corresponde al jefe de la unidad de liquidación, proferir las ampliaciones a los requerimientos especiales; las liquidaciones de revisión; corrección y aforo; la adición de impuestos y demás actos de determinación oficial de impuestos, anticipos y retenciones […].

(17) ART. 721. E.T. Competencia funcional de discusión. Corresponde al jefe de la unidad de recursos tributarios, fallar los recursos de reconsideración contra los diversos actos de determinación de impuestos y que imponen sanciones, y en general, los demás recursos cuya competencia no esté adscrita a otro funcionario.

(18) Artículos 66 de la Ley 383 de 1997 y 59 de la Ley 788 de 2002.

(19) Sentencia de 14 de abril de 2011, Expediente 17930.

(20) Sentencia de 13 de octubre de 2011, Expediente 18280.

(21) Sentencia de 13 de diciembre de 1996, Expediente 8017, C. P. Consuelo Sarria Olcos y de 8 de marzo de 2002, Expediente 12300, C. P. Juan Ángel Palacio Hincapié, entre otras.

(22) Sentencias del 2 de abril de 2009, Expediente 17197, C. P. Héctor J. Romero Díaz y de 8 de noviembre de 2007, Expediente 15381, C. P. Ligia López Díaz, entre otras.

(23) En el mismo sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 17 de octubre de 1991, que decidió sobre la exequibilidad del artículo 77 de la Ley 49 de 1990.