Sentencia 2008-00486 de julio 10 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATUR

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 19001 11 02 000 2008-00486 01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Aprobado según Acta de Sala 52 de la misma fecha.

Ref.: disciplinario contra abogada Adriana Valverde Meneses.

Bogotá, D.C., diez de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia: La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer y decidir sobre la apelación de la sentencia antes referida, de conformidad con el mandato establecido en el artículo 256, numeral 3º de la Constitución Política, en armonía con lo dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 1123 de 2007.

Entonces, entra esta Sala a decidir si confirma o revoca la sentencia dictada el día 11 de octubre de 2012, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, decidió sancionar con suspensión de siete (7) meses en el ejercicio de la profesión, a la abogada Adriana Valverde Meneses, al encontrarla responsable de incurrir en las conductas previstas en los artículos 55.1 y 54.3 del Decreto 196 de 1971, hoy previstas en los artículo 37.1 y 35.4 de la Ley 1123 de 2007, respectivamente, cuyo texto son del siguiente tenor:

“ART. 55.—Incurre en falta a la debida diligencia profesional:

1º. El abogado que injustificadamente demore la iniciación o prosecución de las gestiones que le han sido encomendadas o deje de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional”.

“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”.

“ART. 54.—Constituyen faltas a la honradez del abogado: (1a…2a…).

3a. Retenerdineros, bienes o documentos suministrados para las gestiones o los recibidos de otras personas por cuenta del cliente, o demorarle injustificadamente la comunicación de este recibo”.

ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado: (1…2…3…).

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”.

Problema jurídico: Entonces debe dilucidarse en este asunto, si la doctora Valverde Meneses incurrió en las conductas imputadas en el auto de cargos, específicamente si faltó a la debida diligencia profesional al dejar de hacer la gestión encomendada, en concreto, el trámite de la liquidación de la sucesión intestada de señor Paulino Oll Astaiza, ante la Notaría Única de Santander de Quilichao – Cauca; y si también faltó al deber de honradez del abogado, al retener y no entregar a las quejosas la documentación que éstas le entregaron para la gestión.

Pues bien, revisada la prueba documental obrante en el plenario, lo primero que se establece es que a la abogada Adriana Valverde Meneses, las hermanas María Mirta Oll Rojas y Rubiela Oll Rojas, le otorgaron poder el día 13 de diciembre de 2006, dirigido a la Notaría Única de Santander de Quilichao, “para que en nuestro nombre y representación inicie, tramite y lleve hasta su terminación Liquidación de la Sucesión Intestada del causante señor Paulino Oll Astaiza, quien falleciera en Santander de Quilichao, el día 15 de enero de 2005…” Luego, probado está el mandato, al punto que la misma inculpada, al rendir versión libre así lo aceptó, confesando incluso que recibió $700.000 como honorarios, tal como lo afirmaron las quejosas.

También está probado, que la gestión no fue acometida, pues pese a que la inculpada sostuvo en su versión libre que sí lo hizo pero que le fue rechazada por un error en el apellido del causante, por lo que incluso solicitó el aplazamiento de la Audiencia de Juzgamiento para traer certificación al respecto expedido por la Notaría, lo cierto es que no lo hizo, y por el contrario, en razón de la prueba oficiosa practicada por el a quo, la Dra. Nora Clemencia Mina Zape, en calidad de Notaria Única de Santander de Quilichao, informó que revisados los libros de actas que contienen la admisión de sucesiones, no se encontró ninguna radicada a nombre del causante Paulino Oll Astaiza, luego, en forma clara se establece que objetivamente la disciplinable trasegó por la conducta de indiligencia imputada en los cargos.

Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad de la abogada Valverde Meneses en la comisión de tal conducta, no son aceptables los expuestos en la versión libre, ni los esgrimidos por su defensora de oficio en el escrito de apelación, en tanto, si en verdad le fue rechazado el trámite sucesoral por la inconsistencia de un apellido del causante, de lo cual dijo haber informado a sus mandantes sin que hubieren hecho lo que les correspondía, lo lógico era que al transcurrir los días, meses y años, debió dejar en forma clara tal situación, y para salvar su responsabilidad renunciar al mandato, dejando las constancias del caso, es decir enviando comunicaciones a sus mandantes requiriéndoles la documentación que estimaba necesitaba para continuar con el trámite sucesoral.

Pero lo cierto es que tal argumento fue desvirtuado por las quejosas, cuanto éstas bajo la gravedad de juramento y ante un juez de la República, en forma simple, clara y natural, precisaron que no recordaban que la abogada les hubiera dicho nada al respecto, luego, a la luz de las reglas de la experiencia y de la sana crítica, al analizar la prueba testimonial no hay razón para no dar credibilidad al dicho de las deponentes, máxime que con la queja aportaron fotocopia de la cédula de ciudadanía del de cujus, en la que claramente se establece que en vida respondió al nombre de Paulino Oll Astaiza(18), que es el mismo nombre que aparece en el poder otorgado a la inculpada.

De tal manera que, por lo menos a simple vista, no se observa ninguna inconsistencia en los apellidos del causante, y por tanto, tal exculpación se avizora como vana y dirigida simplemente a tratar por cualquier medio de salvar su responsabilidad en la indiligencia probada.

Ahora bien, en cuanto a la conducta de retención de los documentos que le fueron entregados por las quejosas para adelantar el trámite sucesoral, es sabido que para una gestión de tal clase como mínimo se requiere registros civiles auténticos de nacimiento de los herederos, del registro civil de defunción, si hay bienes inmuebles entonces se necesita la escritura pública para efectos de determinar sus linderos y tradición, certificado de libertad, paz y salvo por concepto de impuestos predial, valorizaciones, etc.

Así, lógico es pensar que la inculpada requirió a sus clientes la entrega de la documentación necesaria para adelantar tal trámite, y si bien es cierto que, por lo menos en lo que toca a la escritura pública, no necesariamente se requiere el original, pues basta una fotocopia para tomar los datos de linderos, cabida y tradición, y que por ello razón le asiste a la inculpada y a su defensora de oficio cuando dicen que para adelantar la sucesión no era necesaria el original de la escritura pública, sin embargo nótese que independientemente de ello, lo cierto es que la disciplinable, pese a que las quejosas le solicitaron la devolución de la documentación entregada para la gestión (originales o fotocopias), tal como lo declararon bajo la gravedad de juramento en las dos oportunidades que se les citó para rendir declaración, no ha cumplido con tal deber, y eso es precisamente lo que se le reprocha.

También es cierto que fácilmente las quejosas pueden acudir a la notaría en la cual se corrió la escritura pública y pedir una copia auténtica, conseguir nuevamente los registros civiles de defunción, nacimiento, certificado de tradición y recibos de pago de impuestos prediales, para entregarlos a otro profesional del derecho a fin de que se adelante la sucesión, pero ello para nada enerva el deber de honradez en las relaciones profesionales, lo que conlleva a la obligación de la abogada inculpada de devolver en su totalidad la documentación que le fue entregada con ocasión a la gestión.

Entonces, es evidente que la Dra. Valverde Meneses faltó a los deberes de diligencia y de honradez profesional, pues sin justificación alguna no acometió el trámite sucesoral que se le encomendó, ni tampoco, pese a los requerimientos de sus clientes, les ha devuelto la documentación que le fue entregada para tales efectos, por lo que será confirmada la sentencia de primer grado en la que se encontró responsable de incurrir en las faltas imputadas en los cargos.

En cuanto a la sanción, también considera la Sala debe mantenerse la impuesta por el a quo, pues independientemente de que la disciplinada carezca de antecedentes disciplinarios, incurrió en una pluralidad de faltas, sin que tampoco sea factible aplicarle algún criterio de atenuación, pues no aceptó la comisión de las faltas, por el contrario en su defensa esgrimió disculpas triviales y sin fundamento, y en lugar de haber procurado resarcir el daño causado, por ejemplo ofreciendo reintegrar los honorarios o devolviendo en el curso del proceso disciplinario la documentación entregada para la gestión, contrario a ello con argucias quiso transferir su responsabilidad a las quejosas, indicando que éstas eran las que no habían vuelto a su oficina desde cuando les dijo que tenían que corregir el apellido del causante, cuando como quedó establecido en estas diligencias, no se observa ninguna inconsistencia al respecto, ni mucho menos la togada dejó constancia alguna en tal sentido.

Entonces, la disciplinada en lugar de tratar de corregir su conducta, lo que hizo fue atribuir la responsabilidad disciplinaria infundadamente a sus clientes, por lo que bien hizo la Sala a quo en tasar la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el lapso de siete (7) meses, en tanto las sanciones deben ser ejemplarizantes en casos como en el presente, en que los abogados sin justificación alguna faltan a sus deberes deontológicos, en desmedro de la profesión frente a la comunidad en general.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha 11 de octubre de 2012 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, por medio de la cual se sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el lapso de siete meses, a la abogada Adriana Valverde Meneses, por incurrir en las faltas establecidas en los artículos 55.1 y 54.3 del Decreto 196 de 1971, hoy previstas en los artículos 37.1 y 35.4 de la Ley 1123 de 2007, respectivamente, conforme la motivación de este proveído.

Segundo: REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

Tercero: DEVOLVER el expediente a su lugar de origen».

Notifíquese y cúmplase.

(18) Fl. 9, c. o.