SENTENCIA 2008-00496/39460 DE MARZO 8 DE 2017

 

Sentencia 2008-00496/39460

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., ocho de marzo de dos mil diecisiete.

Rad. 52001-23-31-000-2008-00496-01(39460).

Actor: Aura Julia Álvarez Ascuntar.

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y Otros.

Referencia: Acción de reparación directa.

Temas: Responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por no informar a la autoridad de tránsito la existencia de una investigación por hurto de un vehículo / culpa compartida entre la Fiscalía General de la Nación y la demandante por no verificar situación judicial del vehículo permutado ante el órgano competente SIJIN.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) la competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2) la legitimación en la causa por activa; 3) obligaciones de las autoridades judiciales y de Policía respecto del Registro Nacional de Automotores; 4) la determinación de la responsabilidad de las entidades demandadas en el caso concreto: culpa compartida entre la demandante y Fiscalía General de la Nación; 5) liquidación de perjuicios; 6) decisión sobre costas.

1. Competencia.

Teniendo en cuenta que en los asuntos relativos a la responsabilidad del Estado por el error judicial, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad, el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 estableció la competencia privativa de los Tribunales Administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, se impone concluir que esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto(7).

2. La legitimación en la causa por activa.

En el caso que se examina, la actora no acudió al proceso en calidad de propietaria del vehículo de placas VMA-808, sino en virtud de haber celebrado contrato de permuta de dicho vehículo, de conformidad con el documento original suscrito el 20 de junio de 2006, en el cual consta que recibió el mismo inmediatamente y que cada permutante se encargaría del traspaso del automotor que recibiera(8).

Como ya lo ha expresado la Sala en casos similares, dicho documento basta para acreditar la tenencia del vehículo derivada de un contrato que sirvió como título traslaticio de dominio, según el cual la actora ejerció la misma de conformidad con el artículo 762 del Código Civil en concordancia con los artículos 905 y 922 del Código de Comercio(9).

3. Obligaciones de las autoridades judiciales y de Policía respecto del Registro Nacional de Automotores.

Sobre el particular la jurisprudencia de esta Subsección ha señalado lo siguiente:

“(…) la certificación oficial de los datos que conste en el registro genera confianza pública, por lo cual la administración está en el deber de diseñar los medios para obtener información verídica, consignar tales datos de manera idónea y certificarlos de manera que resulten útiles para facilitar las relaciones jurídicas que se deriven de ellos.

“En consecuencia, el Estado será responsable de las fallas en que incurra al expedir certificaciones falsas o no idóneas que causen perjuicios a los particulares.

“(…).

En síntesis, puede afirmarse que para el Estado el deber de certificación implica responsabilidades de orden patrimonial cuando se ha incurrido en fallas en la elaboración del registro o en la expedición del certificado, pero no cuando da cuenta de la verdad formal consignada por el particular y se han agotado las medidas de control que el caso concreto exige.

“(…).

“Lo que debe resolver la Sala en este caso, es si del hecho de que la administración haya realizado el registro del vehículo objeto de este proceso con fundamento en unos documentos falsos, se deriva la obligación de reparar el daño causado como consecuencia del mismo.

La respuesta a este interrogante debe ser positiva, siempre que en el acto de registro las autoridades competentes hubieran incurrido en irregularidad por acción u omisión en el cumplimiento de sus deberes legales. En el caso concreto, sería atribuible a la administración el daño sufrido por el demandante si los documentos apócrifos hubieran sido expedidos por los funcionarios de la oficina de transporte y tránsito, o al menos con su complicidad, en ejercicio de sus funciones, o en el supuesto de que la autoridad encargada de realizar la inscripción hubiera omitido el cumplimiento de los controles legales al realizar el acto”(10) (Negrillas de la Sala).

En concordancia con lo anterior, el artículo 2º de la Ley 769 de 2002 define el registro nacional automotor como “el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto, o contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros”.

Bajo ese entendido, el artículo 48 del mismo estatuto le impone a las autoridades judiciales el deber de informar al organismo de tránsito donde se encuentre matriculado un vehículo, de las decisiones adoptadas en relación con él, para su inscripción en el registro nacional automotor, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su ejecutoria. Igualmente, establece la obligación para las mismas de verificar la propiedad del vehículo antes de tomar decisiones en relación con él.

4. La determinación de la responsabilidad de las entidades demandadas en el caso concreto – culpa compartida entre la demandante y la Fiscalía General de la Nación.

En el caso que se examina, la demandante hace consistir la responsabilidad de las entidades demandadas en la falla en el servicio que condujo a la pérdida por incautación del vehículo de placas VMA-808, cuya posesión ostentaba la accionante.

Se lee en el expediente que el 20 de junio de 2006 la accionante celebró contrato de permuta de vehículo con el señor William Santacruz Bastidas, quien como primer permutante y “en calidad de legítimo propietario entrega en calidad de permuta un vehículo de las siguientes características: marca Chevrolet, clase camión, placa VMA-808 (pública) matriculada en Buga (Valle), modelo 1992, motor 320615, color blanco calma, chasis NLB53007(11)”.

En el mismo contrato se dejó constancia de que, en cuanto a las gestiones de traspaso, el vehículo de placas VMA-808 se entregaba inmediatamente y cada permutante se encargaría de dicho trámite respecto del vehículo que recibía.

Igualmente, los contratantes garantizaban la legal procedencia de los vehículos y los entregaban libres de todo gravamen y limitación.

Así mismo, se allegaron copias del certificado de tradición del vehículo VMA-808 con fechas de expedición del 13 de junio, 11 de octubre de 2006 y 15 de febrero de 2007 del Servicio Integrado de Tránsito y Transporte de Buga SITTBUGA, de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Guadalajara de Buga, en cuyo historial aparece como último trámite una anotación del 22 de octubre de 2002 donde figura como propietario el señor Samuel Arias Gaviria, es decir, una persona distinta a quien celebró el contrato de permuta con la demandante en junio de 2006(12).

Obra, así mismo, acta de incautación del referido vehículo del 27 de septiembre de 2006, la cual fue adelantada por la Policía Nacional, Seccional de Policía Judicial e Investigación de Nariño, grupo de automotores, siendo motivo de la misma una denuncia por hurto del 10 de noviembre de 2004(13).

Por su parte, la Fiscalía Novena Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pasto, en oficio del 16 de septiembre de 2009, suscrito por el titular de ese despacho, señaló que tramitó la averiguación previa Nº 114.878 por el delito de hurto calificado y agravado, siendo denunciante Fernando Barón, respecto del automotor de placas VMA-808, por hechos sucedidos el 4 de noviembre de 2004(14).

Ese Fiscal también informó que la investigación se inició el 6 de diciembre de 2004 y en la respectiva resolución se ordenó oficiar a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Guadalajara de Buga, a fin de que se abstuvieran de registrar cualquier transacción respecto del mencionado automotor, sin embargo, dicho oficio no fue allegado al plenario.

El mismo funcionario aseguró que el 26 de julio de 2007 recibió un escrito en ejercicio del derecho de petición solicitando la liberación de todo pendiente que recayera sobre el vehículo VMA-808, dado que este había sido recuperado por parte de la SIJIN y entregado al señor Fernando Barón. Por tanto, una vez se acreditó que el automotor había sido recuperado y entregado a su propietario, Fernando Barón, el 28 de septiembre de 2006 la SIJIN Nariño envió oficio al Jefe de Automotores para que cancelara el pendiente por hurto(15).

En efecto, obra en el plenario copia del acta de entrega de elementos del vehículo VMA-808 del 28 de septiembre de 2006 por parte de dos miembros de la SIJIN al señor Fernando Barón, en calidad de propietario del mismo, según denuncia por hurto del 10 de noviembre de 2004(16).

Finalmente, se escuchó el testimonio del señor Samuel Arias Gaviria, último propietario registrado en el certificado de tradición del automotor, quien respecto del contrato de permuta celebrado por la actora manifestó lo siguiente:

“(…) el conocimiento mío es que yo a esa señora no la conozco, no la distingo, no sé quién es. Respecto del vehículo, yo esa camioneta se la vendí a un señor que es de aquí de Tuluá, es el dueño del establecimiento ‘Tienda Vieja’, negocio que está ubicado a la entrada del parque recreacional Sarmiento Lora, él se llama Fernando Barón, yo hice negocio con él y le pedí que cerrara papeles rápido, entonces, como en el trascurso de tres meses me di cuenta de que se la habían robado y luego recibí una llamada de Pasto porque ese vehículo aparecía a nombre mío, me dijeron que ese vehículo se lo habían robado, incluso, que habían matado al chofer. (…) Yo me di cuenta que don Fernando fue a Pasto, él me contó, que fue con el abogado y que hicieron el operativo y que recuperaron la camioneta y que esa camioneta ya figuraba a nombre de otra persona y que la cédula mía aparecía en Buga falsificada y la comparamos y la cédula estaba falsificada, me imagino que para hacer el traspaso a ella en Buga(17)”.

De la prueba recaudada observa la Sala que la actora celebró un contrato de permuta para recibir un vehículo de quien no era su propietario, circunstancia fácil de constatar en el certificado de tradición del automotor, en el cual no aparecía registrado como último propietario su co-contratante, sino una persona distinta, pese a que en el contrato declaró ser su “legítimo propietario”.

De hecho, el último trámite anotado en el certificado de tradición tan cuestionado por la actora y con base en el cual celebró el negocio jurídico data del 22 de octubre de 2002, esto es, casi cuatro años atrás de suscribir la permuta (20 de junio de 2006), sin embargo, ello no obstó para que la accionante siguiera adelante con el contrato.

Para la actora la falla de las entidades consiste en que en el certificado de tradición del vehículo no se consignó que respecto del mismo existía una denuncia por hurto instaurada desde el 10 de noviembre de 2004.

Lo cierto es que la demandante alega una falla derivada de las obligaciones que las demandadas tendrían respecto del registro nacional automotor, consagradas en el artículo 48 de la Ley 769 de 2002, consistentes en: a) informar al organismo de tránsito donde se encuentre matriculado un vehículo acerca de las decisiones adoptadas en relación con él, para su inscripción en el registro nacional automotor, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su ejecutoria y, b) verificar la propiedad del vehículo antes de tomar decisiones en relación con él.

Sin embargo, la norma citada impone tales obligaciones a las autoridades judiciales, en este caso, a la Fiscalía General de la Nación, entidad que, según lo informó, dio apertura a una investigación previa desde el 6 de diciembre de 2004 por hurto del vehículo objeto del litigio, pero no informó de ello a la autoridad de tránsito donde se encontraba matriculado el automotor, esto es, a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Guadalajara de Buga, pues, pese a que señaló haberlo hecho, para que dicha dependencia se abstuviera de registrar cualquier transacción, no se allegó prueba de ello al expediente.

De ahí que para el 20 de junio de 2006, cuando la actora celebró contrato de permuta, claramente no aparecía en el certificado de tradición, como se demostró en el plenario, anotación alguna respecto de la investigación que se encontraba en curso por el hurto del vehículo, por lo cual aquella podía deducir de buena fe, confiando en la veracidad de dicho documento público, que no solamente no pesaban sobre el automotor gravámenes o multas ni tampoco pendientes judiciales.

Lo anterior descarta la responsabilidad en los hechos por parte del municipio de Guadalajara de Buga a través de su Secretaría de Tránsito y Transporte, pues, ciertamente, la información que revela a través de sus certificados se basa en lo reportado por los particulares interesados en las transacciones en cuanto a gravámenes y traspaso de propiedad sobre los automotores y por las autoridades judiciales acerca de la situación jurídica de los mismos, de modo que dicha dependencia no podía certificar una información distinta al historial con el que contaba el vehículo, el cual no había sido actualizado por los interesados y obligados en ello.

Lo mismo se predica respecto de la Policía Nacional que a través de la SIJIN del Departamento de Policía de Nariño, en su labor de policía judicial para el apoyo de los órganos judiciales como la Fiscalía General de la Nación, administra un sistema central de antecedentes para automotores en el cual el vehículo aparecía reportado por hurto y por ello fue incautado y entregado a quien demostró ser su propietario, actuaciones de las cuales fue informada la Fiscalía de conocimiento que verificó el procedimiento y ofició al Jefe de la SIJIN en Nariño para que cancelara el pendiente por hurto.

Siendo así, no puede obviarse que antes de celebrar el negocio jurídico la demandante pudo consultar ante la SIJIN la situación judicial del automotor, dado que es este el organismo que inspecciona y emite los certificados sobre pendientes judiciales, con lo cual no solo se hubiera enterado de que existía una investigación por hurto, sino que además el vehículo era reclamado por otra persona que demostró su derecho como propietario ante esa autoridad(18).

Ello demuestra que la accionante fue negligente en las verificaciones y previsiones que debió tomar antes de adquirir un vehículo usado, máxime que en el certificado no aparecían anotaciones de trámite alguno desde el año 2002 y quien figuraba como propietario era una persona distinta a aquella con la que celebró la permuta, pese a que en el contrato se declaró como “legítimo propietario”.

Todo lo anterior fuerza concluir que la Fiscalía General de la Nación, no así el municipio de Guadalajara de Buga ni la Policía Nacional, omitió el deber legal de informar al organismo de tránsito donde se encontraba matriculado el vehículo de placas VMA-808, Secretaría de Tránsito y Transporte de Guadalajara de Buga, la decisión de apertura de investigación previa por el posible delito de hurto respecto de dicho automotor, providencia que, como consecuencia, no pudo conocer dicha dependencia como tampoco registrarla en el historial del rodante.

Igualmente, la demandante concurrió al daño antijurídico consistente en que el vehículo le fuera incautado y fuera privada de la tenencia del mismo, dado que no consultó a la autoridad competente, Policía Nacional – SIJIN, la situación judicial del vehículo sobre el cual, para el momento de la permuta, ya pesaba un denuncio por hurto registrado ante ese organismo; además, tampoco verificó la legítima propiedad del permutante con quien suscribió el negocio jurídico, pese a que este no figuraba como propietario en el certificado de tradición expedido al momento de firmarse el contrato, es decir, la accionante no tomó las previsiones mínimas que se encontraban a su alcance antes de suscribir el contrato de permuta.

Tal circunstancia fue expuesta por el señor Samuel Arias Gaviria, quien sí figuraba como último propietario en el certificado de tradición y declaró no solo que no conocía a la demandante, sino que le había vendido el vehículo al señor Fernando Barón, persona que denunció el hurto y, posteriormente, recuperó el vehículo.

Se concluye entonces que a la producción del daño alegado por la demandante concurrió la falla por omisión de la Fiscalía General de la Nación, al no informar al organismo de tránsito su decisión de apertura de una investigación penal, así como la conducta negligente de la actora de no tomar las previsiones necesarias para indagar por la situación judicial de vehículo usado que permutó, razón por la cual se declarará la responsabilidad compartida.

Por todo lo expuesto, se revocará el fallo apelado para declarar la responsabilidad administrativa de la Fiscalía General de la Nación y se reducirá la condena en un cincuenta por ciento (50%) de lo que habrá de reconocerse a la accionante por concepto de los perjuicios reclamados, con motivo de la concurrencia de culpas.

5. Liquidación de perjuicios.

5.1. Perjuicios materiales.

5.1.1. Daño emergente.

La demandante solicitó la suma de $ 155’000.000 por concepto de daño emergente.

Para ello la accionante allegó las siguientes facturas por gastos relacionados con el vehículo de placas VMA-808:

— Dos facturas por valor de $ 15.600 cada una, por concepto de expedición de certificados de tradición(19).

— Factura por valor de $ 207.320 pagados por impuestos de traspaso fallido(20).

— Factura por la suma de $ 30.200 para el trámite de grabar chasis y serie del automotor(21).

— Factura por valor de $ 20.100 por pago de avalúo de semaforización y señalización(22).

— Factura por la suma de $ 48.300 por concepto de chequeo técnico mecánico(23).

— Factura por $ 16.500 por pago de licencia de tránsito(24).

Respecto de los comprobantes de pago por concepto de certificado de movilización y rodamiento, estos figuran a nombre del señor Samuel Arias Gaviria, es decir, no fueron gastos efectuados por la demandante, por lo que no se reconocerán(25).

Tampoco se reconocerá valor por concepto de seguro de vehículo, pues éste no se acreditó, dado que solo se hizo referencia a su pago a la Aseguradora Agrícola de Seguros, en un derecho de petición elevado por la actora a esa compañía de seguros y en su respuesta, mas no se demostró el valor efectivamente pagado(26).

Las sumas acreditadas en el plenario, todas pagadas por la actora entre junio y octubre de 2006 arrojan un valor total de $ 355.420 el cual se actualizará a la fecha de esta providencia, de conformidad con la fórmula utilizada a continuación, donde la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica ($ 355.420) multiplicada por la cifra que arroje dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia (índice final), por el índice de precios al consumidor vigente para octubre de 2006 cuando la actora realizó el último gasto (índice inicial), de la siguiente manera:

Ra = Rh

IPC (f) IPC (i)

F1
 

Ra = $ 553.164,54 de la cual a la actora se reconocerá la mitad, esto es, la suma de $ 276.919,6.

5.1.2. Lucro cesante.

Igualmente, la actora solicitó prueba pericial a fin de que se avaluara la producción de un camión marca Chevrolet, capacidad 4.5 toneladas, modelo 1992 en buen estado, calculada entre el 27 de septiembre de 2006 hasta la fecha de la sentencia.

El perito avaluador calculó la producción de un vehículo de tales características entre septiembre de 2006 y septiembre de 2009, lo cual arrojó un valor total de 80.269.215(27).

Sin embargo, en el dictamen no se explica con detalle con base en qué elementos el perito llegó a tal conclusión, pues ni siquiera anexa la información con base en la cual caracterizó un vehículo como el de la demandante para así determinar que se encontraba en buen estado y que hubiere producido la suma calculada.

Si bien en el plenario se demostró que se trataba de un vehículo con placas de servicio público, el perito no especificó de qué manera al ser usado para el transporte público podría producir la renta calculada en favor de la accionante.

De hecho la demandante tuvo el vehículo entre junio y septiembre de 2006, pero ni en la demanda ni en medio de prueba alguno demostró que durante ese tiempo lo utilizó para fines de servicio público, o que haya tenido renta alguna por ese concepto o adelantado los trámites para prestar dicho servicio y que su trabajo se hubiera paralizado debido a la incautación del automotor.

De tal modo que lo valorado por el perito son simples supuestos que ni siquiera se acercan a la realidad, pues la actora tampoco le facilitó el peritaje realizado al vehículo al momento de su adquisición, que hiciera inferir en qué condiciones se encontraba para prestar el servicio público de transporte y de qué tipo de transporte, con qué frecuencia y por cuanto tiempo, cálculos que también se echan de menos en la experticia practicada, la cual no puede ser acogida por la Sala para estimar los perjuicios que por concepto de lucro cesante reclama la demandante.

Vale la pena, a propósito de la prueba pericial rendida al respecto, recordar los requisitos que para su apreciación ha distinguido esta Sección, al señalar que para su eficacia probatoria debe ser a) conducente en relación con el hecho a probar; b) el perito deber ser competente, es decir, un verdadero experto en la materia encomendada; c) el auxiliar de justicia debe ser imparcial; d) sobre el dictamen no puede haberse declarado una objeción por error grave; e) el dictamen debe estar debidamente fundamentado y sus conclusiones deben ser claras, firmes y consecuentes con las razones expuestas; entre otras. La jurisprudencia ha insistido en que el dictamen debe ser claro, preciso y detallado, el cual debe especificar los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los argumentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones(28).

En el caso que se examina, la prueba pericial no basta para reconocer a la accionante la supuesta producción del vehículo de servicio público, pues no tuvo los soportes para hacer una estimación precisa de tal renta; por el contrario, se trata de una cuantificación vaga, general, en referencia con un vehículo similar, sin contar con certeza alguna acerca de las condiciones del vehículo ni prueba de que en el pasado este se haya usado con esos fines y cuánto producía, como un antecedente que le permitiera hacer una estimación más probable y confiable de la utilidad del vehículo, razón por la cual no puede valorarse como idónea a este propósito de la demandante(29). Por tales motivos, no se accederá a dicho reconocimiento.

5.2. Perjuicios morales.

La actora solicitó el reconocimiento del perjuicio moral del cual ni siquiera estimó su cuantía, mucho menos argumentó su contenido ni allegó prueba alguna de la ocurrencia del mismo, de manera que este no puede estimarse y por tanto, no se reconocerá.

6. Decisión sobre costas.

Habida cuenta de que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Nariño, el 23 de julio de 2010 y, en su lugar, se dispone lo siguiente:

“1) Exonerar de responsabilidad administrativa a la Nación-Ministerio de Defensa Policía Nacional y al municipio de Guadalajara de Buga por los hechos demandados por la señora Aura Julia Álvarez Ascuntar.

2) Declarar administrativamente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación en concurrencia con la señora Aura Julia Álvarez Ascuntar, por la incautación del vehículo de placas VMA-808 cuya tenencia ostentaba la última mencionada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3) Condenar a la Nación-Fiscalía General de la Nación, a pagar a la señora Aura Julia Álvarez Ascuntar la suma de $ 276.919,6 por concepto de daño emergente.

4) Denegar las demás súplicas de la demanda”.

2. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMÍTASE el expediente al Tribunal de origen.

3. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(7) En primera instancia el proceso se adelantó inicialmente por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto, que mediante providencia del 6 de noviembre de 2008 lo remitió por competencia funcional al Tribunal Administrativo de Nariño (fls. 184 a 188, c. 1) y admitido por este mediante auto del 30 de enero de 2009 (fls. 192 a 194, c 1).

(8) Fl. 17, c 1.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 12 de mayo de 2014, exp. 25000-23-26-000-2003-01062-01(30179), C.P. Mauricio Fajardo Gómez: “como se advierte en la demanda, el actor no acudió al presente proceso en calidad de propietario del bien incautado, en la medida en que manifestó que presentaba la demanda como titular de los derechos que le correspondían como poseedor del referido vehículo. Para acreditar su condición, el demandante aportó copia auténtica del contrato de permuta celebrado con el señor Juan Manuel Muñoz Santos, a través del cual se comprometieron a intercambiar vehículos en relación con los cuales advirtieron que eran de su propiedad, de tal forma que, con ocasión de esa transacción, el señor Lezcano recibió el vehículo de placas EPB288 marca Chevrolet Corsa GL, modelo 2000”.

(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 20 de febrero de 2003, exp. 14.176, C.P. Ricardo Hoyos Duque, reiterada en Sentencia del 12 de mayo de 2014, exp. 25000-23-26-000-2003-01062-01(30179), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(11) Fl. 17, c. 1.

(12) Fls. 18, 19, 24, 25, 38 y 39, c. 1.

(13) Fl. 21, c. 1.

(14) Fls. 265 y 266, c. 1.

(15) Fl. 279, c. 1.

(16) Fls. 276 y 277, c. 1.

(17) Fls. 326 y 327, c. 1.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 12 de mayo de 2014, exp. 25000-23-26-000-2003-01062-01(30179), C.P. Mauricio Fajardo Gómez: “en línea con lo anterior, esta Sección del Consejo de Estado, al abordar el estudio de un caso similar al que ahora se analiza y precisamente bajo la pauta de que le corresponde a la Policía Nacional – SIJIN inspeccionar los automotores y emitir los certificados a que hubiere lugar, sostuvo ‘… el demandante antes de hacer la negociación debió cerciorarse de la legalidad del automotor que adquiría, trámite que debe adelantarse ante la SIJIN, entidad encargada de revisar los automotores y certificar en relación con su procedencia y que no presenten pendientes por hurto y otros delitos (…)’”.

(19) Fls. 20 y 26, c. 1.

(20) Fl. 27, c. 1.

(21) Fl. 28, c. 1.

(22) Fl. 29, c. 1.

(23) Fl. 30, c. 1.

(24) Fl. 33, c. 1.

(25) Fls. 33 a 36, c. 1.

(26) Fls. 41 y 42, c. 1.

(27) Fls. 333 a 343, c. 1.

(28) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección A, Sentencia del 25 de agosto de 2011, exp. 25001-23-26-000-1997-03882-01(19162), C.P. Hernán Andrade Rincón.

(29) En la precitada providencia la Sala precisó: “A su turno, el artículo 241 ibídem señala que al valorar o apreciar el juez el dictamen de los peritos tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Con esto se quiere significar que el juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la administra, de manera que el juez no está obligado a ‘…aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello fuese así, estos serían falladores…’.”.