Sentencia 2008-00505/41073 de febrero 8 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 520012331000200800505 01 (41.073)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Luz Marina López de Acosta

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Asunto: reparación directa

Bogotá, D. C., ocho de febrero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Cuarta, el 25 de marzo de 2011, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación(19).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del C.C.A., la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en los daños que había podido sufrir Luz Marina López de Acosta con ocasión del vencimiento de los términos en la instrucción penal llevada a cabo por la Fiscalía General de la Nación, la cual tuvo como consecuencia la preclusión de la investigación por el presunto delito de lesiones personales culposas, lo cual, a su vez, le habría impedido a la antes mencionada –constituida en parte civil en el proceso penal referido– obtener la reparación de los perjuicios sufridos a raíz de las aludidas lesiones.

En el sub lite, el término de caducidad de la acción de reparación directa debe contabilizarse desde que se tuvo conocimiento del daño, esto es, desde cuando Luz Marina López de Acosta tuvo la certeza, como consecuencia de la declaración de prescripción de la acción penal, que no podría acceder al reconocimiento de perjuicios como víctima del delito de lesiones personales.

Así, pues, la providencia mediante la cual la Fiscalía Primera Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Pasto, precluyó la investigación por prescripción de la acción penal por el delito de lesiones personales culposas se dictó el 27 de marzo de 2007(20) y, comoquiera que la demanda se interpuso el 3 de mayo de 2007(21), se impone concluir que lo fue en tiempo oportuno.

3. Lo probado en el proceso.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente demostrados en este proceso los siguientes hechos:

— Que el 17 de diciembre de 2002 se produjo un accidente de tránsito en la calle 21 con carrera 31A de la ciudad de Pasto –Nariño– entre el taxi distinguido con placas SDK-588 y la camioneta de placas MLP-457(22). En este accidente resultó lesionada Luz Marina López de Acosta, pasajera del taxi, quien fue remitida al Hospital Departamental, en el que se le determinó como diagnóstico de ingreso trauma cervical con esguince cervical y síndrome interespinoso(23), que le dejó una incapacidad médico legal definitiva de 28 días y, como secuela, una perturbación funcional del órgano de la columna vertebral de carácter permanente(24).

— Que el 7 de enero de 2003, con fundamento en la denuncia interpuesta por la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Pasto, la Fiscalía Quinta Local de esa ciudad dispuso la apertura de la instrucción en contra del conductor del taxi, por el delito de lesiones personales culposas(25).

— Que mediante auto de 14 de octubre de 2003 la Fiscalía Quinta Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Pasto ordenó vincular a través de indagatoria al conductor de la camioneta implicada en el accidente(26).

— Que el 23 de septiembre de 2005, la Fiscalía Quinta Local de Pasto admitió la demanda de parte civil incoada por Luz Marina López de Acosta contra los conductores implicados en el accidente de tránsito. En dicha providencia, igualmente, se ordenó vincular como presuntos terceros civilmente responsables al propietario del taxi, a la empresa Flota Galeras S.A. –a la cual se encontraba afiliado– y al propietario de la camioneta(27).

— Que el 27 de marzo de 2007, la Fiscalía Primera Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Pasto precluyó la investigación por prescripción y declaró la extinción de la acción penal. Adicionalmente, señaló que contra esta providencia procedían los recursos de reposición, apelación y queja(28).

4. Conclusiones probatorias y caso concreto.

En atención a lo expuesto en la demanda, encuentra la Sala que la responsabilidad patrimonial reclamada en el presente caso se fundamentó en dos argumentos puntuales: i) la ocurrencia de un presunto error judicial cometido en el marco de un proceso penal, y ii) la dilación del proceso, circunstancias que, a la postre, conllevaron a que se declarara la preclusión de la acción penal, situación que, a su vez, le habría impedido a Luz Marina López de Acosta, constituida en parte civil en el citado proceso penal, acceder a la reparación de los perjuicios sufridos por la conducta de los sindicados en el delito de lesiones personales culposas.

Como puede apreciarse, dicha situación alude a la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la administración de justicia, regulada hoy en día en la Ley 270 de 1996(29), disposición que se encontraba vigente al momento en que se adoptó la providencia que declaró la prescripción de la acción penal, con la cual la demandante considera que se materializó el daño, de manera que orienta los criterios generales a tener en cuenta para resolver el caso concreto, de conformidad con los pronunciamientos jurisprudenciales que en torno a ella se han proferido(30).

En este orden de ideas, es pertinente aludir al texto del artículo 65 de la Ley 270, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ARTÍCULO 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

La norma que viene de transcribirse desarrolla la cláusula general de responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables y que fueren causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, concepto que desde luego comprende todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares de la justicia(31).

Ahora bien, frente al error judicial, el artículo 66 de la citada ley vino a definirlo de la manera que, a continuación, se procede a retener:

“… Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”.

Bajo este entendimiento, para determinar si el juzgador incurrió o no en error judicial debe analizarse la concordancia de la providencia emitida con cada uno de los actos desarrollados por las partes durante el proceso, observando con detenimiento los hechos aducidos, los argumentos de la demanda y su contestación, el material probatorio aportado y la aplicación del marco normativo realizada por funcionario judicial al caso particular(32).

El error del juez radica en la valoración abiertamente equivocada o la inobservancia de un elemento decisivo e incidente en el proceso, lo cual conlleva a la incorrecta aplicación de la normatividad jurídica al caso de su conocimiento y, por tanto, a proferir en aquel una decisión judicial contraria al ordenamiento jurídico.

De otra parte, en lo atinente a la responsabilidad extracontractual del Estado, derivada de la preclusión por vencimiento del término de prescripción de una investigación penal y la consecuente imposibilidad para que la víctima del delito obtenga la reparación de los perjuicios presuntamente causados por la comisión del delito investigado, esta Subsección ha considerado que este supuesto se enmarca en la hipótesis consagrada en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996(33), es decir, bajo la óptica de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, puesto que, en estos casos, no existe una providencia judicial que se pueda considerar como generadora de un posible y eventual error judicial como tampoco se demanda la privación injusta de la libertad o de algún otro derecho, ni la retención injusta de bienes muebles o inmuebles(34).

En este sentido, la parte actora alega que la preclusión de la instrucción penal objeto de la demanda que aquí se estudia, le habría impedido obtener la reparación patrimonial de los perjuicios que sufrió como consecuencia de una posible conducta delictiva, por lo que se colige que estructuró su pretensión en torno a la pérdida de la oportunidad de obtener reparación por los mencionados perjuicios.

En vista de lo anterior, se hace necesario recordar que, en cualquier caso, para que el daño sea indemnizable, debe ser personal, directo y cierto. En el presente caso, para que el daño sea cierto, de la situación fáctica se debe desprender la total imposibilidad de la señora Luz Marina López de Acosta de obtener el resarcimiento de los perjuicios en un escenario distinto al de la constitución de parte civil en el proceso penal; de ser negativa la respuesta a tal interrogante, se podrá tomar el daño como cierto.

Ahora bien, en cuanto hace a la certeza del daño y la responsabilidad estatal derivada del vencimiento de los términos en la instrucción penal llevada a cabo por las lesiones personales padecidas por Luz Marina López de Acosta, es del caso señalar que, con ocasión de un caso similar, esta Subsección se ocupó de estudiar esa temática y, en sentencia de 30 de enero de 2013(35), tras analizar la normatividad que sobre el particular se consagró en los Códigos Civil, Penal –D.L. 100 de 1980– y de Procedimiento Penal –D.L. 2700 de 1991–, coligió varias reglas, en los siguientes términos:

“… en primer lugar resulta claro que la comisión de un hecho punible puede traer consigo efectos patrimoniales respecto de ciertas personas; que éstas cuentan con dos cauces procesales en aras de obtener el resarcimiento de los perjuicios que se les hubieren causado: la acción civil –cuya caducidad es de 20 años si se incoa de manera independiente– y la constitución de parte civil en el proceso penal –en cuyo caso, la prescripción se iguala a la de la acción penal–; finalmente se tiene que la extinción de la acción penal no extingue los derechos patrimoniales que se hayan podido producir, los cuales se podrán ventilar ante la jurisdicción ordinaria”.

De igual manera, concluyó la Sala que, si la responsabilidad patrimonial por la comisión de un delito se debate en el marco de un proceso penal, su declaratoria se encuentra necesariamente ligada a la condena efectiva por la comisión del delito, mientras que si dicha pretensión se ventila en un proceso ordinario de responsabilidad civil, la declaratoria de responsabilidad y la consecuente condena no dependen de una condena en tal sentido. Es decir, las pretensiones de la parte civil en un proceso penal dependen del álea propia del mismo proceso en cuanto al reconocimiento de la responsabilidad penal como requisito previo e indispensable para acceder a las pretensiones resarcitorias(36).

En virtud de lo anterior, es claro que el ordenamiento jurídico colombiano consagró dos cauces procesales adecuados, independientes y principales para obtener el resarcimiento de los perjuicios derivados de una conducta punible, en ese sentido, la finalidad de ambos instrumentos es la misma; sin embargo, pueden presentarse casos de prejudicialidad en materia penal, pero sólo en las hipótesis contempladas por el artículo 57 de la Ley 600 de 2000, en los siguientes términos:

“La acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que la conducta causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa”.

Así, cuando el resultado del proceso penal sea una declaración, en alguno de los sentidos reseñados, no será viable darle prosperidad a las pretensiones resarcitorias de la parte civil. Dado que en el caso que ocupa a la Sala en esta oportunidad, la preclusión de la investigación tuvo como causa la prescripción de la acción penal, la señora Luz Marina López de Acosta se encontraba facultada por el ordenamiento jurídico para perseguir los perjuicios alegados en un proceso ordinario de carácter civil(37).

En el mismo sentido, mientras que el término de prescripción de la demanda civil en el proceso penal se encuentra ligado a lo que el ordenamiento jurídico haya consagrado para la conducta que origina el daño –para el caso concreto, 5 años–(38), en el caso de la acción civil ante los jueces civiles, el término de la prescripción estará regido por la norma especial que lo consagre y, en su defecto(39), por lo normado en el artículo 2536 del Código Civil, cuya redacción vigente al momento de los hechos objeto de la demanda que ahora se decide en segunda instancia, era del siguiente tenor:

“La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).

La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5)”.

Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término”.

Tal previsión normativa debe avenirse con lo dispuesto por los artículos 98 y 99 del Código Penal vigente para la época en que se cometió el presunto delito que, a la letra, dicen:

“ARTÍCULO 98. Prescripción. La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil(40).

ARTÍCULO 99. Extinción de la acción civil. La acción civil derivada de la conducta punible se extingue por cualquiera de los modos consagrados en el Código Civil. La muerte del procesado, el indulto, la amnistía impropia, y, en general las causales de extinción de la punibilidad que no impliquen disposición del contenido económico de la obligación, no extinguen la acción civil”.

Aplicados los anteriores criterios al sub lite, se tiene que si bien la señora Luz Marina López de Acosta se constituyó como parte civil en el proceso penal adelantado por el presunto delito de lesiones personales y que dicha instrucción terminó con la declaratoria de preclusión de la investigación por prescripción de la acción penal, el daño alegado por la señora López de Acosta no puede tenerse por cierto en atención a dos razones fundamentales:

La primera, tiene que ver con el carácter incierto de las resultas del proceso penal surtido contra los conductores involucrados en el accidente de tránsito. En efecto, el proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación se encontraba en la etapa anterior a la calificación del sumario, es decir en la instrucción del sumario, faltándole todavía la calificación y el juicio(41). Es decir, los implicados bien hubieran podido argumentar y probar la existencia de una causal eximente de responsabilidad, de atipicidad de la conducta, de ausencia de autoría o de inexistencia del hecho punible, argumentos que debía resolver el juez en la debida oportunidad; en este sentido el carácter incierto del daño se deriva de la posible ocurrencia de los áleas normales de toda actuación judicial y, particularmente, del proceso penal.

Este aserto se deduce con más claridad al analizar las diferentes etapas en el proceso penal consagrado en la Ley 600 de 2000. En efecto, la calificación del sumario debía darse cuando se hubiera recaudado la prueba necesaria para calificar o estuviera vencido el término de instrucción, sin que fuese requisito de procedencia la prueba exhaustiva de la totalidad de las circunstancias debatidas en el proceso(42); más aún, en la etapa de juzgamiento el expediente quedaba a disposición de las partes para preparar la audiencia pública, solicitar la declaratoria de nulidades producidas en la fase anterior y pedir pruebas(43).

Como puede apreciarse, las partes en el proceso penal todavía disponían de diversos mecanismos procesales para evitar una sentencia condenatoria, de manera que no era posible considerar que la condena por el delito de lesiones personales hubiere sido cierta o segura en caso de no haber ocurrido la prescripción de la acción penal; al contrario, tal seguridad sólo se podía derivar de la ejecutoria de la correspondiente sentencia definitiva en el proceso penal. Tampoco es dable afirmar que la condena civil en el marco del mencionado proceso penal tuviera un carácter inevitable, puesto que ella se encontraba sometida a lo que hubiere encontrado probado en el expediente el juez de la causa.

La segunda razón tiene que ver con el hecho de que la señora Luz Marina López de Acosta tuvo la posibilidad real de acudir a la jurisdicción civil para que, una vez declarada la prescripción de la acción penal, a través de un proceso ordinario de responsabilidad extracontractual, se ordenara el pago de los perjuicios derivados del accidente de tránsito. Es decir, el solo hecho de la prescripción de la acción penal por lesiones personales respecto de los sindicados no le daba carácter de cierto al daño, puesto que en casos como el presente, se requiere que el particular haya perdido cualquier oportunidad de obtener el resarcimiento solicitado como parte civil en el proceso penal por la conducta activa u omisiva de la entidad pública demandada, lo cual no ocurrió en el sub lite.

En este sentido, en la mencionada providencia de 30 de enero de 2013, la Subsección estimó que esta valoración debía realizarse a la luz del criterio acogido por la Sala en torno a la pérdida de oportunidad(44), cuya configuración, en cada caso concreto, gira en torno a tres criterios, a saber:

“(i) Certeza respecto de la existencia de una oportunidad que se pierde, aunque la misma envuelva un componente aleatorio, lo cual significa que esta modalidad de daño da lugar a un resarcimiento a pesar de que el bien lesionado no tiene la entidad de un derecho subjetivo –pues se trata de un mero interés legítimo, de la frustración de una expectativa, sin que ello suponga que se trata de un daño puramente eventual–, siempre y cuando se acredite inequívocamente la existencia de ‘una esperanza en grado de probabilidad con certeza suficiente’(45) de que de no haber ocurrido el evento dañoso, la víctima habría mantenido la expectativa de obtener la ganancia o de evitar el detrimento correspondientes(46);

(ii) Imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento, vale decir, la probabilidad de obtener la ventaja debe haberse convertido en inexistente, pues si la consolidación del daño dependiera aún del futuro, se trataría de un perjuicio eventual e hipotético, no susceptible del reconocimiento de una indemnización que el porvenir podría convertir en indebida(47)47; lo expuesto se antoja lógico en la medida en que si el resultado todavía puede ser alcanzado, el “chance” aún no estaría perdido y nada habría por indemnizar; por tanto, si bien se mantiene la incertidumbre respecto de si dicho resultado se iba a producir, o no, la probabilidad de percibir la ganancia o de evitar el perjuicio sí debe haber desaparecido definitivamente del patrimonio –material o inmaterial– del individuo porque dichos resultados ya no podrán ser alcanzados jamás.

Tal circunstancia es la que permite diferenciar la ‘pérdida de oportunidad’ del ‘lucro cesante’ como rubros diversos del daño, pues mientras que la primera constituye una pérdida de ganancia probable –dado que, según se ha visto, por su virtud habrán de indemnizarse las expectativas legítimas y fundadas de obtener unos beneficios o de evitar una pérdida que por razón del hecho dañoso nunca se sabrá si habrían de conseguirse, o no–, el segundo implica una pérdida de ganancia cierta –se dejan de percibir unos ingresos que ya se tenían(48)–;

(iii) La víctima debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado, es decir que debe analizarse si el afectado realmente se hallaba, para el momento en el cual ocurre el hecho dañino, en una situación tanto fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el provecho por el cual propugnaba, posición jurídica que ‘no existe cuando quien se pretende damnificado, no llegó a emplazarse en la situación idónea para hacer la ganancia o evitar la pérdida’”(49).

Ahora bien, encuentra la Sala que no se cumplen los señalados criterios (ii) y (iii), puesto que, por un lado, la señora López de Acosta no se encontraba en una situación de “imposibilidad definitiva” de obtener el resarcimiento esperado y, por el otro, tampoco se puede considerar, que en este caso la sola existencia de la resolución de acusación fuera requisito suficiente para que se encontrara probado el punible que se investigaba(50).

La Sección Tercera, en sentencia del 31 de mayo de 2016(51), reconoció la posibilidad que tienen los integrantes de la parte civil de acudir ante la jurisdicción civil a hacer valer sus pretensiones y obtener una sentencia de fondo sobre las mismas, si una vez declarada la prescripción de la acción penal todavía no se encuentra configurada la prescripción de la acción civil. Así lo dijo:

“Al respecto, sin perjuicio de que reiteradamente se ha aducido que los integrantes de la parte civil de un proceso penal pueden acudir ante el operador judicial civil competente para elevar las pretensiones que hubiesen manifestado y que no se solventaron adecuadamente, luego de que dicho procedimiento finaliza por prescripción de la acción penal, la Sala no pierde de vista que para cuando ello sucede es posible que ya no les sea dable acudir ante la jurisdicción en virtud de la configuración de la prescripción de la acción civil, por lo que evidentemente se ven privados de la tutela judicial efectiva de sus derechos y en consecuencia, pierden en forma definitiva la ocasión de ver materializadas sus pretensiones.

Ciertamente, debido a que entre el momento en que un sujeto se vincula como parte civil a un procedimiento penal y en que éste es terminado por prescripción de la acción penal, pueden pasar varios años en los que aquél espera legítimamente que se adopte una decisión de fondo sobre sus solicitudes, cuando esto último no acaece, usualmente ya le es muy tarde para iniciar otro procedimiento judicial en el que pueda hacer conocer sus peticiones y obtener una sentencia de fondo sobre las mismas.

A partir de los elementos de convicción que militan en el sub judice, lo anterior le ocurrió al señor Edilberto Piedrahita Tenorio, comoquiera que teniendo en cuenta que las lesiones en virtud de las cuales sufrió un período de incapacidad se le produjeron el 28 de junio de 1994, una vez se profirió la decisión mediante la cual se declaró la prescripción de la acción penal el 31 de agosto de 2001, y la misma fue confirmada por medio de auto del 18 de octubre la misma anualidad, ya no le era viable presentar la demanda de responsabilidad contractual a que tenía derecho de conformidad con lo dispuesto por los artículos 982(52) y 993 del C.Co. –ver nota n.º 24– y el artículo 2358 del C.C. –ver nota n.º 15–, en tanto ya habían transcurrido mucho más de los dos años desde el momento en que la ejecución de la obligación debió haber finalizado y más de los tres años en que se estableció que se puede demandar a un tercero civilmente responsable –ya habían pasado más de 7 años, situación que fue evidenciada al momento de adoptarse la decisión de la prescripción de la acción civil frente a la sociedad tercera civilmente responsable–.

En consecuencia, es claro que el aducido demandante perdió de manera conclusiva su expectativa de percibir las reparaciones que pretendía a partir de las lesiones que se le infligieron, comoquiera que al haberse fiado de que en el proceso penal se resolverían sus peticiones tanto en contra de la tercera civilmente responsable como en contra del causante de las lesiones, dejó de acudir al juez civil, lo que en todo caso no le estaba dado mientras durara el trámite penal, por lo que cuando finalmente éste cesó por extinción de la acción penal, ya no le era viable ejercitar el medio de control civil ordinario para tener la oportunidad de que sus pretensiones se fallaran de fondo y a su favor, punto en el que se debe precisar que el argumento esbozado por la Nación - Rama Judicial en el sentido de que antes de demandarla todavía tenía la posibilidad de haber ejercido la acción civil, está llamado a fracasar”.

Descendiendo las anteriores consideraciones al caso concreto, encuentra la Sala que la señora Luz Marina López de Acosta, una vez declarada la prescripción de la acción penal, contaba todavía con la posibilidad de acudir ante la jurisdicción civil, pues el término de 10 años de la prescripción civil vencía para ella el 7 de diciembre de 2012, contado a partir de la ocurrencia del hecho. Así, pues, una vez declarada la prescripción en el proceso penal –27 de marzo de 2007– a la hoy demandante le quedaban 5 años, 8 meses y 10 días para acudir ante la jurisdicción civil en procura del resarcimiento de los perjuicios ocasionados como consecuencia del accidente de tránsito en el que resultó lesionada. La decisión del proceso penal en el presente caso no implicó para la actora la pérdida del derecho a lograr la reparación integral de los perjuicios causados, quien podía hacerlo valer ante la jurisdicción civil.

Como corolario de lo anterior debe señalarse que el presunto daño invocado en la demanda, como consecuencia de la declaración de prescripción de la acción penal, no tiene el carácter de cierto, por lo que la responsabilidad patrimonial endilgada con base en esta circunstancia tampoco encuentra sustento, lo que impone confirmar la sentencia apelada, pero por las precisas razones expuestas en esta providencia.

Ahora bien, en gracia de discusión se tiene que en el presente caso también se configuró como causal eximente de responsabilidad a favor del Estado la culpa exclusiva de la víctima, como bien lo consideró el tribunal a quo, puesto que correspondía a la parte actora impugnar oportunamente dentro del proceso penal la decisión judicial por medio de la cual la Fiscalía Primera Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Pasto precluyó la investigación por prescripción de la acción penal, la cual, en su numeral segundo, dispuso que contra la decisión allí contenida procedían los recurso de reposición, apelación y queja.

En efecto, según el tenor literal del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, “El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

La Corte Constitucional en Sentencia T-694 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, manifestó que “los derechos de participación y de acceso a la administración de justicia, le confieren a la parte civil en el proceso penal una serie de derechos y obligaciones similares, en principio, a los que ostentan los restantes sujetos procesales. En consecuencia, debe entenderse que desde el momento en el cual una persona es reconocida como “parte civil”, adquiere el derecho a participar activamente en todas las diligencias que se realicen, lo cual implica, entre otras cosas, el derecho a solicitar las pruebas que considere conducentes para el esclarecimiento de la verdad o para demostrar la responsabilidad del sindicado, así como el derecho a recurrir las decisiones que afecten sus intereses”(53).

Desde esta panorámica, correspondía a la parte actora, en consideración a lo dispuesto en el artículo 185 del C.P.P.(54) impugnar la providencia a través de la cual la Fiscalía Primera Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Pasto precluyó la investigación por prescripción de la acción penal, lo que no ocurrió en el presente caso, circunstancia esta que, como se dijo, configuró la causal eximente de responsabilidad de culpa de la víctima.

Por último, se debe precisar que tampoco encontró la Sala acreditada la dilación injustificada en el trámite del proceso penal surtido por las Fiscalías Primera y Quinta Locales de Pasto, toda vez que, por el contrario, lo que permite establecer el material probatorio, es que dicha declaratoria se hizo de manera anticipada, sin que de la actuación adelantada por las aludidas Fiscalías durante el trámite del proceso penal se observe acto irregular u omisivo del que se puede predicar su responsabilidad por los hechos objeto de la demanda.

En efecto, con fundamento en la denuncia que por el delito de lesiones personales formulara la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Pasto, la Fiscalía Quinta Local de esa ciudad dispuso el 7 de enero de 2003(55) la apertura de la instrucción en contra de los conductores implicados en el accidente de tránsito ocurrido el 17 de diciembre de 2002, citó a audiencia de conciliación(56) y ordenó la vinculación mediante indagatoria de los implicados en el accidente; ordenó y practicó las pruebas pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, experticios técnicos sobre los vehículos(57), la entrega de los vehículos siniestrados(58), toma de muestras de alcoholemia a los conductores(59), la práctica de reconocimientos médico legales a la víctima(60), recepción de testimonios(61), recepción de testimonios a través de Fiscalía comisionada(62), la declaración de la víctima y su ampliación(63), la indagatoria de los implicados en el siniestro(64), informes de trabajo sobre bienes a nombre de los sindicados(65), solicitud de antecedentes y anotaciones(66), admisión de la demanda de parte civil(67) y la reasignación del asunto en virtud del cambio de sistema penal acusatorio, entre otras actuaciones, las cuales permiten considerar, como lo afirmó la demandada que, aun cuando la investigación no se hubiera llevado a cabo dentro de los términos previstos en la ley, se realizaron todas las actuaciones y se practicaron las pruebas que cualquier investigador ordenaría frente a un caso similar.

Ahora bien, la Ley 600 de 2000, estableció en su artículo 329 que el término de instrucción “no podrá exceder de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de su iniciación. No obstante, si se tratare de tres (3) o más sindicados o delitos, el término máximo será de veinticuatro (24) meses. Vencido el término de instrucción, la única actuación procedente será la calificación”.

Respecto al cierre de la investigación, el artículo 393 de la misma disposición, preceptuó:

“Cuando se haya recaudado la prueba necesaria para calificar o vencido el término de instrucción, mediante providencia de sustanciación que se notificará personalmente, la cual solo admite el recurso de reposición, se declarará cerrada la investigación y se ordenara que el expediente pase al despacho para su calificación.

Ejecutoriada la providencia de cierre de la investigación, se ordenara traslado por ocho (8) días a los sujetos procesales, para presentar las solicitudes que consideren necesarias en relación con las pretensiones sobre la calificación que deba adoptarse. Vencido el término anterior, la calificación se verificará en un plazo máximo de quince (15) días hábiles”.

Como se puede apreciar, si bien la Fiscalía Quinta Local de Pasto inició y llevo a cabo la investigación pertinente por el delito de lesiones personales culposas, ésta debió cerrar la investigación una vez transcurridos 18 meses y, una vez cerrada la investigación, ordenar que el expediente pasara a despacho para su posterior calificación, procedimiento que omitió la Fiscalía de conocimiento.

Así las cosas, para la Sala la resolución que precluyó la investigación por prescripción de la acción penal no se atemperó a las normas vigentes del ordenamiento jurídico, toda vez que los artículos 83 a 86 del Código Penal –Ley 100 de 2000– establecen que la acción penal del tipo penal de lesiones personales culposas es de 5 años. El término de prescripción se empieza a contar desde el día de la consumación del delito, es decir, para el caso concreto, desde el 17 de diciembre de 2002. En consecuencia la acción penal prescribía para el presente caso el 17 de diciembre de 2007, fecha que no se había cumplido para la fecha en la que se declaró la prescripción de la acción penal –27 de marzo de 2007–, no empero, dicha providencia no fue objeto de impugnación por la parte actora, circunstancia que, como se dijo, configuró la causal eximente de responsabilidad de culpa de la víctima.

5. Condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 01 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 25 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Cuarta.

2. Sin costas (art. 55 de la Ley 446 de 1998).

3. Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

19 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

20 Folio 169 del cuaderno de pruebas 1.

21 Folios 1 a 13 del cuaderno principal.

22 A folios 2 a 8 del cuaderno de pruebas 1.

23 A folios 246 a 251 del cuaderno de pruebas 1, obra la historia clínica de la señora Luz Marina López, correspondiente a la atención prestada en el Hospital Departamental.

24 A folio 87 del cuaderno de pruebas 1, obra el examen médico legal practicado a la señora Luz Marina López por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

25 Folio 10 del cuaderno de pruebas 1.

26 Folio 42 del cuaderno de pruebas 1.

27 Folios 107 a 109 del cuaderno de pruebas 1.

28 Folio 169 del cuaderno de pruebas 1.

29 Publicada en el Diario Oficial 42.745 de 15 de marzo de 1996.

30 Este criterio fue expuesto recientemente por la Sala en sentencia de 11 de septiembre de 2011, Expediente 18913.

31 Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Expediente 13.164. C. P. Ricardo Hoyos Duque.

32 Sentencia de 5 de diciembre de 2007, Expediente 15.128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

33 En este sentido se puede consultar la sentencia de 30 de enero de 2013, Expediente 23769, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

34 En auto de 15 de diciembre de 2011, Expediente 40425, la Subsección B de la Sección Tercera se refirió al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en los siguientes términos: “El artículo 69 de la Ley 270 de 1996 establece que cuando el daño no proviene de un error judicial o de la privación injusta de la libertad, el título de imputación jurídica radica en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Dentro de ese concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran, no sólo los funcionarios, sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales. En conclusión, los daños causados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia provienen de todas aquellas acciones u omisiones que se den durante el trámite del proceso y que no provengan de un error jurisdiccional o de la privación injusta de la libertad”.

35 Expediente 23769, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

36 Ibídem.

37 Al respecto la doctrina nacional ha afirmado que: “… es de señalar que el artículo 57 del CPP en momento alguno refiere, como al parecer equivocadamente lo entiende Tamayo Jaramillo, que tiene efectos de cosa juzgada absolutoria la decisión ejecutoriada que declara que el delito causante del perjuicio no ocurrió o que ese delito causante del perjuicio no lo cometió el sindicado. Repárese que allí, si bien es cierto se dice algo parecido, en todo caso se trata de algo distinto, pues lo que literalmente expresa es que hay lugar a hablar de cosa juzgada frente al tema civil cuando se declare que el hecho no ocurrió o que no lo cometió el sindicado, y ciertamente no es lo mismo afirmar que el delito no ocurrió a afirmar que el hecho causante del perjuicio no ocurrió; en otras palabras, si el delito no ocurrió pero sí ocurrió el hecho que causó el perjuicio no se ve cómo pueda predicarse la cosa juzgada penal absolutoria” (Gaviria Londoño, Vicente, La acción civil en el proceso penal colombiano, 2ª edición, Universidad Externado de Colombia, 2011, p. 196).

38 Según el artículo 114 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) la pena máxima por el delito de lesiones personales es de 8 años, sin embargo al ser culposas se aplica el artículo 120 ibídem que reduce la pena de las cuatro quintas a las tres cuartas partes, quedando una pena máxima de 4.8 años, no obstante como el término de prescripción no puede ser inferir a 5 años –artículos 83 a 86 Código Penal– ese tiempo es el que se aplica para la prescripción el presente caso.

39 Para Javier Tamayo Jaramillo:
“El artículo 2538 del Código Civil pretende regular los plazos de prescripción extintiva en los casos de responsabilidad extracontractual. Sin embargo, la norma solo se refiere a la prescripción de las acciones en responsabilidad civil aquiliana derivada de ilícitos penales y a la prescripción de las acciones en responsabilidad civil por el hecho ajeno; en consecuencia, los otros casos de responsabilidad civil extracontractual deben regirse, en cuanto a la prescripción, por lo dispuesto en el principio general consagrado en el artículo 2536 del Código Civil y en normas especiales” (Tratado de Responsabilidad Civil, T. II, 2ª edición, Temis, 2011, p. 280).

40 Frente al particular no sobra recalcar lo afirmado por la Sala en torno a las diferencias entre los conceptos de prescripción y caducidad:
“A pesar de que antes del 8 de julio de 1998 se acudió a la figura de la prescripción en los procesos ejecutivos contractuales ante la inexistencia de una disposición legal que señalara el término de caducidad para la acción ejecutiva contractual, lo cierto es que se trata de conceptos diferentes, en tanto la caducidad es un fenómeno procesal, mientras que la prescripción es de carácter sustancial y, por tanto, no se pueden confundir. La Sección Tercera ha explicado el tema, así: “La caducidad se refiere a la extinción de la acción, mientras que la prescripción a la del derecho; la primera debe ser alegada, mientras que la caducidad opera ipso iure; la prescripción es renunciable, mientras que la caducidad no lo es, en ningún caso, y mientras que los términos de prescripción pueden ser suspendidos o interrumpidos, los de caducidad no son susceptibles de suspensión, salvo expresa norma legal, como es el caso de la conciliación prejudicial establecida en la Ley 640 de 2001.

41 Sobre este punto ver: Espitia Garzón, Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Penal, 8ª edición, Legis, 2011, p.22 a 36. Queda claro, pues, que se trata de dos figuras que regulan fenómenos diferentes y, que, en consecuencia, no es posible aplicar las normas que regulan la prescripción a la caducidad, o viceversa (...)”.
“Como se advirtió, en un principio se utilizó la figura de la prescripción de las acciones judiciales para determinar si una demanda ejecutiva se presentaba en tiempo; dicha institución está consagrada en el artículo 2.512 del Código Civil, que la define como un modo de adquirir las cosas o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por no haber ejercido las acciones y derechos durante cierto tiempo” (Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 26 de mayo de 2010, Exp. 25803).

42 “ARTÍCULO 393. Cierre de la investigación. Cuando se haya recaudado la prueba necesaria para calificar o vencido el término de instrucción, mediante providencia de sustanciación que se notificará personalmente, la cual sólo admite el recurso de reposición, se declarará cerrada la investigación y se ordenará que el expediente pase al despacho para su calificación.
Ejecutoriada la providencia de cierre de investigación, se ordenará traslado por ocho (8) días a los sujetos procesales, para presentar las solicitudes que consideren necesarias en relación con las pretensiones sobre la calificación que deba adoptarse. Vencido el término anterior, la calificación se verificará en un plazo máximo de quince (15) días hábiles. (Se destaca)
Al día siguiente de recibido el proceso por secretaría se pasarán las copias del expediente al despacho y el original quedará a disposición común de los sujetos procesales por el término de quince (15) días hábiles, para preparar las audiencias preparatoria y pública, solicitar las nulidades originadas en la etapa de la investigación y las pruebas que sean procedentes.

43 “ARTÍCULO 400. Apertura a juicio. Con la ejecutoria de la resolución de acusación comienza la etapa del juicio y adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento y el Fiscal General de la Nación o su delegado la calidad de sujeto procesal.

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, Expediente 18593.

45 Cita textual del fallo: Trigo Represas, Félix Alberto, Pérdida de chance Presupuestos. Determinación. Cuantificación, Astrea, Buenos Aires, 2008, pp. 38-39.

46 Cita textual del fallo: A este respecto se ha sostenido que “… la chance u oportunidad, es una posibilidad concreta que existe para obtener un beneficio. El incierto es el beneficio pero la posibilidad de intervenir es concreta, pues existe de forma indiscutible. Por eso sostenemos que existe daño jurídicamente indemnizable cuando se impide esa oportunidad o esa chance: se presenta el daño… Las dificultades pueden presentarse en la evaluación, porque lógicamente ésa no puede ser la del beneficio que posiblemente se habría obtenido sino otra muy distinta” (énfasis añadido). Cfr. Martínez Ravé, Gilberto y Martínez Tamayo, Catalina, Responsabilidad civil extracontractual, Temis, Bogotá, 2003, p. 260.
En similar sentido, Trigo Represas señala que “[E]n efecto, si la chance aparece no sólo como posible, sino como de muy probable y de efectiva ocurrencia, de no darse el hecho dañoso, entonces sí constituye un supuesto de daño resarcible, debiendo ser cuantificada en cuanto a la posibilidad de su realización y no al monto total reclamado.
La pérdida de chance es, pues, un daño cierto en grado de probabilidad; tal probabilidad es cierta y es lo que, por lo tanto, se indemniza (…) cuando implica una probabilidad suficiente de beneficio económico que resulta frustrada por el responsable, pudiendo valorársela en sí misma con prescindencia del resultado final incierto, en su intrínseco valor económico de probabilidad” (subrayas fuera del texto original). Cfr. Trigo Represas, Félix Alberto, Pérdida de chance, cit., p. 263.

47 Henao, Juan Carlos, El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pp. 159-160.

48 Cita textual del fallo: Al respecto la doctrina afirma que “…‘en el lucro cesante está ‘la convicción digamos más o menos absoluta de que determinada ganancia se produzca’, mientras que en la pérdida de chance hay ‘un álea que disminuye las posibilidades de obtenerla’, diríase que en el lucro cesante el reclamo se basa en una mayor intensidad en las probabilidades de haber obtenido esa ganancia que se da por descontado que de no haberse producido el hecho frustrante se habría alcanzado. Desde el prisma de lo cualitativo cabe señalar que el lucro cesante invariablemente habrá de consistir en una ganancia dejada de percibir, en tanto que la pérdida de chance puede estar configurada por una ganancia frustrada y además por la frustración de una posibilidad de evitar un perjuicio’”. Cfr. Vergara, Leandro, Pérdida de chance. Noción conceptual. Algunas precisiones, LL, 1995-D-78, N° 3, apud Trigo Represas, Félix Alberto, Pérdida de chance, cit., p. 262.

49 Cita textual del fallo: Zannoni, Eduardo, El daño en la responsabilidad civil, Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 110-111.

50 En el mismo sentido ver sentencia de 12 de marzo de 2014; Exp. 28.442.

51 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de mayo de 2016, Expediente 38267. C. P. Danilo Rojas Betancourth.

52 “El transportador estará obligado, dentro del término por el modo de transporte y la clase de vehículos previstos en el contrato y, en defecto de estipulación, conforme a los horarios, itinerarios y demás normas contenidas en los reglamentos oficiales, en un término prudencial y por una vía razonablemente directa:
1) En el transporte de cosas a recibirlas, conducirlas y entregarlas en el estado en que las reciba, las cuales se presumen en buen estado, salvo constancia en contrario, y
2) En el transporte de personas a conducirlas sanas y salvas al lugar de destino”.

53 Posición reiterada en sentencias: C-1149 de 2001, SU-1184 de 2001, C-228 de 2002, T-622 de 2002, C-805 de 2002, C-916 de 2002 y C-570 de 2003.

54 Artículo 185. Contra las providencias proferidas dentro del proceso penal, proceden los recursos de reposición, apelación y de queja, que se interpondrán por escrito, salvo disposición en contrario”.

55 Folio 10 del cuaderno de pruebas 1.

56 La audiencia de conciliación se llevó a cabo el día 26 de septiembre de 2005 (folio 101 del cuaderno de pruebas 1)

57 Folios 11 a 13 del cuaderno de pruebas 1.

58 Folios 15 a 24 y 26 a 31 del cuaderno de pruebas 1.

59 Folios 99 a 100 del cuaderno de pruebas 1.

60 Folios 46 a 47 del cuaderno de pruebas 1.

61 Folio 39, 41 y 159 a 161 del cuaderno de pruebas 1.

62 Folios 139 a 141 del cuaderno de pruebas 1.

63 Folio 32 y del cuaderno de pruebas 1. La ampliación de la indagatoria se llevó a cabo el día 26 de septiembre de 2005 (folios 104 a 105 del cuaderno de prueba 1).

64 Folios 37 a 38 y 50 a 55 del cuaderno de pruebas 1.

65 Folios 75 a 83 del cuaderno de pruebas 1.

66 Folio 84 del cuaderno de pruebas 1.

67 Folios 107 a 109 del cuaderno de pruebas 1.