Sentencia 2008-00507 de noviembre 3 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 25000-23-24-000-2008-00507-01(0335-11)

Consejero Ponente:

Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila

Actor: Jorge Eliécer Carrero Ojeda

Demandado: Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Autoridades distritales

Bogotá, D.C., tres de noviembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia

Sea lo primero indicar que esta Sección Segunda es competente para conocer del asunto de la referencia, por cuanto, el reglamento del Consejo de Estado, contenido en el Acuerdo 55 de 2003, establece:

“ART. 13.—Distribución de los negocios entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:

Sección Primera

1. Los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones.

[...]

Sección Segunda

1. Los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos laborales”.

En el presente asunto se discute la legalidad del artículo 4º del Decreto 103 de 2006 por el cual “se ajusta la planta de personal de la secretaría de gobierno a lo dispuesto en el Decreto-Ley 785 de 2005”, acto administrativo que es de naturaleza laboral, en la medida en que contiene regulaciones generales frente a la planta de personal de la secretaría de gobierno.

El problema jurídico

Consiste en determinar si el acto administrativo por medio del cual se reestructuró la planta de personal de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, D.C., se encuentra conforme a la ley.

Norma acusada

“DECRETO 103 DE 2006

(Marzo 17)

Derogado parcialmente por los decretos distritales 540 y 542 de 2006

Por el cual se ajusta la planta de personal de la secretaría de gobierno a lo dispuesto en el Decreto-Ley 785 de 2005

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C., (E)

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el numeral 9º del artículo 38 del Decreto-Ley 1421 de 1993 y en especial las conferidas por el Decreto-Ley 785 de 2005, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 125 de la Constitución Política, los empleos en los órganos y entidades del Estado son por regla general de carrera.

Que mediante el Acuerdo 14 de 1998 el Concejo de Bogotá adoptó los grados de asignación básica de los diferentes empleos que conforman las plantas de personal de las entidades de la administración distrital del sector central.

Que la Ley 909 de 2004, que regula el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública es aplicable a los empleados que prestan sus servicios en las entidades distritales.

Que los artículos 21, 27 y 29 del Decreto-Ley 785 del 17 de marzo de 2005, disponen que las plantas de personal de las entidades se deberán ajustar al sistema de nomenclatura y clasificación de empleos por niveles de que trata el citado decreto, dentro del año siguiente a la vigencia del mismo.

Que mediante el Decreto Distrital 339 de 2005 se ajusta parcialmente la nomenclatura y clasificación de unos empleos de la planta de personal de la secretaría de gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto-Ley 785 de 2005.

Que posteriormente el Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo 199 de 2005 por medio del cual se ajustó la escala salarial de los empleos públicos del sector central de la administración distrital para dar cumplimiento al Decreto-Ley 785 de 2005.

Que en concepto que emitiera el director de desarrollo organizacional en conjunto con la jefe de la oficina asesora jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital se determina que el término señalado en el Decreto-Ley 785 de 2005 debe ser cumplido por las entidades estatales.

Que dicho ajuste implica la supresión de algunos empleos y crearlos en niveles ocupacionales diferentes, sin que en estricto sentido se trate de cargos nuevos.

Que el Decreto-Ley 785 de 2005 en su artículo 3º señaló los niveles jerárquicos de los empleos de las entidades territoriales, sin mencionar los niveles ejecutivo, administrativo y operativo.

Que entre los cargos en los que es preciso modificar su nomenclatura se encuentran cargos de carrera administrativa definidos como tales en la Ley 909 de 2004.

Que desde este punto de vista el ajuste en la nomenclatura de los cargos no significa supresión ni creación de cargos nuevos en las entidades estatales de conformidad con la Ley 909 de 2004, ni genera ningún costo fiscal para el Distrito Capital.

Que el inciso cuarto del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, sobre garantías electorales, dispone que la nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa.

Que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-1153 de 2005, precisó el alcance de la disposición anterior, a la modificación de la planta de personal, es decir, que con esta restricción no se podrá modificar la planta de cargos, durante la vigencia de la mencionada ley de garantías.

Que no obstante la excepción consagrada en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005, para la modificación de las plantas de personal en aplicación de las normas de carrera, el Departamento Administrativo de la Función Pública en el concepto mencionado anteriormente señala que en vigencia de la mencionada ley “no es viable crear empleos en las entidades de la Rama Ejecutiva del nivel nacional y territorial”.

Que de conformidad con lo anterior, los efectos particulares de la creación y supresión de cargos que se realicen en el presente decreto dentro de la adecuación del sistema de nomenclatura administrativa para los cargos que cambian de nivel, se condicionará a los términos del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, es decir que dichos efectos se producirán luego de la elección presidencial de 2006.

Que la planta de personal de la secretaría de gobierno se encuentra establecida mediante Decreto 551 del 31 de diciembre de 2002 y demás decretos que lo modifican.

Que para efecto del ajuste de nomenclatura ordenado por el Decreto-Ley 785 de 2005, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital emitió concepto técnico favorable, mediante comunicación DIR Nº 0831 del 17 de marzo de 2006.

Que para el mismo fin, mediante Oficio Nº 2006 EE 60862 del 17 marzo de 2006, la dirección distrital de presupuesto de la Secretaría de Hacienda Distrital, expidió certificado en el sentido que este decreto no genera costo fiscal para el Distrito Capital.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ART. 1º—Suprímanse de la planta de personal de la secretaría de gobierno, los siguientes cargos:

Número de cargosDenominación del empleoCódigoGrado
Un (1)Jefe de oficina asesora11507
Un (1)Jefe de oficina asesora11505

 

ART. 2º—Créanse en la planta de personal de la secretaría de gobierno, los siguientes cargos:

Número de cargosDenominación del empleoCódigoGrado
Un (1)Jefe de oficina00607
Un (1)Jefe de oficina00605

 

ART. 3º—Los efectos particulares que generen la supresión y creación de los cargos a que se refieren los artículos anteriores se producirán a partir del día siguiente a la elección presidencial de 2006, de conformidad con el artículo 190 de la Constitución Política.

ART. 4º—Ajustar la planta de personal de la secretaría de gobierno a la nueva nomenclatura y clasificación de empleos, así:

Situación anterior (Acu. 14/98 y D. 339/2005)Situación nueva
Denominación del empleoCódigoGradoDenominación del empleoCódigoGrado
Nivel directivo y asesorNivel directivo
Secretario de despacho02007Secretario de despacho02009
Subsecretario de despacho04506Subsecretario de despacho04508
Director técnico02605Director técnico00907
Director técnico02604Consejero de justicia03206
Director técnico02602Director técnico00904
Alcalde local03003Alcalde local03005
Gerente03906Gerente03908
Nivel asesorNivel asesor
Jefe de oficina asesora11505Jefe de oficina asesora de jurídica11505
Nivel profesionalNivel profesional
Profesional especializado33524Profesional especializado22230
Profesional especializado22224
Profesional especializado22222Profesional especializado22227
Profesional especializado33520Profesional especializado22224
Profesional especializado22220
Inspector de policía urbana 1ª categoría33319Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría23323
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría23319
Profesional especializado33519Profesional especializado22223
Profesional especializado33516Profesional especializado22219
Profesional especializado22216
Profesional universitario34015Profesional universitario21918
Profesional universitario21915
Profesional universitario34013Profesional universitario21915
Profesional Universitario21913
Profesional universitario34010Profesional universitario21912
Profesional universitario21910
Profesional universitario34010Corregidor22712
Nivel técnicoNivel técnico
Subcomandante de Bomberos33618Subcomandante de bomberos33622
Técnico40116Técnico operativo31419
Técnico Operativo31416
Técnico40115Técnico operativo31417
Técnico Operativo31415
Técnico40114Técnico operativo31415
Técnico40112Técnico operativo31412
Nivel administrativo y operativoNivel asistencial
Auxiliar administrativo55021Auxiliar administrativo40727
Auxiliar administrativo40721
Secretario ejecutivo52521Secretario ejecutivo42527
Secretario ejecutivo42521
Secretario ejecutivo52520Secretario ejecutivo42526
Auxiliar administrativo55016Auxiliar administrativo40720
Auxiliar administrativo40716
Auxiliar administrativo55015Auxiliar administrativo40719
Auxiliar administrativo40715
Auxiliar administrativo55014Auxiliar administrativo40718
Teniente de bomberos51915Teniente de bomberos41919
Teniente de bomberos41915
Teniente de prisiones54715Teniente de prisiones45719
Teniente de Prisiones45715
Secretario54015Secretario44019
Secretario54013Secretario44017
Secretario44013
Secretario54012Secretario44016
Secretario44012
Sargento de bomberos51712Sargento de bomberos41716
Sargento de bomberos41712
Sargento de prisiones53812Sargento de prisiones43816
Sargento de Prisiones43812
Cabo de bomberos51311Cabo de bomberos41315
Cabo de bomberos41311
Cabo de prisiones52811Cabo de prisiones42815
Cabo de prisiones42811
Conductor mecánico60111Conductor mecánico48214
Bombero63510Bombero47513
Bombero47509
Guardián63010Guardián48513
Guardián48509
Auxiliar56509Auxiliar administrativo40713
Auxiliar administrativo40709
Conductor62010Conductor48013
Conductor48009
Operario62508Operario48709
Auxiliar56505Auxiliar administrativo40706
Operario62505Operario48705

 

ART. 5º—Las funciones propias de la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital, serán cumplidas por la planta global de personal que a continuación se fija.

Denominación del empleoCódigoGradoNúmero de cargos
Nivel directivo
Secretario de despacho02009(Uno) 1
Subsecretario de despacho04508(Tres) 3
Director técnico00907(Tres) 3
Jefe de oficina00607(Uno) 1
Consejero de justicia03206(Nueve) 9
Director técnico00904(Diez) 10
Alcalde local03005(Veinte) 20
Jefe de oficina00605(Uno) 1
Gerente03908(Uno) 1
Nivel asesor
Jefe de oficina asesora de jurídica11505(Uno) 1
Nivel profesional
Profesional especializado22230(Siete) 7
Profesional especializado22227(Dos) 2
Profesional especializado22224(Noventa y uno) 91
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría23323(Sesenta y tres) 63
Profesional especializado22223(Veintiuno) 21
Profesional especializado22219(Quince) 15
Profesional universitario21918(Ciento treinta y ocho) 138
Profesional universitario21915(Ciento trece) 113
Profesional universitario21912(Sesenta y seis) 66
Corregidor22712(Cinco) 5
Nivel técnico
Subcomandante de bomberos33622(Uno) 1
Técnico operativo31419(Dieciséis) 16
Técnico operativo31417(Cinco) 5
Técnico operativo31415(Uno) 1
Técnico operativo31412(Cuatro) 4
Nivel asistencial
Auxiliar administrativo40727(Ciento setenta y seis) 176
Secretario ejecutivo42527(Cuarenta) 40
Secretario ejecutivo42526(Dos) 2
Auxiliar administrativo40720(Noventa y cuatro) 94
Auxiliar administrativo40719(Ciento doce) 112
Auxiliar administrativo40718(Uno) 1
Teniente de bomberos41919(Quince) 15
Teniente de prisiones45719(Dos) 2
Secretario44019(Uno) 1
Secretario44017(Treinta y uno) 31
Secretario44016(Dieciséis) 16
Sargento de bomberos41716(Treinta y dos) 32
Sargento de prisiones43816(Siete) 7
Cabo de bomberos41315(Treinta y dos) 32
Cabo de prisiones42815(Doce) 12
Auxiliar administrativo40713(Cuarenta y siete) 47
Auxiliar administrativo40706(Tres) 3
Conductor mecánico48214(Dos) 2
Conductor48013(Veinticuatro) 24
Bombero47513(Trescientos) 300
Guardían48513(Noventa) 90
Operario48709(Dos) 2
Operario48705(Uno) 1
Total cargos(Mil seiscientos cuarenta) 1.640

 

PAR. TRANS.—Son parte transitoria de la planta de personal los cargos suprimidos en el artículo 1º con las condiciones establecidas en el artículo 3ª del presente acuerdo, y a partir de esa fecha entrara en vigencia plena la planta de personal aquí fijada con los cargos creados en el artículo 2º.

ART. 6º—Los empleados públicos que se encuentren desempeñando empleos a los cuales se les haya modificado el nivel jerárquico en virtud de los dispuesto por el Decreto 785 de 2005, continuarán percibiendo la misma asignación básica, porcentaje de gastos de representación y prima técnica, asignados con anterioridad, mientras permanezcan en los empleos equivalentes de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 21 del citado decreto.

ART. 7º—A partir de la vigencia del presente decreto el jefe de talento humano o quien haga sus veces, reportará inmediatamente al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y este a la Comisión Nacional del Servicio Civil los empleos que se crean y se encuentren ocupados con funcionarios con nombramientos provisionales, con el objeto de que sean convocados a concurso público para su provisión definitiva, de conformidad con la Ley 909 de 2004”.

Análisis de la Sala

Haciendo uso de sus facultades constitucionales, el Congreso de la República, a través del artículo 53 de la Ley 909 de 2004, dio precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir normas con fuerza de ley que contengan, entre otras, el sistema general de nomenclatura y clasificación de empleos aplicable a las entidades del orden territorial, al igual que el sistema de funciones y requisitos aplicable a los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial que deban regirse por esa ley, con excepción del Congreso de la República.

Fue con base en dicha ley, que el Presidente de la República expidió el Decreto-Ley 785 de 2005 “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004”, señalando un nuevo sistema de nomenclatura, clasificación de empleos, de funciones y de requisitos generales de los cargos de las entidades territoriales que, para el caso que nos ocupa y de conformidad con el artículo 33 transitorio del mismo decreto, se debía adecuar por las autoridades territoriales competentes, en un término no superior a doce (12) meses.

Contempló este decreto en su artículo 18 entre los “empleos del nivel profesional”, el de profesional universitario 219 y el de corregidor 227.

Más adelante, en el artículo 21 ibídem, se establecieron las equivalencias de empleos de que trataba el Decreto 1569 de 1998 (derogado por el mismo decreto), para el nivel profesional, así:

Situación anterior Situación nueva

Cód. Denominación Cód. Denominación

340 Profesional universitario 219 Profesional universitario

Igualmente señaló que, con sujeción a la nomenclatura y a la clasificación de los empleos por niveles, a las funciones, competencias y requisitos generales de que trata el decreto, las autoridades territoriales competentes deberían adecuar la planta de personal y el manual específico de funciones y requisitos dentro del año siguiente a la vigencia (art. 27), y que, para ajustar las plantas de personal y los respectivos manuales de funciones y requisitos, se tendrán en cuenta las nuevas denominaciones de empleo, la naturaleza general de las funciones de los mismos y las competencias laborales exigibles, en relación con las funciones que tenía establecido el empleo anterior (art. 29).

Con base en la anterior normatividad, el Alcalde Mayor, mediante el Decreto 339 de 2005 ajustó parcialmente la nomenclatura de la planta global de la secretaría de gobierno así:

“ART. PRIMERO.—Ajústese parcialmente la nomenclatura de los empleos de la planta global de cargos de la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital., así:

Planta actualPlanta equivalente
Nº cargosDenominación del empleoCódigoGradoAsignación
básica
Denominación del empleoCódigoGradoAsignación básica
Nivel profesional
46Profesional universitario340151.669.905Profesional universitario219151.669.905
79Profesional universitario340131.601.285Profesional universitario219131.601.285
30Profesional universitario340101.438.506Profesional universitario219101.438.506

 

ART. SEGUNDO.—El secretario de gobierno, D.C., distribuirá los empleos de la planta global de los servidores determinados en este decreto conforme con las necesidades institucionales de la entidad.

PAR.—Los empleados que al momento del ajuste de la planta de personal se encuentren prestando sus servicios en la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital, deberán ser incorporados a los cargos de la planta de personal fijada de conformidad con los términos del artículo 30 del Decreto-Ley 785 de 2005” (resaltado no es del texto).

Posteriormente, mediante el Decreto 103 de 2006 ajusta nuevamente la planta de personal de la secretaría de gobierno, clasificando algunos de los cargos de profesional universitario 340-10 al cargo de corregidor 227-12.

El artículo 209 de la Constitución estableció el fin y los principios con arreglo a los cuales se debe cumplir la función administrativa.

“ART. 209.—La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. (…)” (destacado fuera de texto).

De acuerdo con esta norma, la función administrativa se debe ejercer consultando el bien común; esto es, persiguiendo objetivos que van más allá del interés particular del titular de la función, que se encuentran consignados en la Constitución Política y en la ley, en especial en el artículo 2º de la Carta Política:

“ART. 2º—Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.

La importancia de estos fines respecto del ejercicio de la función administrativa consiste en que son criterios que deben guiar la actuación de las autoridades, de manera que el ejercicio de sus competencias se avenga con los propósitos del Estado social de derecho.

Pretende el accionante la declaratoria de nulidad del artículo 4º del Decreto 103 de 17 de marzo de 2006, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, por medio del cual ajustó la planta de personal de la secretaría de gobierno a la nueva nomenclatura y clasificación de empleos fijada en el Decreto-Ley 785 de 2005.

Señala el demandante que, con fundamento en el Decreto-Ley 785 de 2005 citado, el Alcalde Mayor de Bogotá expidió el Decreto 339 de la misma anualidad, por medio del cual ajustó parcialmente la nomenclatura de la planta global de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor, especialmente 30 cargos de profesional universitario 340-10 a la nueva nomenclatura de profesional universitario 219-12.

Indicó que posteriormente y por mandato del mismo Decreto 785, el Alcalde Mayor expidió el Decreto 103 de 2006 por medio del cual ajustó la planta de personal de la secretaría de gobierno en el cargo de profesional universitario 340-10 a los cargos de profesional universitario 219-12 (que fue el aprobado por el D. 785/2005) y al cargo de corregidor 227-12.

Consideró el actor que con el ajuste del cargo de profesional universitario 340-10 al cargo de corregidor 227-12, se aplicó un ajuste que no estableció el Decreto-Ley 785 de 2005, y por lo tanto, se violó el principio de legalidad, pues infringió la norma en que debía fundarse.

Para la Sala, no le asiste razón al actor cuando afirma que existe irregularidad en la actuación de la administración, pues lo realizado es reflejo de lo ordenado por el Decreto 785 de 2005 que indicaba a las autoridades territoriales ajustar sus planta de personal de acuerdo con las funciones y competencias propias de cada cargo, ajuste que se llevó a cabo por la entidad en el artículo 4º del decreto demandado el cual literalmente expresa: “Ajustar la planta de personal de la secretaría de gobierno a la nueva nomenclatura y clasificación de empleos”.

El artículo 2º del Decreto-Ley 785 de 2005 “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004”, define empleo como “el conjunto de funciones que una persona natural debe desarrollar y las competencias requeridas para llevarlas a cabo con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado”.

Para la Sala es claro que, independientemente de la nomenclatura que identifica los empleos que puede crear el alcalde en ejercicio de la facultad constitucional y del grado que es el que permite identificar la remuneración, el empleo es esencialmente una esfera de competencias y de requisitos mínimos para llevarlos a cabo. Por esta razón no puede afirmarse que por el hecho de que en la nueva planta se hayan incluido cinco (5) cargos de corregidores 227-12, que desempeñaban labores requeridas para cumplir con los fines señalados para ese momento, hubo creación de cargos equivalentes, pues en últimas lo que se produjo fue una reclasificación de empleos, de acuerdo con las funciones desempeñadas por los funcionarios y que por lo tanto, se ajustaba a derecho, acorde con las facultades a él conferidas en el texto del Decreto-Ley 785 de 2005.

Por su parte, a folio 126, obra concepto técnico favorable emitido por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en donde se aprueba el cambio de nomenclatura en los cargos de profesional universitario 340-10 al de corregidor 227-12, pues el cambio operó respecto de la denominación del cargo, porque continuaron en el mismo nivel profesional.

Señala el actor, que los corregidores de que trata la nueva nomenclatura, se refiere a los señalados en la Ley 136 de 1994, afirmación que no comparte la Sala, pues es evidente que dichos cargos fueron incluidos dentro del Decreto-Ley 785 de 2005, sin que sea dable traer a colación normas del régimen municipal que no se aplican ya que la ley de carrera los citó como del nivel profesional.

El acto administrativo acusado, como se deduce de su contenido, fue expedido con fundamento en el Decreto-Ley 785 de 2005 el cual, en su artículo 4º estableció:

“ART. 4º—Naturaleza general de las funciones. A los empleos agrupados en los niveles jerárquicos de que trata el artículo anterior, les corresponden las siguientes funciones generales:

[…]

4.3. Nivel profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según su complejidad y competencias exigidas les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales”.

En desarrollo de dicha función, se expidió el Decreto 103 de 2006, por medio del cual “se reajustó la planta de personal de la “secretaría de gobierno” que en su parte considerativa hace relación taxativa a las normas que lo facultan y que permitieron el cumplimiento de lo allí señalado.

Análisis de los cargos formulados.

Para hacer el análisis de los cargos formulados por el actor, bien vale enunciar y discutir sobre algunos principios relacionados con la potestad reglamentaria del alcalde, como máxima autoridad del municipio y en el caso que nos ocupa, del Distrito Capital.

El artículo 315 de la Carta Política dentro del grupo de funciones del alcalde, señaló:

“ART. 315.—Son atribuciones del alcalde:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo.

[…]

3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.

[…]

7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado”.

En concordancia con la anterior disposición constitucional, el Decreto 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá D.C”. en su artículo 38 numerales 1 a), 4 a), 5 a), 6 a), consagró:

“ART. 38.—Atribuciones. Son atribuciones del alcalde mayor:

1ª Hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno Nacional y los acuerdos del concejo.

[…]

4ª Ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo los decretos, órdenes y resoluciones necesarios para asegurar la debida ejecución de los acuerdos.

5ª Cumplir las funciones que le deleguen el Presidente de la República y otras autoridades nacionales.

6ª Distribuir los negocios según su naturaleza entre las secretarias, los departamentos administrativos y las entidades descentralizadas”.

Por su parte, el artículo 91 literal d) de la Ley 136 de 1994, indicó:

“ART. 91.—Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo.

Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes:

D) En relación con la administración municipal:

[…]

4. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado”.

Se presenta entonces, una competencia compartida entre el legislador (L. 909/2004) y el ejecutivo tanto del orden nacional (D.-L. 785/2005) como del orden territorial (D. 103/2006), aquel concediendo unas facultades extraordinarias al Presidente de la República y este, en cumplimiento de la delegación legal, expidiendo el Decreto-Ley 785 de 2005 por el cual se reglamenta “el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004”, dejando en el alcalde como suprema autoridad administrativa distrital la función de reajustar la planta de personal de la secretaría de gobierno.

Del análisis de las normas enunciadas, se concluye que la facultad para “modificar la planta de personal de la secretaría de gobierno”, para adecuar los empleos a la nueva nomenclatura y clasificación, correspondía exclusivamente al Alcalde Mayor por estricto mandato del Decreto-Ley 785 de 2005, lo que significa que el Alcalde Mayor de Bogotá, si era el competente para expedirlo.

Bajo estos planteamientos, procede la Sala a precisar si el Alcalde Mayor de Bogotá, al expedir el Decreto 103 de 2006, “Por el cual se ajusta la planta de personal de la secretaría de gobierno a lo dispuesto en el Decreto-Ley 785 de 2005” excedió los límites y las facultades fijadas por el Decreto-Ley 785 de 2005.

La planta de personal del Distrito Capital, sector centralizado, secretaría de gobierno, venía siendo regido por el Decreto 993 de 2005, derogado por el Decreto 103 de 2006 hoy en cuestionamiento y anteriormente por la Resolución 402 de 2001 que contenía el manual específico de requisitos y funciones mínimos de la entidad (anexo 3), observándose como el cargo de profesional universitario 340-10, corregidurías (fl. 235), estaba identificado como de libre nombramiento y remoción por lo tanto, no era un cargo de carrera. Aun en la resolución hoy vigente cual es la 313 de 2006 (anexo 2), la denominación del empleo corregidor, identificado con el código 227, grado 12, acorde con lo señalado en la Ley 909 de 2004, artículo 5-2, literal a), al referirse a la clasificación de empleos en la administración territorial y órganos de control de nivel territorial consagró como excepción, el de corregidor, diferente es que a algunos empleos del nivel profesional se les asignara funciones de corregidor por las necesidades propias del servicio lo que no originaba cambio ni en la identificación del cargo ni en el ejercicio funcional del mismo. Esta consideración le permite a la Sala colegir que no existió equivalencia de cargos sino modificación en la codificación de los mismos lo que no origina desmejora en ningún caso la condición profesional, de nomenclatura, de funciones o salarial del cargo en cuestión.

De conformidad con lo anterior, es evidente que el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., al expedir el Decreto 103 de 17 de marzo de 2006, no hizo más que desarrollar jurídicamente las facultades que le fueron otorgadas por el Decreto 785 de 2005, determinando una reclasificación en la nomenclatura de los cargos, y no en la naturaleza de los mismos, por tal motivo, puede concluirse que el cargo de corregidor, tanto en la anterior clasificación como en la actual, correspondían a cargos de libre nombramiento y remoción y no de carrera administrativa, como lo sostiene el actor.

Además, es preciso señalar que ni el Estado ni sus instituciones están obligadas a mantener de forma permanente plantas de personal inflexibles, inamovibles que les impida adecuarlas a las necesidades funcionales de la administración, pero y esencialmente, a las exigencias de una actividad ágil, eficaz y diligente en la prestación de los servicios y en el ejercicio de sus competencias; por ello y desde luego, dentro del marco legal, las autoridades deben promover y realizar adecuaciones en su planta de personal que les permita obtener los objetivos de la función propia de los cargos como elemento sustancial del compromiso estatal de la administración pública.

Conforme a los planteamientos expuestos, resulta claro que el Alcalde Mayor de Bogotá, el expedir el Decreto 103 de 2006, obró conforme a derecho lo que permite concluir que no se vulneraron los principios citados por el actor como violados, pues su actuación se ajustó en cuanto al contenido y forma, a los fines que busca la Ley 909 de 2004 y el Decreto-Ley 785 de 2005, es decir, sin menoscabar derechos ni garantías laborales.

En otras palabras, el cargo de corregidor siempre se clasificó tanto en la Ley 443 de 1998 como en la vigente Ley 909 de 2004, como de libre nombramiento y remoción, inicialmente de nivel ejecutivo y luego de nivel profesional.

Finalmente, si los funcionarios nombrados en provisionalidad que ocupan los cargos cuya nomenclatura y codificación fue modificada por el Decreto 103 de 2006, se encontraban nombrados en provisionalidad, consideraban tener algún derecho, lo debieron reclamar en acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no en acción de simple nulidad.

Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMESE la sentencia del 7 de octubre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que negó la nulidad del artículo 4º del Decreto 103 de 17 de marzo de 2006 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, de conformidad con las razones expuestas en la presente providencia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».