Sentencia 2008-00513/42425 de noviembre 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Bogotá, D.C., 30 de noviembre de 2017

Expediente: 42425

Radicación: 250001216000200800513 01

Actor: Química Técnica-Quimtec Cía. Ltda.

Demandados: Nación-Rama Judicial

Naturaleza: Acción de reparación directa

Procede

EXTRACTOS. «Consideraciones.

I. Competencia.

21. La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en atención de la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía1.

II. Validez de los medios de prueba.

22. Obran en el expediente algunas pruebas que fueron practicadas en el proceso civil ordinario adelantado por Química Técnica-Quimtec Cía. Ltda. en contra de Loctite Colombia S.A. Al respecto, cabe recordar que el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento contencioso administrativo en virtud de lo señalado en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, dispone que las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro, y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

23. De conformidad con lo anterior, es posible darle valor a los medios de convicción practicados dentro del referido proceso penal, teniendo en cuenta que la Rama Judicial, que es la entidad demandada en el sub lite, fue quien las practicó, por intermedio del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá.

III. Hechos probados.

24. De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen acreditados los siguientes hechos relevantes para la litis2:

25. El 8 de diciembre de 2003, Química Técnica-Quimtec Cía. Ltda. presentó demanda ordinaria de mayor cuantía en contra de Loctite Colombia S.A., ante los jueces civiles del circuito de Bogotá —reparto—, con el fin de que se declarara el incumplimiento en el que incurrió dicha entidad de los pactos y contratos existentes entre ambos extremos procesales, por la usurpación del cliente Internacional Colombia Resources Corporation-Intercor (copia de la demanda, fls. 70-76, cdno. 2).

26. El 27 de marzo de 2006 el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogotá —en descongestión— dictó sentencia mediante la cual denegó las pretensiones imprecadas (copia de la providencia, fls. 117-123, cdno. 2). Una vez notificada mediante edicto la anterior providencia, el apoderado de la ahora demandante interpuso recurso de apelación con el fin de que fuera revocada y de que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda (copia del recurso, fl. 127, cdno. 2).

27. Mediante Oficio 01862 del 8 de agosto de 2006, que fue recibido el 16 del mismo mes y año, el secretario del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá remitió el Expediente 110013103005199801328 01 a la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, para que se tramitara la segunda instancia del proceso (copia del referido oficio, fl. 11, cdno. 2).

El sumario fue repartido en la misma fecha al magistrado Marco Antonio Álvarez Gómez para lo de su competencia (copia del acta individual de reparto, fl. 12, cdno. 2).

28. El 23 de agosto de 2006, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, admitió el recurso de apelación interpuesto por Química Técnica-Quimtec Cía. Ltda. contra la sentencia del 27 de marzo de 2006, dictada por el Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogotá (copia de la providencia, fl. 13, cdno. 2). El 11 de septiembre de 2006 le corrió traslado a las partes, por el término de 5 días, para que presentaran alegatos de conclusión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil (copia de la providencia, fl. 14, cdno. 2).

29. Mediante memorial del 27 de septiembre de 2006 la apoderada de la parte demandada solicitó que se declarara desierto el recurso incoado y se condenara en costas a la recurrente por no haberlo sustentado dentro del término concedido para el efecto (copia del memorial, fl. 15, cdno. 2).

30. Química Técnica-Quimtec Cía. Ltda. allegó los alegatos debidos el 4 de octubre de 2006, es decir, una vez vencido el término previsto (copia del memorial, fls. 16-19, cdno. 2). En la misma fecha presentó un incidente con el fin de que se restableciera su derecho al debido proceso que, según adujo, fue vulnerado por cuenta de un error en el sistema de gestión informática en donde nunca se anotó la elaboración del oficio ni la fecha de remisión del expediente al tribunal (copia del memorial, fls. 25-26, cdno. 2).

31. Mediante providencia del 9 de octubre de 2006, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dispuso rechazar la solicitud incoada por la parte actora. Para el efecto consideró lo siguiente (copia de la providencia, fls. 40-41, cdno. 2):

Aunque el memorialista aduce inconsistencias en la información que aparece en internet, es preciso acotar que según la impresión que acompañó el Oficial Mayor a su informe, existe plena correspondencia entre la actuación adelantada ante el Tribunal y la que figura en la página web de la Rama Judicial (…). Al parecer, existió un error de consulta, pues el interesado, en el renglón correspondiente a “Corporación-especialidad”, ingresó por “juzgados civiles del circuito de Bogotá” y no por “Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil”.

Por lo demás, téngase en cuenta que las providencias judiciales se notifican en la forma prevista en la ley procesal. La información suministrada por otros medios, no suple, ni afecta la validez y eficacia de los actos de comunicación, a los cuales deben sujetarse el juez y las partes, toda vez que se trata de mecanismos uniformes que garantizan a todos por igual el debido proceso. De allí que el literal f) del artículo 4º del Acuerdo Nº PSAA06-3334 de 2006, emanado del Consejo Superior de la Judicatura, establezca que la publicación en el sitio web de las notificaciones que deban ser fijadas en el despacho, “no lo exonera del efectuar la notificación por el medio que legalmente corresponde, pues sólo tiene carácter informativo” (se subraya), como lo refiere la misma hoja de impresión en su parte inicial, al señalarle al usuario “por favor verificar los datos con la respectiva secretaría” (resaltado del texto).

32. A través de auto de la misma fecha el tribunal ad quem decidió declarar desierto el recurso de apelación que se interpuso contra la sentencia y, en consecuencia, ordenó devolver el expediente al juzgado de origen (copia de la providencia, fl. 42, cdno. 2).

33. Contra la primera de las providencias antedichas el ahora demandante interpuso recurso de súplica, insistiendo que se diera trámite al incidente propuesto. Dicho recurso fue rechazado por improcedente el 23 de noviembre de 2006 (copia del memorial, 46-47; copia de la providencia, fls. 64-66, cdno. 2).

34. A su vez, con el fin de impugnar la decisión de declarar desierto el recurso incoado, el actor interpuso recurso de reposición, el cual fue despachado desfavorablemente mediante auto dictado el 23 de octubre de 2006 (copia del memorial, f. 43-44, c. 2; copia de la providencia, fls. 44-45, cdno. 2).

IV. Problema jurídico.

35. Le corresponde a la Sala establecer si hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por cuenta del indebido funcionamiento de la administración de justicia, en el cual incurrió, según afirma la demandante, la Nación-Rama Judicial. Para el efecto se deberá determinar si se configuró el daño alegado en la demanda, consistente en la expectativa frustrada que tenía la sociedad Química Técnica-Quimtec Cía. Ltda. de que prosperaran las pretensiones elevadas en contra de Lactite Colombia S.A., en el marco del proceso de mayor cuantía tramitado ante la jurisdicción ordinaria. Con ese fin será preciso estudiar si dicho daño cumple con los requisitos exigidos jurisprudencialmente para la procedencia de la indemnización por la pérdida de oportunidad.

36. De no ser posible ello, se debe determinar si es posible estudiar la configuración de un daño autónomo por la grave vulneración de los derechos constitucional y convencionalmente protegidos al acceso a la administración de justicia y al debido proceso de la sociedad actora.

V. Análisis de la Sala.

37. Recuerda la Sala que el daño antijurídico es aquél que sufre una persona que no se encuentra en el deber legal de soportarlo. La doctrina autorizada se ha pronunciado sobre el concepto del daño, en los siguientes términos:

138. Concepto del daño; lesión de un derecho; interés legítimo.

Daño es todo detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona, bienes, libertad, honor crédito, afectos, creencias, etc. El daño supone la destrucción o disminución, por insignificante que sea3, de las ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo. Su cuantía y la mayor o menor dificultad para acreditarlo y apreciarlo son indiferentes; la ley no las considera4.

(…)

En resumen, hay daño cada vez que un individuo sufre una pérdida, disminución, detrimento o menoscabo en su persona o bienes o en las ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que gozaba, siempre que estos sean lícitos, aunque esa pérdida, disminución, detrimento o menoscabo no recaiga sobre un derecho de que la víctima sea dueña o poseedora y aunque su cuantía sea insignificante o de difícil apreciación (resaltado del texto)5.

38. En el caso concreto, podría entenderse que el demandante le imputó a la Nación-Rama Judicial la producción del daño consistente en la disminución de su patrimonio por cuenta de la pérdida de un dinero por el incumplimiento contractual de la sociedad Loctite Colombia, toda vez que dicha entidad, al impedirle tramitar la segunda instancia, le denegó la posibilidad de obtener el pago de estos dineros.

39. Sin embargo, es evidente que el hecho de que se hubiera dado curso al recurso de apelación incoado por Química Técnica-Quimtec Cía. Ltda., no significa que hubieran prosperado las pretensiones invocadas como parte demandante dentro del proceso ordinario, ni mucho menos que se habría hecho efectivo el pago de la eventual condena. Por ese motivo, haciendo uso de su potestad para interpretar la demanda, considera la Sala que, en realidad, el daño demandado se refiere a la pérdida de oportunidad de obtener en sede judicial el pago del dinero derivado del incumplimiento contractual de Loctite Colombia S.A.

40. En esos términos, se procederá a determinar si en el caso se configuró una pérdida de oportunidad susceptible de ser reparada en sede judicial. Al respecto, se ha señalado que dicha figura consiste en el cercenamiento de una ocasión aleatoria que tenía una persona de obtener un beneficio o de evitar un menoscabo, posibilidad benéfica que, sin perjuicio de que no es posible avizorar con toda certeza, no se puede desconocer que existía y que poseía una probabilidad considerable de haberse configurado.

41. Así, se ha indicado que la posibilidad truncada es una clase autónoma de menoscabo, “(…) caracterizada porque en ella coexisten un elemento de certeza y otro de incertidumbre: la certeza de que en caso de no haber mediado el hecho dañino el damnificado habría conservado la esperanza de obtener en el futuro una ganancia o de evitar una pérdida para su patrimonio y la incertidumbre, definitiva ya, en torno de si habiéndose mantenido la situación fáctica y/o jurídica que constituía presupuesto de la oportunidad, realmente la ganancia se habría obtenido o la pérdida se hubiere evitado (…)”6.

42. De esta manera, la pérdida de oportunidad, como daño autónomo, demuestra que éste no siempre comporta la transgresión de un derecho subjetivo, pues la sola esperanza probable de obtener un beneficio o de evitar una pérdida mayor constituye un bien jurídicamente protegido cuya afección debe limitarse a la oportunidad en sí misma, con prescindencia del resultado final incierto, esto es, al beneficio que se esperaba lograr o a la pérdida que se pretendía eludir, los cuales constituyen otros tipos de daño.

43. Igualmente, se ha destacado que para que resulte procedente indemnizar la pérdida de una oportunidad, es indispensable que la ocasión exista y sea cierta, puesto que si se trata de una posibilidad muy vaga o genérica se estará en presencia de un daño meramente hipotético o eventual, que no resulta indemnizable. Esto significa que, para que pueda acreditarse la existencia del daño, el demandante deberá probar que “(…) el no haber podido obtener la ventaja que esperaba es consecuencia de no haber gozado de la oportunidad que normalmente le habría permitido obtenerla”7. De acuerdo con lo anterior, la Sala ha manifestado que los requisitos cuya concurrencia se precisa para que pueda considerarse existente la pérdida de oportunidad como daño indemnizable en un caso concreto, son los siguientes:

(i) Certeza respecto de la existencia de una oportunidad que se pierde, aunque la misma envuelva un componente aleatorio, lo cual significa que esta modalidad de daño da lugar a un resarcimiento a pesar de que el bien lesionado no tiene la entidad de un derecho subjetivo ─pues se trata de un mero interés legítimo, de la frustración de una expectativa, sin que ello suponga que se trata de un daño puramente eventual─, siempre y cuando se acredite inequívocamente la existencia de “una esperanza en grado de probabilidad con certeza suficiente”8 de que de no haber ocurrido el evento dañoso, la víctima habría mantenido la expectativa de obtener la ganancia o de evitar el detrimento correspondientes9;

(ii) Imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento, vale decir, la probabilidad de obtener la ventaja debe haberse convertido en inexistente, pues si la consolidación del daño dependiera aún del futuro, se trataría de un perjuicio eventual e hipotético, no susceptible del reconocimiento de una indemnización que el porvenir podría convertir en indebida10; lo expuesto se antoja lógico en la medida en que si el resultado todavía puede ser alcanzado, el “chance” aún no estaría perdido y nada habría por indemnizar; por tanto, si bien se mantiene la incertidumbre respecto de si dicho resultado se iba a producir, o no, la probabilidad de percibir la ganancia o de evitar el perjuicio sí debe haber desaparecido definitivamente del patrimonio ─material o inmaterial─ del individuo porque dichos resultados ya no podrán ser alcanzados jamás.

Tal circunstancia es la que permite diferenciar la ‘pérdida de oportunidad’ del ‘lucro cesante’ como rubros diversos del daño, pues mientras que la primera constituye una pérdida de ganancia probable ─dado que, según se ha visto, por su virtud habrán de indemnizarse las expectativas legítimas y fundadas de obtener unos beneficios o de evitar una pérdida que por razón del hecho dañoso nunca se sabrá si habrían de conseguirse, o no─, el segundo implica una pérdida de ganancia cierta ─se dejan de percibir unos ingresos que ya se tenían11─;

(iii) La víctima debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado, es decir que debe analizarse si el afectado realmente se hallaba, para el momento en el cual ocurre el hecho dañino, en una situación tanto fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el provecho por el cual propugnaba, posición jurídica que “no existe cuando quien se pretende damnificado, no llegó a emplazarse en la situación idónea para hacer la ganancia o evitar la pérdida”12.13.

44. En el caso concreto, de conformidad con el material probatorio obrante en el plenario, la Sala observa que no se cumplen la totalidad de los requisitos exigidos para considerar que la sociedad Química Técnica- Quimtec Cía. Ltda. sufrió un daño autónomo, consistente en la pérdida de la oportunidad de obtener la indemnización a la que aspiraba, como pasa a verse.

45. En relación con el primer condicionamiento aludido, debe recordarse que no cualquier posibilidad de obtener un beneficio o de evitar un perjuicio puede ser calificada como una pérdida de oportunidad. Por el contrario, solamente en el evento en que se demuestre una verdadera probabilidad de aumentar el patrimonio del actor es posible establecer que se sufrió una desmejora susceptible de ser indemnizada.

46. Cabe advertir que, en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil14, la carga de acreditar los hechos favorables a sus pretensiones le corresponde a los demandantes, de modo que, si no cumplen con tal labor, la consecuencia prevista para el efecto es la denegación de las pretensiones invocadas.

Sobre el particular se ha pronunciado la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta corporación, en los siguientes términos:

La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquél no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses15.

47. En ese entendido, es evidente que era carga de Química Técnica Quimtec Cía. Ltda. acreditar que era probable que de tramitarse la segunda instancia del proceso se produjera una sentencia reconociendo las pretensiones que había invocado.

48. En el sub lite, la Sala considera que había una posibilidad de que se incrementara el patrimonio del actor, teniendo en cuenta que, técnicamente, el superior está autorizado para modificar la decisión adoptada en primera instancia, cuando conoce del asunto por virtud de un recurso de apelación.

Sin embargo, se encuentra que el interesado omitió acreditar que esa posibilidad puede ser calificada como una verdadera probabilidad, es decir que omitió determinar que la esperanza era cierta, de modo tal que era posible diferenciarla de un mero daño eventual o hipotético.

49. No se desconoce que la labor de diferenciar entre uno y otro evento es en extremo difícil, pues en ambos casos se está ante el terreno de la incertidumbre, de lo que pudo haber sido. Con todo, cuando la pérdida de la oportunidad que se alega radica en la posibilidad de adoptar una decisión jurídica, en un sentido y en otro, dicho cometido se hace más fácil, en la medida en que por ser la experticia del operador judicial precisamente el conocimiento del derecho y la expedición de sentencias, es factible valorar, sin necesidad de que se practique una pericia de un experto en la materia, las posibilidades de éxito de las pretensiones invocadas, de conformidad con el material probatorio que le corresponde allegar a la parte interesada.

50. Pues bien, realizado ese ejercicio, se encuentra que Química Técnica-Quimtec Cía. Ltda. no aportó ningún material que sustente la petición que realizó en la demanda, de modo que es imposible para la Sala darle a la misma probabilidades de éxito, incluso de haberse tramitado la segunda instancia. En el libelo introductorio del proceso ordinario se pidió:

1. [Que se declare] que entre la sociedad demandada, Loctite Colombia S.A., y la sociedad demandante, Química Técnica Quimtec Cía Ltda., se establecieron relaciones comerciales permanentes para actuación en la costa Atlántica (…) a partir del año de 1995.

2. Que en desarrollo de las relaciones comerciales, la sociedad demandante, Quimtec Cía Ltda, obtuvo en el año de 1996 una orden maestra de la sociedad Intercor para el suministro de materiales y servicios relacionados con la sociedad demandada, Loctite Colombia S.A., para el periodo 1996-1998.

3. Que con ocasión de la orden maestra la sociedad demandada, Loctite Colombia S.A., pactó y convino canalizar por intermedio de la sociedad demandante, Química Técnica Quimtec Cía Ltda., todas las órdenes de compra de Intecor.

4. Que la sociedad demandada, Loctite Colombia S.A., con abuso del derecho quebrantó los pactos y convenios comerciales que tenía vigentes con la sociedad demandante, Química Técnica Quimtec Cía Ltda., lo que se manifestó en la usurpación del cliente Intercor.

(…)

9. [Que se declare] que la sociedad demandante, Química Técnica Quimtec Cía Ltda., actuó de acuerdo a la ley al manifestarle a la sociedad demandada, Loctite Colombia S.A., tanto en el acta de junio 24 de 1998 como en la comunicación QT-1031 fechada en Barranquilla el 29-07-98, la terminación de los pactos y convenios comerciales, por justa causa.

10. Que como consecuencia (…), la sociedad demandante, Loctite Colombia S.A., debe indemnizar plena e integralmente a la sociedad demandante, Química Técnica Quimtec Cía Ltda., por concepto de lucro cesante (…) (fls. 70-71, cdno. 2).

51. No obstante las pretensiones están indebidamente formulados, comoquiera que yuxtaponen hechos con peticiones, puede establecerse que lo que buscaba Quimtec Cía. Ltda. era que se declarara (i) la existencia de un contrato con Loctite Colombia S.A., (ii) el incumplimiento de sus obligaciones contractuales en la que incurrió la referida persona jurídica, (iii) la terminación del contrato por justa causa; y (iv) que se condenara a esta última a pagar los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante causados por la referida terminación anticipada del contrato.

52. Pues bien, en el expediente no reposa ningún elemento de convicción tendiente a demostrar los hechos en los que se fundan estas pretensiones; al respecto se cuenta con la sentencia dictada por el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito que denegó su concesión, por los siguientes motivos:

No obstante el no demostrar de manera formal y si se quiere escrita, el haberse acordado entre las partes un convenio de distribución de materiales y soporte logístico propiamente dicho, de los documentos aportados al plenario es indiscutible para el despacho que existió.

Basta observar los folios (…) para concluir que a abril 11 de 1995 y aún a 3 de octubre de 1997 la demandada (sic) estaba autorizada para comercializar productos Loctite Permatex, excluyendo las siliconas y que en febrero 21 del año siguiente le comunicó la demandada a Intercor que esta empresa era su nuevo distribuidor para la costa atlántica, pero para desfortunio del demandante no se demostró siquiera de manera ínfima que tuviera exclusividad en dicha actividad y por sobre ello el que estuviera concedida de manera vitalicia.

En efecto, los elementos fundamentales que debían probarse para comenzar no fueron demostrados: una designación en la demandante que otorgara exclusividad al menos frente al cliente Intercor y sobre el momento en que se le endilgó la falta por usurpación del cliente.

Loctite Colombia S.A., como fabricante de productos industriales, salvo contrato mercantil alguno que restringiera la autonomía para distribuirlos o venderlos directamente al consumidor, como serían especialmente la agencia comercial, distribución, o simple mandato, no estaba impedido para hacerlo. Es claro que muchas veces opta el productor de conseguir intermediarios ante el consumidor, con el objeto particular de especializarse en la actividad de fabricar y ofrecer excelencia; busca entonces profesionales en el otro campo, a quienes por ubicación territorial y experiencia le es más idóneo.

(…)

Contrario a un acuerdo recíproco de obligaciones lo que hubo fue una concesión por parte de la firma Intercor a favor de la demandante para adquirirle bienes y servicios producidos por la multinacional demandada.

Para hacer más contundente el hecho de que ni la demandada ni Intercor se habían obligado en forma permanente, inconcluso con franquicia frente a la demandante, aparece que similarmente la orden maestra que le fue aprobada a la demandada, según comunicación (…), tampoco expresa la exclusividad para el proveedor por parte de Intercor.

(…).

Tampoco puede dejarse de lado concretar lo evidente que resulta, el que la demandante pretende reclamar una serie de afectaciones ,que si bien apenas lógico debieron haberse presentado ante el cese de su intermediación comercial, dicha culpa en el mejor de los casos tampoco sería atribuible totalmente a la demandada, sino todo lo contrario, pues fue la misma Quimtec quien decidió “renunciar al vínculo” que traía con Loctite, dejándole de comprar y distribuir sus productos, algunos de los cuales le hizo devolución (…). Por lo mismo, carece entonces de trascendencia el entrar siquiera a evaluar el dictamen pericial rendido sobre el estado financiero de la demandante, la objeción presentada al respecto, y por sobre todo las posibles consecuencias económicas que le habría podido generar la mentada baja en ventas de contera con la afectación causada.

En conclusión, si bien la demandante desarrolló una labor que podría equipararse a la distribución, no se probó que generara vínculo de exclusividad con el fabricante demandado, y por tal motivo, cualquier afectación económica que se hubiere dado en aquella no puede ser imputable a éste, como se pretendió (resaltado del texto; fls. 120-122, cdno. 2).

53. Esta corporación considera que los argumentos aducidos por el juzgador son lógicos, metódicos y están bien razonados, sin que por lo demás se observe algún motivo formal o procesal que pudiera dar lugar a su anulación, motivo por el cual se le otorga plena credibilidad al documento referido.

54. Ciertamente, en esas circunstancias, para que se pudiera considerar cierta la probabilidad de que se reconocieran las pretensiones invocadas durante la segunda instancia, era preciso que Quimtec Cía. Ltda. Acreditara que habían motivos fundados para considerar que el acuerdo que mantenía con Loctite Colombia S.A. obligaba a esta última a mantener la exclusividad en cuanto a la distribución de sus productos en el caribe y que el mismo se encontraba vigente para el momento en que dicha sociedad decidió contratar directamente con Intercor.

55. Cabe advertir que la distribución —vista como contrato y no como fenómeno económico— no tiene una consagración típica en el derecho mercantil colombiano, de donde no es posible sostener que exista una cláusula de su esencia o de su naturaleza que obligue a la exclusividad para con el distribuidor.

56. Asimismo, debe señalarse que para cumplir con el fin económico de la distribución se cuentan con otros instrumentos contractuales nominados e innominados, algunos de los cuales prevén la exclusividad, como la agencia comercial16, mientras que otros no la establecen, como el mandato y el suministro de servicios.

57. En ese entendido, para acreditar que existía una obligación de tal naturaleza era preciso o bien que se probara la existencia expresa de una cláusula en tal sentido en el contrato —bien fuera verbal o escrito— o que la tipología del mismo se enmarcaba en la de uno de los negocios jurídicos regulados en el Código que establecen como parte de su esencia o naturaleza la exclusividad del contratante para con el contratista, lo que no ocurrió.

58. Efectivamente, en el expediente solamente obran el dictamen pericial practicado dentro del proceso ordinario, que fue realizado por el experto Édison Buelvas Torres (fls. 78-90, cdno. 1), así como el acta mediante la cual se da fe sobre la entrega de ciertos bienes a Loctite Colombia S.A., por cuenta de la terminación unilateral del contrato (fls. 78-79, cdno. 1). Sin embargo, el propósito de dichos documentos es, simplemente, el de cuantificar los presuntos perjuicios causados.

59. En estas circunstancias, considera la Sala que el interesado no probó, como le correspondía, que era razonable la posibilidad de obtener un fallo favorable ante el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá. Por el contrario, concluye la Sala que, incluso de haberse tramitado la segunda instancia, no era probable que el ad quem revocara la decisión adoptada, pues el material suasorio con el que se cuenta dentro del proceso contencioso administrativo conduce a pensar que la providencia eventualmente habría de ser confirmada. Por eso, el daño alegado no puede considerarse como una pérdida de oportunidad, sino simplemente como un daño hipotético no susceptible de ser indemnizado en esta sede.

60. En esas condiciones lo procedente sería denegar las pretensiones de la demanda, en la medida en que no se acreditó la existencia de un daño antijurídico, elemente primordial a efectos de determinar la responsabilidad del Estado. Con todo, nada obsta para que se estudie el posible daño que sufrió la sociedad demandante, por cuenta de la grave vulneración de su derecho constitucionalmente y convencionalmente protegido al acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

61. Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado que la severa afectación de dichos bienes jurídicos constituye un daño autónomo —es decir que su configuración no depende de la existencia de otros daños— que puede ser reparado en sede de la acción de reparación directa, incluso cuando no ha sido solicitado en la demanda, de forma oficiosa17:

15.4.1. El daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tiene las siguientes características:

i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.

ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.

iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.

iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.

(...).

ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia.

62. Para el caso concreto, cabe señalar que el derecho a acceder a la administración de justicia es un derecho fundamental, consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política, en los siguientes términos: “[s]e garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”.

63. Asimismo, el artículo 29 ibídem, consagra la garantía al debido proceso, así: “[e]l debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. // Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio // En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. // Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. // Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

64. Ambos derechos también encuentran consagración expresa en el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (…)”.

65. Cabe resaltar que la garantía de la doble instancia, como elemento constitutivo del derecho al debido proceso, fue especialmente reconocida por el constituyente primario, quien en el artículo 31 de la Constitución Política de Colombia adujo: “[t]oda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. // El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

Sobre el particular, la Corte Constitucional se ha pronunciado de la siguiente forma18:

(…) en cuanto al status jurídico, mientras la impugnación es un derecho subjetivo de rango y jerarquía constitucional en cabeza de las personas condenadas en un juicio penal, la doble instancia constituye una garantía que hace parte del debido proceso, y que puede ser alegada por cualquiera de los sujetos procesales; esta diferenciación tiene una repercusión importante, puesto que la Corte ha entendido que la doble instancia, por tener la condición de un principio general, puede ser exceptuado por vía legislativa; y como la impugnación no solo es un principio sino un derecho que hace parte integral del debido proceso, las excepciones al mismo se encuentran limitadas(…)

El entendimiento de la segunda instancia como garantía parece asimilarse a una suerte de mecanismo de protección de otros derechos, suele ser una compresión usual, la cual, se evidencia cuando se desestiman los reclamos a acceder a una segunda instancia por considerar que no se están quebrantando otros derechos como el debido proceso o, el acceso a la administración de justicia.

(…)

Con todo, no podría la Sala de Revisión olvidar la connotación que como derecho también se le ha atribuido a la segunda instancia. En dicha perspectiva, puede ubicarse lo considerado en la Sentencia C-254A de 2012, en la cual el Pleno de la Corte Constitucional examinó la constitucionalidad del artículo 1º Ley 144 de 1994, que le asigna en única instancia la competencia en materia de pérdida de investidura al Consejo de Estado. En la referida providencia, la Corte se decantó por la exequibilidad del precepto, fundándose, en una conclusión obtenida de la línea jurisprudencial sobre el tema y cuyo tenor fue el siguiente:

(…) puede concluirse que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el derecho a la doble instancia no es absoluto, pues existen eventos en los cuales puede restringirse por el legislador, siempre y cuando se respeten una serie de criterios especiales como la razonabilidad y la proporcionalidad frente a las consecuencias impuestas a través de la providencia que no puede ser objeto del recurso de apelación.(…) (negrillas fuera de texto).

66. Asimismo, es preciso señalar que los referidos derechos fundamentales también amparan a las personas jurídicas —como lo es la sociedad demandante en el caso de marras—, quienes incluso los pueden exigir su protección en sede de la acción de tutela, como lo ha señalado enfáticamente la Corte Constitucional19:

Pero, del hecho de que se predique de la persona natural un conjunto de derechos básicos e inalienables alrededor de los cuales la Carta Política edifica todo un sistema jurídico organizado precisamente con miras a su plena y constante realización, no se desprende que ese ámbito —el de cada individuo de la especie humana— agote por completo el núcleo de vigencia y validez de los derechos constitucionales de carácter fundamental, cuando en la sociedad actúan —y cada vez representando y comprometiendo de manera más decisiva los derechos de aquélla— las denominadas personas jurídicas, surgidas merced al ejercicio de la libertad de asociación entre las naturales o por creación que haga o propicie el Estado.

Hay derechos de las personas jurídicas, que ellas pueden reclamar dentro del Estado Social de Derecho y que las autoridades se obligan a respetar y a hacer que les sean respetados. Y, claro está, entre la inmensa gama de derechos que les corresponden, los hay también fundamentales, en cuanto estrechamente ligados a su existencia misma, a su actividad, al núcleo de las garantías que el orden jurídico les ofrece y, por supuesto, al ejercicio de derechos de las personas naturales afectadas de manera transitiva cuando son vulnerados o desconocidos los de aquellos entes en que tienen interés directo o indirecto.

La naturaleza propia de las mismas personas jurídicas, la función específica que cumplen y los contenidos de los derechos constitucionales conducen necesariamente a que no todos los que se enuncian o se derivan de la Carta en favor de la persona humana les resulten aplicables.

Pero, de los que sí lo son y deben ser garantizados escrupulosamente por el sistema jurídico en cuanto de una u otra forma se reflejan en las personas naturales que integran la población, la Corte Constitucional ha destacado derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, la libertad de asociación, la inviolabilidad de los documentos y papeles privados, el acceso a la administración de justicia, el derecho a la información, el habeas data y el derecho al buen nombre, entre otros.

En conexidad con ese reconocimiento, ha de señalar la Corte que las personas jurídicas tienen todas, sin excepción, los enunciados derechos y que están cobijadas por las garantías constitucionales que aseguran su ejercicio, así como por los mecanismos de defensa que el orden jurídico consagra. De allí que la Corte Constitucional haya sostenido desde sus primeras sentencias que son titulares no solamente de los derechos fundamentales en sí mismos sino de la acción de tutela para obtener su efectividad cuando les sean conculcados o estén amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular (art. 86 C.P.) (resaltado del texto).

67. En el presente caso, es claro para la Sala que la demandante Química Técnica-Quimtec Cía. Ltda., vio limitados sus derechos fundamentales a la tutela judicial y al debido proceso, en la medida en que por la providencia del 9 de octubre de 2006, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, declaró desierto el recurso de apelación incoado, impidiendo así que se surtiera la segunda instancia del proceso ordinario de mayor cuantía20.

68. Ahora bien, en aras de determinar si se produjo una grave violación de dichos derechos es preciso establecer si la limitación impuesta por el ad quem fue injustificada, para lo cual se estudiará si la Nación-Rama Judicial incurrió en una falla de servicio por el indebido funcionamiento de la administración de justicia.

69. En primer lugar, debe recordarse que el artículo 356 Código de Procedimiento Civil21 ordena que una vez concedido el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia, el expediente deberá ser remitido al superior funcional. En los términos del artículo 352 ibidem —modificado por el artículo 36 de la Ley 794 de 2003—22 dicha labor le corresponde al secretario del despacho judicial, quien cuenta para el efecto con un término de 15 días a partir de la ejecutoria de la providencia, so pena de incurrir en causal de mala conducta.

70. De otra parte, los artículos 7423 y 22824 de la Constitución Política establecen que las actuaciones del Estado, particularmente de la Rama Judicial, son públicas y consultables por los particulares, salvo norma expresa en contrario. Para cumplir fielmente con dicho principio, el legislador, a través de la Ley 270 de 199625, dispuso la incorporación de tecnología avanzada al servicio de la administración de justicia para, entre otras cosas, mejorar la comunicación entre los despachos y la conservación y reproducción de los expedientes.

71. En cumplimiento del mandato allí consignado, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo 1591 de 24 de octubre de 2001 mediante el cual se adoptó el “Sistema de Información de Gestión de Procesos y Manejo Documental (Justicia XXI)”. El artículo 5º del referido acto administrativo dispuso lo siguiente: “[u]na vez instalado el sistema de que trata el artículo primero del presente acuerdo o el módulo o módulos del mismo, su utilización será obligatoria para los servidores judiciales, so pena de las sanciones disciplinarias y administrativas a que haya lugar, como lo disponen la Ley 734 de 2002 y el Acuerdo 1392 de 2002”.

72. Cabe señalar que lo introducido en el respectivo sistema informático de gestión judicial cumple con los requisitos para ser considerado como un mensaje de datos, en los términos establecidos en la Ley 527 de 199926, por lo que es preciso que guarde equivalencia funcional con lo consignado en el expediente. Al respecto, adujo la Corte Constitucional27:

Es necesario llamar la atención sobre la diferencia que se establece en esta sentencia entre las dos manifestaciones del principio de publicidad: la primera, que se asegura el conocimiento de las decisiones judiciales por las partes interesadas a través de los mecanismos de notificación; la segunda, que tutela el derecho de los ciudadanos a conocer las actuaciones de las autoridades públicas, como una garantía de transparencia en la actuación de los poderes públicos y un mecanismo que facilita su control por parte de la comunidad. Los mensajes de datos que se transmiten a través de las pantallas de los computadores de los despachos judiciales son, ante todo, instrumentos para hacer efectiva esta segunda manifestación del principio de publicidad. Constituyen mecanismos orientados a proveer más y mejores herramientas para que, tanto las partes dentro de los procesos, como la comunidad en general puedan conocer y controlar la actuación de las autoridades judiciales. No son, en cambio, en su desarrollo actual, instrumentos destinados a suplir los mecanismos de notificación previstos en la ley para asegurar el conocimiento de decisiones judiciales por parte de los interesados, a fin de que puedan ejercer frente a ellas su derecho de defensa.

Naturalmente, las partes dentro de un proceso pueden —en igualdad de condiciones, dado que todas ellas tienen acceso a estos sistemas— valerse de ellos para seguir el curso de los procesos, pero sin que ello reemplace los actos de notificación de las providencias, dotados de mayores exigencias en atención a la finalidad que cumplen.

24. Del examen anterior puede concluirse que, de acuerdo a la legislación vigente y a la interpretación que ha hecho de ella la jurisprudencia constitucional en sentencias de constitucionalidad con efectos erga omnes, los mensajes de datos que informan sobre el historial de los procesos y la fecha de las actuaciones judiciales, a través de las pantallas de los computadores dispuestos en los despachos judiciales para consulta de los usuarios, pueden operar como equivalente funcional a la información escrita en los expedientes, en relación con aquellos datos que consten en tales sistemas computarizados de información.

25. Es preciso introducir este último matiz, dado que no toda la información contenida en los expedientes se refleja en los historiales que aparecen en los sistemas de información computarizada de los despachos. Por tanto, los mensajes de datos registrados en estos últimos sólo operan como equivalentes funcionales respecto de los datos que aparecen consignados en ellos. En relación con la información que no aparece es claro que no se da tal equivalencia funcional, y por eso para consultarlos las partes deben dirigirse directamente al expediente. Así, en el historial de un expediente que aparece en el computador del juzgado puede registrarse que en una fecha determinada se profirió sentencia, o se expidió un auto que ordena la práctica de pruebas. Para enterarse del sentido de la decisión adoptada en la sentencia, o de las pruebas ordenadas en el auto, es claro que las partes deben acudir directamente al expediente, puesto que el historial que aparece en los computadores del juzgado sólo serviría como equivalente funcional de tales providencias si registrara su contenido completo. Si el adelanto en la implementación de medios tecnológicos en la administración de justicia lleva en el futuro una completa sistematización de la información contenida en los expedientes, no existiría razón para dejar de considerar tales mensajes de datos como equivalentes funcionales que reemplacen por completo la revisión directa de los expedientes o de los órganos tradicionales de publicidad oficial de dicha información, siempre que se adopten las debidas medidas de seguridad, de manera similar a como ocurre en la actualidad con las bases de datos de la jurisprudencia de las altas cortes, los cuales han suplido de manera eficiente el recurso a la lectura de las Gacetas Judiciales.

26. En el caso que ocupa a la Corte se presentó una discrepancia entre la fecha de una actuación procesal, a saber, la notificación del auto admisorio de la demanda al demandado, registrada en el acta de notificación que obra en el expediente, donde aparece fechada el 3 de mayo de 2006, y la fecha consignada para la misma situación en el sistema de información computarizado del juzgado, en el que aparece fechada el 4 de mayo del mismo año. Una de las partes pretende hacer valer el mensaje de datos que contiene esta última fecha como equivalente funcional del acta de notificación que consta por escrito en el expediente, para efectos de contabilizar el término de traslado para contestar la demanda y proponer excepciones establecido en la ley.

Como quedó establecido, conforme a la legislación colombiana es posible considerar que tales mensajes de datos son un equivalente funcional de la información escrita en el expediente. Por tanto, en el presente caso puede afirmarse que el titular del Juzgado 6 civil Municipal de Bogotá, al desestimar por extemporáneas las excepciones formuladas por el apoderado del señor Morales Parra y al denegar los recursos interpuestos frente a tal decisión, dejó de aplicar normas vigentes relevantes para el caso a decidir, sin justificar en modo alguno el por qué (sic) de esa omisión. Normas cuya consideración habría llevado a esta autoridad judicial, si no a emitir providencias con contenido distinto, sí al menos al plantearse la existencia de un problema importante respecto a la contabilización de los términos en este caso; problemática que fue ignorada por completo en sus decisiones.

Tal situación torna procedente esta acción de tutela, debido a la existencia de un defecto sustantivo por inaplicación de norma aplicable (…).

73. En el mismo sentido, el Consejo de Estado, en sede de acción de tutela, conoció de un proceso con importantes similitudes fácticas con el caso sobre el que se resuelve en la presente oportunidad. Allí señaló28:

De la anterior transcripción —se refiere a la Sentencia T-686 de 2007 de la Corte Constitucional— es dable concluir que el historial de los procesos (registrados en el sistema de información Siglo XXI) que pueden ser consultados en internet y en los hardware dispuestos para el efecto en las secretarías de los despachos judiciales tiene el carácter de un “mensaje de datos”.

La emisión de este tipo de mensajes de datos puede considerarse como “un acto de comunicación procesal”, porque a través de ella se pone en conocimiento de las partes, de terceros o de otras autoridades judiciales o administrativas las providencias y órdenes de jueces y fiscales.

Se resalta entonces que la utilización de los sistemas de información sobre el historial de los procesos y la fecha de las actuaciones judiciales sólo se justifica si los ciudadanos pueden confiar en los datos que en ellos se registran.

Sobre el deber de vigilancia de las actuaciones judiciales por los apoderados de las partes, la Corte entendió que este se satisface con el seguimiento a los procesos, a través de su consulta en las pantallas de los computadores de los despachos judiciales, sin tener que acudir al expediente, siempre y cuando la información registrada en los sistemas de información computarizada constituya un equivalente funcional de la información que reposa en el proceso.

74. Como se observa, de acuerdo con el criterio sentado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, los datos que constan en el sistema informático de gestión deben ser concordantes con los del expediente pues, de lo contrario, se estaría violando la buena fe y la confianza legítima de los usuarios de la administración de justicia a quienes, además, podría ubicárseles en una situación de posible vulneración de sus derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso.

75. Adicionalmente, la Subsección “B” de la Sección Tercera de esta corporación tuvo la ocasión de advertir que dicha vulneración no solo se produce cuando no concuerdan los datos contenidos en el expediente con aquellos publicados en el Sistema de Información de Gestión de Procesos y Manejo Documental “Justicia XXI”, sino también cuando se omite la inclusión en el sistema de gestión de información que allí debería reposar29:

En la jurisprudencia aún no existen pronunciamientos relacionados con aquellos eventos en los que se omite la inclusión de alguna información que, obrante en el expediente, debería haberse incluido en el Sistema de Gestión Judicial Justicia XXI, casos en los cuales no es posible hablar de equivalencia funcional, pues son inexistentes los elementos respecto de los que podría predicarse tal característica. En este tipo de casos surge la pregunta de si, en determinadas condiciones, pueden vulnerarse las garantías de los usuarios de la administración de justicia, al haberse omitido la inclusión de cierta información en el sistema de gestión, interrogante que se resuelve afirmativamente con base en las siguientes precisiones:

En efecto, por Acuerdo 1591 de 2002, el Consejo Superior de la Judicatura adoptó “el Sistema de Información de Gestión de Procesos y Manejo Documental (Justicia XXI), para la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, los tribunales administrativos, los tribunales superiores y los juzgados, el cual será suministrado e implementado por la Unidad Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, responsable de su mantenimiento técnico y actualizaciones, las cuales requerirán de la previa autorización de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura” (art. 1°), y la obligatoriedad del mismo fue dispuesta en los siguientes términos:

“ART. 5º. Una vez instalado el sistema de que trata el artículo primero del presente acuerdo o el módulo o módulos del mismo, su utilización será obligatoria para los servidores judiciales, so pena de las sanciones disciplinarias y administrativas a que haya lugar, como lo dispone la Ley 734 de 2002 y el Acuerdo 1392 de 2002.

(…)

Lo que se impone es, entonces, una hermenéutica acorde con estos fines y principios, y ella no puede ser otra que la que reivindica el carácter obligatorio del sistema de información de gestión adoptado por el Consejo Superior de la Judicatura cuando el mismo haya sido suministrado por la misma entidad a los despachos judiciales, tal como se estipula en el Acuerdo 1591 de 200230.

Así las cosas, este despacho considera que la incorporación del Sistema de Gestión Judicial Justicia XXI como herramienta de gestión en un despacho, tribunal o alta Corte de justicia —lo cual supone superadas etapas como la valoración técnica y tecnológica en cada caso para su adopción y entrada en funcionamiento, su conocimiento como instrumento que facilita el trabajo judicial y la capacitación de los funcionarios a cargo de su operatividad, mantenimiento y permanente actualización—, comporta la obligación de consignar la totalidad de los datos que tengan que ver con el trámite del expediente, y el incumplimiento de la misma puede llevar a la vulneración de los derechos procesales de los usuarios de la administración de justicia. Ello quiere decir que la información incluida en el Sistema de Información de Gestión de Procesos y Manejo Documental (Justicia XXI), además de ser correcta —equivalencia funcional—, también debe ser completa, en especial frente a los datos que implican la comunicación de actos procesales a las partes pues, de lo contrario, quedarían en imposibilidad que ejercer un adecuado control respecto de las decisiones judiciales que las afectan.

La obligación así estipulada, solo trata de (i) hacer notorio el mandato de deber consagrado en el artículo 5º del Acuerdo 1591 de 2002 ya transcrito (párr. 15.5.2.), (ii) proporcionar un efecto útil al “carácter informativo” consagrado para el dato informático en el artículo 4 del Acuerdo 3334 de 2006 (párr. 15.5.3.) y a los fines de la tecnología al servicio de la administración de justicia consignados en el artículo 95 de la Ley 270 de 1996 (párr. 15.5.1.), (iii) incorporar el entendimiento jurisprudencial que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado le han proporcionado a las mencionadas normas, en función de enfatizar el carácter normativo de principios constitucionales tales como la buena fe y la confianza legítima, en virtud de los cuales los usuarios de la administración de justicia pueden y deben atenerse no solo a la información que como equivalente funcional se incorpore en el sistema informático de gestión establecido normativamente para el efecto, sino también obrar bajo la convicción de que una vez puesto en funcionamiento dicho sistema, su uso es obligatorio (párr. 15.1 a 15.3 y 15.5.5). Por último, la obligación señalada (iv) llama a la coherencia de cierta práctica judicial que condiciona el acceso del expediente físico al usuario que dé cuenta del estado del mismo, una vez consultado el sistema de gestión. En otros términos, si se obliga al usuario a consultar la información en el sistema para facilitar la ubicación del expediente —conforme al estadio en que se encuentre— y su consulta, parece sensato obligar al funcionario a que consigne todos los datos correspondientes al trámite y decisiones que en el proceso se adopten.

76. En el sub lite, alega el demandante que nunca se incluyó en el sistema de gestión judicial la remisión del expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, circunstancia que le indujo al error, pues mientras consideraba que el proceso estaba aún en la secretaría del juzgado del circuito para la elaboración del oficio, ya se le había corrido traslado para que sustentara el recurso, sin que estuviera enterado de tal circunstancia.

77. Pues bien, considera la Sala que en el expediente está efectivamente acreditado que para el 27 de septiembre de 2006, cuando ya se había vencido el término para sustentar el recurso, fijado mediante auto del 11 del mismo mes y año, aún no se había anotado en el sistema de gestión judicial la remisión del expediente al superior.

78. Para tal efecto se cuenta con la copia de la impresión de la consulta realizada el 27 de septiembre de 2006, del proceso 110013103005199801328 01, en el Sistema de Información de Gestión de Procesos y Manejo Documental “Justicia XXI”. Allí se lee que las últimas actuaciones reseñadas eran las siguientes (fls. 22-24, cdno. 1):

FECHA
ACT

ACTUACIÓNANOTACIÓNINICIA TÉRMINO

FIN TÉRMINO

REGISTRO

26-07-06

Fijación estado

Anotación registrada el 26/07/2006 a las 23:39:34

28-07-0628-07-0626-07-06
26-07-06

Auto concede apelación efecto suspensivo

PARA ANTE EL H. TRIBUNAL SUPERIOR

  26-07-06

79. Dicha información se confirma por cuenta de la certificación expedida por el señor juez quinto civil del circuito de Bogotá, quien si bien no fue el que dictó la sentencia de primera instancia, era el juez instructor del proceso para el momento de los hechos (fls. 56-57, cdno. 1). El funcionario judicial refirió lo siguiente:

Revisado el sistema aparece desanotado el proceso con fecha de salida 26 de julio del 2006 concediendo el recurso de apelación contra la sentencia, y notificado por estado Nº 51 el día 28 de julio del año en curso.

Dicho proceso fue enviado al H. Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, el día 16 de agosto de los corrientes con el Oficio 1862 de agosto 8 del 2006.

Revisado el sistema aparece únicamente desanotada la fecha de salida del despacho con el auto concediendo el recurso de apelación, en la actualidad figura para elaborar oficio, al igual que otros procesos en los cuales se concedió el recurso de apelación, como son: el Nº 2001-2508; 1998-15773 y el 2002-3578, los cuales fueron enviados al H. Tribunal y sólo registran anotación de salida, del Despacho.

Al parecer la información posterior correspondiente a la elaboración del oficio remisorio del expediente al H. Tribunal Superior de Bogotá se borró con la caída del sistema ocurrida en el mes de agosto, hecho que podría constatar la Oficina Judicial en su dependencia de Sistemas.

Igualmente, informo que en la secretaría de este despacho reposa la carpeta a copiador de oficios que son enviados al Superior y dicha carpeta puede ser revisada por las partes en el proceso.

80. Pues bien, en opinión de la Sala, estos medios de prueba son suficientes para determinar que en el sistema de gestión informático nunca se hizo constar el envío del expediente al superior, de modo que se le imposibilitó a la actora conocer acerca del destino del proceso, al parecer por cuenta de una “caída del sistema”.

81. Ese hecho es constitutivo de una falla de servicio, pues como ya se señaló, el correcto manejo del sistema “Justicia XXI” no solo implica la concordancia entre lo que allí se haga constar y lo consignado en el expediente, sino también que la información informatizada esté completa, a fin de que no induzca a error a quienes la consultan.

82. Pues bien, la remisión del expediente al tribunal era un hecho que ciertamente debía estar inscrito en el referido sistema de gestión informática, no solamente porque así lo exige la costumbre judicial, sino porque tratándose de una actuación realizada por la secretaría, que por ende no es notificada por alguno de los medios previstos por el Código de Procedimiento Civil —que están reservados para las actuaciones judiciales—, ese se constituye en el medio eficaz para poner en conocimiento de las partes tal suceso.

83. Ahora, para la Sala también es claro que fue precisamente esa falla de servicio en la que incurrió la Rama Judicial la que le impidió al actor gozar de su derecho al debido proceso y a perseguir una segunda instancia de la decisión impartida, en la medida en que la omisión de la secretaría de consignar en el sistema de información la remisión del expediente lo privó de conocer las providencias que, mientras tanto, dictó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Por ese motivo puede concluirse que el referido defectuoso funcionamiento de la administración de justicia fue la causa eficiente de la grave vulneración de los derechos fundamentales de Quimtec Cía. Ltda.

84. Finalmente, se le achacan a la parte actora dos circunstancias constitutivas de un hecho de la víctima: (i) no haber consultado el libro físico de oficios existente en el juzgado y (ii) no haber consultado directamente en el sistema de gestión del tribunal superior.

85. Respecto del primero de los argumentos referidos debe señalarse que en consonancia con las providencias que se han citado, los usuarios de la administración de justicia tienen el deber de estar atentos y al tanto de las actuaciones procesales realizadas, por conducto de sus apoderados judiciales, dicho deber puede agotarse ora con la consulta física de los libros y publicaciones escritas que se exhiben en el despacho judicial, ora con la consulta electrónica de las actuaciones inscritas en el sistema informático de gestión judicial, sin que en principio pueda exigírsele el agotamiento de las dos, en vista de que según el principio de equivalencia funcional las actuaciones deben constar, de igual forma, en uno y en otro medio. Por ello, debe tenerse en cuenta lo que sentó Corte Constitucional en la Sentencia T-686 de 200731, en lo relativo al alcance de la obligación del deber de vigilancia:

Lo que no aparece determinado es si este deber de vigilancia de las actuaciones judiciales sólo se satisface con la lectura directa de los expedientes, o si puede cumplirse mediante la consulta de los demás mecanismos de información que utilizan los despachos judiciales para publicitar sus actuaciones.

Si, como quedó establecido antes, los datos relativos al historial de los procesos y la fecha de las actuaciones judiciales registrados en los sistemas de información computarizada de los juzgados, constituyen equivalentes funcionales de la información escrita que reposa en los expedientes en relación con estos mismos datos, cabe concluir que los abogados satisfacen su deber de vigilancia, sólo en relación con estos datos, se insiste en ello, a través de su consulta en las pantallas de los computadores de los despachos judiciales.

Así, para el caso que ocupa a la Corte, si la fecha en la que se surtió la notificación personal del auto admisorio de la demanda, se comunica a través de la pantalla del computador del juzgado, y si en la actualidad existen suficientes garantías para asegurar la posibilidad de consulta posterior, así como la fiabilidad, la integridad y el respeto al debido proceso y al derecho de defensa, no existe ninguna razón para considerar que el abogado que se fía de la información que le suministra el computador actúa de manera negligente. Máxime cuando quienes acuden a las dependencias de los juzgados, en particular a las de los Juzgados Civiles de Bogotá, y más específicamente, a la sede del Juzgado 6 Civil Municipal de esta ciudad, no encuentran ni en la pantalla de los computadores ni en las paredes de los despachos ninguna advertencia sobre “los inconvenientes” o la falta de fiabilidad de la información que en ellos se ofrece.

Puede concluirse, entonces, que el abogado del señor Morales Parra no faltó a su deber de vigilancia de las actuaciones judiciales al tener por cierta la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda consignada en la pantalla del computador del juzgado, razón por la cual no cabe trasladarle las consecuencias del error que se presentó en el registro de dicha información. Queda entonces por establecer si en este caso se configuran los presupuestos que permitan hablar de un error judicial o de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y si cabe extender a este supuesto la doctrina consolidada por esta Corte en relación con los errores cometidos por los secretarios de los despachos judiciales en las constancias que dejan consignadas en los expedientes.

86. Esta circunstancia, permite de plano descartar la existencia de un hecho exclusivo de la víctima susceptible de romper el nexo causal. Sin embargo, encuentra la Sala que en el caso concreto el actor interpuso el 3 de abril de 2006 recurso de apelación en contra de la sentencia de 27 de marzo del mismo año, el cual fue concedido en efecto suspensivo el 26 de julio del 2006.

87. A pesar de que su representante judicial, como profesional del derecho, tenía el deber de conocer que el artículo 356 del Código de Procedimiento Civil32 dispone que una vez ejecutoriada la providencia que ordena la concesión del recurso al secretario le corresponde el envío inmediato del expediente al superior, éste en ningún momento presentó solicitud o memorial para cuestionar la irregularidad o la demora que, a sus ojos, se estaba presentando, máxime cuando ley establece un trámite expedito para el efecto.

88. Ciertamente, al evidenciar un defecto en la actuación de la rama judicial, los profesionales del derecho no pueden actuar como testigos pasivos del yerro y esperar a que este sea advertido y solucionado de forma autónoma por el juez competente; por el contrario, como colaboradores de la administración de justicia, a los abogados les es exigible que se presten para solucionar los defectos que adviertan, principalmente mediante el ejercicio de poner en conocimiento a la autoridad del acaecimiento del error.

89. Esta culpa grave en la que incurrió el abogado, ciertamente tuvo un impacto causal en la producción del daño antijurídico, en la medida que de haberse presentado la solicitud procesal ante la autoridad judicial o ante el secretario del despacho, posiblemente se le había informado de la remisión del expediente, con tiempo suficiente como para que pudiera sustentar el recurso incoado dentro del término previsto para el efecto. Así las cosas, considera la Sala prudente establecer que aunque la configuración del daño le es imputable a la Rama Judicial, existe una concausa del 50% por cuenta de la actuación de la parte demandante.

90. De otra parte, en cuanto al segundo de los motivos señalados como constitutivo del hecho de la víctima, basta con manifestar que no resiste un análisis lógico exigirle al apoderado de la sociedad demandante que consultara el sistema informático o la misma cartelera física de la secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en la medida en que éste desconocía ante cual despacho o autoridad judicial había sido remitido el expediente.

91. Así pues, se declarará la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial. En ese entendido se procederá a liquidar los perjuicios causados e imponer las medidas de satisfacción y de no repetición que se consideren necesarias y prudentes, teniendo en cuenta la existencia de una concausa, según se expuso en los párrafos anteriores.

VI. Liquidación de perjuicios.

92. El Consejo de Estado ha precisado que la grave vulneración de los derechos constitucional y convencionalmente protegidos de las personas les da derecho a su reparación integral mediante la adopción de medidas no pecuniarias a favor de la víctima y sus familiares más cercanos y, excepcionalmente, en casos en que la lesión sea de extrema gravedad, al reconocimiento de una indemnización pecuniaria de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes33:

15.4.2. La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos: i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial.

(…)

iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas "de crianza", en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos.

iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado.

v) Es un daño que requiere de un presupuesto de declaración: debe existir una expresa declaración de responsabilidad del Estado por la existencia de un daño a bienes constitucionales y convencionales imputables al mismo, y se deben justificar y especificar las medidas de reparación integral adecuadas y pertinentes al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional.

vi) Es un daño frente al cual se confirma el rol del juez de responsabilidad extracontractual como reparador integral de derechos vulnerados, sin desconocer que las indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas impactan directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin embargo, en tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda a otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas.

15.4.3. En aras de evitar una doble reparación, el juez deberá verificar ex ante: (a) que se trate de una vulneración o afectación relevante de un bien o derecho constitucional o convencional; (b) que sea antijurídica; (c) que en caso de ordenarse una indemnización excepcional, no esté comprendida dentro de los perjuicios materiales e inmateriales ya reconocidos, y (d) que las medidas de reparación sean correlativas, oportunas, pertinentes y adecuadas al daño generado.

93. En el caso bajo análisis, se hace necesario adoptar medidas no pecuniarias de reparación integral tendientes a garantizar la reparación integral del derecho conculcado. En ese sentido la Sala ordenará al presidente del Consejo Superior de la Judicatura34, que en nombre de la Rama Judicial remita a favor de la sociedad demandante un oficio en el cual reconozca, en los términos estrictos de esta providencia, que por la falla de servicio a la que se ha hecho referencia se vulneró su derecho fundamental al debido proceso —en especial la garantía de doble instancia—. El oficio será enviado dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, a la dirección que la actora suministrará, de desear recibirlo.

Asimismo, la referida entidad informará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Procuraduría General de la Nación sobre el cumplimiento de esta medida.

94. Adicionalmente, se le solicitará al Consejo Superior de la Judicatura que investigue las causas y razones que ocasionaron la falla en las anotaciones realizadas en el Sistema de Información de Gestión de Procesos y Manejo Documental “Justicia XXI”, durante el mes de agosto del año 2006, para prevenir que un evento de esa naturaleza pueda repetirse.

95. También se le ordenará al secretario del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá que inscriba correctamente en el sistema de gestión judicial la remisión del expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial, con expresa anotación de las razones por las cuales dicha información no constó allí en un primer momento, si no lo ha hecho ya.

96. Por último, teniendo en cuenta que a juicio de la Sala las medidas adoptadas no son suficientes para garantizar la reparación integral del daño derivado de la vulneración a los derechos de la demandante, se reconocerá una indemnización pecuniaria a su favor. Así, en ejercicio del arbitrio iuris se considera procedente condenar a la entidad demandada para que cancele a órdenes de la sociedad Química Técnica-Quimtec Cía. Ltda. la suma de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de esta sentencia. Sin embargo, con ocasión a la concausa que se presentó, esta se rebajará hasta el valor equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

VII. Costas.

97. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente, y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia del 23 de junio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. En su lugar se dispone:

2. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación-Rama Judicial por la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la sociedad Química Técnica-Quimtec Cía. Ltda.

3. En consecuencia, CONDENAR a la Nación-Rama Judicial a pagar a la sociedad Química Técnica-Quimtec Cía. Ltda. la suma equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por la vulneración relevante a su derecho al debido proceso.

4. ORDENAR al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, como medida de satisfacción, que en nombre de la Rama Judicial envíe un oficio al demandante en los cuales reconozca, en los términos estrictos de esta providencia, que por la falla en el servicio que ha sido enunciada en la parte motiva de la presente providencia se vulneró su derecho al debido proceso. El oficio será enviado dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, a la dirección que la actora suministrará, de desear recibirlo. Asimismo, la referida entidad informará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Procuraduría General de la Nación sobre el cumplimiento de esta medida.

5. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que investigue las causas que ocasionaron la falla en las anotaciones realizadas en el Sistema de Información de Gestión de Procesos y Manejo Documental “Justicia XXI” durante el mes de agosto del año 2006, para prevenir que un evento de esa naturaleza pueda repetirse. La referida entidad informará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Procuraduría General de la Nación sobre el cumplimiento de esta medida.

6. ORDENAR al secretario del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá que inscriba correctamente en el sistema de gestión judicial la remisión del expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial, con expresa anotación de las razones por las cuales dicha información no constó allí en un primer momento, si no lo ha hecho ya. El referido funcionario informará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Procuraduría General de la Nación sobre el cumplimiento de esta medida.

7. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

8. Sin condena en costas.

9. CUMPLIR con lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo. EXPÍDANSE COPIAS con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

10. En firme este proveído, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, exp. 2008-00009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

2 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 del Decreto 01 de 1984, en los procesos contencioso administrativos son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil sobre la validez de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración. La Sala valorará los documentos presentados en copia simple, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2013, Expediente 25022, C.P. Enrique Gil Botero, en la cual se estableció que las copias simples serían valoradas en (…) los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas”.

3 [3] Mazeaud, obra citada, tomo I, 2ª edición, N° 215, pág. 235; Savatier, obra citada, tomo II, N° 522, pág. 97.

4 [4] “Planiol y Ripert, obra citada, tomo VI, N° 542, pág. 744; Demogue, obra citada, tomo IV, N° 386, pág. 27”.

5 Alessandri R., Arturo, “De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno”, Santiago de Chile, 2005 (reimpresión), pág.153-156.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp. 1995-00082 (18593), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

7 Juan Carlos Henao. “El daño”. “Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés”. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, pág. 161.

8 [7] “TRIGO REPRESAS, Félix Alberto, Pérdida de chance. Presupuestos. Determinación. Cuantificación, Astrea, Buenos Aires, 2008, pp. 38-39”.

9 [8] “A este respecto se ha sostenido que “… la chance u oportunidad, es una posibilidad concreta que existe para obtener un beneficio. El incierto es el beneficio pero la posibilidad de intervenir es concreta, pues existe de forma indiscutible. Por eso sostenemos que existe daño jurídicamente indemnizable cuando se impide esa oportunidad o esa chance: se presenta el daño… Las dificultades pueden presentarse en la evaluación, porque lógicamente ésa no puede ser la del beneficio que posiblemente se habría obtenido sino otra muy distinta” (énfasis añadido). Cfr. Martínez Ravé, Gilberto y Martínez Tamayo, Catalina, Responsabilidad civil extracontractual, Temis, Bogotá, 2003, p. 260. // En similar sentido, Trigo Represas señala que “[E]n efecto, si la chance aparece no sólo como posible, sino como de muy probable y de efectiva ocurrencia, de no darse el hecho dañoso, entonces sí constituye un supuesto de daño resarcible, debiendo ser cuantificada en cuanto a la posibilidad de su realización y no al monto total reclamado.

La pérdida de chance es, pues, un daño cierto en grado de probabilidad; tal probabilidad es cierta y es lo que, por lo tanto, se indemniza (…) cuando implica una probabilidad suficiente de beneficio económico que resulta frustrada por el responsable, pudiendo valorársela en sí misma con prescindencia del resultado final incierto, en su intrínseco valor económico de probabilidad” (subrayas fuera del texto original). Cfr. Trigo Represas, Félix Alberto, Pérdida de chance, cit., p. 263”. 

10 [9] “Henao, Juan Carlos, El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pp. 159-160”.

11 [10] “Al respecto la doctrina afirma que “…“en el lucro cesante está ‘la convicción digamos más o menos absoluta de que determinada ganancia se produzca’, mientras que en la pérdida de chance hay ‘un álea que disminuye las posibilidades de obtenerla’, diríase que en el lucro cesante el reclamo se basa en una mayor intensidad en las probabilidades de haber obtenido esa ganancia que se da por descontado que de no haberse producido el hecho frustrante se habría alcanzado. Desde el prisma de lo cualitativo cabe señalar que el lucro cesante invariablemente habrá de consistir en una ganancia dejada de percibir, en tanto que la pérdida de chance puede estar configurada por una ganancia frustrada y además por la frustración de una posibilidad de evitar un perjuicio””. Cfr. Vergara, Leandro, Pérdida de chance. Noción conceptual. Algunas precisiones, LL, 1995-D-78, N° 3, apud Trigo Represas, Félix Alberto, Pérdida de chance, cit., p. 262”.

12 [11]” Zannoni, Eduardo, El daño en la responsabilidad civil, Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 110-111”.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de agosto de 2010, exp. 1995-00082 (18593), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

14 “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, exp. 1995- 05072 (17720), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

16 No muy usado en la práctica, dado las gravosas condiciones económicas que el artículo 1324 del Código de Comercio le impone al agenciado: “Todos los problemas de la agencia mercantil, han surgido a partir del Código de Comercio de 1971, en el que se tipificó y prácticamente se le proscribió, porque se consagraron unas prestaciones finales en el artículo 1324 en favor del agente mercantil, supremamente gravosas. En primer lugar, la llamada por la doctrina cesantía mercantil, según la cual, al terminar el contrato de agencia el agente mercantil tiene derecho a una prestación adicional (…) [que] tiene un carácter retroactivo, involucrando el componente inflacionario, con lo cual se convierte en una pesada carga, más gravosa incluso que las prestaciones laborales del más alto ejecutivo de la compañía. Arrubla Paucar, Jaime Alberto, “Contrato de distribución”, “Foro del Jurista n.º 26”, Cámara de Comercio de Medellín.

17 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 32988, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

18 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-388 de 26 de junio de 2015, exp. T-3.657.161, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

19 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-182 de 6 de mayo de 1998, Exp. T-141334, T-141745, T-141785, T-142430, T-143410 y T-143426 (acumulados), M.P. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo.

20 Cabe señalar que dicho proceso no es de única instancia, de conformidad por lo señalado en los artículos 16 y 26 del Código de Procedimiento Civil.

21 “Ejecutoriado el auto que concede apelación contra una sentencia en el efecto suspensivo, se remitirá el expediente al superior. Cuando se trate de autos se procederá como dispone el inciso segundo del numeral 1º del artículo 354”.

22 “PAR. El Secretario deberá remitir el expediente o las copias al superior dentro del término máximo de quince (15) días contados a partir del día siguiente al de ejecutoria del auto que concede el recurso o a partir del día siguiente a aquel en que se paguen las copias por el recurrente, según fuere el efecto en que se conceda el recurso, so pena de incurrir en causal de mala conducta sancionable con destitución”.

23 Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. // El secreto profesional es inviolable”.

24 “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”.

25 “ART. 95: “El Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia. Esta acción se enfocará principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del sistema de información. // Los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones. // Los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales. // Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad, y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca la ley”.

26 “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se citan otras disposiciones”. De conformidad con el literal (a) del artículo segundo de dicha ley, un mensaje de datos es “(…) La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax”.

27 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-686 de 31 de agosto de 2007, exp. T-1620094, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, Sentencia de 25 de octubre de 2010, Exp. 2010-01008-00 (AC), C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, auto del 11 de junio de 2013, exp. 2010-00025 (43105), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

30 Previsión que es concordante con las más recientes reformas introducidas en materia contenciosa administrativa, las cuales, si bien no son aplicables al caso en cuestión por virtud de las reglas de vigencia en el tiempo, sirven para ilustrar la tendencia legislativa hacia el uso de tecnologías de la información en el trámite de asuntos judiciales. Al respecto, dispone el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011 —Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—, lo siguiente: “ART. 186. Actuaciones a través de medios electrónicos. Todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita se podrán realizar a través de medios electrónicos, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan acusar el recibo de la información recibida, a través de este medio…”.

31 Ver nota al pie Nº 29. Igualmente véase lo consignado en la sentencia del 25 de octubre de 2010, citada en el párrafo 70 de la presente providencia.

32 “Ejecutoriado el auto que concede apelación contra una sentencia en el efecto suspensivo, se remitirá el expediente al superior. Cuando se trate de autos se procederá como dispone el inciso segundo del numeral 1º del artículo 354”.

33 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 32988, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

34 Sobre el tipo de medidas de reparación integral, consultar el artículo 8 de la Ley 975 de 2005, así como: Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 6 de diciembre de 2001, caso Las Palmeras vs. Colombia, párr. 68 y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 19 de octubre de 2007, Exp. 29273, C.P. Enrique Gil Botero y de 18 de febrero de 2010, Exp. 18436, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.