Sentencia 2008-00514/43071 de agosto 1 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 52001-23-31-000-2008-00514-01(43071)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Paula Andrea Fernández y otro

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Acción de reparación directa

Tema: Privación injusta de la libertad. Duda probatoria – falso in dubio pro reo. Reiteración jurisprudencial.

Bogotá, D.C., primero de agosto de dos mil dieciséis.

En virtud de la prelación dispuesta por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en Acta del 25 de abril de 2013 y comoquiera que la presente providencia comporta la reiteración de la jurisprudencia en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, el 23 de septiembre de 2011, mediante la cual se declaró de oficio la caducidad de la acción y en consecuencia se denegaron las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

En escrito presentado el 29 de agosto de 2008(1), por conducto de apoderado judicial debidamente constituido, la señora Paula Andrea Fernández Santacruz, Fabián Fernández López, actuando en nombre propio y en representación de su menor hijo Sebastián Fernández; María Elena Santacruz de Fernández, Mili María Santacruz Segura, Lorena Santacruz Segura, Angelina López de Fernández, José Mario Santacruz, Andrés Felipe Fernández Santacruz y Diana Marcela Fernández Paredes actuando en nombre propio, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Fiscalía General de la Nación con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios sufridos por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto la señora Paula Andrea Fernández Santacruz con ocasión de un proceso penal adelantado en su contra por los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas(2).

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se condenara a las entidades públicas demandadas a pagar, por concepto de indemnización de perjuicios morales, el monto equivalente a 100 SMLMV a favor de la víctima directa y de sus padres, 25 SMLMV para los hermanos, 15 SMLMV para su abuela y tíos; por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente la suma de $ 72.880.000 y, por concepto de lucro cesante, el monto de $ 144.000.000.

La parte actora narró en la demanda, en síntesis, que el día 2 de julio de 2003 el Gaula capturó a la señora Paula Andrea Fernández Santacruz y fue puesta a disposición de la Fiscalía Quinta - Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión del Distrito Judicial de Bogotá, la cual, mediante providencia de 28 de mayo de 2004, profirió resolución de acusación en su contra como coautora de los delitos en concurso de concierto para delinquir, secuestro extorsivo agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Agregó, que se interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión, el cual fue resuelto por la unidad delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Fiscalía 22, en el sentido de confirmar la resolución de acusación.

Se indicó que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado del Distrito Judicial de Pasto, en sentencia de 10 de julio de 2006, profirió fallo absolutorio a favor de Paula Andrea Fernández Santacruz y, a su vez condenatorio en contra de los señores Alejandro Quilindo y Diego Fernando Tabares, quienes apelaron la decisión. Por consiguiente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, a través de sentencia de 21 de febrero de 2007, confirmó la sentencia de primera instancia, por lo que cobró ejecutoria el 4 de mayo de 2007.

Así las cosas, se concluyó en la demanda que la privación de la libertad de la señora Paula Andrea Fernández Santacruz fue injusta, comoquiera que la Fiscalía nunca tuvo las pruebas necesarias para procesarla por los delitos que se le endilgaban, ni mucho menos para privarla de su libertad, situación que le ocasionó graves perjuicios.

La demanda así formulada fue admitida por el Tribunal Administrativo de Nariño a través de proveído de 29 de abril de 2009(3), la cual se notificó en legal forma a las entidades demandadas(4) y al Ministerio Público(5).

La Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestó oportunamente la demanda(6) para señalar que su comportamiento dentro de la actuación procesal penal se efectuó bajo los parámetros señalados por la Constitución y la ley, por lo que en consecuencia no existía falla en el servicio atribuible a la entidad y por lo tanto no se encontraba demostrado el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Así pues, adujo que la parte actora carecía de causa para demandar en el presente asunto y en consecuencia solicitó que se declararan las excepciones de inexistencia de falla en el servicio como presupuesto en los casos de absolución por duda y falta de objeto para demandar(7).

La Fiscalía General de la Nación no contestó la demanda.

Vencido el período probatorio dispuesto en providencia proferida el 30 de junio de 2010(8), mediante auto de 1º de marzo de 2011 el Tribunal de primera instancia dio traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto(9).

En esta oportunidad la Fiscalía General de la Nación manifestó que su actuación se configuró dentro del cumplimiento de un deber constitucional y que, la medida de aseguramiento posee un carácter preventivo y no sancionatorio para asegurar que las personas sindicadas de haber cometido un delito, cuando contra ellas existan indicios graves de responsabilidad comparezcan efectivamente al proceso penal y no escapen a la acción de la justicia, a la luz de lo cual solicitó que se denegaran las pretensiones de la demanda(10).

La Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial reiteró en su integridad los argumentos expuestos en la contestación de la demanda(11), mientras que la parte actora hizo lo mismo respecto del libelo introductorio(12).

Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el Ministerio Público señaló que los fundamentos de hecho de la demanda eran insuficientes y no sustentaban la detención injusta y que, dentro del plenario no se encontraban los elementos demostrativos necesarios para verificar la certeza de las afirmaciones, por lo que se debían denegar las pretensiones de la demanda(13).

I.I. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Nariño profirió sentencia el 23 de septiembre de 2011, mediante la cual, de oficio, declaró probada la excepción de caducidad de la acción(14).

Tras hacer un recuento de los antecedentes frente al tema objeto de la controversia, el a quo estimó que la oportunidad para ejercer la presente acción había fenecido, como fundamento de su decisión argumentó lo siguiente (se transcribe de manera literal):

“En el caso que se estudia, la sentencia de primera instancia proferida el 10 de julio de 2006 por el Juzgado Primera Penal del Circuito Especializado de Pasto; en cuanto absolvió a la señorita Paula Andrea Fernández Santacruz no fue recurrida ni por la Fiscalía, ni por el Ministerio Público, es decir que quedó en firme y la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto el 21 de febrero de 2007 no podía modificarla, pues, es principio general del derecho que, el Juez de segundo grado adquiere competencia en función del recurso de apelación que se interpone y solo para revisar la providencia en lo que pueda serle desfavorable al apelante.

La sentencia absolutoria proferida a favor se la señora Paula Andrea Fernández Santacruz el 10 de julio de 2006; se le notificó en forma personal el mismo día y quedó ejecutoriada 3 días después y es a partir de su ejecutoria que empieza a contarse el término de dos años establecidos por el legislador para que opere la caducidad de la acción y si la demanda se presentó el 29 de agosto de 2008 es evidente que se presentó por fuera del término establecido por la ley.

En punto de lo anterior se cree necesario anotar que, la certificación de ejecutoria de las sentencias de primera y segunda instancia expedida por la Jefe Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados del Circuito Especializados de Pasto; es inexacta en cuanto a la situación jurídico penal de la señora Paula Andrea Fernández Santacruz y no tiene la virtud jurídica de modificar los términos de caducidad de la acción que son de competencia exclusiva del legislador”.

I.II. El recurso de apelación

1. La parte actora.

De manera oportuna, la parte accionante interpuso recurso de apelación en contra de la providencia de primera instancia, para solicitar su revocatoria y que, en su lugar, se accediera a sus pretensiones(15).

Aseveró que el Tribunal desconoció que en el proceso penal adelantado contra Paula Andrea Fernández Santacruz, también se vinculó a los señores Alejandro Quilindo y Diego Fernando Tabares Marín por los mismos delitos imputados a la actora, y que, a pesar de que ella fue absuelta en primera instancia en sentencia de 10 de julio de 2006, a los otros procesados se les encontró responsables de aquellas conductas punibles, lo que los conllevó a formular recurso de apelación contra aquella decisión, el cual fue resuelto por el Tribunal Superior de Pasto en sentencia de 21 de febrero de 2007, confirmando la condena de primera instancia.

Por lo anterior, argumentó que el Tribunal desconoció el principio de unidad procesal, “según el cual por cada conducta punible se adelanta una sola actuación procesal, sin importar el número de actores o partícipes y las conductas conexas que se investigan y juzgan conjuntamente, es decir que no se puede decir que exista una ejecutoria segmentada, para unos procesados quede en firme y para otros no”.

Así las cosas, señaló que la sentencia de 21 de febrero de 2007 era la guía para contabilizar el término de caducidad de la presente acción, y comoquiera que la demanda se presentó el 29 de agosto de 2008 era claro que había sido interpuesta de manera oportuna.

2. El trámite de segunda instancia.

El recurso formulado por la parte actora fue admitido por auto del 5 de marzo de 2012(16). Posteriormente, mediante proveído del 29 de marzo del mismo año, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo(17).

En esta oportunidad procesal la Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos expuestos en los alegatos de conclusión presentados en la primera instancia(18).

La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.

La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.

II. Consideraciones de la sala

1. Competencia.

La sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 23 de septiembre de 2011, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación(19).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

En concordancia con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984(20), en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos (2) años se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada lo último que ocurra(21).

En el sub examine, la responsabilidad patrimonial que se impetra en la demanda se origina en los daños supuestamente sufridos por los actores con ocasión de la privación de la libertad de la señora Paula Andrea Fernández Santacruz, supuestamente ocurrida desde el 2 de julio de 2003 y hasta el 10 de julio de 2006, fecha en la cual el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado del Distrito Judicial de Pasto la absolvió de los delitos que se le imputaban.

La actora fue absuelta de todo cargo por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto en sentencia proferida el 10 de julio de 2006, la cual fue apelada por los defensores de las personas condenadas. Al decidir la segunda instancia en fallo del 21 de febrero de 2007, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto confirmó la sentencia de primera instancia mediante la cual se había declarado la responsabilidad penal de los apelantes(22).

Ahora bien, en el expediente obra la constancia de ejecutoria de la providencia calendada el 21 de febrero del año 2007(23), la cual cobró firmeza el 4 de mayo de ese mismo año, por lo que la parte actora contaba hasta el 5 de mayo de 2009 para formular la acción, lo que conlleva a concluir que la demanda fue interpuesta oportunamente, comoquiera que su radicación se efectuó el 29 de agosto del año 2008(24), vale decir, dentro del término de dos años, establecido en el artículo 136 numeral 8º del Decreto 1 de 1984.

Así las cosas, la Sala no acoge los argumentos esbozados por el Tribunal Administrativo de Nariño, en cuanto afirmó que la caducidad debía contabilizarse desde la fecha de la sentencia absolutoria proferida en la primera instancia, por no haber sido recurrida por la aquí demandante; en cuanto a este punto, el a quo adujo que el fallo cobró ejecutoria para la señora Paula Andrea Fernández Santacruz, tres días después de que le fue notificada la sentencia de primera instancia.

Tales planteamientos resultan abiertamente errados puesto que, a la luz de las normas procesales que gobernaban la actuación penal en la época de los hechos, la ejecutoria de la sentencia operaba en un solo momento, en forma común a todos los sujetos procesales, incluso si solo algunos de ellos interponían los respectivos medios de impugnación(25). Por lo tanto, aunque la hoy demandante no hubiera impugnado la sentencia absolutoria —lo cual era natural puesto que la decisión le fue favorable—, la misma no podía quedar en firme mientras no se resolviera en forma definitiva la segunda instancia, ya que el fallo sí fue apelado por otros procesados que habían recibido condena penal en la indicada providencia, tal como igualmente lo estimó esta Subsección de manera reciente en un caso similar(26).

Por lo anterior, huelga concluir que en el presente asunto no operó el fenómeno de la caducidad, por lo que el recurso de alzada tiene vocación de prosperidad, lo que impone que la sala proceda a realizar un estudio de fondo frente a la responsabilidad de las entidades demandas con ocasión de la privación de la libertad de la señora Paula Andrea Fernández Santacruz.

3. Lo probado en el proceso.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente demostrados en el proceso los siguientes hechos:

• Que la Unidad Nacional de Fiscalías contra el Secuestro y la Extorsión – Fiscalía Quinta, mediante Resolución de 2 de julio de 2003 dispuso librar orden de captura en contra de Paula Andrea Fernández Santacruz y otros(27).

• Que el 8 de julio de 2003, la Policía Nacional – Dirección Antisecuestro y Extorsión capturó a la señora Paula Andrea Fernández Santacruz(28).

• Que mediante Resolución de 28 de julio de 2003, la Fiscalía General de la Nación – Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de la señora Paula Andrea Fernández Santacruz, por el delito de secuestro extorsivo agravado en calidad de cómplice(29).

• Que el 10 de julio de 2006 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto profirió sentencia en relación con el proceso penal adelantado en contra de Paula Andrea Fernández Santacruz, Alejandro Quilindo y Diego Fernando Tabares Marín, a través de la cual se absolvió a Paula Andrea Fernández de los cargos formulados en su contra en aplicación del principio in dubio pro reo y a su vez, se le concedió la libertad provisional(30).

En la referida sentencia se condenó a los señores Diego Fernando Tabares y Alejandro Quilindo.

• Que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto – Sala Penal, a través de sentencia de 21 de febrero de 2007 resolvió el recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos Alejandro Quilindo y Diego Fernando Tabares en contra de la sentencia de 10 de julio de 2006, mediante la cual la resolvió confirmarla en su integridad(31).

• Que el 10 de julio de 2006 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto le solicitó a la Directora del Centro de Reclusión de Mujeres de Pasto que se sirviera poner en libertad a la señora Paula Andrea Fernández Santacruz(32).

• Que el 10 de julio de 2006, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec— Reclusión de Mujeres Pasto expidió “pasaporte de libertad” respecto de la señora Paula Andrea Fernández Santacruz(33).

• Que el 4 de mayo de 2007 cobró firmeza la sentencia de 21 de febrero de 2007 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, de acuerdo a la constancia de ejecutoria del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Pasto(34).

Ahora bien, valorado en conjunto el material probatorio que antecede, ha de decirse que se encuentra suficientemente acreditado en el presente caso que a la señora Paula Andrea Fernández Santacruz se le adelantó una investigación penal como presunta coautora de los delitos de secuestro extorsivo agravado, concierto para delinquir agravado y tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas armadas y, como consecuencia de ello, se encontró privada de su libertad por disposición de la Fiscalía General de la Nación entre el 8 de julio de 2003 y el 10 de julio de 2006, fecha en que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto profirió sentencia absolutoria a favor de la demandante, con alusión a la aplicación del principio de in dubio pro reo, no obstante lo cual encuentra la sala que en realidad la mencionada absolución se edificó en la carencia de prueba sobre la responsabilidad de la sindicada en la conducta criminal. Expuso el juez penal lo siguiente (se transcribe de forma literal):

“En fin, como lo sostiene el señor defensor de la mencionada procesada, no existe en el informativo prueba que sostenga la imputación que la Fiscalía le ha hecho por los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo y tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, pues nada demuestra que tuviere conocimiento previo del delito del cual era víctima el señor DARQUEA COLOMA, quien ciertamente en sus declaraciones no hace referencia a ninguna mujer como partícipe del reato; él, que ha sido tan amplio en sus exposiciones, que hasta incluso habla de la presencia de un niño en el lugar del secuestro, que a su juicio es el hijo del jefe máximo de la operación delictiva Alias ARTURO, de quien dice que siempre permaneció en Colombia, no hace, ni por referencia, mención a la participación de una mujer en la empresa delictiva.

“En consecuencia, la señorita FERNÁNDEZ no puede responder como coautora de tan graves conductas delictivas, ni siquiera como cómplice, a juicio de este juzgado, pues tal grado de participación requiere igualmente conocimiento previo de la ilicitud, un acuerdo común con los autores, para que la ayuda que presta sea dolosa, lo que es motivo de duda para el despacho, por lo ya analizado, por lo cual será absuelta, en aplicación del principio fundamental del in dubio pro reo”(35).

En tales condiciones, es evidente que la privación de la libertad de la demandante configuró para ella un daño antijurídico, toda vez que no se hallaba en la obligación legal de soportar la limitación a su libertad impuesta en razón de las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación, mucho menos cuando dicha detención se dio en el marco de una investigación en la que posteriormente fue absuelta, ante la inexistencia de pruebas que sirvieran de fundamento para establecer su responsabilidad, pues, como quedó visto, en el sub lite la detención existió y se cumplió a instancias de la Fiscalía, hasta que se concedió el beneficio de libertad provisional derivado del fallo absolutorio de primera instancia, todo lo cual comprometió la responsabilidad del Estado, en aplicación de lo previsto en el artículo 90 de la Carta Política. 

La sala reitera en esta oportunidad uno de los argumentos expuestos en la sentencia del 4 diciembre de 2006(36), en el sentido de que no se puede exonerar al Estado de responsabilidad cuando, a pesar de haberse dictado una medida de detención con el lleno de los requisitos que exige la ley para el efecto, se profiere posteriormente una sentencia absolutoria en la cual se establece, finalmente, que no existe la certeza necesaria para privar de la libertad al sindicado. 

Esta sola circunstancia constituye un evento determinante de privación injusta de la libertad, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fue vinculada la ahora demandante, siempre mantuvo intacta la presunción constitucional de inocencia que la amparaba y que el Estado, a través de la entidad ahora demandada, jamás desvirtuó.

Así las cosas, la sala estima necesario reiterar que el régimen de responsabilidad aplicable según la postura mayoritaria de la sección es de carácter objetivo, bajo el cual se atiende exclusivamente al daño antijurídico producido, por tanto, basta demostrar este último para endilgar la responsabilidad de la administración en razón a que quien lo padeció no estaba en la obligación de soportarlo —en este caso el daño producto de la privación de la libertad(37)

Sobre el particular, debe decirse que en casos como este no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues una decisión de la administración de justicia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, determinó que la señora Paula Andrea Fernández Santacruz debió padecer la limitación de su libertad hasta que se profirió sentencia absolutoria; en cambio, a la entidad demandada le correspondía demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario(38)

Con fundamento en lo anterior, se tiene que el recurso de apelación incoado por la parte actora tiene vocación de prosperidad, por lo que habrá lugar a declarar la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación.

Ahora bien, la sala considera que dicha responsabilidad objetiva solo resulta predicable respecto de la Fiscalía General de la Nación, habida cuenta que fue dicha entidad la que dispuso privar de la libertad a la demandante y mantenerla bajo detención durante toda la etapa instructiva. Más aún, la reclusión de la demandante cesó cuando la actuación se hallaba en etapa de juicio, vale decir, cuando la situación jurídica de la procesada ya no debía ser resuelta por la entidad investigadora sino por un juez de la República, como en efecto ocurrió en virtud del fallo absolutorio.

5. Liquidación de perjuicios materiales.

5.1. Daño emergente.

Los perjuicios materiales por concepto de daño emergente fueron solicitados en la demanda, de la siguiente manera:

“1. Por concepto de la extinción de dominio que fue objeto el vehículo de propiedad de mi representada de placas QFX-343 de Santafé de Bogotá, por cuanto este constituía un instrumento de trabajo.

El valor de:

$ 32.000.000

2. Los gastos en que incurrió mi representada para pagar una adecuada defensa penal, durante el tiempo del trámite del proceso penal.

El valor de:

$ 20.000.000

3. El endeudamiento al que se vio sometida la familia de PAULA ANDREA FERNÁNDEZ SANTACRUZ, para sufragar gastos de la procesada para la manutención en los centros penitenciarios donde estuvo recluida el tiempo en que permaneció privada injustamente de su libertad, gastos en que incurrieron los padres de mi representada para poderse trasladar a la ciudad de Bogotá, además de transporte, alimentación y vivienda, es decir viáticos para poder estar con ella por el tiempo que duró la detención, es decir 3 años, y dejando los negocios en Cali (V), abandonados por el mismo tiempo, rubros estos que deberán pagarse debidamente actualizados en su poder adquisitivo.

Total de: $ 20.880.000”(39).

En consecuencia la sala dispondrá la liquidación de los indicados perjuicios, de la siguiente manera:

En primer lugar, en relación con la pretensión encaminada a obtener el valor del vehículo que fue objeto de extinción del dominio, de quien manifiesta la demandante era de su propiedad(40), no se encuentra probado que dicho automotor constituyera un medio de trabajo para la demandante, así como tampoco la relación directa con el daño causado por la privación injusta de la libertad que aquí se estudia, ni que dicha extinción se hubiera adelantado como consecuencia directa del proceso penal al que fue vinculada la señora Fernández Santacruz, por lo que la sala no reconocerá ninguna indemnización por el perjuicio alegado.

Seguidamente, respecto al valor de los honorarios de los abogados que prestaron sus servicios en la defensa de la señora Paula Andrea Fernández Santacruz, con ocasión del proceso penal adelantado en su contra, advierte la sala que en el expediente obran tres certificaciones que acreditan los siguientes pagos:

• A Freddy Moreno Rojas la suma de $ 2.000.000(41).

• A Sussy Sarmiento Díaz $ 15.000.000(42).

• A Alberto Peralta Penso la suma de $ 3.000.000(43).

Para un total de $ 20.000.000, en consecuencia, se reconocerá dicho monto en favor de la víctima directa previa actualización de este rubro, como sigue:

La fórmula aplicable es la siguiente:

Índice final

Ra = Rh x -------------------

Índice inicial

En donde:

Ra: Renta actualizada a establecer;

Rh: Renta histórica que se va a actualizar: $ 20.000.000,

Ipc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el último conocido a la fecha en que se realiza la actualización: 132.58

Ipc (i): Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el correspondiente a la fecha de expedición de las certificaciones: (Julio de 2008) 98.94

Reemplazando tenemos:

132.58 Ra = $ 26’800.081

Ra = $ 20’000.000 x ---------- ----- --------------------

98.94

Total perjuicios materiales por daño emergente: veintiséis millones ochocientos mil ochenta y un pesos ($ 26’800.081).

Por último, y en referencia a los gastos de sostenimiento reclamados por la parte actora, se evidencia que esta no precisó los conceptos que comprendieron tales gastos ni el monto de los mismos, al tiempo que se abstuvo de aportar las pruebas de tales erogaciones. En todo caso, los gastos de sostenimiento básico y alimentario no pueden ser considerados como daño emergente ya que se trata de expensas básicas y necesarias para la manutención del ser humano, por lo cual, es claro que las mismas habrían sido cubiertas por la víctima, aun si nunca hubiese estado privada de la libertad.

Por lo anterior, no se le concederá a la parte actora ninguna indemnización por dicho concepto.

5.2. Lucro cesante.

En cuanto al lucro cesante, advierte la sala que, de conformidad con los testimonios rendidos en el curso de la primera instancia y a su vez de los documentos allegados con la demanda, se logra evidenciar que la señora Paula Andrea Fernández se dedicaba a trabajar en la oficina de telefonía celular “Oficcell Comunicaciones”(44), así mismo se dedicaba a la venta por comisión de vehículos lo que le permitía proveer su sustento y el de su familia; sin embargo, el valor de esta modalidad de perjuicio no fue cuantificado ni establecido en el proceso, puesto que la interesada no demostró el monto de los ingresos que percibía en el momento de su captura.

Si bien, en el expediente figura un testimonio encaminado a señalar que la señora Paula Andrea Fernández Santagcruz devengaba diferentes sumas de dinero por diversas actividades comerciales(45), lo cierto es que no se acreditó con certeza el valor de sus ingresos a la fecha en que fue privada de la libertad. Ahora bien, no es posible inferir del testimonio obrante en el proceso las ganancias netas o el promedio de ingresos que la accionante percibía en el año 2003, dada la condición heterogénea propia de la actividad comercial.

Ahora bien, la parte demandante ha debido acreditar con cualquier medio idóneo(46), las sumas devengadas por la víctima para la época en que fue privada de la libertad, no obstante, al no existir dicha probanza en el proceso, la liquidación del lucro cesante se realizará con fundamento en el salario mínimo legal mensual vigente, tal como lo ha establecido de manera recurrente la jurisprudencia de esta corporación(47)

En consecuencia hay lugar a aplicar la presunción según la cual toda persona que se encuentre en edad productiva devenga, por lo menos, el salario mínimo legal mensual vigente, monto que será tenido en cuenta por la subsección para liquidar el lucro cesante. A esa suma se le debe adicionar el 25 % por concepto de prestaciones sociales. De igual forma, la liquidación corresponderá al lapso durante el cual la señora Paula Andrea Fernández Santacruz estuvo privada de la libertad. 

Para determinar lo que le corresponde a la demandante por concepto de lucro cesante, se actualizará el valor del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2003.

Ingreso base de liquidación (2003): $ 332.000

Índice final – julio/2016 (132.58)

Ra = Rh ($ 332.000) x ----------------------------------------------

Índice inicial – julio/ 2003 (74.86)

La fórmula aplicable es la siguiente:

Índice final

Ra = Rh x ------------------

Índice inicial

En donde:

Ra: Renta actualizada a establecer;

Rh: Renta histórica que se va a actualizar: $ 332.000

Ipc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el último conocido a la fecha en que se realiza la actualización: 132.58

Ipc (i): Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el correspondiente al mes de julio de 2003: 74.86

Reemplazando se tiene:

132.58

Ra = $ 332.000 x ----------

74.86

Ra = $ 587.985

Dado que el salario mínimo legal mensual que rige para el año 2016 ($689.455(48)) resulta superior a la anterior cifra, se tomará la última cantidad para efectos de la liquidación del lucro cesante. Adicionalmente, al mismo se agregará un 25 % por concepto de prestaciones sociales lo cual arroja la suma de $ 861.819, valor que se tomará como la base de la liquidación.

Período de privación de la libertad: 3 años y 2 días = 36,06 meses(49).

Con estas variables será aplicada la fórmula establecida para el cálculo del lucro cesante consolidado:

(1+ i)n - 1

S = Ra ------------------

i

(1+ 0.004867) 36,06 - 1

S = $ 861.819----------------------------------- S = $ 33’881.246

0.004867

Total perjuicios materiales por lucro cesante: treinta y tres millones ochocientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y seis pesos ($ 33’881.246).

6. Indemnización de perjuicios morales.

Al respecto, ha reiterado la jurisprudencia de la corporación que la indemnización por perjuicio moral que se reconoce a quienes sufran un daño antijurídico, tiene una función básicamente satisfactoria(50) y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo tanto, corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta los criterios generales contemplados por la Sala Plena de la Sección Tercera, en la sentencia de unificación jurisprudencial sobre la indemnización de perjuicios morales derivados de la privación injusta, proferida el 28 de agosto de 2014(51), en los siguientes términos:

 NIVEL 1NIVEL 2NIVEL 3NIVEL 4NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad.Víctima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidad.Parientes en el 2º de consanguinidad.Parientes en el 3º de consanguinidad.Parientes en el 4º de consanguinidad.Terceros damnificados.
Término de privación injusta en meses. 50 % del porcentaje de la víctima directa.35 % del porcentaje de la víctima directa.25 % del porcentaje de la víctima directa.15 % del porcentaje de la víctima directa.
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses.10050352515
      
Superior a 12 e inferior a 18.904531,522,513,5
      
Superior a 9 e inferior a 128040282012
      
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
      
Superior a 3 e inferior a 6.502517,512,57,5
      
Superior a 1 e inferior a 3.3517,512,258,755,25
      
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Debe recordarse que la parte actora solicitó que se condenara a las entidades públicas demandadas a pagar, por concepto de indemnización de perjuicios morales, el monto equivalente a 100 SMLMV a favor de la víctima directa y de sus padres, 25 SMLMV para los hermanos y 15 SMLMV para su abuela y tíos.

Sin embargo, a la luz del criterio unificado anteriormente expuesto, el cual conllevaría el reconocimiento de valores mayores a los pedidos en la demanda, es del caso señalar que solo se reconocerán las sumas solicitadas, comoquiera que la decisión debe respetar el principio de congruencia frente a las pretensiones formuladas, so pena de incurrir en reconocimientos ultra o extra petita.

Así las cosas, dado que está plenamente probado que la señora Paula Andrea Fernández Santacruz permaneció privada de su libertad durante 3 años y 2 días, —superior a 18 meses—, forzoso viene a ser revocar la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, indemnizarla a título de perjuicios morales en el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Comoquiera que dentro del plenario se acreditó en debida forma el parentesco de los padres de la señora Paula Andrea Fernández Santacruz(52), se reconocerá a Fabián Fernández López y a María Elena Santacruz Segura, la suma de 100 SMLMV para cada uno de ellos.

Respecto de sus hermanos se encuentra acreditada dicha calidad, así pues se reconocerá a Sebastián Fernández Paredes(53), Andrés Felipe Fernández Santacruz(54) y Diana Marcela Fernández Paredes(55), la suma equivalente a 25 SMLMV para cada uno de ellos.

A la señora Angelina López de Fernández(56), en calidad de abuela se le reconocerá la suma de 15 SMLMV.

Así mismo al señor José Mario Santacruz se le reconocerá la suma de 15 SMLMV, por cuanto acreditó su parentesco con la víctima directa. En este punto se precisa que en el escrito de la demanda se solicitó la indemnización por perjuicios morales a favor del señor José Mario Santacruz en calidad de tío de la señora Paula Andrea Fernández Santacruz, sin embargo, revisado el material probatorio obrante en el expediente, se corrobora que en realidad es el abuelo de la víctima directa(57).

De otra parte, en relación con la indemnización solicitada en la demanda a favor de las tías de la señora Paula Andrea Fernández Santacruz, estima la sala necesario precisar en esta oportunidad que, de conformidad con los parámetros definidos en la ya mencionada sentencia de unificación respecto de la tasación de la indemnización de perjuicios morales para los casos de privación injusta de la libertad, bastará para su reconocimiento la acreditación del parentesco, criterio que resulta incongruente de cara a lo dispuesto para la tasación del perjuicio moral en el mismo grado de parentesco cuando el daño consiste en la muerte de una persona, toda vez que en este último caso —que bien puede catalogarse como de mayor entidad—, se exige demostrar tanto el parentesco como la afectación sufrida, por lo que la pauta fijada para los casos de privación injusta de la libertad se muestra inconsecuente y apartada de los principios de razonabilidad, proporcionalidad, equidad e igualdad con respecto de la regla probatoria para fijar la indemnización en caso de muerte de una persona, razón por la cual se considera imperativo superar la incongruencia que se pone de presente y requerir en el sub lite la prueba sobre el parentesco y la afectación moral derivada de la privación injusta de la libertad, exigencia que resulta razonable en aras de hacer efectiva la igualdad de trato para los demandantes que se encuentran en el tercer grado de consanguinidad y pretenden obtener el resarcimiento en cuestión.

Así las cosas, para el presente caso, si bien se encuentra acreditado el parentesco en el tercer grado de consanguinidad de Paula Andrea Fernández Santacruz con las señoras Mili María Santacruz Segura(58) y Lorena Santacruz Segura(59), no se encuentra demostrada en el expediente la existencia de la afectación por ellas sufrida con ocasión de la privación injusta de la libertad de su sobrina y, por tanto, no hay lugar a reconocer la indemnización solicitada.

6. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia recurrida, esto es la proferida el 23 de septiembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Nariño. En consecuencia, se dispone:

2. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por los perjuicios ocasionados con ocasión de la privación injusta de la libertad de que fue objeto la señora Paula Andrea Fernández Santacruz, durante el período comprendido entre el 8 de julio de 2003 y el 10 de julio de 2006.

3. En consecuencia, CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar las siguientes indemnizaciones:

Por concepto de perjuicios morales:

Para PAULA ANDREA FERNÁNDEZ SANTACRUZ, como víctima directa, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

Para FABIÁN FERNÁNDEZ LÓPEZ y a MARÍA ELENA SANTACRUZ SEGURA, en calidad de padres de la víctima directa, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

Para SEBASTIÁN FERNÁNDEZ PAREDES, ANDRÉS FELIPE FERNÁNDEZ SANTACRUZ y DIANA MARCELA FERNÁNDEZ PAREDES, en calidad de hermanos de la víctima directa, veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

Para ANGELINA LÓPEZ DE FERNÁNDEZ y JOSÉ MARIO SANTACRUZ, en calidad de abuelos de la víctima directa, quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos a la fecha de la ejecutoria de esta providencia.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente:

Para PAULA ANDREA FERNÁNDEZ SANTACRUZ, la suma de veintiséis millones ochocientos mil ochenta y un pesos M/L. ($ 26’800.081).

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante:

Para PAULA ANDREA FERNÁNDEZ SANTACRUZ, la suma de treinta y tres millones ochocientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y seis pesos M/L ($33’881.246).

4. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

5. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Sin condena en costas.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

8. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

1 Folio 1 del cuaderno de primera instancia.

2 Folios 1 – 39 del cuaderno de primera instancia.

3 Folios 301 y 302 del cuaderno de primera instancia.

4 Los días 13 de julio y 3 de agosto de 2009 se entregaron los oficios de notificación personal del auto admisorio de la demanda a los representantes legales de la Fiscalía General de la Nación y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, respectivamente (Folios 305 -306 del cuaderno de primera instancia).

5 . El Procurador Nº 35 Judicial, se notificó personalmente el 5 de mayo de 2009 (Folio 302, cuaderno de primera instancia).

6 El término de fijación en lista ocurrió desde el 19 de agosto hasta el 1º de septiembre de 2009, y el escrito de contestación de la demanda se presentó el 28 de agosto del mismo año (Folio 307, cuaderno de primera instancia).

7 Folios 308 – 313 del cuaderno de primera instancia.

8 Folios 331 – 332 del cuaderno de primera instancia.

9 Folio 426 del cuaderno de primera instancia.

10 Folios 441 – 447 del cuaderno principal de primera instancia.

11 Folios433 – 435 del cuaderno principal de primera instancia.

12 Folios 428 – 432 del cuaderno principal de primera instancia.

13 Folios 456 – 462 del cuaderno principal de primera instancia.

14 Folios 475 – 492 del cuaderno de segunda instancia.

15 Recurso presentado y sustentado el 20 de octubre de 2011, obrante de folios 497 a 500 del cuaderno de segunda instancia.

16 Folio 507 del cuaderno de segunda instancia.

17 Folios 507, 509 del cuaderno de segunda instancia.

18 Folios 510 – 511 del cuaderno de segunda instancia.

19 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

20 Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

21 Al respecto consultar, por ejemplo, sentencia del 14 de febrero de 2002. Exp: 13.622. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Dicho criterio ha sido reiterado por la Subsección en sentencia de 11 de agosto de 2011, Exp: 21801, así como por la Sección en auto de 19 de julio de 2010, Radicación 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410), Consejero Ponente (E): Mauricio Fajardo Gómez.

22 Las providencias de primera y segunda instancia, figuran a folios 207 – 278 del cuaderno de primera instancia.

23 Folio 285 del cuaderno de primera instancia.

24 Folio 1 del cuaderno de primera instancia.

25 Al respecto, esta corporación ha señalado en otras oportunidades que en los procesos penales adelantados contra un número plural de imputados, la unidad procesal se mantiene incluso si solo algunos de ellos interponen los recursos de ley, de suerte que la caducidad debe contarse desde la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia. Consultar sobre esta materia, la sentencia proferida por la Sección Tercera el 6 de diciembre de 2010. C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz. Expediente 2008-00188-01 (38099). En el mismo sentido, la sentencia del 19 de julio de 2010, exp. 25000-23-26-000-00236-01 (37410).

26 Sentencia de 12 de mayo de 2016, exp. 2005-00587 01 (39268).

27 Folios 170 – 173 del cuaderno de primera instancia.

28 Folios 174 – 177 del cuaderno de primera instancia.

29 Folios 178 – 206 del cuaderno de primera instancia.

30 Folios 207 – 258 del cuaderno de primera instancia.

31 Folios 259 – 277 del cuaderno de primera instancia.

32 Folio 284 del cuaderno de primera instancia.

33 Folio 282 del cuaderno de primera instancia.

34 Folio 285 del cuaderno de primera instancia.

35 Folio 245 del cuaderno de primera instancia.

36 Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 13168.

37 Sobre el derecho fundamental de todas las personas a la libertad, la Corte Constitucional, en sentencias C - 397 de 1997, de 10 de julio de 1997 y C-774 de 25 de julio de 2.001.

38 Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Exp. 17.517 y del 15 de abril de 2010, Exp. 18.284, entre otras.

39 Folios 5 y 6 del cuaderno de primera instancia.

40 A folios 61 a 118 del cuaderno de pruebas obra copia de la providencia de 29 de septiembre de 2006 proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá, a través de la cual resolvió extinguir el derecho de dominio del automotor Montero Mitsubishi placa QFX-343.

41 Folios 161 del cuaderno de pruebas.

42 Folio 162 del cuaderno de pruebas.

43 Folio 163 del cuaderno de pruebas.

44 A folio 57 del cuaderno de primera instancia obra copia del contrato de compra y venta del establecimiento comercial Oficcell Comunicaciones, en el que se constata que la señora Paula Andrea Fernández Santacruz adquirió el 50 % del establecimiento, el documento se suscribió el 22 de mayo de 2002, antes de la fecha de la privación de su libertad. Así mismo se constata con las facturas de venta visibles a folios 61 a 90 del cuaderno de primera instancia.

45 Folio 412 del cuaderno de primera instancia. “(…) ella tenía su oficina de telefonía celular, ‘oficell’ en donde trabajaba con un una prima Sandra Lorena Fernández, que le producía más o menos tres y tres millones y medio mensuales, en la cual como era una sociedad les tocaba de millón quinientos mensuales, ella se dedicaba al comercio de vehículos, vendía por comisión uno o dos carritos al mes ganaba uno o dos millones de pesos, había préstamos en hipoteca, en letras (…)”.

46 El Código de Comercio, especialmente en sus artículos 19 y 48, impone a los comerciantes la obligación de registrar y llevar en libros, la contabilidad de su actividad comercial.

47 Ver, entre otras, la sentencia del 9 de septiembre de 2015, Sección Tercera - Subsección A. Radicación No. 68001-23-31-000-2001-01546-01(38550). Igualmente la Sentencia de esta misma Subsección, proferida el 7 de octubre de 2015. Expediente No. 25000-23-26-000-2005-00051-01(35685).

48 Decreto 2552 del 30 de diciembre de 2015.

49 Entre el 8 de julio de 2003 y el 10 de julio de 2006.

50 En tratándose del perjuicio o daño moral por la muerte o las lesiones de un ser querido, la indemnización tiene un carácter satisfactorio, toda vez que —por regla general— no es posible realizar una restitución in natura, por lo que es procedente señalar una medida de satisfacción de reemplazo, consistente en una indemnización por equivalencia dineraria. Al respecto puede consultarse el criterio doctrinal expuesto por el Dr. Renato Scognamiglio, en su obra El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962, pág. 46.

51 Al respecto consultar la sentencia de unificación de la Sección Tercera proferida el veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014) Radicación número: 68001-23-31-000-2002-02548-01(36149).

52 Según el registro civil de nacimiento de Paula Andrea Fernández Santacruz que obra a folio 40 del cuaderno de primera instancia.

53 Registro civil de nacimiento visible a folio 45 del cuaderno de primera instancia.

54 Registro civil de nacimiento visible a folio 46 del cuaderno de primera instancia.

55 Registro civil de nacimiento visible a folio 47 del cuaderno de primera instancia.

56 Según el registro civil de nacimiento de Fabián Fernández López, obrante a folio 43 del cuaderno de primera instancia.

57 De conformidad con el registro civil de nacimiento de María Elena Santacruz Segura, obrante a folio 48 del cuaderno de primera instancia.

58 Según se desprende de su registro civil de nacimiento que obra a folio 51 del cuaderno de primera instancia, en donde consta que es hija de José Mario Santacruz, quien a su vez es abuelo de Paula Andrea Fernández Santacruz.

59 Según se desprende de su registro civil de nacimiento que obra a folios 49, 41 del cuaderno de primera instancia, en donde consta que es hija de José Mario Santacruz, quien a su vez es abuelo de Paula Andrea Fernández Santacruz.