Sentencia 2008-00522 de agosto 8 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Ref.: Expediente 2008-00522-01.

Recurso de apelación contra la sentencia de 20 de enero de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Actora: Ana Lucía Moreno de Orjuela.

Bogotá, D.C., ocho de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

El punto central de la controversia radica en determinar si las correcciones ordenadas en el acto acusado fueron efectuadas de conformidad con las normas pertinentes sobre registro de instrumentos públicos.

El acto acusado, es la Resolución 000339 de 22 de agosto de 2008, que obra a folio 22 del cuaderno principal, “Por medio de la cual se ordenan unas correcciones al folio de matrícula inmobiliaria 50C-897555”, emanada de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Centro. Su texto es el siguiente:

“(...).

‘... En ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto-Ley 1250 de 1970, procede a ordenar unas correcciones al folio de matrícula inmobiliaria 50C-897555.

I. Antecedentes

Mediante escrito CT 171 de fecha 14-06 de 2007 suscrito por el coordinador de certificación solicita a la división jurídica que “... con fundamento en la fotocopia de la escritura pública 625 del 22-03-1985 de la Notaria[sic] de Bogotá, aportada por el interesado y demás soportes que reposan en la microficha de la matrícula inmobiliaria 50C-897555, se tenga a bien verificar si el acto contenido en ese instrumento que refiere “demarcación de un predio de mayor extensión de la finca denominada Páramo del Verjón Tanavista El Hoyo”, (predio que siendo un solo cuerpo tiene terrenos que territorialmente se ubican en los municipios de Choachí, Ubaté (sic) y Bogotá D.E.), permite la apertura del folio de matrícula tratado (destacado de la Sala).

(...).

II. Consideraciones del despacho

(...).

Cuarto: Que por medio de la Escritura Pública 4879 del 15-10-1974 de la Notaría 3 de Bogotá “... las señoras Irene S. Fajardo y Rosalía Fajardo Burpo de Yahn y la sociedad Fajardos Pinzón en El Páramo Limitada, en lo que a cada una de ellas corresponde, transfieren, por medio del presente instrumento, a título de venta a los señores Roberto Antonio Garzón Guevara y Rafael Amador Amaya Castro, el predio rural denominado Páramo de Verjón Tanavista y El Hoyo, situado en jurisdicción de los municipios de Ubaque y Choachí, y que anteriormente lo estuvo en las de Bogotá y Choachí determinado por los siguientes linderos...”. Entre comillas es textual, la negrilla es mía; motivo por el cual la el documento figura inscrito únicamente ente la oficina de registro de II.PP. de Cáqueza en el folio de matrícula inmobiliaria número 1520019075. Quinto: Que para el año de 1985 el predio denominado Páramo del Verjón Tanavista El Hoyo se encontraba ubicado entre las jurisdicciones de los municipios de Choachí, Ubaté (sic) y Bogotá, razón por la cual los propietarios Antonio Garzón Guevara y Rafael Amador Amaya Castro, por medio de la escritura 625 del 22-03-1985 de la Notaría 8 de Bogotá proceden a segregar la porción de terreno correspondiente a la jurisdicción del Distrito Especial de Bogotá, la cual es debidamente alinderada y consta de un área de 400 hectáreas que recibe el nombre de El Verjón Alto, de igual forma alinderan la parte restante del globo de terreno correspondiente a las jurisdicciones de los municipios de Choachí y Ubaque a la cual se le asigna el nombre de Tanavista y El Hoyo. Sexto: Que al momento de realizarse la inscripción de la escritura pública 625 del 22-03-1985 de la Notaría de Bogotá por parte de la oficina de registro, se le asignó como número de matrícula inmobiliaria al bien inmueble denominado El Verjón Alto el 50C-897555, por corresponder a esta jurisdicción (destacado de la Sala).

Que estudiada la tradición del folio de matrícula inmobiliaria 50C-897555 se establece que existen una serie de inconsistencias tales como no reflejar el área y la complementación, en la anotación número uno se debe adecuar su especificación.

(...).

Resuelve:

Primero: Ordenase en el folio de matrícula inmobiliaria 50C-897555 las siguientes correcciones: a). En el campo de descripción cabida y linderos incluir el área así “Lote de terreno que consta de una extensión superficiaria aproximada de 400 hectáreas, comprendido dentro de los siguientes linderos...” . b). En el campo de complementación inclúyase “(se indica la tradición del inmueble desde 1934, hasta que fue adquirido por los señores Antonio Garzón Guevara y Rafael Amador Amaya Castro). c). En anotación número uno de fecha 30-05-1985 correspondiente al registro de la escritura 4129 del 10-07-1990 Notaría 1 de Bogotá, corríjase en campo de especificación, lo correcto es “0915 desenglobe”, en comentario inclúyase “Se segrega la porción de terreno que corresponde a la jurisdicción de Bogotá, la parte restante corresponde a lo ubicado en Choachí y Ubaque que es jurisdicción de Cáqueza”; d). En anotación número 7....

Segundo: Déjese sin valor ni efecto jurídico la anotación número 18 de folio.... Hipoteca de cuerpo cierto (...).

Tercero y cuarto: (se ordena hacer correcciones en los folios de matrícula inmobiliaria que allí se señalan, entre los cuales no se encuentra el que supuestamente corresponde a la propiedad de la actora y su familia 50C-1457760).

Quinto: Ordenase cerrar el folio de matrícula inmobiliaria 50C-897555 dejando como salvedad “Por estar agotada su área en virtud del loteo realizado por escritura 835 del 14-04-1999 Notaría 11 de Bogotá”.

La actora pretende en su demanda que se declare la nulidad de la Resolución 000339 de 22 de agosto de 2008, por medio de la cual se ordenó corregir el folio de matrícula 50C-897555 y los que se hayan segregado de este.

Dicha matrícula inmobiliaria 50C-897555, según el acto acusado, se abrió porque el terreno de mayor extensión denominado Páramo de Verjón Tanavista y El Hoyo, que figuraba inscrito únicamente ante la oficina de registro de instrumentos públicos en Cáqueza, se encontraba en tres jurisdicciones, y al ser desenglobado, a la parte del terreno localizada en Bogotá, que se denominó El Verjón Alto, se le asignó aquella.

Según se lee en el acto acusado, su motivación está dada en el hecho de que debía corregirse el folio de matrícula 50C-897555, con fundamento en la Escritura Pública 625 de 22 de marzo de 1985, de la Notaría Octava de Bogotá, la cual reposa a folio 56 del expediente.

Dicha escritura da cuenta de lo siguiente:

— Que los señores Roberto Antonio Garzón Guevara y Rafael Amador Amaya Castro, quienes adquirieron el predio rural denominado Paramo de Verjón Tanavista y El Hoyo, el cual adquirieron mediante la escritura 4.879 de 15 de octubre de 1974, de la Notaría Tercera de Bogotá(3) registrada en Cáqueza el 4 de noviembre de 1974, comparecieron ante el notario para hacer aclaraciones, con el objeto de vincular cada uno de los sectores que resulten del inmueble, a su correspondiente jurisdicción.

— Que con dicha Escritura 625 de 22 de marzo de 1985, se protocoliza el certificado 762 de 1984, expedido por el registrador de instrumentos públicos de la seccional Cáqueza, el cual da cuenta de la compraventa y contiene la misma alinderación antes consignada en el numeral primero, además de la tradición del predio que se remonta a 1909, anterior a la creación de Bogotá Distrito Especial, el cual al delimitarse, su lindero oriental pasó sobre el predio, surgiendo la presente aclaración.

— Que el señor director de Catastro Distrital, con base en la plancha del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ha demarcado la porción que del predio páramo de Verjón Tanavista y El Hoyo se encuentra en la jurisdicción de Bogotá con una cabida aproximada de 400 hectáreas, según se desprende de la certificación que se anexa, para que junto con la plancha quede protocolizada en la escritura; que a ese terreno se le conoce como El Verjón, del cual se señalan sus linderos en esta escritura; también se señalan los linderos del terreno perteneciente a las jurisdicciones de Choachí y Ubaque que se amparan con las matrículas allí señaladas, certificadas por el registrador de instrumentos públicos de Cáqueza, cuya alinderación se señala en la escritura.

— Que de acuerdo con las declaraciones consignadas en los puntos anteriores y a la demarcación de las dos porciones de terreno, solicitan que se cancele en la oficina de Cáqueza la matrícula correspondiente al predio mayor; que al segregar la porción de terreno correspondiente a la jurisdicción del Distrito Especial de Bogotá, se inscriba en la oficina de instrumentos públicos de Cáqueza con el nombre de “Tanavista y El Hoyo” la porción que corresponde a dicha jurisdicción; que igualmente se abra la correspondiente matrícula inmobiliaria en la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá, con el nombre de El Verjón Alto con una superficie de 400 hectáreas y, en consecuencia, se abra la correspondiente cédula catastral. Los comparecientes manifiestan asumir la responsabilidad de perjuicios ante terceros como consecuencia de las aclaraciones consignadas.

Para resolver el asunto se deben tener en cuenta las normas pertinentes que rigen las facultades del registrador, las cuales están contenidas en el estatuto de registro - Decreto-Ley 1250 de 1970.

“ART. 35.—Los errores en que se haya incurrido al realizar una inscripción, se corregirán subrayando y encerrando entre paréntesis las palabras, frases o cifras que deban suprimirse o insertando en el sitio pertinente y entre líneas las que deben agregarse y salvando al final lo corregido, reproduciendo entre comillas e indicando si vale o no vale lo suprimido o agregado. Podrá hacerse la corrección enmendando lo escrito o borrándolo y sustituyéndolo y así se indicará en la salvedad que se haga. Las salvedades serán firmadas por el registrador o su delegado.

Sin dichos requisitos no valdrán las correcciones y se tendrán por verdaderas las expresiones originales”.

“ART. 39.—La cancelación de un registro o inscripción es el acto por el cual se deja sin efecto el registro o inscripción”.

“ART. 40.—El Registrador procederá a cancelar un registro o inscripción cuando se le presente la prueba de la cancelación del respectivo título o acto, o la orden judicial en tal sentido”.

“ART. 82.—El modo de abrir y llevar la matrícula se ajustará a lo dispuesto en esta ordenación, de manera que aquella exhiba en todo momento el estado jurídico del respectivo bien” (destacado de la Sala fuera de texto).

Se reitera que el folio de matrícula inmobiliaria 50C-897555 (fl. 64-66, cdno. ppal.) se abrió con base en la escritura 625 de 22 de marzo de 1985, de la Notaría Octava de Bogotá, que también fue el fundamento de la corrección que se hizo mediante el acto acusado.

Observa la Sala que tal como se consigna en la parte resolutiva de la resolución demandada, no se hace mención alguna a la modificación de los linderos del predio.

Del contenido de las normas de registro, antes transcritas, se deduce que para que el registro refleje la verdadera situación jurídica del inmueble, el registrador, cuando incurre en error en la inscripción, puede hacer las correcciones en cualquier momento; en este caso, lo que hizo mediante el acto acusado, fue corregir el folio de matrícula inmobiliaria 50C-897555, con fundamento en una escritura pública que no ha sido anulada por la jurisdicción ordinaria competente para ello, y no, como lo considera la actora, por capricho del registrador, quien en todo caso no tiene facultades para cancelar o abrir un registro que no proceda de un contrato o título o de una orden judicial.

Conforme se precisó en la sentencia de 23 de octubre de 2003 (Exp. 5611, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero), que se reiteró en el fallo de 11 de noviembre de 1999 (Exp. 4106, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa), el estudio que corresponde efectuar a las oficinas de registro, en modo alguno se traduce en una actividad meramente mecánica o automática, despojada de toda valoración jurídica respecto del acto a registrar y, por el contrario, ellas están habilitadas por la ley para efectuar una valoración jurídica previa a la anotación respectiva, con miras a determinar precisamente “Si la inscripción del título” es “legalmente admisible”. En este caso, de las pruebas aportadas y de los límites establecidos en los folios 50C-1457760 y 50C-897555, que fueron transcritos y comparados por el a quo (fls. 179-181), no se puede deducir que se trata de un mismo predio.

La parte demandante trajo a colación las diferencias de los linderos entre las escrituras públicas 4879 de 1974 y 625 de 1985. No obstante ello, cabe resaltar que la autoridad competente, en este caso, la jurisdicción ordinaria civil, es la única llamada a dejarlas sin efecto, no siendo ello del resorte de esta jurisdicción. De manera que de existir un daño, no le sería imputable a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ni a la Superintendencia, quienes no pueden desconocer la tradición contenida en dichos instrumentos.

Dadas las anteriores consideraciones, la Sala confirmará la sentencia recurrida, que denegó las pretensiones de la demanda, como efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

TIÉNESE al doctor Nelson Pinilla González, como apoderado de la parte demandante, de conformidad con el poder obrante a folio 17 del cuaderno del recurso.

TIÉNESE a la doctora Alba Nereida Ramírez Rojas, como apoderada de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con el poder visible a folios 43 a 52, ibídem.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) Esta escritura pública obra a folios 47 a 54 del cuaderno principal.