Sentencia 2008-00549/42707 de enero 25 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Radicación: 73001233100020080054901 (42.707)

Actor: Luz Marina Uribe Cardozo y otros

Demandado: Nación - rama judicial - Consejo Superior de la Judicatura y Ministerio del Interior y de Justicia

Asunto: Reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Bogotá D.C., veinticinco de enero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II Consideraciones

2.1 Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del presente asunto, pues en casos de responsabilidad del Estado por hechos de la administración de justicia (error jurisdiccional, privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia) opera un factor orgánico que confiere competencia, en primera instancia, a los tribunales administrativos y, en segunda instancia, a esta corporación(3).

2.2 Oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable al sub examine(4), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

La acción impetrada por los actores pretende la declaratoria de responsabilidad de las demandadas por una falla en la administración de justicia —error judicial—, que condujo a que la señora Luz Marina Uribe Cardozo fuera despojada del predio de su propiedad.

Según la demanda, el juzgado séptimo civil municipal de Ibagué remató y adjudicó a la señora Uribe Cardozo el inmueble de habitación ubicado en la manzana F, casa 28, del barrio Jardín Comuneros de esa ciudad, identificado con matrícula inmobiliaria 350-24484; sin embargo, el despacho judicial omitió informar a la rematante que el inmueble se encontraba bajo disputa legal, dentro de un proceso reivindicatorio que cursaba en el juzgado primero civil municipal de Ibagué y que culminó con sentencia a favor de la demandante en ese proceso y, por consiguiente, la acá actora se vio obligada a entregar el bien, lo cual le habría causado los perjuicios que acá se reclaman.

Consta en el expediente que dicha entrega se produjo el 17 de agosto de 2006 (fl. 220, c 3); por lo tanto, como la demanda de reparación directa fue instaurada el 20 de abril de 2007 (fls. 145 a 153, c 1), no hay duda de que aquélla se presentó dentro del término de ley.

2.3 Responsabilidad del Estado por el funcionamiento de la administración de justicia.

Antes de que entrara a regir la Constitución Política de 1991, la sección tercera del Consejo de Estado distinguió entre lo que denominó: i) responsabilidad derivada de la administración de justicia, que la asimiló a una falla en la prestación del servicio y consideró, por ejemplo, que había lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los actos de los secuestres que ocasionaran grave deterioro a los bienes, o por la sustracción de títulos o bienes que se encontraran bajo custodia de las autoridades judiciales(5) y ii) responsabilidad derivada del error judicial, que en un principio fue rechazada por la jurisprudencia de esta corporación, bajo el entendido de que, en los eventos en los que funcionarios judiciales incurrieren en errores en desarrollo de su actividad, de los que se derivaran daños para los administrados, quien comprometía la responsabilidad era el propio funcionario judicial y no el Estado.

En ese mismo sentido, se entendió que admitir la responsabilidad derivada del error judicial implicaría el desconocimiento del principio de cosa juzgada, en cuya virtud no es posible que un aspecto ya decidido por el juez sea fallado nuevamente, de tal suerte que los daños causados como consecuencia de ese error judicial únicamente comprometían la responsabilidad personal del funcionario judicial, en los términos del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil(6).

De manera excepcional, la corporación llegó a reconocer la responsabilidad de la administración de justicia en aquellos eventos en los que el funcionario judicial, aún en el ejercicio de sus funciones, había incurrido en una vía de hecho y causado lesión a una de las partes, sus apoderados, un auxiliar de la justicia o un tercero(7).

La Constitución Política de 1991 establece como regla de principio la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, incluidas, por supuesto, las judiciales En una decisión del 22 de julio de 1994 (Exp. 9043), la sección tercera aseguró que, en aplicación del artículo 90 de la Constitución Política, no existía duda alguna en torno a que los errores judiciales podían ser fuente de reclamaciones por quienes resultaran dañados o perjudicados con ellos, independientemente de la responsabilidad que pudiera caberle al funcionario judicial.

En los artículos 232 y siguientes del Decreto 2700 de 1991 —antiguo Código de Procedimiento Penal—, fue consagrada la acción de revisión, que estableció la posibilidad de reabrir un proceso ya clausurado, cuando se incurriera en error judicial Dicha acción constituía una excepción a la intangibilidad de la cosa juzgada.

Posteriormente, la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia— reguló ampliamente el tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de esta rama del poder público, así como el de la responsabilidad personal de sus funcionarios y empleados judiciales.

En relación con la responsabilidad patrimonial del Estado se establecieron tres supuestos: el error jurisdiccional, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad En todo caso, conviene precisar que, aún con anterioridad a la expedición de la ley estatutaria, la jurisprudencia de esta corporación había distinguido ya entre el contenido del denominado error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, como títulos jurídicos de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado administrador de justicia.

Se incurre en error judicial en providencias por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho; así, para que surja la responsabilidad patrimonial del Estado por el error judicial, es necesario que concurran los siguientes elementos: i) que dicho error esté contenido en una providencia judicial, ii) que ésta sea proferida por un funcionario investido de autoridad judicial y iii) que el afectado haya interpuesto contra la citada providencia los recursos procedentes.

No es necesario para configurar el error judicial que la providencia sea constitutiva de una vía de hecho, esto es, que se trate de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que obedezca a las motivaciones internas del juez que actúa sin fundamento objetivo y razonable, como lo entendió la Corte Constitucional al condicionar la exequibilidad del artículo 66 de la Ley 270 de 1996(8), porque ello implicaría desconocer la fuente constitucional de la responsabilidad del Estado, consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, en cuanto dicha disposición prevé que se debe indemnizar todo daño antijurídico que llegue a ocasionarse, con prescindencia de la eventual falta personal del agente que lo causa(9).

Hechas las anteriores precisiones, puede concluirse que, en vigencia del artículo 90 de la Constitución Política de 1991 —inclusive desde antes— y de la Ley 270 de 1996, el Estado está en la obligación de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, siempre que estén acreditados los elementos que estructuran su responsabilidad, esto es, que se haya causado un daño antijurídico, que éste resulte imputable a una actuación u omisión de la autoridad vinculada a la rama judicial y que exista un nexo causal entre el primero y la segunda.

2.4 Caso concreto y análisis probatorio.

Se encuentra acreditado que, mediante escritura pública 1270 del 15 de mayo de 2002, de la notaría segunda de Ibagué, el señor Osías Varón Franco constituyó una hipoteca sobre el inmueble de habitación ubicado en la manzana F, casa 28, del barrio Jardín Comuneros de Ibagué, identificado con matrícula inmobiliaria 35024484, a fin de respaldar una obligación contraída con el señor Manuel Antonio Riveros Velásquez (fls. 7 a 11, c 1).

Ante el incumplimiento en el pago de dicha obligación, el último de los mencionados inició un proceso ejecutivo hipotecario contra el señor Osías Franco (fls. 16 a 19, c 1), en el cual el juzgado 7 civil municipal de Ibagué, mediante providencia del 5 de febrero de 2003, libró mandamiento de pago, por $ 5.000.000, más los respectivos intereses de mora; además, decretó el embargo y secuestro del inmueble hipotecado (fl. 21, c 1).

El 26 de febrero de 2003, el juzgado decretó el avalúo y la venta en pública subasta del citado inmueble, condenó en costas al ejecutado y ordenó a las partes que practicaran la liquidación del crédito (fls. 24 a 26, c 1).

Por Auto del 6 de noviembre de 2003, el juzgado dispuso que el remate del bien se realizará el 15 de enero de 2004, para lo cual ordenó la fijación de los avisos respectivos y las publicaciones de rigor, conforme a lo dispuesto por el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil (fl. 74, c 1).

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la norma acabada de citar, el apoderado de la parte ejecutante allegó al proceso ejecutivo copia del aviso de publicación del remate, constancia de la emisora en la que se transmitió dicho aviso y copia del certificado de tradición y libertad del inmueble (fls. 81 a 88, c 1) En la anotación 10 de este documento consta que, el 21 de junio de 2002, se registró una demanda ordinaria existente en el juzgado primero civil municipal de Ibagué, promovida por María Gladys Arjona de Varón contra Osías Barón Franco (fl. 85, c 1).

Teniendo en cuenta que no hubo postores en la diligencia de remate del 15 de enero de 2004, el juzgado séptimo civil municipal de Ibagué, mediante providencia del 20 de enero siguiente, dispuso que aquélla se realizara el 1º de abril de 2004 (fl. 92, c 1), como en efecto ocurrió, pues el juzgado remató y adjudicó el inmueble a la única postora, esto es, a la señora Luz Marina Uribe Cardozo (fls. 104 a 106, c 1).

Por Auto del 22 de abril de ese mismo año, el juzgado aprobó el remate y ordenó que se registraran y protocolizaran el acta de la respectiva diligencia y el auto en mención (fls. 113 a 117, c 1).

El 10 de mayo de 2004 se produjo la entrega del inmueble a la señora Uribe Cardozo (fl. 123, c 1) y, el 23 de junio de ese mismo año, el juzgado declaró la terminación del proceso ejecutivo hipotecario y lo archivó (fl. 134, c 1).

No obstante, el 17 de agosto de 2006 la señora Luz Marina Uribe Cardozo debió entregar el inmueble a María Gladys Arjona de Varón (fl. 200, c 3), en cumplimiento de lo dispuesto en Sentencia del 21 de mayo de 2003, proferida por el juzgado primero civil municipal de Ibagué, que declaró, dentro del juicio de pertenencia que la última de las mencionadas promovió contra Osías Varón Franco, que el inmueble de habitación ubicado en la manzana F, casa 28, del barrio Jardín Comuneros, identificado con matrícula inmobiliaria 35024484, le “pertenece en dominio pleno y absoluto” a la señora Arjona de Varón (fls. 101 a 105, c 3) La anterior decisión fue confirmada por el juzgado tercero civil del circuito de esa misma ciudad, mediante Sentencia del 19 de marzo de 2004 (fls. 216 a 220, c 3).

El artículo 525 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la época de los hechos, indica el procedimiento que debe seguirse para la adquisición de bienes a través de remate, el cual se debe anunciar al público mediante aviso que debe contener: i) fecha y hora “en que ha de principiar la licitación”, ii) los bienes objeto de remate con indicación de su clase, especie y cantidad, si son muebles, y la matrícula de su registro, si existiere, el lugar de ubicación, nomenclatura o nombre y, a falta de esto último, sus linderos, si son inmuebles, iii) el avalúo correspondiente y la base de la licitación y iv) el porcentaje que deba consignarse para hacer la postura.

Según la norma en cita, el aviso se publica por una vez, con antelación no inferior a 10 días a la fecha del remate, en uno de los periódicos de más amplia circulación en el lugar y en una radiodifusora local si la hubiere La copia informal de la página del diario y la constancia del administrador o funcionario de la emisora sobre su transmisión se tienen que agregar al expediente antes de dar inicio a la subasta; además, “deberá allegarse un certificado de tradición y libertad del inmueble actualizado, expedido dentro de los cinco (5) anteriores a la fecha prevista para la diligencia de remate”.

Consta en el expediente que la parte demandante en el proceso ejecutivo cumplió lo dispuesto en la citada norma, pues, como se dijo en la página 12 de este fallo, allegó a dicho proceso copia del aviso de publicación del remate, constancia de la emisora en la que se transmitió dicho aviso y copia del certificado de tradición y libertad del inmueble, documento este último que mostraba que existía una disputa legal sobre el citado bien en el juzgado primero civil municipal de Ibagué, con ocasión de un proceso civil ordinario promovido por María Gladys Arjona de Varón contra Osías Barón Franco (anotación 10) (fl. 85, c 1).

Ahora bien, teniendo en cuenta que la acá demandante, señora Luz Marina Uribe Cardozo, tuvo acceso al certificado de matrícula inmobiliaria al postularse para el remate del inmueble objeto de esta controversia, debió constatar que, el 21 de junio de 2002, se registró una demanda civil ordinaria en el folio de matrícula inmobiliaria 350-24484, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué, que afectaba el inmueble que pretendía adquirir.

No obstante, aquélla decidió acudir y hacer postura en el remate del inmueble, el cual, finalmente, le fue adjudicado; pero, en cumplimiento de lo dispuesto en las sentencias del 21 de mayo de 2003 y del 19 de marzo de 2004, proferidas dentro del proceso reivindicatorio a que dio origen la demanda registrada en la precitada anotación 10 y, en su orden, por los juzgados primero civil municipal de Ibagué y tercero civil del circuito de esa misma ciudad, la acá demandante debió entregar el bien a la señora Arjona de Varón, quien demostró en dicho proceso tener “el dominio pleno y absoluto” del inmueble.

Pues bien, según el artículo 527 (inc. 6) del Código de Procedimiento Civil, “Si al tiempo del remate la cosa rematada tiene el carácter de litigiosa, el rematante se tendrá como cesionario del derecho litigioso”.

Conforme a esta última norma, es claro que, con el remate y adjudicación del inmueble a la señora Uribe Cardozo, ésta adquirió la calidad de cesionaria del derecho litigioso que existía sobre aquél, dado que, como se vio atrás, al tiempo del remate ya cursaba el proceso reivindicatorio antes mencionado(10)

En este punto, resulta indispensable manifestar que en la cesión de derechos litigiosos se transmite un derecho incierto, el cedente transfiere un álea y el adquiriente asume las resultas del juicio(11); por lo tanto, como el inmueble adquirido mediante remate por doña Luz Marina Uribe Cardozo era objeto de disputa legal en el proceso reivindicatorio que se adelantaba ante el juzgado primero civil municipal de Ibagué, de lo cual la acá demandante debió tener pleno conocimiento, ya que, como quedó acreditado en el plenario (fl. 85, c 1), en el certificado de tradición del inmueble constaba el registro de la demanda que generó aquel otro proceso, es claro que la señora Uribe Cardozo asumió el álea del resultado respectivo.

Así, pues, si bien los acá demandantes sufrieron un daño por la pérdida del inmueble que adquirieron a través del remate, lo cierto es que ese daño no es antijurídico y, por consiguiente, aquéllos tenían y tienen la obligación de soportarlo, pues el ordenamiento legal permite la adquisición, mediante remate, de una cosa que tenga el “carácter de litigiosa”, lo cual implica, como es lógico, atenerse al resultado del proceso que le da .tal carácter al bien y asumir las consecuencias que de ello se derivan.

Para la Sala noson de recibo las razones expuestas por los demandantes en el recurso de apelación, relativas a que la señora Luz Marina Uribe Cardozo es una persona con escasa instrucción académica que, por tanto, no solo desconocía la situación jurídica del inmueble, sino que, además, hizo todo lo que le informaron en el juzgado rematante, pues lo cierto es que, al tenor de lo dispuesto por el artículo 9║ del Código Civil, “La ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, disposición que fue declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-651 del 3 de diciembre de 1997, oportunidad en la que dicha corporación manifestó:

“Puede afirmarse con certeza que no hay siquiera un jurista especializado en una disciplina jurídica particular que pueda responder por el conocimiento cabal de las que constituyen el área de su especialidad. Mucho menos puede esperarse que un ciudadano corriente conozca todas las normas que se refieren a su conducta. El recurso epistémico utilizado por el legislador es más bien la ficción, de uso frecuente y obligado en el derecho, y que en el caso específico que ocupa a la Corte puede expresarse de este modo: es necesario exigir de cada uno de los miembros de la comunidad que se comporte como si conociera las leyes que tienen que ver con su conducta. La obediencia al derecho no puede dejarse a merced de la voluntad de cada uno, pues (sic) si así ocurriera, al mínimo de orden que es presupuesto de la convivencia comunitaria, (sic) se sustituiría la anarquía que la imposibilita”(12).

Ahora, como quiera que la señora Uribe Cardozo tuvo la oportunidad de conocer la situación del inmueble que pretendía rematar, no es cierto, como lo aseguraron los demandantes a lo largo del proceso, que el juzgado séptimo civil municipal de Ibagué la indujo a error, por haber omitido información en torno a la situación jurídica del bien, pues lo cierto es que ésta constaba claramente en el certificado de tradición del inmueble, de modo que, si la afectada no verificó la información contenida en dicho documento, tal omisión o negligencia le es imputable a solo ella, no al juzgado.

Al tenor de lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, “el daño se entenderá como debido a la culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con dolo o con culpa grave o no haya interpuesto los recursos de ley”.

Para la Sala es claro que la señora Uribe Cardozo obró con culpa grave, pues lo mínimo que uno debe hacer cuando va a comprar un inmueble es estudiar su situación jurídica, pues no hacerlo implica riesgos y denota negligencia grave del adquiriente, quien debe asumir las consecuencias de tal omisión, máxime teniendo en cuenta que, como ocurrió en este caso, la citada señora tuvo la oportunidad de consultar el folio allegado al proceso en el que se remató el bien.

Por consiguiente, debe recordarse que la presencia de una causa extraña en el hecho dañoso, esto es, la culpa exclusiva de la víctima, enerva la responsabilidad de la administración; al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha manifestado que:

“... para exonerarse de responsabilidad, la demandada debe acreditar la presencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la culpa también exclusiva y determinante de la víctima, es decir, la entidad estatal puede ser declarada no responsable de los hechos imputados, cuando el daño causado se origine en la actuación de la propia víctima” (se destaca)(13).

Hechas las anteriores precisiones, se confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda.

2.5. Condena en costas.

La Sala se abstendrá de condenar en costas a los demandantes, por cuanto la conducta procesal desarrollada por ellos no se enmarca dentro de los supuestos del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la Sentencia del 6 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) Sala plena del Consejo de Estado, Auto del 9 de septiembre de 2008, Rad. 11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ).

(4) Ley 446 de 1998 (art. 44).

(5) Ver, entre otras, sentencias del 10 de noviembre de 1967, Exp. 868; del 31 de julio de 1976, Exp. 1808; y del 24 de mayo de 1990, Exp. 5451.

(6) El artículo 40 del Código de Procedimiento Civil disponía: “Además de las sanciones penales y disciplinarias que establece la ley, los magistrados y jueces responderán por los perjuicios que causen a las partes, en los siguientes casos: 1. Cuando procedan con dolo, fraude o abuso de autoridad. 2. Cuando omitan o retarden injustificadamente una providencia o el correspondiente proyecto. 3. Cuando obren con error inexcusable, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo del recurso que la parte dejó de interponer”. En Sentencia C-244A de 30 de mayo de 1996, la Corte Constitucional declaró que esta norma fue subrogada por la ley estatutaria de la administración de justicia.

(7) Consejo de Estado, Sala plena, Sentencia del 16 de diciembre de 1987 (Exp. R-01).

(8) Sentencia C-037 de 1996.

(9) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 4 de septiembre de 1997 (Exp. 10.285).

(10) Conforme al artículo 946 del Código Civil, “La reivindicación o acción de dominio, (sic) es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenada a restituirla”.

(11) Corte Constitucional, Sentencia C-1045 del 10 de agosto de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(12) M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(13) Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, Sentencia del 26 de agosto de 2015, Exp. 37.751.