Sentencia 2008-00549 de marzo 10 de 2009

 

Sentencia 2008-00549 de marzo 10 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 05001-22-03-000-2008-00549-01

Magistrado Ponente:

Dr. Edgardo Villamil Portilla

(Discutido y aprobado en sesión de cuatro de marzo de dos mil nueve).

Bogotá, marzo diez de 2009

Se decide la impugnación presentada por Guillermo León Fernández Granada contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que negó la acción de tutela promovida por el impugnante contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí; trámite al cual se vinculó al municipio de Heliconia (Antioquia) y al alcalde de dicho municipio, en su condición de demandado en la acción de tutela que ahora es materia de otro reclamo constitucional.

Antecedentes

1. El accionante solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la doble instancia, los cuales estima conculcados por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí, al negar por extemporáneo el trámite del recurso de apelación que interpuso contra la sentencia de tutela de 16 de octubre de 2008, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Heliconia y que le fue notificada telefónicamente ese mismo día al poderdante.

De la sentencia aludida supo el accionante porque fue enterado por teléfono el día de su expedición (oct. 16/2008), su apoderado conoció del fallo personalmente el 22 de octubre de 2008, fecha en la cual interpuso el recurso de apelación, que no obstante fue negado; insiste el petente en que la entidad demandada en la primera tutela se notificó mediante oficio de 16 de octubre de 2008 enviado por el juzgado.

En su criterio el medio telefónico no es expedito para la notificación de providencias judiciales, ni siquiera respecto de las sentencias de tutela, pues si esta forma de notificación fuera válida “bastaría un informe secretarial de dudosa credibilidad, sin respaldo documental, para dar por cumplido tan importante requisito”.

Inconforme con la privación de la segunda instancia, interpuso recurso de reposición que fue decidido desfavorablemente por el juzgado accionado, bajo el argumento que el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 exige realizar la notificación a través de un medio expedito; así, el servicio telefónico es ágil y rápido, por lo tanto la constancia secretarial que informe este hecho, es válida para tener por notificada la sentencia de tutela. Además, ante varias notificaciones de una providencia, prevalece la fecha de la primera realizada.

La actual demanda de tutela fue presentada por el abogado del afectado, señor Guillermo León Fernández Granada, en calidad de agente oficioso, quien luego ratificó la demanda de tutela, otorgó poder al agente, y agregó que el envío del expediente a la Corte Constitucional para revisión, se surtió antes de la ejecutoria del auto de inadmisión a trámite del recurso de apelación, pues ello se hizo encontrándose pendiente de resolver el recurso de reposición, en cuyo trámite se omitió además, correr traslado a la contraparte; elementos que también configuran “vías de hecho” en la actuación de la autoridad accionada.

En procura de protección de los derechos que estima conculcados solicitó que en sede constitucional se ordene al juzgado demandado dar trámite al recurso de apelación que interpuso contra la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Heliconia y se suspenda el envío del expediente a la Corte Constitucional para revisión, hasta tanto se resuelva el presente asunto.

2. El Juzgado accionado solicitó negar el amparo deprecado teniendo en cuenta que la notificación se surtió telefónicamente el 16 de octubre de 2008 y el recurso de apelación apenas se interpuso el 22 de octubre de la misma anualidad; además, la acción constitucional es improcedente por versar sobre una providencia de tutela cuyo debate no puede prolongarse indefinidamente.

Añadió que el expediente fue remitido a la Corte Constitucional para ‘revisión’ “junto con la actuación posterior, en la cual se resolvió negativamente un recurso de reposición contra el auto que ahora es objeto de acción tutelar”, lo cual genera la falta de competencia del juzgado accionado para resolver la apelación, ante la revisión a cargo del máximo tribunal constitucional.

Los demás vinculados al trámite de tutela, guardaron silencio.

La sentencia impugnada

La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, negó la protección constitucional tras considerar que no hubo “vía de hecho” en la actuación del juzgado accionado, pues el accionante y su abogado conforman la parte demandante en el trámite de tutela cuestionado, luego, la notificación realizada al afectado surtió efectos y no es arbitrario que a partir de allí se cuente el término para interponer el recurso de apelación contra la sentencia constitucional, pues esta decisión responde a un juicio interpretativo del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 que establece la notificación de la sentencia de tutela a través de un mecanismo expedito y eficaz.

Así, el medio telefónico es válido para enterar de la providencia de tutela a las partes en el trámite constitucional, “máxime cuando en este caso el notificado admitió la imposibilidad de acudir al despacho para enterarse personalmente del fallo, además que también contaba con la posibilidad de impugnar el fallo dentro del término de ley o comunicarse de inmediato con su apoderado para los mismos efectos, sin que pueda ahora admitirse la interpretación que quiere dársele al asunto en cuanto que los términos para recurrir debían contarse desde la notificación que se hizo al abogado como representante judicial de la parte, pues ya se explicó que era suficiente enterar de la existencia de la sentencia a la parte como tal como lo era el señor Guillermo León Fernández Granada y eso fue lo que hizo el juzgado de conocimiento”.

Previa solicitud de adición de la sentencia, respecto de la posible irregularidad en el envío del expediente a la Corte Constitucional, sin que se hubiere resuelto el recurso de reposición contra el auto que negó dar trámite a la apelación contra la providencia de tutela, y la ausencia de traslado del recurso de reposición aludido, a la parte demandada.

El tribunal negó la adición de la sentencia con sustento en que el auto que negó la apelación, se encontraba en firme al momento de enviar el expediente a revisión ante la Corte Constitucional y sobre la ausencia de traslado del recurso de reposición, guardó silencio.

La impugnación

El accionante impugnó el fallo de primera instancia, sin expresar razones de inconformidad, motivo por el cual habrá de tenerse por tales los expresados en la demanda de tutela.

Consideraciones

La protección constitucional no podía concederse, pues resulta ineluctable que el demandante en tutela sí se enteró oportunamente del fallo emitido y todo lo que vino después resulta intrascendente. Su explicación acerca de que no podía acudir al despacho y que su abogado lo haría después no puede borrar el hecho de que el actor supo de la decisión y nada hizo para impugnarla en tiempo. Así las cosas, la comparecencia posterior del abogado no tiene la virtud de revivir un término fenecido, de lo cual se sigue que el interesado sí tuvo garantías suficientes para acceder a la segunda instancia y controvertir de esa manera, ante el juez natural, la providencia de tutela que negó el amparo deprecado, pues no requería de abogado para suscitar la doble instancia.

Todo sin perjuicio de que en la revisión, la Corte Constitucional se ocupe del tema, como lo ha hecho en otros casos.

A ello se añade que la notificación de la sentencia que puso fin a la actuación fue notificada por medio telefónico al accionante, quien informó acerca de la imposibilidad de acudir al despacho a recibir copia de la decisión, y de ello se dejó constancia secretarial (fl. 71); ahora que si a la contraparte se le informó de la providencia mediante oficio, con ello nada se infringió pues resulta usual que así se haga cuando fracasa la notificación telefónica.

Al respecto, el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, establece que las providencias de tutela se notificaran por el medio que el juez considere expedito y eficaz, y el artículo 30 ibídem, dispone que la notificación del fallo debe efectuarse a través de “telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a más tardar al día siguiente de haber sido proferido”; y el artículo 5º del Decreto 306 de 1992, consagra el deber del juez constitucional de velar porque “de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificación aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa”.

Así las cosas, enterado suficientemente el accionante, como lo admite sin reservas, tenía la posibilidad de procurarse su defensa, y no pretextar una excusa baladí como la de que no podía acudir a la entidad para recibir copia de la decisión, cuando ante tal circunstancia debió por lo menos hacer saber lo decidido a su apoderado.

En lo que atañe a las demás informalidades deberán desecharse como constitutivas de violación al debido proceso, pues no es posible reclamar que en tutela, y en materia de traslados, se aplique milimétricamente el Código de Procedimiento Civil pues tal proceder conspiraría contra la celeridad e informalidad propias de la acción de tutela, a la que se aplican los principios inspiradores y no a rajatabla todo el referido código.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la decisión recurrida.

Notifíquese en la forma más expedita, y en oportunidad, remítase a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: William Namén Vargas—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—Pedro Octavio Munar Cadena—Arturo Solarte Rodríguez—César Julio Valencia Copete—Edgardo Villamil Portilla.

___________________________________________