Sentencia 2008-00564/48308 de junio 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Rad.: 050012331000200800564 01 (48.308)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros sean reemplazados por las iniciales de los nombres y apellidos y/o por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Demandante: G. L. P. G. y otros.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., doce de junio de dos mil diecisiete.

Temas: Responsabilidad del Estado derivada de la falla del servicio frente a protección de personas amenazadas o en situación de riesgo; Incumplimiento de posición de garante institucional en el caso concreto / Indemnización de perjuicios.

Atendiendo la prelación frente a estos asuntos dispuesta en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009(1) y con apoyo en lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sesión del 26 de enero de 2017, se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Sala Quinta de Decisión, el 14 de mayo de 2013, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda y su trámite

Mediante escrito presentado el 17 de abril de 2008 por intermedio de apoderado judicial, los señores G. L. P. G., N. S. C. P., J. A. P. C., M. M., M. T. y E. O. P. G., interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios causados con motivo de las lesiones sufridas por el primero de los mencionados, en hechos ocurridos el 8 de diciembre de 2006 en el área rural del municipio de Ituango, Antioquia.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se condenara a las demandada a pagar, por concepto de indemnización de perjuicios morales, una suma equivalente a 300 S.M.L.M.V a favor de la víctima directa; 200 S.M.L.M.V a favor de su compañera permanente; 200 S.M.L.M.V a favor de su hijo y, 50 S.M.L.M.V a favor de cada uno de sus hermanos. A título de indemnización por daño a la vida de relación una suma equivalente a 600 S.M.L.M.V a favor de la víctima directa; 200 S.M.L.M.V a favor de su compañera permanente y 200 S.M.L.M.V a favor de su hijo. Finalmente, a título de indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, pidieron que se reconociera la suma de $ 192’120.000 a favor de la víctima directa.

Como fundamentos fácticos de sus pretensiones expusieron los siguientes (se transcribe literalmente incluso los errores):

“En el corregimiento ‘XXX’ del municipio de Ituango (Antioquia), con alta presencia guerrillera en toda el área rural, el Estado colombiano – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, hace presencia permanente con tropas de la Séptima División del Ejército (Batallón Girardot, Brigada Móvil Nº 11)

“Varias compañías de las tropas de la Séptima División del Ejército Nacional, tomaron como campamento permanente las instalaciones de la Finca ‘XXX’ durante más de 5 meses, a pesar de las reiteradas y constantes protestas del señor administrador, señor G. L. P. G., quien les advirtió a los Tenientes, Sargentos y demás oficiales, que lo estaban exponiendo a una muerte segura puesto que la guerrilla había prohibido a los habitantes de la región, alojar, alimentar, etc., a miembros del Ejército. De nada valieron las súplicas del infortunado ciudadano, a quien, efectivamente, el día 8 de diciembre de 2006, miembros de la guerrilla le dispararon acusándolo de colaborador del Ejército, hiriéndolo de tal gravedad que quedó parapléjico el resto de sus días.

“El Ejército Nacional expuso a un riesgo excepcional a G. L. P. G., quien como campesino ‘acomodado’ solo se dedicaba a criar su ganado y cumplir adecuadamente sus deberes de buen ciudadano; el Ejército Nacional tiene prohibido alojarse en viviendas familiares y obligarlos a cumplir tareas que no les corresponde, como comprometerlos a cocinarles, darles alojamiento, etc.

“Por fortuna, los dos guerrilleros enviados por las FARC a asesinar al señor G. L. P. G., señores D. V. y R. G., hoy en día detenidos en las cárceles de Ituango y Bellavista, respectivamente, confesaron el motivo por el cual hirieron gravemente al señor G. L. P. el día 8 de diciembre de 2006.

“Las graves lesiones sufridas por el señor G. L. P. G. el día 8 de diciembre de 2006, fueron posibles como consecuencia de la imprudencia, negligencia y terquedad de los miembros pertenecientes al Ejército Nacional de Colombia. El Estado debe responder patrimonialmente por el daño antijurídico causado, pues los demandantes no están legalmente obligados a soportar tales daños”(2).

La demanda, así formulada, fue admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante proveído de 30 de abril de 2008, el cual se notificó en debida forma a las entidades demandadas y al Ministerio Público(3).

2. La contestación de la demanda

El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal y se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas en ella. Como razones de su defensa manifestó que no había lugar a declarar su responsabilidad, dado que el daño antijurídico fue ocasionado por un tercero ajeno a la institución. Agregó que el Ejército Nacional no se instala en la propiedad de ningún personal civil sin su autorización o requerimiento expreso, ni mucho menos durante 5 meses como se expuso en la demanda. Con base en dichos argumentos señaló que se configuraban en este caso las causales eximentes de responsabilidad consistentes en “el hecho de un tercero” e “inexistencia de la obligación”(4).

3. Vencido el período probatorio dispuesto en providencia proferida el 21 de mayo de 2009, el Tribunal de primera instancia, mediante auto de 18 de mayo de 2012, dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión(5).

En esta oportunidad, la parte actora señaló que los testimonios obrantes en el proceso daban cuenta que las lesiones padecidas por el señor P. G. se produjeron en virtud del riesgo creado por el Ejército Nacional al asentarse en la finca XXX por él administrada, pues, se omitió la protección prevalente y garante que se le debía propiciar a los civiles que no participan en las hostilidades, dado que era previsible un ataque de la subversión ante la ubicación de un campamento militar en un lugar habitado por la población civil(6).

En sus alegatos, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional sostuvo que, si bien obraban en el expediente unos testimonios que afirmaron que las lesiones del señor G. L. P. se produjeron por la ubicación del Ejército Nacional en la finca XXX, lo cierto era que en ningún momento se identificó al responsable del daño a la víctima, tratándose en todo caso del hecho de un tercero, que impedía imputar el daño al Ejército Nacional(7).

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

4. La sentencia de primera instancia

Cumplido el trámite legal correspondiente en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Sala Quinta de Decisión, profirió sentencia el 14 de mayo de 2013, oportunidad en la cual denegó las pretensiones de la demanda.

Para adoptar dicha decisión, consideró el a quo que las declaraciones vertidas en el expediente no daban cuenta de la existencia de algún tipo de amenaza en contra de la víctima por su supuesta condición de colaborador del Ejército Nacional, ni mucho menos de la procedencia de las mismas, pues, por el contrario, sus respuestas desmintieron cualquier tipo de constreñimiento, amenaza o violencia previa en su contra y los demás residentes de la finca XXX.

Agregó el a quo que tampoco se avizoraron circunstancias especiales que permitieran endilgar a las autoridades públicas la posibilidad de anticipar el hecho negativo y, como si fuera poco, tampoco aparecía demostrado que las personas que cometieron el atentado contra la vida del señor P. G. pertenecieran a la guerrilla o hubieran sido contratados por este grupo para tal fin, como lo aseguraron los demandantes(8).

5. El recurso de apelación

Contra la anterior decisión, la parte actora interpuso oportunamente recurso de apelación, el cual fue concedido por el a quo a través de auto de 25 de junio de 2013, que se admitió por esta Corporación el 13 de septiembre de la misma anualidad(9).

Como motivo de inconformidad para con el fallo de primera instancia la parte recurrente señaló que, contrario a lo expuesto por el a quo, en el proceso si se encontraba probado que las personas que cometieron el atentado contra la vida del señor P. G. pertenecían a grupos al margen de la ley o que fueron contratados por estos para tal fin, así como también que había presencia militar en la zona y que la víctima había advertido al Ejército Nacional de la situación de peligro a la que se encontraba expuesto con su presencia en la finca que administraba.

Manifestó, también, que la razón para que los guerrilleros atentaran contra la vida e integridad personal del señor P. G., se cimentó, no solo en el hecho de que los militares estuvieran acantonados en el lugar de trabajo del citado señor, sino también por el hecho de que este informó a las autoridades acerca de la existencia de cultivos ilícitos en el sector(10).

6. Mediante auto de fecha 16 de mayo de 2014 se dio traslado a las partes para que presentaran los alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, si a bien lo tenía(11).

La parte actora reiteró en su totalidad los argumentos expuestos en el recurso de apelación(12).

En sus alegatos, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional insistió en que no era el llamado a responder por el daño antijurídico, dado que los móviles que produjeron el mismo no eran claros, pues el demandante tenía conflictos con su vecino, quien, aparentemente, cometió el ilícito en su contra, sin que en todo caso esté probado que el móvil del ataque hubiera obedecido a la presencia del Ejército en la finca administrada por el señor P. G.(13).

En su concepto, el Ministerio Público manifestó que del acervo probatorio se podía inferir que el señor P. sí acudió ante las autoridades públicas respectivas para solicitarles que se abstuvieran de seguir acampando en la finca que administraba, comoquiera que esa circunstancia lo ponía en grave peligro frente a los grupos insurgentes que operaban en la zona, de quienes venía recibiendo amenazas por ser supuestamente colaborador del Ejército Nacional, pese a lo cual no se le brindó la protección requerida, circunstancia que imponía el deber de indemnizar a la víctima(14).

La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.

II. Consideraciones

1. Competencia del Consejo de Estado

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 14 de mayo de 2013 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Sala Quinta de Decisión, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, en razón de la cuantía procesal contenida en la demanda(15).

2. En el sub examine la responsabilidad administrativa que se discute tuvo por origen los daños sufridos por las demandantes con ocasión de las lesiones corporales padecidas por el señor G. L. P. G. en hechos que tuvieron lugar el 8 de diciembre de 2006 en el municipio de Ituango y, comoquiera que la demanda se interpuso el 17 de abril de 2008(16), se impone concluir que se ejercitó oportunamente(17).

3. Los hechos probados en el proceso

En cuanto hace al daño antijurídico que originó la presente acción indemnizatoria, la Sala, a partir de los elementos de convicción arrimados al proceso en legal forma, tiene por establecido:

i) Que, el 8 de diciembre de 2006 resultó lesionado G. L. P. G., de quien, según se desprende de las historias clínicas remitidas por el Hospital General de Medellín y el Hospital Universitario San Vicente de Paul(18), “ingresa por 4 impactos de bala a nivel del pecho, lado de la costilla izquierda, hombro y pierna derecha”, lesiones que le dejaron una incapacidad médico legal definitiva de 90 días y, como secuela, una perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter permanente, según el examen médico legal practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses(19).

ii) Que el 9 de diciembre de 2006, el Comandante Contraguerrilla Brasil 5 informó al Comandante de la Brigada Móvil Nº 11 del Ejército Nacional sobre los hechos ocurridos el día anterior —8 de diciembre de 2006— en la Finca XXX, en los cuales resultó herido por disparos de arma de fuego el señor G. L. P. G.. Se destacan los siguientes apartes (se transcribe literalmente incluso los errores):

“D. A. V. P. me comentó que él había disparado con un revólver al señor G. P. porque R. A. C. lo había obligado a que fuera y asesinara a G. P. y que si no, su vida y la de su familia corrían peligro porque los asesinarían y me dijo que si lo mataba me pagaría 1’500.000, además me comentó que él le temía a R. A. C. porque es el cabecilla de las milicias de XXX y además realiza las coordinaciones y mantiene una presión constante hacía él por vía celular.

“(…)

“D. A. P. me dijo que el día viernes a las 8:00 horas aproximadamente había llegado R. A. C. a su casa en una moto DT azul y le dijo súbase porque el asesinato lo tiene que hacer hoy, él lo transporta hasta el sitio de entrada para la finca XXX y le dice a D. V., vaya y mate a G. P. o si no lo hace lo mato a usted”(20).

En ese mismo sentido, obra el informe rendido por el Subteniente de la Brigada Móvil Nº 11 ante la Fiscalía General de la Nación, en los siguientes términos (se transcribe literalmente incluso los errores):

“Efectivamente, estaba el sujeto herido en el piso, es cuando yo le preguntó al señor L. P., quien le propinó los disparos a su hermano, él me contesta ‘Comandante fue un trabajador de la finca vecina que se llama D. V., el cual estaba esta mañana acá, conversó con nosotros un rato, luego mi hermano se montó en el caballo para irse y fue cuando este sujeto salió detrás de él y le disparó.

“(…) Inmediatamente yo informó por radio al centro de mando en Ituango y solicitó envíen una ambulancia para recoger al sujeto que estaba herido, el señor herido es auxiliado por los soldados míos y le colaboran para bajarlo hasta la carretera.

(…)

También me dice que él quiere decir que fue obligado a cometer dicha acción por el señor R. C. G., ya que este le dijo que le iba a pagar 1’500.000 y que donde no fuera capaz asesinarían a la esposa y a la familia de él.

“(…)

“Pero llegó a mi casa a las 8 a.m el señor R. C. G., iba en una moto DT azul y me dijo súbase que lo necesito para que haga la vuelta hoy. Efectivamente, él le hace caso, se sube a la moto y este lo transporta hasta el sitio de la entrada a la finca XXX, lo baja y le dice ‘bueno, vaya hijueputa o el que se muere aquí es usted’, es cuando D. V. dice que debido a esa presión él comete los hechos de los cuales se lo está sindicando.

“(…)

“Preguntado: Que dijeron o manifestaron Y. y R. al momento de sus respectivas capturas. Contestó: No, no saber nada sobre los hechos”(21).

iii) Que, por tales hechos resultó condenado el señor D. A. V., como autor material del delito de homicidio en concurso material heterogéneo con el delito de fabricación o porte de armas de fuego; la primera de las conductas en el grado de tentativa, tal como se desprende de la Sentencia Anticipada 4 proferida el 12 de febrero de 2007 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ituango.

La anterior decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones (se transcribe literalmente incluso los errores):

“En el decurso de la investigación y luego de haberse resuelto por parte de la Fiscalía la situación jurídica de D. A. V. y R. A. C., frente a quienes se emitió detención preventiva como medida de aseguramiento, se produjo la ruptura de la unidad procesal, en tanto el primero de los mencionados se acogió a sentencia anticipada.

“(…)

“Es así como miembros del Ejército Nacional que operan en el sector XXX del corregimiento XXX de esta población, el 8 de diciembre de 2006, como a las 10:00 a.m, recibieron vía radial la orden de su superior de interceptar al señor D. A. V. P., cuyas características morfológicas y prendas de vestir les fueron indicadas, a fin de proceder a su retención, por haber sido la persona que minutos antes había atacado con arma de fuego al señor G. L. P. G., obteniéndose efectivamente su captura en el paraje XXX, hecho después del cual confiesa ser el autor de la tentativa de homicidio y hace entrega del aparato letal, el cual había sido camuflado en un matorral luego de la ejecución de la conducta delictiva.

Por otro lado y lo que resulta de potísima y definitiva trascendencia probatoria, desde su injurada misma, V. P. admitió ser el autor material del atentado contra la vida de P. G. En ella relata cómo R. A. C. G. lo coaccionó mediante amenazas de muerte, para que al tiempo él le pusiera término a la vida de G. L., para cuyo efecto el día anterior le había enviado un revólver a su lugar de trabajo con el menor Y. A. N. Que el móvil del crimen, según él, lo constituía el hecho de que P. G. había hurtado un café y un dinero a su propio padre. En la exposición de los hechos, entonces, el imputado asevera que si no cumplía con el cometido, sería asesinado, pues que R. C. es un miliciano de las FARC y así lo hizo saber desde que le encomendó la tarea criminal.

Y es el ofendido G. L. P. quien, en cuanto al ataque sufrido, prácticamente reafirma la versión del inculpado, al indicar que luego de que este estuvo desde tempranas horas en su hogar departiendo con su familia —la de la víctima— salió en su compañía charlando con V. P. amigablemente, como siempre solían hacerlo, pero habiendo transitado un corto camino, él montado sobre un caballo y el otro a pie, fue sorpresivamente acometido a tiros por la espalda por parte de quien se decía su amigo. Ya en el suelo, dice, suplicó al agresor para que no lo rematara, sin que sepa cuáles fueron los móviles del atentado, presumiendo sí que algún interés existe por parte de la guerrilla, en cuanto él dio algunos informes a las autoridades, acerca de la existencia de cultivos de cocaína en el sector y agregando que informó al Ejército acerca del lugar por donde el criminal se dio a la huida, así como las prendas que llevaba puestas.

“(…)

“Sigue ahora el análisis de la causal exculpativa aducida por D. A. V. P. para tratar de soportar su comportamiento. Aun desde su captura informó que estaba siendo presionado por R. A. C. G. para poner fin a la vida de G. L., coerción que era coadyuvada por el menor Y. A. N., quien a la sazón le entregó el arma con la que ejecutaría al mismo. Afirma que de no acceder al cumplimiento de la orden vil, él y su familia serían asesinados, como así se lo advirtió C. G., quien le infunde un gran temor por cuanto hace parte de las milicias del frente 18 de las Farc, amén de que ha matado ya a otras personas en XXX, en complicidad con Y. A.

“(…)

“Y la pregunta que se hizo y le hizo la madre de sus hijos es lógica. Por qué tenía que ser D. A. el elegido por R. C. G., si ningún nexo existía entre ellos con anterioridad, ni menos aún algún tipo de conflictos personales. La respuesta que sugiere la prueba es la de que otras fueron las razones innobles que lo animaron a desarrollar esa censurable conducta.

No se vislumbra, en consecuencia, la existencia de la causal eximente de responsabilidad aducida por V. P. pues, repítase el constreñimiento moral y/o psicológico a que según él fue sometido por parte de R. C. G., para el despacho, así como para la Fiscalía no encuentran acomodo probatorio, pues amén de las consideraciones ya hechas al respecto, fulge que después de que R. fue dejado en libertad por parte del investigador, tras haberle recibido su indagatoria, ninguna amenaza o acto violento ejecutó contra la familia de V. P., a pesar de que la perentoria orden de matar se quedó en mera tentativa(22) (se destaca).

4. Análisis de la Sala

De conformidad con el material de convicción allegado al proceso se encuentra plenamente acreditado el daño antijurídico sufrido por los demandantes, en tanto que las lesiones físicas, estéticas y psicológicas padecidas por el señor G. L. P. G., ocurridas el 8 de diciembre de 2006 en el municipio de Ituango, constituyen una afectación a distintos bienes jurídicos protegidos y amparados por el ordenamiento jurídico.

Ahora bien, establecida la existencia del daño, aborda la Sala el análisis de su imputación con el fin de determinar si en el caso concreto puede serle atribuido a la Administración Pública demandada y, por lo tanto, si esta se encuentra en el deber jurídico de resarcir los perjuicios causados a los demandantes.

En cuanto al aludido hecho dañoso, la parte actora sostuvo a lo largo del trámite de la presente acción que el daño le resultaba imputable a la demandada —Ministerio de Defensa - Ejército Nacional—, habida cuenta de la situación de peligro a la que se encontraba expuesto el señor P. G. con la presencia del Ejército Nacional en la finca que administraba.

Adicionalmente, indicaron los actores que la razón por la que los guerrilleros atentaron contra la vida e integridad personal del señor P. G., se cimentó, no solo en el hecho de que los militares estuvieran acantonados en la Finca XXX por este administrada, sino también porque este informó a las autoridades acerca de la existencia de cultivos ilícitos en el sector.

Ahora bien, en el presente asunto se encuentra acreditado que el señor G. L. P. G. fue herido el 8 de diciembre de 2006, cuando aproximadamente a las 10:00 de la mañana, en momentos en que recorrían con D. A. V. P. un camino de la finca XXX, este último le disparó en varias oportunidades, ocasionándole graves lesiones y, como consecuencia de ello, la disminución de su capacidad laboral, amén de profundas secuelas.

Ahora bien, los elementos probatorios que pueden valorarse en el proceso referentes a los motivos que se tuvieron para atentar contra la vida del señor P. G. se circunscriben a la prueba testimonial recaudada a petición de la parte actora, según la cual este venía recibiendo amenazas de los grupos insurgentes que operaban en la zona por ser, supuestamente, colaborador del Ejército Nacional y por haber acudido ante las autoridades públicas a solicitar se abstuvieran de seguir acampando en la finca que administraba, la cual era de propiedad de su padre, como quiera que esta circunstancia lo ponía en grave peligro frente a estos grupos.

Sobre el particular, L. M. M. T., residente del municipio de Ituango, relató (se transcribe literalmente incluso los errores):

“Preguntado: Tiene usted conocimiento cuáles serían los motivos para que hubieran lesionado al señor G. L. P. y quien los autores de dichos hechos. Contestó: Por las presencia del Ejército en esa finca, la finca de don E. P., que en esa época G. era el administrador, porque en reiteradas ocasiones yo iba a XXX y los encontraba allá en la puerta de la finca y con los cambuches ahí armados y no solo en esa finca sino en las demás fincas de los vecinos, porque yo administraba una finca llamada XXX de propiedad de mi papá y encontraba cuando estaba sola, los cambuches de los soldados allá.

“(…)

“Preguntado: Dígale al despacho si el señor G. L. P., en algún momento le manifestó al personal del Ejército que acampaban en la propiedad que administraba, su inconformidad con la presencia de ellos ahí. Contestó: Él mismo me decía que les llamaba la atención para que no se quedaran allí, pero que ello se retiraban por dos o tres días y después volvían, no se sabe si eran las mismas tropas u otras pero ahí volvían, como eso está al borde de la carretera. Preguntada: Sabe usted la razón por la que el señor G. P. hacía esa petición a los miembros del Ejército. Contestó: Por evitar los reproches de los grupos al margen de la ley”(23).

Por su parte, L. M. C., residente del municipio de Ituango, dijo (se transcribe literalmente incluso los errores):

“Preguntado: Sírvase manifestar al despacho, si sabe los motivos por los cuales fue citada a rendir esta declaración, en caso afirmativo hará un relato pormenorizado de todo lo que sepa y le conste: Contestó: Si, a G. lo hirió la guerrilla porque el Ejército se mantenía en la finca de G. P., G. antes le había informado de que por el Ejército estar en la finca de él, lo iban a matar, lo dijo R. C., yo no sé en donde se puede localizar este señor, él estuvo en una reunión que hicieron la Guerrilla con la gente del pueblo en el parque de XXX, hace aproximadamente dos años y medio fue esa reunión, a G. lo dejaron invalido con los tiros que le pegó un miliciano, yo no recuerdo el nombre, él en estos momentos está en Ituango en la cárcel, la familia del miliciano vive en XXX, fue el 8 de diciembre hace dos años, el miliciano estaba en la finca de G., G. venía montado en un caballo que iba para XXX, cuando de momento el miliciano le disparó a G. y el Ejército estaba cerca, escucharon los tiros y lo recogieron, mientras llegaba la ambulancia y luego se vino para acá para Medellín para donde el doctor”(24).

También, sobre ese particular, se pronunció M. J. C., residente del municipio de Ituango, así (se transcribe literalmente incluso los errores):

“Preguntado: Manifieste al despacho, si sabe los motivos por qué el señor G. L. P. fue lesionado por milicianos de las FARC. Contestó: En la finca de G. estaba radicada una base militar, G. me comentó que él le había manifestado al Personero de Ituango el peligro que corría con esa base ahí en la finca, ya que la guerrilla lo iba a tildar de colaborador del Ejército. Preguntado: Manifieste al despacho, si el señor G. L. estaba de acuerdo con la presencia de militares en la finca que él administraba. Contestó: G. no estaba de acuerdo porque representaba un peligro para su vida y la de su familia.

“(…)

“Preguntado: Diga por cuanto tiempo permanecieron acantonados miembros del Ejército en la finca administrada por G. L. P. Contestó. Desde que ellos llegaron a XXX, se instalaron allá, eso fue como a mediados del año 2006 y la permanencia no lo sé, pero para la fecha que sucedió el hecho todavía estaban en la finca del papá de G. P.

“(…)

“Preguntado: Sírvase informar si usted sabe quien autorizó la presencia del Ejército en dicho inmueble, teniendo en cuenta que el señor G. P. no era su propietario. Contestó: No sé. Solo sé que se instalaron en la finca XXX del corregimiento XXX, pero no se los motivos o circunstancias”(25).

Sobre el mismo aspecto, M. L. G. H., residente del municipio de Ituango, dijo (se transcribe literalmente incluso los errores):

“Preguntado: Tiene usted conocimiento de cuáles serían los motivos para que hubieran lesionado al señor G. L. P. y quienes los autores de dichos hechos. Contestó: El motivo fue porque el Ejército se mantenía mucho allá en esa finca y los autores materiales fueron milicianos de la guerrilla, quien lo hirió se llama D. V. y quien lo mandó fue un R. G., no sé a qué frente pertenecen, sería al frente 18, el que mantiene por allá. El motivo fue porque el Ejército se mantenía en la finca donde él trabajaba. Preguntado: Manifieste si para la fecha del 8 de diciembre de 2006 había presencia del Ejército Nacional en el sitio denominado finca XXX de corregimiento de XXX y/o en sus alrededores. Contestó: Si había Ejército en ese tiempo, incluso ellos fueron los que le prestaron los primeros auxilios a don G., ese día estaban en la finca de don G., en los alrededores de la casa. Preguntado: Tiene usted conocimiento de que los miembros del Ejército Nacional se hubieran albergado dentro de la casa y concretamente en la finca que administraba el señor G. L. P. Contestó: En la casa directamente no tengo conocimiento, pero si a los alrededores de la casa dentro de la finca. Preguntado: Le conoció usted algún problema al señor G. L. P. con algún grupo armado al margen de la ley. Contestó. No, lo amenazaron los grupos de la guerrilla por motivo de que el Ejército se mantenía en la finca y porque decían que él les colaboraba. Preguntado: Tuvo usted conocimiento de que el señor G. L. P. les hubiera llamado la atención a los miembros del Ejército Nacional para que no ocuparan la finca que él administraba. Contestó: Si les decía que se retiraran de ahí y que más tarde era causa de problemas para él y ellos le decían que si fuera otro grupo, o sea la guerrilla, que ahí si no les decía nada, que ahí si los tenía ahí, pero nunca le hicieron caso, cuando les tocaba irse a patrullar se iban pero regresaban”(26).

De manera armónica con las declaraciones anteriores, L. J. L. L., residente del municipio de Ituango, expresó (se transcribe literalmente incluso los errores):

“Preguntado: Tiene usted conocimiento de cuáles serían los motivos para que D. V. P. hubiera lesionado al señor G. L. P. G. Contestó: Por culpa del Ejército debe haber sido. Preguntado: Explique la respuesta anterior. Por qué cree usted que fue por culpa del Ejército Nacional. Contestó: Porque el Ejército se mantenía a toda hora allá en la finca de ellos, de G. y del papá de él E. P., allá fue donde lo hirieron a él y a la otra gente no les gustaba que el Ejército estuviera allá, o sea a la guerrilla.

“(…)

“Preguntado: Manifieste si para la fecha del 8 de diciembre de 2006 había presencia del Ejército Nacional en el sitio denominado finca XXX de corregimiento de XXX y/o en sus alrededores. Contestó: Ellos se mantenían ahí en esas dos fincas, o sea en la XXX que era de los A. y la del señor E. P., esas dos fincas lindan ahí. Se iban unos y caían otros, el día que lo hirieron había Ejército en la finca de G., ellos se mantenían por todo eso, en los cafetales, en los potreros, por los alrededores de la casa, por todo eso.

“(…)

“Preguntado: Tuvo usted conocimiento de que el señor G. L. P. G. hubiera sido objeto de amenazas por parte de algún grupo armado al margen de la ley por la presencia del Ejército en la propiedad de su señor padre E. P. Contestó: Si la guerrilla lo amenazó, porque el Ejército se mantenía ahí. Preguntado: Sabe usted en que consistieron dichas amenazas. Contestó: Que no los podía tener ahí al Ejército, pues si seguía con esa gente ahí se tenía que ir de ahí”(27).

Del contenido del conjunto de testimonios recibidos en el proceso se puede inferir claramente que el señor P. G. acudió ante las autoridades públicas respectivas para solicitar que se abstuvieran de seguir acampando en su finca, comoquiera que esta circunstancia lo ponía en grave peligro frente a grupos insurgentes que operaban en la zona, quienes venían amenazándolo por ser, supuestamente, colaborador del Ejército Nacional.

En efecto, la serie de testimonios recibidos en el proceso, todos de personas que conocen al señor P. G., y tuvieron conocimiento —directa o indirectamente— de la situación que se generó a partir de los campamentos que instalaba el Ejército Nacional, cuentan con los elementos de valor probatorio necesarios, esto es credibilidad y fuerza probatoria(28), en tanto fueron rendidos por personas plenamente capaces, conocedoras de los hechos que rodearon las circunstancias fácticas y, así mismo, son coincidentes en señalar que la entidad pública demandada fue renuente ante a las peticiones que el demandante elevó para que se pusiera fin a las actividades de acantonamiento militar en los inmuebles que administraba, dado el grave riesgo en que se le ponía frente a grupos subversivos que operaban en la zona.

Ahora bien, obra en el expediente el proceso penal adelantado como consecuencia del atentado dirigido en contra del señor P. G., dentro del cual resultó condenado el señor D. A. V. como autor material del delito de tentativa de homicidio, en concurso material heterogéneo con el delito de fabricación o porte de armas de fuego. Si bien en la Sentencia Anticipada 4 proferida el 12 de febrero de 2007 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ituango no se determinó con claridad la causa o los móviles del aludido crimen, lo cierto es que en el decurso de la investigación se consideraron como posibles móviles, el hecho de que P. G. había hurtado un café y un dinero a su propio padre y porque que le llevaba información a la guerrilla. De igual manera, se sostuvo que obedeció al pago de una suma de dinero ($ 1’500.000) que —supuestamente— le prometieron como retribución por la ejecución del delito, empero, dentro de la aludida investigación, a raíz de la declaración del directamente afectado, también se consideró como una de las principales razones para que se atentara contra la vida del señor P. G. una represalia en su contra por ser “objetivo militar”, al haber brindado, en un número plural de ocasiones, la posibilidad de que las tropas militares acamparan en los predios que administraba, así como por haber brindado información al Ejército Nacional sobre hechos ilícitos.

En efecto, en su declaración en el proceso penal el lesionado, señor G. L. P. G., manifestó (se transcribe literalmente incluso los errores):

“Preguntado: Dirá quiénes son las personas que conocen que por el atentado de que fue víctima, pagaron. Contestó: A mí me dicen que fue R. G., un Comandante de las milicias de las FARC del Frente 18, el que pagó para que me hicieran esto. Eso me lo ha dijo todo el mundo, me decía abra el ojo que ese man lo va a mandar a matar porque el Ejército se mantenía en la finca, yo les colaboraba mucho, yo les prestaba las bestias al Ejército, les cargaba los celulares y todo el mundo me decía que abriera el ojo, que en las reuniones ellos decían eso, reuniones que hacían en XXX. Pregunta: Puede decir los nombres de quienes le decían eso. Contestó: En este momento no recuerdo nombres, pero la mayoría de la gente de XXX y el atentado me lo hizo D. V. un colaborador de las milicias, un trabajador de la vereda.

“(…)

“Preguntado: Cuál fue la causa de su lesionamiento de gravedad. Contestó: La causa por la que me hirieron fue porque yo era un colaborador del Ejército, les prestaba las bestias, les cargaba los celulares en la casa, les di una información en una oportunidad al Ejército y ellos mismos dijeron que era yo quien les había dado la información y al ratico las mujeres de los que yo di la información, me encontré con ellas en la carretera y llorando me insultaban porque yo había dado la información.

“(…)

“Preguntado: También que usted es informante. Que tiene que decir a ello. Contestó: Ya le dije anteriormente, yo le colaboraba al Ejército que para un bien de la comunidad y antes terminaron haciéndome un mal. Pregunta: Que personas se enteraron que usted tenía algunos nexos con el Ejército. Contestó: Yo a nadie le comente, pero la gente pensaba que yo era informante del Ejército por el hecho de ellos visitar mi finca”(29) (se destaca).

A lo anterior debe agregarse que la persona señalada como el determinador del atentado en contra del señor P. G. pertenecía a un grupo al margen de la ley, tal como se puede inferir del contenido del acta de formulación de cargos para sentencia anticipada suscrita por la Fiscalía 17 Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ituango, en la cual se estableció que el señor R. A. C. G. hacía parte, por su condición de miliciano, en un proceso de reinserción a la civilidad. Del aludido documento resulta importante para lo que interesa a esta acción retener los siguientes apartes (se transcribe literalmente incluso los errores):

“Es más bien como lo ha pregonado la víctima y su parentela que a él le pagaron para ello (lo cual no se ha podido probar), ya que R. si tenía razones para eliminarlo en razón que lo había delatado ante el Ejército. Como si ello fuera poco, en parte alguna asoma, que a la familia de él (D.) o él mismo, haya sufrido agravios de algún orden después de su retención y visto que reveló aspectos tocantes con la responsabilidad de G. en ese luctuoso hecho, sino además, en su calidad de miliciano, hecho por el cual existe constancia que está en proceso de reinserción a la civilidad”(30).

Así pues, de conformidad con lo anterior, la Sala puede, igualmente, concluir que el móvil del ataque obedeció a su condición de informante del Ejército Nacional y a la presencia del Ejército Nacional en la finca por él administrada.

Esta Sección del Consejo de Estado, de tiempo atrás, ha manifestado que la utilización de civiles como colaboradores permanentes u ocasionales puede resultar necesaria y efectiva para el desarrollo de misiones oficiales; sin embargo, los perjuicios que se les llegare a causar deben ser resarcidos por la Administración Pública, pues la aceptación de dicha colaboración y la participación de esos civiles puede generar una circunstancia extraordinaria para quienes, con buenas intenciones, ayudaron al desarrollo de un servicio a cargo del Estado; en efecto, cuando la Administración Pública saca provecho y se beneficia de la colaboración ocasional de un particular y lo expone a un riesgo que finalmente le causa un perjuicio a él, a sus familiares y a terceros, se compromete la responsabilidad de la entidad pública.

En estos términos, la doctrina(31) ha señalado:

“Así pues, en la medida en que la administración saca beneficio de la colaboración que recibe a título permanente y ocasional, profesional o desinteresado (benévolo), parece equitativo que las personas que sufren daños al participar en el cumplimiento de sus misiones, —y desde luego sus parientes y otros afectados según las circunstancias—, tengan la ventaja de un régimen de responsabilidad sin culpa sobre la base del riesgo-beneficio, que completa y precisa el criterio del riesgo-peligro. Además, la indemnización sobre este fundamento del perjuicio sufrido por el colaborador benévolo confirma que la noción administrativa de “riesgo” no puede asimilarse al solo concepto de “peligro” (…).

“La lucha contra el terrorismo revela todo el interés de la aplicación de esta teoría jurisprudencial a los colaboradores benévolos de los servicios de policía. Esta parece adaptarse bien a este tipo de contencioso en un momento en que, con bastante frecuencia, las autoridades demandan a cada ciudadano tener una actitud y colaborar en el combate contra los terroristas señalándoles los objetos o comportamientos sospechosos”.

Así, pues, esta Sección del Consejo de Estado ha reconocido que dicha colaboración casual, voluntaria y sin vínculo laboral o contractual a favor del Estado, puede presentarse; más aún, en muchos casos esa colaboración puede resultar necesaria para el cumplimiento de un servicio público, por lo cual los daños que se deriven de la misma por la exposición de los particulares a un riesgo anormal deben ser indemnizados por la administración.

Respecto de la responsabilidad del Estado por los daños que sufre un particular cuando presta a la Administración Pública un servicio que le genera un riesgo y que finalmente le causa un daño, la Sala se ha manifestado en los siguientes términos:

“Pues bien, en este caso, como se precisó anteriormente, se encuentra acreditado: i) que el Ejército Nacional le solicitó al señor H. D. S. C. su colaboración para el desarrollo de en un operativo militar, colaboración que era necesaria para que la tropa pudiera llegar al punto donde se encontraba el objetivo, pues el señor S. conocía la zona y para que identificara durante el trayecto a los subversivos que se encontraran en el camino, todo lo cual facilitaría para la administración la realización de su misión; ii) que el hoy occiso, H. D. S. C., asistió al Ejercito en forma voluntaria, es decir sin estar obligado a ello y sin tener con la entidad algún tipo de obligación laboral o contractual y a pesar de conocer los riesgos que podía generar la actividad oficial; iii) que dicha participación generó un riesgo anormal para el ciudadano por las condiciones de la zona y por la presencia de subversivos, quienes debían ser reconocidos por el colaborador; y, iv) que el particular resultó muerto tras la emboscada de un grupo guerrillero. Todo lo anterior, teniendo en cuenta las consideraciones antes transcritas, configura en este caso los elementos de la responsabilidad de la administración.

Debe la Sala precisar que en el caso concreto la argumentación de la administración en el sentido de que la colaboración que el señor S. C. prestó el día del hecho dañoso obedeció a que para ese momento él se encontraba haciendo trámites para vincularse a la Institución como agente de inteligencia, no sirve para desvirtuar la responsabilidad, pues la misma entidad precisó en los informes correspondientes que el día de su muerte el civil no tenía vinculación laboral para con la administración, por tanto esa participación en el operativo en el cual perdió la vida obedeció a la aceptación de la entidad de su colaboración voluntaria, circunstancia que lo expuso a un riesgo anormal que no estaba obligado a soportar”(32).

De manera que al particular no se le puede imponer la obligación de asumir los daños derivados del riesgo que las instituciones generan en el desempeño de sus actividades, porque esa situación supone claramente un rompimiento de las cargas públicas; como quiera que si bien es cierto, todos los asociados tienen a su cargo un deber de colaboración para con las autoridades públicas, esta obligación no puede entenderse en términos absolutos y, por consiguiente, no es comprensible desde ningún punto de vista que el daño ocasionado a quien se coloca por el Estado en una situación de desfavorabilidad, o de desigualdad ante la ley, no sea indemnizado.

Bajo esa óptica, a partir del análisis de los testimonios rendidos en el proceso, se tiene por establecida la solicitud que, reiteradamente, elevó el señor P. G. a las autoridades militares a efecto de que no utilizaran los terrenos que él administraba para acampar cada vez que salían a hacer patrullajes, dándoles el destino temporal de una base militar. Es así como los testimonios son convergentes en señalar que el señor P. G. temía por su vida, y acudió un número plural del veces a pedir a los militares que cesara la conducta que lo colocaba en una situación de inminente peligro.

De todo lo anterior se sigue que encuentra esta Sala demostrado que el Ejército Nacional conocía a cabalidad la situación de riesgo o peligro objetivo en que se hallaba el señor P. G., motivo por el cual ha debido brindar todos los elementos de protección que evitaran la concreción del daño causado; lo anterior, aun en caso de no existir una prueba que indique que aquel pidió, de manera expresa, seguridad a la fuerza pública, pues la misma debió ser suministrada de forma espontánea y sin requerimiento alguno, como quiera que el simple hecho de tener certeza por las autoridades militares de la situación en que se colocaba al administrado por su condición de colaborador, radicaba en cabeza de las mismas la obligación de brindar los instrumentos y elementos suficientes para impedir cualquier resultado dañoso.

Hechas las anteriores precisiones, para la Sala se impone revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, se procederá a realizar la correspondiente liquidación de perjuicios, según los parámetros delimitados en la demanda, y los principios y criterios trazados por la jurisprudencia de esta Sección.

5. Indemnización de perjuicios.

5.1. Indemnización de perjuicios morales

Obran en el proceso el registro civil del matrimonio contraído entre G. L. P. G. y N. S. C. P.(33), el cual da cuenta de su condición de esposos. También puede verse copia del registro civil de nacimiento de J. A. P. C.(34), el cual indica que es hijo de G. L. P. G. y de N. S. C. P. De igual forma obran los registros civiles de nacimiento de G. L.(35), M. M.(36), M. T.(37) y E. O. P. G.(38), los cuales indican que estos son hijos de E. P. y O. G. y, por tanto hermanos entre sí, pruebas suficientes para tener por acreditado el vínculo de consanguinidad existente entre la víctima directa, su cónyuge, hijo y hermanos.

Acerca de los daños causados por las lesiones que sufre una persona, resulta necesario precisar que si bien aquellas pueden dar lugar a la indemnización de perjuicios morales, su tasación dependerá, en gran medida, de la gravedad y entidad de las mismas. Hay situaciones en las cuales tales lesiones son de una magnitud que su sola ocurrencia afecta tanto a quien las sufrió directamente, como a terceras personas, por lo cual resulta necesario, en muchos de los casos, demostrar únicamente el parentesco con la víctima, pues este se convierte en un indicio suficiente para tener por demostrado el perjuicio, siempre que no obren en el expediente pruebas que indiquen lo contrario. En otras ocasiones, las lesiones alcanzan a tener una entidad suficiente para alterar el curso normal de la vida o de las labores cotidianas de una persona, de suerte que su indemnización debe ser mayor, por manera que la cuantificación de los perjuicios morales que se causen en virtud de unas lesiones personales se definirá en cada caso por el juez, en proporción al daño sufrido.

Ahora bien, con la simple acreditación de la lesión se presume que su víctima directa sufrió un perjuicio de orden moral; en efecto, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas, especialmente cuando la lesión sufrida ocurre como consecuencia de un hecho de la magnitud y características violentas como el ocurrido en el presente asunto.

Igualmente resulta claro que la tasación de la indemnización por este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, con fundamento en su prudente juicio, establecer en la situación concreta el monto que corresponda, para lo cual debe tener en cuenta la naturaleza y gravedad de las lesiones sufridas y sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el expediente.

En este caso, tal como se demostró en el proceso, el señor G. L. P. G. resultó lesionado en la forma en la cual se estableció en la relación de pruebas “lesiones a nivel del pecho, lado de la costilla izquierda, hombro y pierna derecha”, lesiones que le dejaron una incapacidad médico legal definitiva de 90 días y, como secuela, una perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter permanente, además de padecer una invalidez equivalente al 76.76%, todo lo cual le produjo, sin duda, una afección moral que debe ser indemnizada.

Así las cosas, habrá lugar a reconocer, a título de daño moral, las sumas de dinero establecidas a continuación, para cada uno de los demandantes:

G. L. P. G. (víctima directa) 90 SMLMV
N. S. C. P. (cónyuge) 50 SMLMV
J. A. P. C. (hijo) 50 SMLMV
M. M. P. G. (hermana) 25 SMLMV
M. T. P. G. (hermana)25 SMLMV
E. O. P. G. (hermana) 25 SMLMV

5.2. Indemnización de perjuicios por el daño a la vida de relación

Se solicitó en la demanda, a título de “daño a la vida de relación”, el equivalente a 600 S.M.L.M.V a favor de la víctima directa; 200 S.M.L.M.V a favor de su compañera permanente y 200 S.M.L.M.V a favor de su hijo.

En los términos expuestos, resulta pertinente referirse a las consideraciones de la Sala Plena de la Sección Tercera en punto al contenido del perjuicio solicitado y su identificación con el daño a la salud como una tipología de perjuicio autónomo. Expuso la Sección en esa ocasión(39):

“En otros términos, un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia —antes denominado daño a la vida de relación— precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud.

“(…)

“En otros términos, se insiste, en Colombia el sistema indemnizatorio está limitado y no puede dar lugar a que se abra una multiplicidad de categorías resarcitorias que afecten la estructura del derecho de daños y la estabilidad presupuestal que soporta un efectivo sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, motivo por el que, se itera, cuando el daño se origine en una lesión psíquica o física de la persona el único perjuicio inmaterial, diferente al moral que será viable reconocer por parte del operador judicial será el denominado daño a la salud o fisiológico, sin que sea posible admitir otras categorías de perjuicios en este tipo de supuestos y, mucho menos, la alteración a las condiciones de existencia, categoría que bajo la égida del daño a la salud pierde relevancia, concreción y pertinencia para indemnizar este tipo de afectaciones.

En ese orden de ideas, el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no solo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica(40). Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.

De allí que no sea procedente indemnizar de forma individual cada afectación corporal o social que se deriva del daño a la salud, como lo hizo el tribunal de primera instancia, sino que el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada.

Así las cosas, el daño a la salud permite estructurar un criterio de resarcimiento fundamentado en bases de igualdad y objetividad, de tal forma que se satisfaga la máxima “a igual daño, igual indemnización”(41).

En consecuencia, se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquel, sino que está dirigido a resarcir económicamente —como quiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo.

“(…)

“En consecuencia, el daño moral satisface la indemnización de la órbita interna y aflictiva del ser humano; el daño a la salud garantiza un resarcimiento más o menos equitativo y objetivo en relación con los efectos que produce un daño que afecta la integridad psicofísica de la persona; y, por último, será oportuno que se analice la posibilidad por parte de esta corporación —siempre que los supuestos de cada caso lo permitan— de que se reparen los demás bienes, derechos o intereses jurídicos de la víctima directa o de los perjudicados que logren acreditar efectivamente que padecieron ese daño autónomo e independiente, sin que quede cobijado por la tipología antes delimitada (v.gr. el derecho al buen nombre). La aplicación de esta tipología del daño garantiza la reparación estática y dinámica del perjuicio, esto es los efectos internos y externos, subjetivos y objetivos, individuales y colectivos que la lesión antijurídica o injusta desencadena en el sujeto y las personas que constituyen su entorno” (destaca la Sala).

Para la reparación del daño a la salud se reiteran los criterios contenidos en las sentencias de unificación del 14 de septiembre de 2011, exps. 19031 y 38222, proferidas por esta misma Sala, en el sentido de que la regla en materia indemnizatoria, es de 10 a 100 SMMLV, sin embargo, en casos de extrema gravedad y de naturaleza excepcional se podrá aumentar hasta 400 SMMLV, siempre que esté debidamente motivado(42).

Se tienen como elementos de prueba que interesan en este aspecto el acta de la Junta Médica Laboral Nº 30618 del 10 de noviembre de 2009, en donde se determinó que el señor G. L. P. G. presentó una disminución de su capacidad laboral del 76.60%(43).

En este caso, y con pleno acatamiento de los parámetros jurisprudenciales, se condenará por este concepto a la entidad demandada a un valor que asciende a doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a favor del señor G. L. P. G. en tanto una incapacidad del 76.60% supone, en términos psicofísicos para cualquier ser humano, perder la posibilidad de desarrollar una serie de labores o actividades —desde las mínimas— que generan un goce, disfrute, placer o felicidad para la persona humana, amén de la afectación en su vida de relación.

En el presente asunto advierte la Sala que, si bien los testimonios de los señores L. M. M. T.(44), L. M. C.(45), M. J. C.(46), M. L. G. H.(47) y L. J. L. L.(48), dan cuenta del estado de aflicción por el cual atravesaron los familiares a raíz de las lesiones padecidas por el señor G. L. P. G., situación que se encuadra propiamente dentro del perjuicio moral, no ofrecen mayor información en relación con el alegado daño a la “vida de relación” que se les pudo ocasionar como consecuencia del atentado del cual fue víctima, por lo que no se efectuará reconocimiento alguno por dicho concepto para N. S. C. P., J. A. P. C.

5.3. Indemnización de perjuicios materiales

Toda vez que en la demanda no se solicitó reconocimiento alguno por concepto de daño emergente, la Sala se ocupará exclusivamente de analizar, de acuerdo con los elementos probatorios allegados al proceso, el reconocimiento y monto de la indemnización de perjuicios correspondientes al rubro de lucro cesante requerido a favor de G. L. P. G., N. S. C. P. y J. A. P. C.

En cuanto a la solicitud de indemnización de perjuicios correspondiente al rubro de lucro cesante a favor del lesionado, señor G. L. P. G., la Sala lo estima procedente en consideración a que se encuentra demostrado que a raíz del atentado de que fue víctima el 8 de diciembre de 2006, sufrió lesiones que le produjeron una incapacidad médico legal permanente equivalente al 76.60%.

Se encuentra igualmente demostrado, con fundamento en los testimonios de los señores L. M. M. T.(49), M. L. G.(50) y L. J. L.(51), que el citado demandante desarrollaba actividades agropecuarias de las cuales derivaba su sustento y el de su familia; no obstante, tales elementos de prueba no precisaron la cantidad de dinero que obtenía mensualmente, por lo cual la Sala acudirá —como en casos semejantes se ha hecho—, a la presunción de que dicha actividad comercial le generaba por lo menos el salario mínimo legal mensual entonces vigente.

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a liquidar las indemnizaciones debida y futura de la siguiente manera:

— Indemnización debida o consolidada:

Se tomará como período indemnizable el comprendido entre la fecha en la cual el señor G. L. P. G. sufrió la lesión, esto es 8 de diciembre de 2006 y la de la presente sentencia, para lo cual se liquidará a favor del citado demandante el perjuicio material por el ingreso que dejó de percibir a raíz de la invalidez que le produjo el atentado, el cual fue certificado por la Junta Médica Laboral en un 76.60%. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 100 de 1993(52), se liquidará la indemnización de dicho perjuicio material en un porcentaje equivalente al 100% de la invalidez, de acuerdo con los siguientes datos y operaciones:

Ingreso del lesionado: $ 737,717.00 el cual será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales, obteniéndose como resultado la suma de $ 922.146,25

Expectativa de vida total de la víctima: 40 años (480 meses)

Período consolidado: 124.09 meses

Período futuro: 355,91 meses

Índice final: abril de 2017 (último conocido): 137.40

Índice inicial: diciembre de 2006: 87.86

S = VA (1+i)n -1

i

S = VA (1.004867)124.09 -1

0.004867

S = $ 922.146,25 x 169,84 = $ 156’617.319,1

— Indemnización futura

Por el resto del período de vida probable de la víctima, esto es 355,91 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S = VA (1+0.004867)n-1

i (1+0.004867)n

S = VA (1.004867)355,91- 1

0.004867 (1.004867)355.91

S = $ 922.146,25 X 168.96 = $ 155’805.830,4

Total indemnización por perjuicios materiales: Trescientos doce millones cuatrocientos veintitrés mil ciento cuarenta y nueve pesos con cinco centavos ($ 312’423.149,5).

6. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia proferida el día 14 de mayo de 2013 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Sala Quinta de Decisión y, en su lugar, se dispone:

1) DECLARAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional responsable administrativamente de los perjuicios causados a la parte actora con ocasión de las lesiones corporales sufridas por el señor G. L. P. G. acaecidas el día 8 de diciembre de 2006 en el municipio de Ituango.

2) Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar por concepto de indemnización de perjuicios morales, las siguientes sumas

G. L. P. G. (víctima directa) 90 SMLMV
N. S. C. P. (cónyuge) 50 SMLMV
J. A. P. C. (hijo) 50 SMLMV
M. M. P. G. (hermana) 25 SMLMV
M. T. P. G. (hermana)25 SMLMV
E. O. P. G. (hermana) 25 SMLMV

3) CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar, a favor del señor G. L. P. G., a título de indemnización por el daño a la salud, el equivalente a doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

4) CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar, a favor del señor G. L. P. G., a título de indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de trescientos doce millones cuatrocientos veintitrés mil ciento cuarenta y nueve pesos con cinco centavos ($ 312’423.149,5).

2. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del art. 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

3. Las condenas se cumplirán en los términos de los arts. 176 a 178 del C.C.A.

4. Sin condena en costas (art. 55 de la ley 446 de 1998.).

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

1 “ART. 16.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente: ART. 63A.—Del orden y prelación de turnos. Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional o en el caso de graves violaciones de derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberían ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación”.

2 Fls. 51 a 63 C. 1.

3 Fl. 65 C. 1.
La notificación al Ministerio de Defensa se llevó a cabo por intermedio del Comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional el 30 de mayo de 2008 (fl. 97 C. 1).
La notificación al Ministerio Público se llevó a cabo el 7 de mayo de 2008 (fl. 65 reverso C. 1).

4 Fls. 98 a 101 C. 1.

5 Fls. 111; 406 C. 1.

6 Fls. 409 a 421 C. 1.

7 Fls. 422 a 432 C. 1.

8 Fls. 443 a 468 C. Ppal.

9 Fl. 492; 496 C. Ppal.

10 Fls. 470 a 473 C. Ppal.

11 Fl. 511 C. Ppal.

12 Fls. 513 a 515 C. Ppal.

13 Fls.516 a 526 C. Ppal.

14 Fls. 539 a 545 C. Ppal.

15 El recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia fue presentado el 20 de junio de 2013, por lo que debe aplicarse la Ley 1395 de 2010 que estableció que la cuantía se determinara a partir de la sumatoria de todas las pretensiones de la demanda. Por lo tanto, una vez revisado el libelo demandatorio se advierte que sumadas las pretensiones arroja el superior a 500 S.M.L.M.V, razón por la que se impone concluir que este proceso tiene vocación de segunda instancia.

16 Fl. 63 C. 1.

17 Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto—Ley 1º de 1984, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

18 A folios 14 a 49; 131 a 344 C. 1, obra la historia clínica del señor G. L. P. G., correspondiente a la atención prestada en el Hospital General de Medellín y en el Hospital Universitario San Vicente de Paul.

19 Fl. 50 C. 1.

20 Fls 5 a 6 C. 3.

21 Fls 29 a 33 C. 3.

22 Fls. 1 a 12 C. 2.

23 Fls 361 a 362 C. 1.

24 Fls 379 a 381 C. 1.

25 Fls. 376 a 378 C. 1.

26 Fls 363 a 365 C. 1.

27 Fls 365 a 366 C. 1.

28 “El valor del testimonio exige dos grandes investigaciones: a) la de la credibilidad, o examen básicamente psicológico del testigo, y su testimonio, y b) la de la fuerza probatoria, que es un examen lógico-jurídico. Establecida la credibilidad, se acude a la segunda indagación.
“Para apreciar la credibilidad deben analizarse: a) las condiciones físicas del testigo; b) sus condiciones psicológicas (las generales y las propias del momento de la percepción); c) su personalidad (sexo, edad, profesión, cultura, patrimonio, etc.); e) contenido del testimonio: su dicho y la razón de ciencia de su dicho; f) el continente del testimonio: forma de las respuestas, estado de ánimo, uniformidad, precisión, lenguaje utilizado.
“Establecida la credibilidad del testimonio se entra a analizar su fuerza probatoria o eficacia, que es su consideración procesal, esto es, como prueba. Para ello debemos hacer un análisis lógico-dialéctico, el mismo que empleamos en todo indicio. Al fin de cuentas todo testimonio no es sino un conjunto de datos o circunstancias, o hechos indicadores. Debemos establecer los nexos lógicos correspondientes entre cada hecho indiciario arrojado por el testimonio y el hecho por probar, de una parte, y por otra, entre el hecho indiciario del testimonio y los demás hechos indiciarios acreditados en el proceso. De esos nexos deduciremos su valor: si nos da plena convicción o no, para aceptarlo total o parcialmente como prueba, certeza que debe ser producto del examen analítico y sintético en cada caso concreto.” Rodríguez, Gustavo Humberto “Derecho Probatorio Colombiano”, 2ª edición, Pág. 142 y 143.

29 Fls 193 a 196 C. 3.

30 Fls 182 a 186 C. 3.

31 Saavedra Becerra, Ramiro. “La responsabilidad extracontractual de la Administración Pública”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez 2003. Páginas. 414 a 417

32 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 14 de agosto de 2008, expediente 14.163 y del 5 de febrero de 1998, expediente 12.043. M. P. Daniel Suárez Hernández.

33 Fl. 9 C. 1.

34 Fl. 10 C. 1.

35 Fl. 7 C. 1.

36 Fl. 11 C. 1.

37 Fl. 12 C. 1.

38 Fl. 13 C. 1.

39 Sentencia de 14 de septiembre de 2011, expediente 38.222, Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero.

40 “Este estado de cosas no solo deja la sensación de desorden, sino que también crea desigualdades entre víctimas, cuyos intereses aparecen, en igual medida, dignos de protección; así pues, el problema de fondo es el de establecer los límites, que deben ser “límites razonables”, determinados sí, en términos jurídicos.” Cortés, Edgar Ob. Cit. Pág. 57.

41 “En el histórico fallo 184 de 1986 la Corte Constitucional italiana afirmó que el criterio de liquidación que debe adoptarse para el resarcimiento del daño biológico “debe, de un lado, responder a una uniformidad pecuniaria de base (el mismo tipo de lesión no puede valorarse de manera diferente para cada sujeto) y, de otro, debe ser suficientemente elástico y flexible para adecuar la liquidación del caso concreto a la incidencia efectiva de la lesión sobre las actividades de la vida cotidiana, por medio de las cuales se manifiesta concretamente la eficiencia sicofísica del sujeto perjudicado.” ROZO Sordini, Paolo “El daño biológico”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, pág. 209 y 210.

42 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, exp. 31172, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz

43 Fls. 386 a 388 C. 1.

44 Fls 361 a 362 C. 1.

45 Fls 379 a 381 C. 1.

46 Fls. 376 a 378 C. 1.

47 Fls 363 a 365 C. 1.

48 Fls 365 a 366 C. 1.

49 Fls. 361 a 362 C. 1.

50 Fls. 363 a 364 C. 1.

51 Fls. 363 a 364 C. 1.

52 “ART. 38.—Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.