Sentencia 2008-00571/41128 de agosto 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 73001-23-31-000-2008-00571-01(41128)

Actor: Benjamín Triana

Demandado: Nación-Ministerio de Justicia-Dirección Nacional de Estupefacientes y otros

Ref.: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., treinta de agosto de dos mil diecisiete

Extractos: «II. Consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) la competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2) oportunidad de la acción; 3) la legitimación en la causa; 4) caso concreto: el actor no demostró el daño causado por la incautación de su bien inmueble por parte de la Fiscalía; 5) decisión sobre costas.

1.- Competencia

Teniendo en cuenta que en los asuntos relativos a la responsabilidad del Estado por el error judicial, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 estableció la competencia privativa de los Tribunales Administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, se impone concluir que esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación interpuestos.

2. Oportunidad de la acción

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos, la acción de reparación directa caduca al cabo de dos años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En el presente asunto, el actor reclama los perjuicios derivados de la incautación del predio “San Marino”, ubicado en la vereda La Luisa del municipio de Rovira, la cual fue ordenada dentro de una investigación penal, y según Resolución del 10 de septiembre de 2004(16), la Fiscalía Sexta Especializada de Ibagué ordenó la entrega definitiva del mencionado inmueble al hoy actor.

Dicha decisión fue confirmada mediante Resolución del 22 de agosto de 2005(17)17, proferida por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué y la demanda fue presentada el 15 de marzo de 2007; por ende, la acción se ejerció dentro del término de ley.

3. La legitimación en la causa

De acuerdo con el criterio unificado de esta Sala, la prueba de la legitimación en la causa por activa de quien acude ante esta jurisdicción alegando la calidad de propietario de un bien inmueble puede hacerse a través del certificado de tradición, el cual constituye plena prueba, aunque no se hubiera aportado el título, pues se entiende que este debió ser presentado ante el Registrador de Instrumentos Públicos y que este dio fe de la existencia del mismo antes de efectuar su registro.

En el cambio jurisprudencial efectuado por la Sala Plena a partir de la sentencia del 13 de mayo de 2014(18), esta advirtió que lo expuesto en dicha providencia en manera alguna suponía que, en adelante, única y exclusivamente debía aportarse el certificado de tradición, esto es, la constancia de la inscripción del título en el Registro de Instrumentos Públicos como prueba de la propiedad, puesto que si el interesado a bien lo tenía, podía allegar el respectivo título.

En el caso que se examina, el actor aportó copia de la escritura pública número 1068 del 8 de julio de 1985, según la cual el predio “San Marino”, ubicado en la vereda La Luisa del municipio de Rovira fue transferido a “título de enajenación perpetua a favor y para el patrimonio de Benjamín Triana”, así como el certificado de tradición del mismo, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué, en el cual el demandante figura como el último propietario(19).

Igualmente, las demandadas Nación- Fiscalía General de la Nación, Nación- Ministerio de Justicia - Dirección Nacional de Estupefacientes hoy Sociedad de Activos Especiales S.A.S. y la Nación-Rama Judicial se encuentran legitimadas en la causa por pasiva, dado que contra estas entidades se dirigió la demanda y están debidamente representadas de conformidad con el artículo 49 de la Ley 446 de 1998.

4. Caso concreto: el actor no demostró el daño causado por la incautación de su bien inmueble por parte de la Fiscalía

Previamente, advierte la Sala que su competencia se limitará al análisis de los argumentos de la alzada presentada por la demandada Nación- Fiscalía General de la Nación relativos a la responsabilidad patrimonial que se le atribuyó en la decisión de primera en primera instancia y a los del actor, en lo que respecta al reconocimiento de unos perjuicios.

Ahora bien, se observa que el a quo declaró la responsabilidad de la Nación- Fiscalía General de la Nación por un yerro en la identificación del inmueble de propiedad del actor durante la inspección judicial que se practicó con ocasión de la investigación penal que adelantó en contra del señor Antonio José Trujillo, por delitos consagrados en la Ley 30 de 1986, lo que dio lugar a que el predio fuera incautado, porque al parecer en este se halló un cultivo de amapola.

Sobre el particular, al plenario se allegaron, válidamente, las siguientes pruebas:

Según acta de levantamiento No. 008 del 3 de agosto de 1992, el Inspector Rural de Policía de la vereda La Luisa del municipio de Rovira realizó dicha diligencia a un cadáver de sexo masculino e indicó como lugar de la muerte la “finca San Marino, dentro de un cultivo, al parecer de amapola, aproximadamente de 3 hectáreas”, en medio de una labor de patrullaje realizada por el Ejército Nacional, en la cual también capturaron al señor Antonio José Trujillo(20).

Seguidamente, el 4 de agosto de 1992, ese Inspector remitió las diligencias al Juzgado Penal Municipal (Reparto) de Rovira, Tolima(21).

El 5 de agosto de 1992, el Juzgado Primero Penal Municipal de Rovira avocó el conocimiento de las diligencias y ordenó escuchar en indagatoria al señor Antonio José Trujillo(22).

En la misma fecha, el señor Antonio José Trujillo fue escuchado en indagatoria y respecto de los hechos relacionados con su captura narró lo siguiente (se trascribe literal, incluso con posibles errores):

“…hace una semana el señor Miguel N, no sé el apellido, me contrató para ir a la finca El Espejo de la vereda La Luisa para hacer unos contratos de desmatona, yo me fui la semana pasada el domingo (se consulta con el calendario y corresponde al 26 de julio de 1992) pa` arriba, yo había estado en la región pero en la parte baja, por ese lado no había ido, llegué allí solo a la casa de Miguel N, entonces había otro muchacho trabajador de la finca de nombre José (…) dijo que tenía la familia en Bogotá pero él vive acá en Rovira, entonces don Miguel nos dijo que hiciéramos un rancho ahí cerca de la casa de la finca, nos pusimos a hacerlo toda la semana, llegó el sábado primero de agosto del corriente año y José (…) bajó al pueblo a hacer diligencias, se demoró mucho, ya el lunes él no había subido todavía, entonces me fui yo de la casa hacia un tajo de cultivo de amapola que hay en la finca de don Miguel N, pero había ido yo a eso de las dos de la tarde hacia allí, entonces yo me puse a recoger una manchita ahí de tajo cuando llegó el Ejército y me detuvieron…(…) El Espejo es que se llama, esta finca queda del caserío de La Luisa a un sitio que se llama La Mazorca o El Risco… (…) Preguntado. ¿De propiedad de quién es la finca? Contestó. Dicen que de un señor Miguel N, no sé el apellido”(23).

Las diligencias fueron remitidas a la Fiscalía Regional Unidad Sijin Detol que mediante Resolución del 6 de agosto de 1992 ordenó una serie de pruebas para continuar la investigación de los hechos, entre ellas, una inspección judicial a la “finca San Marino”(24).

El 6 de agosto de 1992, se realizó diligencia de inspección judicial sobre el predio “San Marino”, para toma de muestras, destrucción de un cultivo y ocupación de un inmueble, de la cual se extrae lo siguiente (se trascribe literal, incluso con posibles errores):

“…los suscritos Fiscal Regional Unidad Sijin y Jefe Unidad Investigativa Policía Judicial SIJIN (E), en asocio de la doctora María Cristina Solano, Procuradora Judicial, Agente del Ministerio Público, del técnico en planimetría y topografía señor Gilberto Yara Acosta adscrito a la Unidad de Criminalística Sijin Detol, de la Secretaria de la Fiscalía se trasladaron a la vereda La Luisa, finca San Marino, comprensión municipal de Rovira, con el fin de practicar diligencia de inspección judicial sobre un cultivo, al parecer de amapola, destrucción del mismo, toma de muestras y ocupación del predio donde se encuentra plantado, una vez en el lugar de los hechos el personal de la diligencia encontró al señor Teniente del Ejército Nacional Óscar Hernando Morales Casallas, Comandante de la patrulla encargada de custodiar el cultivo a inspeccionar, quien al ser entrevistado manifestó que cuando se disponían a efectuar un patrullaje por la vereda antes descrita fue hallado un cultivo al parecer de amapola, en el cual se encontraban laborando dos individuos, uno de ellos reaccionó contra los uniformados, el cual fue dado de baja por el personal del Ejército, cuyo levantamiento fu practicado por el Inspector de Policía Rural de La Luisa. Acto seguido, el personal de la diligencia se traslada al lugar indicado por el oficial, donde efectivamente se pudo constatar que se trata de un predio de siete hectáreas aproximadamente, terreno quebrado, con un inclinación de sesenta grados donde se aprecia un lote de aproximadamente tres (3) hectáreas que para efectos de esta diligencia lo distinguimos con el número uno (1) cultivado en su totalidad con plantas al parecer de amapola de noventa (90) a un metro veinte centímetros de altura, provistas de flores, capullos y bulbos, estos últimos presentan incisiones y ralladuras, procedimiento empleado para la extracción del látex o principio activo de opio, lo que indica que el cultivo en referencia se encontraba en plena producción. La plantación inspeccionada se encuentra sembrada cincuenta centímetros distante una mata de la otra, lo que se calcula que este lote alberga aproximadamente veintiún mil (21.000) matas, todas en igual estado de desarrollo. Se ordena tomar las fotografías y recoger muestras de los vegetales. Unido al lote inspeccionado se aprecia en la parte inferior otro lote que para efectos de esta diligencia lo distinguimos con el numero dos (2), lote que está preparado y listo para la siembra. Distante al lote número dos (2), aproximadamente cien (100) metros se observa otro plantío al parecer de amapola de una extensión de dos (2) hectáreas aproximadamente, el cual alberga, aproximadamente doce mil (12.000) matas de una altura de treinta (39) centímetros, desprovistas de flores y bulbos, lote que para efectos de esta diligencia distinguimos con el número tres (3). En la parte baja del predio inspeccionado se halló una vivienda construida con madera aserrada, techo de zinc, constante de dos piezas en cuyo interior se hallaron dos colchones, dejando en claro que la referida vivienda está distante de los plantíos de amapola unos cien (100) metros, la cual se comunica con los mismos por trochas o caminos improvisados. Se aprecia también en el predio inspeccionado, plantíos de mora, tomate de árbol y maíz entreverado con fríjol. Acto seguido el despacho procede a efectuar la ocupación del predio según lo dispuesto en el artículo 55 del Decreto 2790 de 1990, adoptado como legislación permanente por el Decreto 2271 del 4 de octubre de 1991, dejando la constancia que en el predio inspeccionado no habita ninguna persona a quien se le pueda comunicar de este procedimiento. Por encontrarse la heredad deshabitada y los predios vecinos ubicados demasiado lejos no se establece con exactitud propietario, linderos u otros datos que debían ser consignados en esta diligencia(25) (negrillas de la Sala).

El 8 de agosto de 1992, el actor le solicitó al Inspector Rural de Policía de la vereda La Luisa del municipio de Rovira que aclarara cuál era el sitio de los hechos en los cuales resultó muerta una persona por acción del Ejército y que, según el acta de levantamiento elaborada por ese funcionario, ocurrió en la finca “San Marino” de su propiedad(26).

Mediante Resolución número 1784 del 16 de diciembre de 1992, la Dirección Nacional de Estupefacientes destinó en forma provisional al “Hogar Cristiano para la Rehabilitación del Drogadicto Tu Puedes” el predio “San Marino”, ubicado en la vereda La Luisa del municipio de Rovira, en virtud del oficio número 043 del 10 de agosto de 1992, remitido por la Fiscalía Regional de la Unidad Sijin Detol, por el cual se lo dejó a disposición, con fundamento en el artículo 55 del Decreto Legislativo 2790 de 1990, modificado por el Decreto 0099 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 4 del Decreto 2271 de 1991(27).

Posteriormente, mediante oficio del 20 de enero de 1993, suscrito por el Subdirector de Coordinación de la Dirección Nacional de Estupefacientes y dirigido a la Fiscalía Regional de la Unidad Sijin Detol, este le solicitó que diera cumplimiento a la Resolución número 1784 del 16 de diciembre de 1992 y efectuara la entrega del inmueble al depositario provisional “Hogar Cristiano para la Rehabilitación del Drogadicto Tu Puedes”, para lo cual esa Fiscalía debía diligenciar un acta en la que constaran los detalles de la misma, tales como la identificación del bien, los datos de la persona que recibía, entre otros(28).

El 17 de marzo de 1994, la Dirección Nacional de Estupefacientes expidió un auto en el cual dejó constancia de que desde el 10 de agosto de 1993(29) le había reconocido personería al apoderado del señor Benjamín Triana, sin que este hubiera presentado petición alguna, razón por la cual archivaba el expediente administrativo relativo al inmueble “San Marino”(30).

El 27 de octubre de 1995, mediante Resolución número 1434, la Dirección Nacional de Estupefacientes revocó la Resolución número 1784 del 16 de diciembre de 1992 y destinó en forma provisional el inmueble “San Marino” al Fondo Nacional Agrario, dado que, mediante oficio del 28 de marzo de 1995, el “Hogar Cristiano para la Rehabilitación del Drogadicto Tu Puedes” le manifestó que no contaba con los recursos para su mantenimiento(31).

Luego, la Dirección Nacional de Estupefacientes expidió la Resolución número 0704 del 6 de junio de 1996, por la cual aclaró la Resolución número 1434 del 27 de octubre de 1995 en los siguientes términos (se trascribe literal, incluso con posibles errores):

“ART. 1º—Aclarar el artículo sexto de la Resolución número 1434 del 27 de octubre de 1995, en el sentido de indicar que la entrega material del inmueble denominado San Marino, ubicado en la vereda La Luisa (conocida como comunidad El Espejo), jurisdicción del municipio de Rovira – Tolima, al Fondo Nacional Agrario, la hará la Fiscalía Regional de la Unidad Sijin Detol, Ibagué, con la presentación de la copia de esta resolución. Copia del acta de entrega deberá ser enviada a la Subdirección de Coordinación de esta entidad. Dicha acta deberá contener los datos completos de las personas que participen en la diligencia, así como la identificación precisa y el inventario del bien. El destinatario provisional no podrá enajenar, vender, gravar, arrendar ni ceder a ningún título el bien objeto de destinación”(32) (negrillas de la Sala).

Igualmente, desde el 27 de marzo de 1995, el actor solicitó al Juez Regional de Bogotá, que adelantaba el proceso penal en contra del señor Antonio José Trujillo, el desembargo y la restitución del inmueble “San Marino”, dado que, a su parecer, por un error del Inspector Rural de Policía de la vereda La Luisa del municipio de

Rovira, quien señaló al predio como el lugar donde se halló un cultivo de amapola y se dio muerte a un supuesto trabajador de dicho cultivo, fue que la Dirección Nacional de Estupefacientes, mediante Resolución número 1784 del 1 de diciembre de 1992 afectó el inmueble.

El trámite dado a dicha solicitud se relató en el auto del 26 de septiembre de 1997, proferido por el Juzgado Regional de Bogotá, en los siguientes términos (se trascribe literal, incluso con posibles errores):

“Por sentencia calendada marzo 18 de 1994, este despacho condenó al señor Antonio José Trujillo a la pena principal de treinta y dos (32) meses de prisión, como autor responsable del delito previsto en el artículo 32 de la Ley 30 de 1986.

“Después de ejecutoriada, el 27 de marzo de 1995, el señor Benjamín Triana, a través de apoderado judicial formuló incidente de desembargo, con el objeto de obtener la restitución de la finca San Marino, ubicada en la vereda La Luisa del municipio de Rovira (Tolima).

“Por auto del 10 de octubre de 1995, el entonces titular de este Juzgado resolvió no tramitar dicho incidente, alegando que el inmueble en cuestión no se encontraba vinculado a esta actuación y ordenando al mismo tiempo que se oficiara a la oficina de instrumentos públicos para que enviaran copia del folio de matrícula inmobiliaria, para determinar si se encontraba inscrita alguna medida sobre ese bien.

“La oficina de instrumentos públicos remitió el folio de matrícula y en él se pudo constatar que el inmueble en cuestión se encontraba a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

“(…).

“Por lo tanto, estando plenamente acreditado que el inmueble cuya restitución solicita el señor Benjamín Triana, fue incautado y dejado a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes en razón a los hechos que fueron objeto de investigación dentro de este proceso y que sobre el mismo no existió pronunciamiento definitivo en la sentencia”(33).

De ahí que ese despacho remitiera la petición del actor a la Fiscalía, para que decidiera si adelantaba el trámite legal de extinción de dominio sobre el bien.

El incidente estuvo en la Fiscalía y al parecer fue remitido entre distintas unidades de ese ente acusador, como se desprende de la Resolución del 31 de octubre de 1997, proferida por la Unidad Nacional Contra el Lavado de activos(34). Sin embargo, por Resolución del 2 de abril de 1999, proferida por la Fiscalía Regional de Bogotá, se ordenó la práctica de una nueva inspección judicial al predio “San Marino”, la cual se comisionó al CTI y se realizó el 8 de julio de 1999. De ella se extrae lo siguiente (se trascribe literal, incluso con posibles errores):

“…hicimos presencia en la finca San Marino, ubicada en la vereda ‘La Luisa Alta’ donde fuimos atendidos por el señor Benjamín Triana, identificado con la cc # (…), titular de la mencionada finca, a quien enteramos del motivo de nuestra presencia en el lugar, ofreciendo su colaboración para esta diligencia. A continuación, el despacho concede el uso de la palabra al señor topógrafo judicial para que indique los linderos de la finca ‘San Marino’ y ubique un lugar donde otrora existía un cultivo de amapola y donde fue practicada inspección judicial al cadáver de (…) a lo que dijo: encontrándonos en la finca ‘San Marino’ procedimos a constatar los linderos lo cual hicimos en compañía del señor Benjamín Triana, quien nos guió por los linderos los cuales recorrí y corresponden a los siguientes: la finca ‘San Marino’ se encuentra ubicada en el municipio de Rovira, vereda La Luisa Alta, por el norte colinda con el río La Luisa, por el oriente con la quebrada La Toma y la finca Costarrica, por el sur con el antiguo camino que de Rovira conducía a Riomanso y con la finca La Mejora, por el occidente colinda con la finca del señor Gilberto Segovia y una quebrada cuyo nombre no se conoce que desemboca en el río La Luisa y sirve de lindero con la finca Sebastopol. En cuanto a la ubicación del lote donde dicen existía un cultivo de amapola y fue encontrado el cuerpo del occiso (…) e indagando o preguntando a las personas que se encuentran en este momento en el lugar como es el señor Helbert Triana, identificado con cc (…) y el ya mencionado propietario de la finca, sobre la ubicación del aludido lote señalando el lugar donde según lo manifestado por ellos, en agosto de 1992 existía un lote cultivado de amapola y donde se encontró al occiso, verificado el lugar señalado por los anteriores y teniendo en cuenta el recorrido de los linderos de la finca ‘San Marino’, dicho predio no se encuentra dentro del área de la aludida finca ‘San Marino’, debido a que tal lote se encuentra ubicado al costado occidental de la finca ‘San Marino’ y lo separa la antedicha quebrada sin nombre y la finca Sebastopol y la finca La Silvia y posteriormente otra quebrada a la que no le conocen el nombre y que da el lindero con la finca Dinamarca, finca donde se encuentra el lote materia de la investigación”(35).

Posteriormente, el incidente presentado por el actor fue recibido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué, que en providencia del 20 de noviembre de 2000 resumió las actuaciones realizadas hasta esa fecha a la solicitud del actor así (se trascribe literal, incluso con posibles errores):

“Esta causa fue recibida por el entonces Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, con ocasión de la finalización de la justicia regional, en la que un juez regional, el 18 de marzo de 1994, profiere sentencia anticipada.

“El 23 de junio de 1998, el mismo funcionario ordena la entrega del inmueble rural denominado San Marino ubicado en la vereda La Luisa del municipio de Rovira (Tolima), decisión que es revocada por el extinto Tribunal Nacional mediante providencia del 25 de marzo de 1999, ordenando que se adelantara el trámite incidental.

“Este Juzgado, creado a partir del primero (1) de agosto de dos mil (2000) y por el gran cúmulo de trabajo recibido, asume el conocimiento hasta la fecha y observa que respecto de la decisión de tal incidente ha perdido competencia, por cuanto la sentencia, como ya se dijo, se encuentra en firme”(36)36.

Como consecuencia, ese Juzgado remitió de nuevo el incidente a la Coordinación de Fiscales Delegados ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Ibagué.

Mediante Resolución del 24 de noviembre de 2000, se asignó el conocimiento del incidente formulado por el actor a la Fiscalía Quinta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Ibagué(37).

El 9 de mayo de 2001, esa Fiscalía avocó el conocimiento de la actuación preliminar, en aras de decidir la procedencia o no de la acción de extinción de dominio sobre el predio rural “San Marino” en contra del señor Benjamín Triana(38).

Finalmente, el trámite fue asignado a la Fiscalía Sexta Especializada de Ibagué, que el 10 de octubre de 2004 se abstuvo de iniciar acción de extinción de dominio sobre el predio rural “San Marino” y ordenó su entrega definitiva al señor Benjamín Triana, así como oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué para que levantara la medida cautelar que pesaba sobre el inmueble, en los siguientes términos (se trascribe literal, incluso con posibles errores):

Los anteriores criterios sobre la ubicación del predio San Marino y que obedecían por su situación al sitio donde la autoridad el seis de agosto del año mil novecientos noventa y dos encontraron el cultivo de coca y muerto el ciudadano en mención, no era o estaba ubicado en la misma zona o parte de la finca San Marino, situación que la refrenda el Inspector de Policía de la vereda La Luisa para la época Brigelio (…), según obra a fl. 89 c.o 1 en testimonio rendido ante la Unidad de Policía Judicial, donde manifestó que llegó al lugar donde se encontraban los cultivos en compañía del Ejército y hallando a una persona muerta y a otra capturada, y que según el informe que le indicó el Teniente de la tropa, adujo que ese predio se denominaba San Marino y teniendo en cuenta que este no conocía dicha zona, así quedó en la diligencia, sin embargo, el propietario del bien denominado San Marino se hizo parte a partir de ese momento en esa diligencia y en ese momento manifestó que esos cultivos hacían parte de la finca Dinamarca.

Estas pruebas practicadas en el año 1999, donde se desdibuja claramente que el predio San Marino no era motivo de investigación penal, por cuanto igualmente los señores Gilberto Rodríguez Flórez e Idelio Trujillo Segovia, le relacionaron al despacho competente para ese tiempo, que el predio donde fue localizado el muerto y donde estaba igualmente el terreno de amapola se encontraba en baldíos o terrenos de la Nación pero cerca al predio San Marino, lo que nos da sin lugar a dudas el conocimiento claro y preciso de que el predio San Marino fue vinculado en forma injusta a esta investigación, por lo que se debe dar lugar a aceptar la entrega que ha pedido su propietario Benjamín Triana.

Esta entrega que se le pretende hacer la señor Benjamín Triana es de carácter simbólica, por cuanto nunca ha perdido la posesión o tenencia del bien como lo determinan las declaraciones del señor Gilberto Rodríguez Flórez, quien posteriormente al haber acaecido los hechos que originaron la muerte de (…) y el hallazgo de los cultivos ilícitos en terrenos baldíos, estuvo trabajándole a don Benjamín Triana en las labores de desmontar potreros para echarle ganado, sembrando igualmente maíz, fríjol y arracacha y termina esta declaración manifestando: ‘cuando yo estuve donde don Benjamín él era el que administraba la finca, de la quebrada para acá se llamaba San Marino y de la quebrada para allá eran baldíos’. Es de anotar entonces que este ciudadano estuvo laborando en dos oportunidades después de acaecidos los hechos objeto de este trámite de extinción de dominio, dando una muestra de que el señor Benjamín Triana sin tener obstrucción de autoridad alguna detentaba su posesión ejerciendo funciones como amo y dueño.

“Así mismo, sobre la posesión de la finca San Marino en cabeza del señor Triana, tenemos la presencia y la declaración del señor Delio Trujillo Segovia a folio (85), quien en igualdad de condiciones relaciona la forma de explotación de la finca en cabeza de Benjamín Triana.

“(…).

En aras de lo anterior y encontrando que la explotación de este predio San Marino estuvo en cabeza del señor Triana máxime cuando el primer ente a quien la Dirección Nacional de Estupefacientes ordenó la entrega de manera provisional de este al hogar cristiano para la rehabilitación del drogadicto ‘tu puedes’, quien pensó hacer allí un centro de rehabilitación, pero teniendo en cuenta lo difícil y la escasez de recursos para su mantenimiento obligaron a esta entidad sin ánimo de lucro a no recibir el bien, evitando de esta manera ejercer la posesión de este predio.

“Pero luego a la no aceptación de este cargo dicho inmueble fue adjudicado al Fondo Nacional Agrario del cual no obra documentación alguna donde conste que esta entidad ejerció igualmente la posesión de este predio, situaciones, como ya se ha venido diciendo que esta delegada nota con extrañeza la manifestación hecha por el propietario de este bien Benjamín Triana, quien pese a tener conocimiento que este inmueble quedaba a favor del Estado en forma provisional, en todo el tiempo que se inició este trámite sobre la entrega definitiva, en ningún momento dejó de desplegar sus funciones como amo y señor de su predio, más aún cuando ejercitaba su posesión(39) (negrillas de la Sala).

Dicha providencia fue confirmada por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué, mediante decisión del 22 de abril de 2005, en la cual reiteró lo siguiente (se trascribe literal, incluso con posibles errores):

Tal como se ha probado dentro del instructivo, las plantaciones ilícitas de amapola no fueron encontradas en el predio San Marino, sino que fue en otro que al parecer es baldío o que pertenece al Estado, que parece que en la diligencia de inspección judicial que se llevó a cabo con el Ejército Nacional, no se tenía conocimiento en forma concreta del lugar en donde fueron halladas y solamente se le procedió a denominar San Marino, cuando según las pruebas no corresponde a este predio, sino que en realidad, corresponde al parecer a predios baldíos que estaban cerca del predio del señor Triana y en donde efectivamente fueron encontradas las plantaciones de amapola. Según algunos declarantes, esta situación se presentaba y debían guardar silencio por su propia seguridad.

“(…). 

Como lo indica el a quo en la providencia objeto de alzada, el propietario del bien objeto de extinción de dominio nunca ha dejado de ejercer las funciones de señor y dueño, porque pese a que se impusieron medidas cautelares sobre el precitado bien, nunca las entidades que se les dejó en depósito provisional hicieron uso de ella, por el contrario fue el mismo señor Triana quien siguió ejerciendo tareas propias en el predio San Marino, por lo que no se observa el detrimento que puede este aducir a través de su abogado”(40) (negrillas dela Sala).

El 4 de agosto de 2006, el señor Benjamín Triana le solicitó a la Fiscalía Sexta Especializada de Ibagué que oficiara a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué, dado que al momento de solicitar un crédito bancario le informaron que sobre su predio todavía se encontraba vigente la medida de embargo(41).

Fue así como, mediante oficio del 24 de agosto de 2006, la Fiscalía Sexta Especializada de Ibagué le solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué que levantara el embargo que pesaba sobre el inmueble “San Marino”, ubicado en la vereda La Luisa del municipio de Rovira, con matrícula inmobiliaria número 350-014369, de propiedad del señor Benjamín Triana(42).

No obstante, en el certificado de tradición del inmueble “San Marino”, ubicado en la vereda La Luisa del municipio de Rovira, de propiedad del demandante, el 27 de octubre de 2006 aparece la anotación número 09 del 24 de junio de 1996, en la cual consta la aclaración al artículo 6 de la Resolución número 1434 de la Dirección Nacional de Estupefacientes, en el sentido de que la entrega provisional del inmueble al Fondo Nacional Agrario debía hacerla la Fiscalía Regional Unidad Sijin Detol(43).

Posteriormente, el 6 de junio de 2008, la Dirección Nacional de Estupefacientes le solicitó a la Fiscalía Sexta Especializada de Ibagué que aclarara la Resolución del 10 de septiembre de 2004, según la cual matrícula inmobiliaria del inmueble “San Marino” era la número 350-014369, dado que en los antecedentes administrativos del predio que reposaban en esa entidad su número de matrícula inmobiliaria era 350-14415(44).

Como consecuencia, la Fiscalía Sexta Especializada de Ibagué, mediante Resolución del 28 de octubre de 2008, aclaró la Resolución del 10 de septiembre de 2004, en el sentido de indicar que el número de matrícula inmobiliaria del predio “San Marino”, ubicado en la vereda La Luisa del municipio de Rovira, de propiedad del señor Benjamín Triana, era 350-14415 y no el que por error se señaló inicialmente en la referida providencia(45).

Luego, el 5 de mayo de 2009, esa Fiscalía ofició nuevamente a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué para que levantara la medida de embargo que, al parecer, seguía vigente sobre el inmueble “San Marino”, con la aclaración respecto del número de su matrícula inmobiliaria(46). Dicho oficio lo reiteró el 19 de mayo siguiente(47) y el 9 de febrero de 2010(48).

Ahora bien, en su recurso de apelación, la Nación- Fiscalía General de la Nación insistió en que debía demostrarse que el demandante sufrió un daño determinado y antijurídico.

Pues bien, observa la Sala que sí se demostró una equivocación por parte de la Fiscalía al momento de realizar la inspección judicial y aprehender el inmueble de propiedad del actor sin haberlo identificado debidamente ni convocado al propietario a dicha diligencia, pues de haber contado con su presencia hubiera obtenido la documentación pertinente acerca de los linderos del predio, así como las demás pruebas que debió practicar para establecer con certeza si se encontraba o no afectando el dominio sobre el inmueble relacionado con los delitos por los cuales adelantó una investigación penal por delitos de Ley 30 de 1986.

De ello no queda duda, pues en las resoluciones proferidas por la Fiscalía Sexta Especializada de Ibagué y por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué se evidenció dicha falencia cuando se admitió que el inmueble “San Marino” de propiedad del actor no era sujeto de investigación penal y que el lugar donde miembros del Ejército Nacional encontraron un cultivo de amapola, dieron muerte a una persona y capturaron a otra, en realidad, fue en terreno cercano al predio del demandante pero no en el suyo, de ahí que este fue vinculado a la causa penal de “forma injusta” y por ello, se procedió a su entrega definitiva al señor Benjamín Triana.

No obstante, pese a la reprochable falencia en que incurrió la Fiscalía y que dio lugar a que esta dejara el inmueble “San Marino” a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes y se inscribiera sobre el mismo una medida de embargo, lo cierto es que el actor no demostró cuál fue el daño causado con el defectuoso funcionamiento en el que incurrió la administración de justicia.

Lo anterior, por cuanto, como se dejó constancia en las Resoluciones del 10 de septiembre de 2004 y del 22 de abril de 2005, proferidas por la Fiscalía Sexta Especializada de Ibagué y la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué, respectivamente, el actor nunca perdió la posesión del inmueble, incluso, uno de los testigos que declaró ante la Fiscalía era un ex trabajador del demandante, a quien este contrató después de ordenado el embargo sobre el inmueble, para desmontar potreros y sembrar algunos cultivos, quien, además, le aclaró a la Fiscalía que quien administraba el bien era el demandante, señor Benjamín Triana.

Ello coincide con el hecho de que en la diligencia de inspección judicial practicada el 8 de julio de 1999 fuera precisamente el actor quien atendiera a los funcionarios judiciales y les indicara los linderos de su predio, además de que llevara a un testigo que ayudó a esclarecer en qué lugar fue donde se había encontrado años atrás el cultivo de amapola que dio lugar a la investigación penal en la cual se vinculó al bien.

De hecho, de haber existido un administrador provisional del bien designado por la Dirección Nacional de Estupefacientes, resulta razonable inferir que habría sido parte de la diligencia, pues al ocupar el inmueble los funcionarios habrían notado su presencia y dejado constancia de ello; sin embargo, en ningún momento de la diligencia el señor Benjamín Triana manifestó estar afectado en el dominio material de su predio.

Así mismo, en dicha diligencia, que se practicó como prueba dentro del incidente que el actor propuso para obtener la “restitución” de su inmueble incautado dentro de una investigación penal de la cual no era sujeto procesal, el demandante tampoco manifestó que en efecto el bien hubiera sido aprehendido materialmente, que no tuviera su posesión, o la de los bienes que dentro de él se encontraban, tales como el ganado a que alude en la demanda.

De igual modo, no pasa inadvertido para la Sala que aunque la incautación del predio “San Marino” se produjo en agosto de 1992 cuando pasó a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, solo hasta el 10 de octubre de 1995 el demandante inició el incidente de desembargo del bien, cuando ya se había proferido sentencia dentro del proceso penal en contra de la persona que fue capturada y en el cual fue afectado. También consta en el expediente que el actor constituyó apoderado ante la Dirección Nacional de Estupefacientes, pero esta archivó el expediente respecto del bien, por inactividad del mismo. De ello también puede inferirse que no se encontraba sufriendo una afectación real a su derecho de dominio.

Esa ausencia de afectación material del dominio también se corrobora con las resoluciones emitidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes, en primer lugar, la número 1434 del 27 de octubre de 1995, por la cual destinó el inmueble “San Marino” en forma provisional al Fondo Nacional Agrario, dado que el “Hogar Cristiano para la Rehabilitación del Drogadicto Tu Puedes” manifestó no contar con los recursos para su mantenimiento y, en segundo lugar, la número 0704 del 6 de junio de 1996, en la cual la Dirección Nacional de Estupefacientes aclaró que la entrega material al depositario provisional debía hacerla la Fiscalía Regional Unidad Sijin Detol, pero, tal como se desprende de las decisiones de la Fiscalía antes mencionadas, el ente acusador no efectuó tal entrega y el inmueble siempre permaneció en posesión de su dueño, el hoy actor.

Además, frente a la Resolución del 10 de septiembre de 2004, proferida por la Fiscalía Sexta Especializada de Ibagué, que ordenó la entrega material “simbólica” del bien al actor, este no presentó objeción alguna ni reclamó los supuestos perjuicios derivados de la medida cautelar, pues la decisión que fue confirmada por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué había sido apelada por la Dirección Nacional de Estupefacientes(49).

Igualmente, aunque el actor allegó al plenario un certificado de tradición expedido el 27 de octubre de 2006, en el que se observa que a esa fecha el inmueble “San Marino” aún se encontraba a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes a través de su depositario provisional, el Fondo Nacional Agrario tampoco demostró la afectación derivada de dicha anotación, consistente en la negación de un crédito bancario, pues no aportó prueba alguna de una solicitud semejante ante alguna entidad financiera que hubiera sido negada por ese motivo, dado que solo consta en el expediente su manifestación al respecto en una petición elevada ante la Fiscalía Sexta Especializada de Ibagué.

Como consecuencia, para la Sala forzoso resulta concluir que le asiste razón a la apelante Nación-Fiscalía General de la Nación, en el sentido de que el actor no demostró el daño antijurídico, de ahí que ante la ausencia de dicho elemento medular de la responsabilidad del Estado, no podía accederse a las pretensiones de la demanda.

Por todo lo expuesto, se revocará el fallo apelado.

5. Decisión sobre costas

Habida cuenta de que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

1. Revocar la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo del Tolima el 27 de enero de 2011 y, en su lugar, se dispone lo siguiente:

1. Negar las pretensiones de la demanda”.

2. Sin lugar a costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría remítase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

16. Fls. 58 a 63 c 1.

17. Fls. 69 a 69 a 74 c 1. De la misma el hoy actor se notificó personalmente el 1 de septiembre de 2005, de ahí que, aunque no se allegó constancia de su ejecutoria, se entiende que esta fue posterior.

18. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 13 de mayo de 2014, exp. 76001-23-31-000-1996-05208-01(23128), CP: Mauricio Fajardo Gómez

19. Fls. 4 a 11 c 1.

20. Fls. 11 14 c 1.

21. Fl. 35 c 4.

22. Fl. 184 c 1.

23. Fls. 185 a 188 c 4.

24. Fl. 189 c 4.

25. Fls. 223 y 224 c 1.

26. Fls. 17 y 18 c 1.

27. Fls. 225 a 227 c 1.

28. Fls. 228 y 229 c 1.

29. Fl. 232 c 1.

30. Fl. 234 c 1.

31. Fls. 235 a 237 c 1.

32. Fls. 243 a 245 c 1

33. Fls. 27 y 28 c 1.

34. Fl. 29 c. 1.

35. Fls. 45 y 46 c 1.

36. Fls. 49 y 50 c 1.

37. Fls. 51 y 52 c 1.

38. Fls. 159 a 162 c 4.

39. Fls. 58 a 63 c 1.

40. Fls. 69 a 74 c 1.

41. Fl. 76 c 1.

42. Fl. 341 c 4.

43. Fls. 10 y 11 c 1.

44. Fls. 342 y 343 c 4.

45. Fls. 344 y 345 c 4.

46. Fl. 355 c 4.

47. Fl. 357 C. 4.

48. 373 c 4.

49. Fls. 308 a 311 c 4.